{ "id": "nexus-sen-1-0007-1346728", "citation": "Res. 34784-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Dilación injustificada del TAA en desacumular denuncias ambientales", "title_en": "Unjustified TAA Delay in Severing Environmental Complaints", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por la presunta omisión en ejecutar su propia resolución de desacumulación de denuncias. El recurrente, denunciante en un procedimiento administrativo por infracciones a la Ley Forestal en Bahía Ballena, Osa, alegó que el TAA ordenó el 20 de junio de 2025 separar la denuncia en varios expedientes dada la complejidad del caso, pero transcurrieron más de dos meses sin que se abrieran los nuevos expedientes ni se impulsara el procedimiento, lo que a su juicio vulneraba el derecho a la justicia pronta y cumplida y el derecho a un ambiente sano. En su informe, el TAA demostró que efectivamente solo hasta el 1 de octubre de 2025, con posterioridad a la notificación del amparo, materializó la individualización de los procedimientos, abrió los expedientes y programó inspecciones. La Sala constató una dilación injustificada de aproximadamente tres meses y quince días, por lo que declaró con lugar el recurso, aunque sin condenatoria en costas y daños, al considerar que estos no procedían por la naturaleza del agravio. Se emitieron votos salvados que discrepaban de la exención de costas.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action against the Administrative Environmental Tribunal (TAA) for allegedly failing to enforce its own order to sever a complex environmental complaint. The complainant had filed a complaint for Forestry Law violations in Bahía Ballena, Osa, and the TAA ordered on June 20, 2025, to split the case into separate files due to its complexity involving multiple properties and respondents. Over two months passed without the TAA opening the new files or advancing the procedure. In its report, the TAA acknowledged that it only implemented the severance on October 1, 2025, after being notified of the amparo. The Chamber found an unjustified delay of about three months and fifteen days, ruling in favor of the amparo. However, it did not award costs or damages, reasoning that the harm did not involve patrimonial rights. Two dissenting votes argued for the imposition of costs and damages.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "24/10/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "amparo", "desacumulación", "Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)", "dilación injustificada", "justicia pronta y cumplida", "Ley Forestal", "considerando", "lesividad" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 52", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Arts. 19, 28", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "Art. 107", "law": "Ley Orgánica del Ambiente 7554" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "Tribunal Ambiental Administrativo", "desacumulación de denuncias", "dilación injustificada", "justicia pronta y cumplida", "procedimiento administrativo ambiental", "Ley Forestal", "Bahía Ballena", "Osa", "Sala Constitucional", "expediente 262-24-01-TAA", "resolución 685-2025-TAA", "artículo 52 LJC" ], "keywords_en": [ "amparo action", "Administrative Environmental Tribunal", "severance of complaints", "unjustified delay", "prompt and complete justice", "environmental administrative procedure", "Forestry Law", "Bahía Ballena", "Osa", "Constitutional Chamber", "file 262-24-01-TAA", "resolution 685-2025-TAA", "Article 52 LJC" ], "excerpt_es": "Así las cosas, se acredita la lesión a los derechos fundamentales del amparado. Lo anterior, por cuanto se determina que, pese a que, desde el 20 de junio de 2025, la autoridad recurrida dispuso la desacumulación de las denuncias (dada la complejidad, sujetos procesales y ubicación geográfica de las propiedades) objeto de este recurso, fue hasta el 01 de octubre de 2025, que se materializó la individualización de los procedimientos administrativos para su debida tramitación, procediéndose a asignar números de expedientes distintos, a señalar inspección in situ y requiriéndose los informes técnicos correspondientes. Es decir, se observa una dilación injustificada de aproximadamente 3 meses y 15 días en la continuación de la tramitación de las denuncias que se reclaman. De igual forma, véase que el 29 de setiembre de 2025 esta Sala notificó la resolución que da curso al presente amparo a la autoridad recurrida; con lo cual se evidencia que las actuaciones de la autoridad recurrida –de fecha 01 de octubre de 2025- obedecieron a la interposición del presente asunto. Por lo anterior, lo procedente acoger el recurso en los términos que se señalan en la parte dispositiva.", "excerpt_en": "Thus, the violation of the fundamental rights of the petitioner is proven. It is determined that, even though the respondent authority ordered the severance of the complaints (given the complexity, procedural parties, and geographical location of the properties) as of June 20, 2025, it was not until October 1, 2025, that the individualization of the administrative procedures for their proper processing materialized, with the assignment of different case numbers, the scheduling of on-site inspections, and the request of corresponding technical reports. In other words, an unjustified delay of approximately 3 months and 15 days is observed in the continuation of the processing of the complaints at issue. Likewise, note that on September 29, 2025, this Chamber notified the respondent authority of the resolution initiating this amparo; which shows that the respondent authority's actions—dated October 1, 2025—were a result of the filing of this matter. Therefore, it is appropriate to grant the amparo under the terms set forth in the operative part.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Chamber granted the amparo, finding an unjustified delay of about 3 months and 15 days in severing the complaints, but without awarding costs or damages.", "summary_es": "La Sala declaró con lugar el recurso al constatar una dilación injustificada de aproximadamente 3 meses y 15 días en la ejecución de la desacumulación de denuncias, pero sin condenatoria en costas y daños." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "the violation of the petitioner's fundamental rights is proven. 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Nº 2025034784\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco .\n\n \n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente número 25- 027496-0007-CO, interpuesto por Nombre34748, cédula de identidad CED16005, contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea de este Despacho el 10 de setiembre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo. Manifiesta que, pese al tiempo transcurrido, el Tribunal Ambiental Administrativo -injustificadamente- aún no ha realizado la desacumulación de denuncias y la apertura de expedientes dispuesta por el mismo tribunal mediante resolución 685-2025-TAA del 20 de junio de 2025. Menciona que lo anterior implica una parálisis procesal que se traduce en una denegación de justicia pronta y cumplida y una desprotección del medio ambiente. Alega que “En ejercicio de la acción popular en materia ambiental, interpuse formal denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo por presuntas infracciones a la Ley Forestal por parte de la sociedad Nombre90032. en noviembre del 2024. Dicha denuncia es tramitada bajo el expediente 262-24-01- TAA. Tras un análisis preliminar de la complejidad del caso, que involucra múltiples propiedades y denunciados, el propio Tribunal, en aras de garantizar el debido proceso y la correcta tramitación de la causa, emitió la resolución 685-2025-TAA en fecha del veinte de junio del dos mil veinticinco. Dicho acto procesal no fue una mera formalidad, sino una decisión de fondo sobre el procedimiento, ordenando de manera expresa la desacumulación de la denuncia para separar los hechos y sujetos procesales, disponiendo la apertura de expedientes conforme a los cuatro bloques de propiedades descritos en el oficio TAA-DT-118-2025 y según su ubicación geográfica, Sin embargo, a la fecha de interposición de este amparo, han transcurrido más de dos meses desde que dicha resolución adquirió firmeza, sin que la autoridad recurrida haya ejecutado su propio mandato. El Tribunal Ambiental Administrativo ha incurrido en una omisión injustificada al no proceder con la apertura y tramitación de los expedientes ordenados, manteniendo una parte sustancial de la denuncia en una parálisis procesal absoluta. Esta inercia no constituye una simple demora, sino una efectiva denegación de justicia que quebranta el núcleo esencial del derecho a una tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y cumplida, obligando a esta representación a recurrir a esta vía como única herramienta para reactivar un procedimiento que el órgano jurisdiccional ha paralizado(...)Dicho Tribunal ha incurrido en una evidente omisión de acción al no emitir respuesta, ni positiva ni negativa, ni dar conocer investigaciones o medidas afirmativas realizadas dentro del ámbito de sus competencias, por lo que se procede a incoar el presente recurso de amparo. Este, sustentado en la violación a los derechos alegados, especialmente al de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política(...) La reducción del bosque y la modificación no autorizada del uso de suelo representan una vulneración grave a la integridad del patrimonio ambiental como al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta intervención no solo vulnera el marco normativo ambiental y la Constitución Política, sino que también genera efectos irreparables en el ciclo hidrológico, la calidad del suelo y la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales, evidenciando la imperiosa necesidad de restablecer el estado original del ecosistema. La falta de respuesta por parte del Tribunal crea una violación al derecho de justicia pronta y cumplida, el cual se agrava al estar involucrada la sostenibilidad de los recursos naturales y del ambiente. Partiendo de lo mencionado, es que debe tenerse claro que la situación alegada es una problemática multifactorial que se complejiza con el paso del tiempo y de la falta de acciones, afectando de manera amplia y poco predecible las riquezas naturales que deben ser protegidas”.\n\n2.- Mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2025, Maureen Solís Retana, presidenta y Msc. Adriana Bejarano Alfaro, vicepresidente, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, informan que: ANTECEDENTES: PRIMERO: El día 18 de noviembre del 2024, mediante oficio SETENA-SG-1338-2024 de fecha 12 de noviembre del 2024, el señor Andrés Cortez Orozco, en su condición de Secretario General de la SETENA, conforme al artículo 60 del Decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, trasladó a este Tribunal la denuncia interpuesta por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, en contra de la sociedad KLAMATH S.R.L., por la supuesta infracción a la Ley Forestal, ubicado en Puntarenas, Cantón Osa. Distrito Bahía Ballena. (Ver folios del 02 al 11 del expediente administrativo) SEGUNDO: A dicha denuncia, según su fecha de presentación, se le asignó el número de expediente Nº 262-24-01-TAA. TERCERO: Mediante escrito de fecha 15 de noviembre del 2024, el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, se apersonó ante este Tribunal en calidad de denunciante de la gestión trasladada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en oficio SETENA-SG-1338-2024 de fecha 12 de noviembre del 2024. (Ver folio 13 del expediente administrativo) CUARTO: Mediante oficio TAA-DT-003-2025, de fecha 08 de enero del 2025, el Departamento Técnico de este Tribunal, realiza un análisis previo de la denuncia, verificando las plataformas oficiales de información geográfica entre otras, todo con el fin de facilitar la etapa de investigación del expediente. (ver folio 14 del expediente administrativo). QUINTO: Que mediante resolución Nº 127-2025-TAA de las siete horas veinte minutos del once de febrero del dos mil veinticinco, visible a folios 15 y 16 del expediente administrativo, este Tribunal dando trámite a la denuncia presentada por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, en contra de la sociedad KLAMATH S.R.L., por la supuesta infracción a la Ley Forestal, con fundamento en el oficio TAA-DT-003-2025 del Departamento Técnico resolvió: “… y con el fin de verificar la verdad real de los hechos, este Tribunal considera pertinente prevenir al señor Nombre34748, en su condición de denunciante que indique de manera puntual, cuáles son las coordenadas del sitio de la denuncia, así como especificar puntualmente el supuesto daño ambiental, anterior de acuerdo con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente, lo anterior, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, lo anterior de acuerdo con el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública.” (El subrayado no es del original) (ver folios 15 y 16 del expediente administrativo). SEXTO: El día 14 de febrero del 2025, el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, presentó escrito mediante el cual da respuesta a lo prevenido en la resolución Nº 127-2025-TAA de las siete horas veinte minutos del once de febrero del dos mil veinticinco. (visible a folios 20 y 21 del expediente administrativo) SÉPTIMO: Una vez analizada la respuesta dada por el denunciante a lo requerido por este Tribunal en la resolución Nº 127-2025-TAA, mediante oficio TAA-DT-106-2025 de fecha 24 de abril del 2025, se indicó lo siguiente: (visible a folio 26 del expediente administrativo) “… I. HALLAZGOS DEL ANÁLISIS Con base en el análisis de lo indicado en el oficio O-286-2025-TAA se indica lo siguiente: a. En folio 2, 4, 13 e incluso en folio 20 se hace referencia a un rango con dos juegos de coordenadas que no corresponden a coordenadas de ubicación dentro del territorio costarricense. En Costa Rica, el formato oficial según el decreto 33797-MJ-MOPT es el CRTM05 (EPSG:5367). En este formato, el Norte debe contener siete (7) dígitos en el número entero (es decir, sin incluir los dígitos decimales). Por otro lado, el Este debe contener seis (6) dígitos. En la información remitida por la parte denunciante, tanto el Norte como el Este poseen seis (6) dígitos, por tanto, no corresponden a puntos de ubicación válidos dentro del país. b. Realizando búsqueda de información en la plataforma del Registro Nacional de Costa Rica1 sobre el plano mencionado en folios 20 y 21, al momento de esta consulta se encontró que, dicho plano está relacionado en apariencia con la formación de fincas, específicamente las fincas folio real 6-19549, 6-19563, 6-17596 y 6-3657-M. A su vez, las fincas indicadas poseen supuestamente varias segregaciones: i. La finca 6-19549 posee dos segregaciones. ii. La finca 6-19563 posee segregaciones, varias de ellas cerradas, iii. La finca 6-17596 posee segregaciones, varias de ellas cerradas, iv. La finca 6-3657-M en apariencia posee 28 filiales, cada una con folio real distinto, además proviene supuestamente del folio real CED50262. v. Con base en lo previamente indicado, el área del presunto plano mencionado en folios 20 y 21 por la parte denunciante se ha modificado en el tiempo por más de 35 inmuebles diferentes que poseen su propio folio real y plano respectivo. Dicho lo anterior, se considera prudente solicitar nuevamente a la parte denunciante indicar cuáles son los juegos de coordenadas puntuales y válidos del sitio o los sitios aparentemente involucrados en los supuestos hechos, así como los folios reales válidos de las propiedades aparentemente involucradas en las irregularidades que el recurrente alega.”  OCTAVO: Con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente y 14 del Decreto Ejecutivo número 34136-MINAE, este Tribunal en resolución Nº 373-25-TAA de las siete horas quince minutos del día veinticinco de abril del año dos mil veinticinco, visible a folio 27 y 28 del expediente administrativo, resolvió: “ÚNICO: En aras de continuar con el respectivo trámite y proceder con la investigación de la verdad real de los hechos en el presente procedimiento administrativo, se previene por segunda ocasión al Licenciado Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, en su condición de denunciante, que deberá aclarar los requisitos establecidos, específicamente en cuanto a indicar “…cuáles son los juegos de coordenadas puntuales y válidos del sitio o los sitios aparentemente involucrados en los supuestos hechos, así como los folios reales válidos de las propiedades aparentemente involucradas en las irregularidades que el recurrente alega..”, tal y como se indicó en el oficio TAA-DT-106-2025 transcrito líneas arriba. Para lo anterior, se le concede un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, lo anterior de acuerdo con el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública. En caso de incumplimiento se procederá al archivo directo del expediente, conforme al artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente.”  Tal y como consta en el expediente administrativo, la resolución Nº 373-25-TAA de las siete horas quince minutos del día veinticinco de abril del año dos mil veinticinco, fue debidamente notificada el día 25 de abril del 2025, en el medio señalado por el denunciante para recibir notificaciones. (Folio 29)  El día 28 de abril del 2025 el señor Nombre34748, en su condición de denunciante, presentó lo requerido en la resolución Nº 373-2025-TAA. Respuesta que fue analizada por la Unidad Técnica de este Tribunal, cuyo análisis fue descrito en el oficio TAA-DT-118-2025 de fecha 06 de mayo de 2025, el cual consta de folio 43 al 52 del expediente administrativo.En el citado oficio TAA-DT-118-2025, la Unidad Técnica indicó que los sitios donde se están dando las supuestas irregularidades, según las coordenadas brindadas por el denunciante, corresponden al menos a 20 inmuebles distintos que fueron agrupados en cuatro bloques con base en la ubicación geográfica de cada uno de ellos. Se adjunta una figura donde se indican los respectivos bloques de propiedades donde se dan las supuestas irregularidades. NOVENO: En ese sentido, con el fin de realizar una adecuada atención a la denuncia interpuesta, es necesario conocer con mayor exactitud, cuáles son las propiedades donde se debe realizar las respectivas investigaciones. Por lo que, con fundamento en los artículos 50 de la Constitución Política, 107 de la Ley Orgánica del Ambiente y 14 del Decreto Ejecutivo número 34136-MINAE, entre otros, este Tribunal tomó la decisión de solicitar por tercera vez al denunciante que indique dentro de los cuatro bloques descritos en el oficio TAA-DT-118-2025, a cuáles propiedades se refiere con respeto a los hechos denunciados. La prevención anterior, se realizó por resolución Nº 528-2025-TAA de las ocho horas quince minutos del día veintidós de mayo del dos mil veinticinco, notificada el día 23 de mayo del 2025. (visible a folios 100 a 104) En dicha resolución se indicó: “ÚNICO: De previo a proceder con la investigación de la verdad real de los hechos y determinar las actuaciones que legalmente correspondan por parte de este Tribunal, se previene por tercera ocasión al Licenciado Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, en su condición de denunciante, que de acuerdo al oficio TAA-DT-118-2025, el cual se adjunta a la presente resolución, manifieste si los hechos que denuncia se ubican en los cuatro bloques descritos o, en su defecto indique puntualmente, en cuál de los cuatro bloques señalados se sitúan dichos hechos y si los mismos corresponden a todas las propiedades indicadas en cada bloque. Para lo anterior, se le concede un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, lo anterior de acuerdo con el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública. En caso de incumplimiento se procederá al archivo directo del expediente, conforme al artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente.” DÉCIMO: El día 27 de mayo del 2025, el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, dio respuesta a lo prevenido en la resolución Nº 528-2025-TAA, manifestando que los hechos denunciados se ubican en los cuatro bloques señalados en el oficio TAA-DT-118-2025 (visible a folio 106 del expediente administrativo) SOBRE LO ALEGADO EN EL RECURSO DE AMPARO: Considerando la respuesta del denunciante a la resolución Nº 528-2025-TAA, de que los hechos denunciados se ubican en los cuatro bloques señalados en el oficio TAA-DT-118-2025, por lo que se deberá por parte de este Tribunal investigar los hechos en 20 propiedades distantes entre sí, ubicadas en cuatro bloques diferentes como se desprende de la figura adjunta y, que no se encuentran en una misma ubicación, este Tribunal, para una mejor atención y tramitación de la denuncia, tomó la decisión mediante la resolución Nº 685-2025-TAA de las diez horas del día veinte de junio del año dos mil veinticinco, desacumular la denuncia en dos expedientes más, para lo cual acordó: “PRIMERO: Tramitar bajo el expediente número 262-24-01-TAA, la denuncia por el presunto delito de infracción a la Ley Forestal interpuesta por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, en las propiedades del Bloque III y Bloque IV: Folio real 6-17596: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-241495: supuestamente propiedad de 3-102-828381 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-19549: supuestamente propiedad de 3-102-828381 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-253626: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263885: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada y JSC Escuela Sociedad De Responsabilidad Limitada. Folio real 6-125242: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-133799: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-262527: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-19563: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263981: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263965: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263964: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263980: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-118738: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-45301: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263979: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. SEGUNDO: Asimismo, de conformidad con lo descrito en el Considerando Cuarto de la presente resolución se procede a DESACUMULAR la denuncia, para las propiedades del Bloque I y II para las cuales se procederá a abrir un expediente para cada bloque, identificados como: 1.- Por supuesta infracción a la Ley Forestal, las propiedades del Bloque I: Folio real 6-85945: supuestamente propiedad de Escaleras del Mar Limitada, cédula jurídica CED50263. Folio real CED50264: supuestamente propiedad de Escaleras del Mar Limitada, cédula jurídica CED50263. Folio real 6-212865: supuestamente propiedad de Escaleras del Mar Limitada, cédula jurídica CED50263, a la cual se le asignará un número de expediente administrativo 2.- Por supuesta infracción a la Ley Forestal, las propiedades del Bloque II: Folio real CED50265: Supuestamente es propiedad de Uvita River Silver Limitada, cédula jurídica CED50266 misma que se tramitará bajo un nuevo número de expediente administrativo…” En razón de lo anterior, este Tribunal conforme sus procedimientos internos que se deben cumplir, como todo órgano de la Administración Pública, procedió a la apertura de dos expedientes correspondientes a los Bloques I y II tal y como lo dispuso en el Por tanto Segundo de la citada resolución Nº 685-2025-TAA. De esta forma, para el Bloque I se abrió el expediente Nº 171-25-03-TAA y, para el Bloque II se abrió el expediente Nº 172-25-01-TAA, procediendo a su vez a emitir en ambos expedientes y en el Nº 262-24-01-TAA, actos administrativos que corresponden según la etapa de investigación en la que se encuentran. Expediente Nº 262-24-01-TAA: En ese sentido, en el expediente Nº 262-24-01-TAA se dictó la resolución Nº 1157-2025-TAA de las catorce horas veinticinco minutos del día treinta de noviembre del año dos mil veinticinco, notificada el día 01 de octubre del 2025 y, mediante la cual este Tribunal requirió lo siguiente: “PRIMERO: Que a fin de establecer la verdad real de los hechos denunciados por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, este Tribunal considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal, para lo cual se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario, así como requerirles la siguiente información: -Ronald Chan Fonseca, en su condición de Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), o quien ocupen su cargo, o este designe, para atender la presente diligencia. Asimismo, deberá emitir criterio si el área de los presuntos hechos corresponde o no a bosque, conforme a la normativa vigente, así como emitir la respectiva valoración económica de ser procedente. -Señor Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Osa, o a quien ocupe su cargo o, a quien se designe para atender la presente diligencia. a) Asimismo, se solicita que deberá indicar el propietario registral y dirección exacta de los siguientes inmuebles folios reales: 1. Folio real CED50267, 2. Folio real CED50268, 3. Folio real 6-19549, 4. Folio real 6-253626, 5. Folio real 6-263885, 6. Folio real 6-125242, 7. Folio real 6-133799, 8. Folio real CED50269. 9. Folio real 6-19563, 10. Folio real 6-263981, 11. Folio real 6-263965, 12. Folio real 6-263964, 13. Folio real 6-263980, 14. Folio real 6-118738, 15. Folio real 6-45301, 16. Folio real 6-263979. b) Indicar si a la fecha, en el sitio de la denuncia, existe algún tipo de obra constructiva o proyecto y, si este cuenta con los permisos respectivos, así como cualquier otra información que considere relevante para la tramitación de la presente denuncia. -Ing. José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, o designe para atender la presente diligencia, con el fin de emitir el respectivo criterio técnico sobre de la naturaleza y condición de algún cuerpo de agua presente, así como la correspondiente valoración de daño en caso de que proceda. -Señor Nombre34748, en su condición de denunciante. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, en su condición de funcionario de la Unidad Técnica del Tribunal Ambiental. SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 11 de noviembre del 2025 a las 08:30 am, teniendo como punto de encuentro Dirección5795, Playa Hermosa, Bahía Ballena. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada, así como la información solicita, en un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES posteriores a la realización de la misma.”  Expediente Nº 171-25-03-TAA:  Asimismo, en el expediente Nº 171-25-03-TAA se dictó la resolución Nº 1158-2025-TAA de las catorce horas treinta minutos del día treinta de noviembre del año dos mil veinticinco, notificada el día 01 de octubre del 2025, en la cual se resolvió: “PRIMERO: Que a fin de establecer la verdad real de los hechos denunciados por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, este Tribunal considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal, para lo cual se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario, así como requerirles la siguiente información: -Ronald Chan Fonseca, en su condición de Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), o quien ocupen su cargo, o este designe, para atender la presente diligencia. Asimismo, deberá emitir criterio si el área de los presuntos hechos corresponde o no a bosque, conforme a la normativa vigente, así como emitir la respectiva valoración económica de ser procedente. -Señor Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Osa, o a quien ocupe su cargo o, a quien se para atender la presente diligencia. a) Asimismo, se solicita que deberá indicar el propietario registral y dirección exacta de los siguientes inmuebles folios reales: 1. Folio real 6-85945, 2. Folio real 6-263920, 3. Folio real 6-212865. b) Indicar si a la fecha, en el sitio de la denuncia, existe algún tipo de obra constructiva o proyecto y, si este cuenta con los permisos respectivos, así como cualquier otra información que considere relevante para la tramitación de la presente denuncia. -Ing. José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, o designe para atender la presente diligencia, con el fin de emitir el respectivo criterio técnico sobre de la naturaleza y condición de algún cuerpo de agua presente, así como la correspondiente valoración de daño en caso de que proceda. -Señor Nombre34748, en su condición de denunciante. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, en su condición de funcionario de la Unidad Técnica del Tribunal Ambiental. SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 12 de noviembre del 2025 a las 09:00 am, teniendo como punto de encuentro, Frente a la entrada de la Dirección5796, sobre la Dirección5797. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada, así como la información solicita, en un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES posteriores a la realización de la misma.” Expediente Nº 172-25-01-TAA: Finalmente, en el expediente Nº 172-25-01-TAA al igual que los dos expedientes anteriores, se solicitó inspección mediante la resolución Nº 1159-2025-TAA de las catorce horas treinta y cinco minutos del día treinta de noviembre del año dos mil veinticinco, en la que se indicó: “PRIMERO: Que a fin de establecer la verdad real de los hechos denunciados por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, este Tribunal considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal, para lo cual se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario, así como requerirles la siguiente información: -Ronald Chan Fonseca, en su condición de Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), o quien ocupen su cargo, o este designe, para atender la presente diligencia. Asimismo, deberá emitir criterio si el área de los presuntos hechos corresponde o no a bosque, conforme a la normativa vigente, así como emitir la respectiva valoración económica de ser procedente. -Señor Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Osa, o a quien ocupe su cargo o, a quien se designe para atender la presente diligencia. a) Asimismo, se solicita que deberá indicar el propietario registral y dirección exacta del inmueble folio real 6-222058. b) Indicar si a la fecha, en el sitio de la denuncia, existe algún tipo de obra constructiva o proyecto y, si este cuenta con los permisos respectivos, así como cualquier otra información que considere relevante para la tramitación de la presente denuncia. -Ing. José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, o designe para atender la presente diligencia, con el fin de emitir el respectivo criterio técnico sobre de la naturaleza y condición de algún cuerpo de agua presente, así como la correspondiente valoración de daño en caso de que proceda. -Señor Nombre34748, en su condición de denunciante. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, en su condición de funcionario de la Unidad Técnica del Tribunal Ambiental.  SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 10 de noviembre del 2025 a las 12:30 pm, teniendo como punto de encuentro, EBAIS de Uvita, Bahía Ballena. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada, así como la información solicita, en un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES posteriores a la realización de la misma.”  Como puede concluirse al tratarse de una misma zona, Bahía Ballena, conforme a la agenda de este Tribunal, se solicitó realizar en los días 10, 11 y 12 de noviembre del 2025 inspección a los sitios de la denuncia.\n\n3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- CUESTIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, con algunas excepciones, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo, instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción: pues se reclama la supuesta tardanza en atender unas denuncias (por desacumulación) por presuntas faltas a la Ley Forestal. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. - Manifiesta el recurrente que en noviembre de 2024, interpuso formal denuncia ante la autoridad recurrida por presuntas infracciones a la Ley Forestal por parte de la sociedad KLAMATH S.R.L. Señala que, dada la complejidad del caso y en aras de garantizar el debido proceso así como la correcta tramitación de la causa, la autoridad recurrida emitió la resolución 685-2025-TAA en fecha del 20 de junio de 2025, ordenando la desacumulación de la denuncia para separar los hechos y sujetos procesales, disponiendo la apertura de expedientes conforme a los cuatro bloques de propiedades involucradas. Sin embargo, acusa que, a la fecha de interposición de este amparo, han transcurrido más de dos meses desde que dicha resolución adquirió firmeza, sin que la autoridad recurrida haya ejecutado su propio mandato.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)   El 18 de noviembre de 2024 la autoridad accionada recibió denuncia interpuesta por el recurrente en contra de Nombre90032 por presuntas infracciones a la Ley Forestal, gestión a la cual, se le asignó el expediente n°262-24-01-TAA. (ver informe rendido y prueba aportada).\n\nb)   Por resolución N°127-2025-TAA de las 07:20 horas del 11 de febrero de 2025, se le previno al denunciante aportar las coordenadas del sitio de la denuncia, así como especificar puntualmente el supuesto daño ambiental.\n\nc)    El 28 de abril de 2025 se tuvo por cumplida en su totalidad la prevención realizada. (ver informe rendido y prueba aportada).\n\nd)   El 06 de mayo de 2025 mediante oficio TAA-DT-118-2025 la Unidad Técnica del tribunal accionado, se refirió respecto a la información aportada por el amparado. (ver informe rendido y prueba aportada).\n\ne)    Por resolución N°685-2025-TAA de las 10:00 horas del 20 de junio de 2025, la autoridad recurrida dispuso desacumular la denuncia desacumular la denuncia en dos expedientes más, para lo cual acordó: “(…) PRIMERO: Tramitar bajo el expediente número 262-24-01-TAA, la denuncia por el presunto delito de infracción a la Ley Forestal interpuesta por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, en las propiedades del Bloque III y Bloque IV: Folio real 6-17596: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-241495: supuestamente propiedad de 3-102-828381 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-19549: supuestamente propiedad de 3-102-828381 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-253626: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263885: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada y JSC Escuela Sociedad De Responsabilidad Limitada. Folio real 6-125242: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-133799: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-262527: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-19563: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263981: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real CED50270: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real CED50271: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263980: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-118738: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-45301: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263979: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. SEGUNDO: Asimismo, de conformidad con lo descrito en el Considerando Cuarto de la presente resolución se procede a DESACUMULAR la denuncia, para las propiedades del Bloque I y II para las cuales se procederá a abrir un expediente para cada bloque, identificados como: 1.- Por supuesta infracción a la Ley Forestal, las propiedades del Bloque I: Folio real 6-85945: supuestamente propiedad de Escaleras del Mar Limitada, cédula jurídica CED50263. Folio real 6-263920: supuestamente propiedad de Escaleras del Mar Limitada, cédula jurídica CED50263. Folio real 6-212865: supuestamente propiedad de Escaleras del Mar Limitada, cédula jurídica CED50263, a la cual se le asignará un número de expediente administrativo 2.- Por supuesta infracción a la Ley Forestal, las propiedades del Bloque II: Folio real 6-222058: Supuestamente es propiedad de Uvita River Silver Limitada, cédula jurídica CED50266 misma que se tramitará bajo un nuevo número de expediente administrativo (…)”; decisión que fue, notificada al interesado el 23 de junio de 2025. (ver informe rendido y prueba aportada).\n\nf)     El 29 de setiembre de 2025 la Sala notificó la resolución de curso del presente amparo a la autoridad recurrida. (ver acta de notificación).\n\ng)   Que para el Bloque I se abrió el expediente Nº 171-25-03-TAA y mediante resolución Nº 1158-2025-TAA de las 14:30 horas del 30 de noviembre de 2025, se resolvió: “(…) PRIMERO: Que a fin de establecer la verdad real de los hechos denunciados por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, este Tribunal considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal, para lo cual se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario, así como requerirles la siguiente información: -Ronald Chan Fonseca, en su condición de Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), o quien ocupen su cargo, o este designe, para atender la presente diligencia. Asimismo, deberá emitir criterio si el área de los presuntos hechos corresponde o no a bosque, conforme a la normativa vigente, así como emitir la respectiva valoración económica de ser procedente. -Señor Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Osa, o a quien ocupe su cargo o, a quien se para atender la presente diligencia. a) Asimismo, se solicita que deberá indicar el propietario registral y dirección exacta de los siguientes inmuebles folios reales: 1. Folio real 6-85945, 2. Folio real 6-263920, 3. Folio real 6-212865. b) Indicar si a la fecha, en el sitio de la denuncia, existe algún tipo de obra constructiva o proyecto y, si este cuenta con los permisos respectivos, así como cualquier otra información que considere relevante para la tramitación de la presente denuncia. -Ing. José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, o designe para atender la presente diligencia, con el fin de emitir el respectivo criterio técnico sobre de la naturaleza y condición de algún cuerpo de agua presente, así como la correspondiente valoración de daño en caso de que proceda. -Señor Nombre34748, en su condición de denunciante. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, en su condición de funcionario de la Unidad Técnica del Tribunal Ambiental. SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 12 de noviembre del 2025 a las 09:00 am, teniendo como punto de encuentro, Frente a la entrada de la Dirección5798, Playa Dominicalito, sobre la Dirección5797. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada, así como la información solicita, en un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES posteriores a la realización de la misma.”; decisión que, fue notificada al interesado el 01 de octubre de 2025. (ver documentación aportada).\n\nh)   Que para el Bloque II se abrió el expediente Nº 172-25-01-TAA y mediante la resolución Nº 1159-2025-TAA de las 14:35 horas del 30 de noviembre de 2025, se indicó: “PRIMERO: Que a fin de establecer la verdad real de los hechos denunciados por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, este Tribunal considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal, para lo cual se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario, así como requerirles la siguiente información: -Ronald Chan Fonseca, en su condición de Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), o quien ocupen su cargo, o este designe, para atender la presente diligencia. Asimismo, deberá emitir criterio si el área de los presuntos hechos corresponde o no a bosque, conforme a la normativa vigente, así como emitir la respectiva valoración económica de ser procedente. -Señor Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Osa, o a quien ocupe su cargo o, a quien se designe para atender la presente diligencia. a) Asimismo, se solicita que deberá indicar el propietario registral y dirección exacta del inmueble folio real 6-222058. b) Indicar si a la fecha, en el sitio de la denuncia, existe algún tipo de obra constructiva o proyecto y, si este cuenta con los permisos respectivos, así como cualquier otra información que considere relevante para la tramitación de la presente denuncia. -Ing. José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, o designe para atender la presente diligencia, con el fin de emitir el respectivo criterio técnico sobre de la naturaleza y condición de algún cuerpo de agua presente, así como la correspondiente valoración de daño en caso de que proceda. -Señor Nombre34748, en su condición de denunciante. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, en su condición de funcionario de la Unidad Técnica del Tribunal Ambiental.  SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 10 de noviembre del 2025 a las 12:30 pm, teniendo como punto de encuentro, EBAIS de Uvita, Bahía Ballena. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada, así como la información solicita, en un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES posteriores a la realización de la misma.”; decisión que, fue notificada al interesado el 01 de octubre de 2025. (ver documentación aportada).\n\ni)     En el expediente Nº 262-24-01-TAA se dictó la resolución Nº 1157-2025-TAA de las 14:25 horas del 30 de noviembre de 2025, en la cual el Tribunal requirió lo siguiente: “PRIMERO: Que a fin de establecer la verdad real de los hechos denunciados por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, este Tribunal considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal, para lo cual se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario, así como requerirles la siguiente información: -Ronald Chan Fonseca, en su condición de Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), o quien ocupen su cargo, o este designe, para atender la presente diligencia. Asimismo, deberá emitir criterio si el área de los presuntos hechos corresponde o no a bosque, conforme a la normativa vigente, así como emitir la respectiva valoración económica de ser procedente. -Señor Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Osa, o a quien ocupe su cargo o, a quien se designe para atender la presente diligencia. a) Asimismo, se solicita que deberá indicar el propietario registral y dirección exacta de los siguientes inmuebles folios reales: 1. Folio real 6-17596, 2. Folio real 6-241495, 3. Folio real 6-19549, 4. Folio real 6-253626, 5. Folio real 6-263885, 6. Folio real 6-125242, 7. Folio real 6-133799, 8. Folio real 6-262527. 9. Folio real 6-19563, 10. Folio real 6-263981, 11. Folio real 6-263965, 12. Folio real 6-263964, 13. Folio real 6-263980, 14. Folio real 6-118738, 15. Folio real 6-45301, 16. Folio real 6-263979. b) Indicar si a la fecha, en el sitio de la denuncia, existe algún tipo de obra constructiva o proyecto y, si este cuenta con los permisos respectivos, así como cualquier otra información que considere relevante para la tramitación de la presente denuncia. -Ing. José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, o designe para atender la presente diligencia, con el fin de emitir el respectivo criterio técnico sobre de la naturaleza y condición de algún cuerpo de agua presente, así como la correspondiente valoración de daño en caso de que proceda. -Señor Nombre34748, en su condición de denunciante. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, en su condición de funcionario de la Unidad Técnica del Tribunal Ambiental. SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 11 de noviembre del 2025 a las 08:30 am, teniendo como punto de encuentro Dirección5795, Playa Hermosa, Bahía Ballena. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada, así como la información solicita, en un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES posteriores a la realización de la misma.”; decisión que, fue notificada al interesado el 01 de octubre de 2025. (ver documentación aportada).\n\nIV.- SOBRE EL FONDO.- Manifiesta el recurrente que en noviembre de 2024, interpuso formal denuncia ante la autoridad recurrida por presuntas infracciones a la Ley Forestal por parte de la sociedad KLAMATH S.R.L. Señala que, dada la complejidad del caso y en aras de garantizar el debido proceso así como la correcta tramitación de la causa, la autoridad recurrida emitió la resolución 685-2025-TAA en fecha del 20 de junio de 2025, ordenando la desacumulación de la denuncia para separar los hechos y sujetos procesales, disponiendo la apertura de expedientes conforme a los cuatro bloques de propiedades involucradas. Sin embargo, acusa que, a la fecha de interposición de este amparo, han transcurrido más de dos meses desde que dicha resolución adquirió firmeza, sin que la autoridad recurrida haya ejecutado su propio mandato.\n\nDespués de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por demostrado que el 18 de noviembre de 2024 la autoridad accionada recibió denuncia interpuesta por el recurrente en contra de Nombre90032 por presuntas infracciones a la Ley Forestal, gestión a la cual, se le asignó el expediente n°262-24-01-TAA. Sobre la tramitación de dicha denuncia, se tiene que, por resolución N°127-2025-TAA de las 07:20 horas del 11 de febrero de 2025, se le previno al denunciante aportar las coordenadas del sitio de la denuncia, así como especificar puntualmente el supuesto daño ambiental; apercibimiento que, fue cumplido en su totalidad hasta el 28 de abril de 2025. Atendiendo lo anterior, el 06 de mayo de 2025 mediante oficio TAA-DT-118-2025 la Unidad Técnica del tribunal accionado, se refirió respecto a la información aportada por el amparado y por resolución N°685-2025-TAA de las 10:00 horas del 20 de junio de 2025, la autoridad recurrida dispuso desacumular la denuncia en dos expedientes más, para lo cual acordó: “(…) PRIMERO: Tramitar bajo el expediente número 262-24-01-TAA, la denuncia por el presunto delito de infracción a la Ley Forestal interpuesta por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, en las propiedades del Dirección5799: Folio real 6-17596: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-241495: supuestamente propiedad de 3-102-828381 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-19549: supuestamente propiedad de 3-102-828381 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-253626: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263885: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada y JSC Escuela Sociedad De Responsabilidad Limitada. Folio real 6-125242: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-133799: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-262527: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-19563: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263981: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263965: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263964: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263980: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-118738: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-45301: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263979: supuestamente propiedad de 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. SEGUNDO: Asimismo, de conformidad con lo descrito en el Considerando Cuarto de la presente resolución se procede a DESACUMULAR la denuncia, para las propiedades del Bloque I y II para las cuales se procederá a abrir un expediente para cada bloque, identificados como: 1.- Por supuesta infracción a la Ley Forestal, las propiedades del Bloque I: Folio real 6-85945: supuestamente propiedad de Escaleras del Mar Limitada, cédula jurídica CED50263. Folio real CED50264: supuestamente propiedad de Escaleras del Mar Limitada, cédula jurídica CED50263. Folio real 6-212865: supuestamente propiedad de Escaleras del Mar Limitada, cédula jurídica CED50263, a la cual se le asignará un número de expediente administrativo 2.- Por supuesta infracción a la Ley Forestal, las propiedades del Bloque II: Folio real 6-222058: Supuestamente es propiedad de Uvita River Silver Limitada, cédula jurídica CED50266 misma que se tramitará bajo un nuevo número de expediente administrativo (…)”; decisión que fue, notificada al interesado el 23 de junio de 2025. Continuando con la tramitación del asunto, se tiene que, para el Bloque I se abrió el expediente Nº 171-25-03-TAA y mediante resolución Nº 1158-2025-TAA de las 14:30 horas del 30 de noviembre de 2025, se resolvió: “(…) PRIMERO: Que a fin de establecer la verdad real de los hechos denunciados por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, este Tribunal considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal, para lo cual se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario, así como requerirles la siguiente información: -Ronald Chan Fonseca, en su condición de Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), o quien ocupen su cargo, o este designe, para atender la presente diligencia. Asimismo, deberá emitir criterio si el área de los presuntos hechos corresponde o no a bosque, conforme a la normativa vigente, así como emitir la respectiva valoración económica de ser procedente. -Señor Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Osa, o a quien ocupe su cargo o, a quien se para atender la presente diligencia. a) Asimismo, se solicita que deberá indicar el propietario registral y dirección exacta de los siguientes inmuebles folios reales: 1. Folio real 6-85945, 2. Folio real 6-263920, 3. Folio real 6-212865. b) Indicar si a la fecha, en el sitio de la denuncia, existe algún tipo de obra constructiva o proyecto y, si este cuenta con los permisos respectivos, así como cualquier otra información que considere relevante para la tramitación de la presente denuncia. -Ing. José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, o designe para atender la presente diligencia, con el fin de emitir el respectivo criterio técnico sobre de la naturaleza y condición de algún cuerpo de agua presente, así como la correspondiente valoración de daño en caso de que proceda. -Señor Nombre34748, en su condición de denunciante. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, en su condición de funcionario de la Unidad Técnica del Tribunal Ambiental. SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 12 de noviembre del 2025 a las 09:00 am, teniendo como punto de encuentro, Frente a la entrada de la Dirección5796, sobre la Dirección5797. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada, así como la información solicita, en un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES posteriores a la realización de la misma.”; decisión que, fue notificada al interesado el 01 de octubre de 2025. Por su parte, para el Bloque II se abrió el expediente Nº 172-25-01-TAA y mediante la resolución Nº 1159-2025-TAA de las 14:35 horas del 30 de noviembre de 2025, se indicó: “PRIMERO: Que a fin de establecer la verdad real de los hechos denunciados por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, este Tribunal considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal, para lo cual se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario, así como requerirles la siguiente información: -Ronald Chan Fonseca, en su condición de Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), o quien ocupen su cargo, o este designe, para atender la presente diligencia. Asimismo, deberá emitir criterio si el área de los presuntos hechos corresponde o no a bosque, conforme a la normativa vigente, así como emitir la respectiva valoración económica de ser procedente. -Señor Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Osa, o a quien ocupe su cargo o, a quien se designe para atender la presente diligencia. a) Asimismo, se solicita que deberá indicar el propietario registral y dirección exacta del inmueble folio real 6-222058. b) Indicar si a la fecha, en el sitio de la denuncia, existe algún tipo de obra constructiva o proyecto y, si este cuenta con los permisos respectivos, así como cualquier otra información que considere relevante para la tramitación de la presente denuncia. -Ing. José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, o designe para atender la presente diligencia, con el fin de emitir el respectivo criterio técnico sobre de la naturaleza y condición de algún cuerpo de agua presente, así como la correspondiente valoración de daño en caso de que proceda. -Señor Nombre34748, en su condición de denunciante. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, en su condición de funcionario de la Unidad Técnica del Tribunal Ambiental.  SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 10 de noviembre del 2025 a las 12:30 pm, teniendo como punto de encuentro, EBAIS de Uvita, Bahía Ballena. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada, así como la información solicita, en un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES posteriores a la realización de la misma.”; decisión que, fue notificada al interesado el 01 de octubre de 2025. Finalmente, se tiene que, en el expediente Nº 262-24-01-TAA se dictó la resolución Nº 1157-2025-TAA de las 14:25 horas del 30 de noviembre de 2025, en la cual el Tribunal requirió lo siguiente: “PRIMERO: Que a fin de establecer la verdad real de los hechos denunciados por el señor Nombre34748, portador de la cédula de identidad número CED45090, este Tribunal considera necesario realizar una inspección ocular “in situ”, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico de este Tribunal, para lo cual se convoca a las siguientes personas en razón de considerarse necesario, así como requerirles la siguiente información: -Ronald Chan Fonseca, en su condición de Director del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), o quien ocupen su cargo, o este designe, para atender la presente diligencia. Asimismo, deberá emitir criterio si el área de los presuntos hechos corresponde o no a bosque, conforme a la normativa vigente, así como emitir la respectiva valoración económica de ser procedente. -Señor Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Osa, o a quien ocupe su cargo o, a quien se designe para atender la presente diligencia. a) Asimismo, se solicita que deberá indicar el propietario registral y dirección exacta de los siguientes inmuebles folios reales: 1. Folio real 6-17596, 2. Folio real 6-241495, 3. Folio real 6-19549, 4. Folio real 6-253626, 5. Folio real 6-263885, 6. Folio real 6-125242, 7. Folio real 6-133799, 8. Folio real 6-262527. 9. Folio real 6-19563, 10. Folio real 6-263981, 11. Folio real 6-263965, 12. Folio real 6-263964, 13. Folio real 6-263980, 14. Folio real 6-118738, 15. Folio real 6-45301, 16. Folio real 6-263979. b) Indicar si a la fecha, en el sitio de la denuncia, existe algún tipo de obra constructiva o proyecto y, si este cuenta con los permisos respectivos, así como cualquier otra información que considere relevante para la tramitación de la presente denuncia. -Ing. José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, o designe para atender la presente diligencia, con el fin de emitir el respectivo criterio técnico sobre de la naturaleza y condición de algún cuerpo de agua presente, así como la correspondiente valoración de daño en caso de que proceda. -Señor Nombre34748, en su condición de denunciante. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, en su condición de funcionario de la Unidad Técnica del Tribunal Ambiental. SEGUNDO: Que dicha inspección se realizará el día 11 de noviembre del 2025 a las 08:30 am, teniendo como punto de encuentro Dirección5795, Playa Hermosa, Bahía Ballena. TERCERO: Los funcionarios citados y/o los designados, deberán rendir un informe de dicha diligencia con la información que corresponda en relación con la inspección realizada, así como la información solicita, en un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES posteriores a la realización de la misma.”; decisión que, fue notificada al interesado el 01 de octubre de 2025.\n\nAsí las cosas, se acredita la lesión a los derechos fundamentales del amparado. Lo anterior, por cuanto se determina que, pese a que, desde el 20 de junio de 2025, la autoridad recurrida dispuso la desacumulación de las denuncias (dada la complejidad, sujetos procesales y ubicación geográfica de las propiedades) objeto de este recurso, fue hasta el 01 de octubre de 2025, que se materializó la individualización de los procedimientos administrativos para su debida tramitación, procediéndose a asignar números de expedientes distintos, a señalar inspección in situ y requiriéndose los informes técnicos correspondientes. Es decir, se observa una dilación injustificada de aproximadamente 3 meses y 15 días en la continuación de la tramitación de las denuncias que se reclaman. De igual forma, véase que el 29 de setiembre de 2025 esta Sala notificó la resolución que da curso al presente amparo a la autoridad recurrida; con lo cual se evidencia que las actuaciones de la autoridad recurrida –de fecha 01 de octubre de 2025- obedecieron a la interposición del presente asunto. Por lo anterior, lo procedente acoger el recurso en los términos que se señalan en la parte dispositiva.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.  Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimo el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. \n\nVII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.  Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n RQEE7EXBO4461\n\nEXPEDIENTE N° 25-027496-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:34:09.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Constitutional Chamber\n\nResolution No. 34784 - 2025\n\nDate of Resolution: October 24, 2025, at 09:20\n\nCase File: 25-027496-0007-CO\n\nDrafted by: Ileana Sánchez Navarro\n\nType of matter: Amparo appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-027496-0007-CO\n\nRes. No. 2025034784\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty hours on October twenty-fourth, two thousand twenty-five.\n\nAmparo appeal processed in case file number 25-027496-0007-CO, filed by Nombre34748, identification card CED16005, against the ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL.\n\nWhereas:\n\n1.- By brief incorporated into the Online Management System of this Office on September 10, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Administrative Environmental Tribunal. He states that, despite the time elapsed, the Administrative Environmental Tribunal has—unjustifiably—not yet carried out the severance (desacumulación) of complaints and the opening of case files ordered by the same tribunal through resolution 685-2025-TAA of June 20, 2025. He mentions that the foregoing implies a procedural paralysis that amounts to a denial of prompt and complete justice and a lack of protection for the environment. He alleges that \"In exercise of the popular action in environmental matters, I formally filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal for alleged violations of the Forest Law (Ley Forestal) by the company Nombre90032. in November 2024. Said complaint is processed under case file 262-24-01-TAA. After a preliminary analysis of the complexity of the case, which involves multiple properties and accused parties, the Tribunal itself, in order to guarantee due process and the correct processing of the case, issued resolution 685-2025-TAA on June twentieth, two thousand twenty-five. This procedural act was not a mere formality, but a substantive decision on the procedure, expressly ordering the severance (desacumulación) of the complaint to separate the facts and procedural subjects, ordering the opening of case files according to the four blocks of properties described in official letter TAA-DT-118-2025 and according to their geographic location. However, as of the date of filing of this amparo, more than two months have elapsed since said resolution became final, without the respondent authority having executed its own mandate. The Administrative Environmental Tribunal has incurred an unjustified omission by not proceeding with the opening and processing of the ordered case files, maintaining a substantial part of the complaint in absolute procedural paralysis. This inertia does not constitute simple delay, but rather an effective denial of justice that violates the essential core of the right to effective judicial protection and to prompt and complete justice, forcing this representative to resort to this avenue as the only tool to reactivate a procedure that the jurisdictional body has paralyzed(...) Said Tribunal has incurred a clear omission of action by not issuing a response, neither positive nor negative, nor making known investigations or affirmative measures carried out within the scope of its powers, which is why this amparo appeal is being filed. This, based on the violation of the alleged rights, especially that of a healthy and ecologically balanced environment established in Article 50 of the Political Constitution(...) The reduction of the forest and the unauthorized land-use change (cambio de uso del suelo) represent a serious violation of the integrity of the environmental heritage as well as the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. This intervention not only violates the environmental regulatory framework and the Political Constitution, but also generates irreparable effects on the hydrological cycle, soil quality, and the long-term sustainability of natural resources, demonstrating the imperative need to restore the original state of the ecosystem. The lack of response from the Tribunal creates a violation of the right to prompt and complete justice, which is aggravated when the sustainability of natural resources and the environment are involved. Based on the aforementioned, it must be clear that the alleged situation is a multifactorial problem that becomes more complex with the passage of time and the lack of actions, broadly and unpredictably affecting the natural wealth that must be protected.\"\n\n2.- By brief dated October 1, 2025, Maureen Solís Retana, president, and Msc. Adriana Bejarano Alfaro, vice president, both of the Administrative Environmental Tribunal, report that: BACKGROUND: FIRST: On November 18, 2024, through official letter SETENA-SG-1338-2024 dated November 12, 2024, Mr. Andrés Cortez Orozco, in his capacity as Secretary General of SETENA, pursuant to Article 60 of Decree 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, forwarded to this Tribunal the complaint filed by Mr. Nombre34748, bearer of identification card number CED45090, against the company KLAMATH S.R.L., for the alleged violation of the Forest Law (Ley Forestal), located in Puntarenas, Canton Osa, Bahía Ballena District. (See folios 02 through 11 of the administrative file) SECOND: Said complaint, according to its filing date, was assigned case file number 262-24-01-TAA. THIRD: By brief dated November 15, 2024, Mr. Nombre34748, bearer of identification card number CED45090, appeared before this Tribunal as the complainant of the proceeding forwarded by the National Environmental Technical Secretariat in official letter SETENA-SG-1338-2024 dated November 12, 2024. (See folio 13 of the administrative file) FOURTH: Through official letter TAA-DT-003-2025, dated January 8, 2025, the Technical Department of this Tribunal conducted a preliminary analysis of the complaint, verifying the official geographic information platforms, among others, all in order to facilitate the investigation stage of the case file. (see folio 14 of the administrative file). FIFTH: That through resolution No. 127-2025-TAA of seven hours twenty minutes on February eleventh, two thousand twenty-five, visible at folios 15 and 16 of the administrative file, this Tribunal, processing the complaint filed by Mr. Nombre34748, bearer of identification card number CED45090, against the company KLAMATH S.R.L., for the alleged violation of the Forest Law (Ley Forestal), based on official letter TAA-DT-003-2025 from the Technical Department, resolved: \"… and in order to verify the real truth of the facts, this Tribunal considers it pertinent to caution (prevenir) Mr. Nombre34748, in his condition as complainant, to indicate in a timely manner, what are the coordinates of the site of the complaint, as well as to specifically specify the alleged environmental damage, in accordance with Article 107 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), the foregoing, WITHIN A PERIOD OF TEN BUSINESS DAYS, starting from the day following the notification of this resolution, in accordance with Article 262 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública).\" (Underlining is not from the original) (see folios 15 and 16 of the administrative file). SIXTH: On February 14, 2025, Mr. Nombre34748, bearer of identification card number CED45090, filed a brief through which he responds to what was cautioned (prevenido) in resolution No. 127-2025-TAA of seven hours twenty minutes on February eleventh, two thousand twenty-five. (visible at folios 20 and 21 of the administrative file) SEVENTH: After analyzing the response given by the complainant to what was required by this Tribunal in resolution No. 127-2025-TAA, through official letter TAA-DT-106-2025 dated April 24, 2025, the following was indicated: (visible at folio 26 of the administrative file) \"… I. FINDINGS OF THE ANALYSIS Based on the analysis of what was indicated in official letter O-286-2025-TAA, the following is noted: a. In folio 2, 4, 13 and even in folio 20, reference is made to a range with two sets of coordinates that do not correspond to location coordinates within Costa Rican territory. In Costa Rica, the official format according to decree 33797-MJ-MOPT is CRTM05 (EPSG:5367). In this format, the North must contain seven (7) digits in the whole number (i.e., not including decimal digits). On the other hand, the East must contain six (6) digits. In the information submitted by the complainant, both the North and the East have six (6) digits, therefore, they do not correspond to valid location points within the country. b. Searching for information on the National Registry of Costa Rica's platform regarding the plan mentioned in folios 20 and 21, at the time of this consultation it was found that said plan is apparently related to the formation of farms, specifically the registered estate folios (folios reales) 6-19549, 6-19563, 6-17596 and 6-3657-M. In turn, the indicated estates supposedly have several segregations: i. Estate 6-19549 has two segregations. ii. Estate 6-19563 has segregations, several of them closed. iii. Estate 6-17596 has segregations, several of them closed. iv. Estate 6-3657-M apparently has 28 subsidiaries, each with a different registered estate folio (folio real), it also supposedly originates from registered estate folio (folio real) CED50262. v. Based on the foregoing, the area of the alleged plan mentioned in folios 20 and 21 by the complainant has been modified over time by more than 35 different properties that have their own registered estate folio (folio real) and respective plan. Having said that, it is considered prudent to again request the complainant to indicate the specific and valid coordinate sets for the site or sites apparently involved in the alleged events, as well as the valid registered estate folios (folios reales) of the properties apparently involved in the irregularities that the appellant alleges.\" EIGHTH: Based on Article 107 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and Article 14 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 34136-MINAE, this Tribunal, in resolution No. 373-25-TAA of seven hours fifteen minutes on April twenty-fifth, two thousand twenty-five, visible at folio 27 and 28 of the administrative file, resolved: \"SOLE: In order to continue with the respective processing and proceed with the investigation of the real truth of the facts in this administrative procedure, the Licenciado Nombre34748, bearer of identification card number CED45090, in his capacity as complainant, is cautioned (previene) for the second time that he must clarify the established requirements, specifically regarding indicating \"…what are the specific and valid coordinate sets for the site or sites apparently involved in the alleged events, as well as the valid registered estate folios (folios reales) of the properties apparently involved in the irregularities that the appellant alleges…,\" as indicated in official letter TAA-DT-106-2025 transcribed above. For this, a period of THREE BUSINESS DAYS is granted, counted from the day following the notification of this Resolution, in accordance with Article 262 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública). In case of non-compliance, the direct archiving of the case file will proceed, in accordance with Article 107 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente).\" As recorded in the administrative file, resolution No. 373-25-TAA of seven hours fifteen minutes on April twenty-fifth, two thousand twenty-five, was duly notified on April 25, 2025, at the address indicated by the complainant for receiving notifications. (Folio 29) On April 28, 2025, Mr. Nombre34748, in his capacity as complainant, submitted what was required in resolution No. 373-2025-TAA. A response that was analyzed by the Technical Unit of this Tribunal, whose analysis was described in official letter TAA-DT-118-2025 dated May 6, 2025, which appears from folio 43 to 52 of the administrative file. In the cited official letter TAA-DT-118-2025, the Technical Unit indicated that the sites where the alleged irregularities are occurring, according to the coordinates provided by the complainant, correspond to at least 20 different properties that were grouped into four blocks based on the geographic location of each one. Attached is a figure indicating the respective blocks of properties where the alleged irregularities are occurring. NINTH: In this sense, in order to adequately address the filed complaint, it is necessary to know with greater accuracy which are the properties where the respective investigations must be carried out. Therefore, based on Articles 50 of the Political Constitution, 107 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), and 14 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 34136-MINAE, among others, this Tribunal made the decision to request for the third time that the complainant indicate within the four blocks described in official letter TAA-DT-118-2025, which properties he refers to with respect to the reported facts. The foregoing caution (prevención) was made by resolution No. 528-2025-TAA of eight hours fifteen minutes on May twenty-second, two thousand twenty-five, notified on May 23, 2025. (visible at folios 100 to 104) Said resolution indicated: \"SOLE: Prior to proceeding with the investigation of the real truth of the facts and determining the actions legally appropriate by this Tribunal, Licenciado Nombre34748, bearer of identification card number CED45090, in his capacity as complainant, is cautioned (previene) for the third time that, according to official letter TAA-DT-118-2025, which is attached to this resolution, he must state whether the facts he reports are located in the four described blocks or, failing that, specifically indicate in which of the four indicated blocks said facts are situated and whether they correspond to all the properties indicated in each block. For this, a period of THREE BUSINESS DAYS is granted, counted from the day following the notification of this Resolution, in accordance with Article 262 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública). In case of non-compliance, the direct archiving of the case file will proceed, in accordance with Article 107 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente).\" TENTH: On May 27, 2025, Mr. Nombre34748, bearer of identification card number CED45090, responded to what was cautioned (prevenido) in resolution No. 528-2025-TAA, stating that the reported facts are located in the four blocks indicated in official letter TAA-DT-118-2025 (visible at folio 106 of the administrative file) REGARDING WHAT IS ALLEGED IN THE AMPARO APPEAL: Considering the complainant's response to resolution No. 528-2025-TAA, that the reported facts are located in the four blocks indicated in official letter TAA-DT-118-2025, for which this Tribunal must investigate the facts on 20 properties distant from each other, located in four different blocks as shown in the attached figure, and that are not in the same location, this Tribunal, for better attention and processing of the complaint, made the decision through resolution No. 685-2025-TAA of ten hours on June twentieth, two thousand twenty-five, to sever (desacumular) the complaint into two additional case files, for which it agreed: \"FIRST: To process under case file number 262-24-01-TAA, the complaint for the alleged crime of violation of the Forest Law (Ley Forestal) filed by Mr. Nombre34748, bearer of identification card number CED45090, in the properties of Block III and Block IV: Registered estate folio (folio real) 6-17596: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-241495: allegedly property of 3-102-828381 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-19549: allegedly property of 3-102-828381 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-253626: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-263885: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company and JSC Escuela Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-125242: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-133799: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-262527: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-19563: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-263981: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-263965: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-263964: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-263980: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-118738: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-45301: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. Registered estate folio (folio real) 6-263979: allegedly property of 3-102-828380 Limited Liability Company. SECOND: Likewise, in accordance with what is described in Whereas Clause Four (Considerando IV) of this resolution, we proceed to SEVER (DESACUMULAR) the complaint, for the properties of Block I and II for which a case file will be opened for each block, identified as: 1.- For alleged violation of the Forest Law (Ley Forestal), the properties of Block I: Registered estate folio (folio real) 6-85945: allegedly property of Escaleras del Mar Limitada, legal entity ID (cédula jurídica) CED50263. Registered estate folio (folio real) CED50264: allegedly property of Escaleras del Mar Limitada, legal entity ID (cédula jurídica) CED50263. Registered estate folio (folio real) 6-212865: allegedly property of Escaleras del Mar Limitada, legal entity ID (cédula jurídica) CED50263, which will be assigned an administrative case file number 2.- For alleged violation of the Forest Law (Ley Forestal), the properties of Block II: Registered estate folio (folio real) CED50265: Allegedly property of Uvita River Silver Limitada, legal entity ID (cédula jurídica) CED50266, which will be processed under a new administrative case file number…\" By reason of the foregoing, this Tribunal, according to its internal procedures that must be followed, like any Public Administration body, proceeded to open two case files corresponding to Blocks I and II as ordered in the Therefore Second (Por tanto Segundo) of the cited resolution No. 685-2025-TAA. Thus, for Block I, case file No. 171-25-03-TAA was opened, and for Block II, case file No. 172-25-01-TAA was opened, proceeding in turn to issue in both case files and in No. 262-24-01-TAA, the administrative acts that correspond according to the investigation stage they are in. Case file No. 262-24-01-TAA: In that sense, in case file No. 262-24-01-TAA, resolution No. 1157-2025-TAA was dictated at fourteen twenty-five hours on November thirtieth, two thousand twenty-five, notified on October 1, 2025, and through which this Tribunal required the following: \"FIRST: That in order to establish the real truth of the facts reported by Mr. Nombre34748, bearer of identification card number CED45090, this Tribunal considers it necessary to carry out an on-site visual inspection (inspección ocular “in situ”), jointly with officials from the Technical Department of this Tribunal, for which the following persons are summoned as deemed necessary, and to require the following information from them: -Ronald Chan Fonseca, in his capacity as Director of the La Amistad Pacífico Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Pacífico, ACLA-P) (SINAC), or whoever holds his position, or whom he designates, to attend this proceeding. Likewise, he must issue an opinion on whether the area of the alleged events corresponds or not to forest, according to the current regulations, as well as issue the respective economic valuation if applicable. -Mr. Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of the Municipality of the Canton of Osa, or whoever holds his position, or whoever is designated to attend this proceeding. a) Likewise, it is requested that he must indicate the registered owner and exact address of the following real estate registered estate folios (folios reales): 1. Registered estate folio (folio real) CED50267, 2. Registered estate folio (folio real) CED50268, 3. Registered estate folio (folio real) 6-19549, 4. Registered estate folio (folio real) 6-253626, 5. Registered estate folio (folio real) 6-263885, 6. Registered estate folio (folio real) 6-125242, 7. Registered estate folio (folio real) 6-133799, 8. Registered estate folio (folio real) CED50269. 9. Registered estate folio (folio real) 6-19563, 10. Registered estate folio (folio real) 6-263981, 11. Registered estate folio (folio real) 6-263965, 12. Registered estate folio (folio real) 6-263964, 13. Registered estate folio (folio real) 6-263980, 14. Registered estate folio (folio real) 6-118738, 15. Registered estate folio (folio real) 6-45301, 16. Registered estate folio (folio real) 6-263979. b) Indicate if to date, at the site of the complaint, there is any type of construction work or project and, if it has the respective permits, as well as any other information deemed relevant for the processing of this complaint. -Eng. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Water Directorate (Dirección de Agua), or whoever holds his position, or designates to attend this proceeding, in order to issue the respective technical opinion on the nature and condition of any body of water present, as well as the corresponding damage assessment if applicable. -Mr. Nombre34748, in his capacity as complainant. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, in his capacity as an official of the Technical Unit of the Environmental Tribunal. SECOND: That said inspection will be carried out on November 11, 2025 at 08:30 am, having as a meeting point Dirección5795, Playa Hermosa, Bahía Ballena. THIRD: The summoned officials and/or the designees must render a report of said proceeding with the corresponding information in relation to the inspection carried out, as well as the requested information, within a period of TEN CALENDAR DAYS after its completion.\" Case file No. 171-25-03-TAA: Likewise, in case file No. 171-25-03-TAA, resolution No. 1158-2025-TAA was dictated at fourteen thirty hours on November thirtieth, two thousand twenty-five, notified on October 1, 2025, in which it was resolved: \"FIRST: That in order to establish the real truth of the facts reported by Mr. Nombre34748, bearer of identification card number CED45090, this Tribunal considers it necessary to carry out an on-site visual inspection (inspección ocular “in situ”), jointly with officials from the Technical Department of this Tribunal, for which the following persons are summoned as deemed necessary, and to require the following information from them: -Ronald Chan Fonseca, in his capacity as Director of the La Amistad Pacífico Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Pacífico, ACLA-P) (SINAC), or whoever holds his position, or whom he designates, to attend this proceeding. Likewise, he must issue an opinion on whether the area of the alleged events corresponds or not to forest, according to the current regulations, as well as issue the respective economic valuation if applicable. -Mr. Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of the Municipality of the Canton of Osa, or whoever holds his position, or whoever is to attend this proceeding. a) Likewise, it is requested that he must indicate the registered owner and exact address of the following real estate registered estate folios (folios reales): 1. Registered estate folio (folio real) 6-85945, 2. Registered estate folio (folio real) 6-263920, 3. Registered estate folio (folio real) 6-212865. b) Indicate if to date, at the site of the complaint, there is any type of construction work or project and, if it has the respective permits, as well as any other information deemed relevant for the processing of this complaint. -Eng. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Water Directorate (Dirección de Agua), or whoever holds his position, or designates to attend this proceeding, in order to issue the respective technical opinion on the nature and condition of any body of water present, as well as the corresponding damage assessment if applicable. -Mr. Nombre34748, in his capacity as complainant. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, in his capacity as an official of the Technical Unit of the Environmental Tribunal. SECOND: That said inspection will be carried out on November 12, 2025 at 09:00 am, having as a meeting point, In front of the entrance of Dirección5796, on Dirección5797. THIRD: The summoned officials and/or the designees must render a report of said proceeding with the corresponding information in relation to the inspection carried out, as well as the requested information, within a period of TEN CALENDAR DAYS after its completion.\" Case file No. 172-25-01-TAA: Finally, in case file No. 172-25-01-TAA, as in the two previous case files, an inspection was requested through resolution No. 1159-2025-TAA of fourteen thirty-five hours on November thirtieth, two thousand twenty-five, in which it was indicated: \"FIRST: That in order to establish the real truth of the facts reported by Mr. Nombre34748, bearer of identification card number CED45090, this Tribunal considers it necessary to carry out an on-site visual inspection (inspección ocular “in situ”), jointly with officials from the Technical Department of this Tribunal, for which the following persons are summoned as deemed necessary, and to require the following information from them: -Ronald Chan Fonseca, in his capacity as Director of the La Amistad Pacífico Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Pacífico, ACLA-P) (SINAC), or whoever holds his position, or whom he designates, to attend this proceeding. Likewise, he must issue an opinion on whether the area of the alleged events corresponds or not to forest, according to the current regulations, as well as issue the respective economic valuation if applicable. -Mr. Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of the Municipality of the Canton of Osa, or whoever holds his position, or whoever is designated to attend this proceeding. a) Likewise, it is requested that he must indicate the registered owner and exact address of the real estate registered estate folio (folio real) 6-222058. b) Indicate if to date, at the site of the complaint, there is any type of construction work or project and, if it has the respective permits, as well as any other information deemed relevant for the processing of this complaint. -Eng. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Water Directorate (Dirección de Agua), or whoever holds his position, or designates to attend this proceeding, in order to issue the respective technical opinion on the nature and condition of any body of water present, as well as the corresponding damage assessment if applicable. -Mr. Nombre34748, in his capacity as complainant. -Msc. Mario Alberto Campos Ugalde, in his capacity as an official of the Technical Unit of the Environmental Tribunal. SECOND: That said inspection will be carried out on November 10, 2025 at 12:30 pm, having as a meeting point, EBAIS of Uvita, Bahía Ballena. THIRD: The summoned officials and/or the designees must render a report of said proceeding with the corresponding information in relation to the inspection carried out, as well as the requested information, within a period of TEN CALENDAR DAYS after its completion.\" As can be concluded, being the same area, Bahía Ballena, according to the agenda of this Tribunal, it was requested to carry out inspections at the sites of the complaint on November 10, 11, and 12, 2025.\n\n3.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Sánchez Navarro; and,\n\nWhereas:\n\nI.- PRELIMINARY ISSUE. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from judgment number 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure, initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the case at hand, an exception scenario is raised: as the alleged delay in addressing complaints (by severance [desacumulación]) for alleged violations of the Forest Law (Ley Forestal) is claimed. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- OBJECT OF THE APPEAL. - The appellant states that in November 2024, he formally filed a complaint before the respondent authority for alleged violations of the Forest Law (Ley Forestal) by the company KLAMATH S.R.L. He points out that, given the complexity of the case and in order to guarantee due process as well as the correct processing of the case, the respondent authority issued resolution 685-2025-TAA on June 20, 2025, ordering the severance (desacumulación) of the complaint to separate the facts and procedural subjects, providing for the opening of case files according to the four blocks of properties involved.\n\nHowever, he complains that, as of the date this amparo was filed, more than two months have elapsed since that decision became final, without the respondent authority having executed its own mandate.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:\n\na) On November 18, 2024, the respondent authority received a complaint filed by the petitioner against Nombre90032 for alleged infractions of the Ley Forestal, a proceeding to which file number 262-24-01-TAA was assigned. (see the report rendered and evidence provided).\n\nb) By decision No. 127-2025-TAA issued at 07:20 hours on February 11, 2025, the complainant was prevented from providing the coordinates of the complaint site, as well as from specifically specifying the alleged environmental damage.\n\nc) On April 28, 2025, the prevention was deemed fully complied with. (see the report rendered and evidence provided).\n\nd) On May 6, 2025, via official letter TAA-DT-118-2025, the Technical Unit of the respondent court addressed the information provided by the protected party. (see the report rendered and evidence provided).\n\ne) By decision No. 685-2025-TAA issued at 10:00 hours on June 20, 2025, the respondent authority ordered the de-accumulation (desacumulación) of the complaint into two additional files, for which it agreed: “(…) FIRST: Process under file number 262-24-01-TAA, the complaint for the alleged crime of infraction of the Ley Forestal filed by Mr. Nombre34748, holder of identification document number CED45090, on the properties of Bloque III and Bloque IV: Folio real 6-17596: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-241495: allegedly owned by 3-102-828381 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-19549: allegedly owned by 3-102-828381 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-253626: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263885: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada and JSC Escuela Sociedad De Responsabilidad Limitada. Folio real 6-125242: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-133799: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-262527: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-19563: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263981: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real CED50270: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real CED50271: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263980: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-118738: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-45301: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263979: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. SECOND: Likewise, in accordance with what is described in Considerando Cuarto of the present decision, the complaint is hereby DE-ACCUMULATED for the properties of Bloque I and II, for which a file will be opened for each block, identified as: 1.- For alleged infraction of the Ley Forestal, the properties of Bloque I: Folio real 6-85945: allegedly owned by Escaleras del Mar Limitada, legal identification number CED50263. Folio real 6-263920: allegedly owned by Escaleras del Mar Limitada, legal identification number CED50263. Folio real 6-212865: allegedly owned by Escaleras del Mar Limitada, legal identification number CED50263, to which an administrative file number will be assigned. 2.- For alleged infraction of the Ley Forestal, the properties of Bloque II: Folio real 6-222058: Allegedly owned by Uvita River Silver Limitada, legal identification number CED50266, which will be processed under a new administrative file number (…)”; a decision that was notified to the interested party on June 23, 2025. (see the report rendered and evidence provided).\n\nf) On September 29, 2025, the Chamber notified the decision to proceed with the present amparo to the respondent authority. (see notification record).\n\ng) That for Bloque I, file No. 171-25-03-TAA was opened and by decision No. 1158-2025-TAA issued at 14:30 hours on November 30, 2025, it was decided: “(…) FIRST: That to establish the real truth of the facts denounced by Mr. Nombre34748, holder of identification document number CED45090, this Court considers it necessary to carry out an on-site inspection (inspección ocular “in situ”), jointly with officials from the Technical Department of this Court, for which the following persons are summoned because they are deemed necessary, and are requested to provide the following information: -Ronald Chan Fonseca, in his capacity as Director of the Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), or whoever holds his position, or whom he designates, to attend the present diligence. Likewise, he must issue an opinion on whether the area of the alleged facts corresponds or not to forest (bosque), according to current regulations, and issue the respective economic valuation if applicable. -Mr. Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of the Municipalidad del Cantón de Osa, or whoever holds his position, or whoever is designated to attend the present diligence. a) Likewise, it is requested that he must indicate the registered owner and exact address of the following properties, folios reales: 1. Folio real 6-85945, 2. Folio real 6-263920, 3. Folio real 6-212865. b) Indicate whether, to date, at the complaint site, there exists any type of construction work or project, and whether it has the respective permits, as well as any other information deemed relevant for the processing of the present complaint. -Eng. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, or whom he designates to attend the present diligence, for the purpose of issuing the respective technical opinion on the nature and condition of any water body present, as well as the corresponding damage assessment if applicable. -Mr. Nombre34748, in his capacity as complainant. -MSc. Mario Alberto Campos Ugalde, in his capacity as an official of the Technical Unit of the Tribunal Ambiental. SECOND: That said inspection will be carried out on November 12, 2025, at 09:00 am, with the meeting point being in front of the entrance to Dirección5798, Playa Dominicalito, on Dirección5797. THIRD: The summoned officials and/or those designated must render a report of said diligence with the information corresponding to the inspection carried out, as well as the requested information, within a period of TEN CALENDAR DAYS after its completion.”; a decision that was notified to the interested party on October 1, 2025. (see documentation provided).\n\nh) That for Bloque II, file No. 172-25-01-TAA was opened and by decision No. 1159-2025-TAA issued at 14:35 hours on November 30, 2025, it was stated: “FIRST: That to establish the real truth of the facts denounced by Mr. Nombre34748, holder of identification document number CED45090, this Court considers it necessary to carry out an on-site inspection (inspección ocular “in situ”), jointly with officials from the Technical Department of this Court, for which the following persons are summoned because they are deemed necessary, and are requested to provide the following information: -Ronald Chan Fonseca, in his capacity as Director of the Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), or whoever holds his position, or whom he designates, to attend the present diligence. Likewise, he must issue an opinion on whether the area of the alleged facts corresponds or not to forest (bosque), according to current regulations, and issue the respective economic valuation if applicable. -Mr. Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of the Municipalidad del Cantón de Osa, or whoever holds his position, or whoever is designated to attend the present diligence. a) Likewise, it is requested that he must indicate the registered owner and exact address of the property with folio real 6-222058. b) Indicate whether, to date, at the complaint site, there exists any type of construction work or project, and whether it has the respective permits, as well as any other information deemed relevant for the processing of the present complaint. -Eng. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, or whom he designates to attend the present diligence, for the purpose of issuing the respective technical opinion on the nature and condition of any water body present, as well as the corresponding damage assessment if applicable. -Mr. Nombre34748, in his capacity as complainant. -MSc. Mario Alberto Campos Ugalde, in his capacity as an official of the Technical Unit of the Tribunal Ambiental. SECOND: That said inspection will be carried out on November 10, 2025, at 12:30 pm, with the meeting point being EBAIS de Uvita, Bahía Ballena. THIRD: The summoned officials and/or those designated must render a report of said diligence with the information corresponding to the inspection carried out, as well as the requested information, within a period of TEN CALENDAR DAYS after its completion.”; a decision that was notified to the interested party on October 1, 2025. (see documentation provided).\n\ni) In file No. 262-24-01-TAA, decision No. 1157-2025-TAA was issued at 14:25 hours on November 30, 2025, in which the Court requested the following: “FIRST: That to establish the real truth of the facts denounced by Mr. Nombre34748, holder of identification document number CED45090, this Court considers it necessary to carry out an on-site inspection (inspección ocular “in situ”), jointly with officials from the Technical Department of this Court, for which the following persons are summoned because they are deemed necessary, and are requested to provide the following information: -Ronald Chan Fonseca, in his capacity as Director of the Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), or whoever holds his position, or whom he designates, to attend the present diligence. Likewise, he must issue an opinion on whether the area of the alleged facts corresponds or not to forest (bosque), according to current regulations, and issue the respective economic valuation if applicable. -Mr. Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of the Municipalidad del Cantón de Osa, or whoever holds his position, or whoever is designated to attend the present diligence. a) Likewise, it is requested that he must indicate the registered owner and exact address of the following properties, folios reales: 1. Folio real 6-17596, 2. Folio real 6-241495, 3. Folio real 6-19549, 4. Folio real 6-253626, 5. Folio real 6-263885, 6. Folio real 6-125242, 7. Folio real 6-133799, 8. Folio real 6-262527. 9. Folio real 6-19563, 10. Folio real 6-263981, 11. Folio real 6-263965, 12. Folio real 6-263964, 13. Folio real 6-263980, 14. Folio real 6-118738, 15. Folio real 6-45301, 16. Folio real 6-263979. b) Indicate whether, to date, at the complaint site, there exists any type of construction work or project, and whether it has the respective permits, as well as any other information deemed relevant for the processing of the present complaint. -Eng. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, or whom he designates to attend the present diligence, for the purpose of issuing the respective technical opinion on the nature and condition of any water body present, as well as the corresponding damage assessment if applicable. -Mr. Nombre34748, in his capacity as complainant. -MSc. Mario Alberto Campos Ugalde, in his capacity as an official of the Technical Unit of the Tribunal Ambiental. SECOND: That said inspection will be carried out on November 11, 2025, at 08:30 am, with the meeting point being Dirección5795, Playa Hermosa, Bahía Ballena. THIRD: The summoned officials and/or those designated must render a report of said diligence with the information corresponding to the inspection carried out, as well as the requested information, within a period of TEN CALENDAR DAYS after its completion.”; a decision that was notified to the interested party on October 1, 2025. (see documentation provided).\n\nIV.- ON THE MERITS.- The petitioner states that in November 2024, he filed a formal complaint before the respondent authority for alleged infractions of the Ley Forestal by the company KLAMATH S.R.L. He points out that, given the complexity of the case and to guarantee due process as well as the correct processing of the matter, the respondent authority issued decision 685-2025-TAA on June 20, 2025, ordering the de-accumulation (desacumulación) of the complaint to separate the facts and procedural parties, ordering the opening of files according to the four blocks of properties involved. However, he complains that, as of the date this amparo was filed, more than two months have elapsed since that decision became final, without the respondent authority having executed its own mandate.\n\nAfter analyzing the evidentiary elements provided and the report rendered by the respondent authorities, with timely warning of the consequences provided in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, it has been demonstrated that on November 18, 2024, the respondent authority received a complaint filed by the petitioner against Nombre90032 for alleged infractions of the Ley Forestal, a proceeding to which file number 262-24-01-TAA was assigned. Regarding the processing of said complaint, it is shown that, by decision No. 127-2025-TAA at 07:20 hours on February 11, 2025, the complainant was prevented from providing the coordinates of the complaint site, as well as from specifically specifying the alleged environmental damage; a prevention that was not fully complied with until April 28, 2025. In response to the above, on May 6, 2025, via official letter TAA-DT-118-2025, the Technical Unit of the respondent court addressed the information provided by the protected party, and by decision No. 685-2025-TAA at 10:00 hours on June 20, 2025, the respondent authority ordered the de-accumulation (desacumulación) of the complaint into two additional files, for which it agreed: “(…) FIRST: Process under file number 262-24-01-TAA, the complaint for the alleged crime of infraction of the Ley Forestal filed by Mr. Nombre34748, holder of identification document number CED45090, on the properties of Dirección5799: Folio real 6-17596: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-241495: allegedly owned by 3-102-828381 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-19549: allegedly owned by 3-102-828381 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-253626: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263885: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada and JSC Escuela Sociedad De Responsabilidad Limitada. Folio real 6-125242: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-133799: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-262527: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-19563: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263981: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263965: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263964: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263980: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-118738: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-45301: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Folio real 6-263979: allegedly owned by 3-102-828380 Sociedad de Responsabilidad Limitada. SECOND: Likewise, in accordance with what is described in Considerando Cuarto of the present decision, the complaint is hereby DE-ACCUMULATED for the properties of Bloque I and II, for which a file will be opened for each block, identified as: 1.- For alleged infraction of the Ley Forestal, the properties of Bloque I: Folio real 6-85945: allegedly owned by Escaleras del Mar Limitada, legal identification number CED50263. Folio real CED50264: allegedly owned by Escaleras del Mar Limitada, legal identification number CED50263. Folio real 6-212865: allegedly owned by Escaleras del Mar Limitada, legal identification number CED50263, to which an administrative file number will be assigned. 2.- For alleged infraction of the Ley Forestal, the properties of Bloque II: Folio real 6-222058: Allegedly owned by Uvita River Silver Limitada, legal identification number CED50266, which will be processed under a new administrative file number (…)”; a decision that was notified to the interested party on June 23, 2025. Continuing with the processing of the matter, it is shown that, for Bloque I, file No. 171-25-03-TAA was opened and by decision No. 1158-2025-TAA at 14:30 hours on November 30, 2025, it was decided: “(…) FIRST: That to establish the real truth of the facts denounced by Mr. Nombre34748, holder of identification document number CED45090, this Court considers it necessary to carry out an on-site inspection (inspección ocular “in situ”), jointly with officials from the Technical Department of this Court, for which the following persons are summoned because they are deemed necessary, and are requested to provide the following information: -Ronald Chan Fonseca, in his capacity as Director of the Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), or whoever holds his position, or whom he designates, to attend the present diligence. Likewise, he must issue an opinion on whether the area of the alleged facts corresponds or not to forest (bosque), according to current regulations, and issue the respective economic valuation if applicable. -Mr. Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of the Municipalidad del Cantón de Osa, or whoever holds his position, or whoever is designated to attend the present diligence. a) Likewise, it is requested that he must indicate the registered owner and exact address of the following properties, folios reales: 1. Folio real 6-85945, 2. Folio real 6-263920, 3. Folio real 6-212865. b) Indicate whether, to date, at the complaint site, there exists any type of construction work or project, and whether it has the respective permits, as well as any other information deemed relevant for the processing of the present complaint. -Eng. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, or whom he designates to attend the present diligence, for the purpose of issuing the respective technical opinion on the nature and condition of any water body present, as well as the corresponding damage assessment if applicable. -Mr. Nombre34748, in his capacity as complainant. -MSc. Mario Alberto Campos Ugalde, in his capacity as an official of the Technical Unit of the Tribunal Ambiental. SECOND: That said inspection will be carried out on November 12, 2025, at 09:00 am, with the meeting point being in front of the entrance to Dirección5798, Playa Dominicalito, on Dirección5797. THIRD: The summoned officials and/or those designated must render a report of said diligence with the information corresponding to the inspection carried out, as well as the requested information, within a period of TEN CALENDAR DAYS after its completion.”; a decision that was notified to the interested party on October 1, 2025. In turn, for Bloque II, file No. 172-25-01-TAA was opened and by decision No. 1159-2025-TAA at 14:35 hours on November 30, 2025, it was stated: “FIRST: That to establish the real truth of the facts denounced by Mr. Nombre34748, holder of identification document number CED45090, this Court considers it necessary to carry out an on-site inspection (inspección ocular “in situ”), jointly with officials from the Technical Department of this Court, for which the following persons are summoned because they are deemed necessary, and are requested to provide the following information: -Ronald Chan Fonseca, in his capacity as Director of the Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), or whoever holds his position, or whom he designates, to attend the present diligence. Likewise, he must issue an opinion on whether the area of the alleged facts corresponds or not to forest (bosque), according to current regulations, and issue the respective economic valuation if applicable. -Mr. Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of the Municipalidad del Cantón de Osa, or whoever holds his position, or whoever is designated to attend the present diligence. a) Likewise, it is requested that he must indicate the registered owner and exact address of the property with folio real 6-222058. b) Indicate whether, to date, at the complaint site, there exists any type of construction work or project, and whether it has the respective permits, as well as any other information deemed relevant for the processing of the present complaint. -Eng. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, or whom he designates to attend the present diligence, for the purpose of issuing the respective technical opinion on the nature and condition of any water body present, as well as the corresponding damage assessment if applicable. -Mr. Nombre34748, in his capacity as complainant. -MSc. Mario Alberto Campos Ugalde, in his capacity as an official of the Technical Unit of the Tribunal Ambiental. SECOND: That said inspection will be carried out on November 10, 2025, at 12:30 pm, with the meeting point being EBAIS de Uvita, Bahía Ballena. THIRD: The summoned officials and/or those designated must render a report of said diligence with the information corresponding to the inspection carried out, as well as the requested information, within a period of TEN CALENDAR DAYS after its completion.”; a decision that was notified to the interested party on October 1, 2025. Finally, it is shown that, in file No. 262-24-01-TAA, decision No. 1157-2025-TAA was issued at 14:25 hours on November 30, 2025, in which the Court requested the following: “FIRST: That to establish the real truth of the facts denounced by Mr. Nombre34748, holder of identification document number CED45090, this Court considers it necessary to carry out an on-site inspection (inspección ocular “in situ”), jointly with officials from the Technical Department of this Court, for which the following persons are summoned because they are deemed necessary, and are requested to provide the following information: -Ronald Chan Fonseca, in his capacity as Director of the Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) (SINAC), or whoever holds his position, or whom he designates, to attend the present diligence. Likewise, he must issue an opinion on whether the area of the alleged facts corresponds or not to forest (bosque), according to current regulations, and issue the respective economic valuation if applicable. -Mr. Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of the Municipalidad del Cantón de Osa, or whoever holds his position, or whoever is designated to attend the present diligence. a) Likewise, it is requested that he must indicate the registered owner and exact address of the following properties, folios reales: 1. Folio real 6-17596, 2. Folio real 6-241495, 3. Folio real 6-19549, 4. Folio real 6-253626, 5. Folio real 6-263885, 6. Folio real 6-125242, 7. Folio real 6-133799, 8. Folio real 6-262527. 9. Folio real 6-19563, 10. Folio real 6-263981, 11. Folio real 6-263965, 12. Folio real 6-263964, 13. Folio real 6-263980, 14. Folio real 6-118738, 15. Folio real 6-45301, 16. Folio real 6-263979. b) Indicate whether, to date, at the complaint site, there exists any type of construction work or project, and whether it has the respective permits, as well as any other information deemed relevant for the processing of the present complaint. -Eng. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, or whom he designates to attend the present diligence, for the purpose of issuing the respective technical opinion on the nature and condition of any water body present, as well as the corresponding damage assessment if applicable. -Mr. Nombre34748, in his capacity as complainant. -MSc. Mario Alberto Campos Ugalde, in his capacity as an official of the Technical Unit of the Tribunal Ambiental. SECOND: That said inspection will be carried out on November 11, 2025, at 08:30 am, with the meeting point being Dirección5795, Playa Hermosa, Bahía Ballena. THIRD: The summoned officials and/or those designated must render a report of said diligence with the information corresponding to the inspection carried out, as well as the requested information, within a period of TEN CALENDAR DAYS after its completion.”; a decision that was notified to the interested party on October 1, 2025.\n\nThus, the injury to the fundamental rights of the amparo petitioner is proven. The foregoing, because it is determined that, despite the fact that since June 20, 2025, the respondent authority ordered the de-accumulation (desacumulación) of the complaints (given the complexity, procedural parties, and geographical location of the properties) that are the object of this appeal, it was not until October 1, 2025, that the individualization of the administrative proceedings for their proper processing was materialized, proceeding to assign different file numbers, schedule on-site inspections, and request the corresponding technical reports. That is, an unjustified delay of approximately 3 months and 15 days is observed in the continuation of the processing of the complaints being claimed. Likewise, it is noted that on September 29, 2025, this Chamber notified the decision to proceed with the present amparo to the respondent authority; thereby evidencing that the actions of the respondent authority—dated October 1, 2025—were due to the filing of the present matter. Given the foregoing, it is appropriate to grant the appeal in the terms set forth in the operative part.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. On the award of costs, damages, and prejudices pursuant to Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable”), the granting must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is issued “solely for purposes of compensation and costs, if applicable”. It is emphasized that the Law states “if applicable”, which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impairment of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “every decision that upholds the appeal shall condemn in abstract to compensation for the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the appeal, and their liquidation shall be reserved for the execution of the sentence”, where the possibility of assessing whether or not the matters of compensation and costs are applicable is not foreseen.\n\nThe principles of Constitutional Law, those of General Public and Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the rules of the Law of Constitutional Jurisdiction —cf. article 14—. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it sees fit, to an ordinary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal (recurso) without an award of costs, damages, and losses.\n\nVI.— PARTIALLY DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, ONLY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.\n\nAlthough I concur with the rest of the Chamber in granting the appeal (recurso), I separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of Constitutional Jurisdiction, in article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal (recurso) shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.\"\n\nOn the other hand, article 51 ibidem establishes that:\n\n\"...any resolution granting the appeal (recurso) shall order in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\nThis last rule establishes the general system regulating matters related to indemnification and the payment of costs, which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…\".\n\nIn the criterion of the majority, article 51, cited, regulates the situations in which the Chamber has deemed the grievance to be proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both rules, it is concluded that both in cases in which this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal (recurso), and in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person in the enjoyment of his fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a situation contemplated in article 52, referenced—, by mandate of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the order against the infringer for the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of its fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not again incur in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved person (article 52), always, in any of those situations, the imperative need arises for an award against the infringer of costs, damages, and losses, whose foundation lies in the principles of protection of the rights of persons and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, at the time of hearing and granting the amparo, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms provided in articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of an award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary award in these respects, which the Law of Constitutional Jurisdiction contains.\n\nOn the other hand, it is clear that article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the complaint, has verified the violation that the protected party has suffered in his fundamental rights, by virtue of the restoration, which, in the enjoyment of those rights, the Administration has granted in his favor; a situation which, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an \"abnormal termination of the proceeding.\"\n\nThe legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, along with its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that initiated the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, indubitably, the revocation, halting, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted \"solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.\" As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the situations strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception entail, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection regarding the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn my criterion, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, such award is always appropriate, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is established in an indubitable and clear manner that in the specific case no compensable injury was caused. Solely and only in such situations could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions —whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and we so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth noting that the dynamic and the very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that could generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of persons. From that perspective, the analysis carried out by this court concentrates on that verification; however, it does not proceed to weigh whether those matters have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said award (of damages, losses, and costs) operates, if applicable, this undersigned does not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal (recurso de amparo), the conduct or omissions attributable to the Administration (or private legal subject, when applicable), have constituted the adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. For reference, numerals 179 through 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the determination of the economic effects derived from awards ordered in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:\n\n\"ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments rendered by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public Law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.\"\n\nIt is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in the abstract in those areas, since that type of claim would not be appropriate within that type of case when the judgment issued in the amparo proceeding expressly establishes the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement regarding this particular matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my judgment, according to the wording of the aforementioned ordinal 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial award requires proof, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is estimated with reasoning. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is rendered that revokes, halts, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation due to the respondent entity's own cause or that of another, the accused indolence or reproached disturbance might have caused damages and losses. However, such a substantive matter, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with what is regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of an award in the abstract that subsequently constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, for, it is insisted, that is not its object or primary ratio. Thus, the claim or demonstration of damages does not correspond to the protected person, as what he seeks is the safeguarding of his fundamental rights. Later, if those administrative conducts have caused him injuries, that is a matter which, as a matter of principle and except in exceptional cases, do not form part of the basis for analysis in this type of case. Note that, in the situation regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus by the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether there is or is not an infringement, with which, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there could or could not be situations of possible civil reparation. In this way, the exemption from award to which that rule refers is of an exceptional, not a principal, nature. Therefore, in those situations, the rule imposes the award in the abstract, so that its appropriateness can be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, could have suffered injuries in his patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and ignoring the potential liability of the Administration, as imposed by article 9 ejusdem. In addition, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that caused the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, whether the persistence of the threat or deterioration of his situation, insofar as it was caused to cease by the reasons alluded to in the rule under examination, generated damages and losses, is a matter that, barring proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is restated, in no way should be denied, as a premise, merely because of the materialization of the factual situation regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the respect I always hold for the majority position, I state my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail the award in the abstract of costs, damages, and losses.\n\nVII.— DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal (recurso) shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.\"\n\nMy interpretation of that rule is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are appropriate\" refers to costs. Moreover, article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, according to article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal (recurso de amparo) is not compensatory but restitutory; however, article 51 of the LJC states: \"Every resolution granting the appeal shall order in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an award in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title —derived from this proceeding— to claim them, thereby potentially violating article 41 of the CP. If, despite the award in the abstract, the damages and losses did not occur, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only he is responsible for establishing the real existence and magnitude thereof as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only in the face of an amparo appeal (recurso de amparo). It remains to be said that article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nFor the foregoing reason, I partially dissent from the operative part and order the award of damages and losses, but not of costs.\n\nVIII.— DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The appellant party is forewarned that, if it has provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, according to the provisions of the \"Regulation on Electronic Case File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nIn accordance with the provisions of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the appeal (recurso) is granted, with no special award of costs, damages, and losses. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not of costs. Notify.—\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nPresidente a.i\n\n \n\n \n\n \n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\n \n\n \n\nJorge Araya G.\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\n \n\n \n\nRonald Salazar Murillo\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n \n\n \n\n \n\nAna Cristina Fernandez A.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n RQEE7EXBO4461\n\nEXPEDIENTE N° 25-027496-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:34:09.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }