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  "id": "nexus-sen-1-0007-1357887",
  "citation": "Res. 38426-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Gestión de incumplimiento presentada por tercero no legitimado",
  "title_en": "Non-compliance motion by a third party lacking standing",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce de una gestión presentada por una persona que no figura como parte en el proceso de amparo 19-020028-0007-CO, mediante la cual acusa el incumplimiento de la sentencia 20200003992 dictada el 28 de febrero de 2020. En esa sentencia se había ordenado al Tribunal Ambiental Administrativo y a la Municipalidad de Santa Ana resolver expedientes administrativos y eliminar un vertedero ilegal. La Sala reitera su jurisprudencia uniforme en cuanto a que solo quienes son parte en el proceso tienen legitimación para reclamar el cumplimiento de lo ordenado. En este caso, el gestionante no se constituyó como parte ni acreditó representación alguna, por lo que carece de legitimación. Consecuentemente, la Sala desestima la gestión sin entrar al fondo del incumplimiento alegado.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber addresses a complaint filed by a person who is not a party in amparo proceeding 19-020028-0007-CO, alleging non-compliance with judgment 20200003992 issued on February 28, 2020. That judgment had ordered the Environmental Administrative Tribunal and the Municipality of Santa Ana to resolve administrative files and remove an illegal dump. The Chamber reiterates its consistent case law that only parties to the proceeding have standing to claim compliance with its orders. The complainant here neither joined as a party nor demonstrated any representation; thus, he lacks standing. Accordingly, the Chamber dismisses the complaint without reaching the merits of the alleged non-compliance.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "21/11/2025",
  "year": "2025",
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
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    "Tribunal Ambiental Administrativo",
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    "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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    "Sala Constitucional",
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    "Constitutional Chamber",
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    "Municipality of Santa Ana",
    "Environmental Administrative Tribunal"
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  "excerpt_es": "En lo que respecta a esta gestión, la Sala determina que el interesado no figura como interviniente en el proceso, por lo que carece de legitimación para reclamar la desobediencia de la sentencia.",
  "excerpt_en": "With respect to this complaint, the Chamber finds that the interested party does not appear as a participant in the proceeding, and therefore lacks standing to claim disobedience of the judgment.",
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    "summary_es": "Se desestima la gestión de incumplimiento por falta de legitimación del gestionante, quien no es parte en el proceso de amparo."
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      "quote_es": "Del memorial de interposición del presente recurso de amparo, se desprende que la gestionante no figura como parte principal en este procedimiento jurisdiccional. Ello, sin duda alguna, determina la improcedencia de su gestión, por cuanto no se encuentra legitimada para promoverla."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 38426 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 21 de Noviembre del 2025 a las 09:15\n\nExpediente: 19-020028-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 19-020028-0007-CO\n\nRes. Nº 2025038426\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco .\n\n Gestión presentada en el expediente nro. 19-020028-0007-CO, que es proceso de amparo, interpuesto por Nombre79211, cédula de identidad CED43245, a favor de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE POZOS DE SANTA ANA, contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA (MINAE), el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO PÚBLICO.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Sala 12 de noviembre de 2025, el gestionante acusa el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia nro. 20200003992 de las 9:40 horas del 21 (sic) de febrero de 2021 (sic).\n\n 2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\n Considerando:\n\nI.- Mediante sentencia nro. 20200003992 de las 9:40 horas del 28 de febrero de 2020, la Sala dispuso:\n\n“Se declara parcialmente con lugar el recurso, en contra del Tribunal Ambiental Administrativo y la Municipalidad de Santa Ana. Se ordena a Maricé Navarro Montoya, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias para que se resuelva el expediente n.º 123-17-03-TAA como en derecho corresponda y se notifique lo resuelto a las partes de ese expediente, todo en un plazo no mayor a DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se ordena a Gerardo Oviedo Espinoza, en su condición de Alcalde de Santa Ana, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias para que se resuelva el expediente n.º PEALC-MSA-GOT-PPU-UCU-03-013-18 como en derecho corresponda y se notifique lo resuelto a las partes de ese expediente, todo en un plazo no mayor a DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia; además, se le ordena a él o a quien ejerza su cargo que elimine el vertedero ilegal, objeto de este proceso, en un plazo no mayor a SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Lo anterior bajo la advertencia que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Santa Ana al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese esta resolución a Maricé Navarro Montoya y Gerardo Oviedo Espinoza, por su orden Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo y Alcalde de Santa Ana, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, en forma personal”.\n\nII.- Sobre la gestión formulada. En reiterada y uniforme jurisprudencia, esta Cámara ha indicado que quienes no figuren como parte en un proceso carecen de legitimación para actuar ante este Tribunal. De esta manera, se ha indicado:\n\n“El gestionante pretende que la Sala dimensione los efectos de la resolución de curso de esta acción de inconstitucionalidad a efecto de que en su caso concreto se suspenda el pago de una pensión alimentaria provisional. Luego de analizar los autos, la Sala determina que el señor [Nombre62 002] no figura como parte en este proceso y tampoco se observa que acredite la legítima representación de alguna de las partes. Por ese motivo, se establece que el gestionante carece de legitimación para actuar ante este Tribunal en este proceso de control de constitucionalidad. En consecuencia, se debe desestimar la gestión planteada (ver, en similar sentido, las resoluciones interlocutorias de esta Sala números 2021-025928, 2022-005558 y 2022-009348) (ver sentencia No. 2023028963 de las 09:20 horas del 08 de noviembre de 2023).\n\n“En el escrito presentado el 9 de enero de 2015, el señor (…) cuestiona la veracidad de los informes rendidos por las autoridades recurridas. Ahora bien, dado que el gestionante no figura como parte dentro del presente asunto, resulta improcedente que esta Sala entre a conocer el documento de cita, por lo que lo procedente es desestimarlo.” (ver sentencia No. 2015000429 de las 15:05 horas dl 13 de enero de 2015).\n\n“En la gestión presentada el 17 de diciembre de 2015, el señor Granados Granados acusa desobediencia a lo orden dada por la Sala en el caso en estudio, no obstante, resulta improcedente tramitar dicha petición, toda vez que el gestionante no figura como parte en el presente asunto. Por lo anterior, la solicitud debe ser desestimada.” (ver sentencia No. 2016000002 de las 14:30 horas del 12 de enero de 2016).\n\n“La presente gestión es improcedente, no sólo porque contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional no cabe recurso alguno, sino además porque quien la presenta no figura como parte en este asunto. Por otra parte, consta en la sentencia recaída en este asunto que para la votación del presente asunto se tomó en consideración toda la prueba allegada al expediente y las manifestaciones de las partes hasta ese momento, incluyendo el memorial suscrito por el recurrente y recibido el quince de julio del año en curso, visible a folio 126.” (ver sentencia No. 015878-2005 de las 16:04 horas del 22 de noviembre de 2005).\n\n“Del memorial de interposición del presente recurso de amparo, se desprende que la gestionante no figura como parte principal en este procedimiento jurisdiccional. Ello, sin duda alguna, determina la improcedencia de su gestión, por cuanto no se encuentra legitimada para promoverla. Cabe agregar que la Sala no se encuentra facultada para contestar en abstracto las consultas promovidas por los particulares, por lo que este Tribunal Constitucional no debe emitir pronunciamiento sobre los puntos consultados por la promovente.” (ver sentencia No. 2001-03240 de las 08:38 horas del 27 de abril de 2001).