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  "id": "nexus-sen-1-0007-1366018",
  "citation": "Res. 04335-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Rebalse de aguas negras en Finca San Juan de Pavas vulnera derecho a ambiente sano",
  "title_en": "Sewage overflow in Finca San Juan, Pavas, violates right to a healthy environment",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara con lugar un amparo contra el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San José y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por el rebalse continuo de aguas residuales en las alamedas 14, 15 y 16 de Finca San Juan, Pavas. A pesar de denuncias desde 2024, inspecciones, una orden sanitaria contra el municipio y multas, el problema persistía. El AyA argumentó que la red inconclusa no es de su propiedad (fue construida por el IMAS y traspasada al INVU), y la Municipalidad alegó incompetencia. La Sala determinó que las tres instituciones incurrieron en omisiones graves, al no coordinar ni ejecutar medidas efectivas, y que la mera emisión de órdenes no exime al Ministerio de Salud de garantizar la protección de la salud y el ambiente. Ordena al municipio finalizar las obras en 12 meses, al Ministerio de Salud velar por su cumplimiento, y al AyA coordinar y asesorar técnicamente.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber grants an amparo against the Ministry of Health, the Municipality of San José, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) for the continuous sewage overflow in Finca San Juan, Pavas. Despite complaints since 2024, inspections, a sanitary order against the municipality, and fines, the problem persisted. AyA argued the unfinished network is not its property (built by IMAS and transferred to INVU), and the Municipality claimed lack of jurisdiction. The Court found all three institutions committed serious omissions by failing to coordinate or implement effective measures, and that merely issuing orders does not relieve the Ministry of Health from ensuring the protection of health and the environment. It orders the municipality to complete works within 12 months, the Ministry of Health to oversee compliance, and AyA to coordinate and provide technical advice.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "06/02/2026",
  "year": "2026",
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    "environmental-law-7554",
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    "water-law"
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    "coordinación interinstitucional",
    "ambiente sano y ecológicamente equilibrado",
    "Ley General de Salud",
    "desbordamiento de aguas negras",
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      "article": "Art. 50",
      "law": "Constitución Política"
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  "keywords_es": [
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    "Sala Constitucional",
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    "Finca San Juan",
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  "keywords_en": [
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    "Finca San Juan",
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    "Ministry of Health"
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  "excerpt_es": "En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano ni el derecho a la salud debido a la incapacidad de las autoridades correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. En efecto, considera este Tribunal que la actividad estatal debe darse de manera coordinada y efectiva, pues no se trata simplemente de determinar el problema y endilgarle la responsabilidad a otros, como ha sucedido en este caso, ni tampoco corresponde que sea esta Sala quien asigne a cada entidad las soluciones que deben implementar; sino que, una vez valorado el asunto se debe dar una solución integral, para lo cual, bajo el sistema de distribución de competencias y funciones de un Estado, deben participar todos los involucrados, cada una aportando lo que en definitiva le corresponde.",
  "excerpt_en": "In reiterated case law, this Chamber has stated that it is unacceptable to deny human beings the right to a healthy environment or the right to health due to the inability of the relevant authorities to effectively exercise the oversight powers and problem-solving duties granted by law. Indeed, this Tribunal considers that state action must be coordinated and effective, since it is not simply a matter of identifying the problem and blaming others, as has happened in this case, nor is it for this Chamber to assign each entity the solutions they must implement; rather, once the matter has been assessed, a comprehensive solution must be provided, for which, under the system of distribution of competences and functions of a State, all those involved must participate, each contributing what ultimately corresponds to it.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Municipality of San José, the Ministry of Health, and AyA are ordered to coordinate immediate and definitive measures to solve the sewage overflow in Finca San Juan, Pavas.",
    "summary_es": "Se ordena a la Municipalidad de San José, al Ministerio de Salud y al AyA coordinar medidas inmediatas y definitivas para solucionar el rebalse de aguas residuales en Finca San Juan, Pavas."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "It cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment or the right to health due to the inability of the relevant authorities to effectively exercise the oversight powers and problem-solving duties granted by law.",
      "quote_es": "No se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano ni el derecho a la salud debido a la incapacidad de las autoridades correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley."
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    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "State action must be coordinated and effective, since it is not simply a matter of identifying the problem and blaming others.",
      "quote_es": "La actividad estatal debe darse de manera coordinada y efectiva, pues no se trata simplemente de determinar el problema y endilgarle la responsabilidad a otros."
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      "context": "Considerando VI.B",
      "quote_en": "The mere fact of having issued the sanitary order (...) does not relieve or exempt it from continuing to attend to and follow up on the matter.",
      "quote_es": "El hecho de haber emitido la orden sanitaria (...) no lo releva o exime de continuar atendiendo y darle el seguimiento que corresponda."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1366018",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 04335 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 06 de Febrero del 2026 a las 09:20\n\nExpediente: 25-037936-0007-CO\n\nRedactado por: Ingrid Hess Herrera\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental,Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: PODER EJECUTIVO\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nTema: SERVICIOS PÚBLICOS\n\nSubtemas:\n\nALCANTARILLADO.\n\n004335-26. PODER EJECUTIVO. MUNICIPALIDAD. SERVICIOS PÚBLICOS. SE ACUSA EL REBALSE DE AGUAS NEGRAS EN TRES ALAMENDAS DE LA FINCA SAN JUAN DE PAVAS. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. EN CONSECUENCIA: A) SE ORDENA AL ALCALDE DE SAN JOSÉ, ASÍ COMO AL DIRECTOR A.I. DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE PAVAS Y AL DIRECTOR A.I. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE RECTORÍA DE LA SALUD CENTRAL SUR, AMBOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD, QUE, DE FORMA INMEDIATA, DE MANERA CONJUNTA Y COORDINADA, DISPONGAN LO NECESARIO PARA ASEGURAR QUE NO HAYAN AFECTACIONES A LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL SECTOR FINCA SAN JUAN, PAVAS; B) SE ORDENA AL ALCALDE DE SAN JOSÉ, QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES SE LLEVEN A CABO Y FINALICEN LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR CON LA ORDEN SANITARIA N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 EMITIDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD; C) SE ORDENA AL MINISTERIO DE SALUD, EJECUTAR LAS ACCIONES PERTINENTES DENTRO DEL MARCO DE SUS COMPETENCIAS PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN SANITARIA N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, DENTRO DEL PLAZO ANTERIORMENTE DISPUESTO, DE FORMA QUE SE RESUELVA EN FORMA DEFINITIVA LA PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN EXISTENTE EN FINCA SAN JUAN, PAVAS; Y D) SE ORDENA AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, QUE DE MANERA INMEDIATA EJECUTE LAS LABORES DE COORDINACIÓN QUE SEAN NECESARIAS JUNTO AL MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, A FIN DE BRINDAR EL APOYO Y LA ASESORÍA QUE SEA NECESARIA PARA SOLUCIONAR DE MANERA DEFINITIVA EL PROBLEMA DE DESBORDAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRESENTE EN EL SECTOR DE FINCA SAN JUAN, PAVAS, PROPORCIONANDO EL ACOMPAÑAMIENTO QUE SEA NECESARIO PARA CUMPLIR CON ESE FIN. VCG03/2026\n\n“(…) VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita que, entre los años 2019 al 2021, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, participó en una comisión liderada por la Municipalidad de San José, en la cual participaron otras instituciones (MIVAH, INVU, etc.), para abordar la problemática presentada en el sector de Finca San Juan, Pavas, por desbordamiento de aguas residuales. Como parte de las labores realizadas por el AyA, se entregaron los términos de referencia para contratación de estudios preliminares, diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Además, que el 6 de junio del 2024, el Área Rectora de Salud de Pavas, recibió una denuncia por desbordamiento de aguas residuales y alcantarilla obstruida, en las alamedas 14,15 y 16 de la Finca San Juan, Pavas, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En dicha denuncia se adujo que la situación señalada provocaba un rebalse continuo de aguas negras y contaminación. El área rectora de salud recurrida dio trámite a la gestión asignándole el número de caso D 091-2024. Que el 18 de junio del 2024, el área rectora de salud accionada realizó una inspección en el sitio, logrando constatar que distintas alcantarillas de la alameda se encontraban rebalsadas. En aquella ocasión, vecinos del lugar manifestaron que la Municipalidad de San José y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados habían realizado visitas al sitio; sin embargo, no habían subsanado la problemática denunciada. Que el 21 de junio del 2024, el área rectora de salud recurrida elaboró el informe técnico N°MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0156-2024-JLC, donde se recomendó el traslado del caso al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con el objetivo de realizar una visita de inspección en conjunto. Que el 21 de junio del 2024, el área rectora de salud accionada realizó traslado del caso N° D-0091-2024, a través del oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024 al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Que el 9 de julio del 2024, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, respondió el oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024, a través del oficio N° DRyT-OMSR-2024-00497, indicando que la Urbanización Finca San Juan había sido construida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; sin embargo, el proyecto no se concluyó y esto conllevó a que la red de alcantarillado sanitario no fuese trasladada al ICAA para su correcta operación. Que el 16 de julio del 2024, el área rectora de salud accionada respondió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el oficio Nº DRyT-OMSR-2024-00497 a través del oficio Nº MS-DRRSCS-DARS-P-0302-2024, solicitando la limpieza, mantenimiento y destaqueo de la red de alcantarillado. Que el 19 de agosto del 2024, el área rectora de salud recurrida recibió el oficio N° DRyT-OMSR-2024-00603 por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, donde se indicó que, dado que la red de alcantarillado no se había concluido por parte del INVU y no se había trasladado al ICAA, era improcedente que esa institución destinara recursos para su mantenimiento. Que el 19 de agosto del 2024, el área rectora de salud recurrida, envió el oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, solicitando información relacionada a la problemática expuesta. Que el 4 de setiembre del 2024, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo brindó respuesta al oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024, mediante el oficio N°DPH-UPH-247-2024, en el cual se indicó textualmente: “Las fincas generadas por el IMAS, lotes, áreas públicas y resto de finca, según el plano de conjunto (diseñado por IMAS), fueron traspasados al INVU en noviembre del 1995, con la finalidad de que el INVU formalizara los traspasos de los lotes a los potenciales beneficiarios del proyecto y traspasara las áreas públicas a la Municipalidad de San José, por lo tanto, el traspaso IMAS al INVU fue con la intención de que formalizara las escrituras de los terrenos, un tema administrativo, no constructivo. Como se menciona las calles, alamedas, zonas de parque y las obras de infraestructura urbanística fueron diseñadas y construidas por el IMAS, como consta en planos; por lo tanto, la gestión de entrega de los planos y gestiones de infraestructura de tuberías al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debió ser efectuada por la entidad mencionada. El INVU en la fecha de abril del año 2008 traspasó las calles, avenidas, alamedas, parques y áreas comunales a la Municipalidad de San José.”. Que el 11 de octubre del 2024, el área rectora de salud recurrida, envió el oficio de solicitud de apoyo N°MS-DRRSCS-DARS-P-0408-2024, al alcalde de San José a través de correo electrónico para la atención de la denuncia según sus competencias. Que el 30 de setiembre del 2024, el área rectora de salud accionada recibió el oficio N°CM-PPSD-051-2024 por parte de la regidora Municipal Yorleny Córdoba Moya, solicitando apoyo a la Sra. Kristel Ramírez Ballesteros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en atención a la denuncia. Que el 1° de octubre del 2024, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante oficio N°DRyT-OMSR-2024-00738 en respuesta al oficio N°CM-PPSD-051-2024 indicó que la red de finca San Juan no era activo de ese instituto, por lo que no se podían destinar recursos para su mantenimiento y operación. Que el día 23 de octubre del 2024, se llevó a cabo una reunión entre funcionarios de la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud. Entre los acuerdos tomados, se determinó el reenvió a la municipalidad recurrida, de la información contenida en la denuncia N° D-091-2024 hasta ese momento. Que el 19 de febrero del 2025, se notificó la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 a la Municipalidad de San José, para que: “En un plazo no mayor a 8 meses calendario a partir de la presente notificación, realizar las reparaciones que sean pertinentes para concluir la red de alcantarillado sanitario correspondiente en la zona de (alamedas 14, 15 y 16) ubicadas Pavas Finca San Juan del Super Alfa 10 metros este y 5 metros sur calle 156 C, para que estas cuenten con un adecuado sistema de disposición de aguas negras y servidas y que estas no obstruyan ni rebalsen en la vía pública. Fundamento Legal: Artículos 1, 2, 4, 7, 147 inciso c), 275, 285, 288, 289 de la Ley Nº 5395 Ley General de Salud. Artículo 6 inciso e) del Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario No 30413-MP-MINAE-S-MEIC.”. Que el 26 de febrero del 2025, el alcalde de San José presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la orden sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, indicando: “Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, así como las normas jurídicas y jurisprudencia que amparan a la Municipalidad de San José, y no resultando procedente lo solicitado en la ORDEN SANITARIA MS- DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 emitida por el ÁREA RECTORA DE SALUD DE PAVAS, se solicita respetuosamente ACOGER el recurso de revocatoria y en caso de ser rechazado dicho recurso se eleve el recurso de apelación de manera subsidiaria.”. Que el 1° de abril del 2025, mediante RESOLUCION-MS-DRRSCS-0662-2025 se resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por la Municipalidad de San José, declarándolo sin lugar.  A su vez, que el 20 de mayo del 2025, la ministra de salud mediante resolución N°MS-DM-YA-2202-2025, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de San José. De igual forma, se tiene que el 22 de octubre del 2025, el Ministerio de Salud envió el oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0602- 2025 al alcalde de San José, solicitando informar el estado de cumplimiento de la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 y las acciones realizadas para ello.  Que el 18 de noviembre del 2025, el ministerio de salud recibió los oficios MSJ-ALCALDIA-4753-2025 y SCMRP-547-2025 por parte de la Municipalidad de San José, donde se indicó lo siguiente: “Mediante el oficio No. SCMRP-278-2025, se le indicó a la Gerencia Provisión de Servicios que lo solicitado por el Ministerio de Salud es un tema de alcantarillado sanitario, por consiguiente, no es competencia de esta Sección ni se encuentra dentro de sus funciones la atención de alcantarillado sanitario, razón por la cual, no se pueden invertir los recursos pertenecientes a tasa pluvial para tal fin, ya que esto resultaría en un desvío de fondos públicos y violenta el principio de legalidad tributaria, principio de equivalencia, principio de transparencia y finalidad específica de las tasas. Asimismo, la entidad encargada de administrar y operar el alcantarillado sanitario en el Cantón de San José es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ente responsable de desarrollar y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable como también, la recolección y evacuación de aguas negras y residuales. Aunado a lo anterior, es importante indicar que, esta Sección no tiene asignado ningún tipo de obras relacionadas a la Orden Sanitaria Orden Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 en el sector denominado Finca San Juan.”. Que el 4 de diciembre del 2025, el ministerio de salud notificó al alcalde de San José, el informe sanitario N°MS-DRRSCS-DARS-0690-2025, donde se impuso una multa de un salario base correspondiente a la suma de ¢462.200.00 por el incumplimiento de la Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSP-OS-006-2025. Finalmente, se colige que el 9 de diciembre del 2025, el Ministerio de Salud recibió ante esta dependencia el recurso de apelación del informe sanitario N°MS-DRRSCS-DARS-0690-2025 por parte de la Municipalidad de San José.\n\nA. En cuanto a la Municipalidad de San José, se tiene que dichas autoridades conocen del problema bajo estudio desde el año 2021 y que, a pesar de los varios años trascurridos hasta la fecha, no han llevado a cabo acciones claras y contundentes tendentes a solventarlo de forma definitiva. Nótese que, según el apartado de hechos probados de este amparo, la corporación municipal ha participado en comisiones junto a otras institucional a fin de encontrar una solución al problema que aqueja al sector de Finca San Juan, Pavas; no obstante, el problema de desbordamiento de aguas residuales aún persiste, sin una solución real. Aunado a lo anterior, nótese que sobre el ente municipal accionado pesa una orden sanitaria desde el 19 de febrero de 2025, sin que a este momento se hubiere dado cumplimiento con lo dispuesto por parte del Ministerio de Salud, siendo que, en los informes rendidos a esa cartera ministerial a efecto de actualizar sobre las acciones tomadas al respecto, lo que se aduce es una incompetencia para proceder a su incumplimiento. \n\nAsí las cosas, para esta Sala Constitucional no cabe duda que las autoridades del municipio recurrido han incurrido en graves omisiones que han coadyuvado a que el problema sanitario y ambiental bajo estudio se mantenga a la fecha.\n\nB. En lo que respecta al Ministerio de Salud, se tiene que estas autoridades, desde el año 2024, conocen del problema bajo estudio y que, desde entonces también, realizaron inspecciones en el sitio y, al constatar los hechos denunciados, han venido gestionando ante diferentes instituciones su atención. Es este sentido, cabe indicar que el 21 de junio del 2024, el área rectora de salud accionada realizó traslado del caso N° D-0091-2024, a través del oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024 al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; no obstante, el 9 de julio del 2024, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, respondió el oficio indicando que la Urbanización Finca San Juan había sido construida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; indicando que el proyecto no había sido trasladado a esa institución para su correcta operación. Ahora bien, a pesar de haberle solicitado dicha área rectora la limpieza, mantenimiento y destaqueo de la red de alcantarillado, recibió la negativa del ICAA, señalando que dado que la red de alcantarillado no se había concluido por parte del INVU y no se había trasladado al ICAA, era improcedente que esa institución destinara recursos para su mantenimiento. Se evidencia que ante la situación expuesta, las autoridades del Ministerio de Salud, acudieron ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, para obtener información sobre la situación del sector conocido como Finca San Juan, Pavas, estableciéndose que: “El INVU en la fecha de abril del año 2008 traspasó las calles, avenidas, alamedas, parques y áreas comunales a la Municipalidad de San José.” (sic). En por esta razón, que posterior a varios acercamientos ante la Municipalidad de San José a fin de encontrar una solución a la problemática presentada, finalmente el 19 de febrero de 2025, el Ministerio de Salud, notificó la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, a la corporación municipal recurrida, la cual a este momento se encuentra pendiente de cumplimiento.\n\nEn este punto, es importante recordarles a las autoridades del Ministerio de Salud, que el hecho de haber emitido la orden sanitaria antes mencionada y haber solicitado informes para conocer acerca de su cumplimiento, incluso estableciendo sanciones al respecto, no lo releva o exime de continuar atendiendo y darle el seguimiento que corresponda, a través del dictado y ejecución de todos aquellos actos que resulten pertinentes, conforme a lo estipulado en la Ley General de Salud y su reglamento. En ese particular, esta jurisdicción, en el Voto No. 2016-6368 de las 09:30 hrs. de 13 de mayo de 2016, señaló lo siguiente:\n\n“(…) V. DEL AMPARO CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD. SOBRE EL FONDO: De los hechos anteriores se desprende que el Ministerio de Salud, si bien actuó oportunamente, emitió las órdenes sanitarias e incluso presentó denuncias penales, lo cierto es que el problema sanitario subsiste, como lo indica su representante en el informe rendido bajo juramento. No observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la Fuerza Pública para la seguridad del lugar, e incluso, el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias. La Sala considera que lo actuado por el Ministerio de Salud ha sido insuficiente y viola el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano de la amparada, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se disponga las medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario existente en la colindancia entre el Condominio Camino de Luna, el Río Liberia y el Residencial El Río, dentro de un término de dos meses, a partir de la notificación de la sentencia. (…)” (El destacado no forma parte del original).\n\nAsimismo, en la Sentencia No. 2022-10613 de las 09:40 hrs. de 13 de mayo de 2022, esta Sala señaló:\n\n“(…)  IV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO.- Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que ha existido la violación a los derechos fundamentales por parte de las autoridades recurridas. Lo anterior, porque en el informe rendido por parte del representante de dicha autoridad -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 16 de agosto del 2021, el recurrido recibió la denuncia interpuesta por el recurrente, en contra de sus vecinos por la descarga de aguas servidas hacia su propiedad por parte de los vecinos denunciados. El 27 de agosto del 2021, la Gestora Ambiental del Área Rectora de Salud Alajuela 1, realizó visita de inspección al sitio, en que la autoridad sanitaria determinó la descarga de aguas pluviales y residuales (negras y servidas) hacia la propiedad del amparado, ocasionando malos olores, riesgo de proliferación de insectos y roedores que pueden afectar la salud las personas que habitan la vivienda. El 03 de setiembre del 2021, el recurrido giró y notificó orden sanitaria N° 0188 en que se le ordenó a José Arístides Morera Jiménez, proceder a corregir la problemática encontrada, y en el plazo de dos meses disponer sanitaria y adecuadamente las aguas pluviales, residuales y negras que no están encausadas adecuadamente en la vivienda de su propiedad.  El 10 de noviembre del 2021, el recurrido realizó una visita de verificación del cumplimiento de la orden sanitaria referida, comprobando que las aguas pluviales y residuales seguían descargando hacia la propiedad del tutelado, por lo que se constató el incumpliendo lo ordenado. Por oficio MS-DRRSCN-DARSA1-3001-2021, el recurrido remitió denuncia a la Fiscalía Adjunta de Alajuela, contra de José Arístides Morera Jiménez por el delito de desobediencia a la autoridad, sin que a la fecha se haya emitido resolución al respecto. El 09 de diciembre del 2021, el recurrente presentó denuncia contra el señor Aiut Avalos e indica que el denunciado conduce sus aguas pluviales y residuales (servidas) hacia su propiedad, por lo que pidió solicitar al vecino que encause esas aguas de forma adecuada. El 06 de enero del 2022, el recurrido efectuó la visita de inspección y a pesar de que no había nadie en la propiedad del denunciado, se comprobó que las aguas pluviales y servidas son dirigidas a la propiedad del amparado, por lo que se confeccionó la orden sanitaria 0030 ordenando al señor Aiut Avalos, disponer sanitaria y adecuadamente las aguas pluviales que no están encausadas en su vivienda, empero, no se ha podido notificar, ya que no se encuentra a las personas en el lugar.\n\nAsí las cosas, esta Sala estima que si bien el recurrido argumenta que ha efectuado acciones tendientes a la resolución de la situación que aqueja al tutelado, lo cierto es que a pesar de ello, no ha logrado resolverlo de manera definitiva, pues la simple interposición de una denuncia penal por incumplimiento de una orden sanitaria y la excusa de que no han podido notificar la otra orden sanitaria, no resulta suficiente para esta Sala, tomando en cuenta que hay un problema serio comprobado de aguas llovidas y residuales incorrectamente manejadas, que discurren todas hacia la propiedad del recurrente, por falta de obras de drenaje por parte de los vecinos, lo que le ocasionan problemas serios de inundación y contaminación desde hace mucho tiempo y no se soluciona. Nótese que el Ministerio de Salud tiene amplias potestades para actuar de conformidad con la Ley General de Salud y el Reglamento correspondiente, como ente rector encargado de la vigilancia y control de la salud, tales como:   las medidas sanitarias especiales de desalojo de vivienda (artículo 1 inciso c del Reglamento), declaratoria de inhabitabilidad, demolición, así como las multas, ya que es claro que de conformidad con la Ley General de Salud artículos 39 y 286 es deber de todo propietario y encargado de muebles e inmuebles evitar molestias y daños a la salud así como focos de contaminación o infección debiendo efectuar obras de drenaje e incluso en caso de renuencia hacerlas la administración a costa del omiso, todo resguardando el debido proceso. De modo que lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias, que se indicaran en la parte dispositiva (…)” (El destacado no forma parte del original).\n\nMás recientemente, en el Voto No. 2025-583 de las 09:20 hrs. de 10 de enero de 2025, este órgano constitucional señaló:\n\n“(…) Sobre el Ministerio de Salud.  Si bien,  de los informes rendidos y de la prueba que consta en autos, se acredita que las autoridades accionadas del Ministerio de Salud -Área Rectora de Salud de Puntarenas – Chacarita-, han realizado gestiones a fin de cumplir con las ordenes que en su momento dio este Tribunal, tal como se aprecian en los hechos probados de esta sentencia, y que, ante el incumplimiento de la orden sanitaria 0112-REG-2024 por parte de la Municipalidad de Puntarenas, el 4 de diciembre del 2024, se interpuso denuncia penal contra la Municipalidad de Puntarenas, por el presunto Delito de Desobediencia a la Autoridad ante la Fiscalía Adjunta del Ministerio Público en Puntarenas; sin embargo, lo cierto del caso es que, para esta Sala su deber ha sido insuficiente, pues dicho ministerio demanda la observancia, así como, el garantizar la protección de la salud  de la población y del medioambiente (…)” (El destacado no forma parte del original).\n\nAnte dicho panorama, resulta claro que las autoridades recurridas del Ministerio de Salud también han sido omisas en atender la grave situación ambiental que afronta la comunidad de Finca San Juan, Pavas.\n\nC. Finalmente, en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha informado y se ha acreditado a partir de las pruebas allegadas, que la Urbanización Finca San Juan fue inicialmente construida por el Instituto Mixto de Ayuda Social y que dicho proyecto al no haberse concluido adecuadamente, dio al traste con la entrega al ICAA.  En el informe rendido a esta Sala, el ICAA explicó claramente lo siguiente:\n\n“(…) Se considera importante mencionar que en el sitio existe una red de alcantarillado sanitario inconclusa, la cual no tiene tratamiento y no es activo del AyA, por lo que la Institución no brinda el servicio de mantenimiento a dicha red y no cobra el servicio de alcantarillado sanitario. Según la información que se cuenta, esta red propiedad del INVU. (…)”.\n\nAhora, cabe señalar que si bien son comprensibles los motivos objetivos explicados por las autoridades del ICAA para no asumir con fondos públicos el problema; lo cierto es que, de otra parte, este estado de cosas no lo debe ni puede eximir de colaborar con el resto de autoridades recurridas en aras de hallar una solución al problema ambiental y de salubridad acreditado. Ante la gravedad de los hechos demostrados, este Tribunal Constitucional considera que el ICAA sí debe intervenir (en virtud del claro y amplio conocimiento que posee en la materia) y ejecutar las instancias de coordinación que sean pertinentes tanto con la Municipalidad de San José y como el Ministerio de Salud para lograr, en conjunto, una respuesta y hacer frente a la situación bajo estudio. Si bien, como se dijo, el ICAA no se encuentra compelido a invertir fondos públicos en la solución del problema, sí puede colaborar y coordinar con el resto de instancias públicas citadas en los términos señalados. Sin embargo, esta última labor se echa de menos en el presente asunto.\n\nVII.- Conclusión. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano ni el derecho a la salud debido a la incapacidad de las autoridades correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. En efecto, considera este Tribunal que la actividad estatal debe darse de manera coordinada y efectiva, pues no se trata simplemente de determinar el problema y endilgarle la responsabilidad a otros, como ha sucedido en este caso, ni tampoco corresponde que sea esta Sala quien asigne a cada entidad las soluciones que deben implementar; sino que, una vez valorado el asunto se debe dar una solución integral, para lo cual, bajo el sistema de distribución de competencias y funciones de un Estado, deben participar todos los involucrados, cada una aportando lo que en definitiva le corresponde. De conformidad con lo expuesto, esta Sala determina que tanto la Municipalidad de San José, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como el Ministerio de Salud deben coordinar una solución definitiva al problema sanitario que afecta a la comunidad Finca San Juan, Pavas. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso. (…)”\n\n\n\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) I.- De previo. De previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta por un problema de filtración de aguas que presuntamente no ha sido atendida. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG03/2026\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) IV.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia No. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: \"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes\". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…)” VCG03/2026\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: Coordinación\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nPRINCIPIO DE COORDINACIÓN.\n\nV.- Sobre la coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia No. 1999-005445 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: \"La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de este (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector\". (…)” VCG03/2026\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nVIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVCG03/2026\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-037936-0007-CO\n\nRes. Nº 2026004335\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del seis de febrero de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita bajo el número de expediente 25-037936- 0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], CÉDULA DE RESIDENCIA [VALOR 001], CONTRA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.\n\n RESULTANDO:\n\n 1.- Mediante escrito presentado en la secretaría de esta Sala el 4 de diciembre de 2025, la persona recurrente presenta recurso de amparo, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud. Manifiesta que, desde el año 2024, hay un rebalse continuo de aguas negras en las alamedas 14,15 y 16 de la Finca San Juan, Pavas, situación que provoca contaminación, malos olores, riesgo de enfermedades gastrointestinales y cutáneas y, afecta significativamente a su familia, niños menores de edad y, vecinos. Esgrime que las alcantarillas permanecen obstruidas y rebalsadas, dificultando inclusive el tránsito peatonal y exponiendo a la población a condiciones insalubres. Detalla que: \"El 08 de junio de 2024, el Ministerio de Salud (Área Rectora de Salud de Pavas) recibió la denuncia formal por el rebalse de aguas residuales. El 18 de junio de 2024, funcionarios realizaron una inspección en sitio, comprobando que varias alcantarillas estaban rebalsadas. 3. Traslado del caso al AyA y negativa institucional. El Ministerio de Salud trasladó el caso al AyA el 21 de junio de 2024 mediante oficio MSDRRSCS-DARS-P-0269-2024. El AyA respondió el 09 de julio del 2024 (oficio DRyT-OMSR-2024-00497) indicando que: La urbanización Finca San Juan fue construida por el IMAS.  El proyecto no fue concluido, por lo que la red sanitaria no fue entregada al AyA para su operación.  En consecuencia, el AyA afirma no tener competencia ni recursos para intervenir la red. Posteriormente, al consultárseles nuevamente en octubre del 2024, el 01 de octubre de ese año, reiteran que no es activo de su dependencia y que no pueden destinar recursos para su mantenimiento. 4. Participación del INVU en el caso. El Ministerio de Salud consultó al INVU, quienes respondieron mediante oficio N° DPHUPH-247- 2024, indicando: • Que las fincas, lotes y áreas públicas fueron originalmente del IMAS, quienes construyeron las obras de infraestructura urbanística (calles, parques, alamedas y tuberías). • Que el traspaso del IMAS al INVU en 1995 fue solo con fines administrativos y registrales, no constructivos. • Que el IMAS debía entregar al AyA la infraestructura de tuberías para su respectiva recepción. • Que en 2008 el INVU traspasó las calles, alamedas y áreas públicas a la Municipalidad de San José. Esto deja clara la cadena de responsabilidades históricas: • IMAS (constructora original) —> INVU (solo registra y traslada) —> Municipalidad (recibe las áreas públicas). 5. Intervención de la Municipalidad de San José. El Ministerio de Salud remitió el caso a la Municipalidad mediante oficio MS-DRRSCSDARS-P-0408-2024. El 23 de octubre del 2024, se sostuvo una reunión con el asesor municipal Manuel Zúñiga, donde se comprometieron a analizar el caso. No obstante, no se ejecutó ninguna acción correctiva. 6. Orden Sanitaria del Ministerio de Salud. El 19 de febrero de 2025, el Ministerio de Salud notificó la Orden Sanitaria MS-DRRSCSDARS-P-OS-006-2025 a la Municipalidad de San José, ordenando: “En un plazo no mayor a 08 meses calendario a partir de la presente notificación, realizar las reparaciones pertinentes para concluirla red de alcantarillado sanitario correspondiente en las alamedas 14, 15 y 16 de Finca San Juan (...) de manera que se garantice un adecuado sistema de disposición de aguas negras y servidas y que estas no obstruyan ni rebalsen en la vía pública”. Esta Orden Sanitaria confirma la existencia del riesgo y la obligación de actuar. Además, se le volvió a enviar correo el 22 de noviembre del año en curso, y solo dieron acuse de recibido, sin embargo, a la fecha no ban contestado y se les envió la carta de la orden sanitaria que ellos giraron en febrero de este año y tampoco se ha obtenido respuesta. 7. Intentos personales de gestión sin solución. A pesar de: Denuncias reiteradas ante el Ministerio de Salud. Gestiones ante el AyA y su Contraloría de Servicios. o Comunicaciones con la Municipalidad. Afectación diaria como usuaria del área. Ninguna institución ha solucionado el problema. 8. Impacto cotidiano en mi hogar. Las aguas negras rebalsadas generan: - Malos olores permanentes dentro y fuera de la casa. - Riesgo de infecciones, especialmente para menores (en especial para mis hijos de 1 y 3 años) ya que las aguas negras están entrando por la tubería del baño, dado que no tiene por dónde salir el agua, devolviéndose por ese lugar. - Imposibilidad de usar normalmente servicios básicos (lavadora, baño de la casa). - Condiciones indignas que afectan mi calidad de vida y la de mi familia. Esto constituye una violación directa a mi derecho constitucional a la salud y a un ambiente sano\". Con base en la situación expuesta, estima que las autoridades accionadas no han solucionado el problema que la aqueja, por lo que, estima se han vulnerado sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Por resolución de Presidencia de las 13:54 horas del 8 de diciembre de 2025, se le dio curso al presente amparo.\n\n 3.- Informan bajo juramento, Adolfo Ortiz Barboza, en condición de director a.i. del Área Rectora de Salud de Pavas y Nelson Cordero Rodríguez, en condición de director a.i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, ambos funcionarios del Ministerio de Salud, que:\n\n“(…) El día 06 de junio del 2024 se recibe denuncia N°091-2024, por desbordamiento de aguas residuales y alcantarilla obstruida contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, interpuesta por el señor René González Pastran. • El día 18 de junio del 2024, se efectúa inspección por parte de la gestora ambiental Jazmine López, donde es atendida por la vecina Sra. Rosa María Aberru Zúñiga, logrando constatar que distintas alcantarillas de la alameda se encuentran rebalsadas, donde comenta la Sra. Aberru, que la Municipalidad y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han realizado visitas sin embargo no se ha recibido el apoyo que los vecinos necesitan para subsanar la filtración de aguas que actualmente genera malos olores, proliferación de plagas como cucarachas y ratas, entre otras más. • El día 21 de junio del 2024 se elabora el informe técnico N°MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0156-2024-JLC donde se recomienda el traslado del caso al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con el objetivo de realizar una visita de inspección en conjunto. • El día 21 de junio del 2024 se procede a realizar traslado de caso D-0091-2024 a través del oficio No MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024 al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. • El día 09 de julio del 2024 se obtiene respuesta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a través del oficio N° DRyT-OMSR-2024-00497, según oficio indica que la Urbanización Finca San Juan fue construida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, sin embargo, el proyecto no se concluyó y esto conllevó a que la red de alcantarillado sanitario no fuera trasladada al AyA para su correcta operación. • El día 16 de julio del 2024 se responde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el oficio Nº DRyT-OMSR-2024-00497 a través del oficio Nº MS-DRRSCS-DARS-P-0302-2024 donde se solicita la limpieza, mantenimiento y destaqueo de la red de alcantarillado. • El día 19 de agosto del 2024 se recibe oficio N° DRyT-OMSR-2024-00603 por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, donde se indica que dado a que la red de alcantarillado no se concluyó por parte del INVU esta no se le trasladó al AyA, por lo que es improcedente que la institución destine recursos para su mantenimiento. • El día 19 de agosto del 2024 se envía oficio MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024 solicitando información relacionada al alcantarillado a la arquitecta Jessica Peralta Quesada del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. • El día 04 de septiembre del 2024 se recibe resolución No 2024023354 de Recurso de Amparo Exp: 24-019369-0007-CO interpuesto por el Sr. René González Pastran y Sra. Rosa María Averruz Zúñiga contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el cuál se declara sin lugar, en el cual en el por tanto indica lo siguiente: “Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Tomen nota quien ocupe el cargo de Director (a) del Área Rectora de Salud de Pavas del Ministerio de Salud, así como Luis Diego Miranda Méndez y Manuel Ordeñana Ayerdis, en sus calidades respectivas de Alcalde y Jefe de la Sección de Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial, ambos de la Municipalidad de San José, o quienes en sus lugares ocupen esos cargos, de lo indicado en el considerando VII de esta sentencia.” • El día 04 de setiembre del 2024 se obtiene respuesta al oficio MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024 por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo mediante el oficio N°DPH-UPH-247-2024 el cual indica textualmente: “Las fincas generadas por el IMAS, lotes, áreas públicas y resto de finca, según el plano de conjunto (diseñado por IMAS), fueron traspasados al INVU en noviembre del 1995, con la finalidad de que el INVU formalizara los traspasos de los lotes a los potenciales beneficiarios del proyecto y traspasara las áreas públicas a la Municipalidad de San José, por lo tanto, el traspaso IMAS al INVU fue con la intención de que formalizara las escrituras de los terrenos, un tema administrativo, no constructivo. Como se menciona las calles, alamedas, zonas de parque y las obras de infraestructura urbanística fueron diseñadas y construidas por el IMAS, como consta en planos; por lo tanto, la gestión de entrega de los planos y gestiones de infraestructura de tuberías al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debió ser efectuada por la entidad mencionada. El INVU en la fecha de abril del año 2008 traspasó las calles, avenidas, alamedas, parques y áreas comunales a la Municipalidad de San José.” • El día 11 de octubre del 2024 se envía oficio de solicitud de apoyo N°MS-DRRSCS-DARS-P-0408-2024 al Sr. Diego Miranda Méndez, alcalde de la Municipalidad de San José a través de correo electrónico para la atención de la denuncia según sus competencias. • El día 30 de setiembre del 2024 se recibe oficio N°CM-PPSD-051-2024 por parte de la regidora Municipal Yorleny Córdoba Moya, solicitando apoyo a la Sra. Kristel Ramírez Ballesteros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en atención a la denuncia. • El día 01 de octubre del 2024 se recibe oficio N°DRyT-OMSR-2024-00738 en respuesta al oficio N°CM-PPSD-051-2024 indicando que la red de finca San Juan no es activo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por lo que no se puede destinar recursos para su mantenimiento y operación. • El día 23 de octubre del 2024 se efectúa reunión con el Sr. Manuel Zúñiga, asesor de la Municipalidad de San José, entre los acuerdos se reenvía la información que contiene la denuncia D-091-2024 hasta ese momento, y el Sr. Zúñiga indicó que realizará convocatoria para tomar decisiones en relación con dicha denuncia. • El día 12 de febrero del 2025 se recibe el oficio CARTA-MS-DRRSCS-0323-2025 donde se solicita la intervención en la red de alcantarillado, adjunto a este oficio se recibe correo de la Sra. Yorleny Córdoba Regidora Municipal para actuar en base a las competencias institucionales, así como oficio N°CARTA-MS-DGC-397-2025 por parte de la Dra. Ariana Angulo Alvarado Directora General de Salud a. i., solicitando información de las acciones realizadas en atención al caso de marras. • El día 19 de febrero del 2025 se notifica Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 a la Municipalidad de San José para que: “En un plazo no mayor a 08 meses calendario a partir de la presente notificación, realizar las reparaciones que sean pertinentes para concluir la red de alcantarillado sanitario correspondiente en la zona de (alamedas 14, 15 y 16) ubicadas Pavas Finca San Juan del Super Alfa 10 metros este y 5 metros sur calle 156 C, para que estas cuenten con un adecuado sistema de disposición de aguas negras y servidas y que estas no obstruyan ni rebalsen en la vía pública. Fundamento Legal: Artículos 1, 2, 4, 7, 147 inciso c), 275, 285, 288, 289 de la Ley Nº 5395 Ley General de Salud. Artículo 6 inciso e) del Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario No 30413-MP-MINAE-S-MEIC.” • El día 20 de febrero del 2025 en atención al oficio CARTA-MS-DRRSCS-0323-2025 se envía resumen ejecutivo y cronológico de lo actuado en atención de la denuncia. • El día 26 de febrero del 2025 se recibe recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la orden sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 de parte del señor Luis Diego Miranda, alcalde de la Municipalidad de San José, indicando la siguiente petitoria: “Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, así como las normas jurídicas y jurisprudencia que amparan a la Municipalidad de San José, y no resultando procedente lo solicitado en la ORDEN SANITARIA MS- DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 emitida por el ÁREA RECTORA DE SALUD DE PAVAS, se solicita respetuosamente ACOGER el recurso de revocatoria y en caso de ser rechazado dicho recurso se eleve el recurso de apelación de manera subsidiaria.” • El día 1 de abril del 2025 se recibe la RESOLUCION-MS-DRRSCS-0662-2025 del recurso de revocatoria, donde se declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Luis Diego Miranda, alcalde de la Municipalidad de San José. • El día 20 de mayo del 2025 se recibe la resolución N°MS-DM-YA-2202-2025 del recurso de apelación interpuesto por alcalde de la Municipalidad de San José, donde la Ministra de Salud, la doctora Mary Munive Angermüller, resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación. • El día 22 de octubre del 2025 se envía el oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0602- 2025 al señor Luis Diego Miranda, alcalde de la Municipalidad de San José, donde se solicita informar el estado de cumplimiento de la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 y las acciones realizadas para ello El día 18 de noviembre del 2025 se reciben los oficios MSJ-ALCALDIA-4753-2025 y SCMRP-547-2025 por parte de la Municipalidad de San José, donde se indica lo siguiente: “Mediante el oficio No. SCMRP-278-2025, se le indicó a la Gerencia Provisión de Servicios que lo solicitado por el Ministerio de Salud es un tema de alcantarillado sanitario, por consiguiente, no es competencia de esta Sección ni se encuentra dentro de sus funciones la atención de alcantarillado sanitario, razón por la cual, no se pueden invertir los recursos pertenecientes a tasa pluvial para tal fin, ya que esto resultaría en un desvío de fondos públicos y violenta el principio de legalidad tributaria, principio de equivalencia, principio de transparencia y finalidad específica de las tasas. Asimismo, la entidad encargada de administrar y operar el alcantarillado sanitario en el Cantón de San José es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ente responsable de desarrollar y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable como también, la recolección y evacuación de aguas negras y residuales. Aunado a lo anterior, es importante indicar que, esta Sección no tiene asignado ningún tipo de obras relacionadas a la Orden Sanitaria Orden Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 en el sector denominado Finca San Juan.” • El día 04 de diciembre del 2025 se notifica al señor Luis Diego Miranda, alcalde de la Municipalidad de San José, el informe sanitario N°MS-DRRSCS-DARS-0690-2025, donde se impone la multa de un salario base correspondiente a la suma de ¢462.200.00 por el incumplimiento de la Orden Sanitaria Orden Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSP-OS-006-2025. • El día 09 de diciembre del 2025 se recibe ante esta dependencia el recurso de apelación del informe sanitario N°MS-DRRSCS-DARS-0690-2025 por parte de la Municipalidad de San José. (…)”.\n\nSolicitan se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Informa bajo juramento, Alejandro González Bogantes, en condición de director de Recolección y Tratamiento GAM del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que:\n\n“(…) Mediante oficio DRyT-OMSR-2025-00912 de fecha 11 de diciembre del 2025, William Leininger Sancho, Ingeniero de la UEN Recolección y Tratamiento GAM del AyA, informa lo siguiente: 1. Introducción El presente documento tiene como objetivo informar sobre las condiciones denunciadas por la recurrente, así como del estado de la red de alcantarillado sanitario de la Urbanización Finca San Juan y el rol que ha tenido el AyA en su condición de rectoría para buscar una solución integral para atender la problemática de la recolección y el tratamiento de las aguas residuales. 2. Antecedentes Según la información que cuenta el AyA, las tuberías de la urbanización Finca San Juan, son propiedad y están bajo la administración del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (en adelante INVU). Lo anterior en razón que este proyecto no se concluyó y esto conllevó a que la red de alcantarillado sanitario no fuera trasladada al AyA para su operación. Posteriormente en el terreno de la urbanización se empezaron a conformar asentamientos informarles. 3. Problemática denunciada A razón de la presentación del Recurso de Amparo, el día 11 de Diciembre de los corrientes, se realiza una visita al lugar. En este sitio se observa que los propios habitantes del lugar han realizado trabajos para que las aguas residuales de sus viviendas descarguen en los caños Municipales y a partir de este ingresen en la red de alcantarillado pluvial Municipal o se derramen en la vía pública. (…) Se considera importante mencionar que en el sitio existe una red de alcantarillado sanitario inconclusa, la cual no tiene tratamiento y no es activo del AyA, por lo que la Institución no brinda el servicio de mantenimiento a dicha red y no cobra el servicio de alcantarillado sanitario. Según la información que se cuenta, esta red propiedad del INVU. Dado que en el sitio el AyA no brinda el servicio de alcantarillado sanitario, se considera que los habitantes de la Urbanización Finca San Juan deben disponer sus aguas residuales mediante alguna metodología aprobada por el Ministerio de Salud (en adelante MINSA). El AyA ha venido informando al MINSA de esta situación en forma reiterativa (se adjuntan como ejemplo los oficios: DRyT-OMSR-2019-00603, DRyT-OMSR-2021-00431, DRyT-OMSR2023-00092 y DRyT-OMSR-2024-00152) dado a que este Ministerio tiene la responsabilidad de velar por la adecuado manejo y disposición de las aguas residuales. Lo anterior en apego a la Ley General de Salud, la cual establece: ARTÍCULO 275.- Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas superficiales, subterráneas y marítimas territoriales, directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza que, alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación. ARTÍCULO 276.- Solo con permiso del Ministerio podrán las personas naturales o jurídicas hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima, ciñéndose estrictamente a las normas y condiciones de seguridad reglamentarias y a los procedimientos especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos inocuos. ARTÍCULO 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad. ARTÍCULO 287.- Toda persona natural o jurídica propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento. ARTÍCULO 292.- Queda prohibido en todo caso la descarga de las aguas negras, de las aguas servidas y de residuos industriales al alcantarillado pluvial. El Ministerio queda facultado para restringir, regular, o prohibir la eliminación de productos sintéticos no biodegradables a través de los sistemas de recolección de excretas, aguas negras y servidas. ARTÍCULO 316.- Cuando la autoridad de salud lo ordene, los propietarios, administradores o encargados, procederán a la desinfección, desinsetización, desratización o reparación, según proceda, de los edificios destinados a vivienda permanente o transitoria, incluidos anexos y patios interiores, que por su estado o condición amenacen la salud o seguridad de sus habitantes. El inmueble afectado por cualesquiera de estas medidas sanitarias ordenadas, no podrá ser ocupado hasta que no se hayan remediado sus defectos o haya desaparecido el riesgo para la salud y la seguridad de los ocupantes y podrá ser clausurado por la autoridad de salud si el peligro fuere inminente. ARTÍCULO 320.- Serán declarados inhabitables por la autoridad de salud las habitaciones y edificios que por su estado ruinoso o que por existir en ellos una fuente de infección permanente constituyan un peligro para la salud y la seguridad de sus moradores o sus vecinos. De igual manera serán declaradas insalubres las que no reúnan los requisitos que indican los reglamentos sanitarios y de construcciones. 4. Condición de la Urbanización Finca San Juan Tal como se ha mencionado, la red de alcantarillado sanitario de la Urbanización Finca San Juan, es propiedad del INVU, pero ésta no fue concluida, y por lo tanto no reúne las condiciones para recolectar las aguas residuales de las propiedades del lugar. (…) En el sitio se conformaron una serie de ramales en cada una de las calles de la Urbanización, pero estos ramales no fueron conectados entre sí a fin de poder recolectar y transportar las aguas residuales hasta una planta de tratamiento. Se ha observado que los vecinos del lugar han conectado las aguas de las viviendas a esta tubería, lo cual provoca que estas descarguen en forma directa al terreno para posteriormente caer al cauce del Río Tiribí (…) 5. Actuaciones realizadas por el AyA en su condición de rectoría Entre los años 2019 al 2021, el AyA participó en una comisión liderada por la Municipalidad de San José, en la cual participaron otras instituciones (MIVAH, INVU, etc). Como parte de las labores realizadas por el AyA se entregaron lo términos de referencia para contratación de estudios preliminares, diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (se adjunta el Oficio DRyT-2021-00147). Además, el AyA informó sobre la necesidad de considerar la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario, así como de un interceptor para reunir y llevar las aguas residuales de todas las calles hasta la planta de tratamiento. Adicionalmente, se le informó a la Comisión que el terreno donde se pretendía construir la planta de tratamiento no tenía la suficiente área ya que inicialmente habían contemplado la ubicación de la planta en un terreno que correspondía a zona de protección del río. Para solventar esta limitación se recomendó la elaboración de una declaratoria de conveniencia nacional a fin de poder construir el sistema de tratamiento en la zona de protección del río. También se informó que dicha propiedad debía tener frente a calle, a fin de que ésta contara con los servicios de agua potable y electricidad trifásica. Se considera importante mencionar, que para el desarrollo de todas estas obras, inicialmente es necesario reubicar a los vecinos quienes han invadido las zonas de reserva forestal dejadas por el INVU, así como las vías públicas o calles y zonas de parques, y zona de protección del rio. De no efectuarse esta labor de previo, es imposible el desarrollo de las mejoras para solventar la problemática de las aguas residuales del lugar. 6. Resolución del Expediente 23-008884-0007-CO En abril del 2023, esa Honorable Sala Constitucional acogió el Recurso de Amparo presentado por un grupo de habitantes de Finca San Juan, quienes denunciaban una problemática relacionada con las descargas de aguas residuales y el funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario. La Sala Constitucional ordenó al AyA lo siguiente: \"Se ordena a María Gabriela Vallejo Astúa y Viviana Ramos Sánchez, en sus respectivos cargos de Subgerente General y Jefa de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) de Gestión Ambiental de Pavas, ambas del ICAA, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que en un plazo no mayor a TRES DÍAS, remita la denuncia planteada por la recurrente Hilda Catalina Zúñiga Peña el 06 de marzo de 2023 al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de San José, para lo que corresponda\". A razón de lo anterior cual la Gerencia General de AyA emite el oficio GG-2023-01939 el cual se adjunta. 7. Resolución del Expediente N° 24-005606-0007-CO En febrero del 2024, la Sala Constitucional acogió el Recurso de Amparo presentado por una vecina de Finca San Juan, quien denunciaba una problemática relacionada con las descargas de aguas residuales y el funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario. La Sala desestima el caso por considerarlo prematuro y además menciona: \"No obstante lo indicado, resulta menester indicarle a las autoridades recurridas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que en virtud de lo expuesto en el informe rendido a la Sala, y en caso de que estimen no ser los competentes para atender la denuncia de la recurrente; en aras de resguardar sus derechos y del principio de inter coordinación administrativa, deberán de remitir la denuncia ante las autoridades que consideren deben intervenir para darle una solución, de forma expedita\". Dado lo anterior, mediante oficio DRyT-OMSR-2024-00295 (se adjunta) se procedió a remitir la denuncia al INVU. 8. Oficios trasladados al INVU Adicional a los oficios GG-2023-01939 y DRyT-OMSR-2024-00295, el AyA mediante oficio DRyT-OMSR-2024-00738 (el cual se adjunta) le traslada al INVU el oficio CM-PPSD-051-2024 en el cual le informa una problemática que se da en Pavas, Finca San Juan, Calle 156C. También mediante oficio DRyT-OMSR-2025-00859 (se adjunta) se le copia a INVU en una respuesta dirigida a la Sra. [Nombre 001], para que esta Institución proceda a realizar las labores que correspondan. CONFORME A LO ANTERIOR, SE CONSIDERA QUE EL AYA HA VENIDO INFORMANDO AL INVU RESPECTO A LAS DENUNCIAS REPORTADAS POR PROBLEMAS EN FINCA SAN JUAN. LO ANTERIOR, EN APEGO A LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE 24-005606- 0007-CO EMITIDO POR LA SALA. 9. Conclusiones 1. En la urbanización finca San Juan, el AyA no cuenta con red de alcantarillado sanitario bajo su administración, por lo tanto, no cobra el servicio de alcantarillado sanitario o destina recursos para su mantenimiento. 2. En la urbanización finca San Juan, existe una red de alcantarillado sanitario la cual es propiedad del INVU, pero se encuentra inconclusa, por lo que no reúne la condiciones para recibir las aguas residuales de la comunidad. 3. Algunos vecinos del lugar descargan las aguas residuales al alcantarillado pluvial, o al alcantarillado sanitario construido por el INVU, lo cual provoca que las aguas residuales descarguen al terreno para luego caer al río Tiribí sin tratamiento. 4. El AyA ha informado de esta situación al Ministerio de Salud, dado a que esta Institución tiene la potestad para solicitar que los habitantes hagan un adecuado manejo de sus aguas residuales. 5. EN SU CONDICIÓN DE RECTORÍA EL AYA HA COLABORADO EN UNA COMISIÓN PARA DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA DE LAS AGUAS RESIDUALES DE FINCA SAN JUAN. 6. En la actualidad existen condiciones en el lugar, que imposibilitan el desarrollo de una solución integral. Las acciones a realizar para resolver estas condiciones no están dentro de los alcances del AyA y requieren ser atendidas por otras Instituciones. 7. Mediante oficio GG-2023-01939, el AyA trasladó la denuncia presentada por la recurrente del Expediente 23-008884-0007-CO al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de San José. 8. Mediante oficio DRyT-OMSR-2024-00295, el AyA trasladó la denuncia al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en apego a la resolución del Expediente 24-005606- 0007-CO emitido por la Sala. Además, siguiendo el mandato de la Sala, en adelante ha venido trasladando las denuncias recibidas, a fin de que el INVU, desarrolle las gestiones que correspondan para atender la problemática que se da en Finca San Juan.\n\n(…)”.\n\nSolicita se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- Informa bajo juramento, Luis Diego Miranda Méndez, en condición de alcalde de San José, que:\n\n“(…) En torno de lo apuntado, la Dirección de Asuntos Jurídicos en fecha 05 de enero en curso, a través del oficio DAJ-10-13-2026 requirió el informe formal de mi Despacho, mismo que consta se emitió el día de hoy por nota MSJ-ALCALDIA-169-2026, en que me he referido a los hechos, así: En atención al oficio DAJ-10-13-2026, donde solicita información con relación al Recurso de Amparo interpuesto por “[Nombre 001]\", contra la Municipalidad de San José, que se tramita bajo el Expediente N° 25-037936-0007-CO, al respecto le informo: Revisados los archivos y sistema documental de esta alcaldía, consta la siguiente información: Oficio MSJ-ALCALDIA-4499-2025, del 27-10-2025, remitido a la Sección de Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial, donde se traslada el oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P- 602-2025, donde el Ministerio de Salud solicita información sobre el cumplimiento de la Orden Sanitaria N' M, DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, caso Alcantarillado en alamedas de Finca San Juan en Pavas. Oficio MSJ-ALCALDIA-4753-2025, dirigido al Área Rectora de Salud de Pavas y a Regulación de Salud-Arca Rectora de Salud de Pavas, donde se traslada el oficio SCMRP-547-2025, suscrito por el señor Manuel Ordeñana Ayerdis, Jefe de la Sección Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial, donde brindan el informe correspondiente. Por lo antes expuesto se anexa la información mencionada, para la atención del Recurso de Amparo. Por su parte es de referir que la nota No. SCMRP-547-2025 del Jefe de la Sección Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial señala y advierte que en la especie se trata de una obra en el alcantarillado sanitario, lo que por ende es la competencia que por su especialidad se encuentra en manos de un ente del Estado, como es el Instituto de Acueductos y Alcantarillados; tal y como se lee en esa nota: En atención al Oficio No. MST-AL CALDIA-4499-2025, en el cual se solicita brindar criterio referente al documento No. CARTS-MS -DRRSCS-DARS-P-0602-2025, suscrito por el Área Rectora de Salud de Pavas del Ministerio de Salud, quienes solicitan información de cumplimiento relacionado a la Orden Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025. sobre el caso de Alcantarillado Sanitario en las alamedas de Finca San Juan, Distrito Pavas, se procede a informar lo siguiente: Mediante el oficio No, SCMRP-278-2025, se le indicó a la Gerencia Provisión de Servicios que lo solicitado por el Ministerio de Salud es un tema de alcantarillado sanitario, por consiguiente, no es competencia de esta Sección ni se encuentra dentro de sus funciones la atención de alcantarillado sanitario, razón por la cual, no se pueden invertir los recursos pertenecientes a tasa pluvial para tal fin, ya que esto resultaría en un desvío de fondos públicos y violenta el principio de legalidad tributaria, principio de equivalencia, principio de transparencia y finalidad especifica de las tasas. Asimismo, la entidad encargada de administrar y operar el alcantarillado sanitario en el Cantón de San José es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ente responsable de desarrollar y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable como también, la recolección y evacuación de aguas negras y residuales. (…)”.\n\nSolicita se declare sin lugar el recurso.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta por un problema de filtración de aguas que presuntamente no ha sido atendida. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente considera conculcados sus derechos fundamentales. Refiere que desde el año 2024, hay un rebalse continuo de aguas negras en las alamedas 14,15 y 16 de la Finca San Juan, Pavas, situación que provoca contaminación, malos olores, riesgo de enfermedades gastrointestinales y cutáneas y, afecta significativamente a su familia, niños menores de edad y, vecinos. Esgrime que a pesar de haber gestionado las respectivas denuncias antes el Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y Municipalidad de San José, la problemática que aqueja no ha sido solucionada.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\nEntre los años 2019 al 2021, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, participó en una comisión liderada por la Municipalidad de San José, en la cual participaron otras instituciones (MIVAH, INVU, etc.). Para abordar la problemática presentada en el sector de Finca San Juan, Pavas, por desbordamiento de aguas residuales. Como parte de las labores realizadas por el AyA, se entregaron lo términos de referencia para contratación de estudios preliminares, diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (se adjunta el Oficio DRyT-2021-00147).\nEl 6 de junio del 2024, el Área Rectora de Salud de Pavas, recibió una denuncia por desbordamiento de aguas residuales y alcantarilla obstruida, en las alamedas 14,15 y 16 de la Finca San Juan, Pavas, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En dicha denuncia se adujo que la situación señalada provocaba un rebalse continuo de aguas negras y contaminación. El área rectora de salud recurrida dio trámite a la gestión asignándole el número de caso D 091-2024 (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 18 de junio del 2024, el área rectora de salud accionada realizó una inspección en el sitio, logrando constatar que distintas alcantarillas de la alameda se encontraban rebalsadas. En aquella ocasión, vecinos del lugar manifestaron que la Municipalidad de San José y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados habían realizado visitas al sitio; sin embargo, no habían subsanado la problemática denunciada (véase informe rendido y documentación aportada). \nEl 21 de junio del 2024, el área rectora de salud recurrida elaboró el informe técnico N°MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0156-2024-JLC, donde se recomendó el traslado del caso al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con el objetivo de realizar una visita de inspección en conjunto (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 21 de junio del 2024, el área rectora de salud accionada realizó traslado del caso N° D-0091-2024, a través del oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024 al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (véase informe rendido y documentación aportada). \nEl 9 de julio del 2024, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, respondió el oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024,  a través del oficio N° DRyT-OMSR-2024-00497, indicando que la Urbanización Finca San Juan había sido construida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; sin embargo, el proyecto no se concluyó y esto conllevó a que la red de alcantarillado sanitario no fuese trasladada al ICAA para su correcta operación (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 16 de julio del 2024, el área rectora de salud accionada respondió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el oficio Nº DRyT-OMSR-2024-00497 a través del oficio Nº MS-DRRSCS-DARS-P-0302-2024, solicitando la limpieza, mantenimiento y destaqueo de la red de alcantarillado (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 19 de agosto del 2024, el área rectora de salud recurrida recibió el oficio N° DRyT-OMSR-2024-00603 por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, donde se indicó que, dado que la red de alcantarillado no se había concluido por parte del INVU y no se había trasladado al ICAA, era improcedente que esa institución destinara recursos para su mantenimiento (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 19 de agosto del 2024, el área rectora de salud recurrida, envió el oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, solicitando información relacionada a la problemática expuesta (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 4 de setiembre del 2024, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo brindó respuesta al oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024, mediante el oficio N°DPH-UPH-247-2024, en el cual se indicó textualmente: “Las fincas generadas por el IMAS, lotes, áreas públicas y resto de finca, según el plano de conjunto (diseñado por IMAS), fueron traspasados al INVU en noviembre del 1995, con la finalidad de que el INVU formalizara los traspasos de los lotes a los potenciales beneficiarios del proyecto y traspasara las áreas públicas a la Municipalidad de San José, por lo tanto, el traspaso IMAS al INVU fue con la intención de que formalizara las escrituras de los terrenos, un tema administrativo, no constructivo. Como se menciona las calles, alamedas, zonas de parque y las obras de infraestructura urbanística fueron diseñadas y construidas por el IMAS, como consta en planos; por lo tanto, la gestión de entrega de los planos y gestiones de infraestructura de tuberías al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debió ser efectuada por la entidad mencionada. El INVU en la fecha de abril del año 2008 traspasó las calles, avenidas, alamedas, parques y áreas comunales a la Municipalidad de San José.” (el resaltado no corresponde al original)\nEl 11 de octubre del 2024, el área rectora de salud recurrida, envió el oficio de solicitud de apoyo N°MS-DRRSCS-DARS-P-0408-2024, al alcalde de San José a través de correo electrónico para la atención de la denuncia según sus competencias (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 30 de setiembre del 2024, el área rectora de salud accionada recibió el oficio N°CM-PPSD-051-2024 por parte de la regidora Municipal Yorleny Córdoba Moya, solicitando apoyo a la Sra. Kristel Ramírez Ballesteros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en atención a la denuncia (véase informe rendido y documentación aportada). \nEl 1° de octubre del 2024, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante oficio N°DRyT-OMSR-2024-00738 en respuesta al oficio N°CM-PPSD-051-2024 indicó que la red de finca San Juan no era activo de ese instituto, por lo que no se podían destinar recursos para su mantenimiento y operación (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl día 23 de octubre del 2024, se llevó a cabo una reunión entre funcionarios de la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud. Entre los acuerdos tomados, se determinó el reenvió a la municipalidad recurrida, de la información contenida en la denuncia N° D-091-2024 hasta ese momento (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 19 de febrero del 2025, se notificó la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 a la Municipalidad de San José, para que: “En un plazo no mayor a 8 meses calendario a partir de la presente notificación, realizar las reparaciones que sean pertinentes para concluir la red de alcantarillado sanitario correspondiente en la zona de (alamedas 14, 15 y 16) ubicadas Pavas Finca San Juan del Super Alfa 10 metros este y 5 metros sur calle 156 C, para que estas cuenten con un adecuado sistema de disposición de aguas negras y servidas y que estas no obstruyan ni rebalsen en la vía pública. Fundamento Legal: Artículos 1, 2, 4, 7, 147 inciso c), 275, 285, 288, 289 de la Ley Nº 5395 Ley General de Salud. Artículo 6 inciso e) del Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario No 30413-MP-MINAE-S-MEIC.” (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 26 de febrero del 2025, el alcalde de San José presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la orden sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, indicando: “Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, así como las normas jurídicas y jurisprudencia que amparan a la Municipalidad de San José, y no resultando procedente lo solicitado en la ORDEN SANITARIA MS- DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 emitida por el ÁREA RECTORA DE SALUD DE PAVAS, se solicita respetuosamente ACOGER el recurso de revocatoria y en caso de ser rechazado dicho recurso se eleve el recurso de apelación de manera subsidiaria.” (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 1° de abril del 2025, mediante RESOLUCION-MS-DRRSCS-0662-2025 se resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por la Municipalidad de San José, declarándolo sin lugar (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 20 de mayo del 2025, la ministra de salud mediante resolución N°MS-DM-YA-2202-2025, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de San José (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 22 de octubre del 2025, el Ministerio de Salud envió el oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0602- 2025 al alcalde de San José, solicitando informar el estado de cumplimiento de la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 y las acciones realizadas para ello (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 18 de noviembre del 2025, el ministerio de salud recibió los oficios MSJ-ALCALDIA-4753-2025 y SCMRP-547-2025 por parte de la Municipalidad de San José, donde se indicó lo siguiente: “Mediante el oficio No. SCMRP-278-2025, se le indicó a la Gerencia Provisión de Servicios que lo solicitado por el Ministerio de Salud es un tema de alcantarillado sanitario, por consiguiente, no es competencia de esta Sección ni se encuentra dentro de sus funciones la atención de alcantarillado sanitario, razón por la cual, no se pueden invertir los recursos pertenecientes a tasa pluvial para tal fin, ya que esto resultaría en un desvío de fondos públicos y violenta el principio de legalidad tributaria, principio de equivalencia, principio de transparencia y finalidad específica de las tasas. Asimismo, la entidad encargada de administrar y operar el alcantarillado sanitario en el Cantón de San José es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ente responsable de desarrollar y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable como también, la recolección y evacuación de aguas negras y residuales. Aunado a lo anterior, es importante indicar que, esta Sección no tiene asignado ningún tipo de obras relacionadas a la Orden Sanitaria Orden Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 en el sector denominado Finca San Juan.” (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 4 de diciembre del 2025, el ministerio de salud notificó al alcalde de San José, el informe sanitario N°MS-DRRSCS-DARS-0690-2025, donde se impuso una multa de un salario base correspondiente a la suma de ¢462.200.00 por el incumplimiento de la Orden Sanitaria Orden Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSP-OS-006-2025 (véase informe rendido y documentación aportada).\nEl 9 de diciembre del 2025, el Ministerio de Salud recibió ante esta dependencia el recurso de apelación del informe sanitario N°MS-DRRSCS-DARS-0690-2025 por parte de la Municipalidad de San José (véase informe rendido y documentación aportada).\n\nIV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia No. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: \"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes\". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nV.- SOBRE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia No. 1999-005445 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: \"La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de este (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector\".\n\nVI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita que, entre los años 2019 al 2021, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, participó en una comisión liderada por la Municipalidad de San José, en la cual participaron otras instituciones (MIVAH, INVU, etc.), para abordar la problemática presentada en el sector de Finca San Juan, Pavas, por desbordamiento de aguas residuales. Como parte de las labores realizadas por el AyA, se entregaron los términos de referencia para contratación de estudios preliminares, diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Además, que el 6 de junio del 2024, el Área Rectora de Salud de Pavas, recibió una denuncia por desbordamiento de aguas residuales y alcantarilla obstruida, en las alamedas 14,15 y 16 de la Finca San Juan, Pavas, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En dicha denuncia se adujo que la situación señalada provocaba un rebalse continuo de aguas negras y contaminación. El área rectora de salud recurrida dio trámite a la gestión asignándole el número de caso D 091-2024. Que el 18 de junio del 2024, el área rectora de salud accionada realizó una inspección en el sitio, logrando constatar que distintas alcantarillas de la alameda se encontraban rebalsadas. En aquella ocasión, vecinos del lugar manifestaron que la Municipalidad de San José y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados habían realizado visitas al sitio; sin embargo, no habían subsanado la problemática denunciada. Que el 21 de junio del 2024, el área rectora de salud recurrida elaboró el informe técnico N°MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0156-2024-JLC, donde se recomendó el traslado del caso al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con el objetivo de realizar una visita de inspección en conjunto. Que el 21 de junio del 2024, el área rectora de salud accionada realizó traslado del caso N° D-0091-2024, a través del oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024 al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Que el 9 de julio del 2024, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, respondió el oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024, a través del oficio N° DRyT-OMSR-2024-00497, indicando que la Urbanización Finca San Juan había sido construida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; sin embargo, el proyecto no se concluyó y esto conllevó a que la red de alcantarillado sanitario no fuese trasladada al ICAA para su correcta operación. Que el 16 de julio del 2024, el área rectora de salud accionada respondió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el oficio Nº DRyT-OMSR-2024-00497 a través del oficio Nº MS-DRRSCS-DARS-P-0302-2024, solicitando la limpieza, mantenimiento y destaqueo de la red de alcantarillado. Que el 19 de agosto del 2024, el área rectora de salud recurrida recibió el oficio N° DRyT-OMSR-2024-00603 por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, donde se indicó que, dado que la red de alcantarillado no se había concluido por parte del INVU y no se había trasladado al ICAA, era improcedente que esa institución destinara recursos para su mantenimiento. Que el 19 de agosto del 2024, el área rectora de salud recurrida, envió el oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, solicitando información relacionada a la problemática expuesta. Que el 4 de setiembre del 2024, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo brindó respuesta al oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024, mediante el oficio N°DPH-UPH-247-2024, en el cual se indicó textualmente: “Las fincas generadas por el IMAS, lotes, áreas públicas y resto de finca, según el plano de conjunto (diseñado por IMAS), fueron traspasados al INVU en noviembre del 1995, con la finalidad de que el INVU formalizara los traspasos de los lotes a los potenciales beneficiarios del proyecto y traspasara las áreas públicas a la Municipalidad de San José, por lo tanto, el traspaso IMAS al INVU fue con la intención de que formalizara las escrituras de los terrenos, un tema administrativo, no constructivo. Como se menciona las calles, alamedas, zonas de parque y las obras de infraestructura urbanística fueron diseñadas y construidas por el IMAS, como consta en planos; por lo tanto, la gestión de entrega de los planos y gestiones de infraestructura de tuberías al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debió ser efectuada por la entidad mencionada. El INVU en la fecha de abril del año 2008 traspasó las calles, avenidas, alamedas, parques y áreas comunales a la Municipalidad de San José.”. Que el 11 de octubre del 2024, el área rectora de salud recurrida, envió el oficio de solicitud de apoyo N°MS-DRRSCS-DARS-P-0408-2024, al alcalde de San José a través de correo electrónico para la atención de la denuncia según sus competencias. Que el 30 de setiembre del 2024, el área rectora de salud accionada recibió el oficio N°CM-PPSD-051-2024 por parte de la regidora Municipal Yorleny Córdoba Moya, solicitando apoyo a la Sra. Kristel Ramírez Ballesteros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en atención a la denuncia. Que el 1° de octubre del 2024, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante oficio N°DRyT-OMSR-2024-00738 en respuesta al oficio N°CM-PPSD-051-2024 indicó que la red de finca San Juan no era activo de ese instituto, por lo que no se podían destinar recursos para su mantenimiento y operación. Que el día 23 de octubre del 2024, se llevó a cabo una reunión entre funcionarios de la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud. Entre los acuerdos tomados, se determinó el reenvió a la municipalidad recurrida, de la información contenida en la denuncia N° D-091-2024 hasta ese momento. Que el 19 de febrero del 2025, se notificó la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 a la Municipalidad de San José, para que: “En un plazo no mayor a 8 meses calendario a partir de la presente notificación, realizar las reparaciones que sean pertinentes para concluir la red de alcantarillado sanitario correspondiente en la zona de (alamedas 14, 15 y 16) ubicadas Pavas Finca San Juan del Super Alfa 10 metros este y 5 metros sur calle 156 C, para que estas cuenten con un adecuado sistema de disposición de aguas negras y servidas y que estas no obstruyan ni rebalsen en la vía pública. Fundamento Legal: Artículos 1, 2, 4, 7, 147 inciso c), 275, 285, 288, 289 de la Ley Nº 5395 Ley General de Salud. Artículo 6 inciso e) del Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario No 30413-MP-MINAE-S-MEIC.”. Que el 26 de febrero del 2025, el alcalde de San José presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la orden sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, indicando: “Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, así como las normas jurídicas y jurisprudencia que amparan a la Municipalidad de San José, y no resultando procedente lo solicitado en la ORDEN SANITARIA MS- DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 emitida por el ÁREA RECTORA DE SALUD DE PAVAS, se solicita respetuosamente ACOGER el recurso de revocatoria y en caso de ser rechazado dicho recurso se eleve el recurso de apelación de manera subsidiaria.”. Que el 1° de abril del 2025, mediante RESOLUCION-MS-DRRSCS-0662-2025 se resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por la Municipalidad de San José, declarándolo sin lugar.  A su vez, que el 20 de mayo del 2025, la ministra de salud mediante resolución N°MS-DM-YA-2202-2025, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de San José. De igual forma, se tiene que el 22 de octubre del 2025, el Ministerio de Salud envió el oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0602- 2025 al alcalde de San José, solicitando informar el estado de cumplimiento de la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 y las acciones realizadas para ello.  Que el 18 de noviembre del 2025, el ministerio de salud recibió los oficios MSJ-ALCALDIA-4753-2025 y SCMRP-547-2025 por parte de la Municipalidad de San José, donde se indicó lo siguiente: “Mediante el oficio No. SCMRP-278-2025, se le indicó a la Gerencia Provisión de Servicios que lo solicitado por el Ministerio de Salud es un tema de alcantarillado sanitario, por consiguiente, no es competencia de esta Sección ni se encuentra dentro de sus funciones la atención de alcantarillado sanitario, razón por la cual, no se pueden invertir los recursos pertenecientes a tasa pluvial para tal fin, ya que esto resultaría en un desvío de fondos públicos y violenta el principio de legalidad tributaria, principio de equivalencia, principio de transparencia y finalidad específica de las tasas. Asimismo, la entidad encargada de administrar y operar el alcantarillado sanitario en el Cantón de San José es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ente responsable de desarrollar y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable como también, la recolección y evacuación de aguas negras y residuales. Aunado a lo anterior, es importante indicar que, esta Sección no tiene asignado ningún tipo de obras relacionadas a la Orden Sanitaria Orden Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 en el sector denominado Finca San Juan.”. Que el 4 de diciembre del 2025, el ministerio de salud notificó al alcalde de San José, el informe sanitario N°MS-DRRSCS-DARS-0690-2025, donde se impuso una multa de un salario base correspondiente a la suma de ¢462.200.00 por el incumplimiento de la Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARSP-OS-006-2025. Finalmente, se colige que el 9 de diciembre del 2025, el Ministerio de Salud recibió ante esta dependencia el recurso de apelación del informe sanitario N°MS-DRRSCS-DARS-0690-2025 por parte de la Municipalidad de San José. \n\nA. En cuanto a la Municipalidad de San José, se tiene que dichas autoridades conocen del problema bajo estudio desde el año 2021 y que, a pesar de los varios años trascurridos hasta la fecha, no han llevado a cabo acciones claras y contundentes tendentes a solventarlo de forma definitiva. Nótese que, según el apartado de hechos probados de este amparo, la corporación municipal ha participado en comisiones junto a otras institucional a fin de encontrar una solución al problema que aqueja al sector de Finca San Juan, Pavas; no obstante, el problema de desbordamiento de aguas residuales aún persiste, sin una solución real. Aunado a lo anterior, nótese que sobre el ente municipal accionado pesa una orden sanitaria desde el 19 de febrero de 2025, sin que a este momento se hubiere dado cumplimiento con lo dispuesto por parte del Ministerio de Salud, siendo que, en los informes rendidos a esa cartera ministerial a efecto de actualizar sobre las acciones tomadas al respecto, lo que se aduce es una incompetencia para proceder a su incumplimiento.  \n\nAsí las cosas, para esta Sala Constitucional no cabe duda que las autoridades del municipio recurrido han incurrido en graves omisiones que han coadyuvado a que el problema sanitario y ambiental bajo estudio se mantenga a la fecha.\n\nB. En lo que respecta al Ministerio de Salud, se tiene que estas autoridades, desde el año 2024, conocen del problema bajo estudio y que, desde entonces también, realizaron inspecciones en el sitio y, al constatar los hechos denunciados, han venido gestionando ante diferentes instituciones su atención. Es este sentido, cabe indicar que el 21 de junio del 2024, el área rectora de salud accionada realizó traslado del caso N° D-0091-2024, a través del oficio N° MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024 al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; no obstante, el 9 de julio del 2024, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, respondió el oficio indicando que la Urbanización Finca San Juan había sido construida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; indicando que el proyecto no había sido trasladado a esa institución para su correcta operación. Ahora bien, a pesar de haberle solicitado dicha área rectora la limpieza, mantenimiento y destaqueo de la red de alcantarillado, recibió la negativa del ICAA, señalando que dado que la red de alcantarillado no se había concluido por parte del INVU y no se había trasladado al ICAA, era improcedente que esa institución destinara recursos para su mantenimiento. Se evidencia que ante la situación expuesta, las autoridades del Ministerio de Salud, acudieron ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, para obtener información sobre la situación del sector conocido como Finca San Juan, Pavas, estableciéndose que: “El INVU en la fecha de abril del año 2008 traspasó las calles, avenidas, alamedas, parques y áreas comunales a la Municipalidad de San José.” (sic). En por esta razón, que posterior a varios acercamientos ante la Municipalidad de San José a fin de encontrar una solución a la problemática presentada, finalmente el 19 de febrero de 2025, el Ministerio de Salud, notificó la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, a la corporación municipal recurrida, la cual a este momento se encuentra pendiente de cumplimiento.\n\nEn este punto, es importante recordarles a las autoridades del Ministerio de Salud, que el hecho de haber emitido la orden sanitaria antes mencionada y haber solicitado informes para conocer acerca de su cumplimiento, incluso estableciendo sanciones al respecto, no lo releva o exime de continuar atendiendo y darle el seguimiento que corresponda, a través del dictado y ejecución de todos aquellos actos que resulten pertinentes, conforme a lo estipulado en la Ley General de Salud y su reglamento. En ese particular, esta jurisdicción, en el Voto No. 2016-6368 de las 09:30 hrs. de 13 de mayo de 2016, señaló lo siguiente:\n\n“(…) V. DEL AMPARO CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD. SOBRE EL FONDO: De los hechos anteriores se desprende que el Ministerio de Salud, si bien actuó oportunamente, emitió las órdenes sanitarias e incluso presentó denuncias penales, lo cierto es que el problema sanitario subsiste, como lo indica su representante en el informe rendido bajo juramento. No observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la Fuerza Pública para la seguridad del lugar, e incluso, el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias. La Sala considera que lo actuado por el Ministerio de Salud ha sido insuficiente y viola el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano de la amparada, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se disponga las medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario existente en la colindancia entre el Condominio Camino de Luna, el Río Liberia y el Residencial El Río, dentro de un término de dos meses, a partir de la notificación de la sentencia. (…)” (El destacado no forma parte del original).\n\nAsimismo, en la Sentencia No. 2022-10613 de las 09:40 hrs. de 13 de mayo de 2022, esta Sala señaló:\n\n“(…)  IV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO.- Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que ha existido la violación a los derechos fundamentales por parte de las autoridades recurridas. Lo anterior, porque en el informe rendido por parte del representante de dicha autoridad -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 16 de agosto del 2021, el recurrido recibió la denuncia interpuesta por el recurrente, en contra de sus vecinos por la descarga de aguas servidas hacia su propiedad por parte de los vecinos denunciados. El 27 de agosto del 2021, la Gestora Ambiental del Área Rectora de Salud Alajuela 1, realizó visita de inspección al sitio, en que la autoridad sanitaria determinó la descarga de aguas pluviales y residuales (negras y servidas) hacia la propiedad del amparado, ocasionando malos olores, riesgo de proliferación de insectos y roedores que pueden afectar la salud las personas que habitan la vivienda. El 03 de setiembre del 2021, el recurrido giró y notificó orden sanitaria N° 0188 en que se le ordenó a José Arístides Morera Jiménez, proceder a corregir la problemática encontrada, y en el plazo de dos meses disponer sanitaria y adecuadamente las aguas pluviales, residuales y negras que no están encausadas adecuadamente en la vivienda de su propiedad.  El 10 de noviembre del 2021, el recurrido realizó una visita de verificación del cumplimiento de la orden sanitaria referida, comprobando que las aguas pluviales y residuales seguían descargando hacia la propiedad del tutelado, por lo que se constató el incumpliendo lo ordenado. Por oficio MS-DRRSCN-DARSA1-3001-2021, el recurrido remitió denuncia a la Fiscalía Adjunta de Alajuela, contra de José Arístides Morera Jiménez por el delito de desobediencia a la autoridad, sin que a la fecha se haya emitido resolución al respecto. El 09 de diciembre del 2021, el recurrente presentó denuncia contra el señor Aiut Avalos e indica que el denunciado conduce sus aguas pluviales y residuales (servidas) hacia su propiedad, por lo que pidió solicitar al vecino que encause esas aguas de forma adecuada. El 06 de enero del 2022, el recurrido efectuó la visita de inspección y a pesar de que no había nadie en la propiedad del denunciado, se comprobó que las aguas pluviales y servidas son dirigidas a la propiedad del amparado, por lo que se confeccionó la orden sanitaria 0030 ordenando al señor Aiut Avalos, disponer sanitaria y adecuadamente las aguas pluviales que no están encausadas en su vivienda, empero, no se ha podido notificar, ya que no se encuentra a las personas en el lugar.\n\nAsí las cosas, esta Sala estima que si bien el recurrido argumenta que ha efectuado acciones tendientes a la resolución de la situación que aqueja al tutelado, lo cierto es que a pesar de ello, no ha logrado resolverlo de manera definitiva, pues la simple interposición de una denuncia penal por incumplimiento de una orden sanitaria y la excusa de que no han podido notificar la otra orden sanitaria, no resulta suficiente para esta Sala, tomando en cuenta que hay un problema serio comprobado de aguas llovidas y residuales incorrectamente manejadas, que discurren todas hacia la propiedad del recurrente, por falta de obras de drenaje por parte de los vecinos, lo que le ocasionan problemas serios de inundación y contaminación desde hace mucho tiempo y no se soluciona. Nótese que el Ministerio de Salud tiene amplias potestades para actuar de conformidad con la Ley General de Salud y el Reglamento correspondiente, como ente rector encargado de la vigilancia y control de la salud, tales como:   las medidas sanitarias especiales de desalojo de vivienda (artículo 1 inciso c del Reglamento), declaratoria de inhabitabilidad, demolición, así como las multas, ya que es claro que de conformidad con la Ley General de Salud artículos 39 y 286 es deber de todo propietario y encargado de muebles e inmuebles evitar molestias y daños a la salud así como focos de contaminación o infección debiendo efectuar obras de drenaje e incluso en caso de renuencia hacerlas la administración a costa del omiso, todo resguardando el debido proceso. De modo que lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias, que se indicaran en la parte dispositiva (…)” (El destacado no forma parte del original).\n\nMás recientemente, en el Voto No. 2025-583 de las 09:20 hrs. de 10 de enero de 2025, este órgano constitucional señaló:\n\n“(…) Sobre el Ministerio de Salud.  Si bien,  de los informes rendidos y de la prueba que consta en autos, se acredita que las autoridades accionadas del Ministerio de Salud -Área Rectora de Salud de Puntarenas – Chacarita-, han realizado gestiones a fin de cumplir con las ordenes que en su momento dio este Tribunal, tal como se aprecian en los hechos probados de esta sentencia, y que, ante el incumplimiento de la orden sanitaria 0112-REG-2024 por parte de la Municipalidad de Puntarenas, el 4 de diciembre del 2024, se interpuso denuncia penal contra la Municipalidad de Puntarenas, por el presunto Delito de Desobediencia a la Autoridad ante la Fiscalía Adjunta del Ministerio Público en Puntarenas; sin embargo, lo cierto del caso es que, para esta Sala su deber ha sido insuficiente, pues dicho ministerio demanda la observancia, así como, el garantizar la protección de la salud  de la población y del medioambiente (…)” (El destacado no forma parte del original).\n\nAnte dicho panorama, resulta claro que las autoridades recurridas del Ministerio de Salud también han sido omisas en atender la grave situación ambiental que afronta la comunidad de Finca San Juan, Pavas.\n\nC. Finalmente, en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha informado y se ha acreditado a partir de las pruebas allegadas, que la Urbanización Finca San Juan fue inicialmente construida por el Instituto Mixto de Ayuda Social y que dicho proyecto al no haberse concluido adecuadamente, dio al traste con la entrega al ICAA.  En el informe rendido a esta Sala, el ICAA explicó claramente lo siguiente:\n\n“(…) Se considera importante mencionar que en el sitio existe una red de alcantarillado sanitario inconclusa, la cual no tiene tratamiento y no es activo del AyA, por lo que la Institución no brinda el servicio de mantenimiento a dicha red y no cobra el servicio de alcantarillado sanitario. Según la información que se cuenta, esta red propiedad del INVU. (…)”. \n\nAhora, cabe señalar que si bien son comprensibles los motivos objetivos explicados por las autoridades del ICAA para no asumir con fondos públicos el problema; lo cierto es que, de otra parte, este estado de cosas no lo debe ni puede eximir de colaborar con el resto de autoridades recurridas en aras de hallar una solución al problema ambiental y de salubridad acreditado. Ante la gravedad de los hechos demostrados, este Tribunal Constitucional considera que el ICAA sí debe intervenir (en virtud del claro y amplio conocimiento que posee en la materia) y ejecutar las instancias de coordinación que sean pertinentes tanto con la Municipalidad de San José y como el Ministerio de Salud para lograr, en conjunto, una respuesta y hacer frente a la situación bajo estudio. Si bien, como se dijo, el ICAA no se encuentra compelido a invertir fondos públicos en la solución del problema, sí puede colaborar y coordinar con el resto de instancias públicas citadas en los términos señalados. Sin embargo, esta última labor se echa de menos en el presente asunto.\n\nVII.- CONCLUSIÓN. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano ni el derecho a la salud debido a la incapacidad de las autoridades correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. En efecto, considera este Tribunal que la actividad estatal debe darse de manera coordinada y efectiva, pues no se trata simplemente de determinar el problema y endilgarle la responsabilidad a otros, como ha sucedido en este caso, ni tampoco corresponde que sea esta Sala quien asigne a cada entidad las soluciones que deben implementar; sino que, una vez valorado el asunto se debe dar una solución integral, para lo cual, bajo el sistema de distribución de competencias y funciones de un Estado, deben participar todos los involucrados, cada una aportando lo que en definitiva le corresponde. De conformidad con lo expuesto, esta Sala determina que tanto la Municipalidad de San José, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como el Ministerio de Salud deben coordinar una solución definitiva al problema sanitario que afecta a la comunidad Finca San Juan, Pavas. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso.\n\nVIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso. En consecuencia: a) Se ordena a Luis Diego Miranda Méndez, en condición de alcalde de San José, así como a Adolfo Ortiz Barboza, en condición de director a.i. del Área Rectora de Salud de Pavas y a Nelson Cordero Rodríguez, en condición de director a.i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, ambos funcionarios del Ministerio de Salud, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, girar las órdenes pertinentes y llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para que, de forma INMEDIATA, a partir de la notificación de la presente sentencia, de manera conjunta y coordinada, dispongan lo necesario para asegurar que no hayan afectaciones a la salud de las personas que habitan en el Sector Finca San Juan, Pavas; b) Se ordena a Luis Diego Miranda Méndez, en condición de alcalde de San José, o a quien ocupe ese cargo, girar las órdenes pertinentes y llevar a cabo todas las actuaciones necesarias, para que, dentro del plazo máximo de DOCE MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, se lleven a cabo y finalicen los trabajos que se requieran para cumplir con la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 emitida por parte del Ministerio de Salud; c) Se ordena a Adolfo Ortiz Barboza, en condición de director a.i. del Área Rectora de Salud de Pavas y a Nelson Cordero Rodríguez, en condición de director a.i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, ambos funcionarios del Ministerio de Salud, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, ejecutar las acciones pertinentes dentro del marco de sus competencias para velar por el cumplimiento de la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, dentro del plazo anteriormente dispuesto, de forma que se resuelva en forma definitiva la problemática de contaminación existente en Finca San Juan, Pavas; y d) Se ordena a Alejandro González Bogantes, en condición de director de Recolección y Tratamiento GAM del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe ese cargo, que de manera INMEDIATA ejecute las labores de coordinación que sean necesarias junto al Ministerio de Salud y la Municipalidad de San José, a fin de brindar el apoyo y la asesoría que sea necesaria para solucionar de manera definitiva el problema de desbordamiento de aguas residuales presente en el sector de Finca San Juan, Pavas, proporcionando el acompañamiento que sea necesario para cumplir con ese fin. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José, al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n JBEBJJMAHEU61\n\nEXPEDIENTE N° 25-037936-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 20:01:24.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Grande  \nNormal  \nPequeña  \nConstitutional Chamber  \n\nResolution No. 04335 - 2026  \n\nResolution Date: February 6, 2026 at 09:20  \n\nDocket: 25-037936-0007-CO  \n\nDrafted by: Ingrid Hess Herrera  \n\nType of Matter: Amparo appeal  \n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  \n\n  \n\n  \n\nJudgment with Separate Note  \n\nRelevance Indicators  \n\nRelevant Judgment  \n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations  \n\n  \n\nContent of Interest:  \n\nStrategic Topics: Environmental, Right to Health, Economic Social Cultural and Environmental Rights  \n\nType of Content: Majority vote  \n\nBranch of Law: 4. CONSTITUTIONAL GUARANTEE MATTERS  \n\nTopic: EXECUTIVE BRANCH  \n\nSubtopics:  \n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.  \n\nTopic: MUNICIPALITY  \n\nSubtopics:  \n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.  \n\nTopic: PUBLIC SERVICES  \n\nSubtopics:  \n\nSEWERAGE.  \n\n004335-26. EXECUTIVE BRANCH. MUNICIPALITY. PUBLIC SERVICES. THE OVERFLOW OF RAW SEWAGE IN THREE ALAMEDAS OF THE FINCA SAN JUAN DE PAVAS IS ALLEGED. THE APPEAL IS DECLARED WITH MERIT. CONSEQUENTLY: A) THE MAYOR OF SAN JOSÉ IS ORDERED, AS WELL AS THE ACTING DIRECTOR OF THE HEALTH AREA OF PAVAS AND THE ACTING DIRECTOR OF THE CENTRAL SOUTH HEALTH REGIONAL DIRECTORATE, BOTH OFFICIALS OF THE MINISTRY OF HEALTH, TO IMMEDIATELY, JOINTLY AND IN A COORDINATED MANNER, ORDER WHAT IS NECESSARY TO ENSURE THAT THERE ARE NO AFFECTATIONS TO THE HEALTH OF THE PERSONS LIVING IN THE FINCA SAN JUAN SECTOR, PAVAS; B) THE MAYOR OF SAN JOSÉ IS ORDERED TO, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWELVE MONTHS, CARRY OUT AND COMPLETE THE WORKS REQUIRED TO COMPLY WITH SANITARY ORDER NO. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 ISSUED BY THE MINISTRY OF HEALTH; C) THE MINISTRY OF HEALTH IS ORDERED TO EXECUTE THE PERTINENT ACTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF ITS COMPETENCIES TO ENSURE COMPLIANCE WITH SANITARY ORDER NO. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, WITHIN THE PREVIOUSLY ESTABLISHED PERIOD, SO THAT THE EXISTING CONTAMINATION PROBLEM IN FINCA SAN JUAN, PAVAS IS DEFINITIVELY RESOLVED; AND D) THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS IS ORDERED TO IMMEDIATELY EXECUTE THE NECESSARY COORDINATION EFFORTS TOGETHER WITH THE MINISTRY OF HEALTH AND THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ IN ORDER TO PROVIDE THE SUPPORT AND ADVICE NECESSARY TO DEFINITIVELY SOLVE THE PROBLEM OF WASTEWATER OVERFLOW PRESENT IN THE FINCA SAN JUAN SECTOR, PAVAS, PROVIDING THE NECESSARY ACCOMPANIMENT TO FULFILL THAT END. VCG03/2026\n\n“(…) VI.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal certifies that, between the years 2019 and 2021, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers participated in a commission led by the Municipality of San José, in which other institutions participated (MIVAH, INVU, etc.), to address the problem presented in the sector of Finca San Juan, Pavas, due to wastewater overflow. As part of the tasks carried out by AyA, the terms of reference were delivered for contracting preliminary studies, design, and construction of a wastewater treatment plant. Furthermore, on June 6, 2024, the Health Area of Pavas received a complaint for wastewater overflow and obstructed sewer in alamedas 14, 15, and 16 of Finca San Juan, Pavas, against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. In said complaint, it was alleged that the indicated situation caused a continuous overflow of raw sewage and contamination. The defendant health area processed the complaint, assigning it case number D 091-2024. On June 18, 2024, the defendant health area conducted an inspection of the site, confirming that various sewers in the alameda were overflowing. On that occasion, local residents stated that the Municipality of San José and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers had made visits to the site; however, they had not remedied the reported problem. On June 21, 2024, the defendant health area prepared technical report No. MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0156-2024-JLC, which recommended transferring the case to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for the purpose of conducting a joint inspection visit. On June 21, 2024, the respondent health area transferred case No. D-0091-2024, through official letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024 to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. On July 9, 2024, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers responded to official letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024, through official letter No. DRyT-OMSR-2024-00497, indicating that the Finca San Juan Development had been built by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; however, the project was not completed and this led to the sanitary sewer system (red de alcantarillado sanitario) not being transferred to the ICAA for its proper operation. On July 16, 2024, the respondent health area responded to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers' official letter No. DRyT-OMSR-2024-00497 through official letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0302-2024, requesting the cleaning, maintenance, and unclogging of the sewer system. On August 19, 2024, the defendant health area received official letter No. DRyT-OMSR-2024-00603 from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which indicated that, since the sewer system had not been completed by the INVU and had not been transferred to the ICAA, it was inappropriate for that institution to allocate resources for its maintenance. On August 19, 2024, the defendant health area sent official letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024 to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, requesting information related to the stated problem. On September 4, 2024, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo provided a response to official letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024, via official letter No. DPH-UPH-247-2024, in which it was stated verbatim: “The properties generated by IMAS, lots, public areas and remainder of the property, according to the master plan (designed by IMAS), were transferred to the INVU in November 1995, with the purpose that the INVU formalize the transfer of the lots to the potential beneficiaries of the project and transfer the public areas to the Municipality of San José, therefore, the transfer from IMAS to INVU was with the intention of formalizing the land deeds, an administrative matter, not a construction one. As mentioned, the streets, alamedas, park areas and the urban infrastructure works were designed and built by IMAS, as evidenced in plans; therefore, the management of delivering the plans and pipe infrastructure matters to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers should have been carried out by the mentioned entity. The INVU in April 2008 transferred the streets, avenues, alamedas, parks, and communal areas to the Municipality of San José.” On October 11, 2024, the defendant health area sent the request for support official letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0408-2024 to the mayor of San José via email for the attention of the complaint according to his competencies. On September 30, 2024, the respondent health area received official letter No. CM-PPSD-051-2024 from Municipal Councilwoman Yorleny Córdoba Moya, requesting support from Ms. Kristel Ramírez Ballesteros of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers regarding the complaint. On October 1, 2024, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, through official letter No. DRyT-OMSR-2024-00738 in response to official letter No. CM-PPSD-051-2024, indicated that the Finca San Juan sewer system was not an asset of that institute, and therefore resources could not be allocated for its maintenance and operation. On October 23, 2024, a meeting was held between officials of the Municipality of San José and the Ministry of Health. Among the agreements reached, it was determined that the information contained in complaint No. D-091-2024 up to that point would be resent to the respondent municipality. On February 19, 2025, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 was notified to the Municipality of San José, ordering it to: “Within a period not exceeding 8 calendar months from the present notification, carry out the pertinent repairs to complete the corresponding sanitary sewer system in the area of (alamedas 14, 15 and 16) located Pavas Finca San Juan, Super Alfa 10 meters east and 5 meters south of Street 156 C, so that they have an adequate system for the disposal of raw and used water and that these do not clog or overflow on the public road. Legal Basis: Articles 1, 2, 4, 7, 147 subsection c), 275, 285, 288, 289 of Law No. 5395 Ley General de Salud. Article 6 subsection e) of the Sectoral Regulation for the Regulation of Aqueduct and Sanitary Sewerage Services No. 30413-MP-MINAE-S-MEIC.” On February 26, 2025, the mayor of San José filed a motion for revocation with a subsidiary appeal against sanitary order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, indicating: “Based on the considerations of fact and law set forth, as well as the legal norms and jurisprudence that protect the Municipality of San José, and what is requested in the SANITARY ORDER MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 issued by the HEALTH AREA OF PAVAS not being appropriate, it is respectfully requested to ACCEPT the motion for revocation and in case said motion is rejected, to elevate the appeal on a subsidiary basis.” On April 1, 2025, through RESOLUTION-MS-DRRSCS-0662-2025, the motion for revocation filed by the Municipality of San José was resolved, declaring it without merit. In turn, on May 20, 2025, the Minister of Health, through resolution No. MS-DM-YA-2202-2025, declared without merit the appeal filed by the mayor of San José. Likewise, it is understood that on October 22, 2025, the Ministry of Health sent official letter CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0602-2025 to the mayor of San José, requesting information on the status of compliance with Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 and the actions taken for this purpose. On November 18, 2025, the Ministry of Health received official letters MSJ-ALCALDIA-4753-2025 and SCMRP-547-2025 from the Municipality of San José, which indicated the following: “Through official letter No. SCMRP-278-2025, the Provision of Services Management was informed that what is requested by the Ministry of Health is a matter of sanitary sewerage, therefore, it is not the competency of this Section nor is the attention of sanitary sewerage within its functions, reason for which, the resources belonging to the pluvial fee cannot be invested for such purpose, as this would result in a diversion of public funds and violates the principle of tax legality, principle of equivalence, principle of transparency and specific purpose of the fees. Likewise, the entity in charge of administering and operating the sanitary sewerage in the Canton of San José is the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the entity responsible for developing and resolving everything related to the supply of drinking water as well as the collection and evacuation of raw and wastewater. In addition to the foregoing, it is important to indicate that this Section has not been assigned any type of works related to Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 in the sector called Finca San Juan.” On December 4, 2025, the Ministry of Health notified the mayor of San José of sanitary report No. MS-DRRSCS-DARS-0690-2025, which imposed a fine of one base salary corresponding to the sum of ¢462,200.00 for non-compliance with Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARSP-OS-006-2025. Finally, it is inferred that on December 9, 2025, the Ministry of Health received at this office an appeal of sanitary report No. MS-DRRSCS-DARS-0690-2025 from the Municipality of San José.\n\nA. Regarding the Municipality of San José, it is established that said authorities have been aware of the problem under study since the year 2021 and that, despite the several years that have elapsed to date, they have not carried out clear and forceful actions tending to solve it definitively. Note that, according to the section of proven facts of this amparo, the municipal corporation has participated in commissions together with other institutions in order to find a solution to the problem that afflicts the sector of Finca San Juan, Pavas; however, the problem of wastewater overflow persists, without a real solution. In addition to the foregoing, note that a sanitary order has weighed upon the respondent municipal entity since February 19, 2025, without compliance having been achieved at this time with what was ordered by the Ministry of Health, given that, in the reports rendered to that ministerial portfolio for the purpose of updating on the actions taken in this regard, what is alleged is an incompetence to proceed with its compliance. \n\nThus, for this Constitutional Chamber there is no doubt that the authorities of the respondent municipality have incurred in serious omissions that have contributed to the sanitary and environmental problem under study continuing to this date.\n\nB. Regarding the Ministry of Health, it is established that these authorities have been aware of the problem under study since the year 2024 and that, since then as well, they conducted inspections at the site and, upon verifying the reported facts, have been processing its attention before different institutions. In this sense, it is worth noting that on June 21, 2024, the respondent health area transferred case No. D-0091-2024, through official letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024 to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; however, on July 9, 2024, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers responded to the official letter indicating that the Finca San Juan Development had been built by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; indicating that the project had not been transferred to that institution for its proper operation. Now then, despite having requested from said health area the cleaning, maintenance, and unclogging of the sewer system, it received a refusal from the ICAA, noting that since the sewer system had not been completed by the INVU and had not been transferred to the ICAA, it was inappropriate for that institution to allocate resources for its maintenance. It is evident that given the exposed situation, the authorities of the Ministry of Health turned to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo to obtain information about the situation of the sector known as Finca San Juan, Pavas, establishing that: “The INVU in April 2008 transferred the streets, avenues, alamedas, parks, and communal areas to the Municipality of San José.” (sic). It is for this reason that, after several approaches to the Municipality of San José in order to find a solution to the presented problem, finally on February 19, 2025, the Ministry of Health notified Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 to the respondent municipal corporation, which is currently pending compliance.\n\nOn this point, it is important to remind the authorities of the Ministry of Health that the fact of having issued the aforementioned sanitary order and having requested reports to learn about its compliance, even establishing sanctions in this regard, does not relieve or exempt it from continuing to attend to and provide the corresponding follow-up, through the issuance and execution of all those acts that are pertinent, in accordance with the provisions of the Ley General de Salud and its regulations. In this particular, this jurisdiction, in Ruling No. 2016-6368 of 09:30 hrs. on May 13, 2016, stated the following:\n\n“(…) V. OF THE AMPARO AGAINST THE MINISTRY OF HEALTH. ON THE MERITS: From the foregoing facts, it follows that the Ministry of Health, although it acted in a timely manner, issued the sanitary orders and even filed criminal complaints, the truth is that the sanitary problem persists, as indicated by its representative in the report rendered under oath. The Chamber does not observe that the Ministry has adopted extraordinary measures, such as the closure of the place, the collaboration of the Public Force for the security of the place, and even, the eventual eviction of the residential complex or any other effective measures. The provision of a public service such as that which is in the hands of the Ministry of Health demands an efficiency and diligence perhaps beyond that necessary from other public bodies, due to the fundamental rights to health and a healthy environment, in what pertains to its competencies. The Chamber considers that what has been done by the Ministry of Health has been insufficient and violates the fundamental right to health and a healthy environment of the protected party, therefore, it is appropriate to grant the appeal against it and order that the necessary measures be ordered, even radical ones, and the pertinent decisions be adopted in order to eliminate the existing sanitary problem at the border between the Camino de Luna Condominium, the Liberia River, and the Residencial El Río, within a period of two months, from the notification of the judgment. (…)” (The highlighting is not part of the original).\n\nLikewise, in Judgment No. 2022-10613 of 09:40 hrs. on May 13, 2022, this Chamber stated:\n\n“(…)  IV.- ON THE SPECIFIC CASE.- After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies that there has been a violation of fundamental rights by the respondent authorities. The foregoing, because in the report rendered by the representative of said authority -which is taken as given under oath with the consequences, even criminal ones, provided in article 44 of the Law that governs this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that on August 16, 2021, the respondent received the complaint filed by the appellant against his neighbors for the discharge of wastewater towards his property by the denounced neighbors. On August 27, 2021, the Environmental Officer of the Health Area of Alajuela 1 conducted an inspection visit to the site, in which the health authority determined the discharge of pluvial and residual waters (raw and used) towards the property of the protected party, causing bad odors, risk of proliferation of insects and rodents that may affect the health of the persons inhabiting the dwelling. On September 3, 2021, the respondent issued and notified sanitary order No. 0188 ordering José Arístides Morera Jiménez to correct the problem found, and within a period of two months, to dispose in a sanitary and adequate manner of the pluvial, residual, and raw waters that are not properly channeled in his property's dwelling. On November 10, 2021, the respondent conducted a verification visit of compliance with the referred sanitary order, confirming that the pluvial and residual waters continued discharging towards the property of the protected person, thus verifying non-compliance with what was ordered. By official letter MS-DRRSCN-DARSA1-3001-2021, the respondent sent a complaint to the Assistant Prosecutor's Office of Alajuela against José Arístides Morera Jiménez for the crime of disobedience to authority, without a resolution having been issued to date. On December 9, 2021, the appellant filed a complaint against Mr. Aiut Avalos and indicates that the denounced person conducts his pluvial and residual (used) waters towards his property, for which he requested that the neighbor be asked to channel those waters properly. On January 6, 2022, the respondent conducted the inspection visit and despite no one being at the denounced person's property, it was verified that the pluvial and used waters are directed to the property of the protected party, so sanitary order 0030 was drawn up ordering Mr. Aiut Avalos to dispose in a sanitary and adequate manner of the pluvial waters that are not channeled in his dwelling, however, it has not been possible to notify it, as the persons are not found at the place.\n\nThus, this Chamber estimates that although the respondent argues that it has carried out actions aimed at resolving the situation afflicting the protected party, the truth is that despite this, it has not managed to resolve it definitively, since the simple filing of a criminal complaint for non-compliance with a sanitary order and the excuse that they have not been able to notify the other sanitary order are not sufficient for this Chamber, taking into account that there is a proven serious problem of rainwater and residual waters incorrectly managed, which all flow towards the appellant's property, due to a lack of drainage works by the neighbors, causing serious problems of flooding and contamination for a long time and which is not resolved. Note that the Ministry of Health has broad powers to act in accordance with the Ley General de Salud and the corresponding Regulation, as the governing body in charge of health surveillance and control, such as: the special sanitary measures of dwelling eviction (article 1 subsection c of the Regulation), declaration of uninhabitability, demolition, as well as fines, since it is clear that in accordance with the Ley General de Salud articles 39 and 286, it is the duty of every owner and person in charge of movable and immovable property to avoid nuisances and damage to health as well as sources of contamination or infection, having to carry out drainage works and even in case of refusal, the administration must do them at the expense of the defaulting party, all safeguarding due process. Therefore, it is appropriate to declare the appeal with merit, with the consequences that will be indicated in the operative part (…)” (The highlighting is not part of the original).\n\nMore recently, in Ruling No. 2025-583 of 09:20 hrs. on January 10, 2025, this constitutional body stated:\n\n“(…) Regarding the Ministry of Health. Although, from the reports rendered and the evidence contained in the record, it is proven that the defendant authorities of the Ministry of Health -Health Area of Puntarenas – Chacarita-, have carried out efforts to comply with the orders that this Tribunal gave at the time, as shown in the proven facts of this judgment, and that, given the non-compliance with sanitary order 0112-REG-2024 by the Municipality of Puntarenas, on December 4, 2024, a criminal complaint was filed against the Municipality of Puntarenas for the alleged Crime of Disobedience to Authority before the Assistant Prosecutor's Office of the Public Ministry in Puntarenas; however, the truth of the matter is that, for this Chamber, its duty has been insufficient, since said ministry demands observance, as well as guaranteeing the protection of the health of the population and the environment (…)” (The highlighting is not part of the original).\n\nGiven this panorama, it is clear that the respondent authorities of the Ministry of Health have also been remiss in addressing the serious environmental situation faced by the community of Finca San Juan, Pavas.\n\nC. Finally, regarding the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, it has been reported and proven from the evidence provided that the Finca San Juan Development was initially built by the Instituto Mixto de Ayuda Social and that said project, not having been properly completed, led to the failure of its delivery to the ICAA. In the report rendered to this Chamber, the ICAA clearly explained the following:\n\n“(…) It is considered important to mention that at the site there is an unfinished sanitary sewer system (red de alcantarillado sanitario), which has no treatment and is not an asset of AyA, therefore the Institution does not provide maintenance service to said network and does not charge for the sanitary sewerage service. According to the information available, this network is the property of the INVU. (…)”.\n\nNow, it should be noted that while the objective reasons explained by the ICAA authorities for not assuming the problem with public funds are understandable; the truth is that, on the other hand, this state of affairs should not and cannot exempt it from collaborating with the rest of the respondent authorities in order to find a solution to the proven environmental and health problem. Given the seriousness of the demonstrated facts, this Constitutional Tribunal considers that the ICAA must indeed intervene (by virtue of the clear and extensive knowledge it possesses on the subject) and execute the pertinent coordination efforts with both the Municipality of San José and the Ministry of Health to achieve, jointly, a response and address the situation under study. Although, as stated, the ICAA is not compelled to invest public funds in solving the problem, it can collaborate and coordinate with the rest of the public entities cited in the stated terms. However, this latter task is found lacking in the present matter.\n\nVII.- Conclusion. In reiterated jurisprudence, the Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment or the right to health due to the inability of the corresponding authorities to effectively exercise the surveillance powers and the resolution of problems granted by law. Indeed, this Tribunal considers that state activity must be carried out in a coordinated and effective manner, since it is not simply a matter of determining the problem and assigning the responsibility to others, as has happened in this case, nor is it for this Chamber to assign to each entity the solutions they must implement; but rather, once the matter has been assessed, an integral solution must be provided, for which, under the system of distribution of competencies and functions of a State, all those involved must participate, each contributing what ultimately corresponds to them. In accordance with the foregoing, this Chamber determines that the Municipality of San José, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Ministry of Health must coordinate a definitive solution to the sanitary problem affecting the Finca San Juan community, Pavas. Consequently, it is appropriate to declare the appeal with merit. (…)”\n\n\n\n\n... See more  \nContent of Interest:  \n\nType of Content: Majority vote  \n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE  \n\nTopic: 041- Effective judicial protection. Prompt and fulfilled justice  \n\nSubtopics:  \n\nNOT APPLICABLE.  \n\nARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION  \n\n“(…) I.- Preliminarily. Prior to analyzing the merits of the matter —for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure— it must be clarified that, since judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws related to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— and to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, this case presents an exception, as it involves a complaint filed for a problem of water filtration that allegedly has not been addressed. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)” VCG03/2026  \n\n... See more  \nContent of Interest:  \n\nType of Content: Majority vote  \n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE  \n\nTopic: 050- Environment  \n\nSubtopics:  \n\nNOT APPLICABLE.  \n\nARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION  \n\n“(…) IV.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. It must be indicated, first of all, that the fundamental rights to health and a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73 and 89 of the Political Constitution), as well as through the international regulations applicable in Costa Rica. In this sense, in judgment No. 2006-005928 of 3:00 p.m. on May 2, 2006, this Tribunal resolved: “The right to life recognized in article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, in that article of the political charter, the right to health finds its basis, since life is inconceivable if minimum conditions are not guaranteed to the human person for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance.\n\nNow, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and well-balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to using the notion of \"environmental quality\" as a parameter, precisely, of people's quality of life, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to make use of the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations – the principle of sustainable development.\" Likewise, from Article 50 of the Political Constitution, the State's obligation to protect the environment is derived. This provision states to that effect: \"The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.\" This corroborates that the various public authorities have the unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment. (…)\" VCG03/2026\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nContent type: Majority opinion\n\nBranch of Law: 2. PRINCIPLES WITH CASE LAW\n\nTopic: Coordination\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nPRINCIPLE OF COORDINATION.\n\nV.- On the coordination of public institutions in the comprehensive protection of the environment. There is an obligation for the State -as a whole- to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, which endanger the health of the governed. In this task, a public institution is understood to include both the Central Administration -Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health-, which, by reason of subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter. Likewise, municipalities have great responsibility in this task regarding their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various involved parties, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various dependencies of the Executive Branch and decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public dependencies with municipalities in the achievement of common goals, stating through judgment No. 1999-005445 of 2:30 p.m. on July 14, 1999, that: \"Coordination is the ordering of relations between these various independent activities, which takes charge of that concurrence in a same object or entity, to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. As there is no hierarchical relationship among decentralized institutions, nor with the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain behaviors upon them is not possible, with which the essential inter-institutional 'concert' emerges, in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relations of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in its interest (through the 'administrative oversight' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with powers of general surveillance over the entire sector\". (…)\" VCG03/2026\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nContent type: Separate note\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH CASE LAW\n\nTopic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nVIII.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that, when the petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, it is the Administrative-Contentious Courts and not this Chamber that must hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, given that, based on numeral 7 of its Law, it corresponds exclusively to define its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional circumstances that may proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in the remaining cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVCG03/2026\n\n... See more\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-037936-0007-CO\n\nRes. No. 2026004335\n\n \nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the sixth of February, two thousand twenty-six.\n\n Amparo proceeding processed under expediente number 25-037936-0007-CO, filed by [Name 001], RESIDENCE CARD [VALUE 001], AGAINST THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, THE MINISTRY OF HEALTH, AND THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ.\n\n WHEREAS:\n\n 1.- By means of a brief filed in the secretariat of this Chamber on December 4, 2025, the petitioner files an amparo action against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of San José, and the Ministry of Health. They state that, since 2024, there has been a continuous overflow of black waters (aguas negras) in the pedestrian walkways (alamedas) 14, 15, and 16 of Finca San Juan, Pavas, a situation that causes contamination, foul odors, a risk of gastrointestinal and skin diseases, and significantly affects their family, minor children, and neighbors. They argue that the sewers remain obstructed and overflowing, even hindering pedestrian traffic and exposing the population to unsanitary conditions. They detail that: \"On June 8, 2024, the Ministry of Health (Área Rectora de Salud de Pavas) received the formal complaint for the overflow of wastewater. On June 18, 2024, officials conducted an on-site inspection, verifying that several sewers were overflowing. 3. Transfer of the case to AyA and institutional refusal. The Ministry of Health transferred the case to AyA on June 21, 2024, through official communication (oficio) MSDRRSCS-DARS-P-0269-2024. AyA responded on July 9, 2024 (oficio DRyT-OMSR-2024-00497) indicating that: The Finca San Juan urbanization was built by IMAS. The project was not completed, so the sewer network was not handed over to AyA for its operation. Consequently, AyA claims it lacks the jurisdiction and resources to intervene in the network. Subsequently, upon being consulted again in October 2024, on October 1 of that year, they reiterate that it is not an asset of their dependency and that they cannot allocate resources for its maintenance. 4. Participation of INVU in the case. The Ministry of Health consulted INVU, who responded through oficio No. DPHUPH-247-2024, indicating: • That the properties (fincas), lots, and public areas were originally from IMAS, who built the urban infrastructure works (streets, parks, walkways, and pipes). • That the transfer from IMAS to INVU in 1995 was solely for administrative and registration purposes, not construction purposes. • That IMAS was to hand over the pipe infrastructure to AyA for its respective reception. • That in 2008 INVU transferred the streets, walkways, and public areas to the Municipality of San José. This clarifies the chain of historical responsibilities: • IMAS (original builder) —> INVU (only registers and transfers) —> Municipality (receives the public areas). 5. Intervention of the Municipality of San José. The Ministry of Health referred the case to the Municipality through oficio MS-DRRSCS-DARS-P-0408-2024. On October 23, 2024, a meeting was held with municipal advisor Manuel Zúñiga, where they committed to analyze the case. However, no corrective action was executed. 6. Sanitary Order from the Ministry of Health. On February 19, 2025, the Ministry of Health notified Sanitary Order (Orden Sanitaria) MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 to the Municipality of San José, ordering: 'Within a period not exceeding 8 calendar months from this notification, carry out the pertinent repairs to complete the corresponding sanitary sewer network in the pedestrian walkways 14, 15, and 16 of Finca San Juan (...) so as to guarantee an adequate disposal system for black waters and greywater (aguas servidas) and that these do not obstruct or overflow onto the public road.' This Sanitary Order confirms the existence of the risk and the obligation to act. Furthermore, an email was sent again on November 22 of the current year, and they only acknowledged receipt; however, to date they have not responded, and the letter of the sanitary order that they issued in February of this year was sent to them, and no response has been obtained either. 7. Personal management attempts without solution. Despite: Repeated complaints before the Ministry of Health. Procedures before AyA and its Services Comptrollership. o Communications with the Municipality. Daily impact as a user of the area. No institution has solved the problem. 8. Daily impact on my home. The overflowing black waters generate: - Permanent foul odors inside and outside the house. - Risk of infections, especially for minors (particularly for my 1 and 3-year-old children) since the black waters are entering through the bathroom pipe, as the water has nowhere to go, backing up through that place. - Inability to normally use basic services (washing machine, house bathroom). - Undignified conditions that affect my quality of life and that of my family. This constitutes a direct violation of my constitutional right to health and a healthy environment.\" Based on the situation described, they believe that the respondent authorities have not solved the problem that afflicts them, and therefore, they consider their fundamental rights have been violated. They request the action be declared with merit (con lugar).\n\n2.- By order of the Presidency at 1:54 p.m. on December 8, 2025, this amparo was admitted for processing.\n\n 3.- Under oath, Adolfo Ortiz Barboza, in his capacity as acting director (director a.i.) of the Área Rectora de Salud de Pavas, and Nelson Cordero Rodríguez, in his capacity as acting director of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, both officials of the Ministry of Health, report that:\n\n\"(…) On June 6, 2024, complaint No. 091-2024 was received for overflow of wastewater and obstructed sewer against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, filed by Mr. René González Pastran. • On June 18, 2024, an inspection was carried out by environmental manager Jazmine López, where she was attended by the neighbor Mrs. Rosa María Aberru Zúñiga, confirming that different sewers in the pedestrian walkway were overflowing, where Mrs. Aberru comments that the Municipality and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers have made visits; however, the support that the neighbors need to remedy the water seepage that currently generates foul odors, proliferation of pests such as cockroaches and rats, among others, has not been received. • On June 21, 2024, technical report No. MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0156-2024-JLC was prepared, recommending the transfer of the case to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers with the objective of conducting a joint inspection visit. • On June 21, 2024, the transfer of case D-0091-2024 was carried out through oficio No. MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024 to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. • On July 9, 2024, a response was obtained from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers through oficio No. DRyT-OMSR-2024-00497, according to the oficio indicating that the Urbanization Finca San Juan was built by the National Institute of Housing and Urbanism; however, the project was not completed, and this led to the sanitary sewer network not being transferred to AyA for its correct operation. • On July 16, 2024, a response was sent to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to oficio No. DRyT-OMSR-2024-00497 through oficio No. MS-DRRSCS-DARS-P-0302-2024, requesting cleaning, maintenance, and unclogging (destaqueo) of the sewer network. • On August 19, 2024, oficio No. DRyT-OMSR-2024-00603 was received from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, indicating that given that the sewer network was not completed by INVU, it was not transferred to AyA, so it is improper for the institution to allocate resources for its maintenance. • On August 19, 2024, oficio MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024 was sent requesting information related to the sewer system from architect Jessica Peralta Quesada of the National Institute of Housing and Urbanism. • On September 4, 2024, resolution No. 2024023354 was received for the Amparo Appeal Exp: 24-019369-0007-CO filed by Mr. René González Pastran and Mrs. Rosa María Averruz Zúñiga against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which was declared without merit, in which the por tanto indicates the following: 'The appeal is declared without merit. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Let whoever holds the position of Director of the Área Rectora de Salud de Pavas of the Ministry of Health, as well as Luis Diego Miranda Méndez and Manuel Ordeñana Ayerdis, in their respective capacities as Mayor and Head of the Construction and Maintenance Section of the Stormwater Network, both of the Municipality of San José, or whoever occupies those positions in their stead, take note of what is indicated in considering VII of this judgment.' • On September 4, 2024, a response to oficio MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024 was obtained from the National Institute of Housing and Urbanism through oficio No. DPH-UPH-247-2024, which textually indicates: 'The properties generated by IMAS, lots, public areas, and remainder of the property, according to the master plan (drawn up by IMAS), were transferred to INVU in November 1995, with the purpose that INVU formalize the transfers of the lots to the potential beneficiaries of the project and transfer the public areas to the Municipality of San José; therefore, the IMAS to INVU transfer was with the intention of formalizing the deeds of the lands, an administrative matter, not a construction matter. As mentioned, the streets, pedestrian walkways, park areas, and urban infrastructure works were designed and built by IMAS, as recorded in the plans; therefore, the management of delivering the plans and pipe infrastructure procedures to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers should have been carried out by the mentioned entity. INVU, on the date of April 2008, transferred the streets, avenues, pedestrian walkways, parks, and communal areas to the Municipality of San José.' • On October 11, 2024, a support request oficio No. MS-DRRSCS-DARS-P-0408-2024 was sent to Mr. Diego Miranda Méndez, mayor of the Municipality of San José, via email for the handling of the complaint according to his competencies. • On September 30, 2024, oficio No. CM-PPSD-051-2024 was received from Municipal Councilmember Yorleny Córdoba Moya, requesting support from Mrs. Kristel Ramírez Ballesteros of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in addressing the complaint. • On October 1, 2024, oficio No. DRyT-OMSR-2024-00738 was received in response to oficio No. CM-PPSD-051-2024, indicating that the Finca San Juan network is not an asset of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, so resources cannot be allocated for its maintenance and operation. • On October 23, 2024, a meeting was held with Mr. Manuel Zúñiga, advisor to the Municipality of San José; among the agreements, the information containing complaint D-091-2024 up to that moment was forwarded, and Mr. Zúñiga indicated that he would call a meeting to make decisions in relation to said complaint. • On February 12, 2025, oficio CARTA-MS-DRRSCS-0323-2025 was received requesting intervention in the sewer network; attached to this oficio, an email was received from Mrs. Yorleny Córdoba, Municipal Councilmember, to act based on institutional competencies, as well as oficio No. CARTA-MS-DGC-397-2025 from Dr. Ariana Angulo Alvarado, Acting Director General of Health, requesting information on the actions taken in addressing the case at hand. • On February 19, 2025, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 was notified to the Municipality of San José to: 'Within a period not exceeding 8 calendar months from this notification, carry out the repairs that are pertinent to complete the corresponding sanitary sewer network in the area of (pedestrian walkways 14, 15, and 16) located in Pavas, Finca San Juan, from Super Alfa 10 meters east and 5 meters south of street 156 C, so that these have an adequate disposal system for black waters and greywater and that these do not obstruct or overflow onto the public road. Legal Basis: Articles 1, 2, 4, 7, 147 subsection c), 275, 285, 288, 289 of Law No. 5395 General Health Law (Ley General de Salud). Article 6 subsection e) of the Sectoral Regulation for the Regulation of Aqueduct and Sanitary Sewer Services No. 30413-MP-MINAE-S-MEIC.' • On February 20, 2025, in response to oficio CARTA-MS-DRRSCS-0323-2025, an executive and chronological summary of the actions taken in addressing the complaint was sent. • On February 26, 2025, an appeal for reversal with a subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) was received against sanitary order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 from Mr. Luis Diego Miranda, mayor of the Municipality of San José, indicating the following petition: 'Based on the considerations of fact and law set forth, as well as the legal norms and jurisprudence that protect the Municipality of San José, and the request made in the SANITARY ORDER MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 issued by the ÁREA RECTORA DE SALUD DE PAVAS not being appropriate, it is respectfully requested to GRANT the appeal for reversal and, should said appeal be rejected, to elevate the appeal for review (recurso de apelación) in a subsidiary manner.' • On April 1, 2025, RESOLUTION-MS-DRRSCS-0662-2025 was received regarding the appeal for reversal, where the appeal for reversal filed by Mr. Luis Diego Miranda, mayor of the Municipality of San José, was declared without merit. • On May 20, 2025, resolution No. MS-DM-YA-2202-2025 was received regarding the appeal for review filed by the mayor of the Municipality of San José, where the Minister of Health, Dr. Mary Munive Angermüller, decided to declare the appeal without merit. • On October 22, 2025, oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0602-2025 was sent to Mr. Luis Diego Miranda, mayor of the Municipality of San José, requesting to report on the compliance status of Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 and the actions taken for this purpose. On November 18, 2025, official communications MSJ-ALCALDIA-4753-2025 and SCMRP-547-2025 were received from the Municipality of San José, indicating the following: 'Through oficio No. SCMRP-278-2025, the Service Provision Management was informed that what was requested by the Ministry of Health is a sanitary sewer matter; consequently, it is not the competence of this Section nor is the handling of sanitary sewer system within its functions, reason for which, the resources belonging to the stormwater tax cannot be invested for such purpose, as this would result in a diversion of public funds and violates the principle of tax legality, the principle of equivalence, the principle of transparency, and the specific purpose of taxes. Likewise, the entity in charge of administering and operating the sanitary sewer system in the Canton of San José is the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the entity responsible for developing and resolving everything related to the supply of drinking water as well as the collection and evacuation of black waters and wastewater. In addition to the foregoing, it is important to indicate that this Section has not been assigned any type of works related to the Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 in the sector called Finca San Juan.' • On December 4, 2025, sanitary report No. MS-DRRSCS-DARS-0690-2025 was notified to Mr. Luis Diego Miranda, mayor of the Municipality of San José, imposing a fine of one base salary corresponding to the sum of ¢462,200.00 for non-compliance with Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARSP-OS-006-2025. • On December 9, 2025, the appeal for review of sanitary report No. MS-DRRSCS-DARS-0690-2025 was received before this office from the Municipality of San José. (…)\".\n\nThey request that the appeal be declared without merit.\n\n4.- Under oath, Alejandro González Bogantes, in his capacity as director of Recolección y Tratamiento GAM of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports that:\n\n\"(…) Through oficio DRyT-OMSR-2025-00912 dated December 11, 2025, William Leininger Sancho, Engineer of the UEN Recolección y Tratamiento GAM of AyA, informs the following: 1. Introduction The purpose of this document is to report on the conditions denounced by the petitioner, as well as the state of the sanitary sewer network of the Urbanization Finca San Juan and the role that AyA has had in its capacity as governing body to seek a comprehensive solution to address the problem of wastewater collection and treatment. 2. Background According to the information available to AyA, the pipes of the Finca San Juan urbanization are owned and under the administration of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU). This is because this project was not completed, and this led to the sanitary sewer network not being transferred to AyA for its operation. Subsequently, informal settlements began to form on the land of the urbanization. 3. Denounced Problem Due to the filing of the Amparo Appeal, on December 11 of the current month, a site visit was conducted. At this site, it is observed that the inhabitants of the place themselves have carried out work so that the wastewater from their homes discharges into the Municipal gutters and, from there, enters the Municipal stormwater sewer network or spills onto the public road. (…) It is considered important to mention that there is an unfinished sanitary sewer network on the site, which has no treatment and is not an asset of AyA, so the Institution does not provide maintenance service to said network and does not charge for the sanitary sewer service. According to the information available, this network is the property of INVU. Given that AyA does not provide sanitary sewer service at the site, it is considered that the inhabitants of the Urbanization Finca San Juan must dispose of their wastewater through some methodology approved by the Ministry of Health (hereinafter MINSA). AyA has been repeatedly informing MINSA of this situation (official communications are attached as an example: DRyT-OMSR-2019-00603, DRyT-OMSR-2021-00431, DRyT-OMSR2023-00092, and DRyT-OMSR-2024-00152) given that this Ministry has the responsibility to ensure the proper management and disposal of wastewater. The foregoing in adherence to the Ley General de Salud, which establishes: ARTICLE 275.- Every natural or legal person is prohibited from contaminating surface, underground, and territorial marine waters, directly or indirectly, through drainage or the voluntary or negligent discharge or storage of liquid, solid, or gaseous residues or wastes, radioactive or non-radioactive, black waters, or substances of any nature that, altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water, make it dangerous for the health of people, terrestrial and aquatic fauna, or unusable for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses. ARTICLE 276.- Only with permission from the Ministry may natural or legal persons make drainages or proceed to discharge solid or liquid residues or wastes or others that may contaminate surface, underground, or marine water, strictly adhering to the regulatory safety norms and conditions and to the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them innocuous. ARTICLE 285.- Excreta, black waters, greywater, and stormwater must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of vector breeding sites and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality. ARTICLE 287.- Every natural or legal person who owns homes or establishments or buildings in which people carry out their activities shall be responsible for such properties having a system for the disposal of excreta, black waters, and greywater approved by the Ministry, and the users of homes, establishments, or buildings shall be obliged to maintain said system in good working condition. ARTICLE 292.- In all cases, the discharge of black waters, greywater, and industrial waste into the stormwater sewer system is prohibited. The Ministry is empowered to restrict, regulate, or prohibit the elimination of non-biodegradable synthetic products through the collection systems for excreta, black waters, and greywater. ARTICLE 316.- When the health authority so orders, the owners, managers, or persons in charge shall proceed to the disinfection, pest control, rodent control, or repair, as appropriate, of buildings intended for permanent or transitory housing, including annexes and interior patios, which by their state or condition threaten the health or safety of their inhabitants. The property affected by any of these ordered sanitary measures may not be occupied until its defects have been remedied or the risk to the health and safety of the occupants has disappeared, and it may be closed by the health authority if the danger is imminent. ARTICLE 320.- Rooms and buildings shall be declared uninhabitable by the health authority that, due to their ruinous state or because a source of permanent infection exists within them, constitute a danger to the health and safety of their inhabitants or their neighbors.\n\nLikewise, those that do not meet the requirements indicated by the sanitary and construction regulations shall be declared unhealthy. 4. Condition of the Finca San Juan Development As has been mentioned, the sanitary sewer network of the Finca San Juan Development is the property of INVU, but it was not completed, and therefore it does not meet the conditions to collect wastewater from the properties in the area. (…) At the site, a series of branches were formed on each of the streets of the Development, but these branches were not connected to each other in order to collect and transport the wastewater to a treatment plant. It has been observed that local residents have connected the water from the dwellings to this pipeline, which causes these to discharge directly onto the land and subsequently fall into the Tiribí River channel (…) 5. Actions taken by AyA in its capacity as governing body (rectoría) Between the years 2019 and 2021, AyA participated in a commission led by the Municipality of San José, in which other institutions participated (MIVAH, INVU, etc.). As part of the work carried out by AyA, terms of reference were delivered for the contracting of preliminary studies, design, and construction of a wastewater treatment plant (Official Letter DRyT-2021-00147 is attached). In addition, AyA reported on the need to consider the construction of a new sanitary sewer system, as well as an interceptor to gather and carry the wastewater from all the streets to the treatment plant. Additionally, the Commission was informed that the land where the treatment plant was intended to be built did not have sufficient area since they had initially contemplated locating the plant on land that corresponded to a river protection zone. To overcome this limitation, the preparation of a declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) was recommended in order to be able to build the treatment system in the river protection zone. It was also reported that said property had to have street frontage, so that it would have potable water and three-phase electricity services. It is considered important to mention that for the development of all these works, it is initially necessary to relocate the residents who have invaded the forest reserve areas left by INVU, as well as the public roads or streets and park areas, and the river protection zone. If this work is not carried out beforehand, it is impossible to develop the improvements to resolve the wastewater problem in the area. 6. Resolution of Case File 23-008884-0007-CO In April 2023, this Honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional) admitted the Amparo Appeal filed by a group of inhabitants of Finca San Juan, who reported a problem related to wastewater discharges and the operation of the sanitary sewer network. The Constitutional Chamber ordered AyA as follows: \"It is ordered to María Gabriela Vallejo Astúa and Viviana Ramos Sánchez, in their respective positions of Deputy General Manager and Head of the Strategic Business Unit (UEN) of Environmental Management of Pavas, both of ICAA, or whoever occupies the position in their stead, that within a period not exceeding THREE DAYS, forward the complaint filed by the petitioner Hilda Catalina Zúñiga Peña on March 6, 2023, to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and to the Municipality of San José, for what corresponds.\" Due to the foregoing, the General Management of AyA issued Official Letter GG-2023-01939, which is attached. 7. Resolution of Case File No. 24-005606-0007-CO In February 2024, the Constitutional Chamber admitted the Amparo Appeal filed by a resident of Finca San Juan, who reported a problem related to wastewater discharges and the operation of the sanitary sewer network. The Chamber dismissed the case for being considered premature and also stated: \"Notwithstanding the above, it is necessary to indicate to the respondent authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that by virtue of what is stated in the report submitted to the Chamber, and in case they deem that they are not the competent ones to address the petitioner's complaint; in order to safeguard her rights and the principle of administrative inter-coordination, they must forward the complaint to the authorities they consider should intervene to provide a solution, expeditiously.\" Given the foregoing, by means of Official Letter DRyT-OMSR-2024-00295 (attached), the complaint was forwarded to INVU. 8. Official Letters forwarded to INVU In addition to Official Letters GG-2023-01939 and DRyT-OMSR-2024-00295, AyA, through Official Letter DRyT-OMSR-2024-00738 (which is attached), forwarded to INVU Official Letter CM-PPSD-051-2024 in which it informs of a problem occurring in Pavas, Finca San Juan, Calle 156C. Also, through Official Letter DRyT-OMSR-2025-00859 (attached), INVU is copied in a response directed to Mrs. [Name 001], so that this Institution proceeds to carry out the corresponding tasks. IN ACCORDANCE WITH THE FOREGOING, IT IS CONSIDERED THAT AYA HAS BEEN INFORMING INVU REGARDING THE COMPLAINTS REPORTED FOR PROBLEMS IN FINCA SAN JUAN. THE FOREGOING, IN COMPLIANCE WITH THE RESOLUTION OF CASE FILE 24-005606-0007-CO ISSUED BY THE CHAMBER. 9. Conclusions 1. In the Finca San Juan development, AyA does not have a sanitary sewer network under its administration; therefore, it does not charge for the sanitary sewer service or allocate resources for its maintenance. 2. In the Finca San Juan development, there is a sanitary sewer network which is the property of INVU, but it is unfinished, so it does not meet the conditions to receive the community's wastewater. 3. Some local residents discharge wastewater into the storm sewer, or into the sanitary sewer built by INVU, which causes the wastewater to discharge onto the land and then fall into the Tiribí River without treatment. 4. AyA has informed the Ministry of Health of this situation, given that this Institution has the authority to require that the inhabitants properly manage their wastewater. 5. IN ITS CAPACITY AS GOVERNING BODY (RECTORÍA), AYA HAS COLLABORATED IN A COMMISSION TO DEVELOP A COMPREHENSIVE SOLUTION TO THE WASTEWATER PROBLEM IN FINCA SAN JUAN. 6. Currently, there are conditions in the area that make the development of a comprehensive solution impossible. The actions required to resolve these conditions are not within the scope of AyA and need to be addressed by other Institutions. 7. Through Official Letter GG-2023-01939, AyA forwarded the complaint filed by the petitioner of Case File 23-008884-0007-CO to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and to the Municipality of San José. 8. Through Official Letter DRyT-OMSR-2024-00295, AyA forwarded the complaint to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, in compliance with the resolution of Case File 24-005606-0007-CO issued by the Chamber. Furthermore, following the Chamber's mandate, it has since been forwarding the complaints received, so that INVU develops the corresponding steps to address the problem occurring in Finca San Juan.\n\n(…)”.\n\nRequests that the appeal be dismissed.\n\n5.- Reports under oath, Luis Diego Miranda Méndez, in his capacity as mayor of San José, that:\n\n“(…) Regarding what has been noted, the Directorate of Legal Affairs on January 5 of this year, through Official Letter DAJ-10-13-2026, requested the formal report from my Office, the same which was issued today by note MSJ-ALCALDIA-169-2026, in which I have referred to the facts, as follows: In response to Official Letter DAJ-10-13-2026, requesting information regarding the Amparo Appeal filed by “[Name 001]”, against the Municipality of San José, processed under Case File No. 25-037936-0007-CO, in this regard I inform you: Having reviewed the files and document management system of this mayor's office, the following information is on record: Official Letter MSJ-ALCALDIA-4499-2025, dated 10/27/2025, sent to the Storm Sewer Construction and Maintenance Section, forwarding Official Letter CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P- 602-2025, where the Ministry of Health requests information on compliance with Sanitary Order No. M, DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, case of Sewer System (Alcantarillado) in the pedestrian walkways (alamedas) of Finca San Juan in Pavas. Official Letter MSJ-ALCALDIA-4753-2025, addressed to the Governing Health Area of Pavas and to Health Regulation-Governing Health Area of Pavas, forwarding Official Letter SCMRP-547-2025, signed by Mr. Manuel Ordeñana Ayerdis, Head of the Storm Sewer Construction and Maintenance Section, providing the corresponding report. Based on the foregoing, the mentioned information is attached for the attention of the Amparo Appeal. For its part, it should be noted that Note No. SCMRP-547-2025 from the Head of the Storm Sewer Construction and Maintenance Section points out and warns that in this case it involves a work on the sanitary sewer, which is therefore the competence that, due to its specialty, lies with a State entity, such as the Instituto de Acueductos y Alcantarillados; as stated in that note: In response to Official Letter No. MST-AL CALDIA-4499-2025, requesting an opinion regarding Document No. CARTS-MS -DRRSCS-DARS-P-0602-2025, signed by the Governing Health Area of Pavas of the Ministry of Health, who request compliance information related to Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, regarding the case of Sanitary Sewer System in the pedestrian walkways of Finca San Juan, Pavas District, the following is reported: Through Official Letter No, SCMRP-278-2025, the Service Provision Management was informed that what is requested by the Ministry of Health is a matter of sanitary sewer, consequently, it is not the competence of this Section nor is the attention of sanitary sewers within its functions, which is why resources belonging to the stormwater fee cannot be invested for such purpose, as this would result in a diversion of public funds and violates the principle of tax legality, principle of equivalence, principle of transparency, and specific purpose of fees. Likewise, the entity in charge of administering and operating the sanitary sewer in the Canton of San José is the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the entity responsible for developing and resolving everything related to the supply of potable water as well as the collection and evacuation of black water and wastewater. (…)”.\n\nRequests that the appeal be dismissed.\n\n6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Hess Herrera; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter —due to the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure— it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve an administrative procedure by final act —initiated ex officio or at the request of a party— and to hear applicable administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is presented, as it involves a complaint filed due to a water seepage problem that allegedly has not been addressed. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner considers her fundamental rights violated. She states that since the year 2024, there has been a continuous overflow of black waters in pedestrian walkways 14, 15, and 16 of Finca San Juan, Pavas, a situation that causes contamination, bad odors, risk of gastrointestinal and skin diseases, and significantly affects her family, minor children, and neighbors. She argues that despite having filed the respective complaints with the Ministry of Health, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, and the Municipality of San José, the problem afflicting her has not been resolved.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\nBetween the years 2019 and 2021, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados participated in a commission led by the Municipality of San José, in which other institutions participated (MIVAH, INVU, etc.). To address the problem presented in the Finca San Juan sector, Pavas, due to wastewater overflow. As part of the work carried out by AyA, the terms of reference were delivered for the contracting of preliminary studies, design, and construction of a wastewater treatment plant (Official Letter DRyT-2021-00147 is attached).\nOn June 6, 2024, the Governing Health Area of Pavas received a complaint for wastewater overflow and clogged sewer in pedestrian walkways 14, 15, and 16 of Finca San Juan, Pavas, against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In said complaint, it was alleged that the indicated situation caused a continuous overflow of black waters and contamination. The respondent governing health area processed the matter, assigning it case number D 091-2024 (see report submitted and documentation provided).\nOn June 18, 2024, the respondent governing health area conducted an on-site inspection, confirming that different sewers in the pedestrian walkway were overflowing. On that occasion, local residents stated that the Municipality of San José and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados had made visits to the site; however, they had not resolved the reported problem (see report submitted and documentation provided).\nOn June 21, 2024, the respondent governing health area prepared Technical Report No. MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0156-2024-JLC, which recommended referring the case to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados with the objective of conducting a joint inspection visit (see report submitted and documentation provided).\nOn June 21, 2024, the respondent governing health area referred Case No. D-0091-2024, through Official Letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024, to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (see report submitted and documentation provided).\nOn July 9, 2024, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados responded to Official Letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024, through Official Letter No. DRyT-OMSR-2024-00497, indicating that the Finca San Juan Development had been built by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; however, the project was not completed and this led to the sanitary sewer network not being transferred to ICAA for its proper operation (see report submitted and documentation provided).\nOn July 16, 2024, the respondent governing health area responded to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados regarding Official Letter No. DRyT-OMSR-2024-00497 through Official Letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0302-2024, requesting the cleaning, maintenance, and unclogging of the sewer network (see report submitted and documentation provided).\nOn August 19, 2024, the respondent governing health area received Official Letter No. DRyT-OMSR-2024-00603 from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which indicated that, given that the sewer network had not been completed by INVU and had not been transferred to ICAA, it was inappropriate for that institution to allocate resources for its maintenance (see report submitted and documentation provided).\nOn August 19, 2024, the respondent governing health area sent Official Letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024 to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, requesting information related to the exposed problem (see report submitted and documentation provided).\nOn September 4, 2024, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo responded to Official Letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024, through Official Letter No. DPH-UPH-247-2024, which literally stated: “The farms generated by IMAS, lots, public areas, and remainder of the farm, according to the overall plan (designed by IMAS), were transferred to INVU in November 1995, with the purpose that INVU formalize the transfers of the lots to the potential beneficiaries of the project and transfer the public areas to the Municipality of San José, therefore, the transfer from IMAS to INVU was intended to formalize the deeds of the lands, an administrative, not constructive, matter. As mentioned, the streets, pedestrian walkways, park areas, and urban infrastructure works were designed and built by IMAS, as recorded in the plans; therefore, the management of delivering the plans and pipeline infrastructure procedures to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados should have been carried out by the mentioned entity. INVU, in April 2008, transferred the streets, avenues, pedestrian walkways, parks, and communal areas to the Municipality of San José.” (highlighting does not correspond to the original)\nOn October 11, 2024, the respondent governing health area sent the support request Official Letter No. MS-DRRSCS-DARS-P-0408-2024 to the mayor of San José via email for the attention of the complaint according to his competencies (see report submitted and documentation provided).\nOn September 30, 2024, the respondent governing health area received Official Letter No. CM-PPSD-051-2024 from Municipal Councilor Yorleny Córdoba Moya, requesting support from Mrs. Kristel Ramírez Ballesteros of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in attending to the complaint (see report submitted and documentation provided).\nOn October 1, 2024, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, through Official Letter No. DRyT-OMSR-2024-00738 in response to Official Letter No. CM-PPSD-051-2024, indicated that the Finca San Juan network was not an asset of that institute, and therefore resources could not be allocated for its maintenance and operation (see report submitted and documentation provided).\nOn October 23, 2024, a meeting was held between officials of the Municipality of San José and the Ministry of Health. Among the agreements reached, it was determined to resend to the respondent municipality the information contained in Complaint No. D-091-2024 up to that point (see report submitted and documentation provided).\nOn February 19, 2025, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 was notified to the Municipality of San José, ordering it to: “Within a period not exceeding 8 calendar months from this notification, carry out the relevant repairs to complete the corresponding sanitary sewer network in the area of (pedestrian walkways 14, 15, and 16) located in Pavas, Finca San Juan, Super Alfa 10 meters east and 5 meters south of Calle 156 C, so that these have an adequate system for the disposal of black and gray water and that these do not obstruct or overflow on the public road. Legal Basis: Articles 1, 2, 4, 7, 147 subsection c), 275, 285, 288, 289 of Law No. 5395 General Health Law. Article 6 subsection e) of the Sectoral Regulation for the Regulation of Water Supply and Sanitary Sewerage Services No. 30413-MP-MINAE-S-MEIC.” (see report submitted and documentation provided).\nOn February 26, 2025, the mayor of San José filed a revocation appeal with subsidiary appeal against Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, stating: “Based on the considerations of fact and law expressed, as well as the legal norms and jurisprudence that protect the Municipality of San José, and as what is requested in SANITARY ORDER MS- DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 issued by the GOVERNING HEALTH AREA OF PAVAS is not appropriate, it is respectfully requested to GRANT the revocation appeal and, should said appeal be rejected, elevate the appeal subsidiarily.” (see report submitted and documentation provided).\nOn April 1, 2025, through RESOLUTION-MS-DRRSCS-0662-2025, the revocation appeal filed by the Municipality of San José was resolved, declaring it without merit (see report submitted and documentation provided).\nOn May 20, 2025, the Minister of Health, through Resolution No. MS-DM-YA-2202-2025, declared without merit the appeal filed by the mayor of San José (see report submitted and documentation provided).\nOn October 22, 2025, the Ministry of Health sent Official Letter CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0602- 2025 to the mayor of San José, requesting information on the compliance status of Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 and the actions taken for this purpose (see report submitted and documentation provided).\nOn November 18, 2025, the Ministry of Health received Official Letters MSJ-ALCALDIA-4753-2025 and SCMRP-547-2025 from the Municipality of San José, which indicated the following: “Through Official Letter No. SCMRP-278-2025, the Service Provision Management was informed that what is requested by the Ministry of Health is a matter of sanitary sewer, consequently, it is not the competence of this Section nor is the attention of sanitary sewers within its functions, which is why resources belonging to the stormwater fee cannot be invested for such purpose, as this would result in a diversion of public funds and violates the principle of tax legality, principle of equivalence, principle of transparency, and specific purpose of fees. Likewise, the entity in charge of administering and operating the sanitary sewer in the Canton of San José is the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the entity responsible for developing and resolving everything related to the supply of potable water as well as the collection and evacuation of black water and wastewater. In addition to the foregoing, it is important to indicate that this Section has not been assigned any type of works related to Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 in the sector called Finca San Juan.” (see report submitted and documentation provided).\nOn December 4, 2025, the Ministry of Health notified the mayor of San José of Sanitary Report No. MS-DRRSCS-DARS-0690-2025, which imposed a fine of one base salary corresponding to the sum of ¢462,200.00 for non-compliance with Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARSP-OS-006-2025 (see report submitted and documentation provided).\nOn December 9, 2025, the Ministry of Health received at this office the appeal against Sanitary Report No. MS-DRRSCS-DARS-0690-2025 from the Municipality of San José (see report submitted and documentation provided).\n\nIV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. It must be indicated, first of all, that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through the international regulations applicable in Costa Rica. In this sense, in Judgment No. 2006-005928 of 3:00 p.m. on May 2, 2006, this Court resolved: “The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, in that article of the political charter, the right to health finds its basis, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. This right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to the use of the notion of ‘environmental quality’ as a parameter, precisely, of the quality of life of people, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to make use of the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations – principle of sustainable development –”. Likewise, from article 50 of the Political Constitution, the State’s obligation to protect the environment is derived. That norm establishes to that effect: “The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.” Which corroborates that the various public authorities have the unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nV.- ON THE COORDINATION OF PUBLIC INSTITUTIONS IN THE COMPREHENSIVE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT. There is an obligation for the State —as a whole— to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources, which endanger the health of the administered. In this task, public institution refers to both the Central Administration —Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health—, which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; who act, most of the time, through their specialized agencies in the matter. Similarly, municipalities have great responsibility in this task regarding their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, it might be thought that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public agencies with the municipalities in carrying out common purposes, by stating in Judgment No. 1999-005445 of 2:30 p.m. on July 14, 1999, that: “Coordination is the ordering of the relationships between these various independent activities, which handles that concurrence in the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. As there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain conducts on them is not possible, thereby creating the essential inter-institutional ‘concert’, in the strict sense, as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of the municipalities with other public entities can only be carried out on a level of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting the corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in its interest (through the ‘administrative supervision’ of the State, and specifically, in the function of controlling legality that corresponds to it, with general oversight powers over the entire sector.”\n\nVI.- ON THE SPECIFIC CASE.\n\nAfter analyzing the evidentiary elements provided, this Court certifies that, between the years 2019 and 2021, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados participated in a commission led by the Municipalidad de San José, in which other institutions participated (MIVAH, INVU, etc.), to address the problems presented in the Finca San Juan sector, Pavas, due to wastewater overflow. As part of the work carried out by AyA, terms of reference were delivered for the contracting of preliminary studies, design, and construction of a wastewater treatment plant. Furthermore, on June 6, 2024, the Área Rectora de Salud de Pavas received a complaint for wastewater overflow and an obstructed sewer, in alamedas 14, 15, and 16 of Finca San Juan, Pavas, against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In said complaint, it was alleged that the indicated situation caused a continuous overflow of black water and contamination. The respondent health rectorate area processed the matter, assigning it case number D 091-2024. On June 18, 2024, the defendant health rectorate area conducted a site inspection, confirming that different sewers in the alameda were overflowing. On that occasion, local residents stated that the Municipalidad de San José and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados had visited the site; however, they had not corrected the reported problem. On June 21, 2024, the respondent health rectorate area prepared technical report N°MS-DRRSCS-DARS-P-IT-0156-2024-JLC, which recommended transferring the case to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados with the objective of conducting a joint inspection visit. On June 21, 2024, the defendant health rectorate area transferred case No. D-0091-2024, through official communication N° MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024, to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. On July 9, 2024, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados responded to official communication N° MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024, through official communication N° DRyT-OMSR-2024-00497, indicating that the Finca San Juan Urbanization had been built by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; however, the project was not completed, and this meant that the sanitary sewer network was not transferred to the ICAA for its proper operation. On July 16, 2024, the defendant health rectorate area responded to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados' official communication Nº DRyT-OMSR-2024-00497 through official communication Nº MS-DRRSCS-DARS-P-0302-2024, requesting the cleaning, maintenance, and unclogging of the sewer network. On August 19, 2024, the respondent health rectorate area received official communication N° DRyT-OMSR-2024-00603 from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which stated that, since the sewer network had not been completed by the INVU and had not been transferred to the ICAA, it was improper for that institution to allocate resources for its maintenance. On August 19, 2024, the respondent health rectorate area sent official communication N° MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024 to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, requesting information related to the exposed problem. On September 4, 2024, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo provided a response to official communication N° MS-DRRSCS-DARS-P-0338-2024, via official communication N°DPH-UPH-247-2024, which textually stated: \"The properties generated by IMAS, lots, public areas, and remainder of the property, according to the master plan (designed by IMAS), were transferred to INVU in November 1995, with the purpose that INVU formalize the transfers of the lots to the potential beneficiaries of the project and transfer the public areas to the Municipalidad de San José; therefore, the transfer from IMAS to INVU was with the intention that it formalize the deeds for the land, an administrative matter, not a constructive one. As mentioned, the streets, alamedas, park zones, and urban infrastructure works were designed and built by IMAS, as recorded in plans; therefore, the management for the delivery of the plans and the pipe infrastructure management to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados should have been carried out by the aforementioned entity. The INVU, in April 2008, transferred the streets, avenues, alamedas, parks, and communal areas to the Municipalidad de San José.\" On October 11, 2024, the respondent health rectorate area sent the support request official communication N°MS-DRRSCS-DARS-P-0408-2024 to the mayor of San José via email for attention to the complaint according to his competencies. On September 30, 2024, the defendant health rectorate area received official communication N°CM-PPSD-051-2024 from Municipal Councilor Yorleny Córdoba Moya, requesting support from Mrs. Kristel Ramírez Ballesteros of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in attending to the complaint. On October 1, 2024, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, via official communication N°DRyT-OMSR-2024-00738 in response to official communication N°CM-PPSD-051-2024, indicated that the Finca San Juan network was not an asset of that institute, and therefore resources could not be allocated for its maintenance and operation. On October 23, 2024, a meeting was held between officials of the Municipalidad de San José and the Ministry of Health. Among the agreements reached, it was determined to resend the information contained in complaint No. D-091-2024 up to that point to the respondent municipality. On February 19, 2025, Sanitary Order N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 was notified to the Municipalidad de San José, ordering it to: \"Within a period not exceeding 8 calendar months from this notification, carry out the pertinent repairs to complete the corresponding sanitary sewer network in the zone of (alamedas 14, 15, and 16) located in Pavas Finca San Juan, Super Alfa, 10 meters east and 5 meters south of Calle 156 C, so that these have an adequate system for the disposal of black and gray water and so that these do not obstruct or overflow onto the public thoroughfare. Legal Basis: Articles 1, 2, 4, 7, 147 subsection c), 275, 285, 288, 289 of Law No. 5395 Ley General de Salud. Article 6 subsection e) of the Sectoral Regulation for the Regulation of Aqueduct and Sanitary Sewer Services No. 30413-MP-MINAE-S-MEIC.\" On February 26, 2025, the mayor of San José filed a motion for reversal with a subsidiary appeal against sanitary order N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, stating: \"Based on the factual and legal considerations set forth, as well as the legal norms and jurisprudence that protect the Municipalidad de San José, and the request contained in SANITARY ORDER MS- DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 issued by the ÁREA RECTORA DE SALUD DE PAVAS not being proper, we respectfully request that the motion for reversal be GRANTED, and if said motion is rejected, that the appeal be elevated in a subsidiary manner.\" On April 1, 2025, via RESOLUCION-MS-DRRSCS-0662-2025, the motion for reversal filed by the Municipalidad de San José was resolved, declaring it without merit. In turn, on May 20, 2025, the Minister of Health, via resolution N°MS-DM-YA-2202-2025, declared the appeal filed by the mayor of San José without merit. Likewise, it is established that on October 22, 2025, the Ministry of Health sent official letter CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0602- 2025 to the mayor of San José, requesting information on the compliance status of Sanitary Order N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 and the actions taken therein. On November 18, 2025, the Ministry of Health received official communications MSJ-ALCALDIA-4753-2025 and SCMRP-547-2025 from the Municipalidad de San José, which stated the following: \"Via official communication No. SCMRP-278-2025, the Service Provision Management was informed that what the Ministry of Health requested is a sanitary sewer matter; consequently, it is not the competence of this Section nor is the attention of sanitary sewerage within its functions, reason for which the resources belonging to the stormwater fee cannot be invested for such purpose, as this would result in a diversion of public funds and violates the principle of tax legality, principle of equivalence, principle of transparency, and specific purpose of fees. Furthermore, the entity in charge of administering and operating the sanitary sewerage in the Canton of San José is the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the entity responsible for developing and resolving everything related to the supply of potable water as well as the collection and evacuation of black and residual water. In addition to the above, it is important to indicate that this Section has not been assigned any type of works related to Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 in the sector called Finca San Juan.\" On December 4, 2025, the Ministry of Health notified the mayor of San José of sanitary report N°MS-DRRSCS-DARS-0690-2025, which imposed a fine of one base salary corresponding to the sum of ¢462,200.00 for non-compliance with Sanitary [Order] No. MS-DRRSCS-DARSP-OS-006-2025. Finally, it is concluded that on December 9, 2025, the Ministry of Health received at this office the appeal of sanitary report N°MS-DRRSCS-DARS-0690-2025 from the Municipalidad de San José.\n\nA. Regarding the Municipalidad de San José, it is held that said authorities have been aware of the problem under study since the year 2021 and that, despite the several years that have elapsed to date, they have not carried out clear and forceful actions aimed at solving it definitively. Note that, according to the section of proven facts of this amparo, the municipal corporation has participated in commissions together with other institutions to find a solution to the problem afflicting the Finca San Juan sector, Pavas; however, the problem of wastewater overflow still persists, without a real solution. In addition to the above, note that a sanitary order has weighed on the defendant municipal entity since February 19, 2025, without compliance with what was ordered by the Ministry of Health having been carried out to this date, given that, in the reports rendered to that ministerial portfolio to update on the actions taken in this regard, what is alleged is a lack of competence to proceed with its compliance.\n\nThus, for this Constitutional Chamber, there is no doubt that the authorities of the respondent municipality have incurred serious omissions that have contributed to the sanitary and environmental problem under study being maintained to date.\n\nB. With respect to the Ministry of Health, it is held that these authorities have been aware of the problem under study since the year 2024 and that, since then as well, they have conducted site inspections and, upon verifying the reported facts, have been processing their attention with different institutions. In this sense, it is worth noting that on June 21, 2024, the defendant health rectorate area transferred case No. D-0091-2024, via official communication N° MS-DRRSCS-DARS-P-0269-2024, to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; however, on July 9, 2024, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados responded to the communication indicating that the Finca San Juan Urbanization had been built by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; indicating that the project had not been transferred to that institution for its proper operation. Now, despite having requested said health rectorate area to clean, maintain, and unclog the sewer network, it received a refusal from the ICAA, stating that since the sewer network had not been completed by the INVU and had not been transferred to the ICAA, it was improper for that institution to allocate resources for its maintenance. It is evident that given the exposed situation, the authorities of the Ministry of Health turned to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo to obtain information about the situation of the sector known as Finca San Juan, Pavas, establishing that: \"The INVU, in April 2008, transferred the streets, avenues, alamedas, parks, and communal areas to the Municipalidad de San José.\" (sic). It is for this reason that, after several approaches to the Municipalidad de San José to find a solution to the presented problem, finally on February 19, 2025, the Ministry of Health notified Sanitary Order N°MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 to the respondent municipal corporation, which at this moment is pending compliance.\n\nAt this point, it is important to remind the authorities of the Ministry of Health that the fact of having issued the aforementioned sanitary order and having requested reports to learn about its compliance, even establishing sanctions in this regard, does not relieve or exempt it from continuing to address and provide the corresponding follow-up, through the issuance and execution of all those acts that are pertinent, in accordance with the provisions of the Ley General de Salud and its regulations. In this regard, this jurisdiction, in Voto No. 2016-6368 of 09:30 hrs. on May 13, 2016, stated the following:\n\n\"(...) V. ON THE AMPARO AGAINST THE MINISTRY OF HEALTH. ON THE MERITS: From the preceding facts, it is evident that the Ministry of Health, while having acted in a timely manner, issued sanitary orders and even filed criminal complaints, the truth is that the sanitary problem persists, as its representative indicates in the report rendered under oath. This Chamber does not observe that the Ministry has adopted extraordinary measures, such as the closure of the place, the collaboration of the Public Force for the security of the place, and even the eventual eviction of the residential building or any other effective measures. The provision of a public service such as the one in the hands of the Ministry of Health demands an efficiency and diligence perhaps beyond that necessary by other public bodies, because of the fundamental rights to health and a healthy environment, in what pertains to its competencies. This Chamber considers that what the Ministry of Health has done has been insufficient and violates the fundamental right to health and to a healthy environment of the protected party, and therefore it is proper to grant the appeal against it and order that it arrange the necessary measures, even radical ones, and adopt the pertinent decisions to eliminate the existing sanitary problem in the adjacency between the Camino de Luna Condominium, the Liberia River, and the El Río Residential, within a term of two months, from the notification of the judgment. (...)\" (The highlighted text is not part of the original).\n\nLikewise, in Judgment No. 2022-10613 of 09:40 hrs. on May 13, 2022, this Chamber stated:\n\n\"(...) IV.- ON THE SPECIFIC CASE.- After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies that a violation of fundamental rights has occurred by the respondent authorities. The foregoing, because in the report rendered by the representative of said authority - which is taken as given under oath with the consequences, even criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction - and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on August 16, 2021, the respondent received the complaint filed by the petitioner, against his neighbors for the discharge of wastewater towards his property by the denounced neighbors. On August 27, 2021, the Environmental Manager of the Área Rectora de Salud Alajuela 1 conducted a site inspection visit, in which the health authority determined the discharge of rainwater and residual water (black and gray) towards the protected party's property, causing bad odors, risk of proliferation of insects and rodents that may affect the health of the people living in the dwelling. On September 3, 2021, the respondent issued and notified sanitary order No. 0188 in which José Arístides Morera Jiménez was ordered to correct the problem encountered, and within a period of two months to dispose sanitarily and adequately of the rainwater, residual water, and black water that are not properly channeled in his property's dwelling. On November 10, 2021, the respondent conducted a verification visit of the compliance with the referred sanitary order, verifying that the rainwater and residual water continued to discharge towards the petitioner's property, thus confirming the non-compliance with what was ordered. By official communication MS-DRRSCN-DARSA1-3001-2021, the respondent remitted a complaint to the Adjacent Prosecutor's Office of Alajuela, against José Arístides Morera Jiménez for the crime of disobedience to authority, without a resolution having been issued to date. On December 9, 2021, the petitioner filed a complaint against Mr. Aiut Avalos and indicates that the respondent conducts his rainwater and residual water (gray) towards his property, for which he requested to ask the neighbor to channel those waters adequately. On January 6, 2022, the respondent conducted an inspection visit and although no one was at the respondent's property, it was verified that the rainwater and gray water are directed to the protected party's property, for which sanitary order 0030 was prepared, ordering Mr. Aiut Avalos to dispose sanitarily and adequately of the rainwater that is not channeled in his dwelling; however, it has not been possible to notify it, as the people are not found at the location.\n\nThus, this Chamber deems that while the respondent argues that he has carried out actions aimed at resolving the situation afflicting the petitioner, the truth is that despite this, he has not managed to resolve it definitively, as the mere filing of a criminal complaint for non-compliance with a sanitary order and the excuse that they have not been able to notify the other sanitary order is not sufficient for this Chamber, taking into account that there is a proven serious problem of rainwater and residual water incorrectly managed, all of which runs towards the petitioner's property, due to a lack of drainage works by the neighbors, which has caused him serious flooding and contamination problems for a long time and it is not resolved. Note that the Ministry of Health has broad powers to act in accordance with the Ley General de Salud and the corresponding Regulation, as the governing entity in charge of health surveillance and control, such as: special health measures for dwelling eviction (Article 1 subsection c of the Regulation), declaration of uninhabitability, demolition, as well as fines, since it is clear that in accordance with the Ley General de Salud Articles 39 and 286, it is the duty of every owner and person in charge of movable and immovable property to avoid nuisances and damages to health as well as sources of contamination or infection, being required to carry out drainage works and even, in case of refusal, the administration may do them at the cost of the negligent party, all while safeguarding due process. Consequently, it is proper to grant the remedy, with the consequences that will be indicated in the operative part (...)\" (The highlighted text is not part of the original).\n\nMore recently, in Voto No. 2025-583 of 09:20 hrs. on January 10, 2025, this constitutional body stated:\n\n\"(...) Regarding the Ministry of Health. While, from the rendered reports and the evidence in the record, it is accredited that the defendant authorities of the Ministry of Health - Área Rectora de Salud de Puntarenas – Chacarita - have taken steps to comply with the orders that this Court gave at the time, as seen in the proven facts of this judgment, and that, given the non-compliance with sanitary order 0112-REG-2024 by the Municipalidad de Puntarenas, on December 4, 2024, a criminal complaint was filed against the Municipalidad de Puntarenas for the alleged Crime of Disobedience to Authority before the Adjacent Prosecutor's Office of the Public Ministry in Puntarenas; however, the truth of the matter is that, for this Chamber, its duty has been insufficient, as said ministry demands observance, as well as guaranteeing the protection of the population's health and the environment (...)\" (The highlighted text is not part of the original).\n\nGiven this panorama, it is clear that the respondent authorities of the Ministry of Health have also been remiss in addressing the serious environmental situation facing the community of Finca San Juan, Pavas.\n\nC. Finally, regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it has been reported and accredited from the evidence provided, that the Finca San Juan Urbanization was initially built by the Instituto Mixto de Ayuda Social and that said project, not having been adequately completed, resulted in the failure of the transfer to the ICAA. In the report rendered to this Chamber, the ICAA clearly explained the following:\n\n\"(...) It is considered important to mention that on the site there is an unfinished sanitary sewer network, which has no treatment and is not an asset of AyA; therefore, the Institution does not provide maintenance service to said network and does not charge for the sanitary sewer service. According to the information available, this network is the property of INVU. (...)\".\n\nNow, it should be noted that while the objective reasons explained by the ICAA authorities for not assuming the problem with public funds are understandable; the truth is that, on the other hand, this state of affairs should not and cannot exempt it from collaborating with the rest of the respondent authorities in order to find a solution to the accredited environmental and health problem. Given the seriousness of the demonstrated facts, this Constitutional Court considers that the ICAA must intervene (by virtue of the clear and extensive knowledge it possesses on the matter) and execute the coordination efforts that are pertinent with both the Municipalidad de San José and the Ministry of Health to achieve, jointly, a response and address the situation under study. Although, as stated, the ICAA is not compelled to invest public funds in the solution of the problem, it can collaborate and coordinate with the rest of the cited public entities on the terms indicated. However, this last effort is notably absent in the present matter.\n\nVII.- CONCLUSION. In reiterated case law, this Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment or the right to health due to the inability of the corresponding authorities to effectively exercise the powers of vigilance and the solution to the problems granted by law. In effect, this Court considers that state activity must occur in a coordinated and effective manner, as it is not simply a matter of determining the problem and assigning responsibility to others, as has occurred in this case, nor is it for this Chamber to assign to each entity the solutions they must implement; but rather, once the matter is assessed, a comprehensive solution must be provided, for which, under the system of distribution of competencies and functions of a State, all those involved must participate, each contributing what definitively corresponds to it. In accordance with the foregoing, this Chamber determines that both the Municipalidad de San José, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Ministry of Health must coordinate a definitive solution to the sanitary problem affecting the Finca San Juan community, Pavas. Consequently, it is proper to grant the remedy.\n\nVIII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that, when the petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as cases of exception, which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Electronic Expediente Regulation before the Judiciary,\" approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nThe remedy is granted. Consequently: a) Luis Diego Miranda Méndez, in his capacity as mayor of San José, as well as Adolfo Ortiz Barboza, in his capacity as acting director of the Área Rectora de Salud de Pavas, and Nelson Cordero Rodríguez, in his capacity as acting director of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, both officials of the Ministry of Health, or whoever occupies their positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all necessary actions so that, IMMEDIATELY, from the notification of this judgment, jointly and in a coordinated manner, they arrange what is necessary to ensure that there are no effects on the health of the people living in the Finca San Juan Sector, Pavas; b) Luis Diego Miranda Méndez, in his capacity as mayor of San José, or whoever occupies that position, is ordered to issue the pertinent orders and carry out all necessary actions, so that, within a maximum period of TWELVE MONTHS counted from the notification of this judgment, the required works are carried out and completed to comply with Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025 issued by the Ministry of Health; c) Adolfo Ortiz Barboza, in his capacity as acting director of the Área Rectora de Salud de Pavas, and Nelson Cordero Rodríguez, in his capacity as acting director of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, both officials of the Ministry of Health, or whoever occupies their positions, are ordered to execute the pertinent actions within the framework of their competencies to ensure compliance with Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-006-2025, within the previously established period, so that the existing contamination problem in Finca San Juan, Pavas, is resolved definitively; and d) Alejandro González Bogantes, in his capacity as director of Recolección y Tratamiento GAM of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever occupies that position, is ordered to IMMEDIATELY execute the necessary coordination efforts together with the Ministry of Health and the Municipalidad de San José, in order to provide the support and advice necessary to definitively solve the wastewater overflow problem present in the Finca San Juan sector, Pavas, providing the necessary accompaniment to achieve that end.\n\nThe respondent authorities are warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with it or to cause it to be complied with, provided that the offense is not more severely punished. The Municipalidad de San José, the State, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that form the basis of this declaration, which shall be liquidated upon execution of the judgment of the contencioso administrativo proceeding. Magistrate Castillo Víquez sets forth a separate note. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n JBEBJJMAHEU61\n\nEXPEDIENTE N° 25-037936-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 20:01:24.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}