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  "id": "nexus-sen-1-0007-1355296",
  "citation": "Res. 38710-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Recurso de amparo contra el TAA por falta de respuesta a solicitud de información parlamentaria",
  "title_en": "Amparo against the TAA for failure to respond to a parliamentary information request",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una diputada contra el Ministerio de Ambiente y Energía, en el que alegó que el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) no había respondido a un oficio en el que solicitó información detallada sobre vacantes, nombramientos y traslados de plazas en ese órgano. La recurrente indicó que, tras una prórroga concedida, aún no recibía contestación, lo que vulneraba sus derechos fundamentales. Durante el trámite, la Sala advirtió que existía otro recurso de amparo (expediente 25-033640-0007-CO) interpuesto por la misma parte, con idénticos agravios y basado en los mismos hechos. Para evitar el riesgo de fallos contradictorios y no dilatar la justicia, la Sala ordenó el archivo del expediente, señalando que el asunto sería resuelto en el otro proceso constitucional en curso.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo filed by a congresswoman against the Ministry of Environment and Energy, alleging that the Environmental Administrative Tribunal (TAA) had failed to respond to a letter requesting detailed information about vacancies, appointments, and staff reassignments within the tribunal. The petitioner argued that, despite a granted extension, she had still not received a reply, violating her fundamental rights. During the proceedings, the Chamber noted that another amparo (case 25-033640-0007-CO) had been filed by the same party, raising identical grievances based on the same facts. To avoid the risk of contradictory rulings and unnecessary delays, the Chamber ordered the case closed, indicating that the matter would be resolved in the other ongoing constitutional proceeding.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "21/11/2025",
  "year": "2025",
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    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "Sala Constitucional",
    "Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)",
    "diputada",
    "oficio AL-CCS-391-2025",
    "archivo del expediente",
    "duplicidad procesal"
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  "concept_anchors": [
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      "article": "Arts. 79 y 104",
      "law": "Ley 7554"
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
    "sala constitucional",
    "tribunal ambiental administrativo",
    "diputada",
    "derecho de petición",
    "solicitud de información",
    "archivo de expediente",
    "duplicidad procesal"
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  "keywords_en": [
    "amparo",
    "constitutional chamber",
    "environmental administrative tribunal",
    "congresswoman",
    "right to petition",
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    "case closure",
    "procedural duplication"
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  "excerpt_es": "II.- Sobre la tramitación del presente recurso de amparo. Al respecto, se debe advertir que en esta Sala se tramita el recurso de amparo nro. 25-033640-0007-CO, interpuesto al ser las 16:15 horas del 29 de octubre de 2025 por la recurrente Nombre50001, cédula de identidad CED25148, -parte recurrente en este recurso de amparo-, asunto donde se alegan parte de los mismos agravios que se reclaman en este recurso... En este contexto, como los hechos que plantea la parte recurrente ya son objeto de análisis ante esta Sala, resulta improcedente discutir los mismos que, en esencia, se conocen en ese expediente, pues ello, aparte de entrañar el serio riesgo de que se dicten dos fallos contradictorios, provocaría un retraso innecesario en la tramitación del primer recurso que iría en detrimento del interés de la recurrente. En consecuencia, lo propio es ordenar el archivo de este asunto y será en el citado proceso constitucional donde se resolverá lo que en derecho corresponda.",
  "excerpt_en": "II.- On the processing of this amparo. In this regard, it must be noted that amparo No. 25-033640-0007-CO is being processed in this Chamber, filed at 4:15 p.m. on October 29, 2025, by the petitioner Nombre50001, identity card CED25148 — petitioner in this amparo — a matter in which some of the same grievances claimed in this amparo are alleged... In this context, since the facts raised by the petitioner are already under analysis before this Chamber, it is inappropriate to discuss those which, in essence, are known in that case, as this, aside from entailing the serious risk of two contradictory rulings, would cause an unnecessary delay in the processing of the first amparo, to the detriment of the petitioner's interest. Consequently, the proper course is to order the closing of this matter, and it will be in the aforementioned constitutional proceeding that the corresponding legal determination will be made.",
  "outcome": {
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    "label_es": "Archivo del expediente",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber ordered the amparo closed because the same facts and grievances were already under review in another constitutional proceeding (case 25-033640-0007-CO).",
    "summary_es": "La Sala Constitucional ordenó archivar el recurso de amparo porque los mismos hechos y agravios ya estaban siendo conocidos en otro proceso constitucional (expediente 25-033640-0007-CO)."
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      "quote_en": "In this context, since the facts raised by the petitioner are already under analysis before this Chamber, it is inappropriate to discuss those which, in essence, are known in that case, as this, aside from entailing the serious risk of two contradictory rulings, would cause an unnecessary delay in the processing of the first amparo, to the detriment of the petitioner's interest.",
      "quote_es": "En este contexto, como los hechos que plantea la parte recurrente ya son objeto de análisis ante esta Sala, resulta improcedente discutir los mismos que, en esencia, se conocen en ese expediente, pues ello, aparte de entrañar el serio riesgo de que se dicten dos fallos contradictorios, provocaría un retraso innecesario en la tramitación del primer recurso que iría en detrimento del interés de la recurrente."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1355296",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 38710 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 21 de Noviembre del 2025 a las 09:15\n\nExpediente: 25-033740-0007-CO\n\nRedactado por: Ana María Picado Brenes\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-033740-0007-CO\n\nRes. Nº 2025038710\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco .\n\nRecurso de amparo interpuesto por Nombre50001, cédula de identidad CED25148, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.             \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 30 de octubre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía. Manifiesta que el 3 de septiembre de 2025, remitió un correo electrónico a las señoras juezas del Tribunal Ambiental Administrativo, Nombre47343, Nombre50002 y Nombre50003. El correo usado fue el de correspondencia institucional, es decir, ...609, ...610 y ...611. A este correo se le adjuntó el oficio AL-CCS-391-2025, de 3 de septiembre de 2025, en el que se requirió lo siguiente: “En particular, me permito solicitar: 1. Una explicación formal respecto a la demora administrativa en el nombramiento de juez(a) propietario y suplentes del TAA, cargos que permanecieron vacantes entre seis y nueve meses, según consta en acta N.º 001-2024-CNA y oficio O-928-2024- TAA (adjuntos). Esta situación generó un periodo de inactividad que afectó directamente el funcionamiento del órgano. 2. Una aclaración sobre las razones y criterios legales que fundamentaron la decisión de otorgar un plazo de seis años en el nuevo nombramiento, cuando lo procedente habría sido completar únicamente el periodo faltante de dos años, de acuerdo con lo previsto en la normativa y la práctica establecida. Este hecho provoca un desfase en los nombramientos del Tribunal. 3. Las razones jurídicas y administrativas que motivaron el traslado de plazas del TAA a otras dependencias, tal como se indica en la nota DAJMINAE-0794-2025 (adjunta). Cabe recordar que MIDEPLAN, en su nota MIDEPLAN-DVM-OF-0099-2024, no incluyó al TAA dentro de la reestructuración institucional. Además, en la carta MIDEPLAN-DM-0611-2025, se enfatizó que cualquier traslado de plazas del Tribunal sería ilegal, en virtud de su naturaleza de órgano de desconcentración máxima y de la regulación contenida en la Ley Orgánica del Ambiente. A lo anterior se suma lo señalado en el reportaje del Semanario Universidad del 30 de julio de 2025, titulado “Tribunal Ambiental se queda sin ocho plazas y pierde aún más efectividad en gobierno de Nombre8184”, donde se evidencia una reducción preocupante de personal, limitaciones presupuestarias y un debilitamiento operativo del Tribunal. Por tanto, le solicito respetuosamente remitir un informe que detalle, sus valoraciones sobre lo siguiente: • Las razones administrativas, jurídicas o técnicas que motivaron la demora en los nombramientos. • La fundamentación legal del plazo otorgado en el nuevo nombramiento. • La justificación jurídica y administrativa de los traslados de plazas del TAA a otras dependencias. • Las acciones adoptadas o previstas a la luz de los pronunciamientos de MIDEPLAN. • Las medidas para fortalecer la operatividad del TAA, reincorporar las plazas eliminadas y garantizar el nombramiento oportuno del personal. Asimismo, en seguimiento a la consulta original, agradeceré una actualización con los siguientes datos: 1. Número total de expedientes del Tribunal y desde qué año se registran. 2. Cantidad de denuncias o casos resueltos mensualmente. 3. Número total de funcionarios del Tribunal y cuántos se dedican específicamente a la resolución de denuncias ambientales. 4. Promedio mensual de ingreso de denuncias ambientales. 5. Tiempo promedio de resolución de los expedientes según tipo de infracción. 