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  "id": "nexus-sen-1-0007-1346183",
  "citation": "Res. 34171-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo contra la gentrificación es rechazado de plano",
  "title_en": "Amparo against gentrification rejected outright",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara inadmisible un recurso de amparo interpuesto por una persona que alegaba actuar en interés difuso o colectivo contra tres ministerios y el ICT, acusando que la gentrificación —desplazamiento de comunidades locales por extranjeros pudientes— vulnera derechos a vivienda digna, no migrar y ambiente sano. La Sala reitera su doctrina de admisibilidad: el amparo protege violaciones concretas, directas y groseras a derechos fundamentales, no simples quejas abstractas sobre legalidad o constitucionalidad, ni omisiones genéricas de la Administración. La persona recurrente no identifica ninguna situación específica donde la inacción estatal lesione derechos de individuos determinados, por lo que la pretensión carece de legitimación. La Sala subraya que no es una instancia tramitadora de quejas ni suple a la Administración activa en sus competencias.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber rejects as inadmissible an amparo filed by a person claiming to act in the diffuse interest against three ministries and the tourism board, arguing that gentrification —the displacement of local communities by wealthy foreigners— violates the rights to decent housing, not to migrate, and a healthy environment. The Chamber reiterates its admissibility doctrine: amparo protects concrete, direct, and gross violations of fundamental rights, not abstract complaints about legality or constitutionality, nor generic administrative omissions. The complainant fails to identify any specific situation where state inaction harms the rights of identifiable individuals, so the claim lacks standing. The Court stresses it is not a processing body for complaints nor a substitute for the active administration’s competences.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "17/10/2025",
  "year": "2025",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "interés difuso",
    "legitimación activa",
    "agravio directo y grosero",
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    "inadmisibilidad de plano"
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "gentrificación",
    "vivienda digna",
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    "desplazamiento comunidades",
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    "legitimación activa",
    "agrave directo y grosero",
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    "Sala Constitucional"
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  "keywords_en": [
    "amparo petition",
    "gentrification",
    "decent housing",
    "healthy environment",
    "community displacement",
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    "direct and gross grievance",
    "inadmissibility",
    "Constitutional Chamber"
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  "excerpt_es": "Vistos los alegatos de la parte gestionante, se le hace ver que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna con efectos restitutivos contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su procedencia en general está condicionada no sólo a que se acredite la existencia de una violación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos. Por esta razón, esta Sala ha señalado que la legitimación en la acción de amparo se mide por el perjuicio o la lesión infringida al recurrente o de la persona concreta en favor de la cual se promovió el recurso, no por el mero interés en la legalidad o la constitucionalidad. Consecuentemente, no le corresponde a este Tribunal conocer directamente por la vía sumaria del amparo, quejas y denuncias formuladas en abstracto contra disposiciones u omisiones adoptadas por el Poder Público, por lo que solo le es posible admitir para estudio aquellos reclamos en que haya indicios o elementos suficientes para presumir -prima facie- la existencia de tales amenazas o quebrantos directos, groseros y concretos de un derecho fundamental.",
  "excerpt_en": "Having considered the complainant's arguments, it is pointed out that the purpose of amparo is to provide timely protection with restitutive effects against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, so its admissibility is generally conditioned not only on proving the existence of a violation or threat to one or more rights or guarantees set forth in the Political Constitution or those of a fundamental nature established in international human rights instruments ratified and duly incorporated into the legal system, but also that the alleged grievance constitutes a direct and gross threat to or breach of those rights. For this reason, this Chamber has held that standing in amparo is measured by the harm or injury inflicted on the complainant or the specific person on whose behalf the remedy was filed, not by a mere interest in legality or constitutionality. Consequently, it is not for this Court to directly hear, through the summary amparo procedure, complaints and charges formulated in the abstract against provisions or omissions adopted by the Public Power, so it may only admit for study those claims where there are sufficient indications or elements to presume —prima facie— the existence of such direct, gross, and concrete threats or breaches of a fundamental right.",
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    "label_en": "Rejected outright",
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    "summary_en": "The Constitutional Chamber declares the amparo inadmissible for lack of standing, as it raises abstract arguments without identifying concrete violations of fundamental rights of specific persons.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara inadmisible el recurso de amparo por falta de legitimación, al plantear alegatos abstractos sin identificar violaciones concretas a derechos fundamentales de personas determinadas."
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      "quote_es": "la legitimación en la acción de amparo se mide por el perjuicio o la lesión infringida al recurrente o de la persona concreta en favor de la cual se promovió el recurso, no por el mero interés en la legalidad o la constitucionalidad."
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      "quote_es": "este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de quejas."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1346183",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 34171 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 17 de Octubre del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 25-030731-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-030731-0007-CO\n\nRes. Nº 2025034171\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de octubre de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre89392, cédula de identidad CED49712, contra el MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 13:54 horas de 6 de octubre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Turismo. Manifiesta que interpone el presente recurso por interés difuso o colectivo con el objetivo de proteger los derechos constitucionales a la vivienda digna y accesible, a no migrar, y a un medio ambiente sano y equilibrado. Señala que la gentrificación -entendida como el desplazamiento de comunidades locales de bajos ingresos por personas extranjeras con alto poder adquisitivo- está generando un aumento desproporcionado en los precios de alquiler y vivienda, lo que imposibilita el acceso a una vivienda digna para la población costarricense. Comenta que este fenómeno ha provocado la expulsión de residentes locales, afectando su derecho a permanecer en sus comunidades y ha contribuido a la degradación ambiental en zonas costeras y rurales, principalmente en Guanacaste, Puntarenas, San José y Limón, donde se evidencian prácticas como construcciones sin permisos, deforestación en zonas protegidas, apropiación de territorios por parte de extranjeros, desplazamiento de comunidades autóctonas, afectaciones al recurso hídrico, situaciones de desalojo, discriminación, pérdida de identidad cultural y dificultades económicas derivadas del encarecimiento de la vida. Recalca que con base en varios estudios y estadísticas oficiales se respalda la existencia de un crecimiento acelerado en la construcción de viviendas de lujo, el aumento de precios en zonas estratégicas y la percepción generalizada de que los extranjeros están adquiriendo grandes extensiones de tierra, lo que contribuye a la exclusión de los costarricenses del mercado inmobiliario. En virtud de lo expuesto estima que los derechos fundamentales de la población costarricense en general están siendo lesionados, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso y se le ordene a las autoridades recurridas implementar medidas concretas para evitar el desplazamiento de comunidades vulnerables, garantizar el acceso a la vivienda y proteger el medio ambiente. \n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta que interpone el presente recurso de amparo por interés difuso o colectivo para proteger los derechos a la vivienda digna, a no migrar y al medio ambiente sano, alegando que la gentrificación está desplazando comunidades locales, encareciendo la vivienda y degradando el entorno natural. Por lo anterior solicita que se reconozca esta situación como una amenaza a los derechos fundamentales de la población costarricense y que se ordene a las autoridades implementar medidas para mitigar sus efectos.\n\nII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Vistos los alegatos de la parte gestionante, se le hace ver que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna con efectos restitutivos contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su procedencia en general está condicionada no sólo a que se acredite la existencia de una violación o amenaza  a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos. Por esta razón, esta Sala ha señalado que la legitimación en la acción de amparo se mide por el perjuicio o la lesión infringida al recurrente o de la persona concreta en favor de la cual se promovió el recurso, no por el mero interés en la legalidad o la constitucionalidad. Consecuentemente, no le corresponde a este Tribunal conocer directamente por la vía sumaria del amparo, quejas y denuncias formuladas en abstracto contra disposiciones u omisiones adoptadas por el Poder Público, por lo que solo le es posible admitir para estudio aquellos reclamos en que haya indicios o elementos suficientes para presumir -prima facie- la existencia de tales amenazas o quebrantos directos, groseros y concretos de un derecho fundamental. No obstante, en el caso concreto la parte recurrente acude en abstracto y de forma genérica contra las autoridades del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Turismo, exponiendo que esas autoridades no han adoptado medidas concretas o específicas para abordar el impacto de la gentrificación sobre el derecho a la vivienda digna y accesible, así como al medioambiente sano y equilibrado; sin embargo, no expone ninguna situación concreta en la que esas omisiones alegadas vulnere algún derecho fundamental, ni individualiza la persona o personas que se ven afectadas con los hechos que acusa, por el contrario, recalca que la interposición de este recurso se realiza en calidad de interés difuso o colectivo.\n\nAsimismo, en cuanto a las pretensiones formuladas en este amparo, se observa que también obedecen a alegatos abstractos y genéricos que no cumplen con los requisitos de admisión para ser conocidos ante la Sala. Además, resulta necesario indicar que este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de quejas, por lo que tales pretensiones deben ser solicitadas y discutidas en la vía ordinaria correspondiente.\n\nEn consecuencia, el recurso resulta inadmisible y así se declara. \n\nIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n JRNTUBVBZYG61\n\nEXPEDIENTE N° 25-030731-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:34:30.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nResolution No. 34171 - 2025\n\nResolution Date: October 17, 2025, at 09:20\n\nExpediente: 25-030731-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-030731-0007-CO\n\nRes. No. 2025034171\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on October seventeenth, two thousand twenty-five.\n\nAn amparo appeal filed by Nombre89392, identity card CED49712, against the MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA AND THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO.\n\nWhereas:\n\n1.- By document incorporated into the digital file at 1:54 p.m. on October 6, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Instituto Costarricense de Turismo. They state that they file this appeal based on diffuse or collective interest (interés difuso o colectivo) with the objective of protecting the constitutional rights to decent and accessible housing, to not migrate, and to a healthy and balanced environment. They point out that gentrification—understood as the displacement of low-income local communities by foreigners with high purchasing power—is generating a disproportionate increase in rental and housing prices, which makes access to decent housing impossible for the Costa Rican population. They comment that this phenomenon has caused the expulsion of local residents, affecting their right to remain in their communities, and has contributed to environmental degradation in coastal and rural areas, mainly in Guanacaste, Puntarenas, San José and Limón, where practices such as construction without permits, deforestation in protected areas, appropriation of territories by foreigners, displacement of indigenous communities, impacts on water resources, eviction situations, discrimination, loss of cultural identity, and economic difficulties derived from the rising cost of living are evident. They emphasize that, based on several studies and official statistics, the existence of accelerated growth in the construction of luxury housing, the increase in prices in strategic areas, and the widespread perception that foreigners are acquiring large tracts of land is supported, which contributes to the exclusion of Costa Ricans from the real estate market. By virtue of the foregoing, they believe that the fundamental rights of the Costa Rican population in general are being harmed, and therefore they request that this appeal be granted and that the respondent authorities be ordered to implement concrete measures to avoid the displacement of vulnerable communities, guarantee access to housing, and protect the environment.\n\n2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition submitted for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is simply the reiteration or reproduction of an equal or similar previous petition that was rejected.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that they file this amparo appeal based on diffuse or collective interest (interés difuso o colectivo) to protect the rights to decent housing, to not migrate, and to a healthy environment, alleging that gentrification is displacing local communities, making housing more expensive, and degrading the natural environment. For the foregoing, they request that this situation be recognized as a threat to the fundamental rights of the Costa Rican population and that the authorities be ordered to implement measures to mitigate its effects.\n\nII.- ON THE SPECIFIC CASE. Having examined the allegations of the petitioner, it is made known to them that the purpose of the amparo appeal is to provide timely protection with restitutive effects against violations or threats to fundamental rights and freedoms; therefore, its admissibility in general is conditioned not only on proving the existence of a violation or threat to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Political Charter or those of a fundamental nature established in international human rights instruments signed and duly incorporated into the legal system, but also on the alleged grievance involving a direct and gross threat or harm to those rights. For this reason, this Chamber has indicated that standing in the amparo action is measured by the injury or harm inflicted on the appellant or the specific person in whose favor the appeal was filed, not by a mere interest in legality or constitutionality. Consequently, this Court is not responsible for directly hearing, through the summary amparo route, complaints and denunciations formulated in the abstract against provisions or omissions adopted by the Public Power; therefore, it can only admit for study those claims where there are sufficient indications or elements to presume—prima facie—the existence of such direct, gross, and specific threats or harms to a fundamental right. However, in the specific case, the appellant approaches the authorities of the Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Instituto Costarricense de Turismo in an abstract and generic manner, arguing that these authorities have not adopted concrete or specific measures to address the impact of gentrification on the right to decent and accessible housing, as well as to a healthy and balanced environment; nevertheless, they do not set forth any specific situation in which those alleged omissions violate any fundamental right, nor do they identify the person or persons who are affected by the acts they accuse; on the contrary, they emphasize that the filing of this appeal is carried out in the capacity of diffuse or collective interest (interés difuso o colectivo).\n\nAlso, regarding the claims made in this amparo, it is observed that they also respond to abstract and generic allegations that do not meet the admission requirements to be heard before the Chamber. Furthermore, it is necessary to state that this Court must not substitute the active Administration in its competencies, nor is it a complaint-processing body; therefore, such claims must be requested and discussed in the corresponding ordinary jurisdiction.\n\nConsequently, the appeal is inadmissible, and it is so declared.\n\nIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is rejected outright."
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