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  "id": "nexus-sen-1-0007-1352662",
  "citation": "Res. 41025-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Omisión de procedimiento de certificación de bosque ante la AFE no es inconstitucional",
  "title_en": "Omission of forest certification procedure before AFE is not unconstitutional",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad presentada contra la alegada omisión de un procedimiento oficial para que propietarios o interesados soliciten directamente a la Administración Forestal del Estado (AFE) una certificación sobre la existencia de bosque o cobertura boscosa. El accionante sostenía que la falta de tal procedimiento vulneraba el derecho a un ambiente sano (artículo 50 constitucional) y diversos instrumentos internacionales, al otorgar únicamente a SETENA la posibilidad de solicitar ese criterio técnico. La Sala consideró que no se configuraba una inconstitucionalidad por omisión, pues para que esta prospere debe existir un mandato constitucional expreso o tácito incumplido, lo cual no ocurría en este caso. El magistrado Rueda Leal coincidió en el rechazo, aunque advirtió que la jurisprudencia debería precisar los alcances de la omisión inconstitucional para proteger derechos fundamentales frente a inacciones legislativas, pero estimó que tampoco se evidenciaba un deber legislativo vulnerado. La acción fue inadmitida sin entrar al fondo.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber rejected outright an action of unconstitutionality filed against the alleged omission of an official procedure allowing landowners or interested persons to directly request the State Forestry Administration (AFE) for a certification on the existence of forest or forest cover. The plaintiff argued that the lack of such procedure violated the right to a healthy environment (Article 50 of the Constitution) and various international instruments, by granting only SETENA the ability to request that technical opinion. The Chamber held that there was no unconstitutional omission because such a claim requires an express or implied constitutional mandate that has been breached, which was not the case here. Justice Rueda Leal concurred with the dismissal, while noting that jurisprudence should further define the scope of unconstitutional omission to protect fundamental rights against legislative inaction, but found no violated legislative duty. The action was dismissed without a hearing on the merits.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "10/12/2025",
  "year": "2025",
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    "procedural-environmental",
    "forestry-law-7575"
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  "es_concept_hints": [
    "acción de inconstitucionalidad",
    "omisión inconstitucional",
    "Administración Forestal del Estado (AFE)",
    "SETENA",
    "cobertura boscosa",
    "Artículo 50 Constitución Política",
    "mandato constitucional expreso",
    "rechazo de plano"
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  "keywords_es": [
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    "certificación de bosque",
    "Administración Forestal del Estado",
    "SETENA",
    "artículo 50 Constitución",
    "derecho a ambiente sano",
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    "rechazo de plano",
    "Sala Constitucional"
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  "keywords_en": [
    "action of unconstitutionality",
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    "forest certification",
    "State Forestry Administration",
    "SETENA",
    "Article 50 Constitution",
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    "forest cover",
    "constitutional mandate",
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    "Constitutional Chamber"
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  "excerpt_es": "En el sub iudice, el accionante reclama que no existe un procedimiento para que una persona propietaria o interesada solicite ante la Administración Forestal del Estado una certificación de la existencia de bosque o cobertura boscosa, lo cual estima que es una omisión contraria al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la normativa internacional dirigida a proteger los bosques. Pese a sus alegaciones, a partir de lo expuesto en la sentencia referida, el Tribunal estima que no estamos frente a un supuesto de inconstitucionalidad por omisión, pues no se dan, en este caso, ninguno de los supuestos que señala la sentencia parcialmente transcrita. Es decir, la omisión acusada por el accionante no encuentra referente en un mandato expreso del constituyente, que pueda estimarse incumplido. Cabe reiterar que, solamente cuando el vacío implique la infracción de un mandato expreso constitucional, es posible ejercer el control en cuestión, tal y como se expresó en la sentencia n.° 2010-8600...",
  "excerpt_en": "In the present case, the plaintiff claims that there is no procedure for an owner or interested person to request the State Forestry Administration for a certification on the existence of forest or forest cover, which he considers an omission contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as to international norms aimed at protecting forests. Despite his allegations, based on the cited ruling, the Court finds that we are not faced with a case of unconstitutionality by omission, as none of the scenarios indicated in the partially transcribed ruling are present. That is, the omission alleged by the plaintiff does not find a basis in an express mandate of the constituent power that can be deemed unfulfilled. It must be reiterated that only when the gap implies the breach of an express constitutional mandate is it possible to exercise such control, as stated in ruling No. 2010-8600...",
  "outcome": {
    "label_en": "Outright rejection",
    "label_es": "Rechazo de plano",
    "summary_en": "The unconstitutionality action against the omission of a forest certification procedure before the AFE was summarily dismissed for not constituting a case of unconstitutional omission given the absence of an unfulfilled express constitutional mandate.",
    "summary_es": "La acción de inconstitucionalidad contra la omisión de un procedimiento de certificación de bosque ante la AFE fue rechazada de plano por no configurarse un supuesto de omisión inconstitucional sin mandato constitucional expreso incumplido."
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "only when the gap implies the breach of an express constitutional mandate is it possible to exercise said control",
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    {
      "context": "Considerando V",
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      "quote_es": "no estamos frente a un supuesto de inconstitucionalidad por omisión, pues no se dan, en este caso, ninguno de los supuestos que señala la sentencia parcialmente transcrita. Es decir, la omisión acusada por el accionante no encuentra referente en un mandato expreso del constituyente"
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      "context": "Considerando VI (voto del Magistrado Rueda Leal)",
      "quote_en": "an unconstitutionality by omission also occurs when the exercise or protection of a fundamental right can be frustrated through legislative inaction",
      "quote_es": "una inconstitucionalidad por omisión ocurre también cuando se puede frustrar el ejercicio o la protección de un derecho fundamental a través de la inacción legislativa"
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1352662",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 41025 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 10 de Diciembre del 2025 a las 11:00\n\nExpediente: 25-036920-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-036920-0007-CO\n\nRes. Nº 2025041025\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cero minutos del diez de diciembre de dos mil veinticinco .\n\n Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre91613, cédula de identidad n.° CED51826, contra la omisión de: “No existe en el marco normativo un procedimiento o trámite general oficializado para que cualquier propietario o persona interesada solicite ante la Administración Forestal del Estado (AFE) una certificación de la existencia de bosques o cobertura boscosa, según oficio CARTA-SINAC-SE-DE-1557-2025, de fecha 7 de noviembre de 2025”.\n\nRESULTANDO:\n\n    1.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea a las 21:37 horas del 25 de noviembre de 2025, el accionante formula acción de inconstitucionalidad a fin de impugnar la omisión de “No existe en el marco normativo un procedimiento o trámite general oficializado para que cualquier propietario o persona interesada solicite ante la Administración Forestal del Estado (AFE) una certificación de la existencia de bosques o cobertura boscosa, según oficio CARTA-SINAC-SE-DE-1557-2025, de fecha 7 de noviembre de 2025”. El accionante alega que se establece que la única instancia autorizada para solicitar criterio técnico o certificación ante la AFE es la SETENA. Según el oficio CARTA-SINAC-SE-DE-1557-2025, de fecha 7 de noviembre de 2025 cualquier propietario de terreno puede solicitar los servicios de un profesional en ciencias forestales para determinar la existencia de bosque en su finca y, en el marco de un plan de manejo forestal, el profesional en el ejercicio de la regencia forestal puede emitir una certificación. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Forestal, está prohibido el cambio de uso en terrenos cubiertos con bosque. Por tanto, con certificación o sin ella, si un sitio cuenta con bosque o ha contado con él, a partir de la entrada en vigencia de dicha ley (abril de 1996), este debe permanecer con esta condición, caso contrario, estaríamos ante un delito denunciable ante cualquier autoridad policial. Indicación del parámetro constitucional violentado: • artículos de la Constitución Política, tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional o principios constitucionales que se consideran infringidos: La omisión denunciada tiene graves consecuencias sobre lo estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política, dado que los servicios ecosistémicos asociados con los bosques son primarios para preservar la calidad de vida y un ambiente sano y equilibrado. La omisión denunciada es un vacío que está provocando un debilitamiento en la delimitación de bosques y su conservación en Costa Rica. La inexistencia de procedimientos claros, con responsables, fechas de revisión y una base de datos asociada es un vacío en la gestión de bosques y áreas de cobertura arbórea en Costa Rica, lo que incluye las áreas de manglares. El asociar la solicitud de existencia o no de bosque a un trámite de Nombre3763 está restringiendo la posibilidad de que cualquier persona interesada en la conservación de los ecosistemas en Costa Rica pueda acceder a su derecho de conocer si en una propiedad existe o no bosque. Normativa Internacional Aplicable a la Protección de los Bosques en Costa Rica: en virtud del artículo 7 de la Constitución Política, que otorga supremacía normativa a los tratados internacionales vigentes en Costa Rica, procede citar los instrumentos internacionales ratificados por el país en materia ambiental y forestal, los cuales integran el bloque de constitucionalidad y deben ser observados en la interpretación y aplicación de toda norma nacional. 1. Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 1992 Ratificado por Costa Rica mediante Ley n.° 7416. Este Convenio obliga al Estado a conservar los ecosistemas forestales, promover el uso sostenible de la biodiversidad y adoptar medidas para evitar la degradación de los recursos biológicos. Los artículos 6, 7, 8 y 10 del CDB establecen deberes directos de planificación, regulación y conservación de áreas que concentran diversidad biológica, incluidos los bosques naturales. 2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 1992 Ratificada mediante Ley n.° 7414, junto con el Acuerdo de París, ratificado por Ley n.° 9366. La CMNUCC reconoce que los bosques constituyen sumideros de carbono esenciales y obliga a los Estados a formular políticas y programas tendientes a su conservación y manejo sostenible (arts. 4 y 5). El Acuerdo de París, por su parte, refuerza el compromiso de conservar los bosques como herramienta esencial para la mitigación climática (art. 5). 3. Convención de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), 1994 Ratificada por Ley n.° 7768. Establece obligaciones de combatir la degradación de tierras y promover el manejo sostenible de ecosistemas susceptibles a desertificación, incluidos bosques secos y zonas vulnerables (arts. 4 y 5). 4. Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, 1971 Ratificada por Ley n.° 7224. Si bien se centra en humedales, su ámbito de protección incluye manglares y bosques inundables, obligando al Estado a garantizar su conservación y manejo racional (arts. 2 y 3). 5. Convención CITES, 1973 Ratificada por Ley n.° 5605. Regula el comercio internacional de especies de flora y fauna protegida, incluyendo especies arbóreas amenazadas de los bosques costarricenses (art. II). El país tiene la obligación de evitar la extracción o comercio que ponga en riesgo especies forestales en peligro. 6. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 Ratificado por Ley n.° 7316. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, bosques y recursos naturales, y exige la realización de consulta previa, libre e informada ante cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar sus tierras o ecosistemas (arts. 6, 13 y 15). 7. Convención Americana sobre Derechos Humanos y Protocolo de San Salvador. Aunque la Convención no menciona explícitamente el ambiente, la jurisprudencia interamericana ha reconocido que el derecho a un ambiente sano se encuentra integrado dentro del artículo 26 sobre derechos económicos, sociales y culturales. El Protocolo de San Salvador (Ley n.° 7907) reconoce expresamente ese derecho (art. 11). 8. Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992. Si bien no es vinculante, la Sala Constitucional ha utilizado la Declaración como criterio interpretativo de obligatorio estudio. Principios relevantes: • Principio de Precaución (Principio 15). • Participación ciudadana (Principio 10). • Desarrollo sostenible (Principio 1). Estos principios sirven como criterios para determinar la razonabilidad y constitucionalidad de normas que afecten bosques y ecosistemas terrestres. Hechos relevantes: • Circunstancias del caso que motivan la interposición y explicación de cómo la norma o acto impugnado afecta los derechos constitucionales del recurrente: A. Sólo una entidad (SETENA) puede solicitar criterio técnico o certificación de existencia de bosque ante la AFE. Esto genera una diferencia de trato injustificada entre: • Nombre3763 (privilegiada con la facultad exclusiva de solicitar criterios técnicos oficiales), versus • los propietarios de terrenos o personas interesadas, quienes no pueden pedir a la AFE la certificación oficial. Por qué esto es inconstitucional: 1. No existe razón técnica ni jurídica válida para impedir que un propietario o una persona interesada obtenga directamente una certificación sobre la existencia o no de bosque en su propio terreno o lo solicite sobre un terreno; por ejemplo, que sea de una institución pública o municipalidad. 2. El acceso a información ambiental es un derecho de todas las personas (Principio 10 de Río; reiterado por la Sala Constitucional en los votos 2006-17126 y 2012-12716). 3. La exclusividad dada a Nombre3763 es arbitraria, pues no surge de la Ley Forestal ni de ninguna ley formal, sino de un criterio administrativo (oficio). 4. Toda limitación de derechos debe hacerse por ley, no por oficio ni circular (principio de reserva de ley; Sala Constitucional voto 17659-2008). Conclusión: hay trato desigual sin fundamento objetivo, prohibido por el art. 33 de la Constitución. B) Violación al Derecho a un Ambiente Sano (art. 50 Constitución Política). La Sala Constitucional ha sostenido reiteradamente que: • La información forestal es parte de la tutela constitucional del ambiente. • La ciudadanía tiene derecho a conocer la situación de los bosques y a exigir su protección (votos 12716-2012, 04619-2013, 5893-95, 16975-2008). La violación se produce por: C). La inexistencia de un procedimiento oficial para certificar bosque. Esto produce: 1. Inseguridad jurídica ambiental: los propietarios o personas interesadas no tienen un mecanismo claro para solicitar la determinación de la existencia de bosques en un predio. 2. Obstaculización del derecho a participar y fiscalizar la protección del bosque: sin vías oficiales de solicitud de certificación, el ciudadano no puede ejercer adecuadamente su deber/derecho constitucional de protección ambiental (art. 50). 3. Riesgo de arbitrariedad administrativa: Cada oficina del SINAC puede que este interpretando de manera distinta qué hacer o cómo responder. La falta de mecanismos claros que permitan el acceso a información ambiental podría constituir violación al art. 50 CP. D) Se prohíbe el cambio de uso del suelo, pero no se permite a las personas solicitar directamente la certificación para establecer si hay o no bosque. Se imponen deberes ambientales pero no se crean los instrumentos para cumplirlos. El accionante solicita lo siguiente: 1. Que se declare con lugar el Recurso de Inconstitucionalidad. 2. Que se declare la inconstitucionalidad de la omisión o interpretación indicada. 3. Que se disponga a las autoridades correspondientes las medidas administrativas para solventar la problemática identificada, según corresponda. 4. Que se generen las coordinaciones con Nombre3763 y otras instituciones para incluir los productos generados como parte de los procedimientos institucionales.\n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan pronunciarse sobre el fondo del asunto. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo– o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía, sea, en el procedimiento administrativo de impugnación contra el acto final–, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base–, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto y c) cuando la acción sea promovida por el procurador General de la República, el contralor General de la República, el fiscal General de la República y el defensor de los Habitantes. En cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala, mediante sentencia n.° 04190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, señaló lo siguiente:\n\n“(…) En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)”.\n\nAsimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber: el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\n II.- SOBRE EL TRÁMITE. En el caso que nos ocupa, el escrito inicial carece de la debida autenticación y comprobante de pago del timbre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Además, el accionante omitió indicar el fundamento de su legitimación para interponer esta acción. No obstante, por economía procesal, se omite la prevención prevista en el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que la acción resulta inadmisible, en razón de que su objeto, dado que no está previsto en los numerales 10 de la Constitución Política y 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según se explica a continuación.\n\nIII.- OBJETO DE LA ACCIÓN. Expresamente el accionante impugna una supuesta omisión inconstitucional, al indicar lo siguiente:\n\n“Se impugna la omisión de:\n\n• No existe en el marco normativo un procedimiento o trámite general oficializado para que cualquier propietario o persona interesada solicite ante la Administración Forestal del Estado (AFE) una certificación de la existencia de bosques o cobertura boscosa, según oficio CARTA-SINAC-SE-DE-1557-2025, de fecha 7 de noviembre de 2025”.\n\nIV.- SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN. En tanto se acusa la configuración de una presunta inconstitucionalidad por omisión, es relevante remitir a lo resuelto por esta Sala respecto al tema de las omisiones legislativas y su control por parte del Tribunal Constitucional. En el voto n.° 5649-05 de las 14:39 horas del 11 de mayo de 2005, la Sala consideró lo siguiente:\n\nIII.- CONTROL DE LAS OMISIONES LEGISLATIVAS Y PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES. El Derecho de la Constitución, esto es, el conjunto de principios, valores y preceptos constitucionales contenidos en la Carta Magna, pueden ser infringidos por los poderes públicos y los particulares mediante conductas activas u omisas. Para el supuesto particular de la Asamblea Legislativa, ese poder del Estado quebranta el bloque de constitucionalidad por acción cuando dicta leyes inconstitucionales o cuando, durante el procedimiento legislativo para su emisión, incurre en vicios sustanciales de tal entidad que ameritan su anulación. La Asamblea Legislativa infringe por omisión el parámetro de constitucionalidad cuando, ante un mandato expreso o tácito del constituyente originario o del poder reformador para que se dicte una ley que desarrolle un contenido o cláusula constitucional, no lo hace –omisión absoluta- o bien cuando a pesar de haber dictado una ley esta resulta discriminatoria, por omisión, al no regular la situación de un determinado sector o grupo de la población o de los eventuales destinatarios que debió comprender o abarcar –omisión relativa-. En sendos supuestos, este Tribunal Constitucional tiene competencias suficientes y habilitación normativa expresa para ejercer el control de constitucionalidad y declarar una eventual inconstitucionalidad de la conducta omisa. En efecto, los artículos 10, 48 de la Constitución Política y 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, le encargan a esta Sala especializada velar por la supremacía del Derecho de la Constitución, de modo que si este Tribunal estima que una conducta por omisión de la Asamblea Legislativa lo quebranta, está ejerciendo esa función preeminente y esencial y así debe declararlo para restablecer el imperio del orden constitucional. Obsérvese que el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su inciso a), establece que cabrá la acción de inconstitucionalidad “Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión alguna norma o principio constitucional”, este apartado cubre el supuesto de las omisiones relativas o parciales, puesto que, presupone que ya se ha dictado una ley que resulta inconstitucional por omisión al no comprender determinadas situaciones materiales, grupos o sectores de destinatarios que debió abarcar. El inciso f) de ese mismo numeral, preceptúa que también procederá la acción de inconstitucionalidad “Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas”, no cabe la menor duda que esta hipótesis normativa cubre la omisiones legislativas de carácter absoluto, puesto que, la Asamblea Legislativa como poder del Estado o autoridad pública debe cumplir con los mandatos expresos o tácitos que le impone el constituyente originario o el poder reformador para mediar en el desarrollo de determinadas cláusulas o contenidos constitucionales. Así la cosas, resulta evidente que el control de constitucionalidad de las omisiones legislativas no colisiona con el principio de separación de funciones (artículo 9° de la Constitución Política), en este caso, para las dispuestas por el Derecho de la Constitución para el legislador ordinario y las establecidas por éste para el Tribunal Constitucional. Este tipo de fiscalización lejos de debilitar ese principio lo actúa y lo fortalece, puesto que, demarca de forma clara el alcance de las potestades y competencias, por acción y omisión, del Poder Legislativo de cara al Derecho de la Constitución. Es menester recordar que la Constitución Política tiene una eficacia normativa y directa que vincula fuertemente a todos los poderes públicos constituidos –incluso la Asamblea Legislativa y esta Sala- y los conmina a respetarla y observarla, para evitar que sea burlada de forma oblicua o indirecta a través de conductas omisas o del silencio legislativo, siendo esta Sala, por expresa disposición constitucional (artículo 10), su garante. IV.- TIPOS DE OMISIONES LEGISLATIVAS EN CUANTO AL DESARROLLO DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. El constituyente puede disponer de forma implícita o explícita que determinados contenidos constitucionales sean desarrollados por el legislador. En el primer caso, aunque el constituyente no disponga que una ley regulará la materia, por la naturaleza de ésta se precisa de la mediación legislativa para su adecuada aplicación operativa, esto es, no se trata de normas constitucionales completas, de aplicación automática o auto ejecutables, sino que requieren de la interpositio legislatoris. También puede acontecer lo anterior cuando, por aplicación del principio de reserva de ley, una cláusula constitucional determinada precisa de ser regulada por una norma legal (v. gr. la regulación de los derechos fundamentales, fijación de delitos, penas y tributos, etc.). En lo tocante a las hipótesis en que el constituyente le impone al legislador de forma explícita el desarrollo de determinada materia o contenido constitucional, por tratarse de preceptos incompletos, se puede distinguir dos casos diferentes. El primero surge cuando expresamente el legislador establece que una ley regulará determinada materia, sin indicar un plazo o término al legislador para su desarrollo, siendo que, incluso, en este caso debe entenderse que debe producirse dentro de un plazo razonable para el cumplimiento efectivo del mandato y diseño dispuesto por el constituyente, sin perjuicio, claro está, de la facultad de la Asamblea Legislativa de ponderar si tal desarrollo resulta políticamente oportuno o conveniente en un momento determinado. El segundo supuesto ocurre cuando el constituyente, además de mandar que se dicte una ley,  le fija al legislador un plazo para el desarrollo e implementación de un contenido constitucional, situación que, en nuestro sistema constitucional, se ha producido, básicamente, respecto de ciertas reformas parciales a la Constitución, en atención a las cuales el poder constituyente derivado entiende que deben ser implementadas y complementadas legislativamente dentro de un lapso determinado al estimar que existe cierta premura y celeridad o, si se quiere, urgencia en su ejecución. En esta última hipótesis en que el poder reformador le fija al legislador un plazo específico, se produce una suerte de auto-limitación en cuanto al tiempo disponible para tramitar y emitir la ley respectiva, puesto que, es el propio cuerpo legislativo, en funciones de poder reformador, el que restringe o limita los tiempos de ese cuerpo colegiado y de sus instancias –comisiones-, en funciones de legislador ordinario, para tramitar y emitir la ley de desarrollo. Ese carácter de auto-restricción, en cuanto a los tiempos para sustanciar el procedimiento legislativo, le impone a la Asamblea Legislativa una mayor y más acusada responsabilidad y compromiso en tramitar y emitir la ley respectiva, puesto que, es ese propio poder del Estado, aunque lo sea en funciones material o sustancialmente diferentes, el que auto consiente la restricción temporal, sabedor del volumen de asuntos en trámite o en la corriente legislativa, de los tiempos de los procedimientos legislativos y de la capacidad, límites y alcance de trabajo de las comisiones y del plenario. No sobra advertir que, absolutamente en todos los supuestos anteriormente mencionados, el legislador conserva una discrecionalidad plena o libertad para configurar el contenido de la respectiva ley, siendo que el único límite de éste lo puede constituir el propio parámetro constitucional o el Derecho de la Constitución.”\n\nV.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE ESTA ACCIÓN. En el sub iudice, el accionante reclama que no existe un procedimiento para que una persona propietaria o interesada solicite ante la Administración Forestal del Estado una certificación de la existencia de bosque o cobertura boscosa, lo cual estima que es una omisión contraria al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la normativa internacional dirigida a proteger los bosques. Pese a sus alegaciones, a partir de lo expuesto en la sentencia referida, el Tribunal estima que no estamos frente a un supuesto de inconstitucionalidad por omisión, pues no se dan, en este caso, ninguno de los supuestos que señala la sentencia parcialmente transcrita. Es decir, la omisión acusada por el accionante no encuentra referente en un mandato expreso del constituyente, que pueda estimarse incumplido. Cabe reiterar que, solamente cuando el vacío implique la infracción de un mandato expreso constitucional, es posible ejercer el control en cuestión, tal y como se expresó en la sentencia n.° 2010-8600 de las 15:08 horas del 12 de mayo del 2010:\n\n“Si bien este Tribunal Constitucional se encuentra facultado para actuar como un legislador negativo, con la potestad de anular del ordenamiento jurídico todas aquellas normas que considere inconstitucionales, lo cierto es que se encuentra impedido para actuar como un legislador positivo creador de normas. Por otra parte, aún cuando esta Sala es competente para conocer de las omisiones legislativas conforme lo establece el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es importante aclarar que no toda omisión normativa puede ser objeto de impugnación por esta vía. En ese sentido, solo aquellas omisiones que se producen como consecuencia de un mandato expreso y directo contenido en la Constitución Política pueden ser objeto de control de constitucionalidad por la vía de la acción”.\n\nEn virtud de lo expuesto, la acción contra la presunta omisión reclamada,  debe ser rechazada.\n\n VI.- Razones diferentes del magistrado Rueda Leal. Considero que una tarea pendiente para la jurisprudencia constitucional es precisar adecuadamente los contornos de la inconstitucionalidad por omisión, a efectos de materializar su ejercicio en la práctica procesal.\n\nEn mi criterio, una inconstitucionalidad por omisión ocurre también cuando se puede frustrar el ejercicio o la protección de un derecho fundamental a través de la inacción legislativa. No en vano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el deber de los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades de ese instrumento (artículo 2). De manera análoga, los derechos fundamentales reconocidos por nuestro Constituyente -originario o derivado- deben instrumentalizarse a través de normas de rango inferior, lo que impone una obligación al legislador que puede ser conocida por este Tribunal.\n\nEn el caso de marras, empero, no se visualiza un mandato expreso o tácito para el legislador que pueda llenar las pretensiones de la parte accionante o limitar la libre configuración que le corresponde. En ese tanto, rechazo la acción.\n\n VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n  Se rechaza de plano la acción. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes con respecto a la inconstitucionalidad por omisión. \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 4KWFCGOZPCY61\n\nEXPEDIENTE N° 25-036920-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:41:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**Constitutional Chamber**\n\n**Resolution No. 41025 - 2025**\n\n**Resolution Date:** December 10, 2025 at 11:00 a.m.\n\n**Case File:** 25-036920-0007-CO\n\n**Drafted by:** Fernando Castillo Víquez\n\n**Type of Matter:** Unconstitutionality action\n\n**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**\n\n**Text of the resolution**\n\n\n\nCase File: 25-036920-0007-CO\n\nRes. No. 2025041025\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at eleven hours zero minutes on December ten, two thousand twenty-five.\n\nUnconstitutionality action brought by Nombre91613, identity card no. CED51826, against the omission of: \"There is no general, formalized procedure or process in the legal framework for any owner or interested person to request from the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado, AFE) a certification of the existence of forests or forest cover (cobertura boscosa), according to official letter CARTA-SINAC-SE-DE-1557-2025, dated November 7, 2025.\"\n\n**WHEREAS:**\n\n1.- By means of a written document received via Online Filing at 21:37 hours on November 25, 2025, the petitioner files an unconstitutionality action to challenge the omission that \"There is no general, formalized procedure or process in the legal framework for any owner or interested person to request from the State Forest Administration (AFE) a certification of the existence of forests or forest cover, according to official letter CARTA-SINAC-SE-DE-1557-2025, dated November 7, 2025\". The petitioner alleges that it is established that the only entity authorized to request a technical opinion or certification from the AFE is SETENA. According to official letter CARTA-SINAC-SE-DE-1557-2025, dated November 7, 2025, any landowner can request the services of a professional in forest sciences to determine the existence of forest on their property, and within the framework of a forest management plan, the professional, in the exercise of the forest regency (regencia forestal), can issue a certification. According to Article 19 of the \"Ley Forestal\", it is prohibited to effect a land-use change (cambio de uso) on lands covered with forest. Therefore, with or without a certification, if a site has or has had forest, as of the entry into force of said law (April 1996), it must remain under this condition; otherwise, we would be facing a crime reportable to any police authority. Indication of the violated constitutional parameter: • articles of the Political Constitution, international human rights treaties with constitutional rank, or constitutional principles considered infringed: The denounced omission has serious consequences on what is stipulated in Article 50 of the Political Constitution, given that the ecosystem services associated with forests are essential for preserving the quality of life and a healthy and balanced environment. The denounced omission is a void that is causing a weakening in the delimitation of forests and their conservation in Costa Rica. The nonexistence of clear procedures, with responsible parties, review dates, and an associated database, is a void in the management of forests and tree cover areas in Costa Rica, which includes mangrove areas. Associating the request for the existence or non-existence of forest with a Nombre3763 procedure is restricting the possibility that any person interested in the conservation of ecosystems in Costa Rica can access their right to know whether forest exists on a property or not. Applicable International Regulations for the Protection of Forests in Costa Rica: by virtue of Article 7 of the Political Constitution, which grants normative supremacy to international treaties in force in Costa Rica, it is appropriate to cite the international instruments ratified by the country in environmental and forest matters, which form part of the constitutional block (bloque de constitucionalidad) and must be observed in the interpretation and application of all national regulations. 1. Convention on Biological Diversity (CBD), 1992 Ratified by Costa Rica through Law No. 7416. This Convention obligates the State to conserve forest ecosystems, promote the sustainable use of biodiversity, and adopt measures to prevent the degradation of biological resources. Articles 6, 7, 8, and 10 of the CBD establish direct duties of planning, regulation, and conservation of areas that concentrate biological diversity, including natural forests. 2. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 1992 Ratified through Law No. 7414, together with the Paris Agreement, ratified by Law No. 9366. The UNFCCC recognizes that forests constitute essential carbon sinks and obligates States to formulate policies and programs aimed at their conservation and sustainable management (arts. 4 and 5). The Paris Agreement, for its part, reinforces the commitment to conserve forests as an essential tool for climate mitigation (art. 5). 3. United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), 1994 Ratified by Law No. 7768. Establishes obligations to combat land degradation and promote the sustainable management of ecosystems susceptible to desertification, including dry forests and vulnerable zones (arts. 4 and 5). 4. Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, 1971 Ratified by Law No. 7224. Although it focuses on wetlands, its scope of protection includes mangroves and floodplain forests, obligating the State to guarantee their conservation and wise use (arts. 2 and 3). 5. CITES Convention, 1973 Ratified by Law No. 5605. Regulates the international trade in protected species of flora and fauna, including threatened tree species from Costa Rican forests (art. II). The country has the obligation to prevent the extraction or trade that puts endangered forest species at risk. 6. ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Ratified by Law No. 7316. Recognizes the right of indigenous peoples to their territories, forests, and natural resources, and requires the conducting of prior, free, and informed consultation before any administrative or legislative measure that may affect their lands or ecosystems (arts. 6, 13, and 15). 7. American Convention on Human Rights and the Protocol of San Salvador. Although the Convention does not explicitly mention the environment, Inter-American jurisprudence has recognized that the right to a healthy environment is integrated within Article 26 on economic, social, and cultural rights. The Protocol of San Salvador (Law No. 7907) expressly recognizes that right (art. 11). 8. Rio Declaration on Environment and Development, 1992. Although it is not binding, the Constitutional Chamber has used the Declaration as an interpretive criterion of mandatory study. Relevant Principles: • Precautionary Principle (Principle 15). • Citizen participation (Principle 10). • Sustainable development (Principle 1). These principles serve as criteria to determine the reasonableness and constitutionality of regulations that affect forests and terrestrial ecosystems. Relevant Facts: • Circumstances of the case motivating the filing and explanation of how the challenged regulation or act affects the constitutional rights of the petitioner: A. Only one entity (SETENA) can request a technical opinion or certification of the existence of forest from the AFE. This generates an unjustified difference of treatment between: • Nombre3763 (privileged with the exclusive power to request official technical opinions), versus • landowners or interested persons, who cannot request official certification from the AFE. Why this is unconstitutional: 1. There is no valid technical or legal reason to prevent an owner or an interested person from directly obtaining a certification on the existence or non-existence of forest on their own land or requesting it regarding a piece of land; for example, one belonging to a public institution or municipality. 2. Access to environmental information is a right of all persons (Principle 10 of Rio; reiterated by the Constitutional Chamber in rulings 2006-17126 and 2012-12716). 3. The exclusivity granted to Nombre3763 is arbitrary, as it does not arise from the \"Ley Forestal\" or any formal law, but from an administrative criterion (official letter). 4. Any limitation of rights must be done by law, not by official letter or circular (principle of legal reservation; Constitutional Chamber ruling 17659-2008). Conclusion: there is unequal treatment without objective basis, prohibited by art. 33 of the Constitution. B) Violation of the Right to a Healthy Environment (art. 50 Political Constitution). The Constitutional Chamber has repeatedly held that: • Forest information is part of the constitutional protection of the environment. • The citizenry has the right to know the status of forests and to demand their protection (rulings 12716-2012, 04619-2013, 5893-95, 16975-2008). The violation is produced by: C). The nonexistence of an official procedure to certify forest. This produces: 1. Environmental legal uncertainty: owners or interested persons do not have a clear mechanism to request the determination of the existence of forests on a property. 2. Obstruction of the right to participate and supervise forest protection: without official avenues for requesting certification, the citizen cannot adequately exercise their constitutional duty/right of environmental protection (art. 50). 3. Risk of administrative arbitrariness: Each SINAC office may be interpreting differently what to do or how to respond. The lack of clear mechanisms allowing access to environmental information could constitute a violation of art. 50 CP. D) Land-use change (cambio de uso del suelo) is prohibited, but persons are not allowed to directly request certification to establish whether or not there is forest. Environmental duties are imposed, but the instruments to fulfill them are not created. The petitioner requests the following: 1. That the Unconstitutionality Appeal be granted. 2. That the unconstitutionality of the indicated omission or interpretation be declared. 3. That the corresponding authorities be ordered to take the administrative measures to solve the identified problem, as appropriate. 4. That coordination be generated with Nombre3763 and other institutions to include the products generated as part of institutional procedures.\n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any action submitted for its consideration that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a prior, identical or similar rejected action.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\n**CONSIDERING:**\n\n**I.- REQUIREMENTS AND FORMALITIES OF THE UNCONSTITUTIONALITY ACTION.** This Chamber has repeatedly indicated that the unconstitutionality action is a proceeding with certain formalities, which, if not met, make it impossible to rule on the merits of the matter. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the admissibility prerequisites for unconstitutionality actions and regulates different situations. The first paragraph requires the existence of a pending matter to be resolved, whether in a judicial venue – including habeas corpus or amparo appeals – or in the administrative venue – in the procedure for exhausting this channel, i.e., in the administrative challenge procedure against the final act –, in which the unconstitutionality of the questioned regulation is invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered injured in the main matter. The second and third paragraphs regulate the direct action – the base matter is not required – in the following cases: a) when, by the nature of the matter, there is no individual and direct injury; b) it involves the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole; and c) when the action is brought by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, and the Defensor de los Habitantes. Regarding the requirement of a pending matter to be resolved, this Chamber, through judgment No. 04190-95 of 11:33 hours on July 28, 1995, stated the following:\n\n\"(…) In the first place, it is a proceeding of an incidental nature, and not a direct or popular action, meaning that the existence of a pending matter to be resolved is required - whether before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative channel - in order to access the constitutional venue, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right considered injured in the main matter, so that what is resolved by the Constitutional Court has a positive or negative repercussion in said pending proceeding, as it rules on the constitutionality of the norms that must be applied in said matter; and only by exception does the legislation allow direct access to this venue - prerequisites of the second and third paragraphs of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction (…)\".\n\nLikewise, there are other formalities that must be fulfilled, namely: the filing document must be authenticated and contain an explicit determination of the challenged regulations, duly grounded, with specific citation of the components of the constitutional block (bloque de constitucionalidad) that are considered infringed (Article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction). It must also demonstrate the conditions of standing (powers of attorney and certifications), proceed with the payment of the Costa Rica Bar Association (Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica) stamp, and provide a literal certification of the document in which the unconstitutionality of the challenged norms was invoked in the base case (Article 79 of the Law of Constitutional Jurisdiction).\n\n**II.- ON THE PROCESS.** In the case at hand, the initial document lacks the proper authentication and proof of payment of the Costa Rica Bar Association stamp. Furthermore, the petitioner omitted to indicate the basis of their standing to file this action. However, for procedural economy, the warning provided for in Article 80 of the Law of Constitutional Jurisdiction is omitted, since the action is inadmissible, due to its object not being provided for in numerals 10 of the Political Constitution and 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as explained below.\n\n**III.- OBJECT OF THE ACTION.** The petitioner expressly challenges an alleged unconstitutional omission, by stating the following:\n\n\"The omission being challenged is:\n\nThere is no general, formalized procedure or process in the legal framework for any owner or interested person to request from the State Forest Administration (AFE) a certification of the existence of forests or forest cover, according to official letter CARTA-SINAC-SE-DE-1557-2025, dated November 7, 2025\".\n\n**IV.- ON UNCONSTITUTIONALITY BY OMISSION.** Insofar as the configuration of a presumed unconstitutionality by omission is accused, it is relevant to refer to what was resolved by this Chamber regarding the topic of legislative omissions and their control by the Constitutional Court. In ruling No. 5649-05 of 14:39 hours on May 11, 2005, the Chamber considered the following:\n\nIII.- CONTROL OF LEGISLATIVE OMISSIONS AND PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS. The Law of the Constitution, that is, the set of constitutional principles, values, and precepts contained in the Magna Carta, can be infringed by public powers and individuals through active or omissive conducts. For the particular case of the Legislative Assembly, that branch of the State breaches the constitutional block (bloque de constitucionalidad) by action when it dictates unconstitutional laws or when, during the legislative procedure for their issuance, it incurs substantial defects of such magnitude that warrant their annulment. The Legislative Assembly infringes the parameter of constitutionality by omission when, faced with an express or tacit mandate of the original constituent body or the reform power to enact a law developing a constitutional content or clause, it fails to do so – absolute omission – or when, despite having enacted a law, it is discriminatory, by omission, by not regulating the situation of a specific sector or group of the population or of the potential recipients it should have included or covered – relative omission. In both cases, this Constitutional Court has sufficient powers and express normative authorization to exercise constitutional control and declare a possible unconstitutionality of the omissive conduct. Indeed, Articles 10, 48 of the Political Constitution and 1° of the Law of Constitutional Jurisdiction charge this specialized Chamber with ensuring the supremacy of the Law of the Constitution, so that if this Court deems that a conduct by omission of the Legislative Assembly breaches it, it is exercising that preeminent and essential function and must so declare to restore the rule of constitutional order. It should be observed that Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in its subsection a), establishes that the unconstitutionality action shall apply \"Against laws and other general provisions, even those originating from acts of private subjects, which infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle\"; this subsection covers the case of relative or partial omissions, since it presupposes that a law has already been enacted that is unconstitutional by omission by not covering certain material situations, groups, or sectors of recipients it should have encompassed. Subsection f) of that same numeral prescribes that the unconstitutionality action shall also proceed \"Against the inertia, omissions, and abstentions of public authorities\"; there is no doubt that this normative hypothesis covers legislative omissions of an absolute nature, since the Legislative Assembly, as a power of the State or public authority, must comply with the express or tacit mandates imposed by the original constituent body or the reform power to mediate in the development of certain constitutional clauses or contents. Thus, it is evident that the control of constitutionality of legislative omissions does not collide with the principle of separation of powers (Article 9° of the Political Constitution), in this case, regarding those arranged by the Law of the Constitution for the ordinary legislator and those established by it for the Constitutional Court. This type of oversight, far from weakening that principle, enacts and strengthens it, since it clearly demarcates the scope of the powers and competencies, by action and omission, of the Legislative Branch in light of the Law of the Constitution. It is necessary to remember that the Political Constitution has a normative and direct efficacy that strongly binds all constituted public powers – including the Legislative Assembly and this Chamber – and urges them to respect and observe it, to prevent it from being circumvented in an oblique or indirect manner through omissive conducts or legislative silence, with this Chamber being, by express constitutional provision (Article 10), its guarantor. IV.- TYPES OF LEGISLATIVE OMISSIONS REGARDING THE DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONAL PRECEPTS. The constituent body can provide implicitly or explicitly that certain constitutional contents be developed by the legislator. In the first case, even if the constituent body does not provide that a law shall regulate the matter, the nature of the matter requires legislative mediation for its adequate operational application, that is, these are not complete, self-executing, or automatically applicable constitutional norms, but require legislatoris interpositio. The foregoing can also occur when, by application of the principle of legal reservation, a specific constitutional clause needs to be regulated by a legal norm (e.g., the regulation of fundamental rights, establishment of crimes, penalties, and taxes, etc.). Regarding the hypotheses in which the constituent body explicitly imposes on the legislator the development of a specific matter or constitutional content, as these are incomplete precepts, two different cases can be distinguished. The first arises when the legislator expressly establishes that a law will regulate a certain matter, without indicating a term or deadline to the legislator for its development, it being understood that, even in this case, it must occur within a reasonable timeframe for the effective fulfillment of the mandate and design arranged by the constituent body, without prejudice, of course, to the faculty of the Legislative Assembly to weigh whether such development is politically opportune or convenient at a given moment. The second case occurs when the constituent body, in addition to mandating that a law be enacted, sets a deadline for the legislator for the development and implementation of a constitutional content, a situation that, in our constitutional system, has occurred, basically, regarding certain partial reforms to the Constitution, in response to which the derivative constituent power understands that they must be implemented and complemented legislatively within a specific period, deeming that there is a certain urgency and speed or, so to speak, urgency in their execution. In this latter hypothesis, in which the reform power sets a specific deadline for the legislator, a sort of self-limitation occurs regarding the available time to process and issue the respective law, since it is the legislative body itself, acting as the reform power, that restricts or limits the times of that collegiate body and its instances – commissions –, acting as the ordinary legislator, to process and issue the implementing law. This self-restrictive nature, in terms of the timeframes for completing the legislative procedure, imposes on the Legislative Assembly a greater and more pronounced responsibility and commitment to process and issue the respective law, since it is that branch of the State itself, even though acting in materially or substantially different functions, that self-consents to the temporal restriction, aware of the volume of matters in process or in the legislative pipeline, the timelines of legislative procedures, and the capacity, limits, and scope of work of the commissions and the plenary. It is worth noting that, absolutely in all the aforementioned cases, the legislator retains full discretion or freedom to configure the content of the respective law, the only limit of which can be constituted by the constitutional parameter itself or the Law of the Constitution.\n\n**V.- ON THE INADMISSIBILITY OF THIS ACTION.** In the sub iudice, the petitioner claims that there is no procedure for an owner or interested person to request from the State Forest Administration a certification of the existence of forest or forest cover (cobertura boscosa), which they consider to be an omission contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as to international regulations aimed at protecting forests. Despite their allegations, based on what was set forth in the referenced judgment, the Court considers that we are not facing a case of unconstitutionality by omission, since none of the cases indicated in the partially transcribed judgment are present in this case. That is, the omission accused by the petitioner does not find a reference point in an express mandate of the constituent body that could be deemed unfulfilled. It should be reiterated that, only when the void implies the infringement of an express constitutional mandate is it possible to exercise the control in question, as expressed in judgment No. 2010-8600 of 15:08 hours on May 12, 2010:\n\n\"Although this Constitutional Court is empowered to act as a negative legislator, with the power to annul from the legal system all those norms it considers unconstitutional, the truth is that it is prevented from acting as a positive legislator creator of norms. On the other hand, even though this Chamber is competent to hear legislative omissions as established in Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it is important to clarify that not every normative omission can be challenged through this channel. In that sense, only those omissions that occur as a consequence of an express and direct mandate contained in the Political Constitution can be subject to constitutional control through the action channel.\"\n\nBy virtue of the foregoing, the action against the alleged omission claimed must be rejected.\n\n**VI.- Different reasons by Magistrate Rueda Leal.** I consider that a pending task for constitutional jurisprudence is to adequately specify the contours of unconstitutionality by omission, in order to materialize its exercise in procedural practice.\n\nIn my opinion, an unconstitutionality by omission also occurs when the exercise or protection of a fundamental right can be frustrated through legislative inaction. Not in vain does the American Convention on Human Rights establish the duty of States to adopt domestic legal provisions to make effective the rights and freedoms of that instrument (Article 2). Analogously, the fundamental rights recognized by our Constituent body – original or derived – must be operationalized through lower-level norms, which imposes an obligation on the legislator that can be heard by this Court.\n\nIn the case at hand, however, no express or tacit mandate for the legislator is visualized that could fulfill the pretensions of the petitioner or limit the free configuration that corresponds to it. To that extent, I reject the action.\n\n**VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE.** The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin Number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\n**THEREFORE:**\n\nThe action is rejected outright. Magistrate Rueda Leal provides different reasons regarding unconstitutionality by omission.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n4KWFCGOZPCY61\n\nCASE FILE No. 25-036920-0007-CO\n\nTelephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts.\n\nSouth of the Perpetuo Socorro church).\n\n \n\n \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:41:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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