6. Valoración sobre el incremento comparativo de casos, potestades, atribuciones y aspectos administrativos que afronta el Tribunal. Favor adjuntar una tabla comparativa de la última década”. Indica que el plazo de los 10 días hábiles para que respondieran se venció, por lo que, bajo el principio de buena fe y tolerancia, se envió otro correo electrónico el 18 de septiembre de 2025, de manera que ese mismo día, la parte recurrida solicitó una prórroga de 5 días hábiles para responder, tiempo que se aceptó. Pese a esto, acusa que, al momento de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta a su gestión, por lo que, estima se han vulnerado sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante resolución de las 12:00 horas del 3 de noviembre de 2025, se dio curso a este proceso y se le solicitó informe al presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 7 de noviembre de 2025, Nombre50002, en su condición de jueza presidenta a. i. del Tribunal Ambiental Administrativo, informa bajo juramento que “se informa a la Sala Constitucional, que, al interponer el recurso, la Señora Diputada reclamó que a esa fecha no había recibido respuesta ni la información solicitada por parte de este Tribunal. En orden a este asunto, debemos indicar que para el momento en que la petente acudió a la vía judicial no se le había comunicado formalmente una respuesta o estaba en proceso la comunicación, toda vez, que se estaba atendiendo la gestión, que requirió hacer una revisión de nuestros archivos institucionales, levantar la información y generar estadísticas. En el mismo orden de ideas, el Tribunal Ambiental Administrativo conforme a la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 104 en concordancia con el artículo 07 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, Decreto 34136, es un Órgano Colegiado conformado por tres Juezas propietarios, se elaboró una propuesta de borrador por parte de la Jueza Presidenta (en este momento incapacitada), pero no hubo consenso en su redacción por ser en algunas de las consultas del oficio AL-CCS391-2025 -valoraciones-, de esta forma se enviaron respuestas individuales por cada Juez según se acotará. En todo caso, debe recalcarse que mediante los oficios O-674-2025-TAA de fecha 03 de noviembre del año en curso, suscrito por la Licda. Nombre50002 en calidad de Jueza Vicepresidenta (hoy Jueza Presidenta a.i por estar incapacitada la propietaria) y el Oficio O-691-2025-TAA de fecha 05 de noviembre del año en curso, suscrito por la Licda. Nombre50003 en Calidad de Jueza Vicepresidenta a.i, ya se le brindó a la Señora Diputada una respuesta a cada una de las consultas, información y valoraciones solicitadas mediante el oficio AL-CCS-391-2025, de la información que se encuentran bajo nuestra responsabilidad y custodia. Tales documentos le fueron debidamente notificados a la dirección de correo desde la cual la Señora Diputada Nombre50004 gestionó su solicitud de información, por lo que la gestión presentada ya fue atendida por este Tribunal. SEGUNDO: En mérito de lo expuesto, téngase por rendido el informe solicitado y que se tenga por cumplido la solicitud mediante el oficio AL-CCS-391-2025 de la Señora Diputada Nombre50005 acorde a la normativa que rige su competencia y ámbito de acción, así mismo, que se desestime el presente recurso de amparo con la información y argumentos presentados. TERCERO: DE TRAMITE: Se informa a la Sala Constitucional que el día 03 de noviembre fue recibido en las oficinas del Tribunal Ambiental Administrativo, otra solicitud de informe mediante la resolución las doce horas 40 minutos del 31 de octubre del 2025, y notificada el 03 de noviembre del 2025 en las oficinas de este Tribunal, expediente judicial No. 25-033640-0007-CO, en el que se gestiona acciones conexas o afines a este expediente, en el que alega por parte de la Señora Diputada Nombre50005, la no respuesta al oficio AL-CCS-391-2025 del 03 de septiembre del 2025, que es la misma solicitud “no atendida” del presente recurso de amparo. Y que este Tribunal envió la respuesta en iguales términos al presente expediente mediante el oficio O-691-2025-TAA”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Nombre49707; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que el 3 de setiembre de 2025 remitió el oficio nro. AL-CCS-391-2025 ante el Tribunal Ambiental Administrativo, por medio del cual requirió una información de su interés; sin embargo, reprocha que pese a que la autoridad recurrida le solicitó una prórroga de 5 días hábiles para responder a la fecha en que acude a interponer este recurso de amparo no ha recibido respuesta a su gestión, por lo que, estima se han vulnerado sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.\n\nII.- Sobre la tramitación del presente recurso de amparo. Al respecto, se debe advertir que en esta Sala se tramita el recurso de amparo nro. 25-033640-0007-CO, interpuesto al ser las 16:15 horas del 29 de octubre de 2025 por la recurrente Nombre50001, cédula de identidad CED25148, -parte recurrente en este recurso de amparo-, asunto donde se alegan parte de los mismos agravios que se reclaman en este recurso, a saber:\n\n“que, el 3 de septiembre de 2025, en su condición de diputada de la República, remitió el oficio AL-CCS-391- 2025 a los correos electrónicos a ...609, ...610 y ...611. Menciona que, mediante dicho oficio, solicitó lo siguiente al Tribunal Ambiental Administrativo: “En atención a los principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas que rigen la función pública en Costa Rica, me permito dirigirme a ustedes para elevar una consulta de carácter formal respecto al estado actual y a las decisiones recientes que han afectado el funcionamiento del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). Esta gestión se enmarca en una serie de acciones previas emprendidas por este despacho con el propósito de dar seguimiento riguroso a la situación institucional de dicho órgano. En primer lugar, mediante el oficio AL-FPLP-12-OFI-066-2025, del 24 de febrero de 2025, dirigido a la señora Nombre50002, en su calidad de presidenta del TAA, se formularon consultas sobre el funcionamiento del Tribunal, entre ellas: el número de expedientes en trámite, la cantidad de denuncias recibidas y resueltas mensualmente, el total de personal, el promedio mensual de ingreso de denuncias ambientales y el tiempo promedio de resolución según tipo de infracción. Dicho oficio fue respondido mediante el documento O-168-2025- TAA, suscrito por la Licda. Nombre47343, quien indicó desempeñarse como presidenta del Tribunal. En la respuesta se señaló la existencia de una elevada carga de casos (3.800) frente a una planta reducida de 20 personas. Sin embargo, no se detalló la distribución funcional ni la cantidad de personal asignado a cada juez, lo que impidió a este despacho realizar una valoración integral de las condiciones internas y operativas del TAA. Posteriormente, mediante el oficio AL-CCS-190-2025, se consultó al señor Ministro de Ambiente y Energía, Nombre50006, sobre tres aspectos clave: 1. La demora en el proceso de nombramiento del juez propietario del Tribunal. 2. El desfase en los plazos del nombramiento finalmente realizado. 3. Las razones del traslado de plazas funcionales del Tribunal hacia otras dependencias. La respuesta, recibida el 30 de mayo de 2025, fue sumamente breve (dos páginas) y no ofreció una explicación robusta sobre los actos administrativos ni sobre los fundamentos legales de las decisiones adoptadas. Ante dicha insuficiencia, este despacho remitió los antecedentes y documentos a las siguientes instituciones: • Contraloría General de la República, oficio AL-CCS-220-2025. • Procuraduría General de la República, oficio AL-CCS-222-2025. • Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), oficio AL-CCS-223-2025. No obstante, considerando que el nombramiento de jueces propietarios y suplentes del TAA corresponde al Consejo Nacional Ambiental, presidido por el señor Presidente de la República, según los artículos 79 y 104 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554), se consultó a la Presidencia de la República mediante oficio AL-CCS-251-2025 diversos puntos aclaratorios (...) La respuesta, recibida mediante oficio DM-718- 2025 y suscrita por el Ministro de Ambiente y Energía, expone una serie de argumentos, los cuales se adjuntan para su conocimiento. No obstante, en aras de contar con un panorama más claro y comparativo, considero indispensable elevar esta consulta directamente al Tribunal Ambiental Administrativo, a fin de conocer sus valoraciones, consideraciones jurídicas y experiencia institucional sobre los mismos puntos ya planteados al Consejo Nacional Ambiental. En particular, me permito solicitar: 1. Una explicación formal respecto a la demora administrativa en el nombramiento de juez(a) propietario y suplentes del TAA, cargos que permanecieron vacantes entre seis y nueve meses, según consta en acta N.º 001- 2024-CNA y oficio O-928-2024-TAA (...)Esta situación generó un periodo de inactividad que afectó directamente el funcionamiento del órgano. 2. Una aclaración sobre las razones y criterios legales que fundamentaron la decisión de otorgar un plazo de seis años en el nuevo nombramiento, cuando lo procedente habría sido completar únicamente el periodo faltante de dos años, de acuerdo con lo previsto en la normativa y la práctica establecida. Este hecho provoca un desfase en los nombramientos del Tribunal. 3. Las razones jurídicas y administrativas que motivaron el traslado de plazas del TAA a otras dependencias, tal como se indica en la nota DAJ-MINAE-0794-2025 (...) Cabe recordar que MIDEPLAN, en su nota MIDEPLAN-DVM-OF-0099-2024, no incluyó al TAA dentro de la reestructuración institucional. Además, en la carta MIDEPLAN-DM0611-2025, se enfatizó que cualquier traslado de plazas del Tribunal sería ilegal, en virtud de su naturaleza de órgano de desconcentración máxima y de la regulación contenida en la Ley Orgánica del Ambiente. A lo anterior se suma lo señalado en el reportaje del Semanario Universidad del 30 de julio de 2025, titulado “Tribunal Ambiental se queda sin ocho plazas y pierde aún más efectividad en gobierno de Nombre8184”, donde se evidencia una reducción preocupante de personal, limitaciones presupuestarias y un debilitamiento operativo del Tribunal. Por tanto, le solicito respetuosamente remitir un informe que detalle, sus valoraciones sobre lo siguiente: • Las razones administrativas, jurídicas o técnicas que motivaron la demora en los nombramientos. • La fundamentación legal del plazo otorgado en el nuevo nombramiento. • La justificación jurídica y administrativa de los traslados de plazas del TAA a otras dependencias. • Las acciones adoptadas o previstas a la luz de los pronunciamientos de MIDEPLAN. • Las medidas para fortalecer la operatividad del TAA, reincorporar las plazas eliminadas y garantizar el nombramiento oportuno del personal. Asimismo, en seguimiento a la consulta original, agradeceré una actualización con los siguientes datos: 1. Número total de expedientes del Tribunal y desde qué año se registran. 2. Cantidad de denuncias o casos resueltos mensualmente. 3. Número total de funcionarios del Tribunal y cuántos se dedican específicamente a la resolución de denuncias ambientales. 4. Promedio mensual de ingreso de denuncias ambientales. 5. Tiempo promedio de resolución de los expedientes según tipo de infracción. 6. Valoración sobre el incremento comparativo de casos, potestades, atribuciones y aspectos administrativos que afronta el Tribunal. Favor adjuntar una tabla comparativa de la última década”. Acota que el 18 de septiembre de 2025 remitió un correo electrónico a la autoridad recurrida pidiendo la respuesta a la gestión planteada. Expone que, el 18 de septiembre, la autoridad accionada solicitó una prórroga de 5 días hábiles para responder. Sin embargo, acusa que aún no ha recibido respuesta a la gestión incoada”.\n\nEn ese contexto, como los hechos que plantea la parte recurrente ya son objeto de análisis ante esta Sala, resulta improcedente discutir los mismos que, en esencia, se conocen en ese expediente, pues ello, aparte de entrañar el serio riesgo de que se dicten dos fallos contradictorios, provocaría un retraso innecesario en la tramitación del primer recurso que iría en detrimento del interés de la recurrente. En consecuencia, lo propio es ordenar el archivo de este asunto y será en el citado proceso constitucional donde se resolverá lo que en derecho corresponda.\n\nIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nArchívese el expediente.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNombre210.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nNombre49708.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n AJ0AOGMENAO61\n\nEXPEDIENTE N° 25-033740-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:50:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-first of November, two thousand twenty-five.\n\nAmparo appeal (Recurso de amparo) filed by Nombre50001, identity card CED25148, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.\n\nResultando:\n\n1.- By a document received at the Secretariat of the Chamber on October 30, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Ministry of Environment and Energy. She states that on September 3, 2025, she sent an email to the lady judges of the Administrative Environmental Tribunal, Nombre47343, Nombre50002, and Nombre50003. The email addresses used were for institutional correspondence, i.e., ...609, ...610, and ...611. Attached to this email was official letter AL-CCS-391-2025, dated September 3, 2025, in which the following was requested: \"In particular, I respectfully request: 1. A formal explanation regarding the administrative delay in appointing a proprietary judge and substitute judges for the TAA, positions that remained vacant between six and nine months, as recorded in minute No. 001-2024-CNA and official letter O-928-2024-TAA (attached). This situation generated a period of inactivity that directly affected the functioning of the body. 2. A clarification on the legal reasons and criteria that supported the decision to grant a six-year term in the new appointment, when the proper course would have been to complete only the remaining two-year period, in accordance with the provisions of the regulations and established practice. This fact causes a mismatch in the Tribunal's appointments. 3. The legal and administrative reasons that motivated the transfer of positions from the TAA to other units, as indicated in note DAJMINAE-0794-2025 (attached). It is worth recalling that MIDEPLAN, in its note MIDEPLAN-DVM-OF-0099-2024, did not include the TAA within the institutional restructuring. Furthermore, in letter MIDEPLAN-DM-0611-2025, it was emphasized that any transfer of positions from the Tribunal would be illegal, by virtue of its nature as a body with maximum deconcentration and the regulation contained in the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente). Added to the above is what was stated in the Semanario Universidad article of July 30, 2025, entitled “Administrative Environmental Tribunal loses eight positions and becomes even less effective under the government of Nombre8184”, where a worrying reduction in personnel, budgetary limitations, and operational weakening of the Tribunal are evidenced. Therefore, I respectfully request you to send a detailed report with your assessments on the following: • The administrative, legal, or technical reasons that motivated the delay in the appointments. • The legal basis for the term granted in the new appointment. • The legal and administrative justification for the transfers of TAA positions to other units. • The actions adopted or planned in light of MIDEPLAN's pronouncements. • The measures to strengthen the TAA's operability, reincorporate the eliminated positions, and guarantee the timely appointment of personnel. Likewise, following up on the original consultation, I would appreciate an update with the following data: 1. Total number of cases at the Tribunal and from what year they are recorded. 2. Number of complaints or cases resolved monthly. 3. Total number of Tribunal staff and how many are specifically dedicated to resolving environmental complaints. 4. Monthly average of incoming environmental complaints. 5. Average resolution time for cases by type of infraction. 6. Assessment on the comparative increase of cases, authorities, powers, and administrative aspects faced by the Tribunal. Please attach a comparative table for the last decade”. She indicates that the 10-business-day period for them to respond expired, so, under the principle of good faith and tolerance, another email was sent on September 18, 2025, and that same day, the respondent party requested a 5-business-day extension to respond, a time that was accepted. Despite this, she asserts that at the time of filing this appeal, she has not received a response to her request, and therefore, believes her fundamental rights have been violated. She requests the appeal be granted.\n\n2.- By a resolution at 12:00 hours on November 3, 2025, this process was admitted and a report was requested from the president of the Administrative Environmental Tribunal regarding the facts alleged by the appellant.\n\n3.- Through a document incorporated into the digital case file on November 7, 2025, Nombre50002, in her capacity as Acting President Judge of the Administrative Environmental Tribunal, reports under oath that “this Constitutional Chamber is informed that, when filing the appeal, the Congressionalwoman claimed that as of that date she had not received a response or the information requested from this Tribunal. In order to this matter, we must indicate that at the time the petitioner resorted to the judicial route, a response had not been formally communicated or communication was in process, as the request was being addressed, which required a review of our institutional archives, gathering information, and generating statistics. Along the same lines, the Administrative Environmental Tribunal, according to Article 104 of the Organic Environmental Law in conjunction with Article 07 of the Regulations of Procedures of the Administrative Environmental Tribunal, Decree 34136, is a Collegiate Body made up of three proprietary judges. A draft proposal was prepared by the President Judge (currently on sick leave), but there was no consensus on its wording for some of the consultations in official letter AL-CCS391-2025 —assessments—. Consequently, individual answers were sent by each Judge as will be noted. In any case, it should be emphasized that through official letters O-674-2025-TAA dated November 3 of the current year, signed by Licda. Nombre50002 in her capacity as Vice-President Judge (now Acting President Judge as the proprietary judge is on sick leave), and Official letter O-691-2025-TAA dated November 5 of the current year, signed by Licda. Nombre50003 in her capacity as Acting Vice-President Judge, the Congressionalwoman has already been provided with a response to each of the consultations, information, and assessments requested via official letter AL-CCS-391-2025, based on the information under our responsibility and custody. Such documents were duly notified to the email address from which Congressionalwoman Nombre50004 processed her request for information, meaning the submitted request has already been addressed by this Tribunal. SECOND: In merit of the foregoing, let the requested report be considered rendered and let the request made via official letter AL-CCS-391-2025 by Congressionalwoman Nombre50005 be considered fulfilled, in accordance with the regulations governing her competence and scope of action. Also, let this amparo appeal be dismissed based on the information and arguments presented. THIRD: PROCEDURAL: The Constitutional Chamber is informed that on November 3, another request for a report was received at the offices of the Administrative Environmental Tribunal, by resolution at twelve hours forty minutes on October 31, 2025, and notified on November 3, 2025, in the offices of this Tribunal, relating to judicial case file No. 25-033640-0007-CO, in which actions connected or related to this case file are being processed, where Congressionalwoman Nombre50005 claims the non-response to official letter AL-CCS-391-2025 of September 3, 2025, which is the same “unaddressed” request of this amparo appeal. And this Tribunal sent the response in the same terms as the present case file through official letter O-691-2025-TAA”.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Nombre49707; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- Object of the appeal. The appellant states that on September 3, 2025, she sent official letter no. AL-CCS-391-2025 to the Administrative Environmental Tribunal, through which she requested information of interest to her; however, she reproaches that despite the respondent authority requesting a 5-business-day extension to respond, at the date she resorts to file this amparo appeal, she has not received a response to her request, and therefore, believes her fundamental rights have been violated. She requests the appeal be granted.\n\nII.- Regarding the processing of this amparo appeal. In this respect, it should be noted that this Chamber is processing amparo appeal no. 25-033640-0007-CO, filed at 16:15 hours on October 29, 2025, by appellant Nombre50001, identity card CED25148, —the appellant in this amparo appeal—, a matter where part of the same grievances claimed in this appeal are alleged, namely:\n\n“that, on September 3, 2025, in her capacity as a Congresswoman of the Republic, she sent official letter AL-CCS-391-2025 to the email addresses ...609, ...610, and ...611. She mentions that, through said official letter, she requested the following from the Administrative Environmental Tribunal: “In accordance with the principles of transparency, efficiency, and accountability that govern public function in Costa Rica, I respectfully address you to raise a formal consultation regarding the current state and recent decisions that have affected the functioning of the Administrative Environmental Tribunal (TAA). This request is part of a series of prior actions undertaken by this office with the purpose of rigorously following up on the institutional situation of said body. Firstly, through official letter AL-FPLP-12-OFI-066-2025, dated February 24, 2025, addressed to Mrs. Nombre50002, in her capacity as president of the TAA, consultations were formulated regarding the functioning of the Tribunal, including: the number of cases in process, the number of complaints received and resolved monthly, total staff, the monthly average of incoming environmental complaints, and the average resolution time by type of infraction. Said official letter was answered through document O-168-2025-TAA, signed by Licda. Nombre47343, who indicated she served as president of the Tribunal. The response indicated the existence of a high caseload (3,800) against a reduced staff of 20 people. However, the functional distribution or the amount of staff assigned to each judge was not detailed, which prevented this office from performing a comprehensive assessment of the TAA's internal and operational conditions. Subsequently, through official letter AL-CCS-190-2025, the Minister of Environment and Energy, Mr. Nombre50006, was consulted on three key aspects: 1. The delay in the appointment process for the Tribunal's proprietary judge. 2. The mismatch in the terms of the appointment finally made. 3. The reasons for the transfer of functional positions from the Tribunal to other units. The response, received on May 30, 2025, was extremely brief (two pages) and did not offer a robust explanation of the administrative acts or the legal bases of the decisions adopted. Given this insufficiency, this office sent the background and documents to the following institutions: • Office of the Comptroller General of the Republic, official letter AL-CCS-220-2025. • Office of the Attorney General of the Republic, official letter AL-CCS-222-2025. • Ministry of National Planning and Economic Policy (MIDEPLAN), official letter AL-CCS-223-2025. However, considering that the appointment of proprietary and substitute judges of the TAA corresponds to the National Environmental Council, chaired by the President of the Republic, according to Articles 79 and 104 of the Organic Environmental Law (Law No. 7554), various clarifying points were consulted with the Presidency of the Republic through official letter AL-CCS-251-2025 (...) The response, received via official letter DM-718-2025 and signed by the Minister of Environment and Energy, sets out a series of arguments, which are attached for your knowledge. Nevertheless, in order to have a clearer and comparative picture, I consider it essential to raise this consultation directly with the Administrative Environmental Tribunal, to learn about its assessments, legal considerations, and institutional experience on the same points already presented to the National Environmental Council. In particular, I respectfully request: 1. A formal explanation regarding the administrative delay in appointing a proprietary judge and substitute judges of the TAA, positions that remained vacant between six and nine months, as recorded in minute No. 001-2024-CNA and official letter O-928-2024-TAA (...) This situation generated a period of inactivity that directly affected the functioning of the body. 2. A clarification on the legal reasons and criteria that supported the decision to grant a six-year term in the new appointment, when the proper course would have been to complete only the remaining two-year period, in accordance with the provisions of the regulations and established practice. This fact causes a mismatch in the Tribunal's appointments. 3. The legal and administrative reasons that motivated the transfer of positions from the TAA to other units, as indicated in note DAJ-MINAE-0794-2025 (...) It is worth recalling that MIDEPLAN, in its note MIDEPLAN-DVM-OF-0099-2024, did not include the TAA within the institutional restructuring. Furthermore, in letter MIDEPLAN-DM0611-2025, it was emphasized that any transfer of positions from the Tribunal would be illegal, by virtue of its nature as a body with maximum deconcentration and the regulation contained in the Organic Environmental Law. Added to the above is what was stated in the Semanario Universidad article of July 30, 2025, entitled “Administrative Environmental Tribunal loses eight positions and becomes even less effective under the government of Nombre8184”, where a worrying reduction in personnel, budgetary limitations, and operational weakening of the Tribunal are evidenced. Therefore, I respectfully request you to send a detailed report with your assessments on the following: • The administrative, legal, or technical reasons that motivated the delay in the appointments. • The legal basis for the term granted in the new appointment. • The legal and administrative justification for the transfers of TAA positions to other units. • The actions adopted or planned in light of MIDEPLAN's pronouncements. • The measures to strengthen the TAA's operability, reincorporate the eliminated positions, and guarantee the timely appointment of personnel. Likewise, following up on the original consultation, I would appreciate an update with the following data: 1. Total number of cases at the Tribunal and from what year they are recorded. 2. Number of complaints or cases resolved monthly. 3. Total number of Tribunal staff and how many are specifically dedicated to resolving environmental complaints. 4. Monthly average of incoming environmental complaints. 5. Average resolution time for cases by type of infraction. 6. Assessment on the comparative increase of cases, authorities, powers, and administrative aspects faced by the Tribunal. Please attach a comparative table for the last decade”. She notes that on September 18, 2025, she sent an email to the respondent authority requesting a response to the request made. She explains that, on September 18, the respondent authority requested a 5-business-day extension to respond. However, she claims that she has still not received a response to the initiated request”.\n\nIn that context, since the facts raised by the appellant are already under analysis before this Chamber, it is improper to discuss the same issues that, in essence, are under consideration in that case file, because this, apart from entailing the serious risk of two contradictory rulings being issued, would cause an unnecessary delay in the processing of the first appeal, which would be detrimental to the appellant's interest. Consequently, the proper course is to order the archiving of this matter, and whatever is legally appropriate will be resolved in the aforementioned constitutional process.\n\nIII.- Documentation provided in the case file. The parties are warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device have been provided, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nLet the case file be archived.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nNombre210.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nIngrid Hess H.\n\nNombre49708.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*AJ0AOGMENAO61*\n\nEXPEDIENTE N° 25-033740-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:50:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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