\n\n \n\nFinalmente, tratándose de un proceso de amparo en materia ambiental, este Tribunal ha sostenido la misma tesis (ya indicadas parcialmente en párrafos anteriores), en relación con las personas que gestionen en un proceso de amparo sin haberse constituido formalmente como parte. De esta manera indicó:\n\n“1.- Mediante resolución interlocutoria Nº 2014-019359 de las 9:05 horas del 28 de noviembre de 2014, este Tribunal ordenó a Luis Guillermo Solís Rivera, en su condición de Presidente de la República y superior jerárquico del Ministro accionado, abrir en el plazo de 48 horas contado a partir de la notificación de esta resolución, un procedimiento administrativo disciplinario a Edgar Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, por incumplir con las órdenes de este Tribunal en la sentencia Nº 2008-12109 de las 15:16 horas del 5 de agosto de 2008.\n\n 2.- Por escrito recibido en Secretaría de la Sala a las 13:49 horas del 5 de enero de 2015, Édgar Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, solicita, entre otros extremos, que se reconsidere de oficio la sentencia Nº 2014-019359 de las 9:05 horas del 28 de noviembre de 2014.\n\n(…)\n\nI.- Sobre la potestad de esta jurisdicción para anular sentencias. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no cabe recurso alguno contra las sentencias, autos o providencias emitidas por esta Sala. Sin embargo, lo anterior no significa que los pronunciamientos sean inmodificables, ya que en caso de mediar error grave de hecho o de derecho es posible variar la sentencia. En ese sentido, en la sentencia número 2000-4951 de las 16:37 horas del 27 de junio de 2000, este Tribunal explicó\n\n“[…] la Sala ha establecido en reiterada jurisprudencia que cuando ha existido un error en la apreciación de los hechos, está autorizada para modificar sus resoluciones, refiriéndose a una \"facultad de anular sus propias sentencias, ante la evidencia de manifiestas nulidades en perjuicio de los derechos fundamentales de los justiciables\" (resolución número 125-92, y en el mismo sentido, la 935-94).  En efecto, mediante sentencia N° 331-91 se dispuso que \"El artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que en esta vía, no hay recurso contra las sentencias, autos o providencias que se dicten, pero es también lo cierto que esta Sala y su jurisdicción, únicamente están sometidas a la Constitución Política y a la ley y ello implica desde luego, a los principios generales del Derecho Constitucional, dentro de los cuales debe entenderse incluido el que los fallos que dicta un tribunal en única instancia, puedan ser anulados por éste, cuando se trata de corregir graves errores en la apreciación de los hechos, que depara perjuicio para las partes involucradas…\" (véase también la resolución número 1028-92). Esta potestad de la Sala debe ser correctamente entendida, en el sentido de que la simple inconformidad de la parte actora con el razonamiento vertido en la resolución, no puede dar lugar a nuevas gestiones recursivas con la finalidad de que la Sala revalore sus argumentos –lo que es propio de los recursos ordinarios que existen en materia procesal-, sino que, sólo en la hipótesis de que el Tribunal llegue a constatar que se cometió un grosero error al apreciar los hechos discutidos o se dejaron de tomar en cuenta otros que estaban debidamente acreditados en el expediente al momento de dictar la correspondiente sentencia, tal circunstancia puede dar lugar, en casos muy calificados, a una anulación del fallo originalmente dictado, pues no sería admisible propiciar una clara denegación de justicia para el recurrente, cuando es precisamente ese alto valor el que esta Sala está llamada a defender.”\n\nII.- En el sub examine, este Tribunal acredita de oficio que el gestionante que interpuso el escrito de desobediencia que motivó la resolución interlocutoria Nº 2014-019359 de las 9:05 horas del 28 de noviembre de 2014, sea Nombre79212, portador de la cédula de identidad CED43246, no se encontraba legitimado para estos efectos, en cuanto no figura como parte procesal dentro de este expediente. En mérito de lo anterior, no resultaba procedente entrar a conocer la desobediencia acusada. De conformidad con lo expuesto, lo pertinente es anular la sentencia Nº 2014-019359 de las 9:05 horas del 28 de noviembre de 2014, mediante la que se resolvió la gestión posterior incoada por Nombre79212. En su lugar, se dispone únicamente: No ha lugar a la gestión formulada.” (ver sentencia No. 2015000741 de las 14:30 horas del 20 de enero de 2015).\n\nDe igual manera, el ordinal 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional es claro al indicar que:\n\n“El recurso se dirigirá contra el servidor o el titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, se tendrá por establecido el amparo contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en sentencia. De ignorarse la identidad del servidor, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca.\n\nSe tendrá también como parte al tercero que derivare derechos subjetivos de la norma o del acto que cause el proceso de amparo.\n\nAdemás, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado.” (El destacado no es parte del original)\n\nEn lo que respecta a esta gestión, la Sala determina que el interesado no figura como interviniente en el proceso, por lo que carece de legitimación para reclamar la desobediencia de la sentencia.\n\nIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n No ha lugar a la gestión formulada.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAna María Picado B.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n L69N3TJM27S61\n\nEXPEDIENTE N° 19-020028-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:52:10.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large  \nNormal  \nSmall  \nSala Constitucional  \n\nResolution No. 38426 - 2025  \n\nDate of Resolution: November 21, 2025, at 09:15 a.m.  \n\nCase File: 19-020028-0007-CO  \n\nDrafted by: Paul Rueda Leal  \n\nType of Case: Amparo appeal  \n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL  \n\nText of the resolution  \n\n  \n\nExp: 19-020028-0007-CO  \n\nRes. No. 2025038426  \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-first of November, two thousand twenty-five.  \n\nMotion filed in case file no. 19-020028-0007-CO, which is an amparo proceeding, brought by Nombre79211, identity card CED43245, on behalf of the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE POZOS DE SANTA ANA, against the MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA (MINAE), the MINISTERIO DE SALUD, and the MINISTERIO PÚBLICO.  \n\nResultando:  \n\n1.- By written brief received in the Chamber on November 12, 2025, the movant alleges non-compliance with what was ordered in judgment no. 20200003992 of 9:40 a.m. on February 21 (sic), 2021 (sic).  \n\n2.- The legal requirements have been observed in the proceedings.  \n\nDrafted by Justice Rueda Leal; and,  \n\nConsiderando:  \n\nI.- By judgment no. 20200003992 of 9:40 a.m. on February 28, 2020, the Chamber ordered:  \n\n\"The appeal is declared partially with merit, against the Tribunal Ambiental Administrativo and the Municipalidad de Santa Ana. Maricé Navarro Montoya, in her capacity as Presidenta of the Tribunal Ambiental Administrativo, or whoever holds that position in her place, is ordered to take the necessary actions so that case file no. 123-17-03-TAA is resolved as legally appropriate and the decision is notified to the parties to that proceeding, all within a period not exceeding TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment. Gerardo Oviedo Espinoza, in his capacity as Alcalde of Santa Ana, or whoever holds that position in his place, is ordered to take the necessary actions so that case file no. PEALC-MSA-GOT-PPU-UCU-03-013-18 is resolved as legally appropriate and the decision is notified to the parties to that proceeding, all within a period not exceeding TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment; furthermore, he or whoever holds his position is ordered to eliminate the illegal dump, the object of this process, within a period not exceeding SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment. The foregoing under the warning that, should he fail to comply with said order, he shall incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be obeyed or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to obey or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Santa Ana are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is declared without merit. Justice Salazar Alvarado adds a note. Notify this resolution to Maricé Navarro Montoya and Gerardo Oviedo Espinoza, in their respective capacities as Presidenta of the Tribunal Ambiental Administrativo and Alcalde of Santa Ana, or whoever holds that position in their place, in person.\"  \n\nII.- Regarding the motion filed. In reiterated and uniform case law, this Chamber has indicated that those who do not appear as a party in a proceeding lack standing to act before this Court. In this regard, it has been indicated:  \n\n\"The movant intends for the Chamber to size the effects of the resolution in this unconstitutionality action so that, in his specific case, the payment of a provisional alimony is suspended. After reviewing the record, the Chamber determines that Mr. [Nombre62 002] does not appear as a party in this process, nor is it observed that he proves legitimate representation of any of the parties. For this reason, it is established that the movant lacks standing to act before this Court in this constitutional review process. Consequently, the motion filed must be dismissed (see, in a similar sense, the interlocutory resolutions of this Chamber numbers 2021-025928, 2022-005558, and 2022-009348) (see judgment No. 2023028963 of 09:20 a.m. on November 8, 2023).  \n\n\"In the brief filed on January 9, 2015, Mr. (…) questions the veracity of the reports rendered by the respondent authorities. However, given that the movant does not appear as a party within this matter, it is inappropriate for this Chamber to address the cited document, and therefore it should be dismissed.\" (see judgment No. 2015000429 of 3:05 p.m. on January 13, 2015).  \n\n\"In the motion filed on December 17, 2015, Mr. Granados Granados alleges disobedience to the order issued by the Chamber in the case under study; however, it is inappropriate to process said petition, as the movant does not appear as a party in this matter. Therefore, the request must be dismissed.\" (see judgment No. 2016000002 of 2:30 p.m. on January 12, 2016).  \n\n\"The present motion is inappropriate, not only because no recourse whatsoever is available against the judgments, orders, or decrees of the constitutional jurisdiction, but also because the person filing it does not appear as a party in this matter. Furthermore, it is recorded in the judgment rendered in this matter that, for the voting on this case, all evidence submitted to the case file and the statements of the parties up to that moment were taken into consideration, including the memorial signed by the petitioner and received on the fifteenth of July of this year, visible on folio 126.\" (see judgment No. 015878-2005 of 4:04 p.m. on November 22, 2005).  \n\n\"From the brief filing this amparo appeal, it is apparent that the movant does not appear as a main party in this jurisdictional proceeding. This, without a doubt, determines the inappropriateness of her motion, since she is not legally authorized to promote it. It should be added that the Chamber is not empowered to answer in the abstract the inquiries promoted by individuals, and therefore this Constitutional Court must not issue a pronouncement on the points consulted by the proponent.\" (see judgment No. 2001-03240 of 8:38 a.m. on April 27, 2001).  \n\nFinally, in the case of an amparo proceeding in environmental matters, this Court has upheld the same thesis (already partially indicated in previous paragraphs), in relation to persons who act in an amparo proceeding without having formally constituted themselves as a party. In this manner, it indicated:  \n\n\"1.- By means of interlocutory resolution No. 2014-019359 of 9:05 a.m. on November 28, 2014, this Court ordered Luis Guillermo Solís Rivera, in his capacity as Presidente de la República and hierarchical superior of the respondent Minister, to open, within a period of 48 hours counted from the notification of this resolution, a disciplinary administrative proceeding against Edgar Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Ministro de Ambiente y Energía, for failing to comply with the orders of this Court in judgment No. 2008-12109 of 3:16 p.m. on August 5, 2008.  \n\n2.- By written brief received in the Chamber's Secretariat at 1:49 p.m. on January 5, 2015, Édgar Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Ministro de Ambiente y Energía, requests, among other extremes, that judgment No. 2014-019359 of 9:05 a.m. on November 28, 2014, be reconsidered ex officio.  \n\n(…)  \n\nI.- On the power of this jurisdiction to annul judgments. In accordance with Article 11 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, no recourse whatsoever is available against the judgments, orders, or decrees issued by this Chamber. However, the foregoing does not mean that the pronouncements are unmodifiable, since in the event of a serious error of fact or law, it is possible to vary the judgment. In that sense, in judgment number 2000-4951 of 4:37 p.m. on June 27, 2000, this Court explained:  \n\n\"[…] the Chamber has established in reiterated case law that when there has been an error in the appreciation of the facts, it is authorized to modify its resolutions, referring to a 'power to annul its own judgments, in the face of evidence of manifest nullities to the detriment of the fundamental rights of those seeking justice' (resolution number 125-92, and in the same sense, 935-94). Indeed, by judgment No. 331-91 it was ordered that 'Article 11 of the Law of the Constitutional Jurisdiction provides that in this avenue, there is no recourse against the judgments, orders, or decrees issued, but it is also true that this Chamber and its jurisdiction are only subject to the Political Constitution and the law, and this implies, of course, the general principles of Constitutional Law, within which must be understood the principle that rulings issued by a court in a single instance may be annulled by it, when it is a matter of correcting serious errors in the appreciation of the facts, which causes harm to the parties involved…' (see also resolution number 1028-92). This power of the Chamber must be correctly understood, in the sense that the simple non-conformity of the plaintiff with the reasoning set forth in the resolution cannot give rise to new recourse actions for the purpose of having the Chamber reassess its arguments – which is characteristic of ordinary appeals that exist in procedural matters – but rather, only in the hypothesis that the Court comes to verify that a gross error was committed when appreciating the facts discussed or that others that were duly accredited in the case file at the time of issuing the corresponding judgment were omitted, such a circumstance may give rise, in very qualified cases, to an annulment of the ruling originally issued, since it would not be admissible to foster a clear denial of justice for the petitioner, when it is precisely that high value that this Chamber is called upon to defend.\"  \n\nII.- In the sub examine, this Court verifies ex officio that the movant who filed the disobedience brief that motivated interlocutory resolution No. 2014-019359 of 9:05 a.m. on November 28, 2014, namely Nombre79212, holder of identity card CED43246, did not have standing for these purposes, as he does not appear as a procedural party within this case file. In view of the foregoing, it was not appropriate to address the alleged disobedience. In accordance with the foregoing, it is pertinent to annul judgment No. 2014-019359 of 9:05 a.m. on November 28, 2014, by which the subsequent motion filed by Nombre79212 was resolved. In its place, it is ordered solely: The motion filed is denied.\" (see judgment No. 2015000741 of 2:30 p.m. on January 20, 2015).  \n\nLikewise, section 34 of the Law of the Constitutional Jurisdiction is clear in indicating that:  \n\n\"The appeal shall be directed against the servant or the head of the body that appears as the presumed author of the grievance. If one or the other acted in compliance with orders or instructions given by a superior, or with their authorization or approval, the amparo shall be deemed established against both, without prejudice to what is decided in the judgment. If the identity of the servant is unknown, the appeal shall be deemed established against the hierarchical superior.  \n\nAny third party who derives subjective rights from the norm or act causing the amparo proceeding shall also be considered a party.  \n\nAdditionally, anyone having a legitimate interest in the outcome of the appeal may appear and intervene in it as a coadjuvant of the plaintiff or the defendant.\" (The emphasis is not part of the original)  \n\nWith regard to this motion, the Chamber determines that the interested party does not appear as an intervenor in the process, and therefore lacks standing to claim disobedience to the judgment.  \n\nIII.- Documentation contributed to the case file. The parties are warned that if they have contributed any document on paper, as well as objects or evidence contained on any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.  \n\nPor tanto:  \n\nThe motion filed is denied.  \n\nFernando Castillo V.  \nPresidente  \n\nFernando Cruz C.  \n\nPaul Rueda L.  \n\nLuis Fdo. Salazar A.  \n\nJorge Araya G.  \n\nIngrid Hess H.  \n\nAna María Picado B.  \n\nDigitally Signed Document  \n-- Verification Code --  \n\n  \n\n L69N3TJM27S61  \n\nEXPEDIENTE N° 19-020028-0007-CO  \n\nTelephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).  \n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:52:10.  \n\nSCIJ de Hacienda  \nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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