{ "id": "nexus-sen-1-0007-1369024", "citation": "Res. 02632-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Desestimación de amparo por obras de cuneteo en ruta nacional 239", "title_en": "Amparo denied over drainage works on National Route 239", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo presentado por un propietario en el Cantón de Mora, quien alegaba que trabajos de cuneteo realizados por el CONAVI en la Ruta Nacional 239 en 2012 redireccionaron aguas pluviales hacia la Quebrada Bajo Clara, incrementando su caudal y causando inundaciones, erosión y riesgo de colapso de viviendas. También reclamó el ingreso sin permiso de la policía municipal a su propiedad en octubre de 2025. La Sala, con base en informes técnicos del CONAVI, la Municipalidad de Mora y la CNE, determinó que no existía nexo causal entre las obras viales y los daños alegados: las cunetas descargan en puntos de desagüe natural determinados por la topografía, la erosión y saturación de suelos ocurrían en propiedad privada sin relación con la intervención nacional, y los muros de contención construidos por vecinos sin permisos ni respeto a los retiros de ley agravaban la situación. La CNE descartó exposición directa de la vivienda del amparado por erosión. En cuanto al ingreso policial, se indicó que el interesado podía acudir a las vías legales pertinentes. El magistrado Salazar Alvarado añadió nota razonada sobre su excepción en casos de inactividad administrativa que pongan en peligro derechos fundamentales.", "summary_en": "The Constitutional Chamber denied an amparo filed by a landowner in Mora Canton who alleged that drainage works (cuneteo) carried out by CONAVI on National Route 239 in 2012 redirected stormwater into the Bajo Clara stream, increasing its flow and causing flooding, erosion, and risk of housing collapse. He also complained of unauthorized entry by municipal police onto his property in October 2025. Based on technical reports from CONAVI, the Municipality of Mora, and the National Emergency Commission (CNE), the Court found no causal link between the road works and the claimed damages: the drains discharge into natural drainage points determined by topography; soil saturation and erosion occurred on private property unrelated to the national road intervention; and retaining walls built by neighbors without permits or respect for legal setbacks worsened conditions. CNE ruled out direct erosion exposure of the petitioner's dwelling. Regarding the police entry, the Court noted the petitioner could resort to appropriate legal channels. Justice Salazar Alvarado added a reasoned note on his exception for administrative inaction that endangers fundamental rights.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "23/01/2026", "year": "2026", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "water-law" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "cuneteo", "retiro de cuerpos de agua", "Art. 33 Ley Forestal", "zona de protección", "Ley de Caminos Públicos No. 5060", "nexo causal", "amparo ambiental" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 20", "law": "Ley de Caminos Públicos No. 5060" }, { "article": "Art. 33", "law": "Ley Forestal No. 7575" }, { "article": "Art. 14, 15, 25", "law": "Ley Nacional de Emergencias No. 8488" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "cuneteo", "CONAVI", "Ruta Nacional 239", "Quebrada Bajo Clara", "inundaciones", "erosión", "retiro de cuerpos de agua", "Ley de Caminos Públicos", "gestión de riesgo", "nexo causal" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "road drainage", "CONAVI", "National Route 239", "Bajo Clara stream", "flooding", "erosion", "waterway setbacks", "Public Roads Law", "risk management", "causal link" ], "excerpt_es": "Según se extrae de tales elementos, en lo que respecta a los trabajos realizados por el Conavi en 2012 en las cunetas de la Dirección10544, esa instancia rechazó cualquier vínculo entre tales trabajos y el problema denunciado por el recurrente, indicando que “Las cunetas de la RN-239 descargan en puntos de desfogue natural, determinados por la topografía…”.\n\nDe manera análoga, la Municipalidad de Mora señaló: “…las aguas están dirigidas a un cuerpo de agua identificado como tal en los archivos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y en el visor público del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) del Departamento de Aguas del MINAE; que cruzan lotes privados y un camino que no forma parte de la Red Vial Cantonal de esta Municipalidad. Lo anterior se ampara en lo estipulado por la Ley de Caminos Públicos #5060 en su artículo #20 el cual indica que 'todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos…'.”\n\nEn resumen, no se demuestra un vínculo entre las obras del Conavi y el daño alegado por el tutelado. Según se desprende de los informes rendidos y prueba aportada, las aguas discurren a causa del desnivel local y en los puntos de desfogue naturales. No se extrae peligro para las personas o cosas y, más bien, se atribuye a los vecinos la construcción de obras en las áreas de retiro y sin permisos. En ese tanto, se descarta una lesión a los derechos fundamentales del justiciable.", "excerpt_en": "Based on these elements, with respect to the works carried out by CONAVI in 2012 on the drains of [Route 239], that body rejected any link between such works and the problem reported by the petitioner, stating that “The drains of RN-239 discharge into natural drainage points, determined by the topography…”.\n\nSimilarly, the Municipality of Mora stated: “…the waters are directed to a water body identified as such in the records of the National Territorial Information System (SNIT) and in the public viewer of the National Information System for Water Resource Management (SINIGIRH) of the Water Department of MINAE; they cross private lots and a road that is not part of this Municipality's Cantonal Road Network. The foregoing is supported by Public Roads Law No. 5060, Article 20, which states that 'all holders of real estate, by whatever title, are obliged to receive and allow stormwater from the roads to flow within their properties when determined by the terrain's slope, and when their properties are adjacent to road drains, they must keep these drains clean, in perfect working condition, and free of obstructions…'.”\n\nIn summary, no link is demonstrated between CONAVI's works and the damage alleged by the petitioner. According to the reports rendered and evidence submitted, the waters flow due to the local gradient and at natural discharge points. No danger to persons or property is evident; rather, neighbors are blamed for building works in setback areas and without permits. Therefore, any violation of the fundamental rights of the petitioner is ruled out.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber denied the amparo, finding no causal link between CONAVI's drainage works and the alleged damages, and ruling out any violation of fundamental rights.", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo al no demostrarse nexo causal entre las obras de cuneteo del CONAVI y los daños alegados, y al descartarse violación a derechos fundamentales." }, "pull_quotes": [ { "context": "Informe del CONAVI", "quote_en": "The drains built by CONAVI did NOT modify, close, or alter natural watercourses.", "quote_es": "Las cunetas construidas por el CONAVI NO modificaron, ni cerraron, ni alteraron cauces naturales." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "In summary, no link is demonstrated between CONAVI's works and the damage alleged by the petitioner.", "quote_es": "En resumen, no se demuestra un vínculo entre las obras del Conavi y el daño alegado por el tutelado." }, { "context": "Artículo 20 Ley de Caminos Públicos No. 5060, citado en el informe municipal", "quote_en": "All holders of real estate, by whatever title, are obliged to receive and allow stormwater from the roads to flow within their properties when determined by the terrain's slope.", "quote_es": "Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1369024", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 02632 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 23 de Enero del 2026 a las 09:20\n\nExpediente: 25-036859-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-036859-0007-CO\n\nRes. Nº 2026002632\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitres de enero de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-036859-0007-CO, interpuesto por Nombre129538, cédula de identidad CED73711, contra la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES Y LA MUNICIPALIDAD DE MORA.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Sala el 25 de noviembre de 2025, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que los trabajos realizados por el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) en la Dirección10544 han generado un impacto ambiental y socioambiental significativo, que afecta directamente su propiedad inmueble ubicada en el Cantón de Mora. Alega que dichos trabajos, consistentes en la realización de cuneteos, han desviado las aguas pluviales hacia la Dirección10545; con lo cual se incrementó su caudal y provoca inundaciones, socavones y daños irreversibles en el entorno. Asimismo, señala que esos trabajos han comprometido la integridad de su propiedad, se ha generado un riesgo para las viviendas de los vecinos y se ha alterado el equilibrio ambiental en la zona. Relata que el 8 de diciembre de 2016, adquirió formalmente su propiedad inmueble, inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad con matrícula 487692-000, ubicada en Guayabo, Cantón Mora, Provincia de San José. La finca linda al norte con una calle pública, y sus límites sur y oeste están delimitados por quebradas: la Emilda Mesén y la Caridad Bustamante, con una superficie de 661.18 m², sujeta al plano SJ-5230-98. Pero en el año 2012, el CONAVI realizó trabajos de cuneteo en la Dirección10544, específicamente a la altura de Bajo Claras. Dichos trabajos consistieron en construir cunetas que desembocan directamente en la Quebrada Bajo Clara. Como consecuencia de estas obras, las aguas recolectadas durante las lluvias fueron canalizadas hacia esa quebrada, lo que incrementó significativamente su caudal y profundidad. Este aumento ha generado graves problemas ambientales y sociales, entre ellos la erosión de sus orillas, el arrastre de la alcantarilla ubicada en Dirección10546 (ubicada a la entrada de la propiedad del recurrente). Narra que, a mediados de 2013, la señora Yenni Salazar Badilla, presidenta de la Asociación de Desarrollo de La Fila de Mora, elevó la preocupación de los vecinos ante la Municipalidad de Mora. En respuesta, funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental de esa municipalidad se trasladaron a la zona afectada y constataron la problemática. El 19 de marzo de 2013, el Inspector Alexander Jiménez Montero emitió el informe SI-2013-1246, en el que se detallaron las siguientes irregularidades detectadas: Las cunetas construidas por el CONAVI carecían de obras mitigadoras de la gran corriente de agua y se cerró una salida de agua que hacía un corte a 243 metros, el cual brindaba la función de repartir el caudal y “entregar un punto más plano”. Con base en estos hallazgos, se concluyó que era necesario dirigir un oficio al CONAVI para expresar la inconformidad y solicitar la intervención inmediata, para solucionar los defectos antes del inicio de la temporada lluviosa. Entonces, el 22 de marzo de 2013, mediante la gestión UTGV-012-AJM-2013, el Ingeniero Alonso Mora Arroyo, director de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Mora, remitió un informe al Ingeniero Cristian Vargas Calvo, director de Conservación Vial del CONAVI. En ese oficio, se reiteró la preocupación por la falta de obras mitigadoras y el cierre de una importante salida de agua, que habían generado graves consecuencias ambientales. Señala que, a pesar de las gestiones realizadas en 2013, más de tres años después, en mayo de 2016, la Asociación de Desarrollo de La Fila de Mora volvió a solicitar ayuda a la Municipalidad de Mora. En su misiva, se evidenció que ni la Municipalidad ni el CONAVI habían adoptado medidas concretas para resolver el daño ambiental causado por las obras del CONAVI que es irreversible, porque el aumento del caudal de la Quebrada Bajo Clara ha generado: Un incremento en la velocidad y cantidad de agua, la erosión de las orillas y la profundidad de la quebrada. El recurrente, preocupado por la seguridad de su propiedad y la integridad ambiental, construyó gaviones para mitigar el impacto; sin embargo, esos gaviones han resultado insuficientes y se han socavado debido a la presión del agua y la tierra. El colapso de estos elementos ha generado un bloqueo parcial del curso de la quebrada; con lo cual, se han exacerbado los problemas ambientales. Explica que, a pesar de este esfuerzo particular, el daño se continuó agravando. Las lluvias intensas han saturado los suelos, han generado deslizamientos de tierra y el desplazamiento de la ladera oeste de la quebrada pone a las viviendas en peligro de colapso de viviendas que literalmente penden de la ladera, sin que hayan intervenido ni el Ministerio de Salud, ni la Comisión Nacional de Emergencias. Expone que el 24 de octubre de 2025, funcionarios de la Policía Municipal de Mora se introdujeron en la propiedad del recurrente sin su autorización previa; aunque inicialmente se pensó que esta acción podría estar relacionada con la resolución de la problemática ambiental, el recurrente no ha recibido ningún informe o justificación acerca de dicha intervención. Solicita se ordene a las autoridades recurridas brindar una solución responsable a los problemas surgidos a raíz del cuneteo realizado en la ruta nacional 239, que se brinde un informe relativo al daño ambiental producido, que la Comisión Nacional de Emergencias valore el riesgo de desplazamiento de la ladera oeste de la quebrada Bajo Clara y el riesgo inminente de desplome de las viviendas ubicadas sobre esa ladera, las cuales deben declararse inhabitables.\n\n2.- Por resolución de las 21:58 horas del 3 de diciembre de 2025 se dio curso al amparo.\n\n3.- Informa bajo juramento Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), lo siguiente: “I. HECHOS ESBOZADOS POR LA PARTE RECURRENTE (en resumen); PRIMERO: Que los trabajos realizados por el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) en la Ruta Nacional 239 han generado un impacto ambiental y socioambiental significativo, que afecta directamente su propiedad inmueble ubicada en el Cantón de Mora. Alega que dichos trabajos, consistentes en la realización de cuneteos, han desviado las aguas pluviales hacia la Quebrada Bajo Clara; con lo cual se incrementó su caudal y provoca inundaciones, socavones y daños irreversibles en el entorno. HECHO PRIMERO: Son actuaciones efectuadas por otra institución, no le constan a mi representada. SEGUNDO: Asimismo, señala que esos trabajos han comprometido la integridad de su propiedad, se ha generado un riesgo para las viviendas de los vecinos y se ha alterado el equilibrio ambiental en la zona. HECHO SEGUNDO: Son actuaciones efectuadas por otra institución, no le constan a mi representada. TERCERO: Relata que el 8 de diciembre de 2016, adquirió formalmente su propiedad inmueble, inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad con matrícula 487.692-000, ubicada en Guayabo, Cantón Mora, Provincia de San José. La finca linda al norte con una calle pública, y sus límites sur y oeste están delimitados por quebradas: la Emilda Mesén y la Caridad Bustamante, con una superficie de 661.18 m², sujeta al plano SJ-5230-98. Pero en el año 2012, el CONAVI realizó trabajos de cuneteo en la Dirección10544, específicamente a la altura de Bajo Claras. HECHO TERCERO: No le constan a mi representada. CUARTO: Dichos trabajos consistieron en construir cunetas que desembocan directamente en la Quebrada Bajo Clara. Como consecuencia de estas obras, las aguas recolectadas durante las lluvias fueron canalizadas hacia esa quebrada, lo que incrementó significativamente su caudal y profundidad. Este aumento ha generado graves problemas ambientales y sociales, entre ellos la erosión de sus orillas, el arrastre de la alcantarilla ubicada en Dirección10546 (ubicada a la entrada de la propiedad del recurrente). HECHO CUARTO: Son actuaciones efectuadas por otra institución, no le constan a mi representada. QUINTO: Narra que, a mediados de 2013, la señora Yenni Salazar Badilla, presidenta de la Asociación de Desarrollo de La Fila de Mora, elevó la preocupación de los vecinos ante la Municipalidad de Mora. HECHO QUINTO: No le consta a mi representada. SEXTO: En respuesta, funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental de esa municipalidad se trasladaron a la zona afectada y constataron la problemática. El 19 de marzo de 2013, el Inspector Alexander Jiménez Montero emitió el informe SI-2013-1246, en el que se detallaron las siguientes irregularidades detectadas: Las cunetas construidas por el CONAVI carecían de obras mitigadoras de la gran corriente de agua y se cerró una salida de agua que hacía un corte a 243 metros, el cual brindaba la función de repartir el caudal y “entregar un punto más plano”. Con base en estos hallazgos, se concluyó que era necesario dirigir un oficio al CONAVI para expresar la inconformidad y solicitar la intervención inmediata, para solucionar los defectos antes del inicio de la temporada lluviosa. Entonces, el 22 de marzo de 2013, mediante la gestión UTGV-012-AJM-2013, el Ingeniero Alonso Mora Arroyo, director de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Mora, remitió un informe al Ingeniero Cristian Vargas Calvo, director de Conservación Vial del CONAVI. HECHO SEXTO: Son actuaciones efectuadas por otra institución, no le constan a mi representada. SETIMO: En ese oficio, se reiteró la preocupación por la falta de obras mitigadoras y el cierre de una importante salida de agua, que habían generado graves consecuencias ambientales. Señala que, a pesar de las gestiones realizadas en 2013, más de tres años después, en mayo de 2016, la Asociación de Desarrollo de La Fila de Mora volvió a solicitar ayuda a la Municipalidad de Mora. En su misiva, se evidenció que ni la Municipalidad ni el CONAVI habían adoptado medidas concretas para resolver el daño ambiental causado por las obras del CONAVI que es irreversible, porque el aumento del caudal de la Dirección10545 ha generado: Un incremento en la velocidad y cantidad de agua, la erosión de las orillas y la profundidad de la quebrada. El recurrente, preocupado por la seguridad de su propiedad y la integridad ambiental, construyó gaviones para mitigar el impacto; sin embargo, esos gaviones han resultado insuficientes y se han socavado debido a la presión del agua y la tierra. HECHO SÉTIMO: Son actuaciones efectuadas por otra institución, no le constan a mi representada. OCTAVO: El colapso de estos elementos ha generado un bloqueo parcial del curso de la quebrada; con lo cual, se han exacerbado los problemas ambientales. Explica que, a pesar de este esfuerzo particular, el daño se continuó agravando. Las lluvias intensas han saturado los suelos, han generado deslizamientos de tierra y el desplazamiento de la ladera oeste de la quebrada pone a las viviendas en peligro de colapso de viviendas que literalmente penden de la ladera, sin que hayan intervenido ni el Ministerio de Salud, ni la Comisión Nacional de Emergencias. HECHO OCTAVO: Son actuaciones de otras instituciones, que no se encuentran dentro de las competencias ordinarias o extraordinarios, de mi representada. NOVENO: Expone que el 24 de octubre de 2025, funcionarios de la Policía Municipal de Mora se introdujeron en la propiedad del recurrente sin su autorización previa; aunque inicialmente se pensó que esta acción podría estar relacionada con la resolución de la problemática ambiental, el recurrente no ha recibido ningún informe o justificación acerca de dicha intervención. Solicita se ordene a las autoridades recurridas brindar una solución responsable a los problemas surgidos a raíz del cuneteo realizado en la Dirección10544, que se brinde un informe relativo al daño ambiental producido, que la Comisión Nacional de Emergencias valore el riesgo de desplazamiento de la ladera oeste de la quebrada Bajo Clara y el riesgo inminente de desplome de las viviendas ubicadas sobre esa ladera, las cuales deben declararse inhabitables. HECHO NOVENO: Son actuaciones realizadas por autoridades municipales, no por esta Comisión. En cuanto a la solicitud de informe por parte de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, el mismo se remite en conjunto con este Oficio (véase Oficio CNE-UIAR-INF1738-2025) II. GESTIÓN DEL RIESGO EN COSTA RICA. Según la Ley № 8488, artículo 4 se entiende a la gestión de riesgo como un “proceso mediante el cual se revierten positivamente las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.” En el mismo sentido la gestión del riesgo se define como un “proceso continuo de análisis, planificación de la toma de decisiones y ejecución de acciones para identificar, prevenir y reducir las posibilidades de que un evento potencialmente destructivo (amenaza) cause daño o perturbación grave en la vida de las personas, el tejido socioeconómico, los medios de subsistencia y los ecosistemas de los territorios, así como establecer las herramientas para responder de forma adecuada, en caso de que de todas formas se materialice un impacto, con el objetivo de permitir una recuperación eficiente, sin reconstruir la vulnerabilidad, después de un desastre”. La gestión de riesgo presenta ámbitos distintos de intervención: desde lo nacional, regional y sectorial hasta lo local, comunitario y familiar. Además, requiere la existencia y el funcionamiento de sistemas y estructuras organizacionales e institucionales que representan esos ámbitos y que reúnan, bajo modalidades de coordinación establecidas, sus papeles diferenciados acordados, sus instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e intereses que participan en la construcción del riesgo y en su reducción, previsión y control, deben ser definidas adecuadamente. La gestión de este riesgo es la base principal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo entendido este como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil organizada. Su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de la política pública que permiten tanto al Estado Costarricense como a los distintos sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo. De la anterior definición se deduce, 1- Que el riesgo es transversal al quehacer de todas las actividades tanto públicas como privadas, 2- Que la gestión de éste debe ser una política pública del Estado Costarricense, 3- Que esta política queda plasmada en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo; documento elaborado por Comisión, acto que materializa esa política pública y debe ser consultado de forma obligatoria por los órganos y entes del Estado responsables de las tareas de planificación, quienes a la hora de elaborar los respectivos planes tomarán en cuenta las orientaciones señaladas en dicho Plan. De igual forma al elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, se deberá considerar el componente de prevención y mitigación del riesgo, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley No. 8488. Como puede extraerse de lo hasta aquí expuesto, la Comisión cumple con una función rectora en prevención de riesgos y una función coordinadora cuando de atender emergencias se trate, o, dicho de otra forma, la Comisión por principio de legalidad, le corresponde dirigir, orientar, encaminar la prevención del riesgo en Costa Rica y ser la coordinadora de las instituciones estatales cuando de emergencias se trate. III. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COSTARRICENSE EN LA PREVENCIÓN DE DESASTRES. La Ley № 8488 también concibe la gestión del riesgo como “…un eje transversal de la labor del Estado costarricense; articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases. Toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control” (Artículo № 5, Ley № 8488). Con base en lo dispuesto en los artículos 3, 8, 25 y 26 de la misma ley, todas las instituciones del Estado, incluyendo principalmente a las Municipalidades, tienen el imperativo mandato de prevenir los desastres y, en particular, son los gobiernos locales quienes deben incorporar la prevención como componente de los proyectos de desarrollo urbano, considerando en sus programas los conceptos de riesgo y desastre incluyendo las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que tienda a reducirlos. Del mismo modo, todas las instituciones públicas deben coordinar con la CNE sus programas y actividades de prevención, considerándolos como un proceso de política pública que deberá operar en forma permanente y sostenida, con el enfoque sistémico y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Disponiéndose adicionalmente en el artículo 27, la obligación de que, en los presupuestos de cada institución pública, se incluya la asignación de recursos para el control del riesgo de los desastres, considerando la prevención como un concepto afín con las prácticas de desarrollo que se promueven y realizan. La importancia de la corresponsabilidad y compromiso local de la gestión del riesgo por parte de las municipalidades radica en que las emergencias y posibles desastres se pueden materializar en sus territorios, por lo que su reacción y sobre todo la prevención deben ser propias de su quehacer cotidiano. Aún los desastres “grandes” que afectan el territorio nacional, son en realidad la suma de amenazas y vulnerabilidades que ocurren de manera simultánea, localizada y altamente dinámica, en el territorio municipal, producto de la concatenación de las relaciones físicas, sociales, económicas y políticas. IV. EMERGENCIAS NO DECLARADAS O DE PRIMER IMPACTO. Cabe indicar que la Ley N°8488 como parte de las competencias extraordinarias faculta a la CNE de atender las emergencias locales y menores mediante la figura de los “Primeros Impactos” dado que el artículo 15 en su párrafo final indica: “(…) Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren y la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de un servicio humanitario de primer impacto, consistente en la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de cien horas máquina para la limpieza del área más afectada de la zona.(El subrayado no es del original) Ahora bien, el párrafo final del artículo 15 se refiere a un servicio humanitario de primer impacto. La Ley utiliza el término “primer impacto” para referirse a la primera fase de atención de una emergencia declarada. En efecto, el artículo 30 de la Ley, que divide dicha atención en la fase de respuesta, de rehabilitación y finalmente de reconstrucción, establece que la fase de respuesta es inmediata a la ocurrencia del suceso. Fase que incluye medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, propiedad y ambiente. Pero también obras de mitigación dirigidas a proteger a la población, la infraestructura y el ambiente. El artículo 4 define respuesta como las acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia; procuran el control de una situación, para salvaguardar obras y vidas, evitar daños mayores, y estabilizar el área de la región impactada directamente por la emergencia. En este sentido, sin que medie una declaratoria de emergencia, la Comisión podrá atender las emergencias locales y menores, para lo cual se permite la contratación de un máximo de 100 horas máquina para la limpieza del área afectada. Asimismo, el artículo 30 inciso a) de la misma ley establece que en la Fase de respuesta, la cual es una fase operativa inmediata a la ocurrencia del suceso, se incluyen las medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios mediante acciones de alerta, alarma, evacuación y reubicación, entre otras. La Procuraduría General de la Republica mediante Dictamen C-030-2016 del 15 de febrero de 2016, respecto a los primeros impactos indicó: “Como se indicó, la atención de las emergencias locales o menores corresponde a la Comisión. Empero, al estarse ante acciones calificadas de primer impacto, cabe considerar que la Comisión no actúa sola. Entre las instancias de coordinación creadas por el artículo 10 de la Ley, encontramos el Centro de Operaciones de Emergencia, órgano de la Comisión, que reúne las instituciones públicas, gubernamentales o no, “que trabajan en la fase de primera respuesta y rehabilitación a la emergencia”. Es este órgano el que prepara y ejecuta las labores de primera respuesta ante situaciones de emergencia. Tomando en cuenta los órganos de coordinación dispuestos por la Ley, puede afirmarse que la emergencia local o menor involucra a todos los organismos con competencia respecto de los daños provocados. Se debe tomar en cuenta que para la atención de esas emergencias menores, la Ley permite a la Comisión trasladar a comités regionales, municipales y comunales en custodia y administración suministros y equipos de “primera respuesta”, para ser utilizados en la atención de la población afectada, artículo 52. Ergo, los citados comités participan en la atención de las citadas emergencias menores y locales, en su caso, con los bienes trasladados por la CNE”. V. EMERGENCIAS DECARADAS BAJO DECRETO EJECUTIVO. En lo que respecta al Régimen de Excepción, este surge a partir de una Declaratoria de Estado de Emergencia, la cual es realizada por el Poder Ejecutivo, según lo dispone el artículo 29 de la Ley N°8488. La Declaración de Emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden para, para atender a las personas, los bienes y servicios afectados o en peligro (art. 31 Ley N°8488); según sea la necesidad en las distintas etapas de la emergencia según lo establece el artículo 30 de la citada ley. Para utilizar el régimen de excepción deberá existir INEQUÍVOCAMENTE el nexo de causalidad entre el suceso que provoca el estado de necesidad y urgencia y los daños efectivamente provocados. En este sentido, la Sala Constitucional en el Voto número 3410-92 reiterado en el Voto número 1369-2001 de las catorce horas treinta minutos del catorce de febrero del dos mil uno, indicó: “se exige la existencia de un nexo de causalidad para la intervención de la CNE entre el evento ocurrido y la inversión que se realiza, debidamente respaldado por un decreto de emergencia dictado por el Poder Ejecutivo y un Plan General de Emergencias, entendido como una definición de funciones y de responsabilidades y procedimientos generales de reacción y de alertas institucionales […]” Una vez declarado un Estado de Emergencia, la atención de la emergencia se ejecuta mediante tres fases según lo estable el artículo 30 de la citada, las cuales consisten en una fase de respuesta dirigida a aplicar medidas urgentes para la vida, la infraestructura de servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios vitales; por otra parte, tenemos la fase de rehabilitación que refiere a la estabilización de la región afectada, mediante acciones orientadas a la rehabilitación temporal de los servicios vitales de agua, transporte, telecomunicaciones, salud, comercio, electricidad, entre otros, y por último tenemos la fase de reconstrucción destinada a reponer el funcionamiento normal de los servicios públicos afectados; incluye la reconstrucción y reposición de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso suelo de la tierra orientada a evitar daños posteriores. Cuando el Poder Ejecutivo haya emitido el decreto que declara el estado de emergencia, de inmediato la Comisión, por medio de su Dirección Ejecutiva y en consulta con su Presidencia, convocará a las Instituciones que tengan competencia y cualquier otra que considere necesaria por estar dentro del área de afectación de la emergencia, para la elaboración del Plan General de la Emergencia, instrumento que permitirá planificar y canalizar en forma racional, eficiente y sistemática, las acciones que deban realizarse, la supervisión necesaria y la asignación de los recursos que se requieren. Con este propósito dentro de un plazo máximo de dos meses, las instituciones convocadas deberán entregar un reporte oficial de los daños que sufrió el área de su competencia, con una estimación de los costos y las necesidades que deban cubrirse. Debe existir, en forma inequívoca, una relación de causa- efecto en este reporte de daños. Con los reportes presentados y la demás documentación que la Comisión acredite, se elaborará el Plan General de la Emergencia. El Plan General de la Emergencia es el instrumento de planificación que establece el efecto de causalidad entre el evento ocurrido, las acciones y la inversión que se realiza para enfrentar la emergencia. Consta de una descripción del evento causal, la evaluación de los daños y la estimación de las pérdidas generadas, desglosados por cantón y sector; igualmente, incluye la delimitación de las acciones que debe realizar cada institución, incluso las propias de la Comisión; así como un detalle del monto de la inversión que se requiere hacer en cada una de las fases de la atención de la emergencia, desde la fase de respuesta, hasta la reconstrucción de la zona afectada. Igualmente deben indicarse las medidas de acción inmediata, las necesidades de recursos humanos y materiales para enfrentar el evento, las medidas de acción mediata, como las referentes a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, la erradicación y la prevención de las situaciones de riesgo que provocaron la situación de emergencia. Todas las instituciones están obligadas por esta Ley a contribuir en lo necesario, con información y apoyo técnico para la elaboración del Plan General de la Emergencia. La redacción de este Plan como las responsabilidades referidas a la ejecución posterior tendrán prioridad por encima de las labores ordinarias de cada institución particular, en tanto esté vigente el estado de emergencia. Para ejecutar las acciones, las obras y los contratos, la Comisión nombrará como Unidades Ejecutoras a las instituciones públicas con competencia en el área donde se desarrollen las acciones, siempre que éstas cuenten con una estructura suficiente para atender los compromisos; tanto la Comisión como las unidades ejecutoras quedaran obligadas a la elaboración de los planes de inversión, donde se detallen, en forma pormenorizada, las acciones, las obras y los recursos financieros que emplearán para atender lo que les sea asignado y que deberán ser aprobados por la Junta Directiva de la Comisión. El nombramiento de Unidades Ejecutoras permite la asignación de recursos de la emergencia lo que implica el uso y manejo de los recursos conforme los procedimientos correspondientes. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley dispone que la contratación de los bienes y servicios financiados con recursos del Fondo para la atención de emergencias declaradas se regirá por los principios de la Ley de la Contratación Administrativa, las disposiciones del Reglamento Interno de la Proveeduría institucional y disposiciones específicas que sean emitidas para esa contratación. La Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica N° 044 - J del 20 de julio del 2012 se refirió al tema señalando: “(…) Si bien en el Plan General deben constar todas las acciones que se deben realizar para dar respuesta a la emergencia, en sus distintas fases, los organismos que serán responsables de esas acciones y la inversión general que requerirá la emergencia en sus distintas fases, lo cierto es que a partir de que se nombra a un organismo como unidad ejecutor, este deviene obligado a elaborar un plan de inversión, que describa las acciones, las obras y los recursos financieros que empleará para atender las labores que le corresponden. Es decir, un plan de acción de sus obligaciones respecto de la emergencia, tal como esas obligaciones resultan del Plan General. Ese plan de inversión no puede circunscribirse a mencionar los grandes ejes de acción, ya que la ley no solo señala que debe contener una descripción detallada, sino que agrega que esta es pormenorizada; lo que obliga a considerar que las acciones deben ser descritas en sus diversos elementos a efecto de precisar cómo se dará respuestas a las necesidades provocadas. Se deriva de lo anterior que el plan de inversión es consecuencia del Plan General. Por consiguiente, debe contemplar las acciones previstas en el Plan General y guardar el nexo de causalidad correspondiente entre la emergencia y las acciones que se financiarán con ese nuevo plan (…)” (El subrayado no es del original). VI. POTESTADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS MEDIANTE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento, y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad, y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Este deber insoslayable ha sido ampliado en diversos criterios de la Procuraduría General de la República, entre ellos, el C-093-2007 del 27 de marzo de 2007, el C-020-2009 del 29 de enero de 2009, el C-118-2009 del 4 de mayo de 2009, el C-155-2009 del 01 de junio de 2009, el C-091-2010 del 03 de mayo de 2010, y varios más en la misma tesitura. La Sala Constitucional ha ratificado esta responsabilidad, en resoluciones como las número 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002- 07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 y 2005- 07516, entre muchas otras. Al respecto, ha señalado el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, citado en Dictamen C-032-98 del 25 de febrero de 1998, de la Procuraduría General de la República: \"La competencia municipal para dictar los planes urbanísticos proviene de la ley, puesto que cubre materia constitucionalmente reservada a ésta, pero tiene también fundamento constitucional, puesto que es materia local. Esto quiere decir que la ley no puede hacer la delegación sino en el Municipio y que sería inconstitucional, por violatoria de la autonomía municipal la ley que hiciera lo contrario y habilitara, por ejemplo, al Poder Ejecutivo.\" Adicionalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ha emitido sentencias concordantes con la posición de la Procuraduría General, como la resolución N°128- 2008 de las 10:30 minutos del 7 de marzo de 2008, la N°209-2011, de las 14:30 del 16 de junio del 2011, y la N°124-2011, de las 09:50 minutos del 15 de abril del 2012, entre muchas otras, recalcando la absoluta responsabilidad de los gobiernos locales en cuanto al ordenamiento territorial. El Acuerdo N°0443 del 30 de noviembre del 2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No.10-11, celebrada el día miércoles 09 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta N°230 del 30 de noviembre del 2011 denominado: “Recomienda a los alcaldes y alcaldesas que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas” que textualmente concluye indicando: a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas del país: i. Que conforme a los deberes y atribuciones que la Constitución Política en sus artículos 50 y 169, el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal, y normativa conexa, la Ley General de Salud y la amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en ellas, y a vigilar que no vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la secuencia procedimental citada en el Considerando IV, que se extrae de la resolución Nº 12485- 2010 de la Sala Constitucional. ii. Que por el carácter vinculante que la Sala Constitucional les confiere, implementen de inmediato las recomendaciones que los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas les han brindado reiteradamente a lo largo de muchos años y que son de su conocimiento, sobre acciones concretas y oportunas para salvaguardar la vida humana en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente. Quedarán a disposición de las municipalidades en las oficinas de la CNE, los estudios y recomendaciones técnicas que se han girado históricamente en cada caso. Las Auditorías Internas y los Concejos Municipales deberán velar por el acatamiento de estas disposiciones. La desobediencia será considerada incumplimiento de deberes, y deberá ser elevada por las Auditorías Internas al conocimiento de la autoridad correspondiente. (…) d. Comunicar formalmente este Acuerdo a todos los Alcaldes y Alcaldesas, y a la Defensoría de los Habitantes. e. Publicar este Acuerdo y el mapa síntesis de amenazas naturales del país (disponible en la página Web, www.cne.go.cr) en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. (El subrayado no es del original) En este punto, es necesario recordar que en virtud de que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad, como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. VII. SOBRE EL CASO EN CONCRETO. De las competencias ordinarias de la CNE, según la Ley N°8488 se encuentra la obligación de; “… Artículo 14.-Competencias ordinarias de prevención de la comisión. La Comisión será la entidad rectora en lo que se refiera a la prevención de riesgos y a los preparativos para atender situaciones de emergencia. Deberá cumplir las siguientes competencias: a) Articular y coordinar la política nacional referente a la prevención de los riesgos y a los preparativos para atender las situaciones de emergencia. Asimismo, deberá promover, organizar, dirigir y coordinar, según corresponda, las asignaciones requeridas para la articular el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de sus componentes e instrumentos. Esta gestión la realizará en consulta permanente con los órganos y entes integrados al proceso. b) Realizar la promoción temática, por medio de programas permanentes de educación y divulgación. c) Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del Estado, el sector privado y la población en general. Los funcionarios de los órganos y entes competentes para ejecutar o implementar tales resoluciones vinculantes, en ningún caso, podrán desaplicarlas. A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen o usen indebidamente zonas restringidas mediante estas resoluciones vinculantes, se les aplicará la obligación de derribar o eliminar la obra, conforme al artículo 36 de esta Ley. d) Ejercer control sobre la función reguladora realizada por las instituciones del Estado para controlar los procesos generadores de riesgo, según sus áreas de competencia, a partir de la facultad de la Comisión de emitir resoluciones vinculantes sobre condiciones de riesgo y atención de emergencias. e) Ejercer una función permanente de control, para que los órganos y entes del Estado incluyan criterios de gestión del riesgo, en la planificación y ejecución de los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país. f) Promover y apoyar estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus fines, así como la elaboración de proyectos que impulsen sistemas físicos, técnicos y educativos orientados a la prevención y mitigación de desastres, y a los preparativos para enfrentarlos. g) Promover y fomentar la vigilancia y el manejo de situaciones de riesgo, mediante el estudio o la implantación de medidas de observación, vigilancia y alerta, que permitan prever, reducir y evitar el impacto y daños de los posibles sucesos de desastre. Además, en caso necesario, coordinar la vigilancia y el manejo de tales situaciones. h) Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de la información sobre las condiciones de riesgo que los afecta, como es el caso de la orientación para una política efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial. La asesoría deberá contribuir a la elaboración de los planes reguladores, la adopción de medidas de control y el fomento de la organización, tendientes a reducir la vulnerabilidad de las personas, considerando que, en el ámbito municipal, recae en primera instancia la responsabilidad de enfrentar esta problemática. i) Establecer y coordinar una instancia multi-institucional permanente de planificación, coordinación y dirección de las operaciones de emergencia. j) Establecer y mantener relaciones con entidades, nacionales e internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la institución; suscribir, con dichas entidades, acuerdos, convenios o contratos de intercambio y cooperación que se estimen convenientes. k) Fomentar la creación y el fortalecimiento de capacidades regionales, municipales y locales para el manejo de situaciones de emergencia. En caso necesario, incluye la participación en acciones de alerta, alarma, movilización y atención de la población. l) Realizar la gestión de la ayuda internacional, de agencias y países, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para los programas de prevención y la atención de emergencias. m) Coordinar la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecer a otras naciones que hayan declarado emergencia en sus territorios, cuando lo acuerden el presidente de la Republica y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Dicha cooperación estará constituida por recursos humanos, asesoramiento técnico o donaciones de bienes y servicios, según lo permitan las posibilidades del país…” (Lo resaltado no es del original) Del mismo modo, tiene definidas sus competencias extraordinarias, en el artículo 15 que textualmente indica; “Artículo 15.-Competencias extraordinarias de la comisión. Declarado el estado de emergencia establecido en el artículo 29 de esta Ley corresponderá a la Comisión planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y rehabilitación. Para ello, deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes acciones: a) La coordinación, la dirección y el control de la atención de las emergencias declaradas así por el Poder Ejecutivo, se realizarán según las fases definidas en el artículo 30 de esta Ley; para ello la Comisión, por medio de la Dirección Ejecutiva, deberá elaborar el Plan General de la Emergencia, según los términos referidos en el Capítulo VI de esta Ley. b) Debe coordinar la evaluación de los daños, para lo cual las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada del Estado, los Gobiernos Locales y las empresas estatales serán responsables de evaluar los daños y coordinar su realización con la Comisión. c) Planificar, coordinar, organizar y supervisar la ejecución de acciones de salvamento de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. d) Coordinar las investigaciones científicas y técnicas necesarias para el Plan, así como los programas de recuperación física y económica, y darles el seguimiento necesario. e) Nombrar como unidades ejecutoras, a las instituciones públicas que tengan bajo su ámbito de competencia, la ejecución de las obras definidas en el Plan General de la Emergencia y supervisar su realización. f) Contratar al personal especial que requiera por periodos determinados y conforme a la declaración de emergencia. Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de trescientas horas máquina para la limpieza y atención prioritaria. Lo dispuesto en el presente párrafo aplica para cada uno de los casos de emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren o la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de una atención extraordinaria…” El artículo 25 de la ley 8488, indica que es responsabilidad del Estado costarricense prevenir los desastres; por ello, todas las instituciones estarán obligadas a considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre e incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que atienda a reducirlos. Asimismo, debe tenerse presente el Acuerdo N°0443 del 30 de noviembre del 2011, de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No.10-11, celebrada el día miércoles 09 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta N°230 del 30 de noviembre del 2011, se “Recomienda a los alcaldes y alcaldesas, que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas”. En este punto, es necesario recordar que en virtud de que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad (…), como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. En otro orden de ideas, dentro del presupuesto y como parte de las potestades de los gobiernos locales en la prevención del riesgo, tenemos que de conformidad con la ley N° 9907, del veintisiete de octubre del año dos mil veinte, se adicionó a la Ley 8488 el artículo 46 bis, dedicado a la aplicación del tres por ciento que antes debía girarse a la Comisión por parte del régimen municipal. Es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. En otro orden de ideas, mediante Oficio N° CNE-UIAR-INF-1738-2025, de diciembre del 2025, la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, de la CNE, procedió a brindar informe técnico, respecto a lo alegado por el recurrente. En lo que interesa se expresa lo siguiente (se respeta redacción y ortografía del original); “… IV. Conclusiones 1. Existencia en ambas márgenes dos tipos de obras de protección, margen derecha gaviones que en una de sus secciones esta fallando y la otra la colocación de llantas en la margen izquierda que también esta desacoplado, ambas dentro de la zona de protección. 2. La propiedad con plano de catastro SJ-0502320-1998, Dirección10547, ubicado en el distrito de Guayabo, Dirección10548, Dirección10549, Dirección10546, evidencia una colocación de llantas paralelo a la propiedad posiblemente efectuadas para la protección de la erosión. 3. La construcción o vivienda directamente (SJ-0502320-1998, Dirección10547), no está expuesta directamente por efectos de erosión debido a las condiciones indicadas en el punto 2. 4. La obra de contención “gavión” efectuada para la protección de la erosión de la margen derecha al inicio presenta un fallo estructural. 5. Las viviendas localizadas al costado oeste en el área de pendiente, margen derecha hasta la fecha no evidencian problemas asociados a inestabilidad de laderas. 6. Las viviendas localizadas al costado oeste son habitables hasta la fecha V. Recomendaciones 1. Construir en ambas márgenes obras de mitigación técnicamente bien diseñadas, por parte de los propietarios acorde con las disposiciones legales para estos casos. 2. Con respecto a las condiciones de la quebrada desde el punto de vista hidrológico o descargas de las aguas, corresponde a otros entes determinar y analizar las medidas a optar en el área con la finalidad de prevenir mayores afectaciones en las partes bajas…” Finalmente, la Unidad de Procesos de Reconstrucción, de la CNE, remite Oficio CNEUGPR-OF-3891-2025, del 08 de diciembre del año 2025, el cual en lo que interesa se expresa lo siguiente (se respeta redacción y ortografía del original); “…De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informarle lo siguiente: 1. Que los trabajos realizados por el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) sobre la Dirección10544, corresponden a mantenimiento ordinario que debe de realizar esta Institución dentro del marco de sus competencias. 2. Esta Unidad no tiene ningún reporte que la Municipalidad, CONAVI, u alguna otra Institución haya realizado ante la CNE la solicitud de Emergencia Local no declarada durante el año en curso, para atender afectaciones en la zona, específicamente en la Dirección10545…” (Lo resaltado no es deloriginal) En conclusión, la CNE, ha realizado una labor proactiva dentro de nuestro marco de legalidad y de acuerdo con los dimensionamientos de la Honorable Sala Constitucional, en cuanto a brindar respuesta pronta y cumplida a los recurrentes y de realizar las recomendaciones dentro del área de nuestras competencias a otras instituciones del Gobierno y de forma directa a la Corporación Municipal. Es decir, no se acredita de ninguna forma violación alguna a las tutelas fundamentales alegadas por el recurrente”.\n\n 4.- Informa bajo juramento Ariuna Cabal Lombodorzh, en su condición de alcaldesa a.i. de Mora, lo siguiente: “II. DE LO INFORMADO POR LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES COMPETENTES EN RELACIÓN CON LOS HECHOS DENUNCIADOS POR EL RECURRENTE: PRIMERO: Mediante informe N° UTGV-0785-2025 de fecha 05 de diciembre de 2025, suscrito por Pablo Herrera Zúñiga, Geólogo de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Mora, se ha informado lo siguiente: “(…) En atención a su solicitud para responder recurso de amparo con EXPEDIENTE: N° 25-036859- 0007-CO, indico lo siguiente para el caso específico de la finca 487692: 1. El mapa de amenazas naturales de la Municipalidad de Mora (figura 1) no registra deslizamientos activos que afecten la propiedad. Los procesos erosivos más cercanos a la finca se localizan a 90 m con dirección noreste, corresponden con reptación leve, pero no afectan a la finca 487692. 2. Con base al inventario de la red vial cantonal, la calle de acceso a la finca 487692 no se encuentra codificada, por lo tanto, no pueden asignarse fondos de la Ley 8114 para intervenirla (figura 1). 3. Se identifica un cuerpo de agua superficial registrado como intermitente en los archivos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y en el visor público del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) del Departamento de Aguas del MINAE (figuras 1 y 2). 4. Utilizando herramientas de Sistemas de Información Geográfica se delimitaron las zonas de protección de cuerpos de agua superficial con una distancia de 15 m a ambos lados del curso de agua, según lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575. Como resultado parte de la finca 487692 y la vivienda construida en el lugar están afectadas por el área de protección (figura 1). El retiro de cuerpos de agua podrá ser verificado con mayor certeza a solicitud del propietario a través del INVU (Inserta imagen) 5.Durante una inspección de campo se observó un muro de llantas con relleno en la zona de protección del cuerpo de agua, margen izquierda colindante con la Dirección10547 (fotografías 1 y 2). Se desconoce si las obras en cauce cuentan con el permiso de Dirección de Aguas. Estos muros construidos en el cauce de agua superficial y su área de protección evidencian una reducción del espacio para el paso de flujo de agua, por tal razón, se pudo haber generado erosión en profundidad afectado la base de los muros de llantas y su posterior desestabilización. En la finca colindante con la margen derecha también se observa un muro de gaviones (fotografía 1). (Inserta imagen) 6. Existe aporte de aguas pluviales por un desfogue desde la Dirección10544. La competencia para atender la infraestructura vial nacional corresponde al CONAVI. Con base a la consulta al ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Mora, existe un marco jurídico que permite desfogar aguas recolectadas en las cunetas de la infraestructura vial a puntos bajos y cuerpos de agua receptores. (…)” SEGUNDO: Asimismo, mediante informe N° UTGV-0787-2025 de fecha 9 de diciembre de 2025, suscrito por el Ing. Cristhian Arroyo Gamboa, Director Unidad Técnica de Gestión Vial, se indica lo siguiente: “(…) El pasado 03 de Diciembre a las veintiuno horas cincuenta y ocho minutos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace formal la notificación del escrito del señor Nombre129538 donde, en su condición de recurrente, según consta en el expediente electrónico número 25-036859- 0007-CO; presenta un recurso en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES Y LA MUNICIPALIDAD DE MORA sobre los trabajos realizados por el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) en la Ruta Nacional №239 que han generado un impacto ambiental y socioambiental significativo, afectando directamente su propiedad inmueble ubicada en el Cantón de Mora; alegando que dichos trabajos de construcción de cunetas, han desviado las aguas pluviales hacia la Dirección10550; con lo cual se incrementó su caudal y provoca inundaciones, socavones y daños irreversibles en el entorno. Destaca que los hechos se remontan a trabajos realizados en el 2012 donde el CONAVI construyó una serie de cunetas en la Ruta Nacional №239, específicamente a la altura de Bajo Claras, cuyas aguas desembocan directamente en la Quebrada antes citada. En lo que respecta a la Municipalidad de Mora, en el año 2013 la presidenta de la Asociación de Desarrollo de La Fila de Mora, elevó la preocupación de los vecinos ante este Municipio, donde, en su escrito pone en evidencia que ni la Municipalidad ni el CONAVI habían adoptado medidas concretas para resolver el daño ambiental causado por estas obras, dado el aumento en el caudal de la Quebrada Bajo Claras, dando como resultado un incremento en la velocidad y cantidad de agua, provocando erosión de las orillas y la profundidad de la quebrada. El recurrente, preocupado por la seguridad de su propiedad y la integridad ambiental, construyó gaviones para mitigar el impacto; sin embargo, esos gaviones han resultado insuficientes y se han socavado debido a la presión del agua y la tierra. El colapso de estos elementos ha generado un bloqueo parcial del curso de la quebrada; con lo cual, se han exacerbado los problemas ambientales. Explica que, a pesar de este esfuerzo particular, el daño se continuó agravando, donde aunado con las lluvias intensas han saturado los suelos, generando deslizamientos de tierra y donde el desplazamiento de la ladera oeste de la quebrada pone a las viviendas en peligro de colapso de viviendas que literalmente penden de la ladera. Finalmente, el señor Nombre129538 expone que el pasado 24 de octubre de 2025, funcionarios de la Policía Municipal de Mora se introdujeron en la propiedad del recurrente sin su autorización previa; aunque inicialmente se pensó que esta acción podría estar relacionada con la resolución de la problemática ambiental, el recurrente no ha recibido ningún informe o justificación acerca de dicha intervención. Sobre lo antes descrito, es importante recalcar que las Municipalidades no tienen, por ley, injerencia sobre trabajos realizados en las Rutas Nacionales; donde así lo evidencia la Ley de Caminos Públicos #5060, misma que cita: “RED VIAL NACIONAL: Corresponde su administración al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual la definirá según los requisitos que al efecto determine el Poder Ejecutivo, por vía de acuerdo.” Los trabajos que se mencionan en el escrito están relacionados a la Ruta Nacional #239, y las obras para el desfogue de las aguas pluviales generados por los caudales de dicha ruta. De igual forma, la canalización de las aguas pluviales busca su desfogue a cuerpos de agua debidamente identificados como tales, con el fin que estas sigan su curso normal. La quebrada antes citada se encuentra identificada como un cuerpo de agua superficial registrado como intermitente en los archivos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y en el visor público del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) del Departamento de Aguas del MINAE (figuras 1 y 2): (Inserta imagen) También, según el control de amenazas que se lleva dentro del Cantón, no registra deslizamientos activos que afecten la propiedad. Los procesos erosivos más cercanos a la finca se localizan a 90 m con dirección noreste, donde estos corresponden a una reptación leve del terreno, sin que esto afecte a la finca 487692, lo que se evidencia en la figura 1. Además, al utilizar herramientas de Sistemas de Información Geográfica, se delimitan las zonas de protección de cuerpos de agua superficial con una distancia de 15 m. a ambos lados del curso de agua, según lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575. Como resultado parte de la finca 487692, y la vivienda construida en el lugar están afectadas por el área de protección (figura 1). El retiro de cuerpos de agua podrá ser verificado con mayor certeza a solicitud de cada propietario a través del INVU; donde, durante la inspección de campo citada por el señor Nombre129538 del pasado 24 de octubre de 2025 se observó un muro de llantas dentro de la zona de protección del cuerpo de agua, sobre la margen izquierda colindante con la finca 487692 (fotografías 1 y 2). Se desconoce si las obras en cauce cuentan con el permiso de Dirección de Aguas. Este tipo de estructuras de muros construidos en el cauce de agua superficial y su área de protección evidencian una reducción del espacio para el paso de flujo de agua, por tal razón, se pudo haber generado erosión en profundidad afectado la base de los muros de llantas y su posterior desestabilización. En la finca colindante con la margen derecha también se observa un muro de gaviones (fotografía 1). (Inserta imagen) Conclusiones: Si bien es cierto los trabajos tienen que ver con el tema de caminos y las aguas que derivan de estos, las obra provienen de una ruta nacional que, como bien lo indica la Ley de Caminos Públicos, al ser una Ruta Nacional, la misma es de entera responsabilidad del MOPT/CONAVI; y no de la Municipalidad, aunque se encuentre dentro del Cantón de Mora. Además, las aguas están dirigidas a un cuerpo de agua identificado como tal en los archivos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y en el visor público del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) del Departamento de Aguas del MINAE; que cruzan lotes privados y un camino que no forma parte de la Red Vial Cantonal de esta Municipalidad. Lo anterior se ampara en lo estipulado por la Ley de Caminos Públicos #5060 en su artículo #20 el cual indica que “todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos…” Los retiros de aquellas obras que se construyen cerca de los causes de cuerpos de agua, dado el dinamismo tan cambiante de los ríos, es justamente para contemplar las variantes en los caudales, de ahí que se debe de respetar este tipo de obras y debe de mediar el permiso correspondiente para verificar que el retiro se respete y funcione de una forma correcta para evitar problemas, tanto de la falla de estos como la eventual obstrucción dentro del cauce del río. Lo anterior quedó evidenciado en el informe adjunto MM-PM-341-2025, según visita realizada el pasado 28 de octubre de 2025. Finalmente, con todo lo antes expuesto, queda en evidencia que la Municipalidad de Mora no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que expone el señor Nombre129538, y más bien queda comprobado que las obras construidas por estas mismas personas fueran hechas sin ningún tipo de permiso ni respetando los retiros de ley, lo que provocó si fallo y más bien está obstruyendo el cauce normal de las aguas, lo que provoca una socavación mayor del cauce. (…)” III. DE LA COMPETENCIA LEGAL SOBRE LA RED VIAL NACIONAL: El marco legal costarricense es claro al establecer que la Red Vial Nacional se encuentra bajo la competencia exclusiva del MOPT y del CONAVI, así lo establece la Ley General de Caminos en su artículo 01, el cual reza: “(…) RED VIAL NACIONAL: Corresponde su administración al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual la definirá según los requisitos que al efecto determine el Poder Ejecutivo, por vía de acuerdo. Esta red estará constituida por las siguientes clases de caminos públicos: a) Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores, caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de larga distancia. b) Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes -no servidas por carreteras primarias- así como otros centros de población, producción o turismo, que generen una cantidad considerable de viajes interregionales o intercantonales. c) Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región, o entre distritos importantes. (…)” Este mismo artículo establece que la administración de la red vial cantonal corresponde a las municipalidades, delimitando claramente la competencia de ambos entes en relación con la red vial del país, dando la competencia legal sobre la red vial nacional al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sobre la red vial cantonal a las municipalidades. Además, el artículo 04 inciso a) de la Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI) dispone: “(…) ARTÍCULO 4.- Serán objetivos del Consejo Nacional de Vialidad los siguientes: a) Planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la red vial nacional, en concordancia con los programas que elabore la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (…)” El artículo supra citado establece nuevamente que la administración, conservación y construcción de la red vial nacional será objetivo del Consejo Nacional de Vialidad como órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Aunado a lo anterior, el ordinal 02 de la ley N° 9329, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, vuelve a delimitar la competencia de las municipalidades respecto a la red vial cantonal, veamos: “(…) La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. (…)” En virtud de la normativa expuesta, la competencia sobre la administración de aquellas carreteras, calles o caminos que conforman la red vial nacional es exclusiva del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y su ente adscrito el CONAVI, por lo cual las Municipalidades no pueden intervenir, administrar, ni ejecutar obras en esta red salvo asignación expresa por ley, en defecto carecen de la competencia para intervenir, administrar o ejecutar obra alguna en la red vial nacional, lo cual debe tomarse en cuenta en el presente recurso de amparo, ya que los hechos denunciados por el recurrente están ligados a aguas pluviales provenientes de una ruta nacional como es la 239. IV. DEL CASO EN CONCRETO: Conforme a los informes del Geólogo Pablo Herrera Zuñiga y el ingeniero Cristhian Arroyo Gamboa, ambos funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial de este municipio, se confirma que las obras de cuneteo que están recogiendo las aguas pluviales y las están desviando a la Quebrada Bajo Claras generando la afectación denunciada en el presente recurso de amparo fueron ejecutadas por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) con el fin de canalizar las aguas pluviales provenientes de la Ruta Nacional 239. Se señala expresamente que el incremento del caudal en la quebrada adyacente, así como los procesos de socavación e inundaciones denunciados por el recurrente, se derivan directamente de la intervención realizada por el CONAVI para el desfogue de las aguas pluviales, toda vez que la vía que recoge y conduce dichas aguas corresponde a la red vial nacional, y no a la red vial cantonal. Por lo tanto, su ejecución, mantenimiento y atención competen exclusivamente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por medio del CONAVI, sin injerencia de esta Municipalidad no siendo su competencia, conforme lo establece la Ley General de Caminos. Asimismo, de la inspección realizada por autoridades municipales en elsitio e los hechos, se pudo determinar conforme informa la Unidad Técnica de Gestión Vial que, se construyeron ciertos muros de contención en la zona uno de llantas y otro de gaviones; sin embargo, evalúa que estas estructuras han cedido en apariencia por la presión del agua, generando obstrucciones al flujo natural de la quebrada en cuestión y contribuyendo a la acumulación de sedimentos y al aumento puntual del nivel del agua. Tal situación, lejos de ser producto de actuaciones municipales, deriva de la alteración de la cantidad de agua que recoge la quebrada, generada a partir de las obras ejecutadas por el CONAVI en un tramo de carácter nacional. Por su parte, el Informe del departamento de Geología de este municipio, concluye que dentro de la finca afectada y señalada por el recurrente no se observan procesos erosivos activos ni evidencias de deslizamientos cercanos, por lo que el daño alegado no se vincula a fenómenos internos del terreno. De igual forma, el informe señala que la calle de acceso a la finca no se encuentra codificada dentro del inventario de la red vial cantonal. Ante ello, no es posible utilizar recursos provenientes de la Ley 8114, que financia exclusivamente la atención e intervención de la red vial cantonal debidamente registrada y codificada. Esta normativa es clara en cuanto a que los recursos deben destinarse a las rutas oficialmente clasificadas dentro de dicha red, lo cual no ocurre con la vía mencionada por el recurrente. Además, conforme la quebrada en cuestión se encuentra identificada como un cuerpo de agua superficial registrado como intermitente en los archivos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y en el visor público del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) del Departamento de Aguas del MINAE. Asimismo, según indica el informe, el Sistema de Información Geográfica se delimitaron las zonas de protección del cuerpo de agua superficial y como resultado la finca y la vivienda colindantes están afectadas por el área de protección, así las cosas, de acuerdo con lo determinado, este Municipio procederá a realizar las clausuras correspondientes en resguardo del área de protección y del bienestar de los habitantes de dicha vivienda. No obstante, debe reiterarse que las obras de desfogue de las aguas pluviales de la Dirección10551 y que están generando la afectación de socavamiento e inundaciones por aumento del caudal de la Quebrada al recibir esas aguas, no se ejecutaron bajo competencia municipal, pues la zona forma parte del corredor hidráulico relacionado con una ruta nacional. Indica el ingeniero de la Unidad de Gestión Vial que la técnica de la canalización realizada por el CONAVI es precisamente conducir las aguas pluviales hacia un cuerpo de agua natural, con el fin de permitir su desfogue y garantizar que estas sigan su cauce normal, evitando afectaciones a la infraestructura vial nacional, pero dichas obras cuestionadas no son responsabilidad municipal, sino que obedecen a intervenciones realizadas por el CONAVI dentro de su ámbito de competencia legal. En consecuencia, los efectos derivados del incremento del caudal de la quebrada y de los procesos de socavación observados en el sector resultan propios de la gestión de la red vial nacional, lo cual no es competencia de este municipio. De esta manera, recalcamos que, según lo informado por la unidad técnica competente, el principal factor de afectación se relaciona con: 1. Las obras de cuneteo realizadas por el CONAVI respecto de la ruta 239 y las aguas pluviales que discurren de dicha ruta competencia del MOPT a través del CONAVI hacia la quebrada Bajo Claras, aumentando su caudal. 2. El agravante de los muros de contención cuya construcción también ha sido ajena a este municipio y que han cedido ocasionando la interrupción del flujo del caudal de a quebrada, agravando la afectación. De los cuales se desconoce si cuentan con los permisos que son competencia de la Dirección de Aguas del MINAE para la construcción de dichas estructuras en el cauce. Por tanto, ninguna de las obras ejecutadas que están generando la afectación denunciada por el recurrente puede achacarse a la gestión de este municipio”.\n\n5.- Informa bajo juramento Jason Pérez Anchía, en su condición de director ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), lo siguiente: “El señor Nombre129538, presentó recurso de amparo alegando que en el año 2012, el Consejo Nacional de Vialidad realizó trabajos en la Ruta Nacional No. 239 han generado un impacto ambiental y socioambiental significativo, que afecta directamente su propiedad inmueble ubicada en el Cantón de Mora. El recurrente alega, lo siguiente: “… el Consejo Nacional de Viabilidad (en adelante CONAVI), precede a realizar un trabajo de cuneteo en la Ruta Nacional 239, vía que comunica al Cantón de Mora con el Cantón de Puriscal, específicamente a la altura de la entrada que conduce a la zona de Bajo Claras. Como consecuencia del trabajo de cuneteo realizado, las aguas recolectadas durante las lluvias, se direccionan para que desembocaran a la denominada Quebrada Bajo Clara, provocando con ello que, durante la temporada de invierno, el cauce de la misma aumente considerablemente y provoque inundaciones. que no solo han socavado las orillas de la quebrada, sino que este año arrastro la alcantarilla que sirve de puente en Dirección10546, la cual precisamente se encuentra a la entrada de mi propiedad.” (Lo resaltado no es del original.) El recurrente señala que estos hechos son de conocimiento de la Municipalidad de Mora y de la administración (CONAVI), al señalar en el reclamo interpuesto, que: “A inicios del ano dos mil trece, la señora Yenni Salazar Badilla, en su calidad de Presidenta de la Asociación de Desarrollo de La Fila de Mora, externa ante la Municipalidad de Mora, la preocupación de los vecinos de la zona por los trabajos realizados por el CONAVI y que estén provocando series problemas en la vía cantonal que conduce a Bajo Claras. (…) … personeros de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Mora, se apersonan a la zona afectada y constatan que los trabajos realizados por el CONAVI, estén afectando a los vecinos de Bajo Claras… emite el informe SI-2013-1246… indicando lo siguiente: “…Situación Encontrada: Se realiza la inspección en el sitio y se confirma que las obras realizadas por CONAVI presentan condiciones que podrían generar series problemas en la vía cantonal que conduce a Bajo Claras. Dichas cunetas tienen un recorrido de 301 metros desfogando en el camino cantonal sin ningún tipo de obra complementaria que pudiera minimizar el daño que esta gran corriente genera. Adicionalmente se encuentra con que cerró una salida de agua que hacia un corte a 243 m. y que brindaba una gran función al repartir el caudal y entregar un punto más plano…\" … El día veintidós de marzo del año dos mil trece, mediante gestión numero UTGV- 012-AJM-2013, suscrita por el Ingeniero Alonso Mora Arroyo, en su condición de Director de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Mora, le dirige una nota al Ingeniero Cristian Vargas Calvo, Director de Conservación Vial del CONAVI, en la cual entre otras cosas le hace saber lo siguiente: \"...En la inspección realizada por este despacho comprobamos la situación y nos unimos a la preocupación de los vecinos, pues no se realizó ningún tipo de obra de mitigación en el desfogue, por el contrario, se constató el cierre de una salida de agua en un punto previo y más piano que brindaba una gran reducción tanto en caudal como en velocidad del agua...\". Resulta más que evidente que tanto las Autoridades Municipales, así como, las Autoridades del CONAVI, conocen la problemática que hoy vengo a denunciar y de la cual tanto mi persona como los vecinos de Bajo Claras, hemos sido víctimas, amén del daño ambiental que se ha provocado, producto del incremento en el caudal de la quebrada y que ha socavado las orillas y profundidad de la misma, al punto que ha comprometido las viviendas de mis vecinos.” El recurrente Nombre129538, en el recurso interpuesto, procede a señalar que: “Es evidente que las obras realizadas por el CONAVI, consistentes en construir cunetas que desembocan en una quebrada, han provocado no solo un incremento en el caudal de la misma, incremento que se ha visto aumentado con el transcurrir del tiempo, producto de la intensidad del caudal y de la celeridad de sus aguas, lo cual ha provocado sin duda alguna un impacto de carácter irreversible al ambiente… Recorrido por la Quebrada Bajo Clara, el daño ambiental producido por las alias corrientes, en razón del aumento del caudal que deviene de las cunetas construidas por el CO NAVI, sobre la Dirección10552 y que afectan la Quebrada de marras, es irreversible, además de atentar contra la salud pública y el equilibrio ambiental.” En acatamiento a lo solicitado por esta Honorable Sala, el Consejo Nacional de Vialidad requirió a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes la emisión de informe técnico, dentro de las competencias de esta que permitiera atender el presente recurso. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI emite el CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSVDRC- 196-2025 de fecha 9 de diciembre del 2025, en el que se atiende lo consultado en relación al recurso de Amparo tramitado bajo el expediente judicial número 25-036859-0007-CO, en relación a la competencia institucional, señalan lo siguiente: El recurrente atribuye al CONAVI la supuesta desviación de aguas hacia la Dirección10545 producto de la construcción de cunetas en la Dirección10544, indicando que ello habría generado daños ambientales, inundaciones y afectaciones a propiedades privadas. Sin embargo, a partir de la evidencia técnica oficial, se aclara lo siguiente: “1. Las cunetas construidas por el CONAVI NO modificaron, ni cerraron, ni alteraron cauces naturales. En el Informe SALASA (1-2)-204-2023, emitido por el Administrador Vial de la Dirección10553, concluye expresamente: “Se pudo observar la existencia de un sistema de evacuación pluvial en la Ruta Nacional 239, constituido por cunetas de hormigón… El estado actual de las cunetas es excelente.” “Los puntos donde descargan las cunetas corresponden a los puntos naturalmente más bajos del terreno.” (…) “El problema no es causado por el CONAVI, ya que este punto es de descarga natural; lo que pasa es que al no haber infraestructura adecuada de evacuación en la calle cantonal, esta se ve afectada.” 2. Las cunetas descargan exactamente donde la topografía lo determina. No existe desviación artificial creada por CONAVI. La pendiente natural del terreno conduce el agua hacia la intersección con la calle cantonal, donde: • Existe un único punto de desfogue natural identificado desde antes de la construcción de las cunetas. • La calle cantonal presenta pendientes muy pronunciadas, carece casi por completo de cunetas y no posee un sistema pluvial municipal funcional, lo cual genera erosión y arrastre en época lluviosa.” Por consiguiente, se rechaza lo manifestado por el recurrente Nombre129538, conforme al informe técnico emitido por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en el cual se señala que el CONAVI no cerró ningún cauce natural, ni desvió aguas, como alega y afirma el recurrente, afirmación que realiza sin amparo técnico ni elementos probatorios; asimismo, se reafirma en el informe técnico CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRC-196-2025, que las cunetas de la RN-239 descargan en puntos de desfogue natural, determinados por la topografía. En el informe técnico, supra mencionado, hace referencia al informe técnico SALASA (1-2)-204-2023, de fecha 12 de diciembre del 2023, emitido por Consultora y Ejecutora SALASA S.A., en este hacen la descripción de la situación que motiva este recurso, en este informe se señala, lo siguiente: Se realizó la visita al sitio el día 12/12/2023 en donde se inspeccionó la zona afectada con problemas de evacuación de aguas pluviales, en la Dirección10554 que interseca con la RN 239, SC 10492, en las estaciones: 14+835 a la 14+845, Dirección10555 Dirección10561, 100 m este de la escuela Adela Rodríguez Venegas, coordenadas Telf9931, - Telf9932. Se pudo observar la existencia de un sistema de evacuación pluvial en la Dirección10544, constituido por cunetas de hormigón, las mismas fueron construidas por el CONAVI ya que la zona es altamente transitada, tanto por vehículos como por peatones, esto debido a que la zona cuenta con una escuela primaria en este punto y también varios negocios comerciales. Lo que las cunetas y las aceras construidas dan seguridad a los peatones al circular por la zona. El estado actual de las cunetas es excelente. Ahora el tramo en estudio tiene dos puntos de desfogue pluvial, donde las cunetas descargan las aguas, esto debido a que por la topografía del terreno dichos puntos representan los puntos más bajos. En uno de los puntos de desfogue de las cunetas se encuentra una calle cantonal, la cual recibe parte del caudal de las cunetas del sentido Dirección10556– , el otro punto de desfogue recibe las aguas de otro tramo de cunetas del sentido Ciudad Colón – La Fila, es decir el agua se distribuye en esos dos puntos de descarga. El problema a es que donde se ubica la calle cantonal que da acceso al Dirección10557, tiene una pendiente muy elevada, solo cuenta con un tramo corto de cuneta construida, esto provoca que el agua transite con gran velocidad y al no existir cuneta en la mayoría de la calle cantonal, está provocando una rápida erosión de la calle, problema que se puede agravar en época lluviosa. Por lo que el problema no es causado por el CONAVI, ya que este punto es de descarga natural, lo que pasa es que al no haber infraestructura adecuada de evacuación en la calle cantonal, esta se fe afectada. (Lo resaltado no es del original) Por consiguiente, este informe deja en evidencia, que el problema ocasionado en la zona se da por la falta de infraestructura de evacuación en la calle cantonal, por consiguiente, la solución para este incidente no es competencia del CONAVI, sino de la Municipalidad de Mora, y desde el año 2023, en el informe de Consultora y Ejecutora SALASA S.A, se le recomendó a la Municipalidad atender este problema antes de que se agravará la situación. Dentro del informe de Consultora y Ejecutora SALASA S.A. se cuenta con croquis y archivo fotográfico, en el cual se visualiza la falta de infraestructura de evacuación en la calle cantonal, la cual se procede a observar a continuación: Imagen N. 1 Croquis del Sitio Dirección7762, Dirección10558. (Inserta imagen) Adicionalmente se aportaron fotografías del croquis que se observa anteriormente, en el que se podrá observar el cambio de las cunetas que se encuentran en Ruta Nacional en comparación al estado de donde deberían ir las cunetas en la ruta cantonal. Fotos N. 1 y 2 Cunetas en buen estado Intersección Ruta No.239, Dirección10559 (Inserta imagen) De las fotos 1 y 2 se observa que del lado izquierdo se cuenta con cunetas, sin embargo, en el lado derecho de la ruta cantonal, no se visualiza la construcción de infraestructura de evacuación en la calle cantonal. Fotos N. 3 y 4 Final de cuneta construida Intersección Ruta No.239, Dirección10559 (Inserta imagen) Al observar las fotos 3 y 4, se consigna que además de la falta de infraestructura de evacuación en la calle cantonal del lado derecho en su totalidad, del lado izquierdo solo se cuenta con infraestructura de evacuación al inicio de la calle, donde finalizan las cunetas de la ruta nacional y debería dar inicio las cunetas cantonales, se observa un mal estado, por consiguiente se reafirma lo señalado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, al señalar en el informe del 09 de diciembre, que: “La calle cantonal presenta pendientes muy pronunciadas, carece casi por completo de cunetas y no posee un sistema pluvial municipal funcional, lo cual genera erosión y arrastre en época lluviosa…” Por consiguiente, se reafirma que el CONAVI no modificó, ni cerró, ni alteró los cauces naturales como asegura el recurrente, en cuanto a la imputación planteada por el señor Nombre129538, sobre que el CONAVI cerró una salida de agua en el 2012-2013, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, señala, que: “El recurrente cita informes municipales del año 2013, pero: 1. No existe evidencia técnica actual que demuestre que CONAVI suprimiera o cerrara un cauce natural. 2. Los informes municipales fueron emitidos sin coordenadas, sin levantamientos topográficos y sin modelaciones hidráulicas, y se refieren únicamente a percepciones preliminares de la época. 3. Posteriormente, las inspecciones oficiales realizadas en 2023 por el Administrador Vial y la Región Central concluyen categóricamente que: “Los desfogues pluviales de la Dirección10544 corresponden a los puntos más bajos y naturales del terreno, y no se identificó cierre de cauce alguno.” 4. El sistema pluvial de la RN-239 funciona adecuadamente, lo cual se evidencia en el archivo fotográfico aportado.” En relación a las afectaciones en la Dirección10546 y Dirección10549, se indica en el informe CARTA-CONAVICA- DIE-GCSV-DRC-196-2025, lo siguiente: “1. La erosión y daños se originan en la calle cantonal, NO en la Ruta Nacional. • La calle cantonal tiene pendientes muy elevadas. • Solo posee un tramo muy corto de cuneta. • Carece de sistema pluvial municipal, causando que el agua tome fuerza y erosione la vía. (…) 2. Las obras del CONAVI no generaron el aumento de caudal en la quebrada. El CONAVI no aumentó, no desvió y no recondujo artificialmente el flujo de escorrentías. El agua que llega a la quebrada proviene del desfogue histórico y natural del terreno.” Por consiguiente, en cuanto al supuesto daño ambiental, alegado por el señor Nombre129538, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes señala que: “No existe evidencia técnica que vincule • Las cunetas de la RN-239 con el derrumbe de gaviones, deslizamientos, socavación de laderas o colapso de viviendas en las propiedades privadas del sector. Por el contrario, los informes señalan: • La saturación de suelos y erosión ocurren dentro de propiedad privada, sin relación con ninguna intervención de la Ruta Nacional. • Las laderas fallan por procesos naturales, ausencia de obras municipales, autoconstrucciones, y la ubicación de viviendas a escasos metros del borde de la quebrada, tal como muestran las fotografías del expediente.” Por todos los hechos anteriormente señalados, se rechazan los argumentos alegados por el recurrente, si bien existe un problema en la zona, este no se ocasionó por lo trabajos realizados por el CONAVI, como alega el recurrente, no existe nexo técnico ni causal entre las obras del CONAVI y los daños dentro de propiedades privadas o en la quebrada, el sistema de drenaje nacional cumple su función y se encuentra en buen estado. Como bien se ha demostrado, en estudios técnicos anteriores, como el emitido actualmente por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, el problema real está en la falta de infraestructura pluvial municipal en la calle cantonal, cuya pendiente y ausencia de obras provoca erosión y arrastre, lo cual no es competencia de CONAVI atenderlo. Por todo lo anteriormente expuesto, las razones de hecho y de derecho, se solicita que no se condene al CONAVI, tomando en consideración que las obras a realizar por éste no son las que provocan la problemática de la comunidad, al no existir nexo causal entre el problema y el actuar de la administración (COANVI), se solicita se rechace y declare sin lugar, en cuanto al CONAVI, al estar dentro de las competencias y el alcance de la institución”.\n\n6.- Informa bajo juramento Emmanuel Ferrer Venegas, en su condición de presidente del Concejo de Mora, lo siguiente: “El presente Amparo Constitucional es interpuesto por el recurrente Nombre129538 en razón de que, se llevaron a cabo algunas obras de infraestructura incluyendo el cuneteo en la Dirección10544, a raíz de las cuales se generaron problemas de deslizamientos que, desde la óptica del recurrente, ocasionan no solo un daño ambiental notorio sino una afectación importante para las casas de habitación de algunos vecinos del lugar. Relata incluso el señor Nombre129538 que, tanto el CONAVI como la Comisión Nacional de Emergencias han tenido algún grado de participación de acuerdo con sus competencias y cuando se refiere al tema municipal deja ver con meridiana claridad que cuando la Municipalidad de Mora ha intervenido en diferentes épocas. Ha sido porque la Unidad Técnica de Gestión Vial se ha involucrado en virtud de su especificidad y por otro lado, se habla de la Policía Municipal pero no tiene el recurrente la claridad necesaria para determinar a qué respondió su intervención. Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, la Unidad Técnica y la misma Policía Municipal son dependencias que se encuentran bajo la competencia de la Alcaldía Municipal y partiendo de la base de que la Administración es continua, claramente le resulta viable al señor Alcalde referirse sobre los antecedentes mencionados pero desde la óptica del Concejo Municipal resulta realmente difícil realizar algún aporte al respecto, no solo porque no tiene en sus registros un antecedente concreto sobre el tema sino porque además, no existe ninguna gestión pendiente de resolución cuya desatención oportuna pueda dar pie válidamente al reclamo constitucional por la afectación de algún derecho fundamental. Muy a pesar de la preocupante situación expuesta por el aquí recurrente, el Concejo Municipal no puede resultar recurrido si no hay una acción u omisión determinada de su parte y son los mismos hechos expuestos, los que constituyen la prueba necesaria para acreditar que aun en el caso de que la Municipalidad de Mora deba involucrarse, es la Administración Municipal la que puede referirse desde el punto de vista técnico, sobre los alcances de su participación y eventuales soluciones que puedan proponerse para reducir los riesgos señalados; el Concejo Municipal n o tiene injerencia en este tipo de decisiones especialmente si se toma en consideración que no se cita una sola gestión sobre la que el Concejo haya tenido que pronunciarse en relación con el objeto de este recurso”.\n\n7.- Informa bajo juramento Pablo Camacho Salazar, en su condición de ministro de Obras Públicas y Transportes a.i., lo siguiente: “Sobre el caso en particular, es menester señalar que el requerimiento de información fue remitido al Consejo Nacional de Vialidad, en cuya Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, No. 7798, se dispuso que es un órgano de desconcentración máxima, adscrito Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con personería jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el fondo vial y le corresponde la conservación y construcción de las carreteras, calle de travesía y puentes de la red vial nacional.  Mediante el oficio No. CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRC-196-2025 del 9 de diciembre de 2025, suscrito por el señor Luis Alvarado Arce, director de la Región Central y el señor Rafael Ángel Cascante Leal, ingeniero de Zona 1-2 Puriscal, ambos de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, remiten a este Despacho la respuesta, en la cual, señala lo siguiente:  “(…)1. Las cunetas construidas por el CONAVI NO modificaron, ni cerraron, ni alteraron cauces naturales.  En el Informe SALASA (1-2)-204-2023, emitido por el Administrador Vial de la Zona 1-2, concluye expresamente:  “Se pudo observar la existencia de un sistema de evacuación pluvial en la Dirección10544, constituido por cunetas de hormigón… El estado actual de las cunetas es excelente.”  “Los puntos donde descargan las cunetas corresponden a los puntos naturalmente más bajos del terreno.”  Asimismo, el informe determina:  “El problema no es causado por el CONAVI, ya que este punto es de descarga natural; lo que pasa es que al no haber infraestructura adecuada de evacuación en la calle cantonal, esta se ve afectada.”  2. Las cunetas descargan exactamente donde la topografía lo determina.  No existe desviación artificial creada por CONAVI. La pendiente natural del terreno conduce el agua hacia la intersección con la calle cantonal, donde:  • Existe un único punto de desfogue natural identificado desde antes de la construcción de las  cunetas. • La calle cantonal presenta pendientes muy pronunciadas, carece casi por completo de cunetas y no posee un sistema pluvial municipal funcional, lo cual genera erosión y arrastre en época lluviosa.  Esta conclusión está ampliamente sustentada en:  • Fotografías, croquis y mapas del Informe SALASA mencionada.  En cuanto a la imputación que el Conavi “cerro una salida de agua en 2012-2013 el recurrente cita informes municipales del año 2013, pero:  1. No existe evidencia técnica actual que demuestre que CONAVI suprimiera o cerrara un cauce natural.  2. Los informes municipales fueron emitidos sin coordenadas, sin levantamientos topográficos y sin modelaciones hidráulicas, y se refieren únicamente a percepciones preliminares de la época.  3. Posteriormente, las inspecciones oficiales realizadas en 2023 por el Administrador Vial y la Región Central concluyen categóricamente que:  “Los desfogues pluviales de la Dirección10544 corresponden a los puntos más bajos y naturales del terreno, y no se identificó cierre de cauce alguno.”  4. El sistema pluvial de la RN-239 funciona adecuadamente, lo cual se evidencia en el archivo fotográfico aportado.  Con respecto a las afectaciones en la Dirección10546 y Dirección10549  De acuerdo con el informe técnico mencionando:  1. La erosión y daños se originan en la calle cantonal, NO en la Ruta Nacional.  • La Dirección7762 tiene pendientes muy elevadas.  • Solo posee un tramo muy corto de cuneta.  • Carece de sistema pluvial municipal, causando que el agua tome fuerza y erosione la vía.  Esto está descrito en forma textual:  “La calle cantonal… tiene una pendiente muy elevada… al no existir cuneta en la mayoría de la calle cantonal, esto provoca una rápida erosión de la calle.”  2. Las obras del CONAVI no generaron el aumento de caudal en la quebrada.  El CONAVI no aumentó, no desvió y no recondujo artificialmente el flujo de escorrentías.  El agua que llega a la quebrada proviene del desfogue histórico y natural del terreno.  Sobre el daño ambiental  No existe evidencia técnica que vincule • Las cunetas de la RN-239 con el derrumbe de gaviones, deslizamientos, socavación de laderas o colapso de viviendas en las propiedades privadas del sector.  Por el contrario, los informes señalan:  • La saturación de suelos y erosión ocurren dentro de propiedad privada, sin relación con ninguna intervención de la Ruta Nacional.  • Las laderas fallan por procesos naturales, ausencia de obras municipales, autoconstrucciones, y la ubicación de viviendas a escasos metros del borde de la quebrada, tal como muestran las fotografías del expediente.  Por lo tanto, se reafirma que:  1. El CONAVI NO cerró ningún cauce natural ni desvió aguas.  2. Las cunetas de la Dirección10562 descargan en puntos de desfogue natural, determinados por la topografía.  3. El problema real está en la falta de infraestructura pluvial municipal en la calle cantonal, cuya pendiente y ausencia de obras provoca erosión y arrastre.  4. No existe nexo técnico ni causal entre las obras del CONAVI y los daños dentro de propiedades privadas o en la quebrada.  5. El sistema de drenaje nacional cumple su función y se encuentra en buen estado.”  Ahora bien, como se ha demostrado mediante el informe que se adiciona a esta respuesta, sobre la consulta realizada por alto Tribunal Constitucional, se le ha dado la debida atención, seguimiento y contestación. Se tiene entonces, según lo expuesto líneas supra, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no ha generado las situaciones señaladas por el amparante, pues, queda claro que, los supuestos daños ambientales, inundaciones y afectaciones a propiedades privadas, no son resultado directo ni indirecto de las mejoras que ha realizado el CONAVI ni este Ministerio”.\n\n8.- Según constancia del 15 de diciembre de 2025 de este Tribunal: “…en el sistema costarricense de gestión de despachos judiciales el control de documentos recibidos y este expediente, no apareció que del 05/11/2025 al 10/12/2025, el MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó…”.\n\n 9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Cuestión previa. En vista de que ministro de Ambiente y Energía omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, se procede a resolver el recurso de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y tomando en consideración los elementos probatorios que constan en los autos.\n\nII.- Objeto del recurso. La parte recurrente el Conavi realizó trabajos de cuneteo en la Dirección10544 en 2012. Señala que, como consecuencia del redireccionamiento del agua, se han generado inundaciones y socavado la orilla de la quebrada Bajo Claros, incluyendo la alcantarilla que sirve de puente a Dirección10546, la cual se encuentra a la entrada de su propiedad. Afirma que la situación fue comunicada por la Municipalidad de Mora al Conavi. Alega que se genera un riesgo de desplazamiento de la ladera y el colapso de las viviendas ahí ubicadas. Refiere que policías municipales ingresaron el 24 de octubre de 2025 a su propiedad sin permiso, situación que él asoció con el problema antedicho. Sin embargo, no ha recibido informe alguno.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)      El tutelado es propietario de la finca de la provincia de San José, matrícula 487692-000. (Hecho incontrovertido).\n\nb)      El 24 de octubre de 2025, oficiales de la policía y funcionarios de la Municipalidad de Mora inspeccionaron el lugar de deslizamiento en Bajo Claros. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nc)      En informe técnico CNE-UIAR-INF-1738-2025 de diciembre de 2025, la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE señaló: “IV. Conclusiones 1. Existencia en ambas márgenes dos tipos de obras de protección, margen derecha gaviones que en una de sus secciones esta (sic) fallando y la otra la colocación de llantas en la margen izquierda que también esta desacoplado, ambas dentro de la zona de protección. 2. La propiedad con plano de catastro SJ-0502320-1998, Finca 487692, ubicado en el distrito de Guayabo, Dirección10548, Bajo Claras, Dirección10546, evidencia una colocación de llantas paralelo a la propiedad posiblemente efectuadas para la protección de la erosión. 3. La construcción o vivienda directamente (SJ-0502320-1998, Finca 487692), no está expuesta directamente por efectos de erosión debido a las condiciones indicadas en el punto 2. 4. La obra de contención “gavión” efectuada para la protección de la erosión de la margen derecha al inicio presenta un fallo estructural. 5. Las viviendas localizadas al costado oeste en el área de pendiente, margen derecha hasta la fecha no evidencian problemas asociados a inestabilidad de laderas. 6. Las viviendas localizadas al costado oeste son habitables hasta la fecha V. Recomendaciones 1. Construir en ambas márgenes obras de mitigación técnicamente bien diseñadas, por parte de los propietarios acorde con las disposiciones legales para estos casos. 2. Con respecto a las condiciones de la quebrada desde el punto de vista hidrológico o descargas de las aguas, corresponde a otros entes determinar y analizar las medidas a optar en el área con la finalidad de prevenir mayores afectaciones en las partes bajas”. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nd)      Mediante informe nro. UTGV-0785-2025 del 5 de diciembre de 2025, el geólogo de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Mora señaló: “En atención a su solicitud para responder recurso de amparo con EXPEDIENTE: N° 25-036859- 0007-CO, indico lo siguiente para el caso específico de la finca 487692: 1. El mapa de amenazas naturales de la Municipalidad de Mora (figura 1) no registra deslizamientos activos que afecten la propiedad. Los procesos erosivos más cercanos a la finca se localizan a 90 m con dirección noreste, corresponden con reptación leve, pero no afectan a la finca 487692. 2. Con base al inventario de la red vial cantonal, la calle de acceso a la finca 487692 no se encuentra codificada, por lo tanto, no pueden asignarse fondos de la Ley 8114 para intervenirla (figura 1). 3. Se identifica un cuerpo de agua superficial registrado como intermitente en los archivos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y en el visor público del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) del Departamento de Aguas del MINAE (figuras 1 y 2). 4. Utilizando herramientas de Sistemas de Información Geográfica se delimitaron las zonas de protección de cuerpos de agua superficial con una distancia de 15 m a ambos lados del curso de agua, según lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575. Como resultado parte de la finca 487692 y la vivienda construida en el lugar están afectadas por el área de protección (figura 1). El retiro de cuerpos de agua podrá ser verificado con mayor certeza a solicitud del propietario a través del INVU. (…) 5.Durante una inspección de campo se observó un muro de llantas con relleno en la zona de protección del cuerpo de agua, margen izquierda colindante con la finca 487692 (fotografías 1 y 2). Se desconoce si las obras en cauce cuentan con el permiso de Dirección de Aguas. Estos muros construidos en el cauce de agua superficial y su área de protección evidencian una reducción del espacio para el paso de flujo de agua, por tal razón, se pudo haber generado erosión en profundidad afectado la base de los muros de llantas y su posterior desestabilización. En la finca colindante con la margen derecha también se observa un muro de gaviones (fotografía 1). (…) 6. Existe aporte de aguas pluviales por un desfogue desde la Ruta Nacional 239. La competencia para atender la infraestructura vial nacional corresponde al CONAVI. Con base a la consulta al ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Mora, existe un marco jurídico que permite desfogar aguas recolectadas en las cunetas de la infraestructura vial a puntos bajos y cuerpos de agua receptores…”. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\ne)      Mediante informe UTGV-0787-2025 del 9 de diciembre de 2025, el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Mora indicó: “…Conclusiones: Si bien es cierto los trabajos tienen que ver con el tema de caminos y las aguas que derivan de estos, las obras provienen de una ruta nacional que, como bien lo indica la Ley de Caminos Públicos, al ser una Ruta Nacional, la misma es de entera responsabilidad del MOPT/CONAVI; y no de la Municipalidad, aunque se encuentre dentro del Cantón de Mora. Además, las aguas están dirigidas a un cuerpo de agua identificado como tal en los archivos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y en el visor público del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) del Departamento de Aguas del MINAE; que cruzan lotes privados y un camino que no forma parte de la Red Vial Cantonal de esta Municipalidad. Lo anterior se ampara en lo estipulado por la Ley de Caminos Públicos #5060 en su artículo #20 el cual indica que “todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos…” Los retiros de aquellas obras que se construyen cerca de los causes de cuerpos de agua, dado el dinamismo tan cambiante de los ríos, es justamente para contemplar las variantes en los caudales, de ahí que se debe de respetar este tipo de obras y debe de mediar el permiso correspondiente para verificar que el retiro se respete y funcione de una forma correcta para evitar problemas, tanto de la falla de estos como la eventual obstrucción dentro del cauce del río. Lo anterior quedó evidenciado en el informe adjunto MM-PM-341-2025, según visita realizada el pasado 28 de octubre de 2025. Finalmente, con todo lo antes expuesto, queda en evidencia que la Municipalidad de Mora no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que expone el señor Nombre129538, y más bien queda comprobado que las obras construidas por estas mismas personas fueran hechas sin ningún tipo de permiso ni respetando los retiros de ley, lo que provocó si (sic) fallo y más bien está obstruyendo el cauce normal de las aguas, lo que provoca una socavación mayor del cauce”. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nf)        En oficio CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRC-196-2025 del 9 de diciembre de 2025, la gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi indicó: “…2. Las obras del CONAVI no generaron el aumento de caudal en la quebrada. El CONAVI no aumentó, no desvió y no recondujo artificialmente el flujo de escorrentías. El agua que llega a la quebrada proviene del desfogue histórico y natural del terreno. Sobre el daño ambiental No existe evidencia técnica que vincule • Las cunetas de la RN-239 con el derrumbe de gaviones, deslizamientos, socavación de laderas o colapso de viviendas en las propiedades privadas del sector. Por el contrario, los informes señalan: • La saturación de suelos y erosión ocurren dentro de propiedad privada, sin relación con ninguna intervención de la Ruta Nacional. • Las laderas fallan por procesos naturales, ausencia de obras municipales, autoconstrucciones, y la ubicación de viviendas a escasos metros del borde de la quebrada, tal como muestran las fotografías del expediente. Por lo tanto, se reafirma que: 1. El CONAVI NO cerró ningún cauce natural ni desvió aguas. 2. Las cunetas de la RN-239 descargan en puntos de desfogue natural, determinados por la topografía. 3. El problema real está en la falta de infraestructura pluvial municipal en la calle cantonal, cuya pendiente y ausencia de obras provoca erosión y arrastre. 4. No existe nexo técnico ni causal entre las obras del CONAVI y los daños dentro de propiedades privadas o en la quebrada. 5. El sistema de drenaje nacional cumple su función y se encuentra en buen estado…”. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nIV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente el Conavi realizó trabajos de cuneteo en la ruta nacional 239 en 2012. Señala que, como consecuencia del redireccionamiento del agua, se han generado inundaciones y socavado la orilla de la quebrada Dirección10560, incluyendo la alcantarilla que sirve de puente a Dirección10546, la cual se encuentra a la entrada de su propiedad. Afirma que la situación fue comunicada por la Municipalidad de Mora al Conavi. Alega que se genera un riesgo de desplazamiento de la ladera y el colapso de las viviendas ahí ubicadas. Refiere que policías municipales ingresaron el 24 de octubre de 2025 a su propiedad sin permiso, situación que él asoció con el problema antedicho. Sin embargo, no ha recibido informe alguno.\n\nAnalizados los autos, la Sala tuvo por probado que el tutelado es propietario de la finca de la provincia de San José, matrícula 487692-000. El 24 de octubre de 2025, oficiales de la policía y funcionarios de la Municipalidad de Mora inspeccionaron el lugar de deslizamiento en Bajo Claros. En informe técnico CNE-UIAR-INF-1738-2025 de diciembre de 2025, la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE señaló: “IV. Conclusiones 1. Existencia en ambas márgenes dos tipos de obras de protección, margen derecha gaviones que en una de sus secciones esta (sic) fallando y la otra la colocación de llantas en la margen izquierda que también esta desacoplado, ambas dentro de la zona de protección. 2. La propiedad con plano de catastro SJ-0502320-1998, Finca 487692, ubicado en el distrito de Guayabo, Dirección10548, Bajo Claras, Dirección10546, evidencia una colocación de llantas paralelo a la propiedad posiblemente efectuadas para la protección de la erosión. 3. La construcción o vivienda directamente (SJ-0502320-1998, Finca 487692), no está expuesta directamente por efectos de erosión debido a las condiciones indicadas en el punto 2. 4. La obra de contención “gavión” efectuada para la protección de la erosión de la margen derecha al inicio presenta un fallo estructural. 5. Las viviendas localizadas al costado oeste en el área de pendiente, margen derecha hasta la fecha no evidencian problemas asociados a inestabilidad de laderas. 6. Las viviendas localizadas al costado oeste son habitables hasta la fecha V. Recomendaciones 1. Construir en ambas márgenes obras de mitigación técnicamente bien diseñadas, por parte de los propietarios acorde con las disposiciones legales para estos casos. 2. Con respecto a las condiciones de la quebrada desde el punto de vista hidrológico o descargas de las aguas, corresponde a otros entes determinar y analizar las medidas a optar en el área con la finalidad de prevenir mayores afectaciones en las partes bajas”. Mediante informe nro. UTGV-0785-2025 del 5 de diciembre de 2025, el geólogo de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Mora señaló: “En atención a su solicitud para responder recurso de amparo con EXPEDIENTE: N° 25-036859- 0007-CO, indico lo siguiente para el caso específico de la finca 487692: 1. El mapa de amenazas naturales de la Municipalidad de Mora (figura 1) no registra deslizamientos activos que afecten la propiedad. Los procesos erosivos más cercanos a la finca se localizan a 90 m con dirección noreste, corresponden con reptación leve, pero no afectan a la finca 487692. 2. Con base al inventario de la red vial cantonal, la calle de acceso a la finca 487692 no se encuentra codificada, por lo tanto, no pueden asignarse fondos de la Ley 8114 para intervenirla (figura 1). 3. Se identifica un cuerpo de agua superficial registrado como intermitente en los archivos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y en el visor público del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) del Departamento de Aguas del MINAE (figuras 1 y 2). 4. Utilizando herramientas de Sistemas de Información Geográfica se delimitaron las zonas de protección de cuerpos de agua superficial con una distancia de 15 m a ambos lados del curso de agua, según lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575. Como resultado parte de la finca 487692 y la vivienda construida en el lugar están afectadas por el área de protección (figura 1). El retiro de cuerpos de agua podrá ser verificado con mayor certeza a solicitud del propietario a través del INVU. (…) 5.Durante una inspección de campo se observó un muro de llantas con relleno en la zona de protección del cuerpo de agua, margen izquierda colindante con la Dirección10547 (fotografías 1 y 2). Se desconoce si las obras en cauce cuentan con el permiso de Dirección de Aguas. Estos muros construidos en el cauce de agua superficial y su área de protección evidencian una reducción del espacio para el paso de flujo de agua, por tal razón, se pudo haber generado erosión en profundidad afectado la base de los muros de llantas y su posterior desestabilización. En la finca colindante con la margen derecha también se observa un muro de gaviones (fotografía 1). (…) 6. Existe aporte de aguas pluviales por un desfogue desde la Ruta Nacional 239. La competencia para atender la infraestructura vial nacional corresponde al CONAVI. Con base a la consulta al ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Mora, existe un marco jurídico que permite desfogar aguas recolectadas en las cunetas de la infraestructura vial a puntos bajos y cuerpos de agua receptores…”. Mediante informe UTGV-0787-2025 del 9 de diciembre de 2025, el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Mora indicó: “…Conclusiones: Si bien es cierto los trabajos tienen que ver con el tema de caminos y las aguas que derivan de estos, las obras provienen de una ruta nacional que, como bien lo indica la Ley de Caminos Públicos, al ser una Ruta Nacional, la misma es de entera responsabilidad del MOPT/CONAVI; y no de la Municipalidad, aunque se encuentre dentro del Cantón de Mora. Además, las aguas están dirigidas a un cuerpo de agua identificado como tal en los archivos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y en el visor público del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) del Departamento de Aguas del MINAE; que cruzan lotes privados y un camino que no forma parte de la Red Vial Cantonal de esta Municipalidad. Lo anterior se ampara en lo estipulado por la Ley de Caminos Públicos #5060 en su artículo #20 el cual indica que “todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos…” Los retiros de aquellas obras que se construyen cerca de los causes de cuerpos de agua, dado el dinamismo tan cambiante de los ríos, es justamente para contemplar las variantes en los caudales, de ahí que se debe de respetar este tipo de obras y debe de mediar el permiso correspondiente para verificar que el retiro se respete y funcione de una forma correcta para evitar problemas, tanto de la falla de estos como la eventual obstrucción dentro del cauce del río. Lo anterior quedó evidenciado en el informe adjunto MM-PM-341-2025, según visita realizada el pasado 28 de octubre de 2025. Finalmente, con todo lo antes expuesto, queda en evidencia que la Municipalidad de Mora no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que expone el señor Nombre129538, y más bien queda comprobado que las obras construidas por estas mismas personas fueran hechas sin ningún tipo de permiso ni respetando los retiros de ley, lo que provocó si (sic) fallo y más bien está obstruyendo el cauce normal de las aguas, lo que provoca una socavación mayor del cauce”. En oficio CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRC-196-2025 del 9 de diciembre de 2025, la gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi indicó: “…2. Las obras del CONAVI no generaron el aumento de caudal en la quebrada. El CONAVI no aumentó, no desvió y no recondujo artificialmente el flujo de escorrentías. El agua que llega a la quebrada proviene del desfogue histórico y natural del terreno. Sobre el daño ambiental No existe evidencia técnica que vincule • Las cunetas de la RN-239 con el derrumbe de gaviones, deslizamientos, socavación de laderas o colapso de viviendas en las propiedades privadas del sector. Por el contrario, los informes señalan: • La saturación de suelos y erosión ocurren dentro de propiedad privada, sin relación con ninguna intervención de la Ruta Nacional. • Las laderas fallan por procesos naturales, ausencia de obras municipales, autoconstrucciones, y la ubicación de viviendas a escasos metros del borde de la quebrada, tal como muestran las fotografías del expediente. Por lo tanto, se reafirma que: 1. El CONAVI NO cerró ningún cauce natural ni desvió aguas. 2. Las cunetas de la Dirección10562 descargan en puntos de desfogue natural, determinados por la topografía. 3. El problema real está en la falta de infraestructura pluvial municipal en la calle cantonal, cuya pendiente y ausencia de obras provoca erosión y arrastre. 4. No existe nexo técnico ni causal entre las obras del CONAVI y los daños dentro de propiedades privadas o en la quebrada. 5. El sistema de drenaje nacional cumple su función y se encuentra en buen estado…”.\n\n \n\nSegún se extrae de tales elementos, en lo que respecta a los trabajos realizados por el Conavi en 2012 en las cunetas de la Dirección10544, esa instancia rechazó cualquier vínculo entre tales trabajos y el problema denunciado por el recurrente, indicando que “Las cunetas de la RN-239 descargan en puntos de desfogue natural, determinados por la topografía…”.\n\nDe manera análoga, la Municipalidad de Mora señaló: “…las aguas están dirigidas a un cuerpo de agua identificado como tal en los archivos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y en el visor público del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) del Departamento de Aguas del MINAE; que cruzan lotes privados y un camino que no forma parte de la Red Vial Cantonal de esta Municipalidad. Lo anterior se ampara en lo estipulado por la Ley de Caminos Públicos #5060 en su artículo #20 el cual indica que “todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos…”. Esa instancia, más bien, apuntó a la responsabilidad de los propietarios vecinos “…que las obras construidas por estas mismas personas fueran hechas sin ningún tipo de permiso ni respetando los retiros de ley, lo que provocó si (sic) fallo y más bien está obstruyendo el cauce normal de las aguas, lo que provoca una socavación mayor del cauce…”.\n\nTambién reviste importancia que la CNE indicara, con respecto al inmueble del amparado: “…La construcción o vivienda directamente (SJ-0502320-1998, Dirección10547), no está expuesta directamente por efectos de erosión…”, toda vez que se descarta que exista un riesgo de colapso de su vivienda, como afirma.\n\nEn resumen, no se demuestra un vínculo entre las obras del Conavi y el daño alegado por el tutelado. Según se desprende de los informes rendidos y prueba aportada, las aguas discurren a causa del desnivel local y en los puntos de desfogue naturales. No se extrae peligro para las personas o cosas y, más bien, se atribuye a los vecinos la construcción de obras en las áreas de retiro y sin permisos. En ese tanto, se descarta una lesión a los derechos fundamentales del justiciable.\n\nEn lo que respecta al supuesto ingreso de oficiales a su propiedad, podrá el interesado presentar las denuncias que estime necesarias, en caso de que estime que se cometió algún delito.\n\nV.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa haber denunciado, ante las autoridades recurridas, la problemática generada por el redireccionamiento de las aguas, producto de las labores de cuneteo realizadas sobre la Ruta Nacional N°230, pero que presuntamente no ha sido atendido por las autoridades competentes en un plazo prudencial.\n\nVI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado pone nota.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 1ZOUFTWVZZE61\n\nEXPEDIENTE N° 25-036859-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:06:49.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Resulting:**\n\n1.- By a brief received in the Chamber on 25 November 2025, the claimant files an amparo action. They state that the works carried out by the National Roadway Council (CONAVI) on Dirección10544 have caused significant environmental and socio-environmental impact, directly affecting their real property located in Cantón de Mora. They allege that said works, consisting of the construction of ditches (cuneteos), have diverted rainwater toward Dirección10545; thereby increasing its flow and causing flooding, undermining (socavones), and irreversible damage to the surroundings. Likewise, they note that those works have compromised the integrity of their property, have created a risk for neighbors' homes, and have altered the environmental balance in the area. They recount that on 8 December 2016, they formally acquired their real property, registered in the National Property Registry under folio number 487692-000, located in Guayabo, Cantón Mora, Province of San José. The property borders a public road to the north, and its southern and western boundaries are demarcated by the streams (quebradas): the Emilda Mesén and the Caridad Bustamante, with an area of 661.18 m², subject to plan SJ-5230-98. However, in 2012, CONAVI carried out ditch works on Dirección10544, specifically at the height of Bajo Claras. Said works consisted of constructing ditches (cunetas) that discharge directly into the Quebrada Bajo Clara. As a consequence of these works, the water collected during rainfall was channeled toward that stream, which significantly increased its flow and depth. This increase has caused serious environmental and social problems, among them the erosion of its banks, the washout of the culvert (alcantarilla) located on Dirección10546 (located at the entrance to the claimant's property). They recount that, in mid-2013, Ms. Yenni Salazar Badilla, president of the La Fila de Mora Development Association, raised the neighbors' concern before the Municipality of Mora. In response, officials from the Technical Environmental Management Unit of that municipality went to the affected area and verified the problem. On 19 March 2013, Inspector Alexander Jiménez Montero issued report SI-2013-1246, which detailed the following detected irregularities: The ditches built by CONAVI lacked mitigation works (obras mitigadoras) for the large water current, and a water outlet that made a cut at 243 meters was closed, which provided the function of distributing the flow and \"delivering a flatter point.\" Based on these findings, it was concluded that it was necessary to direct an official communication to CONAVI to express the disagreement and request immediate intervention, to resolve the defects before the start of the rainy season. Therefore, on 22 March 2013, through procedure UTGV-012-AJM-2013, Engineer Alonso Mora Arroyo, director of the Technical Environmental Management Unit of the Municipality of Mora, sent a report to Engineer Cristian Vargas Calvo, director of Roadway Conservation at CONAVI. In that official communication, the concern was reiterated regarding the lack of mitigation works and the closure of an important water outlet, which had caused serious environmental consequences. They note that, despite the efforts made in 2013, more than three years later, in May 2016, the La Fila de Mora Development Association again requested help from the Municipality of Mora. In their missive, it was shown that neither the Municipality nor CONAVI had adopted concrete measures to resolve the environmental damage caused by CONAVI's works, which is irreversible, because the increase in the flow of Dirección10545 has caused: An increase in the speed and quantity of water, erosion of the banks, and deepening of the stream. The claimant, concerned about the safety of their property and environmental integrity, built gabions (gaviones) to mitigate the impact; however, those gabions have proven insufficient and have been undermined due to the pressure of water and earth. The collapse of these elements has caused a partial blockage of the stream's course; thereby, the environmental problems have been exacerbated. They explain that, despite this private effort, the damage continued to worsen. The intense rains have saturated the soils, caused landslides, and the movement of the western slope of the stream puts homes at risk of collapse—homes that literally hang over the slope—without intervention by either the Ministry of Health or the National Emergency Commission. They state that on 24 October 2025, officials of the Mora Municipal Police entered the claimant's property without their prior authorization; although it was initially thought that this action might be related to the resolution of the environmental problem, the claimant has not received any report or justification regarding said intervention. They request that the respondent authorities be ordered to provide a responsible solution to the problems arising from the ditching carried out on National Route 239, that a report be provided regarding the environmental damage caused, that the National Emergency Commission assess the risk of displacement of the western slope of the Quebrada Bajo Clara and the imminent risk of collapse of the homes located on that slope, which must be declared uninhabitable.\n\n2.- By a resolution issued at 21:58 hours on 3 December 2025, the amparo action was admitted for processing.\n\n3.- Alejandro José Picado Eduarte, acting in his capacity as president of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE), reports under oath the following: \"I. FACTS OUTLINED BY THE CLAIMANT (in summary); FIRST: That the works carried out by the National Roadway Council (CONAVI) on National Route 239 have caused significant environmental and socio-environmental impact, directly affecting their real property located in Cantón de Mora. They allege that said works, consisting of the construction of ditches (cuneteos), have diverted rainwater toward the Quebrada Bajo Clara; thereby increasing its flow and causing flooding, undermining (socavones), and irreversible damage to the surroundings. FACT ONE: These are actions carried out by another institution, not known to my represented entity. SECOND: Likewise, they note that those works have compromised the integrity of their property, have created a risk for neighbors' homes, and have altered the environmental balance in the area. FACT TWO: These are actions carried out by another institution, not known to my represented entity. THIRD: They recount that on 8 December 2016, they formally acquired their real property, registered in the National Property Registry under folio number 487,692-000, located in Guayabo, Cantón Mora, Province of San José. The property borders a public road to the north, and its southern and western boundaries are demarcated by the streams (quebradas): the Emilda Mesén and the Caridad Bustamante, with an area of 661.18 m², subject to plan SJ-5230-98. However, in 2012, CONAVI carried out ditch works on Dirección10544, specifically at the height of Bajo Claras. FACT THREE: Not known to my represented entity. FOURTH: Said works consisted of constructing ditches (cunetas) that discharge directly into the Quebrada Bajo Clara. As a consequence of these works, the water collected during rainfall was channeled toward that stream, which significantly increased its flow and depth. This increase has caused serious environmental and social problems, among them the erosion of its banks, the washout of the culvert (alcantarilla) located on Dirección10546 (located at the entrance to the claimant's property). FACT FOUR: These are actions carried out by another institution, not known to my represented entity. FIFTH: They recount that, in mid-2013, Ms. Yenni Salazar Badilla, president of the La Fila de Mora Development Association, raised the neighbors' concern before the Municipality of Mora. FACT FIVE: Not known to my represented entity. SIXTH: In response, officials from the Technical Environmental Management Unit of that municipality went to the affected area and verified the problem. On 19 March 2013, Inspector Alexander Jiménez Montero issued report SI-2013-1246, which detailed the following detected irregularities: The ditches built by CONAVI lacked mitigation works (obras mitigadoras) for the large water current, and a water outlet that made a cut at 243 meters was closed, which provided the function of distributing the flow and \"delivering a flatter point.\" Based on these findings, it was concluded that it was necessary to direct an official communication to CONAVI to express the disagreement and request immediate intervention, to resolve the defects before the start of the rainy season. Therefore, on 22 March 2013, through procedure UTGV-012-AJM-2013, Engineer Alonso Mora Arroyo, director of the Technical Environmental Management Unit of the Municipality of Mora, sent a report to Engineer Cristian Vargas Calvo, director of Roadway Conservation at CONAVI. FACT SIX: These are actions carried out by another institution, not known to my represented entity. SEVENTH: In that official communication, the concern was reiterated regarding the lack of mitigation works and the closure of an important water outlet, which had caused serious environmental consequences. They note that, despite the efforts made in 2013, more than three years later, in May 2016, the La Fila de Mora Development Association again requested help from the Municipality of Mora. In their missive, it was shown that neither the Municipality nor CONAVI had adopted concrete measures to resolve the environmental damage caused by CONAVI's works, which is irreversible, because the increase in the flow of Dirección10545 has caused: An increase in the speed and quantity of water, erosion of the banks, and deepening of the stream. The claimant, concerned about the safety of their property and environmental integrity, built gabions (gaviones) to mitigate the impact; however, those gabions have proven insufficient and have been undermined due to the pressure of water and earth. FACT SEVENTH: These are actions carried out by another institution, not known to my represented entity. EIGHTH: The collapse of these elements has caused a partial blockage of the stream's course; thereby, the environmental problems have been exacerbated. They explain that, despite this private effort, the damage continued to worsen. The intense rains have saturated the soils, caused landslides, and the movement of the western slope of the stream puts homes at risk of collapse—homes that literally hang over the slope—without intervention by either the Ministry of Health or the National Emergency Commission. FACT EIGHTH: These are actions by other institutions, which are not within the ordinary or extraordinary competencies of my represented entity. NINTH: They state that on 24 October 2025, officials of the Mora Municipal Police entered the claimant's property without their prior authorization; although it was initially thought that this action might be related to the resolution of the environmental problem, the claimant has not received any report or justification regarding said intervention. They request that the respondent authorities be ordered to provide a responsible solution to the problems arising from the ditching carried out on Dirección10544, that a report be provided regarding the environmental damage caused, that the National Emergency Commission assess the risk of displacement of the western slope of the Quebrada Bajo Clara and the imminent risk of collapse of the homes located on that slope, which must be declared uninhabitable. FACT NINTH: These are actions carried out by municipal authorities, not by this Commission. Regarding the request for a report from the CNE's Risk Investigation and Analysis Unit, it is submitted together with this Official Communication (see Official Communication CNE-UIAR-INF1738-2025) II. RISK MANAGEMENT IN COSTA RICA. According to Law No. 8488, article 4, risk management is understood as a \"process through which the vulnerability conditions of the population, human settlements, infrastructure, as well as vital lines, productive activities of goods and services, and the environment are positively reversed. It is a sustainable and preventive model, into which effective disaster prevention and mitigation criteria are incorporated within territorial, sectoral, and socioeconomic planning, as well as preparedness, response, and recovery in emergencies.\" In the same sense, risk management is defined as a \"continuous process of analysis, decision-making planning, and execution of actions to identify, prevent, and reduce the chances that a potentially destructive event (hazard) will cause harm or serious disruption to people's lives, the socioeconomic fabric, livelihoods, and ecosystems of the territories, as well as establishing the tools to respond adequately, in the event that an impact materializes nonetheless, with the aim of enabling efficient recovery, without rebuilding vulnerability, after a disaster.\" Risk management presents distinct spheres of intervention: from the national, regional, and sectoral to the local, community, and family levels. Furthermore, it requires the existence and operation of organizational and institutional systems and structures that represent those spheres and that bring together, under established coordination modalities, their agreed-upon differentiated roles; their collective instances of social representation of the different actors and interests that participate in the construction of risk and in its reduction, foresight, and control must be adequately defined. The management of this risk is the main basis of the National Risk Management System, understood as the comprehensive, organized, coordinated, and harmonious articulation of the organs, structures, functional relationships, methods, procedures, and resources of all State institutions, seeking the participation of the entire private sector and organized civil society. Its purpose is the promotion and execution of public policy guidelines that allow both the Costa Rican State and the different sectors of national activity to incorporate the concept of risk management as a transversal axis of planning and development practices. From the above definition, it is deduced: 1- That risk is transversal to the work of all activities, both public and private, 2- That its management must be a public policy of the Costa Rican State, 3- That this policy is embodied in the National Risk Management Plan; a document prepared by the Commission, an act that materializes that public policy and must be consulted on a mandatory basis by the State organs and entities responsible for planning tasks, who, when preparing the respective plans, will take into account the guidelines set out in said Plan. Likewise, when preparing urban development plans, programs, and projects, the risk prevention and mitigation component must be considered, all in accordance with article 8 of Law No. 8488. As can be extracted from what has been set forth here, the Commission fulfills a governing function in risk prevention and a coordinating function when it comes to responding to emergencies, or, in other words, the Commission, by the principle of legality, is responsible for directing, guiding, and steering risk prevention in Costa Rica and for being the coordinator of State institutions in emergencies. III. RESPONSIBILITY OF THE COSTA RICAN STATE IN DISASTER PREVENTION. Law No. 8488 also conceives risk management as \"…a transversal axis of the work of the Costa Rican State; it articulates the instruments, programs, and public resources in ordinary and extraordinary, institutional and sectoral actions, aimed at preventing the occurrence of disasters and responding to emergencies in all their phases. All national development policy must incorporate both the elements necessary for an adequate diagnosis of risk and susceptibility to the impact of disasters, as well as the management axes that allow their control\" (Article No. 5, Law No. 8488). Based on the provisions of articles 3, 8, 25, and 26 of the same law, all State institutions, including primarily the Municipalities, have the imperative mandate to prevent disasters and, in particular, it is the local governments that must incorporate prevention as a component of urban development projects, considering in their programs the concepts of risk and disaster, including the ordinary management measures that are their own and timely to avoid their manifestation, promoting a culture that tends to reduce them. Similarly, all public institutions must coordinate their prevention programs and activities with the CNE, considering them as a public policy process that must operate permanently and sustainedly, with a systemic focus and in accordance with the National Risk Management Plan. Additionally, article 27 provides for the obligation that, in the budgets of each public institution, the allocation of resources for disaster risk control be included, considering prevention as a concept akin to the development practices that are promoted and carried out. The importance of shared responsibility and local commitment to risk management by the municipalities lies in the fact that emergencies and possible disasters can materialize in their territories, so their reaction and, above all, prevention must be part of their daily work. Even \"large\" disasters that affect the national territory are actually the sum of hazards and vulnerabilities that occur simultaneously, localized and highly dynamically, within the municipal territory, a product of the concatenation of physical, social, economic, and political relationships. IV. UNDECLARED OR FIRST-IMPACT EMERGENCIES. It is worth noting that Law No. 8488, as part of its extraordinary powers, empowers the CNE to respond to local and minor emergencies through the figure of \"First Impacts,\" given that article 15 in its final paragraph states: \"(…) Except as provided in the preceding subsections, the Commission shall respond, without a declaration of emergency by the Executive Branch, to local and minor emergencies which, due to the high frequency with which they occur and the serious impact they cause in communities, demand the provision of a first-impact humanitarian service, consisting of the delivery of blankets, food, sleeping pads, and, if necessary, the acquisition of materials to rehabilitate basic services and enable shelters, as well as the contracting of a maximum of one hundred machine-hours for cleaning the most affected area of the zone. (The underlining is not from the original) Now then, the final paragraph of article 15 refers to a first-impact humanitarian service. The Law uses the term \"first impact\" to refer to the first phase of response to a declared emergency. Indeed, article 30 of the Law, which divides said response into the response phase, the rehabilitation phase, and finally the reconstruction phase, establishes that the response phase is immediate upon the occurrence of the event. A phase that includes urgent first-impact measures aimed at safeguarding life, vital public service infrastructure, property, and the environment. But also mitigation works (obras de mitigación) aimed at protecting the population, infrastructure, and the environment. Article 4 defines response as the actions immediately following the occurrence of an emergency; they seek to control a situation, to safeguard works and lives, prevent further damage, and stabilize the region's area directly impacted by the emergency. In this sense, without a declaration of emergency, the Commission may respond to local and minor emergencies, for which the contracting of a maximum of 100 machine-hours is permitted for cleaning the affected area. Likewise, article 30, subsection a) of the same law establishes that the Response Phase, which is an operational phase immediate to the occurrence of the event, includes urgent first-impact measures aimed at safeguarding life, vital public service infrastructure, and the production of goods and services through alert, alarm, evacuation, and relocation actions, among others. The Office of the Attorney General of the Republic, through Opinion C-030-2016 of 15 February 2016, stated regarding first impacts: \"As indicated, responding to local or minor emergencies corresponds to the Commission. However, when dealing with actions classified as first impact, it should be considered that the Commission does not act alone. Among the coordination bodies created by article 10 of the Law, we find the Emergency Operations Center, an organ of the Commission, which brings together public, governmental, or non-governmental institutions 'that work in the first response and emergency rehabilitation phase.' It is this body that prepares and executes first-response tasks in emergency situations. Taking into account the coordination bodies established by the Law, it can be affirmed that the local or minor emergency involves all agencies with competence regarding the damages caused. It must be taken into account that, for responding to these minor emergencies, the Law allows the Commission to transfer supplies and 'first response' equipment to regional, municipal, and community committees in custody and administration, to be used in attending to the affected population, article 52. Ergo, the cited committees participate in responding to the cited minor and local emergencies, where applicable, with the goods transferred by the CNE.\" V. EMERGENCIES DECLARED UNDER EXECUTIVE DECREE. Regarding the Exceptional Regime, this arises from a Declaration of a State of Emergency, which is made by the Executive Branch, as provided in article 29 of Law No. 8488. The Declaration of Emergency allows for exceptional treatment given budgetary rigidity, by virtue of article 180 of the Political Constitution, so that the Government can quickly obtain sufficient economic, material, or other resources to attend to the people, goods, and services affected or in danger (art. 31 Law No. 8488); according to the need in the different stages of the emergency as established in article 30 of the cited law. To use the exceptional regime, the causal link must UNEQUIVOCALLY exist between the event that causes the state of necessity and urgency and the damages effectively caused. In this sense, the Constitutional Chamber in Vote number 3410-92, reiterated in Vote number 1369-2001 of fourteen hours thirty minutes on fourteen February two thousand one, indicated: \"a causal nexus is required for the intervention of the CNE between the event that occurred and the investment made, duly supported by an emergency decree issued by the Executive Branch and a General Emergency Plan, understood as a definition of institutional functions and responsibilities and general reaction procedures and alerts [...]\" Once a State of Emergency has been declared, emergency response is executed through three phases as established in article 30 of the cited law, which consist of a response phase aimed at applying urgent measures for life, vital public service infrastructure, and the production of vital goods and services; additionally, we have the rehabilitation phase, which refers to the stabilization of the affected region, through actions aimed at the temporary rehabilitation of vital services of water, transportation, telecommunications, health, commerce, electricity, among others, and finally, we have the reconstruction phase destined to restore the normal functioning of the affected public services; it includes the reconstruction and replacement of damaged public and socially significant infrastructure, as well as the implementation of land-use regulation measures aimed at preventing subsequent damage. When the Executive Branch has issued the decree declaring the state of emergency, the Commission, through its Executive Directorate and in consultation with its Presidency, shall immediately convene the Institutions that have competence and any other it deems necessary as being within the emergency's area of impact, for the preparation of the General Emergency Plan, an instrument that will allow for the rational, efficient, and systematic planning and channeling of the actions to be carried out, the necessary supervision, and the allocation of the required resources. For this purpose, within a maximum period of two months, the convened institutions must deliver an official report of the damages suffered in their area of competence, with an estimate of the costs and needs to be covered. A cause-effect relationship must inequivocally exist in this report of damages. With the reports submitted and the other documentation that the Commission accredits, the General Emergency Plan shall be prepared. The General Emergency Plan is the planning instrument that establishes the causal effect between the event that occurred, the actions, and the investment made to address the emergency. It consists of a description of the causal event, the damage assessment and the estimate of generated losses, broken down by canton and sector; likewise, it includes the delimitation of the actions that each institution must carry out, including those of the Commission itself; as well as a detail of the investment amount required to be made in each of the phases of emergency response, from the response phase to the reconstruction of the affected area. The immediate action measures, the human and material resource needs to address the event, the mediate action measures, such as those related to the rehabilitation and reconstruction of the affected areas, and the eradication and prevention of the risk situations that caused the emergency situation must also be indicated. All institutions are obligated by this Law to contribute as necessary, with information and technical support for the preparation of the General Emergency Plan. The drafting of this Plan, as well as the responsibilities related to subsequent execution, shall take priority over the ordinary work of each particular institution, as long as the state of emergency is in effect. To execute the actions, works, and contracts, the Commission shall appoint as Executing Units the public institutions with competence in the area where the actions are developed, provided they have a sufficient structure to meet the commitments; both the Commission and the executing units shall be obligated to prepare investment plans, where the actions, works, and financial resources they will employ to attend to what is assigned to them are detailed in a detailed manner, which must be approved by the Commission's Board of Directors. The appointment of Executing Units allows for the allocation of emergency resources, which implies the use and management of resources in accordance with the corresponding procedures. In this regard, it must be taken into account that article 51, second paragraph, of the Law provides that the contracting of goods and services financed with resources from the Fund for responding to declared emergencies shall be governed by the principles of the Law on Administrative Procurement, the provisions of the Internal Regulations of the institutional Procurement Department, and specific provisions issued for such contracting.\n\nThe Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), in Legal Opinion No. 044 - J of July 20, 2012, addressed the issue, stating: “(…) Although the General Plan (Plan General) must include all actions to be taken to respond to the emergency, in its distinct phases, the agencies that will be responsible for those actions, and the general investment required by the emergency in its distinct phases, the truth is that from the moment an agency is appointed as an executing unit (unidad ejecutora), it becomes obligated to prepare an investment plan (plan de inversión), describing the actions, works, and financial resources it will employ to attend to the tasks corresponding to it. That is, a plan of action for its obligations regarding the emergency, as those obligations arise from the General Plan. That investment plan cannot be limited to mentioning the major lines of action, since the law not only states that it must contain a detailed description, but adds that this must be itemized (pormenorizada); which forces one to consider that the actions must be described in their various elements in order to specify how the needs caused will be addressed. It follows from the above that the investment plan is a consequence of the General Plan. Consequently, it must contemplate the actions foreseen in the General Plan and maintain the corresponding causal link between the emergency and the actions to be financed with that new plan (…)” (The underlining is not from the original). VI. POWERS AND RESPONSIBILITIES OF LOCAL GOVERNMENTS IN RISK PREVENTION THROUGH TERRITORIAL PLANNING (ORDENAMIENTO TERRITORIAL). It is the duty of the municipal government to guarantee, through planning and the exercise of police power (potestad de policía), that urban development meets criteria of safety, health, and environmental sustainability. The foregoing, in protection of the rights of citizens. Arising directly from Article 169 of the Political Constitution, the Municipal Code (Código Municipal), the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), the Construction Law (Ley de Construcciones), and related regulations, it is the absolute and exclusive responsibility of the municipalities to plan the territory under their jurisdiction. This unavoidable duty has been expanded upon in various opinions of the Attorney General's Office, among them, C-093-2007 of March 27, 2007, C-020-2009 of January 29, 2009, C-118-2009 of May 4, 2009, C-155-2009 of June 1, 2009, C-091-2010 of May 3, 2010, and several more in the same vein. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has ratified this responsibility, in rulings such as numbers 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002- 07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 and 2005- 07516, among many others. In this regard, the jurist Eduardo Ortiz Ortiz, cited in Opinion C-032-98 of February 25, 1998, from the Attorney General's Office, has stated: \"The municipal competence to issue urban plans derives from the law, since it covers a matter constitutionally reserved to it, but it also has a constitutional basis, since it is a local matter. This means that the law cannot make the delegation except to the Municipality and that a law that did the opposite and empowered, for example, the Executive Branch, would be unconstitutional, for violating municipal autonomy.\" Additionally, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal (Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) has issued rulings consistent with the position of the Attorney General's Office, such as resolution No. 128- 2008 of 10:30 a.m. on March 7, 2008, No. 209-2011, of 2:30 p.m. on June 16, 2011, and No. 124-2011, of 9:50 a.m. on April 15, 2012, among many others, emphasizing the absolute responsibility of local governments regarding territorial planning.\n\nAgreement No. 0443 of November 30, 2011, from the Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias) adopted in Extraordinary Session No. 10-11, held on Wednesday, November 9, 2011, and published in La Gaceta No. 230 of November 30, 2011, called: “Recommends to mayors (alcaldes) that they proceed immediately to the evacuation of occupants from areas of recognized risk and imminent danger and demolish the buildings located in them,” which textually concludes by stating:\na. Recommend to all Mayors of the country:\n i. That in accordance with the duties and powers imposed upon them by the Political Constitution in its articles 50 and 169, the Municipal Code, the Urban Planning Law, the Construction Law, the Organic Environmental Law, Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal), and related regulations, the General Health Law, and the extensive jurisprudence on the subject, they proceed immediately to the evacuation of occupants from areas of recognized risk and imminent danger, as well as to demolish the buildings located in them, and to monitor that they are not invaded again by human settlements, applying the procedural sequence cited in Considering IV, extracted from ruling No. 12485- 2010 of the Constitutional Chamber.\n ii. That due to the binding nature conferred by the Constitutional Chamber, they immediately implement the recommendations that the technicians of the CNE and academic institutions have provided to them repeatedly over many years and which are known to them, regarding concrete and timely actions to safeguard human life in areas of recognized risk and imminent danger. The studies and technical recommendations that have been historically issued in each case will be available to the municipalities at the CNE offices. The Internal Audit Offices (Auditorías Internas) and the Municipal Councils (Concejos Municipales) shall ensure compliance with these provisions. Disobedience will be considered a breach of duties (incumplimiento de deberes), and must be brought by the Internal Audit Offices to the attention of the corresponding authority. (…)\nd. Formally communicate this Agreement to all Mayors, and to the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes).\ne. Publish this Agreement and the country's natural hazard summary map (available on the website, www.cne.go.cr) in the official gazette and in a newspaper of national circulation. (The underlining is not from the original)\nAt this point, it is necessary to recall that by virtue of the constitutional mandate that the administration of the local interests and services of the canton is the competence of the Local Government, and for the specific case, the Municipality, as a state legal entity, with its own patrimony and legal personality (article 2 of Municipal Code No. 7794), has full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes.\n\nVII. ON THE SPECIFIC CASE.\nOf the ordinary competencies of the CNE, according to Law No. 8488, is the obligation to; “… Article 14.-Ordinary prevention competencies of the commission. The Commission shall be the governing body with regard to risk prevention and preparedness to attend to emergency situations. It must fulfill the following competencies:\na) Articulate and coordinate the national policy regarding risk prevention and preparedness to attend to emergency situations. Likewise, it must promote, organize, direct, and coordinate, as appropriate, the allocations required to articulate the National Risk Management System (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo) and its components and instruments. This management shall be carried out in permanent consultation with the organs and entities integrated into the process.\nb) Carry out thematic promotion, through permanent education and dissemination programs.\nc) Issue binding resolutions on risk, disaster, and imminent danger situations, based on technical and scientific criteria, aimed at guiding regulation and control actions for their effective prevention and management, that regulate or order their effective compliance by State institutions, the private sector, and the population in general. The officials of the organs and entities competent to execute or implement such binding resolutions may, in no case, disregard them. Physical or legal persons, public or private, who improperly build on or use zones restricted by these binding resolutions shall be subject to the obligation to demolish or eliminate the work, in accordance with Article 36 of this Law.\nd) Exercise control over the regulatory function carried out by State institutions to control risk-generating processes, according to their areas of competence, based on the Commission's power to issue binding resolutions on risk conditions and emergency response.\ne) Exercise a permanent control function, so that State organs and entities include risk management criteria in the planning and execution of the plans, programs, and projects that promote the country's development.\nf) Promote and support studies and research in matters related to its purposes, as well as the development of projects that promote physical, technical, and educational systems aimed at disaster prevention and mitigation, and preparedness to face them.\ng) Promote and foster the monitoring and management of risk situations, through the study or implementation of observation, surveillance, and alert measures, that allow foreseeing, reducing, and avoiding the impact and damages of possible disaster events. Furthermore, if necessary, coordinate the monitoring and management of such situations.\nh) Advise municipalities regarding the management of information on risk conditions that affect them, such as guidance for an effective policy on land use and territorial planning. The advice shall contribute to the elaboration of regulatory plans (planes reguladores), the adoption of control measures, and the promotion of organization, aimed at reducing the vulnerability of people, considering that, at the municipal level, the responsibility for addressing this problem lies in the first instance.\ni) Establish and coordinate a permanent multi-institutional body for planning, coordination, and direction of emergency operations.\nj) Establish and maintain relationships with entities, national and international, governmental or non-governmental, whose purpose is akin to the institution; sign, with said entities, agreements, conventions, or contracts for exchange and cooperation deemed appropriate.\nk) Foster the creation and strengthening of regional, municipal, and local capacities for the management of emergency situations. If necessary, includes participation in alert, alarm, mobilization, and assistance actions for the population.\nl) Manage international aid, from agencies and countries, in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and Worship (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto), for prevention programs and emergency response.\nm) Coordinate the international aid that Costa Rica may offer to other nations that have declared an emergency in their territories, when agreed upon by the President of the Republic and the Minister of Foreign Affairs and Worship. Such cooperation shall be constituted by human resources, technical advice, or donations of goods and services, as the country's possibilities allow…”\n(Highlighting is not from the original)\n\nSimilarly, it has its extraordinary competencies defined in Article 15, which textually states; “Article 15.-Extraordinary competencies of the commission. Once the state of emergency established in Article 29 of this Law is declared, the Commission shall be responsible for planning, coordinating, directing, and controlling the actions aimed at resolving urgent needs, executing protection, rescue, and rehabilitation programs and activities. To do this, it must execute, at a minimum, the following actions:\na) The coordination, direction, and control of the response to emergencies declared as such by the Executive Branch, shall be carried out according to the phases defined in Article 30 of this Law; for this, the Commission, through the Executive Directorate, must prepare the General Emergency Plan (Plan General de la Emergencia), according to the terms referred to in Chapter VI of this Law.\nb) Must coordinate damage assessment, for which the institutions of the Central Administration, the Decentralized Public Administration of the State, Local Governments, and state enterprises shall be responsible for evaluating the damages and coordinating their execution with the Commission.\nc) Plan, coordinate, organize, and supervise the execution of rescue actions by public and private, national and international agencies.\nd) Coordinate the scientific and technical research necessary for the Plan, as well as physical and economic recovery programs, and provide the necessary follow-up.\ne) Appoint as executing units (unidades ejecutoras), the public institutions that have under their scope of competence, the execution of the works defined in the General Emergency Plan and supervise their execution.\nf) Hire the special personnel required for determined periods and in accordance with the declaration of emergency. Except as provided in the preceding subsections, the Commission shall attend, without a declaration of emergency by the Executive Branch, to the delivery of blankets, food, mattresses, and the acquisition of materials to rehabilitate basic services and enable shelters, as well as the contracting of a maximum of three hundred machine-hours for cleaning and priority attention. The provisions of this paragraph apply for each case of local and minor emergencies that, due to the high frequency with which they occur or the serious impact they cause in the communities, demand the provision of extraordinary attention…”\nArticle 25 of Law 8488 indicates that it is the responsibility of the Costa Rican State to prevent disasters; therefore, all institutions shall be obligated to consider the concepts of risk and disaster in their programs and include the ordinary management measures that are appropriate and timely for them to avoid their manifestation, promoting a culture aimed at reducing them.\n\nLikewise, Agreement No. 0443 of November 30, 2011, from the Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response adopted in Extraordinary Session No. 10-11, held on Wednesday, November 9, 2011, and published in La Gaceta No. 230 of November 30, 2011, must be kept in mind; it “Recommends to mayors, that they proceed immediately to the evacuation of occupants from areas of recognized risk and imminent danger and demolish the buildings located in them.” At this point, it is necessary to recall that by virtue of the constitutional mandate that the administration of the local interests and services of the canton is the competence of the Local Government, and for the specific case, the Municipality (…), as a state legal entity, with its own patrimony and legal personality (Article 2 of Municipal Code No. 7794), has full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes.\n\nIn another line of ideas, within the budget and as part of the powers of local governments in risk prevention, we have that in accordance with Law No. 9907, of October twenty-seventh, two thousand twenty, Article 46 bis was added to Law 8488, dedicated to the application of the three percent that previously had to be transferred to the Commission by the municipal regime. It is the duty of the municipal government to guarantee, through planning and the exercise of police power, that urban development meets criteria of safety, health, and environmental sustainability. The foregoing, in protection of the rights of citizens. Arising directly from Article 169 of the Political Constitution, the Municipal Code, the Urban Planning Law, the Construction Law, and related regulations, it is the absolute and exclusive responsibility of the municipalities to plan the territory under their jurisdiction.\n\nIn another line of ideas, through Official Letter No. CNE-UIAR-INF-1738-2025, of December 2025, the Risk Investigation and Analysis Unit (Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo) of the CNE, proceeded to provide a technical report, regarding what was alleged by the appellant. Relevant portions state the following (original wording and spelling are preserved); “… IV. Conclusions 1. Existence on both banks of two types of protection works, right bank gabions (gaviones) that in one of its sections is failing and the other the placement of tires on the left bank that is also decoupled, both within the protection zone. 2. The property with cadastral map SJ-0502320-1998, Address10547, located in the district of Guayabo, Address10548, Address10549, Address10546, evidences a placement of tires parallel to the property possibly carried out for erosion protection. 3. The construction or dwelling directly (SJ-0502320-1998, Address10547), is not directly exposed to erosion due to the conditions indicated in point 2. 4. The containment work “gavión” carried out for erosion protection on the right bank initially presents a structural failure. 5. The dwellings located on the west side in the slope area, right bank, to date do not show problems associated with slope instability. 6. The dwellings located on the west side are habitable to date V. Recommendations 1. Build technically well-designed mitigation works on both banks, by the property owners in accordance with the legal provisions for these cases. 2. With respect to the conditions of the stream from the hydrological point of view or water discharges, it is the responsibility of other entities to determine and analyze the measures to be taken in the area in order to prevent greater impacts in the lower parts…” Finally, the Reconstruction Processes Unit (Unidad de Procesos de Reconstrucción) of the CNE, remits Official Letter CNEUGPR-OF-3891-2025, of December 8, 2025, which, in relevant parts, states the following (original wording and spelling are preserved); “…According to your request, we allow ourselves to inform you of the following: 1. That the works carried out by the National Road Council (CONAVI) on Address10544, correspond to ordinary maintenance that this Institution must carry out within the framework of its competencies. 2. This Unit has no report that the Municipality, CONAVI, or any other Institution has filed with the CNE a request for an undeclared Local Emergency during the current year, to address impacts in the area, specifically on Address10545…” (Highlighting is not from the original) In conclusion, the CNE has carried out proactive work within our legality framework and in accordance with the guidance of the Honorable Constitutional Chamber, in terms of providing prompt and complete response to the appellants and of making recommendations within the area of our competencies to other Government institutions and directly to the Municipal Corporation. That is, no violation whatsoever of the fundamental rights alleged by the appellant is accredited.”\n\n 4.- Ariuna Cabal Lombodorzh, in her capacity as acting mayoress (alcaldesa a.i.) of Mora, reports under oath, the following: “II. OF WHAT WAS REPORTED BY THE COMPETENT MUNICIPAL DEPARTMENTS IN RELATION TO THE FACTS DENOUNCED BY THE APPELLANT: FIRST: Through report No. UTGV-0785-2025 dated December 5, 2025, signed by Pablo Herrera Zúñiga, Geologist of the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial) of the Municipality of Mora, the following has been reported: “(…) In response to your request to answer the amparo appeal with FILE No.: 25-036859- 0007-CO, I state the following for the specific case of property 487692: 1. The natural hazard map of the Municipality of Mora (figure 1) does not register active landslides affecting the property. The erosive processes closest to the property are located 90 m to the northeast, they correspond to slight creep (reptación leve), but do not affect property 487692. 2. Based on the cantonal road network inventory, the access road to property 487692 is not codified, therefore, funds from Law 8114 cannot be assigned to intervene on it (figure 1). 3. A surface water body registered as intermittent is identified in the archives of the National Territorial Information System (SNIT) and in the public viewer of the National Information System for Water Resource Management (SINIGIRH) of the Water Department of MINAE (figures 1 and 2). 4. Using Geographic Information Systems tools, the protection zones (zonas de protección) for surface water bodies were delimited with a distance of 15 m on both sides of the watercourse, as established in Article 33 of the Forest Law No. 7575. As a result, part of property 487692 and the dwelling built on the site are affected by the protection area (figure 1). The setback from water bodies may be verified with greater certainty at the request of the owner through INVU (Inserts image) 5.During a field inspection, a tire retaining wall (muro de llantas) with fill was observed in the water body protection zone, left bank adjacent to Address10547 (photographs 1 and 2). It is unknown if the works in the channel have the permit from the Water Directorate (Dirección de Aguas). These walls built in the surface water channel and its protection area show a reduction of space for water flow passage, for this reason, deep erosion may have been generated affecting the base of the tire walls and their subsequent destabilization. On the adjacent property on the right bank, a gabion wall (muro de gaviones) is also observed (photograph 1). (Inserts image) 6. There is a contribution of stormwater from an outfall from Address10544. The competence to attend to national road infrastructure corresponds to CONAVI. Based on consultation with the engineer of the Technical Road Management Unit of the Municipality of Mora, a legal framework exists that allows discharging water collected in road infrastructure ditches to low points and receiving water bodies. (…)” SECOND: Likewise, through report No. UTGV-0787-2025 dated December 9, 2025, signed by Eng. Cristhian Arroyo Gamboa, Director Technical Road Management Unit, the following is indicated: “(…) On the past 3rd of December at twenty-one fifty-eight hours, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice formally notified the writ of Mr. Name129538 where, in his condition as appellant, as recorded in electronic file number 25-036859- 0007-CO; he files an appeal against the NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE, NATIONAL ROAD COUNCIL, MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORTATION AND THE MUNICIPALITY OF MORA regarding the works carried out by the National Road Council (CONAVI) on National Route No. 239 that have generated a significant environmental and socio-environmental impact, directly affecting his real property located in the Canton of Mora; alleging that said ditch construction works have diverted stormwater towards Address10550; thereby its flow increased and causes flooding, washouts (socavones), and irreversible damage to the environment. He emphasizes that the events date back to works carried out in 2012 where CONAVI built a series of ditches on National Route No. 239, specifically at the height of Bajo Claras, whose waters flow directly into the aforementioned Stream. With regard to the Municipality of Mora, in 2013 the president of the Development Association of La Fila de Mora, raised the neighbors' concern before this Municipality, where, in her writing, she highlights that neither the Municipality nor CONAVI had adopted concrete measures to resolve the environmental damage caused by these works, given the increase in the flow of the Bajo Claras Stream, resulting in an increase in the velocity and quantity of water, causing erosion of the banks and the depth of the stream. The appellant, concerned about the safety of his property and environmental integrity, built gabions to mitigate the impact; however, those gabions have proven insufficient and have been undermined due to water pressure and earth. The collapse of these elements has generated a partial blockage of the stream's course; thereby, the environmental problems have been exacerbated. He explains that, despite this private effort, the damage continued to worsen, where coupled with intense rains have saturated the soils, generating landslides and where the displacement of the western slope of the stream puts the dwellings at risk of collapse of dwellings that literally hang from the slope. Finally, Mr. Name129538 states that on the past October 24, 2025, officers of the Municipal Police of Mora entered the appellant's property without his prior authorization; although it was initially thought that this action could be related to the resolution of the environmental problem, the appellant has not received any report or justification regarding said intervention. Regarding what was described above, it is important to emphasize that Municipalities do not, by law, have involvement over works carried out on National Routes; as evidenced by the Public Roads Law No. 5060, which states: “NATIONAL ROAD NETWORK: Its administration corresponds to the Ministry of Public Works and Transportation (MOPT), which shall define it according to the requirements determined for this purpose by the Executive Branch, by way of agreement.” The works mentioned in the writ are related to National Route No. 239, and the works for the outfall of stormwater generated by the flows of said route. Similarly, the channeling of stormwater seeks its discharge to water bodies duly identified as such, so that they follow their normal course. The aforementioned stream is identified as a surface water body registered as intermittent in the archives of the National Territorial Information System (SNIT) and in the public viewer of the National Information System for Water Resource Management (SINIGIRH) of the Water Department of MINAE (figures 1 and 2): (Inserts image) Also, according to the hazard monitoring carried out within the Canton, it does not register active landslides affecting the property. The closest erosive processes to the property are located 90 m to the northeast, where these correspond to slight creep of the terrain, without this affecting property 487692, as evidenced in figure 1. Furthermore, upon using Geographic Information Systems tools, the protection zones for surface water bodies are delimited with a distance of 15 m on both sides of the watercourse, as established in Article 33 of the Forest Law No. 7575. As a result, part of property 487692, and the dwelling built on the site are affected by the protection area (figure 1). The setback from water bodies may be verified with greater certainty at the request of each owner through INVU; where, during the field inspection cited by Mr. Name129538 of past October 24, 2025, a tire wall was observed within the water body protection zone, on the left bank adjacent to property 487692 (photographs 1 and 2). It is unknown if the works in the channel have the permit from the Water Directorate. This type of wall structures built in the surface water channel and its protection area show a reduction of space for water flow passage, for this reason, deep erosion may have been generated affecting the base of the tire walls and their subsequent destabilization. On the adjacent property on the right bank, a gabion wall is also observed (photograph 1). (Inserts image) Conclusions: Although it is true the works relate to the matter of roads and the waters deriving from them, the works originate from a national route which, as the Public Roads Law clearly indicates, being a National Route, it is the entire responsibility of MOPT/CONAVI; and not of the Municipality, even if it is located within the Canton of Mora. Furthermore, the waters are directed to a water body identified as such in the archives of the National Territorial Information System (SNIT) and in the public viewer of the National Information System for Water Resource Management (SINIGIRH) of the Water Department of MINAE; that crosses private lots and a road that is not part of the Cantonal Road Network of this Municipality.\n\nThe foregoing is supported by the provisions of the Public Roads Law #5060 in its article #20, which indicates that \"all possessors of real estate, by any title, are obligated to receive and allow to flow within their properties, the waters from the roads when so determined by the unevenness of the land and, when their properties are immediately adjacent to the drains of a road, they must keep these drains clean, in perfect working order, and free of obstacles…\" The setbacks of those works built near the channels of bodies of water, given the highly changeable dynamism of rivers, are precisely to contemplate the variations in flow rates, hence such works must be respected and the corresponding permit must be obtained to verify that the setback is respected and functions correctly to avoid problems, both from the failure of these works and the eventual obstruction within the river channel. The foregoing was evidenced in the attached report MM-PM-341-2025, following an inspection carried out on October 28, 2025. Finally, with all the foregoing, it is evident that the Municipality of Mora has no liability whatsoever regarding what Mr. Nombre129538 states, and rather it is proven that the works built by these same individuals were done without any type of permit and without respecting the legal setbacks, which caused their failure and is actually obstructing the normal flow of the waters, causing greater scour of the channel. (…)” III. ON THE LEGAL JURISDICTION OVER THE NATIONAL ROAD NETWORK: The Costa Rican legal framework is clear in establishing that the National Road Network falls under the exclusive jurisdiction of the MOPT and CONAVI, as established by the General Roads Law in its article 01, which states: “(…) NATIONAL ROAD NETWORK: Its administration corresponds to the Ministry of Public Works and Transport, which shall define it according to the requirements determined for that purpose by the Executive Branch, by way of agreement. This network shall be constituted by the following classes of public roads: a) Primary roads: Network of trunk routes, to serve as corridors, characterized by relatively high traffic volumes and a high proportion of international, interprovincial, or long-distance trips. b) Secondary roads: Routes connecting important canton capitals -not served by primary roads- as well as other centers of population, production, or tourism, that generate a considerable number of interregional or inter-canton trips. c) Tertiary roads: Routes that serve as traffic collectors for primary and secondary roads, and that constitute the main roads for trips within a region, or between important districts. (…)” This same article establishes that the administration of the cantonal road network corresponds to the municipalities, clearly delimiting the competence of both entities in relation to the country's road network, granting legal jurisdiction over the national road network to the Ministry of Public Works and Transport and over the cantonal road network to the municipalities. Furthermore, article 04, subsection a) of the Law Creating the Road Council (CONAVI) stipulates: “(…) ARTICLE 4.- The objectives of the National Road Council shall be the following: a) To plan, program, administer, finance, execute, and control the conservation and construction of the national road network, in accordance with the programs prepared by the Planning Directorate of the Ministry of Public Works and Transport (…)” The article cited above establishes once again that the administration, conservation, and construction of the national road network shall be the objective of the National Road Council as a body with maximum deconcentration, attached to the Ministry of Public Works and Transport. In addition to the foregoing, ordinal 02 of Law No. 9329, Special Law for the Transfer of Competencies: Full and Exclusive Attention of the Cantonal Road Network, again delimits the competence of the municipalities regarding the cantonal road network, let us see: “(…) The attention of the cantonal road network, fully and exclusively, shall be the competence of the local governments, who shall be responsible for planning, programming, designing, administering, financing, executing, and controlling its construction, conservation, signaling, demarcation, rehabilitation, reinforcement, reconstruction, concession, and operation, in accordance with the road conservation and development plan (five-year) of each municipality. (…)” By virtue of the stated regulations, jurisdiction over the administration of those highways, streets, or roads that make up the national road network is exclusive to the Ministry of Public Works and Transport and its attached entity CONAVI, therefore the Municipalities cannot intervene, administer, or execute works in this network except by express assignment by law, failing which they lack the competence to intervene, administer, or execute any work on the national road network, which must be taken into account in this amparo appeal, since the facts denounced by the appellant are linked to stormwater coming from a national route such as 239. IV. OF THE SPECIFIC CASE: According to the reports of Geologist Pablo Herrera Zuñiga and engineer Cristhian Arroyo Gamboa, both officials of the Technical Road Management Unit of this municipality, it is confirmed that the ditching works that are collecting stormwater and diverting it to the Quebrada Bajo Claras, generating the impact denounced in this amparo appeal, were executed by the National Road Council (CONAVI) for the purpose of channeling stormwater coming from National Route 239. It is expressly noted that the increase in flow in the adjacent stream, as well as the scouring and flooding processes denounced by the appellant, derive directly from the intervention carried out by CONAVI for the drainage of stormwater, since the road that collects and conveys such water corresponds to the national road network, and not to the cantonal road network. Therefore, its execution, maintenance, and attention are exclusively the responsibility of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) through CONAVI, without interference from this Municipality, as it is not within its jurisdiction, as established by the General Roads Law. Likewise, from the inspection carried out by municipal authorities at the site and the facts, it was determined, as reported by the Technical Road Management Unit, that certain retaining walls were built in the area, one of tires and another of gabions; however, it assesses that these structures have apparently yielded due to water pressure, generating obstructions to the natural flow of the stream in question and contributing to the accumulation of sediments and the specific increase in the water level. Such a situation, far from being the product of municipal actions, derives from the alteration of the amount of water collected by the stream, generated by the works executed by CONAVI on a national-level section. On the other hand, the Report from the Geology department of this municipality concludes that within the affected property pointed out by the appellant, no active erosive processes or evidence of nearby landslides are observed, so the alleged damage is not linked to internal ground phenomena. Similarly, the report notes that the access road to the property is not coded within the inventory of the cantonal road network. Given this, it is not possible to use resources from Law 8114, which exclusively finances the attention and intervention of the duly registered and coded cantonal road network. This regulation is clear that resources must be allocated to routes officially classified within said network, which does not apply to the road mentioned by the appellant. Additionally, the stream in question is identified as a surface water body registered as intermittent in the archives of the National Territorial Information System (SNIT) and in the public viewer of the National Information System for Water Resource Management (SINIGIRH) of the Water Department of MINAE. Likewise, as indicated in the report, the protection zones of the surface water body were delimited by the Geographic Information System and, as a result, the adjoining property and dwelling are affected by the protection area; thus, according to what was determined, this Municipality will proceed to carry out the corresponding closures to safeguard the protection area and the well-being of the inhabitants of said dwelling. However, it must be reiterated that the works for draining stormwater from Dirección10551, which are generating the impact of scouring and flooding due to the increase of the stream's flow upon receiving those waters, were not executed under municipal jurisdiction, since the area forms part of the hydraulic corridor related to a national route. The engineer from the Road Management Unit indicates that the channeling technique carried out by CONAVI is precisely to convey stormwater toward a natural body of water, in order to allow its drainage and ensure that it follows its normal course, avoiding impacts on the national road infrastructure, but said questioned works are not the responsibility of the municipality; rather, they correspond to interventions carried out by CONAVI within its scope of legal jurisdiction. Consequently, the effects derived from the increase in the stream's flow and the scouring processes observed in the sector are inherent to the management of the national road network, which is not the competence of this municipality. In this way, we emphasize that, according to what was reported by the competent technical unit, the main impact factor is related to: 1. The ditching works carried out by CONAVI regarding route 239 and the stormwater flowing from said route, under the jurisdiction of MOPT through CONAVI, toward the Quebrada Bajo Claras, increasing its flow. 2. The aggravating factor of the retaining walls, the construction of which has also been unrelated to this municipality and which have yielded, causing the interruption of the stream's flow, aggravating the impact. It is unknown whether they have the permits that are the jurisdiction of the Water Directorate of MINAE for the construction of said structures in the channel. Therefore, none of the executed works that are generating the impact denounced by the appellant can be attributed to the management of this municipality.\"\n\n5.- Jason Pérez Anchía, in his capacity as acting executive director of the National Road Council (Conavi), reports under oath the following: \"Mr. Nombre129538 filed an amparo appeal alleging that in 2012, the National Road Council carried out work on National Route No. 239 that has generated a significant environmental and socio-environmental impact, directly affecting his real estate located in the Canton of Mora. The appellant alleges the following: '… the National Road Council (hereinafter CONAVI), proceeded to carry out ditching work on National Route 239, a road that connects the Canton of Mora with the Canton of Puriscal, specifically at the height of the entrance leading to the Bajo Claras area. As a consequence of the ditching work carried out, the waters collected during the rains are directed to discharge into the so-called Quebrada Bajo Clara, thereby causing, during the winter season, the flow of the same to increase considerably and cause flooding, which has not only scoured the banks of the stream, but also this year dragged away the culvert serving as a bridge at Dirección10546, which is precisely located at the entrance to my property.' (Highlighting is not from the original.) The appellant points out that these facts are known to the Municipality of Mora and the administration (CONAVI), by stating in the complaint filed that: 'At the beginning of the year two thousand thirteen, Mrs. Yenni Salazar Badilla, in her capacity as President of the Development Association of La Fila de Mora, expressed before the Municipality of Mora the concern of the neighbors in the area regarding the works carried out by CONAVI and that they are causing serious problems on the cantonal road leading to Bajo Claras. (…) … officials of the Technical Environmental Management Unit of the Municipality of Mora appeared at the affected area and verified that the works carried out by CONAVI are affecting the neighbors of Bajo Claras… issued report SI-2013-1246… indicating the following: “…Situation Found: An inspection is carried out at the site and it is confirmed that the works carried out by CONAVI present conditions that could generate serious problems on the cantonal road leading to Bajo Claras. Said ditches have a length of 301 meters draining onto the cantonal road without any type of complementary work that could minimize the damage generated by this great current. Additionally, it is found that a water outlet was closed that made a cut at 243 m. and that provided a great function by distributing the flow and providing a flatter point…\\\" … On March twenty-second of the year two thousand thirteen, through communication number UTGV-012-AJM-2013, signed by Engineer Alonso Mora Arroyo, in his capacity as Director of the Technical Environmental Management Unit of the Municipality of Mora, he addressed a note to Engineer Cristian Vargas Calvo, Director of Road Conservation of CONAVI, in which, among other things, he made known the following: \\\"...In the inspection carried out by this office we verified the situation and join the neighbors' concern, as no type of mitigation work was carried out at the drainage outlet; on the contrary, the closure of a water outlet at a prior, flatter point was confirmed, which provided a great reduction in both flow and water speed...\\\" It is more than evident that both the Municipal Authorities and the CONAVI Authorities are aware of the problem that I am now denouncing and of which I, as well as the neighbors of Bajo Claras, have been victims, besides the environmental damage that has been caused, resulting from the increase in the stream's flow and which has scoured its banks and depth, to the point that it has jeopardized the homes of my neighbors.' The appellant Nombre129538, in the appeal filed, proceeds to point out that: 'It is evident that the works carried out by CONAVI, consisting of building ditches that discharge into a stream, have caused not only an increase in its flow, an increase that has been augmented over time, resulting from the intensity of the flow and the speed of its waters, which has undoubtedly caused an irreversible impact on the environment… Along the Quebrada Bajo Clara, the environmental damage produced by the high currents, due to the increase in flow coming from the ditches built by CO NAVI, on Dirección10552 and which affect the stream in question, is irreversible, in addition to threatening public health and environmental balance.' In compliance with what was requested by this Honorable Chamber, the National Road Council requested the Road and Bridge Conservation Management to issue a technical report, within its competencies, to address the present appeal. The Road and Bridge Conservation Management of CONAVI issues CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSVDRC-196-2025 dated December 9, 2025, in which it addresses the inquiry related to the Amparo appeal processed under judicial case file number 25-036859-0007-CO, in relation to institutional competence, stating the following: The appellant attributes to CONAVI the alleged diversion of water toward Dirección10545 as a result of the construction of ditches on Dirección10544, indicating that this would have generated environmental damage, flooding, and impacts on private properties. However, based on official technical evidence, the following is clarified: '1. The ditches built by CONAVI did NOT modify, close, or alter natural channels. In the SALASA (1-2)-204-2023 Report, issued by the Road Administrator of Dirección10553, it expressly concludes: \"The existence of a stormwater drainage system on National Route 239 was observed, constituted by concrete ditches… The current state of the ditches is excellent.\" \"The points where the ditches discharge correspond to the naturally lowest points of the terrain.\" (…) \"The problem is not caused by CONAVI, since this is a natural discharge point; what happens is that, as there is no adequate drainage infrastructure on the cantonal road, it is affected.\" 2. The ditches discharge exactly where the topography determines it. There is no artificial diversion created by CONAVI. The natural slope of the terrain conducts the water towards the intersection with the cantonal road, where: • There exists a single natural drainage point identified before the construction of the ditches. • The cantonal road has very steep slopes, almost completely lacks ditches, and does not have a functional municipal stormwater system, which generates erosion and washout during the rainy season.' Therefore, what was stated by the appellant Nombre129538 is rejected, according to the technical report issued by the Road and Bridge Conservation Management, in which it is pointed out that CONAVI did not close any natural channel, nor diverted water, as the appellant alleges and affirms, an affirmation made without technical support or evidentiary elements; likewise, it is reaffirmed in the technical report CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRC-196-2025, that the ditches of RN-239 discharge at natural drainage points, determined by the topography. The aforementioned technical report references the technical report SALASA (1-2)-204-2023, dated December 12, 2023, issued by Consultora y Ejecutora SALASA S.A., in which the description of the situation motivating this appeal is made; this report states the following: The site visit was made on 12/12/2023 where the area affected by stormwater drainage problems was inspected, on Dirección10554 that intersects with RN 239, SC 10492, at stations: 14+835 to 14+845, Dirección10555 Dirección10561, 100 m east of the Adela Rodríguez Venegas school, coordinates Telf9931, - Telf9932. The existence of a stormwater drainage system on Dirección10544 was observed, consisting of concrete ditches, which were built by CONAVI since the area is highly transited by both vehicles and pedestrians; this because the area has a primary school at this point as well as several commercial businesses. The ditches and sidewalks built provide safety for pedestrians circulating in the area. The current state of the ditches is excellent. Now, the section under study has two stormwater drainage points, where the ditches discharge the waters; this because, due to the topography of the terrain, said points represent the lowest points. At one of the ditch drainage points lies a cantonal road, which receives part of the flow from the ditches in the Dirección10556– direction; the other drainage point receives the waters from another section of ditches in the Ciudad Colón – La Fila direction, meaning the water is distributed at those two discharge points. The problem is that where the cantonal road providing access to Dirección10557 is located, it has a very high slope, and it only has a short section of constructed ditch; this causes the water to flow at high speed and, with no ditch on most of the cantonal road, it is causing rapid erosion of the road, a problem that may worsen in the rainy season. Therefore, the problem is not caused by CONAVI, since this is a natural discharge point; what happens is that, as there is no adequate drainage infrastructure on the cantonal road, it is affected. (Highlighting is not from the original) Consequently, this report reveals that the problem caused in the area is due to the lack of drainage infrastructure on the cantonal road; therefore, the solution to this incident is not the responsibility of CONAVI, but of the Municipality of Mora, and since the year 2023, in the report from Consultora y Ejecutora SALASA S.A., the Municipality was recommended to address this problem before the situation worsened. Within the report from Consultora y Ejecutora SALASA S.A., there are sketches and a photographic file, in which the lack of drainage infrastructure on the cantonal road is visualized, which is shown below: Image N. 1 Site Sketch Dirección7762, Dirección10558. (Inserta imagen) Additionally, photographs of the sketch observed above were provided, in which it will be possible to observe the contrast between the ditches found on the National Route and the condition where the ditches should be on the cantonal route. Photos N. 1 and 2 Ditches in good condition Intersection Route No. 239, Dirección10559 (Inserta imagen) From photos 1 and 2, it is observed that on the left side there are ditches; however, on the right side of the cantonal route, no construction of drainage infrastructure is visualized on the cantonal road. Photos N. 3 and 4 End of constructed ditch Intersection Route No. 239, Dirección10559 (Inserta imagen) Upon observing photos 3 and 4, it is recorded that, in addition to the total lack of drainage infrastructure on the right side of the cantonal road, on the left side infrastructure only exists at the beginning of the road, where the ditches of the national route end and the cantonal ditches should begin; poor condition is observed, consequently reaffirming what was indicated by the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI, upon pointing out in the report of December 9, that: 'The cantonal road has very steep slopes, almost completely lacks ditches, and does not have a functional municipal stormwater system, which generates erosion and washout during the rainy season…' Consequently, it is reaffirmed that CONAVI did not modify, close, or alter natural channels as the appellant claims; regarding the imputation raised by Mr. Nombre129538, that CONAVI closed a water outlet in 2012-2013, the Road and Bridge Conservation Management states that: 'The appellant cites municipal reports from the year 2013, but: 1. No current technical evidence exists demonstrating that CONAVI suppressed or closed a natural channel. 2. The municipal reports were issued without coordinates, without topographic surveys, and without hydraulic models, and refer only to preliminary perceptions of the time. 3. Subsequently, the official inspections carried out in 2023 by the Road Administrator and the Central Region categorically conclude that: \"The stormwater drainage outlets of Dirección10544 correspond to the lowest and natural points of the terrain, and no channel closure was identified.\" 4. The stormwater system of RN-239 functions adequately, as evidenced in the photographic file provided.' In relation to the impacts on Dirección10546 and Dirección10549, the following is indicated in the report CARTA-CONAVICA- DIE-GCSV-DRC-196-2025: '1. The erosion and damages originate on the cantonal road, NOT on the National Route. • The cantonal road has very steep slopes. • It only has a very short section of ditch. • It lacks a municipal stormwater system, causing the water to gain force and erode the road. (…) 2. The CONAVI works did not generate the increase in flow in the stream. CONAVI did not increase, did not divert, and did not artificially reroute the runoff flow. The water that reaches the stream comes from the historic and natural drainage of the terrain.' Consequently, regarding the alleged environmental damage claimed by Mr. Nombre129538, the Road and Bridge Conservation Management states that: 'No technical evidence exists linking • The ditches of RN-239 with the collapse of gabions, landslides, scouring of slopes, or collapse of houses on private properties in the sector. On the contrary, the reports indicate: • The saturation of soils and erosion occur within private property, unrelated to any intervention on the National Route. • The slopes fail due to natural processes, absence of municipal works, self-constructions, and the location of houses just a few meters from the edge of the stream, as shown in the photographs of the case file.' For all the facts previously stated, the arguments alleged by the appellant are rejected; although a problem exists in the area, it was not caused by the works carried out by CONAVI, as the appellant claims. No technical or causal nexus exists between the CONAVI works and the damages within private properties or in the stream; the national drainage system fulfills its function and is in good condition. As has been well demonstrated, in previous technical studies, as well as the one currently issued by the Road and Bridge Conservation Management, the real problem lies in the lack of municipal stormwater infrastructure on the cantonal road, whose slope and lack of works causes erosion and washout, which is not CONAVI's responsibility to address. For all the foregoing, on the facts and the law, it is requested that CONAVI not be condemned, taking into consideration that the works carried out by it are not what causes the community's problem. As there is no causal nexus between the problem and the administration's (CONAVI's) actions, it is requested that the appeal be rejected and declared without merit, with respect to CONAVI, as it falls within the competencies and scope of the institution.\"\n\n6.- Emmanuel Ferrer Venegas, in his capacity as president of the Council of Mora, reports under oath the following: \"The present Constitutional Amparo is filed by the appellant Nombre129538 because some infrastructure works, including ditching on Dirección10544, were carried out, as a result of which landslide problems were generated that, from the appellant's perspective, cause not only noticeable environmental damage but a significant impact on the dwelling houses of some neighbors in the area. Mr. Nombre129538 even relates that both CONAVI and the National Emergency Commission have had some degree of participation according to their competencies, and when he refers to the municipal issue, he reveals with absolute clarity that when the Municipality of Mora has intervened at different times, it has been because the Technical Road Management Unit has been involved by virtue of its specificity, and on the other hand, the Municipal Police are mentioned, but the appellant lacks the necessary clarity to determine what their intervention was in response to. The truth is that, in any case, the Technical Unit and the Municipal Police itself are dependencies that fall under the jurisdiction of the Municipal Mayor's Office, and starting from the basis that the Administration is continuous, it is clearly feasible for the Mayor to refer to the mentioned background, but from the perspective of the Municipal Council, it is really difficult to make any contribution in this regard, not only because it does not have a specific record on the matter in its files but also because there is no pending action awaiting resolution whose untimely neglect could validly give rise to a constitutional claim for the violation of a fundamental right. Much to the regret of the worrying situation expressed by the appellant here, the Municipal Council cannot be the respondent if there is no determined action or omission on its part, and the very facts set forth constitute the necessary proof to accredit that even if the Municipality of Mora must get involved, it is the Municipal Administration that can speak from a technical point of view about the scope of its participation and possible solutions that may be proposed to reduce the indicated risks; the Municipal Council has no interference in this type of decisions, especially if it is taken into consideration that not a single action on which the Council had to rule in relation to the subject of this appeal is cited.\"\n\n7.- Pablo Camacho Salazar, in his capacity as acting minister of Public Works and Transport, reports under oath the following: \"Regarding the particular case, it is necessary to point out that the request for information was referred to the National Road Council, in whose Law Creating the National Road Council, No. 7798, it was stipulated that it is a body of maximum deconcentration, attached to the Ministry of Public Works and Transport, with instrumental and budgetary legal personality to administer the road fund, and it is responsible for the conservation and construction of the highways, crossing roads, and bridges of the national road network. Through official letter No. CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRC-196-2025 of December 9, 2025, signed by Mr. Luis Alvarado Arce, director of the Central Region, and Mr. Rafael Ángel Cascante Leal, engineer of Zone 1-2 Puriscal, both of the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI, they forward to this Office the response, in which they state the following: '(…)1. The ditches built by CONAVI did NOT modify, close, or alter natural channels.\n\nIn Report SALASA (1-2)-204-2023, issued by the Road Administrator of Zone 1-2, it expressly concludes: “The existence of a storm drainage system at Dirección10544 was observed, consisting of concrete ditches (cunetas)… The current state of the ditches is excellent.” “The points where the ditches discharge correspond to the naturally lowest points of the terrain.” Likewise, the report determines: “The problem is not caused by CONAVI, since this point is a natural discharge; what happens is that, in the absence of adequate drainage infrastructure on the cantonal road, it is affected.” 2. The ditches discharge exactly where the topography dictates. There is no artificial diversion created by CONAVI. The natural slope of the terrain conducts the water toward the intersection with the cantonal road, where: • There is a single natural discharge point identified before the construction of the ditches. • The cantonal road has very steep slopes, almost completely lacks ditches, and does not have a functional municipal stormwater system, which generates erosion and debris flow during the rainy season. This conclusion is amply supported by: • Photographs, sketches, and maps from the aforementioned SALASA Report. Regarding the imputation that CONAVI “closed a water outlet in 2012-2013,” the appellant cites municipal reports from 2013, but: 1. There is no current technical evidence demonstrating that CONAVI suppressed or closed a natural watercourse. 2. The municipal reports were issued without coordinates, without topographic surveys, and without hydraulic modeling, and refer solely to preliminary perceptions from that time. 3. Subsequently, official inspections carried out in 2023 by the Road Administrator and the Central Region categorically conclude that: “The stormwater discharges of Dirección10544 correspond to the lowest and natural points of the terrain, and no closure of any watercourse was identified.” 4. The stormwater system of RN-239 functions adequately, as evidenced in the photographic record provided. With respect to the impacts at Dirección10546 and Dirección10549 According to the aforementioned technical report: 1. The erosion and damages originate in the cantonal road, NOT in the National Route. • Dirección7762 has very high slopes. • It only has a very short section of ditch. • It lacks a municipal stormwater system, causing the water to gain force and erode the road. This is described textually as: “The cantonal road… has a very high slope… as there is no ditch on most of the cantonal road, this causes rapid erosion of the road.” 2. CONAVI’s works did not generate an increase in flow in the stream (quebrada). CONAVI did not artificially increase, divert, or reroute the runoff flow. The water that reaches the stream comes from the historical and natural drainage of the terrain. Regarding environmental damage There is no technical evidence linking • The ditches of RN-239 to the collapse of gabions, landslides (deslizamientos), undercutting (socavación) of slopes, or collapse of homes on private properties in the sector. On the contrary, the reports indicate: • Soil saturation and erosion occur within private property, unrelated to any intervention on the National Route. • Slopes fail due to natural processes, the absence of municipal works, self-built constructions, and the location of homes a few meters from the edge of the stream, as shown in the photographs in the case file. Therefore, it is reaffirmed that: 1. CONAVI did NOT close any natural watercourse or divert water. 2. The ditches of Dirección10562 discharge at natural drainage points, determined by the topography. 3. The real problem lies in the lack of municipal stormwater infrastructure on the cantonal road, whose slope and absence of works cause erosion and debris flow. 4. There is no technical or causal link between CONAVI’s works and the damages within private properties or in the stream. 5. The national drainage system fulfills its function and is in good condition.” Now, as has been demonstrated through the report added to this response, regarding the inquiry made by the high Constitutional Court, due attention, follow-up, and a response have been provided. It is therefore held, according to what was set forth above, that the Ministry of Public Works and Transport has not generated the situations indicated by the amparo petitioner, since it is clear that the alleged environmental damages, floods, and impacts on private properties are neither a direct nor indirect result of the improvements made by CONAVI or this Ministry”.\n\n8.- According to a certification dated December 15, 2025, from this Court: “…in the Costa Rican judicial case management system for the control of received documents and this case file, it did not appear that from 11/05/2025 to 12/10/2025, the MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY had filed any brief or document in order to render the report requested of him…”.\n\n 9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\n Drafted by Judge Rueda Leal; and,\n\nConsidering:\n\n I.- Preliminary matter. In view of the fact that the Minister of Environment and Energy omitted to respond to the hearing within the deadline set by this Court in the procedural resolution of the sub lite, the appeal shall be resolved in accordance with Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, taking into consideration the evidentiary elements that appear in the record.\n\nII.- Object of the appeal. The appellant claims that CONAVI carried out ditch construction works (cuneteo) at Dirección10544 in 2012. He indicates that, as a consequence of the redirection of water, floods have been generated and the bank of the Dirección10560 stream has been undercut, including the culvert that serves as a bridge to Dirección10546, which is located at the entrance of his property. He affirms that the situation was communicated by the Municipality of Mora to CONAVI. He alleges that a risk of slope displacement and the collapse of the homes located there is created. He states that municipal police officers entered his property on October 24, 2025, without permission, a situation he associated with the aforementioned problem. However, he has not received any report.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) The protected party is the owner of the property in the province of San José, registration number 487692-000. (Uncontroverted fact).\n\nb) On October 24, 2025, police officers and officials of the Municipality of Mora inspected the landslide site in Bajo Claros. (See report rendered and evidence provided).\n\nc) In technical report CNE-UIAR-INF-1738-2025 of December 2025, the Risk Research and Analysis Unit of the CNE stated: “IV. Conclusions 1. Existence on both banks of two types of protection works, on the right bank, gabions (gaviones) that in one of their sections are failing, and the other, the placement of tires on the left bank that is also uncoupled, both within the protection zone. 2. The property with cadastral map SJ-0502320-1998, Farm 487692, located in the district of Guayabo, Dirección10548, Bajo Claras, Dirección10546, shows a placement of tires parallel to the property possibly carried out for erosion protection. 3. The construction or home directly (SJ-0502320-1998, Farm 487692) is not directly exposed to erosion effects due to the conditions indicated in point 2. 4. The containment work “gabion” carried out for the erosion protection of the right bank initially presents a structural failure. 5. The homes located on the west side in the slope area, right bank, to date do not show problems associated with slope instability. 6. The homes located on the west side are habitable to date V. Recommendations 1. Build technically well-designed mitigation works on both banks, by the owners in accordance with the legal provisions for these cases. 2. Regarding the conditions of the stream from the hydrological point of view or water discharges, it is for other entities to determine and analyze the measures to be adopted in the area in order to prevent greater impacts in the lower parts”. (See report rendered and evidence provided).\n\nd) Through report no. UTGV-0785-2025 of December 5, 2025, the geologist of the Technical Road Management Unit of the Municipality of Mora stated: “In response to your request to answer the amparo appeal with CASE FILE: No. 25-036859-0007-CO, I indicate the following for the specific case of farm 487692: 1. The natural hazards map of the Municipality of Mora (figure 1) does not record active landslides (deslizamientos) affecting the property. The erosive processes closest to the farm are located 90 m in a northeast direction, corresponding to slight creep, but they do not affect farm 487692. 2. Based on the inventory of the cantonal road network, the access road to farm 487692 is not codified; therefore, funds from Ley 8114 cannot be assigned to intervene on it (figure 1). 3. A surface water body registered as intermittent in the archives of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) and in the public viewer of the Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) of the Department of Water of MINAE is identified (figures 1 and 2). 4. Using Geographic Information Systems tools, the protection zones of surface water bodies were delimited with a distance of 15 m on both sides of the watercourse, as established by Article 33 of Ley Forestal No. 7575. As a result, part of farm 487692 and the dwelling built on the site are affected by the protection area (figure 1). The setback from water bodies may be verified with greater certainty at the request of the owner through INVU. (…) 5. During a field inspection, a tire wall with fill was observed in the protection zone of the water body, left bank adjacent to farm 487692 (photographs 1 and 2). It is unknown whether the works in the channel have the permit from the Dirección de Aguas. These walls built in the surface watercourse and its protection area show a reduction of space for the passage of water flow; for this reason, depth erosion may have been generated, affecting the base of the tire walls and their subsequent destabilization. On the adjacent farm on the right bank, a gabion wall is also observed (photograph 1). (…) 6. There is a contribution of stormwater from a drainage outlet from National Route 239. The competence to address national road infrastructure corresponds to CONAVI. Based on the consultation with the engineer of the Technical Road Management Unit of the Municipality of Mora, a legal framework exists that allows draining water collected in the ditches of road infrastructure to low points and receiving water bodies…”. (See report rendered and evidence provided).\n\ne) Through report UTGV-0787-2025 of December 9, 2025, the director of the Technical Road Management Unit of the Municipality of Mora stated: “…Conclusions: Although it is true that the works have to do with the subject of roads and the waters deriving from them, the works come from a national route which, as Ley de Caminos Públicos clearly indicates, being a National Route, is the sole responsibility of MOPT/CONAVI, and not of the Municipality, even if it is located within the Canton of Mora. Furthermore, the waters are directed towards a water body identified as such in the archives of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) and in the public viewer of the Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) of the Department of Water of MINAE, which crosses private lots and a road that is not part of the Cantonal Road Network of this Municipality. The foregoing is supported by the provisions of Ley de Caminos Públicos #5060 in its Article #20, which indicates that ‘all possessors of real estate, by any title, are obliged to receive and allow the waters of the roads to flow within their properties when the slope of the land so determines, and when their properties are immediately adjacent to the drains of a road, they must keep these drains clean, in perfect service condition, and free of obstacles…’ The setbacks of those works that are built near the channels of water bodies, given the highly changing dynamism of rivers, is precisely to contemplate variations in flows, hence these types of works must be respected, and the corresponding permit must be obtained to verify that the setback is respected and functions correctly to avoid problems, both from the failure of these and the eventual obstruction within the river channel. The foregoing was evidenced in the attached report MM-PM-341-2025, according to a visit made on October 28, 2025. Finally, with everything stated above, it is evident that the Municipality of Mora has no type of responsibility regarding what Mr. Nombre129538 sets forth, and rather it is proven that the works built by these same individuals were done without any type of permit and without respecting the legal setbacks, which caused their failure and rather is obstructing the normal course of the waters, causing greater undercutting of the channel”. (See report rendered and evidence provided).\n\nf) In official letter CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRC-196-2025 of December 9, 2025, the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI stated: “…2. CONAVI’s works did not generate an increase in flow in the stream. CONAVI did not artificially increase, divert, or reroute the runoff flow. The water that reaches the stream comes from the historical and natural drainage of the terrain. Regarding environmental damage There is no technical evidence linking • The ditches of RN-239 to the collapse of gabions, landslides, undercutting of slopes, or collapse of homes on private properties in the sector. On the contrary, the reports indicate: • Soil saturation and erosion occur within private property, unrelated to any intervention on the National Route. • Slopes fail due to natural processes, the absence of municipal works, self-built constructions, and the location of homes a few meters from the edge of the stream, as shown in the photographs in the case file. Therefore, it is reaffirmed that: 1. CONAVI did NOT close any natural watercourse or divert water. 2. The ditches of RN-239 discharge at natural drainage points, determined by the topography. 3. The real problem lies in the lack of municipal stormwater infrastructure on the cantonal road, whose slope and absence of works cause erosion and debris flow. 4. There is no technical or causal link between CONAVI’s works and the damages within private properties or in the stream. 5. The national drainage system fulfills its function and is in good condition…”. (See report rendered and evidence provided).\n\nIV.- On the specific case. In the sub examine, the appellant claims that CONAVI carried out ditch construction works on national route 239 in 2012. He indicates that, as a consequence of the redirection of water, floods have been generated and the bank of the Dirección10560 stream has been undercut, including the culvert that serves as a bridge to Dirección10546, which is located at the entrance of his property. He affirms that the situation was communicated by the Municipality of Mora to CONAVI. He alleges that a risk of slope displacement and the collapse of the homes located there is created. He states that municipal police officers entered his property on October 24, 2025, without permission, a situation he associated with the aforementioned problem. However, he has not received any report.\n\nHaving analyzed the record, this Chamber deemed it proven that the protected party is the owner of the property in the province of San José, registration number 487692-000. On October 24, 2025, police officers and officials of the Municipality of Mora inspected the landslide site in Bajo Claros. In technical report CNE-UIAR-INF-1738-2025 of December 2025, the Risk Research and Analysis Unit of the CNE stated: “IV. Conclusions 1. Existence on both banks of two types of protection works, on the right bank, gabions that in one of their sections are failing, and the other, the placement of tires on the left bank that is also uncoupled, both within the protection zone. 2. The property with cadastral map SJ-0502320-1998, Farm 487692, located in the district of Guayabo, Dirección10548, Bajo Claras, Dirección10546, shows a placement of tires parallel to the property possibly carried out for erosion protection. 3. The construction or home directly (SJ-0502320-1998, Farm 487692) is not directly exposed to erosion effects due to the conditions indicated in point 2. 4. The containment work “gabion” carried out for the erosion protection of the right bank initially presents a structural failure. 5. The homes located on the west side in the slope area, right bank, to date do not show problems associated with slope instability. 6. The homes located on the west side are habitable to date V. Recommendations 1. Build technically well-designed mitigation works on both banks, by the owners in accordance with the legal provisions for these cases. 2. Regarding the conditions of the stream from the hydrological point of view or water discharges, it is for other entities to determine and analyze the measures to be adopted in the area in order to prevent greater impacts in the lower parts”. Through report no. UTGV-0785-2025 of December 5, 2025, the geologist of the Technical Road Management Unit of the Municipality of Mora stated: “In response to your request to answer the amparo appeal with CASE FILE: No. 25-036859-0007-CO, I indicate the following for the specific case of farm 487692: 1. The natural hazards map of the Municipality of Mora (figure 1) does not record active landslides affecting the property. The erosive processes closest to the farm are located 90 m in a northeast direction, corresponding to slight creep, but they do not affect farm 487692. 2. Based on the inventory of the cantonal road network, the access road to farm 487692 is not codified; therefore, funds from Ley 8114 cannot be assigned to intervene on it (figure 1). 3. A surface water body registered as intermittent in the archives of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) and in the public viewer of the Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) of the Department of Water of MINAE is identified (figures 1 and 2). 4. Using Geographic Information Systems tools, the protection zones of surface water bodies were delimited with a distance of 15 m on both sides of the watercourse, as established by Article 33 of Ley Forestal No. 7575. As a result, part of farm 487692 and the dwelling built on the site are affected by the protection area (figure 1). The setback from water bodies may be verified with greater certainty at the request of the owner through INVU. (…) 5. During a field inspection, a tire wall with fill was observed in the protection zone of the water body, left bank adjacent to farm 487692 (photographs 1 and 2). It is unknown whether the works in the channel have the permit from the Dirección de Aguas. These walls built in the surface watercourse and its protection area show a reduction of space for the passage of water flow; for this reason, depth erosion may have been generated, affecting the base of the tire walls and their subsequent destabilization. On the adjacent farm on the right bank, a gabion wall is also observed (photograph 1). (…) 6. There is a contribution of stormwater from a drainage outlet from National Route 239. The competence to address national road infrastructure corresponds to CONAVI. Based on the consultation with the engineer of the Technical Road Management Unit of the Municipality of Mora, a legal framework exists that allows draining water collected in the ditches of road infrastructure to low points and receiving water bodies…”. Through report UTGV-0787-2025 of December 9, 2025, the director of the Technical Road Management Unit of the Municipality of Mora stated: “…Conclusions: Although it is true that the works have to do with the subject of roads and the waters deriving from them, the works come from a national route which, as Ley de Caminos Públicos clearly indicates, being a National Route, is the sole responsibility of MOPT/CONAVI, and not of the Municipality, even if it is located within the Canton of Mora. Furthermore, the waters are directed towards a water body identified as such in the archives of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) and in the public viewer of the Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) of the Department of Water of MINAE, which crosses private lots and a road that is not part of the Cantonal Road Network of this Municipality. The foregoing is supported by the provisions of Ley de Caminos Públicos #5060 in its Article #20, which indicates that ‘all possessors of real estate, by any title, are obliged to receive and allow the waters of the roads to flow within their properties when the slope of the land so determines, and when their properties are immediately adjacent to the drains of a road, they must keep these drains clean, in perfect service condition, and free of obstacles…’ The setbacks of those works that are built near the channels of water bodies, given the highly changing dynamism of rivers, is precisely to contemplate variations in flows, hence these types of works must be respected, and the corresponding permit must be obtained to verify that the setback is respected and functions correctly to avoid problems, both from the failure of these and the eventual obstruction within the river channel. The foregoing was evidenced in the attached report MM-PM-341-2025, according to a visit made on October 28, 2025. Finally, with everything stated above, it is evident that the Municipality of Mora has no type of responsibility regarding what Mr. Nombre129538 sets forth, and rather it is proven that the works built by these same individuals were done without any type of permit and without respecting the legal setbacks, which caused their failure and rather is obstructing the normal course of the waters, causing greater undercutting of the channel”. In official letter CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRC-196-2025 of December 9, 2025, the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI stated: “…2. CONAVI’s works did not generate an increase in flow in the stream. CONAVI did not artificially increase, divert, or reroute the runoff flow. The water that reaches the stream comes from the historical and natural drainage of the terrain. Regarding environmental damage There is no technical evidence linking • The ditches of RN-239 to the collapse of gabions, landslides, undercutting of slopes, or collapse of homes on private properties in the sector. On the contrary, the reports indicate: • Soil saturation and erosion occur within private property, unrelated to any intervention on the National Route. • Slopes fail due to natural processes, the absence of municipal works, self-built constructions, and the location of homes a few meters from the edge of the stream, as shown in the photographs in the case file. Therefore, it is reaffirmed that: 1. CONAVI did NOT close any natural watercourse or divert water. 2. The ditches of Dirección10562 discharge at natural drainage points, determined by the topography. 3. The real problem lies in the lack of municipal stormwater infrastructure on the cantonal road, whose slope and absence of works cause erosion and debris flow. 4. There is no technical or causal link between CONAVI’s works and the damages within private properties or in the stream. 5. The national drainage system fulfills its function and is in good condition…”.\n\n \n\nBased on what is extracted from such elements, with respect to the works carried out by CONAVI in 2012 on the ditches of Dirección10544, that entity rejected any link between such works and the problem denounced by the appellant, indicating that “The ditches of RN-239 discharge at natural drainage points, determined by the topography…”.\n\nIn an analogous manner, the Municipality of Mora stated: “…the waters are directed towards a water body identified as such in the archives of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) and in the public viewer of the Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SINIGIRH) of the Department of Water of MINAE, which crosses private lots and a road that is not part of the Cantonal Road Network of this Municipality. The foregoing is supported by the provisions of Ley de Caminos Públicos #5060 in its Article #20, which indicates that ‘all possessors of real estate, by any title, are obliged to receive and allow the waters of the roads to flow within their properties when the slope of the land so determines, and when their properties are immediately adjacent to the drains of a road, they must keep these drains clean, in perfect service condition, and free of obstacles…’”. That entity, rather, pointed to the responsibility of the neighboring owners “…that the works built by these same individuals were done without any type of permit and without respecting the legal setbacks, which caused their failure and rather is obstructing the normal course of the waters, causing greater undercutting of the channel…”.\n\nIt is also of importance that the CNE indicated, with respect to the property of the protected party: “…The construction or home directly (SJ-0502320-1998, Farm 487692) is not directly exposed to erosion effects…”, given that a risk of collapse of his home, as he claims, is ruled out.\n\nIn summary, a link between CONAVI’s works and the damage alleged by the protected party is not demonstrated. As can be inferred from the reports rendered and evidence provided, the waters flow due to the local slope and at natural drainage points. No danger to persons or property is inferred, and rather, the construction of works in the setback areas and without permits is attributed to the neighbors. To that extent, an injury to the fundamental rights of the justiciable is ruled out.\n\nRegarding the alleged entry of officers onto his property, the interested party may file the complaints he deems necessary, should he believe a crime was committed.\n\nV.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater breadth, his disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived from that omitted administrative conduct, or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, in which the appellant claims to have denounced, before the respondent authorities, the problem generated by the redirection of water resulting from the ditch construction work carried out on National Route No. 230, but which has allegedly not been addressed by the competent authorities within a reasonable time.\n\nVI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or device produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and Article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\n The appeal is declared without merit. Judge Salazar Alvarado makes a note.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n \n\n \n\nLuis Fdo.\n\nSalazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n 1ZOUFTWVZZE61\n\nEXPEDIENTE N° 25-036859-0007-CO\n\nPhones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:06:49.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }