{ "id": "nexus-sen-1-0007-1355883", "citation": "Res. 39353-2025 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Reiteración de desobediencia a sentencia de amparo ambiental contra TAA y Ministerio de Salud", "title_en": "Reiteration of Disobedience to an Environmental Amparo Judgment Against TAA and Ministry of Health", "summary_es": "La Sala Constitucional resuelve una segunda gestión de inejecución presentada por los recurrentes contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y el Ministerio de Salud. La sentencia original de 2020 ordenó al TAA resolver el expediente 410-09-02-TAA en dos meses y al Ministerio de Salud dar seguimiento a una resolución sanitaria. Han transcurrido más de cinco años sin cumplimiento. El TAA informa que recién el 30 de septiembre de 2025 pudo integrarse el órgano colegiado para continuar la audiencia y solicita dos meses más de prórroga. El Ministerio de Salud detalla múltiples gestiones, incluyendo allanamientos, pero reconoce que informes del SINAC y la CNE descartan daño ambiental y riesgo en la zona, por lo que considera que la orden sanitaria podría carecer de interés actual. La Sala desestima la prórroga del TAA y acoge la gestión de desobediencia contra ambas autoridades, ordenando cumplimiento inmediato bajo apercibimiento de testimoniar piezas al Ministerio Público por el delito de desobediencia.", "summary_en": "The Constitutional Chamber addresses a second non-compliance claim filed by the petitioners against the Environmental Administrative Tribunal (TAA) and the Ministry of Health. The original 2020 judgment ordered the TAA to resolve administrative case 410-09-02-TAA within two months and the Ministry of Health to follow up on a health order. More than five years have passed without compliance. The TAA reports that the collegiate body was only recently integrated on September 30, 2025, to continue the hearing and requests an additional two-month extension. The Ministry of Health details numerous actions, including warrants, but acknowledges that SINAC and CNE reports rule out environmental damage and risk in the area, concluding the health order may lack current interest. The Chamber rejects the TAA’s extension request and upholds the non-compliance claim against both authorities, ordering immediate compliance under warning of sending certified copies to the Public Prosecutor’s Office for the crime of disobedience.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "28/11/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "desobediencia", "amparo", "Tribunal Ambiental Administrativo", "gestión de inejecución", "apercibimiento", "testimoniar piezas" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Arts. 104, 105, 108", "law": "Ley Orgánica del Ambiente" }, { "article": "Arts. 8, 10", "law": "Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo" } ], "keywords_es": [ "desobediencia", "amparo", "Sala Constitucional", "Tribunal Ambiental Administrativo", "Ministerio de Salud", "plazo razonable", "ejecución de sentencia", "orden sanitaria", "SINAC", "CNE" ], "keywords_en": [ "disobedience", "amparo", "Constitutional Chamber", "Environmental Administrative Tribunal", "Ministry of Health", "reasonable time", "judgment enforcement", "health order", "SINAC", "CNE" ], "excerpt_es": "Se reitera a Adriana Bejarano Alfaro en su condición Juez Presidenta a.i. y se ordena a Mario Hidalgo Ramírez, en condición de Juez Suplente, ambos del Tribunal Ambiental Administrativo y se ordena a Mariela de los Ángeles Marín Mena, en su condición de Viceministra del Ministerio de Salud, o quienes ocupen dichos cargos, que procedan a dar cumplimiento inmediato de lo dispuesto por esta Sala en la sentencia N° 2020-017177 de las 9:20 del 11 de setiembre de 2020. Lo anterior, bajo la advertencia de que, de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia (artículos 53 y 71 de la ley de la jurisdicción constitucional). En cuanto a la solicitud de ampliación del plazo planteada, se declara no ha lugar a la gestión formulada.", "excerpt_en": "It is reiterated to Adriana Bejarano Alfaro in her capacity as Acting President Judge, and it is ordered to Mario Hidalgo Ramírez as Substitute Judge, both of the Environmental Administrative Tribunal, and it is ordered to Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as Vice Minister of Health, or whoever holds these positions, to proceed with immediate compliance with the provisions of this Chamber in judgment No. 2020-017177 of 9:20 a.m. on September 11, 2020. The foregoing, under the warning that, if disobedience is proven, certified copies may be ordered to be sent to the Public Prosecutor’s Office for the possible commission of the crime of disobedience (articles 53 and 71 of the Constitutional Jurisdiction Law). Regarding the request for an extension of time, the motion is denied.", "outcome": { "label_en": "Disobedience claim granted", "label_es": "Con lugar gestión de desobediencia", "summary_en": "The Chamber upholds the non-compliance claim, orders immediate compliance with the 2020 judgment, and denies the extension requested by the TAA.", "summary_es": "La Sala acoge la gestión de inejecución, ordena cumplimiento inmediato de la sentencia de 2020 y deniega la prórroga solicitada por el TAA." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "This Chamber cannot accept that the lack of economic resources is a limit between respect and violation of the essential rights of human beings…", "quote_es": "Esta Sala no puede aceptar que la falta de recursos económicos sea un límite entre el respeto y la violación de los derechos esenciales de los seres humanos…" }, { "context": "Por tanto", "quote_en": "It is ordered to […] to proceed with immediate compliance with the provisions of this Chamber in judgment No. 2020-017177 […] under the warning that, if disobedience is proven, certified copies may be ordered to be sent to the Public Prosecutor's Office for the possible commission of the crime of disobedience.", "quote_es": "Se ordena a […] que procedan a dar cumplimiento inmediato de lo dispuesto por esta Sala en la sentencia N° 2020-017177 […] bajo la advertencia de que, de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1355883", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 39353 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 28 de Noviembre del 2025 a las 09:20\n\nExpediente: 20-012211-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 20-012211-0007-CO\n\nRes. Nº 2025039353\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco .\n\n Gestión posterior planteada por Nombre60495 y Nombre99486, en relación con la sentencia No. 2020-017177 de las 9:20 del 11 de setiembre de 2020.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 10:02 horas del 12 de setiembre de 2025, Nombre60495 y Nombre99486, en su condición de parte recurrente, acusan por segunda vez la desobediencia a lo ordenado por la Sala en la sentencia  N° 2020-017177 de las 9:20 del 11 de setiembre de 2020, en la que se ordena a “Ligia Umaña Ledezma en su condición de Jueza Titular de Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 02-TAA, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias para que se resuelva el expediente n.° 410- 09- 02-TAA como en derecho corresponda y se notifique lo resuelto a la parte amparada, todo en un plazo no mayor a 2 meses, contado a partir de la audiencia que se efectuará el 1 de setiembre de 2020. Asimismo, se ordena a Pedro González Morera en su condición de Viceministro de Salud o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias, a fin de dar seguimiento a la resolución 001252-F-S1-2020.”\n\n2.- Mediante resolución de magistrado instructor de las 17:28 horas del 18 de setiembre de 2025, se confirió audiencia a Ligia Umaña Ledezma en su condición de Jueza Titular de Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 02-TAA, o a quien en su lugar ejerza ese cargo.\n\n3.- Informan Adriana Bejarano Alfaro en condición Juez Presidenta a.i. y Lic. Mario Hidalgo Ramírez en condición de Juez Suplente del Tribunal Ambiental Administrativo y actuando como Secretario a.i. en el presente. Exponen: “que desde el mes de abril del 2024 a Octubre del 2024, no se contaba con el Órgano Colegiado en pleno, por motivo de la renuncia de una de ellas, lo que imposibilitaba la continuación de la tramitación del expediente N° 410-09-02- TAA, al encontrase este en la etapa de apertura del procedimiento ordinario, que corresponde a ser atendida por los tres jueces, y fue hasta el mes de noviembre del 2024 que se procedió a la integración del tercer miembro de este Tribunal, correspondiendo al nombramiento de la jueza a cargo del Grupo 02, al cual pertenece el presente expediente, lo que permitía el conocimiento y atención por este. 2-) En cuanto a la tramitación del expediente administrativo No. 410-09-01- TAA, es importante indicar que la Jueza propietaria Maureen Solís Retana, en su condición de Presidente de este Tribunal y Jueza a cargo del Grupo 02, presentó inhibición de conformidad con Oficio N° 625-2025-TAA de fecha 30 de setiembre del 2025. 3-) Que mediante Resolución N° 1155-2025-TAA de las nueve horas quince minutos del día treinta de setiembre del año dos mil veinticinco, las juezas Msc. Adriana Bejarano Alfaro y Msc Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, resolvieron aceptar la inhibición de la Licda. Maureen Solís Retana para no conocer las diligencias pertinentes de resolver en el expediente N° 410-09-02TAA. 4-)Que tal y como se indicó a esta Honorable Sala, se nombra mediante Oficio N° 626-2025-TAA al señor Mario Hidalgo Ramírez como Juez Suplente para que integre el órgano Colegiado y conozca todo lo referente al expediente N° 410-09-02-TAA e integrar el órgano colegiado. 5-) Que mediante resolución N° 1208-2025-TAA de las catorce horas con veinticinco minutos del día siete de octubre del año dos mil veinticinco, se resuelve lo siguiente: “(…) PRIMERO: Que mediante la presente resolución y al encontrarse integrado éste Órgano Colegiado, en cumplimiento de los artículos 104, 105, 108 de la Ley Orgánica del Ambiente número 7554 y el artículo 8, 10 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo, se levanta la suspensión de plazos dictada mediante la resolución N° 058-2024-TAA de las catorce horas del diecinueve de enero del año dos mil veinticuatro mediante la cual se suspendieron los plazos, por lo que se continua con la tramitación del presente expediente administrativo. SEGUNDO: Que vistos los escritos presentados por el señor Nombre51955, siendo 1-) Escrito presentado el día veintiocho de febrero del año 2023 mediante el cual solicita se archive la presente causa e indica las razones que justifican su petición (Ver folios 3841 al 3843 del expediente administrativo), 2-) Escrito presentado el día 10 de octubre del año 2023 mediante el cual solicita se decrete la caducidad del presente procedimiento, y adjunta documento del SINAC y de la CNE (Ver folios 3854 al 3861 y 3917 al 3932 del expediente administrativo) y vuelto a presentar el día 29 de octubre del año 2024 (Ver folios 3944 al 3958 del expediente administrativo); es necesario indicar sobre la caducidad alegada por el denunciado que la Constitución Política, en su precepto 21, regula el derecho a la vida, como un derecho inviolable, el cual incluye, de conformidad a la jurisprudencia constitucional, el derecho a un ambiente sano como un derecho fundamental. Lo anterior implica la indisponibilidad de la vida y de todo lo que ello implica (ambiente como parte de la calidad de vida), no sólo por parte de particulares, sino también la indisponibilidad por parte de los órganos públicos encargados de proteger la misma, en este caso, el Tribunal Ambiental Administrativo (vid infra), ni siquiera, por ejemplo, por imposibilidad de protegerlo debido a la carencia de recursos económicos. (Acerca de los derechos fundamentales como derechos de naturaleza inviolable, indisponible e inextinguible, vid. Ferrajoli, L. Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, Trotta, 2006, págs. 45 y ss.) Por citar un solo ejemplo de la vasta jurisprudencia constitucional al respecto, citamos el voto de la Sala Constitucional N° 3705-93 (ponente Calzada Miranda): “V) - La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: La vida humana es inviolable. Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana. Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice: Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco… Esta Sala en Sentencia Número 2233-93 al señalar que la preservación y protección del ambiente es un derecho fundamental, da cabida a la legitimación para acudir a la vía de amparo. Al lado del conjunto de principios que la Constitución dedica a las relaciones económicas, debe situarse una serie de disposiciones de no menos trascendencia encaminadas a asegurar una protección básica a la vida humana considerada como valor en sí, al margen que se haga de los recursos humanos en atención a fines políticos o económicos. Se da así entrada a una nueva dimensión de las garantías constitucionales, cuyo núcleo esencial se halla en la protección de la libertad personal y de los demás derechos fundamentales vinculados de diversas maneras a esa libertad y que se manifiesta, ante todo, en un conjunto de reglas generales tendientes a crear una situación ambiental que facilite, lo más posible, el ejercicio de las libertades y el goce de los derechos fundamentales… El Gobierno local justifica su conducta en la falta de recursos económicos, límite acostumbrado de la inefectividad de los entes públicos para cumplir con toda propiedad los fines encomendados, ya sea por mandato constitucional, o bien, por disposición legal. La Sala no puede aceptar que la falta de recursos económicos sea un límite entre el respeto y la violación de los derechos esenciales de los seres humanos…” Por su parte, como indicó este Tribunal en la Resolución Nº 213-2016-TAA del 2 de marzo del 2016 (expediente 06-16-03-TAA), el artículo 50 de la Constitución Política ordena lo siguiente “(…) El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. (…)”, en este sentido ha sido reiterada la jurisprudencia al establecer la obligación del Estado por velar por el cumplimiento de este mandato constitucional, el cual no solo se ve plasmado en el artículo supra citado, sino que ha sido referido específicamente en diversas normas, el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta, Segundo Circuito Anexo A mediante el voto N° 2642-2010 de las diez horas del 21 de julio del año 2010, Expediente N° 09-001790, ha establecido: “(…) EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO COMO EXPRESIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO, RECONOCIDO Y TUTELADO POR EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN. Considera este órgano colegiado que, previo al examen de legalidad de las conductas administrativas cuya nulidad se reclama… debe señalarse que mediante la resolución No. 0063-2009, dictada por esta Sección, a las 16 horas del 19 de enero de 2009, se indicó en lo que interesa para el dictado de esta sentencia, lo siguiente: \"....Reconocimiento constitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En Costa Rica, el reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado derecho fundamental no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Lo anterior toda vez que ya que desde la promulgación del texto constitucional en el año 1949, la voluntad del Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”; lo cual, se complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 21, en el sentido de que en nuestro país, “La vida humana es inviolable”. La integración de lo dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de preservar el medio ambiente –aunque en esa época el Constituyente utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una finalidad de carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de todo ser humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales como lo son: la vida, la salud y el desarrollo. (…). Desarrollo Infraconstitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin duda, el reconocimiento y tutela del citado derecho fundamental, provocó el desarrollo infraconstitucional de aquel, por medio del dictado de normas legales o reglamentarias en las que se regulan diversas manifestaciones del mismo, las cuales fueron emitidas mucho antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política. Como ejemplo de ello tenemos: la Ley de Aguas (No. 276 del 27 de agosto de 1942; Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1978, la Ley Forestal (No. 4465 del 25 de noviembre de 1979, ya derogada); la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043 del 2 de marzo de 1977); la Ley General de Salud (No. 5395 del 30 de octubre de 1973); la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. 6084 del 24 de agosto de 1977); la Ley de Salud Animal (No. 6243 del 2 de mayo de 1978); la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317 del 21 de octubre de 1992), entre otras. Lo anterior implica, que antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, el derecho fundamental a que hemos hecho referencia no sólo estaba reconocido y tutelado en el Derecho a la Constitución, sino también, se había desarrollado –aunque de manera sectorial y no con visión de conjunto- a nivel legal y reglamentario. En virtud de lo hasta ahora expuesto, este Tribunal estima que la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, no hizo sino reconocer de manera expresa y claramente individualizada, un derecho fundamental que ya estaba consagrado y garantizado por el Derecho de la Constitución; declarar en forma expresa, los alcances de la ya preexistente obligación del Estado, respecto a garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y otorgar a las personas plena acción para defenderlo, a través de una acción popular (ver sentencias número 1994-01394 de a las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y 1994-05527 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Consecuencias del reconocimiento de la garantía del artículo 50 constitucional en los términos explicados. Dicho reconocimiento lleva aparejado dos aspectos relevantes para la resolución del presente proceso. Primero. La imposición de un deber, tanto para el Estado –entendido como Administración Central y Descentralizada- como para los mismos sujetos de derecho privado, de garantizar, defender y preservar ese derecho. Segundo. El establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional. (...)”. Es precisamente en este último punto señalado, el ‘establecimiento de una serie de mecanismos técnico-jurídicos para la tutela efectiva de ese derecho’, que entra el Tribunal Ambiental Administrativo como un mecanismo del Estado para velar por el cumplimiento de lo expuesto por nuestra Carta Magna. La naturaleza jurídica del Tribunal Ambiental Administrativo viene determinada por lo anterior, como un órgano público encargado de velar por el derecho fundamental a la vida y a un ambiente sano, del cual no puede disponer, ni siquiera, indirectamente, mediante el paso del tiempo en sus actuaciones. Para mayor abundamiento en el tema, hacemos referencia a la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V, sentencia número 00058 de las 08 horas 10 minutos del 12 de junio del 2013, que indica: “(…) VII.- SOBRE LA CADUCIDAD. La representación del Estado aduce la caducidad en este caso… Finalmente, debe tomarse en cuenta que, en la especie está involucrado un derecho fundamental -ambiente sano y ecológicamente equilibrado-, el cual por su naturaleza, no estarían sujeto a plazos de caducidad o prescripción. En consecuencia, debe disponerse el rechazo de la excepción de caducidad planteada. (…)”. (negrita no original). Por lo anterior, se debe proceder a rechazar la solicitud de caducidad presentada, así como la solicitud de archivo de la presente causa (escrito presentado el día veintiocho de febrero del año 2023), siendo que los aspectos de fondo que alega son específicamente los que se ventilan en el presente procedimiento ordinario administrativo y deben ser analizados y resueltos mediante resolución final. TERCERO: Que este Tribunal acuerda que a los efectos de proceder como en derecho corresponde se procede a señalar para continuación de la Audiencia Oral y Pública para los días 23, 24, 30 y 31 de octubre del año 2025 y 04 de noviembre de 2025 a las 8:30 horas, diligencia que será llevaba a cabo en el Auditorio del Ministerio de Economía Industria y Comercio ubicado en el cantón de Tibás, Anselmo Llorente, Dirección2935 en el Oficentro ASEBANACIO por razones de logística y cantidad de personas convocadas, por lo que se procede a establecer un horario para la asistencia de cada uno de los testigos citados: DIA 23 de octubre: 08:30 a las 15:00 horas.\n\n1. Biól. Karla Alvarado Cajiao, funcionaria de la SETENA del MINAE\n\n2. Ing. Danny Olivares Rivera, Coordinador de la Unidad Hidrológica Tárcoles Pacífico Central de la Dirección de Agua del MINAE, este último en calidad de testigo y/o de perito.\n\nDIA Dirección6555: 08:30 a las 15:00 horas 1. Geógrafa Ileana Méndez Ocampo, encargada de la Oficina de Riesgos y Atención de Emergencias Cantonales de la Municipalidad de Moravia. 2. Ing. Randall Madrigal Ledezma, Director de Servicios y Ordenamiento Territorial, de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia. 3. Licda. Liliana Rivera Monge, funcionaria del Área Rectora de Salud Santo Domingo del Ministerio de Salud. 4. Luis Diego Rubí Bolaños, funcionario de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia.\n\nDIA 30 de octubre: 08:30 a las 15:00 horas 1. Ing. Meryll Arias Quirós, funcionaria de la Oficina de Heredia, Área de Conservación Central. 2. Carlos Carballo Sánchez, funcionario de la Oficina Subregional Heredia, del Área de Conservación Central SINAC-MINAE. 3. Daniel Barquero Quirós, Municipalidad de Nombre99468\n\nDIA 31 de octubre: 08:30 a las 15:00 horas 1. Nombre51956, cédula de identidad número CED26179. 2. Nombre51957, cédula de identidad número CED26180. 3. Sandra Álvarez Cubillo, cédula de identidad número CED26181.\n\nDIA 4 de noviembre: 08:30 a las 15:00 horas\n\n• Conclusiones (…)”\n\nDe lo expuesto anteriormente, este Tribunal considera necesario solicitar a esta Honorable Sala una prórroga de dos meses para cumplir con lo ordenado en la resolución N°2020-017177 de las nueve horas con veinte minutos del once de setiembre del año dos mil veinte, siendo que como se puede observar fue hasta el día treinta de setiembre del presente año que se integró el Órgano Colegiado para poder continuar con la tramitación de la audiencia oral y pública y proceder una vez terminada dicha diligencia a dictar el Acto Final. Pide se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Mediante resolución de magistrado instructor de las 10:06 horas del 06 de noviembre de 2025, se confirió audiencia a Pedro González Morera en su condición de Viceministro de Salud o a quien en su lugar ejerza ese cargo.\n\n5.- Informa Mariela de los Ángeles Marín Mena, en su condición de Viceministra de Salud. Expresa que: “El 24 de setiembre 2020, se realiza clausura por parte del Área Rectora de Santo Domingo por incumplimiento de ordenamiento sanitario MS-DRRSCN-DARSSD-3467-2020. El 24 de setiembre 2020, se emite notifica informe sanitario MS-DRRSCN-DARSSD-IS-001-2020. El 9 de noviembre 2021, se realiza visita al sitio donde se evidencia la permanencia de estructuras metálicas sin personas en el sitio. Oficio MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1716-2021. El 9 de noviembre 2021, desde la Dirección de esta Área Rectora por medio de oficio MS-DRRSCNDARSSD-1717-2021 se le envía por medio de correo electrónico al Sr Nombre51955 un recordatorio de que tienen actos administrativos pendientes y se debe de abstener de realizar cualquier actividad comercial en las instalaciones de la empresa Renta Trigal. El 12 de noviembre 2021, por medio de oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1717-2021 se envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Trámite de Gestión ante la fiscalía general de Desobediencia a la autoridad, contra Nombre51955 por incumplimiento al ordenamiento sanitario Orden Sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSS-2056-2020 y clausura No. MS-DRRSCN-DARSS-3467-2021. El 8 de diciembre 2021, se envía al alcalde municipal solicitud de demolición MS-DRRSCNDARSSD-1914-2021. El 7 de setiembre 2022, la Licda. Pamela Garita Ramírez funcionaria de esta Área Rectora en conjunto con el Ing Douglas Sancho de la Municipalidad de Santo Domingo se presentaron al sitio pero se les negó el acceso por parte del guarda de Renta Trigal. El 14 de octubre 2022, se le envió por parte del Área Rectora de Salud Santo Domingo correo electrónico al Sr Nombre51955 solicitando nos brinde fecha para ingreso pero hasta la fecha no se recibe respuesta. El 31 de marzo 2023, las funcionarias Licda. Diana Víquez Zamora y Licda. Pamela Garita Ramírez se presentan a las instalaciones de la empresa Rental Nombre99487 para verificar el cumplimiento de la clausura de la actividad, el señor Carlos Trejos Ramírez identificado como el guarda de seguridad hace llamada telefónica al Señor Nombre51955 y el mismo no autoriza el ingreso e indica que no hay actividad comercial. El 03 de mayo 2023, la Dra Karina Garita Montoya en calidad de Directora de Rectoría de la Salud Región Central Norte presenta ante el Juzgado Contravencional de menor cuantía de Santo Domingo la solicitud de allanamiento para ingresar al establecimiento Rental Nombre99487 representado por el Señor Nombre51955. El mismo fue rechazado por parte del Juzgado Contravencional. El 10 de mayo 2023, la funcionaria Licda. Diana Víquez se presentan a las instalaciones de la empresa Rental Nombre99487 para verificar el cumplimiento de la clausura de la actividad, las atendió el señor Alí Trejos identificado como el guarda de seguridad; el mismo hace llamada telefónica al Señor Nombre51955 refiere que no se permite el ingreso que para ingresar se debe de coordinar con el Sr Nombre51959. El 10 de mayo 2023, se hace llamada telefónica al Sr Nombre51959 el mismo indica que va a conversarlo con su jefatura se acuerda llamar el 11 de mayo 2023. El 11 de mayo 2023, se hace llamada telefónica al Sr Nombre51959 el mismo indica que no se va a permitir el ingreso a funcionarios debido a que el sr Nombre51955 debe de estar presente y se encuentra con problemas de salud y se debe reprogramar en un mes. El 12 de junio 2023, se hace llamada telefónica al Sr Nombre51959 para coordinar el ingreso a la empresa Rental Nombre99487 el mismo indica el día 13 de junio 2023 nos llama para indicar si hay autorización del ingreso. El 13 de junio 2023, se hace llamada telefónica al Sr Nombre51959 para coordinar el ingreso a la empresa Rental Nombre99487 el mismo indica aún no ese permite el ingreso debido a que el Sr Nombre51955 se encuentra con problemas de salud, se acuerda llamar el 23 de junio 2023. El 23 de junio 2023, se hace llamada telefónica al Sr Nombre51959 para coordinar el ingreso a la empresa Rental Nombre99487 el mismo indica no se autoriza el ingreso debido a que el Sr se encuentra delicado de salud, el se comunicará con el Área Rectora para coordinar futuro ingreso. El 4 de agosto 2023 esta Área Rectora notificó el oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1148-2023 el mismo indicaba que el 10 de agosto 2023 funcionarios de esta Área Rectora se iban a apersonar al sitio para verificar cumplimiento de ordenamiento sanitario pendiente, el mismo fue recibido por el señor Carlos Trejos con identificación CED26182 identificado como guarda del lugar. El 10 de agosto 2023 las funcionarias de esta Área Rectora Licda. Diana Víquez Zamora y la Licda. Karolina Porras Solera se presentaron a la empresa Rental Trigal, las recibe el señor Alí Trejos Ramírez con identificación CED26183 el mismo no les permite el ingreso indicando que no ha tenido comunicación con el señor Nombre51955, acta 171-DVZ-2023. El 18 de agosto 2023 se le notificó oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1197-2023 en el sitio recibido por el Señor Carlos Trejos donde se le indica que el 30 de agosto 2023 funcionarios de esta Área Rectora se iban a apersonar al sitio para verificar cumplimiento de ordenamiento sanitario pendiente. Este mismo día se le notifica el oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1197-2023 al Sr Nombre51955 mediante la dirección de correo electrónico ...789 El 30 de agosto 2023 las funcionarias de la Dirección de Área Rectora de Salud Santo Domingo Licda. Diana Víquez Zamora y la Licda. Karolina Porras Solera se presentaron a la empresa Rental Trigal, las recibe el señor Carlos Trejos el mismo no les permite el ingreso indicando que no ha podido contactar al señor Nombre51955, acta 183-DVZ-2023. El 26 de setiembre 2023, por parte de la Dirección del Área Rectora de Santo Domingo se envía oficio MS-DRRSCN-DARSD-1437-2023 al Tribunal Ambiental Administrativo solicitando información del expediente número 410-09-02-TAA pero no se obtuvo respuesta. El 27 de setiembre 2023, desde la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo se envió a la Dirección Regional apoyo para dar seguimiento al caso por parte de las autoridades de Nivel Central del Ministerio de Salud. El 28 de setiembre 2023, la Directora Regional envió oficio MS-DRRSCN-2163-2023 a la Licda Jessica González en calidad de directora de Asunto Jurídicos a.i. solicitando seguimiento al caso en cuestión del mismo esta Área Rectora, no ha tenido respuesta. El 23 de enero 2024, la directora del Área Rectora de Salud Santo Domingo le envía a la Dirección Regional oficio MS-DRRSCN-DARSSD-110-2024 solicitando seguimiento del caso rental Nombre99487 específicamente compromisos adquiridos en reuniones con la Dirección General de Salud y Asuntos Jurídicos. El 24 de enero 2024, desde la dirección regional se envía oficio MS-DRRSC-137-2024 a la Dra Mariela Marín como Directora Regional solicitando seguimiento del caso en mención, del mismo esta Dirección no tiene respuesta. El 23 de febrero 2024, se recibe MS-AJ-U-GJ-CP-294-2024 resolución de la sala constitucional por desobediencia a la autoridad por parte del Ministerio de Salud donde se ordena cumplimiento inmediato de la sentencia n°2020-017177. El 23 de febrero 2024, las funcionarias de la Dirección de Área Rectora de Salud Santo Domingo Licda. Diana Víquez Zamora y la Licda. Pamela Garita Ramírez se presentaron a la empresa Rental Trigal, las recibe el señor Alí Trejos el mismo no les permite el ingreso indicando que no puede dejar ingresar y que el señor Nombre51955 se encuentra fuera del país, acta 60-DVZ2024. El Dirección6556, las funcionaria de la Dirección de Área Rectora de Salud Santo Domingo Licda. Diana Víquez Zamora en conjunto con el Ingeniero de Nivel regional Wilder Martínez así como dos funcionarios de la Fuerza Pública de Santo Domingo se presentaron a la empresa Rental Trigal, las recibe el señor Carlos Trejos (guarda del lugar) el mismo se comunica vía telefónica con el Sr. Nombre51959 como encargado de la empresa (gerente) e indica no les permite el ingreso indicando que no puede dejar ingresar y que el señor Nombre51955 se encuentra fuera del país. Acta 71-DVZ-2024 El 12 de marzo 2024, la Directora del Área Rectora de Salud Santo Domingo envía oficio MS-DRRSCN-DARSSD-420-2024 a la Dirección Regional para solicitud de allanamiento por medio de las autoridades judiciales. El 19 de abril 2024, se presenta por parte de la Dirección Regional solicitud de allanamiento a Juzgado Contravencional. El 23 de abril 2024, se recibe resolución con la autorización de allanamiento a la empresa Rental Trigal. El 24 de abril 2024, se realizó allanamiento de la empresa Rental Nombre99487 por parte de esta autoridad sanitaria con acompañamiento de la jueza del Juzgado Contravencional de Santo Domingo, la Fuerza Pública y la Municipalidad de Santo Domingo donde se constató el incumplimiento tanto a la Clausura y Suspensión de Actividades N° MS-DRRSCN-DARSS-2056-2020 como a la Clausura y Suspensión de Actividades N° MS-DRRSCN-DARSS-3467-2020. El 29 de abril 2024, desde la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte se le envía oficio MS-DRRSCN-901-2024 a la Ministra de Salud Dra. Mary Munive Angermüller solicitando colaboración para dar seguimiento al caso contra el Sr Nombre51955 en el Tribunal Ambiental Administrativo. El 24 de abril 2024 y el 24 de mayo 2024 mediante correo electrónico se le solicita a la Dirección Regional de rectoría de la Salud Central Norte orientación de cómo proceder en el caso de la Empresa Rental Nombre99487 así como el seguimiento en el tribunal Ambiental Administrativo. El 24 de mayo 2025, se envió correo electrónico al Sr Verny Avendaño como asesor de la señora Ministra de Salud dar seguimiento al caso debido a que en reunión virtual se acordó que desde el despacho se iban a realizar las gestiones con el Tribunal Ambiental Administrativo. El 12 de junio 2024, desde la Dra Karina Garita Montoya envía al correo ...790 oficio MS-DM-2708-2025 con asunto “Seguimiento y respuesta a resolución N°2024004425 expediente 20-012211-007-CO” dirigido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia firmado por la Dra. Mary Munive Anguermuller como Ministra de Salud y la Dra. Kimberly Madrigal Rodríguez como Directora del Área Rectora de Salud Santo Domingo. El 12 de agosto 2024, se envió por parte de la DARSSD el oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1232- 2024 a la Dra. Karina Garita solicitud de apoyo técnico legal en el Caso Rental Trigal. El 29 de agosto 2024, se recibe informe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINACACC-PNE-inf-045-2023 en el cual se concluye “…a partir de los levantamientos realizados, se tiene certeza que no existe invasión a los 10 metros de protección del Río Virilla…” además, “En la margen del río, se observó vegetación consolidada y no se observaron evidencias de delitos ambientales. Este mismo día recibimos el Informe Técnico emitido por la Comisión Nacional de Emergencias CNE-UIAR-INF-1088-2023 en el que se indica “…se analizó el entorno que corresponde a la margen derecha del río Virilla y los alrededores de las Bodegas Trigal… con la finalidad de establecer recomendaciones en cuanto a las condiciones actuales del dique y bodegas.” y “hasta la fecha no existe amenaza directa por afectación debido a efectos de erosión lateral de la margen derecha del río Virilla hacia las bodegas” El 31 de octubre 2024, se envía a la Dra. Mary Munive Angermüller y al Licdo Ronald Chinchilla González como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud oficio MS-DRRSCN-2893- 2024 donde se les solicita seguimiento de las gestiones en la Sala Constitucional y el pronunciamiento de las acciones definitivas. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta. El 05 de noviembre 2024, se le envía al Sr. Nombre99486, Sr. Nombre60495 y la Sra. Yenory Ovares oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1697-2024 indicando que se envió la solicitud a la señora ministra de salud. El 18 de marzo 2025, mediante oficio MS-DRRSCN-DARSSD-0356-2025 la Dra. Kimberly Madrigal Rodríguez envía a la Dra. Karina Garita Montoya solicitando seguimiento al caso Grupo Rental Nombre99487 y la indicación de cómo proceder. El 19 de marzo 2025, mediante oficio CARTA-MS-DRRSCN-583-2025 la Dra. Karina Garita Montoya solicita a Dra. Mary Munive Angermuller y al Licdo. Ronald Chinchilla González solicitando nuevamente el seguimiento del caso en mención, así como nos indique el proceder institucional. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta. El 26 de mayo 2025, se envía oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSSD-0687-2025 al Ing. Alejandro Picado Eduarte presidente de la Comisión Nacional de Emergencias solicitando emitir criterio en donde se indique si el informe mencionado se encuentra vigente y si efectivamente no existe amenaza directa por los efectos de la erosión con lo cual no habría afectación ambiental ni riesgo a la salud humana. Este mismo día se emitió CARTA-MS-DRRSCN-DARSSD-0686-2025 al Licdo. David Chavarría Morales Director Ejecutivo Sistema Nacional de Áreas de Conservación donde se le solicita por favor emitir criterio en donde se indique si el informe antes mencionado se encuentra vigente y si efectivamente no existe invasión en la zona con lo cual no habría afectación ambiental ni riesgo a la salud humana. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta del SINAC. El 29 de mayo 2025, se recibe oficio CNE-PRE-OF-243-2025 firmado por el Sr. Alejandro Picado Eduarte emitiendo criterio que ratifica vigencia del CNE-UIAR-INF-1088-2023. El 29 de octubre 2025, se envió CARTA-MS-DRRSRCN-DARSSD-1582-2025 a Dra. Mary Munive Angermuller y al Licdo. Ronald Chinchilla González seguimiento a solicitud de indicaciones para abordaje del caso empresa Rental Trigal; actualmente nos encontramos en espera de la respuesta. Ante lo anterior expuesto actualmente nos encontramos en la espera de asesoría técnica y legal de las autoridades de cómo proceder debido a que contamos con la resolución de la Sala Constitucional y con el criterio de la Comisión Nacional de Emergencias y el Sistema Nacional de Conservación que se interponen debido a que según estas últimas dos instituciones en el sitio no hay riesgo. NOTA: Durante el 2021 esta dirección estuvo en audiencias en el Tribunal Ambiental Administrativo, se determinó realizar conciliación con las partes, pero no se logró llegar a un acuerdo; actualmente nos encontramos en audiencias con el mismo tribunal. Personal de esta Área Rectora se encuentra citado parte del Tribunal Penal de Heredia para presentarse el 16 de enero 2026.” Antes de referirme al caso en cuestión considera este despacho señores magistrados hacer referencia al oficio MS-DM-4949-2024 del 09 de setiembre de 2024, suscrito por la Dra. Mary Denisse Munive Angermüller, Ministra de Salud y la Dra. Kimberly Madrigal Rodríguez, directora del Área Rectora de Salud Santo Domingo, que fuera remitido a la Sala Constitucional como seguimiento del amparo que nos ocupa, específicamente como respuesta al seguimiento que se le brindó a lo dispuesto por la honorable sala en la resolución 2024004425, y mediante el cual se indicó en lo que interesa que: “En seguimiento a la Resolución N°2024004425 y al expediente 20-012211-0007- CO se informa que el Área Rectora de Salud de Santo Domingo realizó visitas a la empresa Rental Nombre99487 sin lograr el ingreso, ante esto junto con la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte y con asesoría de funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos y del Despacho Ministerial se solicitó al Juzgado Contravencional de Santo Domingo el allanamiento a la empresa Renta Trigal; el mismo se hizo efectivo el día miércoles 24 de abril del año en curso donde se constató el incumplimiento del ordenamiento sanitario MS-DRRSRCN-DARSSD-2056-2020 así como el funcionamiento de una actividad comercial sin permiso sanitario de funcionamiento (PSF). Por otra parte, el 28 de agosto 2024 el Área Rectora de Salud Santo Domingo fue puesta en conocimiento de un informe SINAC-ACC-PNE-inf-045-2023 emitido por funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el cuál concluye que “…a partir de los levantamientos realizados, se tiene certeza que no existe invasión a los 10 metros de protección del Río Virilla…” además, “En la margen del río, se observó vegetación consolidada y no se observaron evidencias de delitos ambientales”. Sumado a este se recibe el Informe Técnico CNE-UIAR-INF-1088-2023 emitido por la Comisión Nacional de Emergencias que indica entre otros “hasta la fecha no existe amenaza directa por afectación debido a efectos de erosión lateral de la margen derecha del río Virilla hacia las bodegas”. Por lo tanto, con base en ambos criterios que son vinculantes para nuestra institución lo procedente sería declarar falto de interés actual el ordenamiento sanitario MS-DRRSRCN-DARSSD-2056- 2020 y prevenir al administrado para que realice el trámite del permiso sanitario de funcionamiento que le corresponde según la actividad desarrollada en el sitio. De igual forma con todo respeto y con el fin de poder exponer de forma clara y detallada el caso, se les solicita una vista para así exponer y aclarar los pormenores correspondientes al caso en marras.” Como puede apreciarse del informe rendido, las actuaciones de las autoridades de salud han estado ajustadas en todo a sus competencias técnicas y legales, donde resulta imperativo aclarar al honorable magistrado que el Ministerio de Salud actúa sometido al ordenamiento jurídico, donde es de comprender que su actuar es meramente administrativo, y que el único mecanismo de coacción que tiene, es la emisión de órdenes sanitarias, las cuales deben (en el mejor de los casos) cumplir los administrados a quienes son dirigidas, donde es a través de estos actos - motivados por los informes sanitarios que se emiten en vista de la comprobación in situ, de hechos que generan potenciales daños a la salud de las personas y del medio ambiente-, que se ordena las medidas correctivas; sin embargo, resulta en una situación verdaderamente difícil para la administración, el poder obligar a un administrado al cumplimiento de las órdenes giradas, cuando este se reúsa, por lo que se debe en atención al ordenamiento jurídico, recurrir a instancias judiciales ante le desobediencia de los administrados, (verbigracia el Ministerio Público) para que se obligue a su cumplimiento. Como se desprende del oficio CARTA-MS-DRRSRCN-DARSSD-1647-2025 el Área Rectora de Salud Santo Domingo desde el marco de sus competencias solicitó el allanamiento y este se concretó el 24 de abril 2024, se realizó allanamiento de la empresa Rental Nombre99487 por parte de esta autoridad sanitaria, con acompañamiento de la jueza del Juzgado Contravencional de Santo Domingo, la Fuerza Pública y la Municipalidad de Santo Domingo donde se constató el incumplimiento tanto a la clausura y suspensión de actividades N° MS-DRRSCN-DARSS-2056-2020 como a la clausura y suspensión de actividades N° MS-DRRSCN-DARSS-3467-2020 y posteriormente el 28 de agosto 2024 el Área Rectora de Salud Santo Domingo fue puesta en conocimiento de un informe SINAC-ACC-PNE-inf-045-2023 emitido por funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el cuál concluye que “…a partir de los levantamientos realizados, se tiene certeza que no existe invasión a los 10 metros de protección del Río Virilla…” además, “En la margen del río, se observó vegetación consolidada y no se observaron evidencias de delitos ambientales”, además se tiene conocimiento del informe técnico CNE-UIAR-INF-1088-2023 emitido por la Comisión Nacional de Emergencias que indica que “hasta la fecha no existe amenaza directa por afectación debido a efectos de erosión lateral de la margen derecha del río Virilla hacia las bodegas”, por lo que consideró el Despacho Ministerial y la dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo, con vista en ambos criterios, informar según el oficio MS-DM-4949-2024 del 09 de setiembre de 2024 a los magistrados constitucionales, que lo procedente técnicamente sería declarar falto de interés actual el ordenamiento sanitario MS-DRRSRCN-DARSSD-2056-2020 y prevenir al administrado para que realice el trámite del permiso sanitario de funcionamiento que le corresponde. El Ministerio de salud, ha realizado de acuerdo a su competencia, todas y cada una de las acciones administrativas que le competen y ha girado las ordenes sanitarias que corresponden, así como la clausura del inmueble, dentro del marco de sus competencias, no se tiene constancia de los informes rendidos por el SINAC y la Comisión Nacional de Emergencias, que se produzca contaminación al ambiente, siendo de aclarar que el Ministerio de Salud no otorga patentes comerciales, solamente es un permiso sanitario de funcionamiento, y eso es lo que inspeccionamos, las condiciones físico sanitarias del inmueble, de las cuales no existe una denuncia. Es del resorte de otras instituciones como el SINAC, Comisión Nacional de Emergencia y Municipalidad el poder determinar si una actividad comercial puede operar al margen de ríos o acequias u otra, siendo dichos informes o criterios técnicos emitidos por esa instituciones vinculantes para el actuar de las autoridades de salud destacadas en el Área Rectora de Salud Santo Domingo, quien ha girado en el marco de sus competencias órdenes como la que se dice carece de interés actual, por no tener en el inmueble condiciones que generen riesgo o peligro para la salud de las personas. Es de advertir señores magistrados, que, pese a que la dirección del Área Rectora de Salud citada participó en audiencias en el Tribunal Ambiental Administrativo, y se determinó realizar conciliación con las partes, a la fecha no se tiene conocimiento de que se haya llegado a un acuerdo y se tiene citada a las referidas autoridades el 16 de enero de 2026 ante el Tribunal Penal de Heredia, que guardan relación con el caso.” Piden se declare no  ha lugar a la gestión.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- En la sentencia nro. 2020-017177 de las 9:20 horas del 11 de setiembre de 2020, esta Sala ordenó:\n\n “Se declara parcialmente con lugar el recurso, en contra del Tribunal Ambiental Administrativo y Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia. Se ordena a Ligia Umaña Ledezma en su condición de Jueza Titular de Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 02-TAA, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias para que se resuelva el expediente n.° 410-09-02-TAA como en derecho corresponda y se notifique lo resuelto a la parte amparada, todo en un plazo no mayor a 2 meses, contado a partir de la audiencia que se efectuará el 1 de setiembre de 2020. Asimismo, se ordena a Pedro González Morera en su condición de Viceministro de Salud o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias, a fin de dar seguimiento a la resolución 001252-F-S1-2020. Lo anterior bajo la advertencia que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.  Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.”.\n\n \n\nTal resolución fue notificada a las partes recurridas por correo electrónico el 29 de setiembre de 2020.\n\n \n\nPosteriormente, mediante la resolución interlocutoria No. 2021007879 de las 9:40 horas del 20 de abril de 2021, esta Sala dispuso lo siguiente:\n\n \n\n \n\n “Se reitera a Ligia Umaña Ledezma en su condición de Jueza Titular de Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 02-TAA, o a quien ocupe su cargo, el cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia N° 2020-017177 de las 09:20 horas del 11 de septiembre de 2020, bajo la advertencia de ordenar el testimonio de piezas ante el Ministerio Público por el delito previsto en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese esta Sentencia a la recurrida, en forma personal.-.”\n\n \n\nTal resolución fue notificada a las partes recurridas por correo electrónico el 22 de abril de 2021.\n\n \n\nSeguidamente, en respuesta a una nueva gestión de incumplimiento, mediante la resolución interlocutoria N º 2021019746 de las 10:06 horas del 3 de setiembre de 2021, esta Sala dispuso:\n\n“Se acoge la gestión formulada. Se le ordena a Elizabeth Araya Jiménez en su condición de Jueza Titular de Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 02-TAA, o a quien ocupe su cargo, el cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia N° 2020-017177 de las 09:20 horas del 11 de septiembre de 2020, bajo la advertencia de ordenar el testimonio de piezas ante el Ministerio Público por el delito previsto en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese.”\n\nLa misma fue notificada a las autoridades recurridas el 21 de setiembre de 2021.\n\nAdemás, por la resolución 2024004425 de las 9:50 horas del 20 de febrero de 2024, esta Sala resolvió la gestión de inejecución planteada el 13 de noviembre de 2023, en el siguiente sentido:\n\n“IV.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En la especie, el recurrente plantea nuevamente gestión posterior en relación con la sentencia N° 2020-017177 de las 09:20 horas del 11 de septiembre de 2020. En cuanto al cumplimiento por parte la Dirección del Área Rectora de Salud de Domingo. En el informe dado a esta Sala por la autoridad del Ministerio de Salud, se describen las acciones realizadas por parte de la autoridad sanitaria para dar seguimiento a la resolución 001252-F-S1-2020, como le fuera ordenado en la sentencia n° 2020-017177 de las 9:20 horas del 12 de setiembre de 2020. Entre las últimas gestiones adoptadas destaca que el 18 de enero de 2023 planteó ante la Fiscalía General de la República, denuncia por desobediencia a la autoridad sanitaria, contra el señor Nombre51955, consignada bajo el número de denuncia N° MS-DM-CP-1013-2022, suscrita por el Dr. Pedro González Morera, en su entonces Ministro a.i. de Salud. Además, el 13 de setiembre 2023, realizó reunión en institucional en la que participó la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Salud, el Lic. Jorge Jinesta, Abogado Regional y las autoridades informantes, se acordó gestionar evidencias para proceder a gestionar una nueva solicitud de allanamiento y la remisión de los antecedentes del caso para que uno de los Asesores. Además, el 26 de setiembre 2023, desde la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo se envió oficio MS-DRRSRCN-DARSSD-1437- 2023 al correo electrónico ...791 solicitando información al Tribunal Ambiental Administrativo con respecto al estado en el que se encuentra actualmente el caso, así como avances o acciones de seguimiento que se han llevado a cabo por parte de dicha instancia. El 27 de setiembre 2023, desde la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo se envió a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte correo electrónico solicitando apoyo para dar seguimiento al trámite de Gestión de desobediencia a la autoridad planteada contra el Sr Nombre51955. El 28 de setiembre 2023, nuevamente, mediante oficio MS-DRRSCN-2163-2023 la Dirección Regional solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos información sobre el trámite de Gestión de desobediencia planteada desde el 12 de noviembre del 2021 contra el Sr Nombre51955, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta. El 16 de noviembre 2023, la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo envió a la Dirección Regional correo electrónico solicitando información de seguimiento al caso de la empresa Rental Trigal. De lo descrito, si bien se observa que ese Ministerio de Salud se ha enfrentado a importantes dificultades para acceder al sitio para efectos de realizar las acciones para ingresar a la propiedad y cumplir lo ordenado en la resolución 001252-F-S1- 2020, tal y como se indicó en el voto 2020-017177 cuya inejecución se acusa; lo cierto es que más allá de la denuncia planteada ante el Ministerio Público en enero de 2023 y algunas gestiones de información pedidas en seguimiento a lo ordenado, las autoridades de salud recurridas no han tomado las suficientes medidas efectivas en este asunto. La solicitud de allanamiento que se indicó, por ejemplo, se valoraría adoptar desde el 13 de setiembre de 2023, no consta se le haya dado algún seguimiento, lo cual deja claro a esta Sala la inejecución a la orden de este Tribunal.\n\nEn cuanto al Tribunal Ambiental Administrativo. Al respecto, esta Sala advierte que a pesar de sus argumentos y los motivos por los que no se ha podido culminar el proceso, ahora que desde enero de 2024, ante la renuncia de las únicas dos juezas suplentes con que contaba el Tribunal, se configura una imposibilidad material para integrar el Tribunal; lo cierto es que, ello no justifica el atraso de más de 3 años en que ha incurrido su representada. En este caso, se acredita la desobediencia a lo ordenado en la sentencia N° 2020-017177 de las 9:20 horas del 12 de setiembre de 2020, y procede estimar la gestión formulada. Empero, visto que las personas que al presente ejercen los cargos de Ministro de Salud y Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo, no son las mismas que a quienes se les giró la orden en el pronunciamiento aludido, se ordena el cumplimiento de lo ahí dispuesto a quienes en la actualidad ostenten tales cargos. (…) Por tanto: Se acoge la gestión formulada. Se ordena a Mario Urcuyo Solórzano, en su calidad de Ministro de Salud a.i. y a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la sentencia n.°2020-017177 de las 9:20 horas del 12 de setiembre de 2020. Se advierte a las recurridos, que según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese.”\n\n \n\nLa misma fue notificada a las autoridades recurridas, el 21 de febrero de 2024.\n\nIV.- DE LA NUEVA GESTIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE PLAZO PLANTEADA POR EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. Actualmente, en respuesta a la gestión de incumplimiento que aquí se conoce,  según afirma nuevamente en su informe, Adriana Bejarano Alfaro, en su calidad de Jueza Presidenta a.i. del Tribunal Ambiental Administrativo, la falta de cumplimiento oportuno a lo ordenado en la sentencia -cuya inejecución se reclama en esta vía-, se debe a que ha sido en fecha reciente: el 30 de setiembre del 2025, que se integró el Órgano Colegiado para dar continuidad a la tramitación de la audiencia oral y pública dentro del procedimiento de interés; la cual una vez que se realice, se procederá a dictar el acto final.  En su respuesta, pide a esta Sala se conceda una prórroga adicional de dos meses a ese Tribunal Ambiental Administrativo, para cumplir lo ordenado en la resolución N°2020-017177 de las 9:20 horas del 11 de setiembre de 2020.\n\nCon base en las consideraciones anteriores, esta Sala advierte que, el Tribunal Administrativo Ambiental, pese a que ha transcurrido un plazo extremadamente largo de 5 años no ha cumplido lo ordenado por esta Sala.  En el mismo sentido, del informe rendido por parte de la representante del Ministerio de Salud, se infiere que aún no se han tomado las medidas oportunas para cumplir lo ordenado. Como consecuencia, procede acoger la gestión de desobediencia y se desestima la solicitud de ampliación de plazo planteada por la Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, como en efecto se dispone.\n\n \n\nPor tanto:\n\nSe reitera a Adriana Bejarano Alfaro en su condición Juez Presidenta a.i. y se ordena a Mario Hidalgo Ramírez, en condición de Juez Suplente, ambos del Tribunal Ambiental Administrativo y se ordena a Mariela de los Ángeles Marín Mena, en su condición de Viceministra del Ministerio de Salud, o quienes ocupen dichos cargos, que procedan a dar cumplimiento inmediato de lo dispuesto por esta Sala en la sentencia  N° 2020-017177 de las 9:20 del 11 de setiembre de 2020. Lo anterior, bajo la advertencia de que, de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia (artículos 53 y 71 de la ley de la jurisdicción constitucional). En cuanto a la solicitud de ampliación del plazo planteada, se declara no ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese personalmente esta resolución y la sentencia N° 2020-017177 de las 9:20 del 11 de setiembre de 2020, a Mario Hidalgo Ramírez y a Mariela de los Ángeles Marín Mena, en su condición de Viceministra de Salud.- Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAracelly Pacheco S.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n JUQVFWHMRWG61\n\nEXPEDIENTE N° 20-012211-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:50:26.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-eighth of November, two thousand twenty-five.\n\nSubsequent proceeding filed by Nombre60495 and Nombre99486, in relation to judgment No. 2020-017177 of 9:20 on September 11, 2020.\n\n**Whereas:**\n\n1.- Through a writing incorporated into the electronic case file at 10:02 hours on September 12, 2025, Nombre60495 and Nombre99486, in their capacity as the appealing party, accuse for the **second time** the **disobedience** of what was ordered by the Chamber in judgment No. 2020-017177 of 9:20 on September 11, 2020, which orders \"Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Permanent Judge of the Administrative Environmental Tribunal and as Processing Judge of the case files ending in 02-TAA, or whoever exercises that position in her place, to take the necessary actions so that case file no. 410-09-02-TAA is resolved as legally appropriate and the decision is notified to the protected party, all within a period not exceeding 2 months, counted from the hearing to be held on September 1, 2020. Likewise, Pedro González Morera, in his capacity as Vice Minister of Health, or whoever exercises that position in his place, is ordered to take the necessary actions to follow up on resolution 001252-F-S1-2020.\"\n\n2.- By resolution of the instructing magistrate at 17:28 hours on September 18, 2025, a hearing was granted to Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Permanent Judge of the Administrative Environmental Tribunal and as Processing Judge of the case files ending in 02-TAA, or whoever exercises that position in her place.\n\n3.- Adriana Bejarano Alfaro, acting in the capacity of Presiding Judge a.i., and Lic. Mario Hidalgo Ramírez, acting in the capacity of Substitute Judge of the Administrative Environmental Tribunal and acting as Secretary a.i. herein, report. They state: \"that from April 2024 to October 2024, the full Collegiate Body was not available, due to the resignation of one of its members, which made it impossible to continue the processing of case file No. 410-09-02-TAA, as it was at the stage of opening the ordinary procedure, which must be handled by the three judges, and it was not until November 2024 that the third member of this Tribunal was integrated, corresponding to the appointment of the judge in charge of Group 02, to which this case file belongs, allowing for its knowledge and handling by it. 2-) Regarding the processing of administrative case file No. 410-09-01-TAA, it is important to indicate that the Permanent Judge Maureen Solís Retana, in her capacity as President of this Tribunal and Judge in charge of Group 02, filed a recusal in accordance with Official Letter No. 625-2025-TAA dated September 30, 2025. 3-) That by means of Resolution No. 1155-2025-TAA at nine hours fifteen minutes on the thirtieth day of September of the year two thousand twenty-five, judges Msc. Adriana Bejarano Alfaro and Msc Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, resolved to accept the recusal of Licda. Maureen Solís Retana from hearing the pertinent proceedings to be resolved in case file No. 410-09-02TAA. 4-) That, as indicated to this Honorable Chamber, Mr. Mario Hidalgo Ramírez is appointed by Official Letter No. 626-2025-TAA as Substitute Judge to integrate the Collegiate Body and hear everything related to case file No. 410-09-02-TAA and integrate the collegiate body. 5-) That by resolution No. 1208-2025-TAA at fourteen hours twenty-five minutes on the seventh day of October of the year two thousand twenty-five, the following is resolved: \"(...) FIRST: That by means of this resolution and with this Collegiate Body now integrated, in compliance with articles 104, 105, 108 of the Organic Environmental Law number 7554 and articles 8, 10 of the Procedural Regulations of the Administrative Environmental Tribunal, the suspension of deadlines ordered by resolution No. 058-2024-TAA at fourteen hours on the nineteenth of January of the year two thousand twenty-four, by which deadlines were suspended, is lifted, so the processing of this administrative case file continues. SECOND: That having reviewed the writings submitted by Mr. Nombre51955, being 1-) A writing submitted on the twenty-eighth day of February of the year 2023 whereby he requests the archiving of this case and indicates the reasons justifying his request (See folios 3841 to 3843 of the administrative case file), 2-) A writing submitted on the 10th day of October of the year 2023 whereby he requests that the expiration (caducidad) of this proceeding be decreed, and attaches a document from SINAC and from CNE (See folios 3854 to 3861 and 3917 to 3932 of the administrative case file) and resubmitted on the 29th day of October of the year 2024 (See folios 3944 to 3958 of the administrative case file); it is necessary to indicate regarding the expiration (caducidad) alleged by the respondent that the Political Constitution, in its precept 21, regulates the right to life as an inviolable right, which includes, in accordance with constitutional jurisprudence, the right to a healthy environment as a fundamental right. The foregoing implies the non-waivability of life and everything it entails (environment as part of quality of life), not only by private parties, but also the non-waivability by the public bodies responsible for protecting it, in this case, the Administrative Environmental Tribunal (vid infra), not even, for example, due to the impossibility of protecting it due to a lack of economic resources. (Regarding fundamental rights as rights of an inviolable, non-waivable, and inextinguishable nature, vid. Ferrajoli, L. Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, Trotta, 2006, pp. 45 ff.) To cite just one example from the vast constitutional jurisprudence on the matter, we cite the vote of the Constitutional Chamber No. 3705-93 (rapporteur Calzada Miranda): 'V) - Human life is only possible in solidarity with the nature that sustains us and supports us, not only for physical nourishment, but also as psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in an environment free of contamination, which is the basis of a just and productive society. It is thus that Article 21 of the Political Constitution states: Human life is inviolable. It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being undeniably arises, a human right that is indissolubly linked to the right to health and the State's obligation to protect human life. Likewise, from a psychological and intellectual point of view, one's state of mind also depends on nature, so that when the landscape becomes a useful space for rest and free time, its preservation and conservation are obligatory. This last aspect is protected in constitutional Article 89, which literally states: Among the cultural aims of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the Nation's historical and artistic heritage, and to support private initiative for scientific and artistic progress. Protecting nature from an aesthetic point of view does not mean commercializing it or transforming it into merchandise; it means educating the citizen so they learn to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value... This Chamber, in Judgment Number 2233-93, by stating that the preservation and protection of the environment is a fundamental right, gives standing to resort to the remedy of amparo. Alongside the set of principles that the Constitution dedicates to economic relations, a series of no less transcendent provisions must be situated, aimed at ensuring basic protection for human life considered as a value in itself, regardless of the use of human resources for political or economic purposes. Thus, entry is given to a new dimension of constitutional guarantees, whose essential core lies in the protection of personal liberty and of the other fundamental rights linked in various ways to that liberty and which manifests itself, above all, in a set of general rules aimed at creating an environmental situation that facilitates, as much as possible, the exercise of liberties and the enjoyment of fundamental rights... The local Government justifies its conduct by a lack of economic resources, a customary limit to the ineffectiveness of public entities in fully and properly fulfilling the purposes entrusted to them, whether by constitutional mandate or by legal provision. The Chamber cannot accept that a lack of economic resources is a limit between respect for and violation of the essential rights of human beings...' For its part, as this Tribunal indicated in Resolution No. 213-2016-TAA of March 2, 2016 (case file 06-16-03-TAA), Article 50 of the Political Constitution orders the following: '(...) The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions. (...)', in this sense, jurisprudence has been reiterated in establishing the State's obligation to ensure compliance with this constitutional mandate, which is not only embodied in the aforementioned article but has been specifically referred to in various norms. The Administrative Litigation Tribunal, Sixth Section, Second Circuit Annex A, through vote No. 2642-2010 at ten hours on the 21st of July of the year 2010, Case File No. 09-001790, has established: '(...) THE NATURAL PATRIMONY OF THE STATE AS AN EXPRESSION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT, RECOGNIZED AND PROTECTED BY CONSTITUTIONAL LAW. This collegiate body considers that, prior to the examination of the legality of the administrative conducts whose annulment is claimed... it must be noted that by resolution No. 0063-2009, issued by this Section, at 16 hours on January 19, 2009, it was indicated, in what is relevant for the issuance of this judgment, the following: \\'....Constitutional recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In Costa Rica, the recognition and protection in Constitutional Law of the cited fundamental right does not have as its starting point the reform of Article 50 of the Political Constitution, ordered by Law number 7412 of June 3, 1994. The foregoing because, since the promulgation of the constitutional text in 1949, the will of the Constituent was clear in establishing in Article 89, that: \\\"Among the cultural aims of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the Nation's historical and artistic heritage, and to support private initiative for scientific and artistic progress\\\"; which is complemented by the categorical declaration contained in Article 21, meaning that in our country, \\\"Human life is inviolable\\\". The integration of the provisions of both articles implies that the need to preserve the environment – although at that time the Constituent used the term natural beauties – transcends a purpose of a merely cultural nature, to become a vital necessity for every human being, as it constitutes an essential prerequisite for making effective other fundamental rights such as: life, health, and development. (...). Infra-constitutional Development of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Without a doubt, the recognition and protection of the cited fundamental right caused its infra-constitutional development, through the issuance of legal or regulatory norms regulating various manifestations thereof, which were issued long before the reform of Article 50 of the Political Constitution. Examples of this include: the Water Law (No. 276 of August 27, 1942); the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1978); the Forestry Law (No. 4465 of November 25, 1979, now repealed); the Maritime-Terrestrial Zone Law (No. 6043 of March 2, 1977); the General Health Law (No. 5395 of October 30, 1973); the Law for the Creation of the National Parks Service (No. 6084 of August 24, 1977); the Animal Health Law (No. 6243 of May 2, 1978); the Wildlife Conservation Law (No. 7317 of October 21, 1992), among others. The foregoing implies that, prior to the reform of Article 50 of the Political Constitution, the fundamental right to which we have referred was not only recognized and protected in Constitutional Law, but had also been developed – albeit in a sectoral manner and not with a comprehensive vision – at the legal and regulatory level. By virtue of what has been stated so far, this Tribunal considers that the reform of Article 50 of the Political Constitution did nothing more than expressly and clearly individually recognize a fundamental right that was already enshrined and guaranteed by Constitutional Law; expressly declare the scope of the already pre-existing obligation of the State to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment; and grant individuals full standing to defend it through a popular action (see judgments number 1994-01394 at fifteen hours twenty-one minutes on the sixteenth of March, nineteen ninety-four, and 1994-05527 at ten hours forty-five minutes on the twenty-third of September, nineteen ninety-four, both from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). Consequences of the recognition of the guarantee of Article 50 of the Constitution in the explained terms. Said recognition entails two relevant aspects for the resolution of the present proceeding. First. The imposition of a duty, both for the State – understood as Central and Decentralized Administration – and for private legal subjects themselves, to guarantee, defend, and preserve that right. Second. The establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional levels. (...)\\'. It is precisely in this last point mentioned, \\'the establishment of a series of technical-legal mechanisms for the effective protection of that right\\', that the Administrative Environmental Tribunal enters as a State mechanism to ensure compliance with what is stated in our Magna Carta. The legal nature of the Administrative Environmental Tribunal is determined by the foregoing, as a public body responsible for ensuring the fundamental right to life and a healthy environment, which it cannot waive, not even indirectly, through the passage of time in its actions. For further elaboration on the subject, we refer to the judgment issued by the Administrative Litigation Tribunal, Section V, judgment number 00058 at 08 hours 10 minutes on June 12, 2013, which indicates: \\'(...) VII.- ON EXPIRATION (CADUCIDAD). The State representation argues the expiration (caducidad) in this case... Finally, it must be taken into account that, in this case, a fundamental right - a healthy and ecologically balanced environment - is involved, which, by its nature, would not be subject to statutes of limitation or prescription. Consequently, the rejection of the objection of expiration (caducidad) filed must be ordered. (...)\\'. (non-original bold). Therefore, the request for expiration (caducidad) filed, as well as the request for archiving of this case (writing submitted on the twenty-eighth day of February of 2023), must be rejected, as the substantive aspects alleged are specifically those being examined in the present ordinary administrative proceeding and must be analyzed and resolved through a final resolution. THIRD: That this Tribunal agrees that, for purposes of proceeding as legally appropriate, the continuation of the Oral and Public Hearing is scheduled for the days of October 23, 24, 30, and 31 of the year 2025 and November 4, 2025, at 8:30 hours, a proceeding to be conducted in the Auditorium of the Ministry of Economy, Industry and Commerce located in the canton of Tibás, Anselmo Llorente, Address2935 in the ASEBANACIO Office Center, for reasons of logistics and the number of people summoned, therefore, a schedule is established for the attendance of each of the summoned witnesses: DAY October 23: 08:30 to 15:00 hours.\n\n1. Biol. Karla Alvarado Cajiao, official of SETENA of MINAE\n\n2. Eng. Danny Olivares Rivera, Coordinator of the Tárcoles Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate of MINAE, the latter in capacity of witness and/or expert.\n\nDAY Address6555: 08:30 to 15:00 hours 1. Geographer Ileana Méndez Ocampo, head of the Cantonal Risk and Emergency Attention Office of the Municipality of Moravia. 2. Eng. Randall Madrigal Ledezma, Director of Territorial Planning and Services, of the Municipality of Santo Domingo de Heredia. 3. Licda. Liliana Rivera Monge, official of the Santo Domingo Health Governing Area of the Ministry of Health. 4. Luis Diego Rubí Bolaños, official of the Municipality of Santo Domingo de Heredia.\n\nDAY October 30: 08:30 to 15:00 hours 1. Eng. Meryll Arias Quirós, official of the Heredia Office, Central Conservation Area. 2. Carlos Carballo Sánchez, official of the Heredia Subregional Office, of the Central Conservation Area SINAC-MINAE. 3. Daniel Barquero Quirós, Municipality of Nombre99468\n\nDAY October 31: 08:30 to 15:00 hours 1. Nombre51956, identity card number CED26179. 2. Nombre51957, identity card number CED26180. 3. Sandra Álvarez Cubillo, identity card number CED26181.\n\nDAY November 4: 08:30 to 15:00 hours\n\n• Closing Arguments (...)\"\n\nBased on the foregoing, this Tribunal considers it necessary to request from this Honorable Chamber a two-month extension to comply with what was ordered in resolution No. 2020-017177 at nine hours and twenty minutes on the eleventh of September of the year two thousand twenty, given that, as can be observed, it was not until the thirtieth day of September of this year that the Collegiate Body was integrated to be able to continue with the processing of the oral and public hearing and, once said proceeding is finished, proceed to issue the Final Act. It requests that the appeal be declared without merit.\n\n4.- By resolution of the instructing magistrate at 10:06 hours on November 6, 2025, a hearing was granted to Pedro González Morera, in his capacity as Vice Minister of Health, or whoever exercises that position in his place.\n\n5.- Mariela de los Ángeles Marín Mena reports, in her capacity as Vice Minister of Health. She expresses that: \"On September 24, 2020, a closure (clausura) is carried out by the Santo Domingo Governing Area for non-compliance with sanitary order MS-DRRSCN-DARSSD-3467-2020. On September 24, 2020, sanitary report MS-DRRSCN-DARSSD-IS-001-2020 is issued and notified. On November 9, 2021, a visit is made to the site where the permanence of metal structures without people on site is evidenced. Official letter MS-DRRSCN-DARSSD-IT-1716-2021. On November 9, 2021, from the Directorate of this Governing Area, by means of official letter MS-DRRSCNDARSSD-1717-2021, a reminder is sent via email to Mr. Nombre51955 that they have pending administrative acts and must refrain from carrying out any commercial activity in the facilities of the company Renta Trigal. On November 12, 2021, by means of official letter MS-DRRSCN-DARSSD-1717-2021, the Management Proceeding for Disobedience to Authority, against Nombre51955 for non-compliance with sanitary order Sanitary Order No. MS-DRRSCN-DARSS-2056-2020 and closure (clausura) No. MS-DRRSCN-DARSS-3467-2021, is sent to the Legal Affairs Directorate of the Ministry of Health. On December 8, 2021, demolition request MS-DRRSCNDARSSD-1914-2021 is sent to the municipal mayor. On September 7, 2022, Licda. Pamela Garita Ramírez, an official of this Governing Area, together with Eng. Douglas Sancho from the Municipality of Santo Domingo, appeared at the site but were denied access by the guard of Renta Trigal. On October 14, 2022, an email was sent from the Santo Domingo Health Governing Area to Mr. Nombre51955 requesting a date for entry, but to date, no response has been received. On March 31, 2023, officials Licda. Diana Víquez Zamora and Licda. Pamela Garita Ramírez appeared at the facilities of the company Rental Nombre99487 to verify compliance with the closure (clausura) of the activity. Mr. Carlos Trejos Ramírez, identified as the security guard, calls Mr. Nombre51955, who does not authorize entry and indicates there is no commercial activity. On May 3, 2023, Dr. Karina Garita Montoya, in her capacity as Director of the North Central Region Health Rectorate, files a request for a search warrant (allanamiento) before the Misdemeanor Court of Santo Domingo to enter the establishment Rental Nombre99487, represented by Mr. Nombre51955. It was rejected by the Misdemeanor Court. On May 10, 2023, official Licda. Diana Víquez appeared at the facilities of the company Rental Nombre99487 to verify compliance with the closure (clausura) of the activity; she was attended by Mr. Alí Trejos, identified as the security guard; he calls Mr. Nombre51955, who states that entry is not permitted and that entry must be coordinated with Mr. Nombre51959. On May 10, 2023, a phone call is made to Mr. Nombre51959; he indicates he will discuss it with his superior; it is agreed to call on May 11, 2023. On May 11, 2023, a phone call is made to Mr. Nombre51959; he indicates that entry will not be allowed to officials because Mr. Nombre51955 must be present and is experiencing health problems, and it must be rescheduled in a month. On June 12, 2023, a phone call is made to Mr. Nombre51959 to coordinate entry to the company Rental Nombre99487; he indicates he will call us on June 13, 2023, to indicate if there is authorization for entry. On June 13, 2023, a phone call is made to Mr. Nombre51959 to coordinate entry to the company Rental Nombre99487; he indicates entry is still not permitted because Mr. Nombre51955 is experiencing health problems; it is agreed to call on June 23, 2023. On June 23, 2023, a phone call is made to Mr. Nombre51959 to coordinate entry to the company Rental Nombre99487; he indicates entry is not authorized because Mr. is in delicate health; he will contact the Governing Area to coordinate future entry. On August 4, 2023, this Governing Area notified official letter MS-DRRSCN-DARSSD-1148-2023, which indicated that on August 10, 2023, officials from this Governing Area would appear at the site to verify compliance with pending sanitary orders; it was received by Mr. Carlos Trejos with identification CED26182, identified as the guard of the place. On August 10, 2023, officials of this Governing Area, Licda. Diana Víquez Zamora and Licda. Karolina Porras Solera, appeared at the company Rental Trigal; they were received by Mr. Alí Trejos Ramírez with identification CED26183, who does not allow them entry, indicating he has not had communication with Mr. Nombre51955, record of proceedings 171-DVZ-2023. On August 18, 2023, official letter MS-DRRSCN-DARSSD-1197-2023 was notified on site, received by Mr. Carlos Trejos, indicating that on August 30, 2023, officials from this Governing Area would appear at the site to verify compliance with pending sanitary orders. That same day, official letter MS-DRRSCN-DARSSD-1197-2023 is notified to Mr. Nombre51955 via the email address ...789 On August 30, 2023, officials of the Santo Domingo Health Governing Area Directorate, Licda. Diana Víquez Zamora and Licda. Karolina Porras Solera, appeared at the company Rental Trigal; they were received by Mr. Carlos Trejos, who does not allow them entry, indicating he has not been able to contact Mr. Nombre51955, record of proceedings 183-DVZ-2023. On September 26, 2023, the Directorate of the Santo Domingo Governing Area sent official letter MS-DRRSCN-DARSD-1437-2023 to the Administrative Environmental Tribunal requesting information on case file number 410-09-02-TAA, but no response was obtained. On September 27, 2023, from the Santo Domingo Health Governing Area Directorate, support was sent to the Regional Directorate to follow up on the case by the Central Level authorities of the Ministry of Health. On September 28, 2023, the Regional Director sent official letter MS-DRRSCN-2163-2023 to Licda. Jessica González, in her capacity as Director of Legal Affairs a.i., requesting follow-up on the case in question; this Governing Area has not received a response. On January 23, 2024, the director of the Santo Domingo Health Governing Area sent the Regional Directorate official letter MS-DRRSCN-DARSSD-110-2024, requesting follow-up on the case of rental Nombre99487, specifically commitments made in meetings with the General Directorate of Health and Legal Affairs. On January 24, 2024, the regional directorate sent official letter MS-DRRSC-137-2024 to Dr. Mariela Marín, as Regional Director, requesting follow-up on the mentioned case; this Directorate has not received a response. On February 23, 2024, MS-AJ-U-GJ-CP-294-2024 is received, a resolution from the Constitutional Chamber for disobedience to authority by the Ministry of Health, ordering immediate compliance with judgment no. 2020-017177. On February 23, 2024, officials of the Santo Domingo Health Governing Area Directorate, Licda. Diana Víquez Zamora and Licda. Pamela Garita Ramírez, appeared at the company Rental Trigal; they were received by Mr. Alí Trejos, who does not allow them entry, indicating he cannot let them in and that Mr. Nombre51955 is out of the country, record of proceedings 60-DVZ2024. On Address6556, officials of the Santo Domingo Health Governing Area Directorate, Licda. Diana Víquez Zamora, together with the Regional Level Engineer Wilder Martínez, as well as two officers of the Public Force of Santo Domingo, appeared at the company Rental Trigal; they were received by Mr. Carlos Trejos (guard of the place), who contacts Mr. Nombre51959, as the person in charge of the company (manager), by telephone, and indicates he does not allow them entry, stating he cannot let them in and that Mr. Nombre51955 is out of the country. Record of proceedings 71-DVZ-2024 On March 12, 2024, the Director of the Santo Domingo Health Governing Area sent official letter MS-DRRSCN-DARSSD-420-2024 to the Regional Directorate to request a search warrant (allanamiento) through the judicial authorities. On April 19, 2024, the search warrant (allanamiento) request was filed by the Regional Directorate before the Misdemeanor Court. On April 23, 2024, a resolution authorizing the search warrant (allanamiento) of the company Rental Trigal was received. On April 24, 2024, a search warrant (allanamiento) of the company Rental Nombre99487 was executed by this health authority, accompanied by the judge of the Misdemeanor Court of Santo Domingo, the Public Force, and the Municipality of Santo Domingo, where non-compliance with both Closure and Suspension of Activities No. MS-DRRSCN-DARSS-2056-2020 and Closure and Suspension of Activities No. MS-DRRSCN-DARSS-3467-2020 was verified. On April 29, 2024, the Regional Directorate of the North Central Health Rectorate sent official letter MS-DRRSCN-901-2024 to the Minister of Health, Dr. Mary Munive Angermüller, requesting collaboration to follow up on the case against Mr. Nombre51955 at the Administrative Environmental Tribunal. On April 24, 2024, and May 24, 2024, via email, the Regional Directorate of the North Central Health Rectorate was asked for guidance on how to proceed in the case of the Company Rental Nombre99487, as well as follow-up at the Administrative Environmental Tribunal. On May 24, 2025, an email was sent to Mr. Verny Avendaño, as advisor to the Minister of Health, to follow up on the case, because in a virtual meeting it was agreed that the office would carry out the procedures with the Administrative Environmental Tribunal.\n\nOn June 12, 2024, Dr. Karina Garita Montoya sent to email ...790 official communication MS-DM-2708-2025 with the subject “Monitoring and response to resolution N°2024004425 case file 20-012211-007-CO” addressed to the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, signed by Dr. Mary Munive Anguermuller as Minister of Health and Dr. Kimberly Madrigal Rodríguez as Director of the Santo Domingo Health Governing Area. On August 12, 2024, the DARSSD sent official communication MS-DRRSCN-DARSSD-1232-2024 to Dr. Karina Garita requesting technical-legal support in the Rental Trigal Case. On August 29, 2024, a report was received from the National System of Conservation Areas, SINACACC-PNE-inf-045-2023, which concludes “…based on the surveys conducted, there is certainty that there is no encroachment onto the 10 meters of protection of the Río Virilla…” and additionally, “On the river bank, consolidated vegetation was observed and no evidence of environmental crimes was observed.” On this same day, we received the Technical Report issued by the National Emergency Commission, CNE-UIAR-INF-1088-2023, which indicates “…the environment corresponding to the right bank of the Virilla River and the surroundings of the Bodegas Trigal was analyzed… for the purpose of establishing recommendations regarding the current conditions of the dike and warehouses.” and “to date, there is no direct threat of impact due to lateral erosion effects on the right bank of the Virilla River towards the warehouses.” On October 31, 2024, official communication MS-DRRSCN-2893-2024 was sent to Dr. Mary Munive Angermüller and Lic. Ronald Chinchilla González, as director of Legal Affairs of the Ministry of Health, requesting follow-up on the proceedings in the Constitutional Chamber and a pronouncement on definitive actions. To date, we have received no response. On November 5, 2024, official communication MS-DRRSCN-DARSSD-1697-2024 was sent to Mr. Name99486, Mr. Name60495, and Mrs. Yenory Ovares, indicating that the request had been sent to the Minister of Health. On March 18, 2025, through official communication MS-DRRSCN-DARSSD-0356-2025, Dr. Kimberly Madrigal Rodríguez sent to Dr. Karina Garita Montoya a request for follow-up on the Grupo Rental Name99487 case and instructions on how to proceed. On March 19, 2025, through official communication CARTA-MS-DRRSCN-583-2025, Dr. Karina Garita Montoya requested from Dr. Mary Munive Angermuller and Lic. Ronald Chinchilla González, once again, follow-up on the case in question, as well as an indication of the institutional course of action. To date, we have received no response. On May 26, 2025, official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSSD-0687-2025 was sent to Ing. Alejandro Picado Eduarte, president of the National Emergency Commission, requesting the issuance of criteria indicating whether the aforementioned report remains valid and whether indeed there is no direct threat from erosion effects, meaning there would be no environmental impact or risk to human health. On this same day, CARTA-MS-DRRSCN-DARSSD-0686-2025 was issued to Lic. David Chavarría Morales, Executive Director of the National System of Conservation Areas, requesting the issuance of criteria indicating whether the aforementioned report remains valid and whether indeed there is no encroachment in the zone, meaning there would be no environmental impact or risk to human health. To date, we have received no response from SINAC. On May 29, 2025, official communication CNE-PRE-OF-243-2025 was received, signed by Mr. Alejandro Picado Eduarte, issuing criteria that ratifies the validity of CNE-UIAR-INF-1088-2023. On October 29, 2025, CARTA-MS-DRRSRCN-DARSSD-1582-2025 was sent to Dr. Mary Munive Angermuller and Lic. Ronald Chinchilla González for follow-up on the request for instructions to address the Rental Trigal company case; we are currently awaiting a response. In view of the foregoing, we are currently awaiting technical and legal advice from the authorities on how to proceed, given that we have the resolution of the Constitutional Chamber and the criteria from the National Emergency Commission and the National System of Conservation, which conflict because, according to these latter two institutions, there is no risk at the site.\n\nNOTE: During 2021, this directorate attended hearings at the Administrative Environmental Tribunal; a conciliation with the parties was determined, but no agreement was reached; we are currently in hearings with the same tribunal. Personnel from this Governing Area have been summoned by the Criminal Court of Heredia to appear on January 16, 2026.”\n\nBefore referring to the case in question, this office, esteemed magistrates, considers it appropriate to make reference to official communication MS-DM-4949-2024 of September 9, 2024, signed by Dr. Mary Denisse Munive Angermüller, Minister of Health, and Dr. Kimberly Madrigal Rodríguez, director of the Santo Domingo Health Governing Area, which was sent to the Constitutional Chamber as follow-up to the amparo (amparo) that concerns us, specifically in response to the follow-up provided to the provisions of the honorable Chamber in resolution 2024004425, and through which it was indicated, in relevant part, that:\n\n“In follow-up to Resolution N°2024004425 and to case file 20-012211-0007-CO, it is reported that the Santo Domingo Health Governing Area conducted visits to the company Rental Name99487 without gaining entry; therefore, together with the Central North Regional Directorate of Health Governance and with advice from officials of the Directorate of Legal Affairs and the Ministerial Office, the Contraventional Court of Santo Domingo was requested to authorize a raid on the company Renta Trigal; this was carried out on Wednesday, April 24 of the current year, where noncompliance with the sanitary order (ordenamiento sanitario) MS-DRRSRCN-DARSSD-2056-2020 was verified, as well as the operation of a commercial activity without a sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento, PSF). Furthermore, on August 28, 2024, the Santo Domingo Health Governing Area was informed of a report SINAC-ACC-PNE-inf-045-2023 issued by officials of the National System of Conservation Areas (SINAC), which concludes that ‘…based on the surveys conducted, there is certainty that there is no encroachment onto the 10 meters of protection of the Río Virilla…’ and additionally, ‘On the river bank, consolidated vegetation was observed and no evidence of environmental crimes was observed.’ Added to this, the Technical Report CNE-UIAR-INF-1088-2023 issued by the National Emergency Commission was received, which indicates, among other things, ‘to date, there is no direct threat of impact due to lateral erosion effects on the right bank of the Virilla River towards the warehouses.’ Therefore, based on both criteria, which are binding on our institution, the appropriate course of action would be to declare the sanitary order MS-DRRSRCN-DARSSD-2056-2020 as lacking current legitimate interest (falto de interés actual) and to warn the administered party to process the sanitary operating permit corresponding to the activity conducted at the site. Likewise, with all due respect and in order to present the case clearly and in detail, an in-person hearing is requested to present and clarify the particulars corresponding to the case in question.”\n\nAs can be seen from the report rendered, the actions of the health authorities have been entirely within their technical and legal competencies; it is imperative to clarify to the honorable magistrate that the Ministry of Health acts subject to the legal order, and it must be understood that its actions are purely administrative, and that the only coercive mechanism it possesses is the issuance of sanitary orders, which must (in the best of cases) be complied with by the administered parties to whom they are directed. It is through these acts—motivated by the sanitary reports issued following the on-site verification of facts that generate potential harm to the health of individuals and the environment—that corrective measures are ordered. However, compelling a party to comply with the orders issued, when that party refuses, proves to be a truly difficult situation for the administration; therefore, in accordance with the legal order, recourse must be had to judicial instances in the face of the disobedience of administered parties (for example, the Public Ministry) to enforce compliance.\n\nAs is clear from official communication CARTA-MS-DRRSRCN-DARSSD-1647-2025, the Santo Domingo Health Governing Area, within the framework of its competencies, requested a raid, which was carried out on April 24, 2024. The raid on the company Rental Name99487 was conducted by this health authority, with the accompaniment of the judge of the Contraventional Court of Santo Domingo, the Public Force, and the Municipality of Santo Domingo, where noncompliance with both the closure and suspension of activities N° MS-DRRSCN-DARSS-2056-2020 and the closure and suspension of activities N° MS-DRRSCN-DARSS-3467-2020 was verified. Subsequently, on August 28, 2024, the Santo Domingo Health Governing Area was informed of a report SINAC-ACC-PNE-inf-045-2023 issued by officials of the National System of Conservation Areas (SINAC), which concludes that ‘…based on the surveys conducted, there is certainty that there is no encroachment onto the 10 meters of protection of the Río Virilla…’ and additionally, ‘On the river bank, consolidated vegetation was observed and no evidence of environmental crimes was observed.’ Furthermore, we are aware of the technical report CNE-UIAR-INF-1088-2023 issued by the National Emergency Commission, which indicates that ‘to date, there is no direct threat of impact due to lateral erosion effects on the right bank of the Virilla River towards the warehouses.’ Therefore, the Ministerial Office and the directorate of the Santo Domingo Health Governing Area considered, in view of both criteria, to inform, according to official communication MS-DM-4949-2024 of September 9, 2024, the constitutional magistrates that the technically appropriate course of action would be to declare the sanitary order MS-DRRSRCN-DARSSD-2056-2020 as lacking current legitimate interest and to warn the administered party to process the corresponding sanitary operating permit.\n\nThe Ministry of Health has carried out, in accordance with its competency, each and every one of the administrative actions within its purview, and has issued the corresponding sanitary orders, as well as the closure of the property. Within the framework of its competencies, there is no evidence from the reports rendered by SINAC and the National Emergency Commission indicating that environmental contamination is being produced. It should be clarified that the Ministry of Health does not grant commercial licenses; it only issues a sanitary operating permit, and that is what we inspect—the physical-sanitary conditions of the property, regarding which there is no complaint. It is within the purview of other institutions such as SINAC, the National Emergency Commission, and the Municipality to determine whether a commercial activity may operate on the banks of rivers or waterways, or other areas, and the reports or technical criteria issued by those institutions are binding on the actions of the health authorities stationed at the Santo Domingo Health Governing Area, which has, within the framework of its competencies, issued orders—such as the one stated to lack current legitimate interest—because the property does not have conditions that generate risk or danger to the health of individuals.\n\nIt must be noted, esteemed magistrates, that although the aforementioned directorate of the Health Governing Area participated in hearings at the Administrative Environmental Tribunal, and it was determined to conduct a conciliation with the parties, to date it is not known whether an agreement has been reached, and the aforementioned authorities have been summoned for January 16, 2026, before the Criminal Court of Heredia, in proceedings related to the case.”\n\nThey request that the action be declared without merit.\n\n5.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- In judgment no. 2020-017177 of 9:20 a.m. on September 11, 2020, this Chamber ordered:\n\n“The appeal is partially granted against the Administrative Environmental Tribunal and the Santo Domingo Health Governing Area of Heredia. Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal and as Processing Judge of case files ending in 02-TAA, or whoever substitutes her in that position, is ordered to take the necessary actions to resolve case file no. 410-09-02-TAA as legally appropriate and to notify the resolution to the protected party, all within a period not exceeding 2 months, counted from the hearing to be held on September 1, 2020. Likewise, Pedro González Morera, in his capacity as Vice Minister of Health, or whoever substitutes him in that position, is ordered to take the necessary actions to follow up on resolution 001252-F-S1-2020. The foregoing under the warning that, upon failure to comply with said order, he will incur the crime of disobedience (desobediencia) and that, in accordance with article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is denied. Magistrate Salazar Alvarado appends a note.”\n\nSaid resolution was notified to the respondent parties by email on September 29, 2020.\n\nSubsequently, through interlocutory resolution No. 2021007879 of 9:40 a.m. on April 20, 2021, this Chamber ordered the following:\n\n“Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal and as Processing Judge of case files ending in 02-TAA, or whoever holds that position, is reiterated to comply with the provisions of Judgment N° 2020-017177 of 09:20 a.m. on September 11, 2020, under the warning of ordering the testimony of pieces before the Public Ministry for the crime provided for in article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Notify this Judgment to the respondent, personally.”\n\nSaid resolution was notified to the respondent parties by email on April 22, 2021.\n\nNext, in response to a new noncompliance action, through interlocutory resolution No. 2021019746 of 10:06 a.m. on September 3, 2021, this Chamber ordered:\n\n“The action filed is granted. Elizabeth Araya Jiménez, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal and as Processing Judge of case files ending in 02-TAA, or whoever holds that position, is ordered to comply with the provisions of Judgment N° 2020-017177 of 09:20 a.m. on September 11, 2020, under the warning of ordering the testimony of pieces before the Public Ministry for the crime provided for in article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Notify.”\n\nThe same was notified to the respondent authorities on September 21, 2021.\n\nFurthermore, by resolution 2024004425 of 9:50 a.m. on February 20, 2024, this Chamber resolved the non-execution action raised on November 13, 2023, in the following terms:\n\n“IV.- REGARDING THE ACTION RAISED. In the instant case, the petitioner again raises a subsequent action in relation to judgment N° 2020-017177 of 09:20 a.m. on September 11, 2020. Regarding compliance by the Directorate of the Santo Domingo Health Governing Area. In the report provided to this Chamber by the Ministry of Health authority, the actions taken by the health authority to follow up on resolution 001252-F-S1-2020, as ordered in judgment no. 2020-017177 of 9:20 a.m. on September 12, 2020, are described. Among the latest measures adopted, it is noteworthy that on January 18, 2023, a complaint for disobedience to the health authority was filed with the Office of the Attorney General of the Republic against Mr. Name51955, filed under complaint number N° MS-DM-CP-1013-2022, signed by Dr. Pedro González Morera, then Acting Minister of Health. Furthermore, on September 13, 2023, an institutional meeting was held with the participation of the Directorate of Legal Affairs, the General Directorate of Health, Lic. Jorge Jinesta, Regional Attorney, and the reporting authorities. It was agreed to gather evidence to proceed with a new request for a raid and the referral of the case background so that one of the Advisors could handle it. Moreover, on September 26, 2023, the Directorate of the Santo Domingo Health Governing Area sent official communication MS-DRRSRCN-DARSSD-1437-2023 to email ...791 requesting information from the Administrative Environmental Tribunal regarding the current status of the case, as well as progress or follow-up actions carried out by said instance. On September 27, 2023, the Directorate of the Santo Domingo Health Governing Area sent an email to the Central North Regional Directorate of Health Governance requesting support to follow up on the proceeding for Disobedience to Authority filed against Mr. Name51955. On September 28, 2023, again, through official communication MS-DRRSCN-2163-2023, the Regional Directorate requested information from the Directorate of Legal Affairs regarding the processing of the Disobedience Action filed since November 12, 2021, against Mr. Name51955, but to date no response has been obtained. On November 16, 2023, the Directorate of the Santo Domingo Health Governing Area sent an email to the Regional Directorate requesting follow-up information on the Rental Trigal company case. From what has been described, although it is observed that the Ministry of Health has faced significant difficulties in accessing the site for the purpose of taking actions to enter the property and comply with what was ordered in decision 001252-F-S1-2020, as indicated in vote 2020-017177 whose non-execution is alleged; the truth is that, beyond the complaint filed with the Public Ministry in January 2023 and some requests for information made in follow-up to what was ordered, the respondent health authorities have not taken sufficient effective measures in this matter. For example, the raid request that was indicated as being considered for adoption since September 13, 2023, does not appear to have received any follow-up, which makes clear to this Chamber the non-execution of this Court's order.\n\nRegarding the Administrative Environmental Tribunal. In this regard, this Chamber notes that despite its arguments and the reasons why the process could not be completed, and that since January 2024, given the resignation of the only two substitute judges the Tribunal had, a material impossibility to integrate the Tribunal was configured; the fact is that, this does not justify the delay of more than 3 years incurred by your represented entity. In this case, disobedience to what was ordered in judgment N° 2020-017177 of 9:20 a.m. on September 12, 2020, is established, and the action filed is appropriate. However, given that the individuals currently holding the positions of Minister of Health and Judge of the Administrative Environmental Tribunal are not the same as those to whom the order was issued in the aforementioned pronouncement, compliance with what was ordered therein is directed to those who currently hold such positions. (…) Therefore: The action filed is granted. Mario Urcuyo Solórzano, in his capacity as Acting Minister of Health, and Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Judge of the Administrative Environmental Tribunal, Judge of the Administrative Environmental Tribunal, are ordered to immediately comply with the provisions of judgment no. 2020-017177 of 9:20 a.m. on September 12, 2020. The respondents are warned that, according to article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. Notify.”\n\nThe same was notified to the respondent authorities on February 21, 2024.\n\nIV.- REGARDING THE NEW NONCOMPLIANCE ACTION AND REQUEST FOR EXTENSION OF TIME RAISED BY THE ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL. Currently, in response to the noncompliance action being heard here, according to what she again states in her report, Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Acting Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal, the lack of timely compliance with what was ordered in the judgment—whose non-execution is claimed through this avenue—is due to the fact that it was only recently: on September 30, 2025, that the Collegiate Body was integrated to continue the processing of the oral and public hearing within the proceeding of interest; which, once held, will lead to the issuance of the final act. In her response, she asks this Chamber to grant a further extension of two months to the Administrative Environmental Tribunal to comply with what was ordered in resolution N°2020-017177 of 9:20 a.m. on September 11, 2020.\n\nBased on the foregoing considerations, this Chamber notes that the Administrative Environmental Tribunal, despite an extremely long period of 5 years having elapsed, has not complied with what this Chamber ordered. Similarly, from the report rendered by the representative of the Ministry of Health, it is inferred that the appropriate measures to comply with what was ordered have not yet been taken. Consequently, the disobedience action is accepted, and the request for an extension of time raised by the Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal is dismissed, as hereby ordered.\n\nTherefore:\n\nIt is reiterated to Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Acting Presiding Judge, and Mario Hidalgo Ramírez, in his capacity as Substitute Judge, both of the Administrative Environmental Tribunal, and Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as Vice Minister of the Ministry of Health, or whoever holds those positions, are ordered to proceed with the immediate compliance of the provisions ordered by this Chamber in judgment N° 2020-017177 of 9:20 a.m. on September 11, 2020. The foregoing under the warning that, if disobedience is established, the testimony of pieces may be ordered before the Public Ministry for the possible commission of the crime of disobedience (articles 53 and 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Regarding the request for an extension of the term raised, the action filed is declared without merit. Notify this resolution and judgment N° 2020-017177 of 9:20 a.m. on September 11, 2020, personally to Mario Hidalgo Ramírez and to Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as Vice Minister of Health. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nIngrid Hess H.\n\nAracelly Pacheco S.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n*JUQVFWHMRWG61*\nJUQVFWHMRWG61\nEXPEDIENTE N° 20-012211-0007-CO\n\nTelephones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:50:26.\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }