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  "id": "nexus-sen-1-0007-1359784",
  "citation": "Res. 41335-2025 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Recurso de amparo inadmisible por ejecución de medida cautelar penal",
  "title_en": "Amparo inadmissible for execution of criminal precautionary measure",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto por un habitante contra la Municipalidad de San Carlos y la Fuerza Pública. El recurrente alegaba violación al derecho a un ambiente sano (artículo 50 constitucional) por actos de demolición de una iglesia, escuela y viviendas en la comunidad de Chorreras, ejecutados en cumplimiento de una medida cautelar atípica de restitución dictada en un proceso penal. La Sala fundamenta su decisión en el artículo 30 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que excluye el amparo contra actos de autoridades administrativas que ejecutan resoluciones judiciales, siempre que se ajusten a lo ordenado. Considera que los reclamos deben plantearse dentro del proceso penal correspondiente. En consecuencia, declara inadmisible el recurso, sin entrar al fondo de las presuntas infracciones ambientales.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismissed an amparo action filed by a resident against the Municipality of San Carlos and the Public Force. The petitioner claimed a violation of the right to a healthy environment (Article 50 of the Constitution) due to the demolition of a church, school, and houses in the Chorreras community, carried out in compliance with an atypical precautionary measure of restitution ordered in a criminal proceeding. The Chamber based its decision on Article 30(c) of the Constitutional Jurisdiction Law, which bars amparo against acts by administrative authorities executing judicial orders, provided those acts conform to the mandate. It held that the grievances must be pursued within the criminal case. Accordingly, the amparo was declared inadmissible, without addressing the alleged environmental violations.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "11/12/2025",
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    "procedural-environmental"
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  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
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    "restitución de las cosas a su estado anterior",
    "artículo 30 inciso c Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "proceso penal",
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    "derecho a un ambiente sano (artículo 50)",
    "inadmisibilidad"
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    "medida cautelar atípica",
    "restitución de las cosas a su estado anterior",
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    "ejecución de resolución judicial",
    "proceso penal",
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    "estudio de impacto ambiental SETENA"
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  "excerpt_es": "II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, se advierte que no procede analizar lo acusado en contra de los recurridos, en tanto, según el numeral 30, inciso c) de la ley supracitada, no cabe el recurso de amparo “Contra los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial”. Por ende, los reclamos aquí planteados deberán ser expuestos dentro del proceso penal mencionado, en el cual se dictó la medida cautelar que, según aduce la parte recurrente, permitió los actos de demolición y derribo que aquí se reclaman. Así las cosas, se declara inadmisible el recurso.",
  "excerpt_en": "II.- ON THE SPECIFIC CASE. In this case, it is noted that it is not appropriate to analyze the allegations against the respondents, since, according to Article 30(c) of the aforementioned law, amparo is not admissible “Against acts carried out by administrative authorities in executing judicial resolutions, provided such acts are performed in compliance with what was entrusted by the respective judicial authority.” Therefore, the claims raised here must be brought within the mentioned criminal proceeding, in which the precautionary measure was ordered that, according to the petitioner, permitted the demolition and tearing-down acts challenged here. Consequently, the appeal is declared inadmissible.",
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    "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza de plano el recurso de amparo por dirigirse contra actos de ejecución de una medida cautelar dictada en un proceso penal, de conformidad con el artículo 30 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 41335 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 11 de Diciembre del 2025 a las 10:10\n\nExpediente: 25-036763-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 25-036763-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2025041335\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del once de diciembre de dos mil veinticinco .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre87592, cédula de identidad CED48213, contra la DELEGACIÓN POLICIAL DE SAN CARLOS y la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.\n\nResultando:\n\n   1.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 17:13 horas del 24 de noviembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de San Carlos y Delegación Policial de San Carlos. Indica lo siguiente: “El día 19 de noviembre de 2025, funcionarios de la Municipalidad de San Carlos, apoyados por la fuerza Pública de San Carlos, se apersonaron a la comunidad de Chorreras, en el distrito de Cutris, cantón de San Carlos, provincia de Alajuela., a efectos de realizar la demolición de la Iglesia, escuela, y aposentos habitacionales del pueblo asentado en dicho lugar, en cumplimiento de la medida cautelar “MEDIDA CAUTELAR ATIPICA DE LA RESTITUCIÓN DE LAS COSAS A SU ESTADO ANTERIOR” dictado dentro del proceso penal signado a expediente 25-000857-306- PE. 2. El día 19 de noviembre de 2025, los funcionarios de la Municipalidad de San Carlos, apoyados por la fuerza Pública de San Carlos empezaron sus labores de demolición y destrucción del poblado generando grandes destrozos en la escuela pública del lugar y en la Iglesia, generando enormes cúmulos de escombros y basura en la zona, y ante los reclamos airados de los habitantes de la zona por los destrozos hechos a la Iglesia y la contaminación generada, los funcionarios optaron por retirarse. 3. La comunidad de Chorreras se encuentra expectante de que los funcionarios municipales y la fuerza pública regresen de nuevo a terminar lo que comenzaron. (…) Con base en lo expuesto, solicito respetuosamente a esta Honorable Sala Constitucional: 1. Declarar con lugar el presente recurso de amparo contra la Municipalidad de San Carlos y contra la Fuerza Pública de San Carlos, por violación al derecho de tener un ambiente sano la comunidad de Chorreras, consagrado en el numeral 50 de nuestra Carta Magna. 2. Ordenar a la Municipalidad de San Carlos que deje sin efectos los actos de derribo y demolición de la comunidad de Chorreras, hasta tanto se cumpla a cabalidad con las exigencias legales en materia ambiental y que por ahora han sido groseramente irrespetadas”. Asegura incumplimiento a la normativa ambiental. Reclama que tampoco se realizó un estudio técnico de impacto ambiental por parte de la Setena. Solicita que se dejen sin efecto los actos de derribo y demolición hasta que se cumpla con las exigencias ambientales.\n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n  \n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta que el 19 de noviembre de 2025, funcionarios de la municipalidad recurrida, apoyados por la Fuerza Pública de San Carlos, se apersonaron ala comunidad de Chorreras a realizar la demolición de la iglesia, escuela y aposentos habitaciones del pueblo asentado en el lugar, en cumplimiento de la medida cautelar atípica de restitución de las cosas a su estado anterior, dictada en el proceso penal 25-000857-306-PE. Comenta que se generaron cúmulos de basura y escombros y, ante los reclamos de los habitantes, los funcionarios se retiraron. Señala que están en espera de que tales funcionarios regresen a terminar lo que iniciaron. Asegura incumplimiento a la normativa ambiental. Reclama que tampoco se realizó un estudio técnico de impacto ambiental por parte de la Setena. Solicita que se dejen sin efecto los actos de derribo y demolición hasta que se cumpla con las exigencias ambientales.\n\nII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, se advierte que no procede analizar lo acusado en contra de los recurridos, en tanto, según el numeral 30, inciso c) de la ley supracitada, no cabe el recurso de amparo “Contra los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial”. Por ende, los reclamos aquí planteados deberán ser expuestos dentro del proceso penal mencionado, en el cual se dictó la medida cautelar que, según aduce la parte recurrente, permitió los actos de demolición y derribo que aquí se reclaman. Así las cosas, se declara inadmisible el recurso.\n\n \n\nIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nIngrid Hess H.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nAlejandro Delgado F.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n Q25FV1ZSIT061\n\nEXPEDIENTE N° 25-036763-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:57:31.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Grande  \nNormal  \nPequeña  \nConstitutional Chamber  \n\nResolution No. 41335 - 2025  \n\nDate of Resolution: December 11, 2025 at 10:10 a.m.  \n\nFile No.: 25-036763-0007-CO  \n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez  \n\nType of matter: Amparo appeal  \n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  \n\nText of the resolution  \n\n* * *  \n\nFILE NO. 25-036763-0007-CO  \n\nPROCEEDING: AMPARO APPEAL  \n\nRESOLUTION NO. 2025041335  \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and ten minutes on December eleventh, two thousand twenty-five.  \n\nAmparo appeal filed by Nombre87592, identification card CED48213, against the POLICE DELEGATION OF SAN CARLOS and the MUNICIPALITY OF SAN CARLOS.  \n\nWhereas:  \n\n1.- By written submission incorporated into the Chamber's digital case file at 5:13 p.m. on November 24, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of San Carlos and the Police Delegation of San Carlos. They state the following: “On November 19, 2025, officials of the Municipality of San Carlos, supported by the Public Force of San Carlos, appeared at the community of Chorreras, in the district of Cutris, canton of San Carlos, province of Alajuela, for the purpose of carrying out the demolition of the Church, school, and residential quarters of the town settled in that location, in compliance with the precautionary measure 'ATYPICAL PRECAUTIONARY MEASURE OF RESTITUTION OF THINGS TO THEIR PREVIOUS STATE' issued within the criminal proceeding designated under file 25-000857-306-PE. 2. On November 19, 2025, the officials of the Municipality of San Carlos, supported by the Public Force of San Carlos, began their demolition and destruction work on the settlement, generating extensive damage to the local public school and the Church, producing enormous accumulations of debris and garbage in the area, and in the face of the angry protests from the area's inhabitants over the damage done to the Church and the contamination generated, the officials chose to withdraw. 3. The community of Chorreras is apprehensive that the municipal officials and the public force will return again to finish what they started. (…) Based on the foregoing, I respectfully request this Honorable Constitutional Chamber to: 1. Grant this amparo appeal against the Municipality of San Carlos and against the Public Force of San Carlos, for violation of the right to a healthy environment for the community of Chorreras, enshrined in Article 50 of our Magna Carta. 2. Order the Municipality of San Carlos to nullify the acts of tearing down and demolition of the community of Chorreras, until the legal requirements in environmental matters are fully complied with, which for now have been grossly disregarded.” They allege non-compliance with environmental regulations. They also claim that a technical environmental impact study (estudio técnico de impacto ambiental) was not carried out by SETENA. They request that the acts of tearing down and demolition be nullified until the environmental requirements are met.  \n\n2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any action submitted for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient grounds for judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a previous, equal, or similar rejected action.  \n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,  \n\nConsidering:  \n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that on November 19, 2025, officials of the respondent municipality, supported by the Public Force of San Carlos, appeared at the community of Chorreras to carry out the demolition of the church, school, and residential quarters of the town settled in the location, in compliance with the atypical precautionary measure of restitution of things to their previous state, issued in criminal proceeding 25-000857-306-PE. They comment that accumulations of garbage and debris were generated and, in the face of the protests of the inhabitants, the officials withdrew. They indicate that they are waiting for such officials to return to finish what they started. They allege non-compliance with environmental regulations. They also claim that a technical environmental impact study (estudio técnico de impacto ambiental) was not carried out by SETENA. They request that the acts of tearing down and demolition be nullified until the environmental requirements are met.  \n\nII.- ON THE SPECIFIC CASE. In this instance, it is noted that it is not appropriate to analyze the accusations against the respondents, since, according to Article 30, subsection c) of the aforementioned law, an amparo appeal is not admissible “Against acts carried out by administrative authorities when executing judicial rulings, provided that these acts are carried out in compliance with what was entrusted by the respective judicial authority.” Therefore, the claims raised here must be presented within the mentioned criminal proceeding, in which the precautionary measure was issued that, according to the appellant's assertion, permitted the demolition and tearing down acts claimed herein. As matters stand, the appeal is declared inadmissible.  \n\nIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.  \n\nTherefore:  \n\nThe appeal is rejected outright.  \n\nFernando Castillo V.  \n\nPresident  \n\nFernando Cruz C.  \n\nPaul Rueda L.  \n\nLuis Fdo. Salazar A.  \n\nJorge Araya G.  \n\nIngrid Hess H.  \n\nAlejandro Delgado F.  \n\nDigitally Signed Document  \n\n-- Verification code --  \n\n*Q25FV1ZSIT061*  \n\nFILE NO. 25-036763-0007-CO  \n\nTelephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).  \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:57:31.  \n\nSCIJ de Hacienda  \nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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