{ "id": "nexus-sen-1-0007-1353778", "citation": "Res. 36569-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Desobediencia por demolición parcial en área de protección de quebrada", "title_en": "Partial demolition in stream protection area — compliance ruling", "summary_es": "La Sala Constitucional resuelve una segunda gestión de desobediencia interpuesta por el recurrente, quien alega que la Municipalidad de Pococí solo realizó una demolición parcial de las construcciones ilegales en zona de protección de una quebrada, incumpliendo la sentencia 2025007754. La municipalidad informó que todas las obras que invadían el área protegida fueron demolidas completamente, logrando la recuperación del área y el restablecimiento de las condiciones naturales. Los escombros resultantes se encuentran depositados temporalmente en la vía pública, sin obstruir el tránsito, y la municipalidad está coordinando su remoción definitiva. El SINAC respaldó la actuación municipal mediante informes que detallan la demolición total y recomendaciones de restauración natural. La Sala concluye que no existe incumplimiento de lo ordenado, pues la demolición fue completa y la remoción de escombros es una cuestión distinta que está siendo atendida. Se declara sin lugar la gestión.", "summary_en": "The Constitutional Chamber rules on a second contempt motion filed by the petitioner, who claims that the Municipality of Pococí only partially demolished illegal structures in a stream protection zone, violating judgment 2025007754. The municipality reported that all structures invading the protected area were fully demolished, achieving the area’s recovery and restoring natural conditions. The resulting debris is temporarily deposited on the public road without obstructing traffic, and the municipality is coordinating its final removal. SINAC supported the municipality’s actions through reports detailing the complete demolition and natural restoration recommendations. The Chamber concludes there is no breach of the court order, as demolition was complete and debris removal is a separate issue being addressed. The motion is dismissed.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "07/11/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "desobediencia", "demolición", "área de protección", "quebrada", "Ley Forestal art. 33", "construcción ilegal", "Control Constructivo municipal", "restauración natural" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 33", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "demolición", "desobediencia", "quebrada", "área de protección", "construcción ilegal", "Sala Constitucional", "Pococí", "SINAC", "recuperación ambiental" ], "keywords_en": [ "demolition", "contempt", "stream", "protection area", "illegal construction", "Constitutional Chamber", "Pococí", "SINAC", "environmental recovery" ], "excerpt_es": "En consecuencia, no observa esta Sala que los recurridos hayan incumplido lo ordenado en este proceso de amparo, de modo que se declara no ha lugar la gestión incoada.", "excerpt_en": "Consequently, this Chamber does not find that the respondents have failed to comply with what was ordered in this amparo proceeding, so the motion filed is dismissed.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Chamber denies the contempt motion because the municipality fully complied with the demolition order for illegal constructions in the stream protection area.", "summary_es": "La Sala declara sin lugar la gestión de desobediencia porque la municipalidad cumplió completamente con la orden de demolición de las construcciones ilegales en el área de protección de la quebrada." }, "pull_quotes": [ { "context": "Por tanto", "quote_en": "this Chamber does not find that the respondents have failed to comply with what was ordered in this amparo proceeding, so the motion filed is dismissed.", "quote_es": "no observa esta Sala que los recurridos hayan incumplido lo ordenado en este proceso de amparo, de modo que se declara no ha lugar la gestión incoada." }, { "context": "Informe municipal (Considerando III)", "quote_en": "the demolition actions carried out by this Municipality allowed the effective recovery of the protected area and the restoration of the site’s natural conditions.", "quote_es": "las acciones de demolición realizadas por esta Municipalidad permitieron la recuperación efectiva del área protegida y el restablecimiento de las condiciones naturales del sitio." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1353778", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 36569 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 07 de Noviembre del 2025 a las 09:30\n\nExpediente: 24-034305-0007-CO\n\nRedactado por: Jose Roberto Garita Navarro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 24-034305-0007-CO\n\nRes. Nº 2025036569\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de noviembre de dos mil veinticinco .\n\n \n\nGestión posterior planteada por Nombre6640, cédula de identidad CED23597, en el expediente nro. 24-034305-0007-CO.\n\n \n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de octubre de 2025, el accionante interpone gestión de desobediencia en relación con la sentencia nro. 2025007754 de las 9:20 de 14 de marzo de 2025, pues aduce que la municipalidad accionada realizó una demolición parcial de las obras ilegales. En ese tanto, aduce que la demolición no está completa. \n\n2.- Mediante resolución de magistrado instructor de las 9:39 horas de 30 de octubre de 2025, se confirió audiencia a las autoridades recurridas.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente el 4 de noviembre de 2025, Manuel Hernández Rivera, alcalde de Pococí, informa: “Indica el Ing. Ruíz que en seguimiento al cumplimiento de la Resolución N.° 2025007754 Recurso de Amparo N.° 24-034305-0007-CO, relacionada con la remoción de los escombros, provenientes de la demolición efectuada, lo siguiente: Aclara que la resolución de la Sala fue debidamente acatada por esta Municipalidad pues se cumplió cabalmente con la eliminación de las obras que invadían el área de protección de la quebrada, de conformidad con lo dispuesto en el fallo judicial. Que las acciones de demolición realizadas por esta Municipalidad permitieron la recuperación efectiva del área protegida y el restablecimiento de las condiciones naturales del sitio, por lo que la instrucción emitida por la Sala Constitucional se encuentra completamente atendida. Que el asunto que aduce el recurrente en el amparo por desobediencia se trata de un asunto que corresponde a hechos de naturaleza distinta a los resueltos por la Sala, ya que lo que afecta al señor Nombre6640 son los materiales y escombros, que surgieron producto de la demolición de la construcción levantada de manera ilegal y sin contar con los permisos municipales respectivos. Que dichos escombros actualmente y de manera temporal, se encuentran depositados en parte y parcialmente, dentro de la ronda de la vía pública, pues el lote donde se efectúo la demolición no cuenta con la cabida suficiente para colocarlos en su totalidad. No obstante, se ha constatado por parte del Ing. Municipal Jean Carlo Ruíz, que tales materiales no afectan ninguna infraestructura municipal ni obstaculizan el tránsito vehicular o peatonal, dado que la calle en cuestión posee un amplio derecho de vía superior, a los quince metros (15,10 m), lo que permite una adecuada circulación peatonal y vehicular en condiciones seguras. En este orden de ideas, y de acuerdo con el Ing. Olger Gutiérrez Mendoza, del Departamento de Obras Públicas, la Municipalidad, quien es el coordinador encargado de retirar dicho material, actualmente no cuenta suficiente maquinaria para realizar dicha operación y atender los estados de alerta declarados por la cantidad de lluvias en el Cantón, pues como Municipio que pertenece al comité regional de emergencia, se debe garantizar la efectividad en la respuesta a estos eventos naturales. Así mismo Gobierno Local no cuenta con un sitio o predio adecuado para la disposición de este tipo de materiales, lo cual ha dificultado su retiro inmediato, esto no quiere decir que dicho material se vaya a dejar allí por un largo plazo, sino que se están coordinado los actos necesarios para su retiro. Como se puede observar por parte de la Honorable Sala Constitucional, la remoción de los escombros resultado de la demolición no es un asunto que se pueda realizar en forma inmediata, pues no solo hay que programar el uso de la maquinaria sino encontrar un sitio idóneo para el depósito de dichos materiales, así las cosas para el próximo 17 de noviembre del presente año se trabajará en esta labor, asegurando que los residuos sean trasladados y depositados en un predio previamente definido y autorizado, el cual cumpla con las condiciones necesarias para la disposición temporal de este tipo de materiales solventando así la situación observada y asegurando que los materiales retirados sean manejados de forma responsable sin afectar otros espacios públicos ni áreas protegidas. Tal como lo analiza el Ing. Ruíz Hernández en el oficio DPCC-0164-2025 que fundamenta el presente informe, la Municipalidad de Pococí por medio de los Departamentos de Control Constructivo y Obras Públicas, atendió diligentemente la orden de la Sala Constitucional, en relación con la demolición ejecutada atendiendo lo dispuesto en la Resolución N.° 2025007754, este municipio procedió a la desocupación del área de protección de la quebrada, de manera tal, note la honorable Sala Constitucional, que no existe ningún tipo de desobediencia por parte de este Gobierno Local a lo ordenado. Ahora bien, lo citado por el recurrente Nombre6640, se trata de un asunto distinto, para este caso debe indicarse que actualmente se encuentra pendiente la remoción de materiales de escombro, producto de dicha demolición, esto no debe entenderse esto como una desobediencia ni mucho menos, pues dicho materia se encuentra depositado de manera temporal a un lado de la construcción, en una zona donde no obstaculizan ni el tránsito vehicular ni peatonal, (área correspondiente a la ronda de la calle, donde no existen aceras ni otra infraestructura municipal susceptible de afectación), lo anterior por cuanto se trata de un trabajo pendiente de realizar dentro de toda la programación que debe ser atendida por este Municipio, con una sola vagoneta y en un periodo de emergencias por lluvias e inundaciones. En este sentido, la Municipalidad procedió a demoler TODO TIPO DE EXTRUCTURA que se encontraba invadiendo la zona de protección, consecuentemente lo que señala Nombre6640 debe ser rechazado por la Honorable Sala Constitucional pues no existe desobediencia alguna. Con base en lo expuesto, se deja constancia de que esta Municipalidad ha obedecido la orden girada por la Sala Constitucional y a la fecha se han efectuado las coordinaciones necesarias y llevado a cabo todas las actuaciones dentro de las posibilidades materiales con que cuenta la Municipalidad para Conforme a lo expuesto solicita esta representación de manera respetuosa declarar sin lugar la gestión de desobediencia presentada por el señor Nombre6640, ya que no se ha demostrado que exista dolo, negligencia ni omisión por parte de esta Municipalidad, todo lo contrario, el cumplimiento de la orden judicial se ha armonizado con el debido proceso, la seguridad jurídica y el interés público.”.\n\n4.- Por escrito incorporado al expediente el 5 de noviembre de 2025, David Chavarría Morales, director ejecutivo del SINAC, informa: “PRIMERO: Que el auto de las nueve horas doce minutos del veintitrés de mayo de dos mil veinticinco fue notificado al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en fecha 30 de octubre del 2025. Por lo que el presente informe se rinde dentro del plazo de ley. SEGUNDO: Que mediante oficio SINAC-SE-DE-0373-2025 del 18 de marzo del 2025 se comunicó al Área de Conservación Tortuguero la resolución número 2025007754 dictada dentro de expediente N°24-034305-0007-CO del señor Nombre6640 y se solicitó dar cumplimento de lo ordenado por la Sala Constitucional dentro del plazo otorgado de dos meses y que una vez atenida la gestión, se rindiera informe a la Dirección Ejecutiva para lo respectivo según consta en autos por haber sido informado previamente. TERCERO: Que se solicitó informe de actualización de acciones realizadas por al Área de Conservación Tortuguero (ACTo), mediante correo electrónico de fecha 30 de octubre de los corrientes, al ser la instancia competente de conformidad a lo regulado en el numeral 28 de la Ley de Biodiversidad N°7788. CUARTO: Que mediante correo electrónico de fecha 31 de octubre del 2025 la señora Elena Vargas Ramírez, directora regional a.i. del Área de Conservación Tortuguero remitió los informes DPCC-0106-2025 del 16 de junio del 2025 y SINAC-ACTo-DR-DT-DRFVS-INF0001-2025 del 18 de junio del 2025. QUINTO: Que en el informe DPCC-0106-2025 el Ingeniero Jean Carlo Ruiz Hernández, Coordinador Proceso Control Constructivo informa al alcalde Municipal de Pococí lo siguiente: “El día jueves 12 de junio de 2025, se procedió a ejecutar la demolición completa de las estructuras construidas de manera irregular dentro de dicha zona de protección ambiental. La labor fue realizada mediante el uso de maquinaria y personal municipal, garantizando el cumplimiento riguroso del mandato judicial y las disposiciones ambientales vigentes… Cabe señalar que la ejecución de esta medida contó con el acompañamiento y apoyo directo de funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quienes brindaron la delimitación técnica del área de protección y determinaron in situ el punto adecuado para la disposición de los escombros, conforme a criterios de no afectación del entorno natural.” (La negrita es del original) SEXTO: Que en informe SINAC-ACTo-DR-DT-DRFVS-INF-0001- 2025 del 18 de junio del 2025 señala la forma en que se atendió la demolición de infraestructura realizada el 12 de junio del 2025 por parte de la Municipalidad de Pococí señalando: “Las acciones de demolición iniciaron a las 8:52 a.m. con la intervención de la retroexcavadora que fue derribando sistemáticamente las paredes, columnas y piso existentes. Con la ayuda de la maquinaria también se removió la estructura metálica que en apariencia estaba siendo usada como puente. Los residuos fueron depositados provisionalmente en una esquina de la propiedad donde estaba la vivienda y el derecho de vía fuera del área de protección hídrica de la quebrada. Las labores de limpieza de la maquinaria se extendieron a la eliminación de escombros del suelo hasta dejar en la medida de lo posible el suelo expuesto para que se faciliten los procesos de sucesión natural que permitan la restauración natural del sitio afectado. En la sección posterior, se derribó manualmente la estructura vertical que sostenía las cerchas, quedando únicamente el piso de concreto que no se pudo eliminar debido a que no había forma viable pasar la retroexcavadora al otro lado del río. También en la sección posterior del lote se quitaron los residuos inorgánicos dejados en el área de protección hídrica y se colocaron en una sección del lote fuera de área de protección hídrica. Las labores de demolición se dieron por concluidas aproximadamente a las 12:42 p.m.” (El subrayado es nuestro) SETIMO: Que el informe SINAC-ACTo-DR-DT-DRFVS-INF-0001- 2025 establece además, las consideraciones técnicas sobre el proceso de restauración que debe aplicarse sobre del área afectada indicando: “Con base en el registro de imágenes satelitales y de fotografías aéreas de alta resolución disponibles para la zona se tiene que para el 2003 el área del lote en cuestión se caracterizaba por carecer de cobertura boscosa con cobertura predominante de pasto o charral bajo, pasando desde ese momento y hasta el 2022 por ciclos en los que se observa algún grado de cobertura vegetal de mayor altura. Con base en ese antecedente se puede recomendar que para el área en cuestión se considera como método de restauración apto el establecimiento de una sucesión natural que permita alcanzar las condiciones similares antes de la afectación en un periodo estimado de 2-3 años.” (El subrayado es nuestro) OCTAVO: Que el Área de Conservación Tortuguero del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha ejecutado las acciones de coordinación con la Municipalidad de Pococí para dar efectivo cumplimiento de lo ordenado en sentencia número 2025007754 de la Sala Constitucional según consta en los oficios aportados como prueba a este informe así como la emisión de las recomendaciones técnicas correspondientes para la restauración del sitio en cuestión.”.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Garita Navarro; y,\n\n Considerando:\n\nI.- En la sentencia nro. 2025007754 de las 9:20 de 14 de marzo de 2025 se dispuso:\n\n“(…) SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, el recurrente acusa que la municipalidad accionada no ha ejecutado la demolición de una construcción ilegal en una zona protegida por la Ley Forestal, situación que fue denunciada desde noviembre de 2022. Acota que la afectación fue verificada también por el Sinac; empero, no se han ejecutado las acciones administrativas correspondientes, toda vez que se alega los hechos ya fueron denunciados a la Fiscalía y se instauró el respectivo proceso penal.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que, en noviembre de 2022, el recurrente interpuso una denuncia ante la Municipalidad de Pococí, por una construcción ilegal en un área de protección (zona de quebrada), en la Localidad de la Unión de Pococí. Por medio de la resolución nro. 8:36 horas de 15 de junio de 2023, la Unidad de Control Constructivo de la municipalidad accionada dispuso: “(…) se remite copia del expediente administrativo DCU-931-5-23 al SINAC con la finalidad de ampliar la denuncia que dicha entidad realizó ante la fiscalía y se valore el daño ambiental producido por la construcción y se definan las causas de mitigación para la corrección de los posibles daños que se pudieron perpetuar por la construcción ilegal.”. Mediante oficio nro. DPCC-093-2023 de 26 de junio de 2023, la municipalidad accionada le comunicó al amparado lo siguiente: “Le saludo respetuosamente, en atención al oficio recibido con fecha de 14 de junio del presente año en relación con el caso de la señora Olivia Lumbi le manifiesto que el 31 de mayo del presente año el SINAC mediante oficio SINAC-ACTo-DRFVS-PPC-021-2023 informó a esta Unidad que la obra ya fue denunciada ante la Fiscalía por infracción a la Ley Forestal y el día 14 de junio se le remite copia del expediente administrativo DCU-931- 5-23 al SINAC con la finalidad de ampliar la denuncia ya interpuesta ante la fiscalía, se valore el daño ambiental producido por la construcción y se definan las causas de mitigación para la corrección de los posibles daños que se pudieron perpetuar por la construcción ilegal, lo anterior en apego a lo dispuesto en el inciso 2 inciso b. del Reglamento de Inspecciones, Demoliciones y Otras Sanciones, por Infracciones Urbanísticas y su Cobro Administrativo de la Municipalidad de Pococí. Finalmente el día 16 de junio se notifica la resolución final del expediente a la señora Olivia Lumbi en el sitio del proyecto en donde se le indica que al encontrarse la construcción invadiendo aparentemente el área de protección de una quebrada y en apego lo que establece la ley Forestal y el Reglamento de Inspecciones, Demoliciones y Otras Sanciones, por Infracciones Urbanísticas y su Cobro Administrativo de la Municipalidad de Pococí se procedió a remitir copia del expediente administrativo que maneja la Municipalidad con el fin de ampliar la denuncia que ya existe ante la fiscalía. Cabe recordar que la ley Forestal Nº 7575 establece en su artículo 58 sanciones penales que van desde los 3 meses a tres años de prisión a quien invada un área de conservación o protección, independientemente de que se trate de terrenos privados. Sanción que corresponderá dictar a un tribunal justicia especializado en la materia posterior a la valoración del caso y del posible impacto que puede tener en los recursos naturales que se vieren afectados por la construcción. Por lo que la Municipalidad estará atenta a lo que finalmente resuelva el juzgado correspondiente para actuar según nuestras competencias y en lo que así dispongan las autoridades.”. Mediante el oficio nro. SINAC-ACTO-DRFVS-PPC-DEN-059-2022, el Área de Conservación Tortuguero del Sinac denunció ante la Fiscalía de Pococí la construcción ilegal de una vivienda en un área de protección. Por medio del oficio nro. SINAC-ACTO-DIR-PPC-DEN-013-2024, el Sinac realizó una ampliación de denuncia ante la Fiscalía de Pococí. En dicho documento se indicó: “se puede evidenciar la casa que se encuentra dentro del área de protección (15 m a cada lado de la quebrada), establecido en el artículo 33 de la Ley Forestal 7575.”. Mediante el oficio nro. SINAC-ACTO-DIR- 395-2024 de 10 de diciembre de 2024, el Sinac le comunicó al amparado lo siguiente: “Nuestra oficina denunció una invasión al área de protección de una quebrada, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 58 de la Ley Forestal (delito penal), lo cual es diferente a la realización de una obra sin los permisos constructivos (falta administrativa), en donde la Municipalidad tiene la obligación y el deber de actuar conforme a su normativa. Si bien es cierto, cuando se tramitan este tipo de causa penal en algunas oportunidades se ordena la restitución de las cosas a su estado natural, lo que podría conllevar a la demolición de la construcción realizada en el área de protección de la quebrada o río, eso no le imposibilita a la Municipalidad Cumplir con la normativa que les regula (…) En este caso en concreto, ya existe confirmación de la invasión por lo cual se interpuso la denuncia penal correspondiente con la valoración del daño por la invasión (…)”.\n\nDesde este panorama, resulta necesaria la intervención de esta Sala.\n\nEn primer lugar, en cuanto a la municipalidad accionada, resulta inaceptable que no haya efectuado alguna acción concreta para solucionar la situación de la construcción ilegal y la invasión al área protegida que fue denunciada desde noviembre de 2022. En ese sentido, si bien se interpusieron las denuncias respectivas ante la Fiscalía de Pococí para que en la jurisdicción ordinaria se determine la responsabilidad penal de la persona infractora, no menos cierto es que la municipalidad recurrida tiene la obligación de realizar las actuaciones correspondientes, dentro del marco de sus competencias, para atender y solucionar administrativamente alguna situación que infrinja la normativa ordinaria, independientemente del trámite del proceso penal.\n\nAl respecto, en lo que atañe a construcciones ilegales, que afectan al ambiente, en asuntos análogos, contra gobiernos locales, este Tribunal ha sostenido:\n\n“Objeto del recurso. Los recurrentes estiman lesionados sus derechos fundamentales, ya que en los cerros de la Carpintera, los cuales se encuentran protegidos por medio del decreto ejecutivo n.º 6112-A-MAG, se han realizado construcciones sin permisos municipales, que incumplen los requisitos mínimos de ingeniería y dañan el ambiente, pues están ubicadas en una zona de amortiguamiento, lo que, además, genera riesgos de deslizamiento y es un peligro para vidas humanas. Señalan que el 13 de junio de 2019 remitieron gestiones al Alcalde de la Unión respecto al caso; sin embargo, el recurrido no ha tomado acciones concretas para atender y dar respuesta a sus denuncias (…)\n\nJustamente, en sentencia No. 2019-16793, este Tribunal declaró parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto No. 29278-MINAE del 15 de enero de 2001, y anuló la reducción del área de la Zona Protectora Cerro de la Carpintera que esa normativa disponía, quedando vigente ese decreto, únicamente en lo concerniente a la ampliación de la Zona Protectora Cerro de la Carpintera; asimismo, se ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que procediera a delimitar el área ampliada, en mención. Lo anterior se dictó precisamente por estimar que no se pueden modificar los límites de un área silvestre protegida sin un estudio técnico previo que así lo justifique, y menos aún vía reglamentaria. Se trata de una zona de gran valor ambiental, lo cual no ha sido desvirtuado con un estudio técnico, y, como tal, debe ser debidamente protegida. Se recuerda al recurrido, que este Tribunal ha indicado que el derecho a un ambiente sano y equilibrado obliga al Estado a procurar una protección adecuada al ambiente, esto es, a tomar las medidas necesarias para evitar que las alteraciones producidas por la actividad humana constituyan una lesión al ambiente. De esa forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente -o una duda fundada al respecto-, los principios rectores del Derecho al Ambiente exigen medidas de prevención o precaución para que esa afectación no se produzca o se posponga la actividad de que se trate, por cuanto de producirse las consecuencias biológicas y sociales nocivas, una resolución a posteriori resultaría ineficaz y se limitaría a una trascendencia moral. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo requiere que cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante debe ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables. Este principio se puede aplicar cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero existen elementos suficientes para preveer eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio se refiere a los casos en los que, según el principio 15 de la Declaración de Río, existe falta de certeza científica sobre los riesgos y sus impactos de cierta actividad. En general, se indica que la diferencia entre el principio preventivo y precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra genere. El principio precautorio solo aplica si existe tal estado de duda resultado de determinada información científica, estudios técnicos, etc., que estén disponibles o se hayan realizado. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a velar y a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del medio ambiente. El Derecho a la Constitución exige utilizar todos los medios disponibles -sean estos jurídicos o fácticos- para preservar el ambiente. En materia ambiental, tanto la Administración como la ciudadanía en general tienen la obligación de velar por su protección, de forma que un funcionario no se puede limitar simplemente a declararse incompetente y menos aún, omitir cumplir con sus deberes de fiscalización y restablecimiento del ordenamiento jurídico. El artículo 50 constitucional obliga al Estado y demás instituciones públicas a intervenir activamente en la protección del ambiente (ver sentencia número 2011-010889 de las 15:22 horas del 16 de agosto del 2011). En aplicación de tales principios y cuando así resulte procedente, la administración debe abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En el sub examine, la omisión del recurrido apuntada por los recurrentes y constatada por este Tribunal es inaceptable, tomando en consideración que el municipio es el primer llamado a atender los problemas de su localidad, ya que la problemática descrita se ha debido a la falta de previsiones y controles necesarios de previo a las construcciones autorizadas. Tales deberes han sido precisados por este Tribunal en su jurisprudencia:\n\n“Sobre la tutela de los intereses locales enmarcada en el artículo 169 de la Constitución Política. En otras ocasiones, esta Sala ha señalado que dicho artículo establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como conceptos jurídicos indeterminados, donde la ley no resuelve con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido (ver en ese sentido la resolución Nº 2007-002402). Estos intereses y servicios locales, si bien a quien corresponde tutelarlos de manera genérica es al Gobierno Municipal, este puede distribuir sus tareas en diferentes funcionarios con el fin de buscar la manera más efectiva de protección de dichos intereses; es decir, el Gobierno Municipal, incluidos el Alcalde y los regidores municipales, tienen a su disposición todo un cuerpo de funcionarios que tienen la potestad de tomar una serie de decisiones con el fin de dividir funciones y tareas, reducir trabajo, y principalmente por criterios de especialidad, ya que existen funcionarios técnica y académicamente más capacitados que otros para la toma de ciertas decisiones” (ver sentencias número 2008-001604 y 2015-11089)\n\n“VII.- El papel de las municipalidades en materia ambiental. De conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta dosis de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente. Es indubitable la facultad de los gobiernos locales para darse su propia ordenación territorial a través de los planes reguladores; pero la existencia de éstos -que en su mayoría carecen de complementos de ordenación desde el punto de vista del ambiente sano y ecológicamente equilibrado- no produce la desaplicación de la legislación tutelar ambiental. Por el contrario, estima la Sala que debe ser requisito fundamental, que no atenta contra el principio constitucional de la autonomía municipal, el que todo plan regulador deba considerar, de previo a ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la perspectiva que da el artículo 50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes sean compatibles con los alcances de la norma superior, sobre todo, valorando que esta disposición establece el derecho de todos los habitantes a obtener una respuesta ambiental de todas las autoridades públicas y ello incluye, sin duda,  a las municipalidades, quienes no están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de su legislación de desarrollo. Es evidente que en este caso, es totalmente coincidente el interés nacional y el local, y por ello los gobiernos locales pueden y deben exigir el cumplimiento de requisitos ambientales en su territorio, y en caso de conflicto con las autoridades rectoras de la materia ambiental, pueden someter las controversias al contralor jurisdiccional que corresponda según la naturaleza de la infracción. Es por lo anterior que las normas tutelares del ambiente no son incompatibles, desde el punto de vista constitucional, con las facultades y competencias de las municipalidades, las que están obligadas, por imperativo del artículo 50 de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente –ver, en este sentido, sentencia número 2006-7994, de las ocho horas cincuenta y siete minutos del 2 de junio de 2006- (sentencia No. 2016-2830).” (Sentencias reiteradas en la No. 2016-5319 de las 9:05 horas del 22 de abril de 2016)\n\nEn este caso, la Municipalidad de La Unión incumplió su labor de fiscalización, y de dar seguimiento a un problema evidenciado desde el año 2014, en detrimento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la seguridad de las personas, pues a pesar del tiempo transcurrido y de lo ya resuelto en firme, no ha adoptado medidas efectivas para corregir la situación denunciada. Por consiguiente, también procede acoger el recurso por violación a los artículos 21 y 50 constitucionales.”. (Sentencia nro. 2019021889 de las 9:45 horas de 8 de noviembre de 2019).\n\nAsimismo, en la sentencia nro. 2023024202 de las 9:15 horas de 29 de septiembre de 2023, esta Sala dispuso:\n\n“Al respecto, se verifica que desde hace aproximadamente 10 años la municipalidad recurrida tiene conocimiento de la situación de invasiones ilegales al inmueble 542135-000, que es una propiedad pública de ese gobierno local, cuya naturaleza es “terreno para parque”.\n\nAhora bien, pese a que en el transcurso de los años la municipalidad recurrida ha efectuado algunas actuaciones para atender el caso, aún no se han adoptado las medidas correspondientes para solucionar de manera integral y definitiva la problemática acusada. En tal sentido, véase que apenas en julio de 2023 se planeaba realizar un vuelo con drones, para contar con mayores insumos e información acerca de los alcances de las invasiones en la propiedad de marras.\n\nAsí las cosas, visto que se trata de una zona pública destinada como “terreno de parque”, y por ende relacionada intrínsicamente con el disfrute de un ambiente sano, esta Cámara acoge el reclamo planteado, pues la omisión de la autoridad recurrida de solucionar el problema de marras dentro de un plazo razonable contraviene lo establecido en el ordinal 50 de la Constitución Política.”.\n\nAsí las cosas, la inercia de la municipalidad recurrida resulta inaceptable y lesiva del ordinal 50 de la Constitución Política.\n\nPor otra parte, en relación con el Sinac, también se observan omisiones respecto de actos concretos para solucionar la situación de afectación ambiental que fue debidamente constatada por esa misma dependencia.\n\nAl respecto, si bien la autoridad referida denunció la situación ante la instancia penal competente, no menos cierto es que la legislación ordinaria también dispone que el Sinac tiene la obligación de efectuar distintas actuaciones administrativas ante la constatación de daños ambientales.\n\nAl respecto, en la sentencia nro. 2024004807 de las 9:20 horas de 23 de febrero de 2024, atinente también a una problemática de invasión a zonas protegidas, esta Cámara indicó:\n\n“En primer lugar, la Sala observa que la solicitud planteada ante el Sinac expone la afectación al “humedal laguna Carrizal” por el levantamiento de infraestructuras y la realización de quemas, además, solicita la investigación de lo planteado y que se ejecuten acciones de control, resguardo y sanción; empero, tal órgano desconcentrado del Minae solo llevó a cabo una inspección en la zona e interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (en la que no se abordaron la totalidad de los extremos alegados en la gestión del recurrente). Nótese que en el “Informe por daños al ambiente” enviado a la fiscalía, se aludió únicamente a construcciones y la apertura de un camino dentro del área de protección de la laguna Carrizal. En todo caso, la actuación del Sinac en sede administrativa no puede limitarse, una vez constatada alguna posible situación de relevancia ambiental, a la remisión del asunto a la fase investigativa en la vía penal. Precisamente, tal dependencia tiene potestad de instaurar los procedimientos sobre denuncias que se formulen por infracciones a la normativa ambiental y emitir actos administrativos para procurar su cumplimiento. De ahí que la omisión en atender el fondo de la situación denunciada constituye un extremo de relevancia constitucional a los efectos de procurar la tutela del numeral 50 constitucional.\n\nEn relación con lo anterior, la Ley de Biodiversidad indica:\n\n“ARTÍCULO 22\n\nSistema Nacional de Áreas de Conservación Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos.\n\n(…)\n\nARTÍCULO 28.-\n\nÁreas de Conservación El Sistema estará constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales en materia de conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica. Deberán ejecutar las políticas, las estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en materia de áreas protegidas; asimismo, tendrá a su cargo la aplicación de otras leyes que rigen su materia, tales como la Ley de conservación de la vida silvestre, No. 7317, de 30 de octubre de 1992, y la Ley Forestal, No. 7575, de 13 de febrero de 1996, Ley Orgánica, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, y la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977. Basado en las recomendaciones del Consejo, el Ministerio del Ambiente y Energía definirá la división territorial que técnicamente sea más aconsejable para las Áreas de Conservación del país, así como sus modificaciones”.\n\nAsimismo, la Ley de Conservación de Vida Silvestre señala:\n\n“Artículo 7.- El Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes funciones en el ejercicio de su competencia:\n\na) Establecer las medidas técnicas por seguir para el buen manejo, conservación y administración de la vida silvestre(*), objeto de esta ley y de los respectivos convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica.\n\n(*)(Modificada su denominación por el artículo 3° de la ley N° 9106 del 20 de diciembre del 2012, anteriormente decía \"flora y fauna silvestre\")\n\nb) Establecer los refugios nacionales de vida silvestre y administrarlos.\n\nc) Fomentar el establecimiento de los refugios nacionales de vida silvestre en propiedad mixta o privada.\n\nd) Promover y ejecutar programas de educación e investigación sobre el uso adicional de los recursos naturales renovables del país, en el campo de la vida silvestre que le competen, de conformidad con esta ley.\n\ne) Promover y ejecutar investigaciones en el campo de la vida silvestre, salvo aquellos que se refieran a recursos genéticos y bioquímicos regulados por la Ley de Biodiversidad.\n\nf) Extender, denegar o cancelar los permisos de caza de control, extracción, investigación, colecta científica y académica y cualquier permiso para importar o exportar vida silvestre, sus partes, productos y derivados, así como aprobar, rechazar o modificar los planes de manejo y permisos de funcionamiento de los diferentes establecimientos de manejo de vida silvestres, refugio de vida silvestre y para aquellas actividades de manejo de vida silvestre que lo requieran.\n\ng) Financiar las tesis o las investigaciones que permitan el mejor conocimiento de la vida silvestre.\n\nh) Proteger, supervisar y administrar, con enfoque ecosistémico los humedales, así como determinar su calificación de importancia nacional o internacional.\n\ni) Crear y gestionar los programas de manejo, control, vigilancia e investigación sobre la vida silvestre.\n\nj) Apoyar los programas de educación formal e informal de la Comisión Interinstitucional para la Educación y la Conciencia Pública e Investigación en Biodiversidad (Ciecopi).\n\nk) Coordinar con los otros entes competentes en la prevención, mitigación, atención y seguimiento de los daños a la vida silvestre.\n\nl) Promover la participación responsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.\n\nm) Fomentar la conservación de ecosistemas naturales.\n\nn) Establecer planes de contingencia para la protección de la vida silvestre, en caso de desastres naturales.\n\nñ) Coordinar acciones con las instituciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales para la conservación y el manejo sostenible de la vida silvestre.\n\nLa delimitación de los humedales se hará por decreto ejecutivo, según criterios técnicos.\n\n(Así reformado por el artículo 1 de la ley N° 9106 del 20 de diciembre de 2012)”.\n\nEn adición, el numeral 99 de la Ley Orgánica del Ambiente establece:\n\n“Artículo 99.- Sanciones administrativas. Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones:\n\na) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo.\n\nb) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez comprobados.\n\nc) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto ambiental.\n\nd) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan la denuncia.\n\ne) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia.\n\nf) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo.\n\ng) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica.\n\nh) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente.\n\ni) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente.\n\nEstas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones u omisiones violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica”\n\nEn consecuencia, procede la estimatoria del recurso en cuanto al Sinac a los efectos de que, con independencia de la remisión del asunto a la vía penal, analice íntegramente la situación denunciada en la vía administrativa a la luz del ordenamiento jurídico, resuelva la totalidad de los extremos alegados y, de resultar procedente, emita los actos administrativos que correspondan.”.\n\n \n\nAsí las cosas, tales consideraciones también resultan aplicables al sub iudice. Al respecto, como se indicó en antecedente citado ut supra, con independencia de la remisión del asunto a la vía penal, el Sinac también tiene la obligación de emitir los actos administrativos correspondientes para atender y solucionar situaciones que ocasionen alguna afectación ambiental, lo cual tampoco consta que se haya realizado en el caso concreto.\n\nDe tal manera, en el sub lite se evidencia que ni la municipalidad accionada ni el Sinac han dictado o ejecutado los actos administrativos pertinentes para la solución del problema denunciado.\n\nEn consecuencia, se declara con lugar el recurso, en los términos que se indican que la parte dispositiva de este pronunciamiento (…)\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a David Chavarría Morales y a Manuel Hernández Rivera, por su orden, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y alcalde de la Municipalidad de Pococí, o a quienes ocupen tales cargos, que giren las órdenes pertinentes, efectúen las coordinaciones necesarias y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, en un plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se dicten y ejecuten los actos administrativos pertinentes para la solución del problema denunciado por el recurrente. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y a la Municipalidad de Pococí al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.”.\n\n \n\nTal sentencia fue notificada a las autoridades recurridas por correo electrónico el 17 de marzo de 2025.\n\nII.- En la resolución 2025017565 de las 9:35 horas de 10 de junio de 2025 se dispuso:\n\n \n\n“SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En la especie, el accionante interponer gestión de desobediencia en relación con la sentencia nro. 2025007754 de las 9:20 de 14 de marzo de 2025, pues aduce que el problema de la construcción ilegal denunciada no se ha solucionado.\n\nAl respecto, se verifica que el 24 de abril de 2025, la municipalidad accionada inició el procedimiento administrativo correspondiente para la demolición de la estructura ilegal y le comunicó a la parte denunciada que tenía un plazo de 10 días hábiles para efectuar el derribo ordenado. Sin embargo, el 2 de mayo del año en curso la denunciada solicitó una prórroga de 90 días, aduciendo que se trata de una persona en condición de pobreza y que en el inmueble residen menores de edad. Debido a lo anterior, el 7 de mayo la municipalidad remitió el caso al PANI y a otras instituciones para que atendieran las situaciones de vulnerabilidad expuestas.\n\nAsí, el gobierno local accionado informa que el Departamento de Obra Pública procederá con la demolición, la cual no había podido ejecutarse al momento en que se rindió el informe (29 de mayo de 2025) debido a que la maquinaria que debe emplearse se estaba utilizando para la atención de emergencias cantonales ocasionadas por las lluvias. Por su parte, se observa que el SINAC ha estado en coordinación con la municipalidad accionada para llevar a cabo el proceso de demolición de marras.\n\nAsí las cosas, esta Sala observa que los recurridos han desplegado distintas acciones para resolver la situación acusada, pues se dictaron los actos correspondientes y únicamente está pendiente la ejecución del derribo ordenado, el cual no se ha podido efectuar debido a la necesidad de atender situaciones de vulnerabilidad de las personas que residen en la construcción ilegal de marras y otras emergencias del cantón.\n\nA partir de lo anterior, no considera esta Cámara que las autoridades accionadas hayan incurrido en algún incumplimiento injustificado susceptible de ser declarado en este momento; sin embargo, deberán tomar nota a los efectos de ejecutar el acto ordenado de manera célere.”.\n\nIII.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En el sub lite, el accionante interpone gestión de desobediencia en relación con la sentencia nro. 2025007754 de las 9:20 de 14 de marzo de 2025, pues aduce que la municipalidad accionada realizó una demolición parcial de las obras ilegales. En ese tanto, aduce que la demolición no está completa. \n\nAl respecto, la autoridad accionada refuta lo alegado por el accionante y detalla que se realizaron todas las obras de demolición para resolver la situación de obras ilegales acusadas en el sub examine. En ese tanto, el alcalde de la municipalidad recurrida detalla:\n\n“se cumplió cabalmente con la eliminación de las obras que invadían el área de protección de la quebrada, de conformidad con lo dispuesto en el fallo judicial. • Que las acciones de demolición realizadas por esta Municipalidad permitieron la recuperación efectiva del área protegida y el restablecimiento de las condiciones naturales del sitio, por lo que la instrucción emitida por la Sala Constitucional se encuentra completamente atendida. • Que el asunto que aduce el recurrente en el amparo por desobediencia se trata de un asunto que corresponde a hechos de naturaleza distinta a los resueltos por la Sala, ya que lo que afecta al señor Nombre6640 son los materiales y escombros, que surgieron producto de la demolición de la construcción levantada de manera ilegal y sin contar con los permisos municipales respectivos. • Que dichos escombros actualmente y de manera temporal, se encuentran depositados en parte y parcialmente, dentro de la ronda de la vía pública, pues el lote donde se efectúo la demolición no cuenta con la cabida suficiente para colocarlos en su totalidad. No obstante, se ha constatado por parte del Ing. Municipal Jean Carlo Ruíz, que tales materiales no afectan ninguna infraestructura municipal ni obstaculizan el tránsito vehicular o peatonal, dado que la calle en cuestión posee un amplio derecho de vía superior, a los quince metros (15,10 m), lo que permite una adecuada circulación peatonal y vehicular en condiciones seguras.”.\n\n De tal manera, la autoridad accionada informa que el problema objeto del sub iudice (levantamiento de estructuras ilegales en una zona protegida) fue resuelto, y contrario a lo aducido por el accionante, se completaron todas las demoliciones para solucionar el asunto. Asimismo, explica que únicamente falta reubicar algunos escombros producto de las demoliciones, para lo cual se está coordinando para contar con la maquinaria respectiva y con el predio para depositar el material; empero, reitera que las obras de demolición han finalizado en su totalidad, y que el material que se debe reubicar no está afectando el tránsito vehicular ni peatonal en el sitio.\n\n En consecuencia, no observa esta Sala que los recurridos hayan incumplido lo ordenado en este proceso de amparo, de modo que se declara no ha lugar la gestión incoada.\n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n \n\n  No ha lugar a la gestión formulada.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Cruz C.\n\nPresidente a.i\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJose Roberto Garita N.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n K20W8TRA43SM61\n\nEXPEDIENTE N° 24-034305-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:45:17.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**EXPEDIENTE: 24-034305-0007-CO**\n\n**RESOLUCIÓN Nº 2025036569**\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours thirty minutes on the seventh of November, two thousand twenty-five.\n\nSubsequent proceeding filed by Nombre6640, identity card CED23597, in case file no. 24-034305-0007-CO.\n\n**Whereas:**\n\n1.- By motion received at the Secretariat of the Chamber on October 28, 2025, the petitioner files a proceeding for disobedience in relation to judgment no. 2025007754 of 9:20 a.m. on March 14, 2025, alleging that the respondent municipality carried out a partial demolition of the illegal works. In this regard, he argues that the demolition is not complete.\n\n2.- By order of the instructing magistrate issued at 9:39 a.m. on October 30, 2025, the respondent authorities were granted a hearing.\n\n3.- By motion filed with the case file on November 4, 2025, Manuel Hernández Rivera, mayor of Pococí, reports: \"Mr. Ruíz, Engineer, states that, in follow-up to compliance with Resolution No. 2025007754, Amparo Remedy No. 24-034305-0007-CO, regarding the removal of debris (*escombros*) resulting from the demolition carried out, the following: He clarifies that the Chamber's resolution was duly complied with by this Municipality, as the elimination of the works invading the protection area of the stream (*quebrada*) was fully carried out, in accordance with the provisions of the judicial ruling. That the demolition actions carried out by this Municipality enabled the effective recovery of the protected area and the restoration of the natural conditions of the site; therefore, the instruction issued by the Constitutional Chamber has been fully addressed. That the issue alleged by the petitioner in the amparo for disobedience is a matter corresponding to facts of a different nature from those resolved by the Chamber, since what affects Mr. Nombre6640 are the materials and debris (*escombros*), which arose from the demolition of the construction erected illegally and without the respective municipal permits. That said debris is currently and temporarily deposited, in part and partially, within the public road right-of-way, because the lot where the demolition was carried out does not have sufficient capacity to place them in their entirety. However, it has been verified by Municipal Engineer Jean Carlo Ruíz that such materials do not affect any municipal infrastructure nor obstruct vehicular or pedestrian traffic, given that the street in question has a wide right-of-way exceeding fifteen meters (15.10 m), which allows for adequate and safe pedestrian and vehicular circulation. In this order of ideas, and according to Engineer Olger Gutiérrez Mendoza, from the Department of Public Works, the Municipality, who is the coordinator in charge of removing said material, currently does not have sufficient machinery to carry out said operation and attend to the alert states declared due to the amount of rainfall in the Canton, as a Municipality that belongs to the regional emergency committee, it must guarantee effectiveness in the response to these natural events. Likewise, the Local Government does not have a site or suitable property for the disposal of this type of materials, which has hindered its immediate removal; this does not mean that said material will be left there for a long term, but rather that the necessary acts for its removal are being coordinated. As can be observed by the Honorable Constitutional Chamber, the removal of debris resulting from the demolition is not a matter that can be carried out immediately, since not only must the use of machinery be scheduled but also a suitable site must be found for the deposit of said materials; accordingly, on the upcoming 17th of November of this year, work will be undertaken on this task, ensuring that the waste is transferred and deposited on a previously defined and authorized property, which meets the necessary conditions for the temporary disposal of this type of materials, thereby resolving the observed situation and ensuring that the removed materials are handled responsibly without affecting other public spaces or protected areas. As analyzed by Engineer Ruíz Hernández in official communication DPCC-0164-2025 that supports this report, the Municipality of Pococí, through the Departments of Construction Control and Public Works, diligently addressed the order of the Constitutional Chamber, in relation to the demolition executed, attending to the provisions of Resolution No. 2025007754; this municipality proceeded to clear the protection area of the stream (*quebrada*), in such a way, note Honorable Constitutional Chamber, that there is no type of disobedience on the part of this Local Government to what was ordered. However, what is cited by the petitioner Nombre6640 is a different matter; for this case, it must be indicated that the removal of debris materials (*materiales de escombro*), resulting from said demolition, is currently pending; this should not be understood as disobedience, far from it, since said material is temporarily deposited to one side of the construction, in an area where it does not obstruct vehicular or pedestrian traffic, (an area corresponding to the road right-of-way, where there are no sidewalks or other municipal infrastructure susceptible to being affected), the foregoing because this is a task pending completion within the entire schedule that must be addressed by this Municipality, with only one dump truck and in a period of emergencies due to rains and floods. In this sense, the Municipality proceeded to demolish EVERY TYPE OF STRUCTURE that was invading the protection zone; consequently, what Nombre6640 states must be rejected by the Honorable Constitutional Chamber since there is no disobedience whatsoever. Based on the foregoing, it is placed on record that this Municipality has obeyed the order issued by the Constitutional Chamber and to date the necessary coordination has been carried out and all actions have been taken within the material possibilities available to the Municipality. In accordance with the foregoing, this representation respectfully requests that the disobedience proceeding filed by Mr. Nombre6640 be declared without merit, since it has not been demonstrated that there is intent, negligence, or omission on the part of this Municipality; on the contrary, compliance with the judicial order has been harmonized with due process, legal certainty, and the public interest.\"\n\n4.- By motion filed with the case file on November 5, 2025, David Chavarría Morales, executive director of SINAC, reports: \"FIRST: That the order of nine hours twelve minutes on May twenty-third, two thousand twenty-five, was notified to the National System of Conservation Areas (SINAC) on October 30, 2025. Therefore, this report is submitted within the legal term. SECOND: That by official communication SINAC-SE-DE-0373-2025 of March 18, 2025, the Tortuguero Conservation Area was notified of resolution number 2025007754 issued within case file No. 24-034305-0007-CO of Mr. Nombre6640, and compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber within the granted term of two months was requested, and that once the proceeding was addressed, a report be rendered to the Executive Directorate for the respective action, as recorded in the record for having been previously informed. THIRD: That an update report on actions taken by the Tortuguero Conservation Area (ACTo) was requested, via email dated October 30 of the current year, as it is the competent instance in accordance with what is regulated in numeral 28 of the Biodiversity Law No. 7788. FOURTH: That via email dated October 31, 2025, Mrs. Elena Vargas Ramírez, a.i. regional director of the Tortuguero Conservation Area, forwarded reports DPCC-0106-2025 of June 16, 2025, and SINAC-ACTo-DR-DT-DRFVS-INF0001-2025 of June 18, 2025. FIFTH: That in report DPCC-0106-2025, Engineer Jean Carlo Ruiz Hernández, Construction Control Process Coordinator, informs the Municipal Mayor of Pococí as follows: 'On Thursday, June 12, 2025, the complete demolition of the structures built irregularly within said environmental protection zone was carried out. The work was performed using machinery and municipal personnel, guaranteeing rigorous compliance with the judicial mandate and current environmental provisions... It should be noted that the execution of this measure was accompanied and directly supported by officials from the National System of Conservation Areas (SINAC), who provided the technical delimitation of the protection area and determined in situ the appropriate point for the disposal of the debris (*escombros*), pursuant to criteria of non-affectation of the natural environment.' (Bold text is from the original) SIXTH: That in report SINAC-ACTo-DR-DT-DRFVS-INF-0001-2025 of June 18, 2025, the manner in which the demolition of infrastructure carried out on June 12, 2025, by the Municipality of Pococí was addressed is stated: 'The demolition actions began at 8:52 a.m. with the intervention of the backhoe excavator that systematically knocked down the existing walls, columns, and floor. With the help of the machinery, the metal structure that was apparently being used as a bridge was also removed. The waste was provisionally deposited in a corner of the property where the dwelling was and the right-of-way outside the water protection area (*área de protección hídrica*) of the stream (*quebrada*). The machinery's cleaning tasks extended to the removal of debris (*escombros*) from the ground, leaving, to the extent possible, the soil exposed to facilitate natural succession processes that allow for the natural restoration of the affected site. In the rear section, the vertical structure supporting the trusses was manually knocked down, leaving only the concrete floor that could not be eliminated because there was no viable way to move the backhoe excavator to the other side of the river. Also, in the rear section of the lot, inorganic waste left in the water protection area (*área de protección hídrica*) was removed and placed in a section of the lot outside the water protection area. The demolition work was concluded at approximately 12:42 p.m.' (The underlining is ours) SEVENTH: That report SINAC-ACTo-DR-DT-DRFVS-INF-0001-2025 also establishes the technical considerations on the restoration process to be applied to the affected area, stating: 'Based on the record of satellite imagery and high-resolution aerial photographs available for the area, it is known that in 2003 the area of the lot in question was characterized by a lack of forest cover (*cobertura boscosa*), with a predominant cover of grass or low scrub, passing from that time until 2022 through cycles in which some degree of taller vegetation cover is observed. Based on this background, it can be recommended that for the area in question, the establishment of natural succession be considered a suitable restoration method to achieve conditions similar to those prior to the affectation in an estimated period of 2-3 years.' (The underlining is ours) EIGHTH: That the Tortuguero Conservation Area of the National System of Conservation Areas has executed coordination actions with the Municipality of Pococí to effectively comply with what was ordered in judgment number 2025007754 of the Constitutional Chamber, as evidenced in the official communications provided as evidence to this report, as well as the issuance of the corresponding technical recommendations for the restoration of the site in question.\"\n\n5.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nMagistrate Garita Navarro writes; and,\n\n**Considering:**\n\nI.- In judgment no. 2025007754 of 9:20 a.m. on March 14, 2025, it was ordered:\n\n\"(…) ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner accuses that the respondent municipality has not carried out the demolition of an illegal construction in a zone protected by the Forestry Law (*Ley Forestal*), a situation that was reported since November 2022. He adds that the affectation was also verified by SINAC; however, the corresponding administrative actions have not been executed, as it is alleged that the facts were already reported to the Prosecutor's Office and the respective criminal proceeding was initiated.\n\nFrom the study of the record, it has been proven that in November 2022, the petitioner filed a report before the Municipality of Pococí for an illegal construction in a protection area (stream zone), in the Locality of La Unión of Pococí. By means of resolution no. 8:36 a.m. of June 15, 2023, the Construction Control Unit of the respondent municipality ordered: \"(…) a copy of administrative file DCU-931-5-23 is remitted to SINAC with the purpose of expanding the report that said entity made to the prosecutor's office and to assess the environmental damage caused by the construction and define the mitigation measures for the correction of possible damages that may have been perpetrated by the illegal construction.\" By official communication no. DPCC-093-2023 of June 26, 2023, the respondent municipality communicated the following to the protected party: \"I greet you respectfully, in response to the official communication received on June 14 of this year regarding the case of Mrs. Olivia Lumbi, I inform you that on May 31 of this year, SINAC, by official communication SINAC-ACTo-DRFVS-PPC-021-2023, informed this Unit that the work has already been reported to the Prosecutor's Office for violation of the Forestry Law (*Ley Forestal*), and on June 14, a copy of administrative file DCU-931-5-23 was remitted to SINAC with the purpose of expanding the report already filed with the Prosecutor's Office, assessing the environmental damage caused by the construction, and defining the mitigation measures for the correction of the possible damages that may have been perpetrated by the illegal construction, the foregoing in accordance with the provisions of subsection 2, paragraph b. of the Regulations for Inspections, Demolitions and Other Sanctions for Urban Infractions and their Administrative Collection of the Municipality of Pococí. Finally, on June 16, the final resolution of the case file was notified to Mrs. Olivia Lumbi at the project site, indicating that since the construction was apparently invading the protection area of a stream (*quebrada*), and in compliance with the Forestry Law and the Regulations for Inspections, Demolitions and Other Sanctions for Urban Infractions and their Administrative Collection of the Municipality of Pococí, a copy of the administrative file managed by the Municipality was remitted in order to expand the report already existing before the Prosecutor's Office. It should be remembered that Forestry Law No. 7575 establishes in its article 58 criminal sanctions ranging from three months to three years of imprisonment for anyone who invades a conservation or protection area, regardless of whether it involves private land. This sanction must be imposed by a specialized court of justice subsequent to the assessment of the case and the potential impact on the natural resources affected by the construction. Therefore, the Municipality will be attentive to what the corresponding court ultimately decides to act according to our competencies and as determined by the authorities.\" By official communication no. SINAC-ACTO-DRFVS-PPC-DEN-059-2022, the Tortuguero Conservation Area of SINAC reported to the Prosecutor's Office of Pococí the illegal construction of a dwelling in a protection area. By official communication no. SINAC-ACTO-DIR-PPC-DEN-013-2024, SINAC filed an expanded report with the Prosecutor's Office of Pococí. In said document, it was indicated: \"the house located within the protection area (15 m on each side of the stream) can be evidenced, as established in article 33 of Forestry Law 7575.\" By official communication no. SINAC-ACTO-DIR-395-2024 of December 10, 2024, SINAC communicated the following to the protected party: \"Our office reported an invasion of the protection area of a stream (*quebrada*), in accordance with the provisions of articles 3 and 58 of the Forestry Law (criminal offense), which is different from carrying out a work without construction permits (administrative fault), where the Municipality has the obligation and duty to act in accordance with its regulations. While it is true that when this type of criminal case is processed, on some occasions the restitution of things to their natural state is ordered, which could lead to the demolition of the construction made in the protection area of the stream or river, this does not make it impossible for the Municipality to comply with the regulations governing them (…) In this specific case, there is already confirmation of the invasion, for which the corresponding criminal report was filed with the assessment of the damage caused by the invasion (…).\"\n\nFrom this perspective, the intervention of this Chamber is necessary.\n\nFirst, regarding the respondent municipality, it is unacceptable that it has not taken any concrete action to resolve the situation of the illegal construction and the invasion of the protected area that was reported since November 2022. In this sense, although the respective reports were filed before the Prosecutor's Office of Pococí so that ordinary jurisdiction may determine the criminal liability of the offending person, it is no less true that the respondent municipality has the obligation to carry out the corresponding actions, within the framework of its competencies, to address and administratively resolve any situation that violates ordinary regulations, regardless of the processing of the criminal proceeding.\n\nIn this regard, concerning illegal constructions that affect the environment, in analogous matters against local governments, this Court has held:\n\n\"Object of the remedy. The petitioners consider their fundamental rights violated, since in the Cerros de la Carpintera, which are protected by Executive Decree No. 6112-A-MAG, constructions have been carried out without municipal permits, which do not meet the minimum engineering requirements and damage the environment, as they are located in a buffer zone, which also generates landslide risks and is a danger to human lives. They state that on June 13, 2019, they sent proceedings to the Mayor of La Unión regarding the case; however, the respondent has not taken concrete actions to address and respond to their reports (…)\n\nPrecisely, in Judgment No. 2019-16793, this Court partially granted the action of unconstitutionality filed against Decree No. 29278-MINAE of January 15, 2001, and annulled the reduction of the area of the Cerro de la Carpintera Protective Zone that said regulation established, leaving that decree in force only concerning the expansion of the Cerro de la Carpintera Protective Zone; likewise, the National System of Conservation Areas was ordered to proceed to delimit the expanded area, in question. The foregoing was ordered precisely because it was deemed that the limits of a protected wilderness area cannot be modified without a prior technical study justifying it, and even less so via regulation. It is an area of great environmental value, which has not been detracted from by a technical study, and, as such, must be duly protected. The respondent is reminded that this Court has indicated that the right to a healthy and balanced environment obliges the State to ensure adequate environmental protection, that is, to take the necessary measures to prevent the alterations produced by human activity from constituting an injury to the environment. Thus, should there be a risk of serious or irreversible damage to the environment – or a well-founded doubt in this regard – the guiding principles of Environmental Law demand preventive or precautionary measures so that such affectation does not occur or the activity in question is postponed, since should harmful biological and social consequences occur, a subsequent resolution would be ineffective and limited to moral significance. In this order of ideas, specialized doctrine has indicated that the preventive principle requires that when there is certainty of possible environmental damage, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined and identified risks, at least as probable. This principle can be applied when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle refers to cases in which, according to principle 15 of the Rio Declaration, there is a lack of scientific certainty about the risks and impacts of a certain activity. In general, it is indicated that the difference between the preventive and precautionary principles lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work generates. The precautionary principle only applies if such a state of doubt exists as a result of certain scientific information, technical studies, etc., that are available or have been carried out. Thus, the Costa Rican State is obliged to watch over and adopt the measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment. The Right to the Constitution requires using all available means – whether legal or factual – to preserve the environment. In environmental matters, both the Administration and the general public have the obligation to ensure its protection, so that an official cannot simply limit themselves to declaring themselves incompetent and even less so, fail to fulfill their inspection and restoration duties of the legal order. Article 50 of the Constitution obliges the State and other public institutions to actively intervene in environmental protection (see judgment number 2011-010889 of 3:22 p.m. on August 16, 2011). In application of such principles and when appropriate, the administration must refrain from authorizing, approving, or granting any new or modification application, suspend those that are in progress until the dubious state is cleared up, and, simultaneously, adopt all measures aimed at its protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In the case under examination, the omission of the respondent pointed out by the petitioners and verified by this Court is unacceptable, taking into consideration that the municipality is the first called to address the problems of its locality, since the described problem has been due to the lack of necessary provisions and controls prior to the authorized constructions. Such duties have been specified by this Court in its jurisprudence:\n\n'On the protection of local interests framed in article 169 of the Political Constitution. On other occasions, this Chamber has indicated that said article establishes that the administration of local interests and services in each canton shall be in charge of the Municipal Government. Local interests and services have been defined by the Chamber as indeterminate legal concepts, where the law does not precisely resolve their content for application to specific cases, making it necessary to resort to criteria of value and experience, on the part of the one who must apply them, to determine their content (see in this sense resolution No. 2007-002402). These local interests and services, although the Municipal Government is generically responsible for protecting them, can distribute its tasks among different officials in order to find the most effective way of protecting said interests; that is, the Municipal Government, including the Mayor and the municipal councilors, have at their disposal an entire body of officials who have the authority to make a series of decisions with the purpose of dividing functions and tasks, reducing work, and mainly for reasons of specialty, since there are officials technically and academically more qualified than others for taking certain decisions' (see judgments number 2008-001604 and 2015-11089)\n\n'VII.- The role of municipalities in environmental matters. In accordance with what has been said, municipalities, as an integral part of the whole that is the State, have within the scope of their competencies and obligations a high degree of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements is demanded that certify proper environmental management before other public authorities, or through regular inspections and channeling of risk situations to the authorities with greater intervention competence. It has already been established that local governments are bound by the obligation of coordination and prevention in environmental matters within the scope of their territorial jurisdiction, from which it follows that municipalities are certainly important actors in the task of environmental protection. The faculty of local governments to establish their own territorial planning through regulatory plans is undeniable; but the existence of these - which mostly lack planning complements from the perspective of a healthy and ecologically balanced environment - does not lead to the disapplication of environmental protection legislation. On the contrary, the Chamber considers that it must be a fundamental requirement, which does not violate the constitutional principle of municipal autonomy, that every regulatory plan must consider, prior to being approved and developed, an environmental impact assessment (*evaluación de impacto ambiental*) from the perspective provided by article 50 of the Constitution, so that land use planning and its various regimes are compatible with the scope of the superior norm, above all, assessing that this provision establishes the right of all inhabitants to obtain an environmental response from all public authorities and this undoubtedly includes municipalities, who are not exempt from the application of the constitutional norm and its implementing legislation. It is evident that in this case, the national and local interests are completely coincident, and therefore local governments can and must demand compliance with environmental requirements in their territory, and in case of conflict with the governing environmental authorities, they can submit the disputes to the jurisdictional controller that corresponds according to the nature of the infraction. It is for the foregoing that environmental protection norms are not incompatible, from a constitutional point of view, with the faculties and competencies of municipalities, which are obligated, by mandate of article 50 of the Political Constitution, to be generous in environmental protection – see, in this sense, judgment number 2006-7994, of eight hours fifty-seven minutes on June 2, 2006- (judgment No. 2016-2830).' (Judgments reiterated in No. 2016-5319 of 9:05 a.m. on April 22, 2016)\n\nIn this case, the Municipality of La Unión breached its oversight duty and its duty to follow up on a problem evidenced since 2014, to the detriment of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the safety of individuals, since despite the time elapsed and what has already been firmly resolved, it has not adopted effective measures to correct the reported situation. Consequently, granting the remedy for violation of articles 21 and 50 of the Constitution is also appropriate.\" (Judgment no. 2019021889 of 9:45 a.m. on November 8, 2019).\n\nLikewise, in judgment no. 2023024202 of 9:15 a.m. on September 29, 2023, this Chamber ordered:\n\n\"In this regard, it is verified that for approximately 10 years the respondent municipality has been aware of the situation of illegal invasions of property 542135-000, which is a public property of that local government, whose nature is 'land for a park.'\n\nHowever, despite the fact that over the years the respondent municipality has taken some actions to address the case, the corresponding measures have not yet been adopted to resolve the accused problem in a comprehensive and definitive manner.\"\n\nIn that sense, note that it was only in July 2023 that a drone flight was planned to obtain greater inputs and information about the extent of the invasions on the property in question.\n\nThus, given that it is a public zone designated as “park land (terreno de parque),” and therefore intrinsically related to the enjoyment of a healthy environment, this Chamber upholds the claim raised, since the respondent authority's failure to resolve the problem in question within a reasonable time contravenes the provisions of Article 50 of the Political Constitution (ordinal 50 de la Constitución Política).\".\n\nThus, the inertia of the respondent municipality is unacceptable and harmful to Article 50 of the Political Constitution (ordinal 50 de la Constitución Política).\n\nFurthermore, in relation to SINAC, omissions are also observed regarding concrete acts to resolve the situation of environmental impact (afectación ambiental) that was duly verified by that same unit.\n\nIn this regard, although the aforementioned authority reported the situation to the competent criminal instance, it is no less true that ordinary legislation also provides that SINAC has the obligation to carry out various administrative actions upon verification of environmental damage.\n\nIn this regard, in judgment No. 2024004807 of 9:20 a.m. on February 23, 2024, also concerning a problem of invasion of protected areas, this Chamber stated:\n\n“First, the Chamber observes that the request filed with SINAC exposes the impact on the “Carrizal lagoon wetland (humedal laguna Carrizal)” due to the construction of infrastructure and the carrying out of burns; in addition, it requests an investigation of the matter raised and that control, protection, and sanction actions be executed. However, such a decentralized body of MINAE only carried out an inspection in the area and filed a complaint with the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) (in which not all the aspects alleged in the petitioner's request were addressed). Note that in the “Report on Environmental Damage (Informe por daños al ambiente)” sent to the prosecutor's office, reference was made solely to constructions and the opening of a road within the protection area of the Carrizal lagoon. In any case, the action of SINAC in administrative proceedings cannot be limited, once a possible situation of environmental relevance has been verified, to referring the matter to the investigative phase in criminal proceedings. Precisely, such a unit has the authority to establish proceedings regarding complaints filed for infractions of environmental regulations and to issue administrative acts to ensure their compliance. Hence, the failure to address the substance of the reported situation constitutes an issue of constitutional relevance for the purposes of seeking protection under Article 50 of the Constitution (numeral 50 constitucional).\n\nIn relation to the foregoing, the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) states:\n\n“ARTICLE 22\n\nNational System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación)\nThe National System of Conservation Areas is hereby created, hereinafter referred to as the System, which shall have its own legal personality; it shall be a decentralized and participatory institutional management and coordination system, which shall integrate the competencies in forestry matters, wildlife, protected areas, and the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), for the purpose of issuing policies, planning, and executing processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources. In accordance with the foregoing, the General Directorate of Wildlife (Dirección General de Vida Silvestre), the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado), and the National Parks Service (Servicio de Parques Nacionales) shall exercise their functions and competencies as a single instance, through the administrative structure of the System, without prejudice to the objectives for which they were established. The protection and conservation of the use of hydrographic basins and water systems is included as a competency of the System.\n\n(…)\n\nARTICLE 28.-\n\nConservation Areas (Áreas de Conservación)\nThe System shall be constituted by territorial units called Conservation Areas (Áreas de Conservación) under the general supervision of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), through the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación), with competence throughout the national territory, whether dealing with protected wild areas, areas with a high degree of fragility, or private areas of economic exploitation. Each conservation area (área de conservación) is a territorial unit of the country, administratively delimited, governed by a single development and administration strategy, duly coordinated with the rest of the public sector. In each one, both private and state activities in conservation matters are interrelated without detriment to the protected areas. The Conservation Areas (Áreas de Conservación) shall be responsible for applying the legislation in force on natural resources, within their geographical demarcation. They must execute the policies, strategies, and programs approved by the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación), in matters of protected areas; likewise, they shall be in charge of the application of other laws governing their subject matter, such as the Wildlife Conservation Law (Ley de conservación de la vida silvestre), No. 7317, of October 30, 1992, and the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575, of February 13, 1996, Organic Law (Ley Orgánica), No. 7554, of October 4, 1995, and the Law for the Creation of the National Parks Service (Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales), No. 6084, of August 24, 1977. Based on the Council's recommendations, the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) shall define the territorial division that is technically most advisable for the country's Conservation Areas (Áreas de Conservación), as well as its modifications\".\n\nLikewise, the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) states:\n\n“Article 7.- The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) has the following functions in the exercise of its competence:\n\na) Establish the technical measures to be followed for the proper management, conservation, and administration of wildlife (vida silvestre)(*), subject to this law and the respective international conventions and treaties ratified by Costa Rica.\n\n(*)(Its denomination was modified by article 3 of law N° 9106 of December 20, 2012, previously it stated \"flora y fauna silvestre\")\n\nb) Establish national wildlife refuges and administer them.\n\nc) Promote the establishment of national wildlife refuges on mixed or private property.\n\nd) Promote and execute education and research programs on the additional use of the country's renewable natural resources, in the field of wildlife within its competence, in accordance with this law.\n\ne) Promote and execute research in the field of wildlife, except for those referring to genetic and biochemical resources regulated by the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad).\n\nf) Issue, deny, or cancel control hunting, extraction, research, scientific and academic collection permits, and any permit to import or export wildlife, its parts, products, and derivatives, as well as approve, reject, or modify management plans and operating permits for the different wildlife management establishments, wildlife refuges, and for those wildlife management activities that require it.\n\ng) Finance theses or research that allow for a better understanding of wildlife.\n\nh) Protect, supervise, and administer, with an ecosystem approach, wetlands, as well as determine their classification of national or international importance.\n\ni) Create and manage management, control, surveillance, and research programs on wildlife.\n\nj) Support formal and informal education programs of the Inter-institutional Commission for Education and Public Awareness and Research in Biodiversity (Comisión Interinstitucional para la Educación y la Conciencia Pública e Investigación en Biodiversidad, Ciecopi).\n\nk) Coordinate with other competent entities in the prevention, mitigation, response, and follow-up of damage to wildlife.\n\nl) Promote the responsible participation of individuals, individually or collectively, in the preservation and restoration of ecological balance and environmental protection.\n\nm) Promote the conservation of natural ecosystems.\n\nn) Establish contingency plans for the protection of wildlife in the event of natural disasters.\n\nñ) Coordinate actions with public or private, national or international institutions for the conservation and sustainable management of wildlife.\n\nThe delimitation of wetlands shall be made by executive decree (decreto ejecutivo), according to technical criteria.\n\n(Thus amended by article 1 of law N° 9106 of December 20, 2012)”.\n\nIn addition, Article 99 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) establishes:\n\n“Article 99.- Administrative sanctions. In the event of violation of environmental protection regulations or conduct harmful to the environment clearly established in this law, the Public Administration shall apply the following protective measures and sanctions:\n\na) Warning by means of notification that a claim exists.\n\nb) Reprimand according to the seriousness of the violating acts and once proven.\n\nc) Execution of the performance bond, granted in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).\n\nd) Partial or total restrictions, or an order for the immediate stoppage of the acts that give rise to the complaint.\n\ne) Total or partial, temporary or permanent closure of the acts or facts that provoke the complaint.\n\nf) Partial, total, permanent, or temporary cancellation of the permits, patents, premises, or companies that provoke the complaint, the contaminating or destructive act or fact.\n\ng) Imposition of compensatory or stabilization obligations for the environment or biological diversity.\n\nh) Modification or demolition of constructions or works that damage the environment.\n\ni) Alternative ways of compensating for the sanction, such as receiving official educational courses in environmental matters; in addition, working on community projects in the environmental area.\n\nThese sanctions may be imposed on private individuals or public officials, for actions or omissions violating the norms of this law, other provisions for environmental or biological diversity protection.”\n\nConsequently, the upholding of the appeal (recurso) with respect to SINAC is appropriate for the purpose of, independently of the referral of the matter to criminal proceedings, it comprehensively analyzes the situation reported in the administrative proceedings in light of the legal system, resolves all the aspects alleged, and, if appropriate, issues the corresponding administrative acts.\".\n\nThus, such considerations are also applicable to the case at bar (sub iudice). In this regard, as indicated in the precedent cited above, independently of the referral of the matter to criminal proceedings, SINAC also has the obligation to issue the corresponding administrative acts to address and resolve situations that cause any environmental impact (afectación ambiental), which does not appear to have been done in the specific case either.\n\nIn this way, in the instant case (sub lite) it is evident that neither the respondent municipality nor SINAC has issued or executed the pertinent administrative acts for the solution of the reported problem.\n\nConsequently, the appeal (recurso) is granted, in the terms indicated in the operative part of this ruling (…)\n\nTherefore (Por tanto):\n\nThe appeal (recurso) is granted. David Chavarría Morales and Manuel Hernández Rivera, in their order, executive director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) and mayor of the Municipality of Pococí (Municipalidad de Pococí), or whoever holds such positions, are ordered to issue the pertinent orders, carry out the necessary coordination, and perform all actions that are within the scope of their respective competencies so that, within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, the pertinent administrative acts for the solution of the problem reported by the petitioner are issued and executed. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal (recurso de amparo), and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) and the Municipality of Pococí (Municipalidad de Pococí) are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative proceedings. Judge Salazar Alvarado files a note. Let it be notified.\".\n\nSuch judgment was notified to the respondent authorities by email on March 17, 2025.\n\nII.- In resolution 2025017565 of 9:35 a.m. on June 10, 2025, it was ordered:\n\n\"REGARDING THE MOTION FILED. In the case, the petitioner files a disobedience motion (gestión de desobediencia) in relation to judgment No. 2025007754 of 9:20 a.m. on March 14, 2025, as they claim that the problem of the reported illegal construction has not been solved.\n\nIn this regard, it is verified that on April 24, 2025, the respondent municipality initiated the corresponding administrative proceeding for the demolition of the illegal structure and notified the reported party that they had a period of 10 business days to carry out the ordered demolition. However, on May 2 of the current year, the reported party requested a 90-day extension, claiming that they are a person in a condition of poverty and that minors reside in the property. Due to the foregoing, on May 7, the municipality referred the case to PANI and other institutions to address the exposed situations of vulnerability.\n\nThus, the respondent local government reports that the Department of Public Works (Departamento de Obra Pública) will proceed with the demolition, which could not be executed at the time the report was rendered (May 29, 2025) because the machinery to be used was being used to attend to cantonal emergencies caused by the rains. For its part, it is observed that SINAC has been in coordination with the respondent municipality to carry out the demolition process in question.\n\nThus, this Chamber observes that the respondents have deployed various actions to resolve the situation in question, since the corresponding acts were issued and only the execution of the ordered demolition is pending, which could not be carried out due to the need to address situations of vulnerability of the people residing in the illegal construction in question and other emergencies in the canton.\n\nBased on the foregoing, this Chamber does not consider that the respondent authorities have incurred any unjustified non-compliance susceptible of being declared at this time; however, they must take note for the purpose of executing the ordered act expeditiously.\".\n\nIII.- REGARDING THE MOTION FILED. In the instant case (sub lite), the petitioner files a disobedience motion (gestión de desobediencia) in relation to judgment No. 2025007754 of 9:20 a.m. on March 14, 2025, as they claim that the respondent municipality carried out a partial demolition of the illegal works. To that extent, they claim that the demolition is not complete.\n\nIn this regard, the respondent authority refutes what is alleged by the petitioner and details that all demolition works were carried out to resolve the situation of illegal works reported in the case at hand (sub examine). To that extent, the mayor of the respondent municipality details:\n\n\"the elimination of the works that invaded the protection area of the stream was fully complied with, in accordance with the provisions of the judicial ruling.\n• That the demolition actions carried out by this Municipality allowed the effective recovery of the protected area and the restoration of the natural conditions of the site, so the instruction issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) is completely addressed.\n• That the issue alleged by the petitioner in the amparo for disobedience (amparo por desobediencia) concerns a matter that corresponds to facts of a different nature from those resolved by the Chamber, since what affects Mr. Nombre6640 are the materials and debris that arose as a product of the demolition of the construction erected illegally and without the respective municipal permits.\n• That said debris is currently, and temporarily, deposited partially and partly within the public road right-of-way, as the lot where the demolition was carried out does not have sufficient capacity to place it entirely. However, it has been verified by Municipal Engineer (Ing. Municipal) Jean Carlo Ruíz, that such materials do not affect any municipal infrastructure nor obstruct vehicular or pedestrian traffic, given that the street in question has a wide right-of-way, exceeding fifteen meters (15.10 m), which allows adequate and safe pedestrian and vehicular circulation.\".\n\nThus, the respondent authority reports that the problem subject to the case at bar (sub iudice) (construction of illegal structures in a protected area) was resolved, and contrary to what was alleged by the petitioner, all demolitions were completed to solve the matter. Likewise, it explains that only the relocation of some debris resulting from the demolitions remains pending, for which coordination is underway to obtain the respective machinery and the property to deposit the material; however, it reiterates that the demolition works have been fully completed, and that the material to be relocated is not affecting vehicular or pedestrian traffic at the site.\n\nConsequently, this Chamber does not observe that the respondents have failed to comply with what was ordered in this amparo proceeding (proceso de amparo), so it is declared that the motion filed is dismissed (no ha lugar).\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulation on Electronic File before the Judicial Branch (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)\", approved by the Full Court (Corte Plena) in article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), approved in article LXXXI of session No. 43-12 held on May 3, 2012.\n\nTherefore (Por tanto):\n\n The motion filed is dismissed (No ha lugar a la gestión formulada).\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\nActing President (Presidente a.i)\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\n\nJorge Araya G.\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\n\nRonald Salazar Murillo\n\n\n\nIleana Sánchez N.\n\n\n\nJose Roberto Garita N.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n K20W8TRA43SM61\n\nEXPEDIENTE N° 24-034305-0007-CO\n\nTelephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:45:17.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }