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  "id": "nexus-sen-1-0007-1369753",
  "citation": "Res. 03417-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Disponibilidad de agua para fraccionamiento comercial solo tutelable en uso personal habitacional",
  "title_en": "Water availability for commercial subdivision only protects personal residential use",
  "summary_es": "La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo presentado por el representante de una empresa de fraccionamiento de lotes contra el AyA, por la denegatoria de disponibilidad de agua para 201 lotes comerciales, alegando demora, incumplimiento de acuerdos y falta de respuesta a una denuncia. El tribunal rechaza el amparo, estableciendo que la protección constitucional del derecho al agua se limita al uso personal habitacional para suplir necesidades básicas de vida y salud, no para fines comerciales como el desarrollo inmobiliario. Además, determina que no se acreditó la presentación de la solicitud de información, y que las otras quejas sobre el fondo de la denegatoria y la denuncia son ajenas a la vía de amparo. Se incluyen votos salvados sobre tutela de justicia pronta y personería jurídica.",
  "summary_en": "The Constitutional Court analyzes an amparo appeal filed by a company's representative against the water utility (AyA) for denying water availability for 201 commercial lots, alleging delay, breach of agreements, and lack of response to a complaint. The court dismisses the appeal, holding that constitutional protection of the right to water is limited to personal residential use to meet basic life and health needs, not for commercial purposes such as real estate development. It also finds the information request unproven and rules that other claims regarding the denial and complaint are outside the scope of amparo. Dissenting votes on prompt justice and legal standing are included.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "30/01/2026",
  "year": "2026",
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    "Sala Constitucional",
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    "fraccionamiento",
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    "Sala Constitucional",
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  "excerpt_es": "Este Tribunal ha tutelado reclamos relativos a la falta de dotación de agua, cuando la solicitud es para uso personal habitacional, para suplir necesidades básicas como parte del derecho humano a la vida y la salud, no así, cuando se trata de reclamos efectuados por personas jurídicas, para el desarrollo de una actividad económica como es el desarrollo turístico, cuyos fines son comerciales. (…) De ahí que al margen de que con ocasión de la notificación del auto de traslado se haya denegado la disponibilidad, lo reclamado no resulta admisible de ser conocido en esta jurisdicción, puesto que el servicio de agua reclamado no es para uso domiciliar personal, sino para comercializar un bien inmueble con un desarrollo inmobiliario.",
  "excerpt_en": "This Court has protected claims regarding lack of water supply when the request is for personal residential use, to meet basic needs as part of the human right to life and health, but not when it comes to claims made by legal entities for the development of an economic activity such as tourism development, whose purposes are commercial. (…) Therefore, regardless of whether the availability was denied upon notification of the transfer order, the claim is not admissible before this jurisdiction, since the water service claimed is not for personal domestic use, but for commercializing a property through a real estate development.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
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    "summary_en": "The amparo appeal is dismissed. The Chamber rules that constitutional protection of the right to water does not apply to commercial subdivision projects filed by legal entities, and that no injury to other rights was proven.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de amparo. La Sala determina que la tutela constitucional del derecho al agua no aplica a proyectos comerciales de fraccionamiento presentados por personas jurídicas, y que no se acreditó la lesión a otros derechos."
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      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "This Court has protected claims regarding lack of water supply when the request is for personal residential use, to meet basic needs as part of the human right to life and health, but not when it comes to claims made by legal entities for the development of an economic activity.",
      "quote_es": "Este Tribunal ha tutelado reclamos relativos a la falta de dotación de agua, cuando la solicitud es para uso personal habitacional, para suplir necesidades básicas como parte del derecho humano a la vida y la salud, no así, cuando se trata de reclamos efectuados por personas jurídicas, para el desarrollo de una actividad económica."
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    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "Regardless of whether the availability was denied upon notification of the transfer order, the claim is not admissible before this jurisdiction, since the water service claimed is not for personal domestic use, but for commercializing a property through a real estate development.",
      "quote_es": "Al margen de que con ocasión de la notificación del auto de traslado se haya denegado la disponibilidad, lo reclamado no resulta admisible de ser conocido en esta jurisdicción, puesto que el servicio de agua reclamado no es para uso domiciliar personal, sino para comercializar un bien inmueble con un desarrollo inmobiliario."
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "Given that the reports issued by authorities, as provided in article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law, are made under oath, the Chamber, having no further evidence than the appellant's statement contradicted by the respondent, chooses to accept the latter.",
      "quote_es": "Dado que los informes que rinden las autoridades, tal y como lo dispone el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se hacen bajo juramento la Sala al no existir más elementos de juicio que el dicho del recurrente en contradicción con el recurrido, opta por aceptar este."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 03417 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 30 de Enero del 2026 a las 09:20\n\nExpediente: 25-027264-0007-CO\n\nRedactado por: Ingrid Hess Herrera\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-027264-0007-CO\n\nRes. Nº 2026003417\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de enero de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo promovido por Nombre7066, cédula de identidad CED74240, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Mediante memorial presentado a las 15:48 horas de 8 de septiembre de 2025, el recurrente promovió recurso de amparo, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues, según afirma, manifiesta que es representante de la empresa QUINTA EL DIAMANTE NEGRO S.A., con cédula jurídica CED40258, la cual posee una propiedad en Dirección10623, destinada al fraccionamiento y venta de lotes. A esos efectos gestionó durante más de 12 años ante la oficina regional del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Filadelfia la autorización de 201 servicios de agua, requisito indispensable para la segregación y venta de los lotes. Comenta que el 26 de mayo de 2023 mediante el informe GSP-RCHO-2023-01267, firmado por el funcionario Esteban Alberto Morales Jaén, se indicó que si la empresa rehabilitaba el pozo BE299 por su cuenta, se le autorizarían los servicios solicitados; por lo que, el 20 de julio del mismo año, Liseth Angulo Coronado funcionaria de dicho instituto le solicitó una nota de aceptación para realizar las mejoras, ante la cual el 25 de julio siguiente manifestó su anuencia y solicitó planos catastrados y especificaciones técnicas para proceder con los arreglos correspondientes. Posteriormente, el 7 de agosto de 2023 se propuso una inspección en sitio para el 10 de agosto de ese mismo año, en cuya ocasión únicamente se le entregó el plano catastrado. El 9 de agosto de 2023 se realizó una reunión en el sitio con varios colaboradores y vecinos, donde el Ing. Esteban Morales ofreció ejecutar la obra bajo el sistema \"llave en mano\", por lo que en consecuencia procedió a solicitar una proforma de costos, la cual fue enviada el 23 de agosto siguiente por el Ing. Edwin Matamoros Gutiérrez, con un monto de 971.800.00. colones. Agrega que al considerar que esta suma era elevada, decidió ejecutar la obra por su cuenta y durante los meses siguientes se realizaron múltiples trabajos de reacondicionamiento del pozo BE299, incluyendo limpieza del terreno, construcción de caseta de protección, instalación eléctrica, entubamiento con tubería SDR26 a 90-95 cm de profundidad, y cierre perimetral con tapias de 2.5 metros de altura. Por lo anterior, en febrero de 2025, el AyA solicitó renovar los permisos, lo cual señala haber tramitado y cumplido desde el 25 de febrero del mismo año; no obstante, mediante el memorando GSP-RCHO-2025-00883 y el oficio SIGDD-2025-00006722-1-1-1 de 24 de marzo de 2025 se rechazó la disponibilidad de agua. Por lo anterior, el 26 de marzo de 2025, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el cual, a la fecha en la que acude en amparo aún no ha sido resuelto. Argumenta que nunca se estableció un plazo para la ejecución de las obras y que la disponibilidad hídrica estaba condicionada únicamente a la habilitación del pozo BE299, lo cual se estaba cumpliendo. Por otra parte, el 15 de julio de 2025 presentó una denuncia ante la Ing. Pamela Castro Leitón por el ingreso violento de funcionarios del AyA al sitio, lo cual aconteció en mayo de 2025, quienes arrancaron candados y realizaron pruebas de agua sin autorización; no obstante, dicha denuncia a la fecha en la que acude en amparo tampoco ha sido resuelta. Incluso el 13 de junio de 2025 consultó ante la autoridad recurrida por medio de una nota dirigida a la funcionaria María de los Ángeles Cubillo Guadamuz, a fin de que se le informara lo siguiente: “(…) a. Conocer quien ordenó violentar los portones de acceso a la propiedad y que se ubican en el sitio (2) y arrancar también los candados que aseguraban los portones de la casetilla que se ubica internamente en el sitio y sus respectivos candados. b. De igual manera conocer que funcionarios siguieron estas órdenes y se apersonaron en el sitio a de cumplirlas. No omito recordarle que la única persona que poseía llaves para ingresar en el sitio lo era el suscrito, esto producto del desarrollo de infraestructura desarrollado en el lugar, y que usted bien conoce. (…)”, de cuya gestión alega, que no ha recibido respuesta, pese a que han transcurrido aproximadamente 2 meses desde su interposición. Resalta que ha invertido más de 20 millones de colones en la obra, que aún conserva las llaves del sitio y que la infraestructura es resultado de su compromiso con el AyA; sin embargo, considera que con el actuar de la autoridad recurrida se han lesionado sus derechos fundamentales. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el presente recurso y se le ordene a la Agencia de Filadelfia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados respetar lo acordado con el recurrente desde julio de 2023, otorgando un plazo de 9 a 12 meses para concluir las obras y garantizar la disponibilidad hídrica del proyecto; así como que se le brinde respuesta sobre lo consultado desde el 23 de junio de 2025 indicando quién autorizó el ingreso presuntamente \"violento\" a la propiedad y quiénes participaron en dicha acción.\n\n  2.- Por resolución de las 12:54 horas de 11 de septiembre de 2025 se dio curso al recurso y se requirió un informe al administrador o encargado de la Agencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de Dirección954, sobre los hechos acusados.\n\n 3.- Mediante resolución de las 15:44 horas de 11 de septiembre de 2025 se corrigió un error material en la resolución de traslado.\n\n 4.- Informa bajo juramento  María de los Ángeles Cubillo Guadamuz , en su condición de encargada de la Oficina Cantonal de Filadelfia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que efectivamente se gestionó la solicitud de Disponibilidades y Desarrollos (SIGDD), registrada con el Expediente No.2022-00023526-1, para proyecto constructivo para 201 lotes, asimismo el trámite concluye con la generación de las constancias de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2022-00023526-1-1-1 y Constancia de Capacidad Hídrica SIGDD-2022-00023526-1-2-1 en el cual se le indica al recurrente sobre las mejoras a realizar. No es cierto lo indicado por el recurrente el argumentar que nunca se le estableció un plazo para la ejecución de las obras, en el mismo documento de la constancia de capacidad hídrica SIGDD-2022-00023526-1-2-1, se indica la vigencia del plazo según lo establece el Reglamento de Prestación de Servicios en su artículo 41, que es de 12 meses prorrogables por 12 meses más, previa solicitud expresa por parte del propietario o desarrollador del proyecto, por otro lado el mismo artículo indica que el desarrollador debe manifestar formalmente ante AyA su anuencia de construir las obras primarias públicas que se detallaron en la Constancia de Capacidad Hídrica. Destaca que se le notificó al recurrente por correo ...3 de 20 de julio de 2023 al ser las 12:02 p.m. sobre la nota formal de anuencia que debía remitir; no obstante, solamente ingreso un correo, a la fecha actual el Instituto no ha recibido la nota formal conforme lo solicitado. Además, que la obra realizada por Nombre7066 incumplió con el artículo 39 del Reglamento de Prestación de Servicios el cual indica: “Que las obras de infraestructura deberán ser aprobadas, construidas y recibidas de acuerdo con las indicaciones del AyA conforme a la Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial y sus eventuales reformas a fin de habilitar la disponibilidad del o de los servicios”. El recurrente sin autorización ejecutó obras, cerró el inmueble donde se ubica el Dirección10624, siendo propiedad del AyA, como consta en el Registro Plano G-0122292-1993 con Matrícula 131144-000. En este sentido, recibida la Constancia de Capacidad Hídrica el desarrollador debe manifestar formalmente ante AyA, mediante carta de consentimiento, la anuencia a construir la infraestructura primaria de agua potable. La carta de consentimiento debe ser acompañada de un cronograma de ejecución de las obras el cual deberá ser acorde a la complejidad y tamaño de la obra a construir y regirá a partir de la fecha de aprobación de los planos. El compromiso debe mantenerse actualizado durante el compromiso y la formalización del documento, con la constancia de capacidad hídrica el artículo 40 del Reglamento de Prestación de Servicios, indica que la misma permite únicamente gestionar ante las diferentes instancias estatales la obtención de los permisos y las autorizaciones necesarias para la construcción de las obras primarias de acueducto, la constancia se incorpora como requisito documental en el APC para la aprobación de los planos constructivos por parte de las Instituciones revisoras y gestiones ante la Municipalidad y en SETENA para la obtención de la viabilidad ambiental del proyecto, seguidamente el artículo 41 del mismo Reglamento comunica que la capacidad hídrica tiene una vigencia de 12 meses prorrogable por 12 meses más cuando el propietario o desarrollador expresa la solicitud de prórroga de la capacidad hídrica dentro del último trimestre de vigencia; cumplido ese plazo sin que se haya gestionado la prórroga, opera la caducidad y se procederá a inventariar de nuevo el caudal que se había reservado y quedará disponible para atender la demanda de los usuarios que así lo requieran. Por esta razón el desarrollador, antes del vencimiento, deberá demostrar ante AyA, el estado en que se encuentra el proyecto en alguna de las instancias indicadas en el artículo 40 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA. En el caso concreto es evidente que el recurrente incumplió las indicaciones del Reglamento de Prestación de Servicios, pues las obras de infraestructura deben ser aprobadas, construidas y recibidas de acuerdo con las indicaciones del Instituto todo conforme a la Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial y sus eventuales reformas a fin de habilitar la disponibilidad del o de los servicios.  De otra parte, en cuanto a las notas en el cual hace referencia el recurrente, se procedió a revisar en los correos oficiales, los cuales se citan ., agencia virtual en: www.aya.go.cr Línea 800, siendo que no se verifica ninguna gestión, el trámite probablemente fue enviado a otra dirección no autorizada por este instituto, tampoco se evidenció en el recurso el comprobante de envió de los correos oficializados con el fin de constatar la veracidad de lo señalado, seguidamente con el recurso de apelación se procedió a la notificación de la resolución No. GG-R-2025-0630 y se notificó el día 22 de setiembre 2025, a la dirección del correo eo . Adicionalmente, conforme a los artículos, 7 (inciso 12), 8, 9, 14 y 36 del Reglamento para la prestación de servicios de AyA. así como el Reglamento Técnico de ARESEP: Artículos 9, 32, 75 (inciso g), se fundamenta el actuar de mi representada. Al respecto, los ordinales citados del Reglamento de Prestación de Servicios AyA disponen lo siguiente:\n\nArtículo 7- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:\n\n“Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio.\n\nb. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios.\n\nc. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos.\n\nd. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente …”\n\nArtículo 8- De los servicios. AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro de la zona de cobertura, siempre que el área cuente con factibilidad técnica y legal.”\n\n“Artículo 9- De las condiciones técnicas para la prestación de los servicios. Es obligación del prestador de los servicios de agua potable y saneamiento brindarlos dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten la zona de cobertura donde está localizada la propiedad …”\n\n“Artículo 14- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles construidos o por edificar, dedicados a la residencia de personas, para actividades comerciales o industriales que cumplan con los requisitos y usos autorizados en este reglamento Los servicios de agua potable y de saneamiento los otorgará el AyA sobre calle o vía pública o sobre servidumbre de tubería y de paso inscrita a favor del AyA o inscrita a favor de terceros, según aplique de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de este reglamento. Lo anterior, siempre que existan redes del AyA en funcionamiento.\n\n“Artículo 36- De la emisión de la constancia de disponibilidad de servicios. Una vez recibidos a satisfacción los requisitos establecidos, AyA emitirá las constancias de disponibilidad de servicios, la cual no devengará ningún costo para el solicitante y será extendida dentro de un plazo máximo de hasta 15 días hábiles, tanto para casos individuales como para proyectos de desarrollos urbanísticos, industriales y comerciales.\n\nEn dicha constancia se indicará como mínimo: fecha, número de consecutivo, número de folio real, dirección exacta de la propiedad, plano catastrado o de agrimensura, naturaleza del proyecto, cantidad de caudal asignado, número de servicios considerados, tipo de medición, criterio técnico, número de consecutivo, firma y sello. El criterio técnico que fundamenta la constancia deberá referirse cómo mínimo a las condiciones de capacidad hídrica e hidráulica que presentan los sistemas de acueducto, que por cobertura corresponden a la solicitud; asimismo, deberá contener la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y constructivas que rigen el quehacer inmobiliario y referir al sistema de saneamiento por utilizar y la posibilidad de optar por la exoneración para viviendas, de la construcción de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales ...”\n\n \n\n Además, la Sala Constitucional en su voto de fecha del dieciséis de abril del dos mi veintiuno, consideró: “Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual, debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, al resultar esencial para la vida y la salud. De igual manera, ha dicho esta Sala que, pese a lo anterior, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la Administración, válidamente, puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante, para valorar su particular requerimiento …” (véase en ese sentido la Sentencia No. 2018-004915 de las 09:30 horas de 23 de marzo de 2018). Además, ha señalado que si bien existe un derecho fundamental al agua, la prestación del servicio puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento, y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no pululen situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen brindar el servicio de agua potable. En ese sentido, es menester recalcar que el derecho humano fundamental del acceso al agua potable constituye uno de los bienes jurídicos más sensibles a ser tutelados y garantizados, el cual se deriva del derecho a la vida y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para el cumplimiento de este fin, el Estado dispuso expresamente que AyA puede aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, en todo el territorio nacional, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de su ley constitutiva, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme lo indicado en la Ley de Aguas, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas a la ley. Aunado a lo anterior, la Sala en su jurisprudencia constitucional ha dicho que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud (sentencias números 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157 2002-10776; 2004-1923)”. Asimismo, ha sostenido que:  “… el derecho fundamental al agua deriva de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna por lo que existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento ...”. (Sentencia No. 5606-2006 de las 15:21 horas de 26 de abril de 2006).  En ese mismo sentido en los votos 2003-04654 y 2004-07779”, sostuvo que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y que existe el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos: “Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de «Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas», el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de «buena marcha del Gobierno» y el 191 en la medida que incorpora el principio de «eficiencia de la administración» …”. Esa garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como, por ejemplo, el suministro de agua potable” (Sentencia No. 2386-2006). Es necesario atender el desabastecimiento de agua potable que enfrenta las comunidades “… implica la ejecución de acciones que permitan la habilitación la continuidad en el servicio de acuerdo a cada caso en concreto”. Como se puede apreciar, el alto Tribunal Constitucional del país, en sus diferentes fallos ha reconocido este derecho esencial a las personas, como integrante del contenido al derecho a la salud y a la vida, dispuestos en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política; sin que este derecho implique un acceso irrestricto a los servicios público de agua potable, por cuanto pueden presentarse imposibilidades técnicas o incumplimiento de requisitos reglamentarios dispuestos por los operadores autorizados, quienes válidamente pueden denegarlos. En ese sentido, resolución No. 2014008524 de las 9:05 horas de 13 de junio de 2024, que en la relación al objeto del presente análisis, resolvió:\n\n“De ahí entonces que, en el sub lite, se acredita que la denegatoria impugnada obedece al incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al servicio de agua potable. Este Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales del ser humano que dependen del acceso al agua potable. No obstante, también ha dispuesto que la dotación y el suministro de agua potable no son servicios gratuitos, por lo que el administrado debe cancelar los montos correspondientes y cumplir los requisitos que impone el ordenamiento jurídico tanto para el disfrute de los servicios como para su instalación (ver Voto No. 2008-005665 de las 12:41 horas del 11 de abril de 2008). De hecho, se ha avalado que frente a la imposibilidad jurídica (falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad material (como la falta de una red de distribución de aguas, entre otros aspectos), resulta razonable que el interesado asuma los costos de instalación en los lugares donde no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Con base en lo expuesto, la denegatoria del servicio en este caso particular no resulta arbitraria ni ilegítima pues obedece a razones técnicas y no a un trato discriminatorio en relación con los vecinos del actor como se sugirió en el escrito de interposición del amparo.”\n\n \n\n Como se deriva de las consideraciones anteriores, queda claro que mediante informe GSP-RCH-CF-2025-00223, AyA actuado conforme a la normativa que lo regula, ejerciendo su función rectora como corresponde, llevando a cabo en todo momento actuaciones debidamente fundamentadas y razonadas, así mismo para el caso en concreto el recurrente no manifestó formalmente mediante carta de consentimiento ante el AyA la aceptación o anuencia de construir las obras primarias que se detallaron en la constancia de capacidad hídrica SIGDD-2022- 00023526-1-2-1, en el mismo documento se le detalla la vigencia y los pasos que deben cumplirse, asimismo no presentó planos conforme a la Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable. Según el artículo 39 de Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, no renovó la constancia hídrica en el plazo otorgado, realizó obras, cerro el inmueble perteneciente al instituto sin autorización. Por último en consecuencia, resulta importante referirnos al principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución Política, el cual advierte que los actos y comportamientos de la Administración deben de estar regulados por norma escrita, de tal manera, AyA debe someterse a la Constitución Política y a la ley preferentemente; y en general a todas las normas del Ordenamiento Jurídico, conocido como Principio de Juridicidad de la Administración, lo que significa que las instituciones públicas solamente pueden actuar en la medida en la que se encuentren apoderadas para hacer por el mismo ordenamiento y normalmente a texto expreso, en consecuencia solo le es permitido lo que esté constitucionalmente y legalmente.\n\n 5.- Por memorial presentado a las 14:04 horas de 17 de octubre de 2025, el recurrente solicitó el pronto despacho de este asunto. Además, replicó el informe.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El actor reprocha que, pese a que la sociedad amparada, realizó múltiples trabajos a efectos de habilitar por su cuenta el pozo del ente recurrido No. BE299, conforme se dispuso en el informe GSP-RCHO-2023-01267, a efectos de que se le otorgaran a su representada las disponibilidades que había venido solicitando por muchos años, esto no ocurrió, aunque nunca se estableció un plazo para la ejecución de las obras y que la disponibilidad hídrica estaba condicionada únicamente a la habilitación del pozo en cuestión, lo cual estaba cumpliendo su representada. Posteriormente, mediante el memorando GSP-RCHO-2025-00883 y el oficio SIGDD-2025-00006722-1-1-1, ambos de 24 de marzo de 2025, se rechazó la disponibilidad que requirió como representante legal de esa misma empresa. Por lo anterior, promovió recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra esa denegatoria; sin embargo, al momento en el que promovió este amparo, dicha impugnación aún no ha sido resuelta. Aunado a lo anterior, sostiene que la denuncia que incoó el 15 de julio de 2025, por el ingreso violento de funcionarios del AyA al sitio, la destrucción de candados y la realización de pruebas de agua sin autorización; tampoco ha sido resuelta. Finalmente, afirma que el 13 de junio de 2025 consultó ante la autoridad recurrida por medio de una nota dirigida a la funcionaria María de los Ángeles Cubillo Guadamuz, a fin de que se le informara lo siguiente: “(…) a. Conocer quien ordenó violentar los portones de acceso a la propiedad y que se ubican en el sitio (2) y arrancar también los candados que aseguraban los portones de la casetilla que se ubica internamente en el sitio y sus respectivos candados. b. De igual manera conocer que funcionarios siguieron estas órdenes y se apersonaron en el sitio a de cumplirlas. No omito recordarle que la única persona que poseía llaves para ingresar en el sitio lo era el suscrito, esto producto del desarrollo de infraestructura desarrollado en el lugar, y que usted bien conoce. (…)”. Por todo lo expuesto, estima vulnerados los derechos fundamentales de su representada.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) La empresa Quinta El Diamante Negro, S. A., cédula jurídica CED40258, posee una propiedad en Dirección10623, destinada al fraccionamiento y venta de lotes (copia adjunta al libelo de interposición). 2) El 28 de octubre 2022, el recurrente, en su condición de apoderado de Quinta El Diamante Negro S. A., formuló una Solicitud de Constancia de Disponibilidad de Servicios de un proyecto constructivo para 201 lotes ante Unidad Cantonal de Filadelfia (copias adjuntas al informe). 3) Mediante la constancia de capacidad hídrica SIGDD-2022-00023526-1-2-1 de 23 de julio de 2023 se rechazó esa solicitud de disponibilidad de la sociedad amparada (copias adjuntas al informe). 4) Con el Certificado de Disponibilidad Negativo N°2025-00006722-1 de 24 de marzo de 2025 se rechazó la solicitud de disponibilidad que formuló la amparada el 3 de marzo de ese mismo año (copias adjuntas al informe). 5) El 26 de marzo de 2025, el recurrente promovió recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra ese Certificado de Disponibilidad Negativo (copias adjuntas al informe). 6) Con resolución de la Unidad Cantonal de Filadelfia, No. GSP-RCH-CR-REVO-2025-00001 de 26 de marzo de 2025 se declaró sin lugar la revocatoria (copias adjuntas al informe). 7) Por resolución de la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No. GG-R-2025-0630 de las 15:17 horas de 22 de setiembre de 2025 se declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por el recurrente (informe rendido bajo juramento y copias adjuntas).\n\nIII.- HECHOS NO PROBADOS. Se estima como no demostrado, el siguiente de relevancia: Único. Que el 13 de junio de 2025, el recurrente formulara la solicitud de información que afirma.\n\nIV.- SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE FORMULADA POR LA SOCIEDAD AMPARADA. Conviene, en primer término, señalar que este Tribunal ha tutelado reclamos relativos a la falta de dotación de agua, cuando la solicitud es para uso personal habitacional, para suplir necesidades básicas como parte del derecho humano a la vida y la salud, no así, cuando se trata de reclamos efectuados por personas jurídicas, para el desarrollo de una actividad económica como es el desarrollo turístico, cuyos fines son comerciales. No indica la actora en la interposición, ni consta en la prueba que aporta que se trate de un proyecto de vivienda a título personal. De ahí que al margen de que con ocasión de la notificación del auto de traslado se haya denegado la disponibilidad, lo reclamado no resulta admisible de ser conocido en esta jurisdicción, puesto que el servicio de agua reclamado no es para uso domiciliar personal, sino para comercializar un bien inmueble con un desarrollo inmobiliario (véase en ese sentido las sentencias nros. 2019025416 de las 10:45 horas de 20 de diciembre de 2019 y 2026001872 de las 9:20 horas de 16 de enero de 2026).\n\n \n\n \n\nDe otra parte, advierta la parte actora que no es a este Tribunal al que le corresponde determinar si su nota de anuencia o compromiso para realizar las obras que se le requirieron resultaba suficiente para otorgar la misma disponibilidad, pues, ese es un tema ajeno a esta vía especializada. Aunado a lo anterior, en lo que respecta al retardo reclamado en la resolución de la denuncia del recurrente por la presunta destrucción de candados y la realización de pruebas de agua sin autorización de su representada, conviene señalar que esta jurisdicción tampoco puede examinar y decretar finalmente si el caso bajo estudio esa denuncia ha tenido un avance, es decir, si se ha tramitado o no con celeridad o si, por su parte, se ha incurrido en una tardanza injustificada, contraria a lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, habida cuenta que no se está ante un supuesto de excepción de los establecidos por esta Tribunal para tales efectos.\n\n V.- SOBRE LA FALTA DE RESPUESTA ACUSADA. La afirmación del recurrente en punto a que el 13 de junio de 2025 formuló una solicitud ante la autoridad recurrida por medio de una nota dirigida a la funcionaria María de los Ángeles Cubillo Guadamuz, a fin de que se le informara quién ordenó violentar los portones de acceso al fundo en la que se ubica el pozo No. BE299 y el nombre de los funcionarios que siguieron las órdenes que se giraron en ese sentido, no encuentra sustento probatorio alguno, pues la copia que adjuntó al libelo de interposición carece de recibido por parte de la Oficina Cantonal de Filadelfia y, por el contrario, la autoridad recurrida informa bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción en caso de cualquier inexactitud o falsedad, que no es cierta tal aseveración, pues se procedió a revisar en los correos oficiales, los cuales se citan ...3, agencia virtual en: www.aya.go.cr Línea 800, siendo que no se constató ninguna gestión, el trámite probablemente fue enviado a otra dirección no autorizada por este instituto. Tampoco se evidenció en el recurso el comprobante de envió de los correos oficializados con el fin de constatar la veracidad de lo señalado. Dado que los informes que rinden las autoridades, tal y como lo dispone el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se hacen bajo juramento la Sala al no existir más elementos de juicio que el dicho del recurrente en contradicción con el recurrido, opta por aceptar este, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se derive por datos o afirmaciones falsas o inexactas. Así las cosas, descarta la Sala que exista el agravio reclamado. Bajo esta inteligencia, se impone desestimar el recurso, como en efecto se dispone.\n\n VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.\n\nVIII.-  EL MAGISTRADO RUEDA LEAL SALVA EL VOTO Y RECHAZA DE PLANO EL RECURSO. Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica (la empresa QUINTA EL DIAMANTE NEGRO S. A.). De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia nro. 2019-2355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve:\n\n“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre32579 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.\n\n En mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, colijo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Cruz Castro salva el voto, únicamente en relación con el artículo 41 constitucional. El magistrado Rueda Leal salva el voto y rechaza de plano el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n F92M6SIHKVQ61\n\nEXPEDIENTE N° 25-027264-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:21:49.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the thirtieth of January, two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre7066, identification card CED74240, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By means of a brief filed at 3:48 p.m. on September 8, 2025, the claimant filed an amparo action against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, since, as he claims, he states that he is the representative of the company QUINTA EL DIAMANTE NEGRO S.A., with legal identification card CED40258, which owns a property at Dirección10623, intended for the subdivision (fraccionamiento) and sale of lots. For these purposes, for more than 12 years he processed before the regional office of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in Filadelfia the authorization for 201 water services, an indispensable requirement for the segregation and sale of the lots. He comments that on May 26, 2023, through report GSP-RCHO-2023-01267, signed by the official Esteban Alberto Morales Jaén, it was indicated that if the company rehabilitated well BE299 on its own, the requested services would be authorized; therefore, on July 20 of the same year, Liseth Angulo Coronado, an official of said institute, requested a note of acceptance to carry out the improvements, in response to which on the following July 25 he expressed his consent and requested cadastral plans and technical specifications to proceed with the corresponding repairs. Subsequently, on August 7, 2023, an on-site inspection was proposed for August 10 of that same year, on which occasion he was only handed the cadastral plan. On August 9, 2023, a meeting was held on-site with several collaborators and neighbors, where Eng. Esteban Morales offered to execute the work under the \"turnkey\" system, so he consequently proceeded to request a cost proforma, which was sent on the following August 23 by Eng. Edwin Matamoros Gutiérrez, for an amount of 971,800.00 colones. He adds that considering this sum to be high, he decided to execute the work on his own and during the following months, multiple reconditioning works were carried out on well BE299, including land clearing, construction of a protection shed, electrical installation, casing with SDR26 pipe at a depth of 90-95 cm, and perimeter enclosure with 2.5-meter-high walls. For the foregoing, in February 2025, the AyA requested to renew the permits, which he indicates he processed and complied with as of February 25 of the same year; however, through memorandum GSP-RCHO-2025-00883 and official letter SIGDD-2025-00006722-1-1-1 of March 24, 2025, water availability was rejected. For the foregoing, on March 26, 2025, he filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal, which, as of the date he appeared in amparo, has not yet been resolved. He argues that a deadline was never established for the execution of the works and that water availability was conditioned solely on the enablement of well BE299, which was being fulfilled. On the other hand, on July 15, 2025, he filed a complaint before Eng. Pamela Castro Leitón for the violent entry of AyA officials onto the site, which occurred in May 2025, who broke padlocks and performed water tests without authorization; however, said complaint, as of the date he appears in amparo, has also not been resolved. Even on June 13, 2025, he consulted the respondent authority by means of a note addressed to the official María de los Ángeles Cubillo Guadamuz, in order to be informed of the following: \"(...) a. To know who ordered the access gates to the property, located at the site (2), to be forced open and the padlocks securing the gates of the small shed located internally on the site and their respective padlocks to also be broken off. b. Likewise, to know which officials followed these orders and appeared at the site to comply with them. I do not omit to remind you that the only person who possessed keys to enter the site was the undersigned, this as a result of the infrastructure development carried out in the place, and as you well know. (...)\", from which procedure he alleges he has not received a response, despite approximately 2 months having passed since its filing. He highlights that he has invested more than 20 million colones in the work, that he still retains the keys to the site, and that the infrastructure is the result of his commitment to the AyA; however, he considers that the respondent authority's actions have violated his fundamental rights. For the foregoing, he requests that this action be granted and that the Filadelfia Agency of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers be ordered to respect what was agreed with the claimant since July 2023, granting a period of 9 to 12 months to complete the works and guarantee the project's water availability; as well as to provide a response regarding what was consulted on June 23, 2025, indicating who authorized the allegedly \"violent\" entry onto the property and who participated in said action.\n\n2.- By a resolution issued at 12:54 p.m. on September 11, 2025, the action was admitted and a report was requested from the administrator or person in charge of the Agency of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of Dirección954, regarding the accused facts.\n\n3.- By a resolution issued at 3:44 p.m. on September 11, 2025, a material error in the transfer order resolution was corrected.\n\n4.- María de los Ángeles Cubillo Guadamuz reports under oath, in her capacity as head of the Filadelfia Cantonal Office of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, that the request for Availabilities and Developments (Disponibilidades y Desarrollos, SIGDD), registered with File No. 2022-00023526-1, for a construction project for 201 lots, was indeed processed; likewise, the procedure concludes with the generation of the certificates of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services SIGDD-2022-00023526-1-1-1 and the Hydric Capacity Certificate (Constancia de Capacidad Hídrica) SIGDD-2022-00023526-1-2-1, in which the claimant is informed about the improvements to be made. It is not true, as indicated by the claimant, to argue that a deadline for the execution of the works was never established; in the same document of the Hydric Capacity Certificate SIGDD-2022-00023526-1-2-1, the validity period is indicated as established in the Service Provision Regulation (Reglamento de Prestación de Servicios) in its article 41, which is 12 months extendable for 12 more months, upon express request by the project owner or developer; on the other hand, the same article indicates that the developer must formally express to AyA their consent to build the public primary works detailed in the Hydric Capacity Certificate. She emphasizes that the claimant was notified by email ...3 on July 20, 2023, at 12:02 p.m., about the formal note of consent that he had to send; however, he only entered an email; to date, the Institute has not received the formal note as requested. Furthermore, that the work performed by Nombre7066 failed to comply with article 39 of the Service Provision Regulation, which indicates: \"That infrastructure works must be approved, constructed, and received in accordance with the AyA's indications, pursuant to the Technical Standard for the Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems (Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial) and its eventual reforms, in order to enable the availability of the service(s).\" The claimant, without authorization, executed works, closed the property where Dirección10624 is located, which is owned by the AyA, as recorded in Registry Plan G-0122292-1993 with Property Registration Number 131144-000. In this sense, once the Hydric Capacity Certificate is received, the developer must formally express to AyA, by means of a consent letter (carta de consentimiento), their agreement to build the primary potable water infrastructure. The consent letter must be accompanied by a schedule for the execution of the works, which must be consistent with the complexity and size of the work to be built and will govern from the approval date of the plans. The commitment must be kept updated during the commitment period and the formalization of the document; with the Hydric Capacity Certificate, article 40 of the Service Provision Regulation indicates that it only allows managing before different state entities the obtaining of permits and authorizations necessary for the construction of the primary aqueduct works; the certificate is incorporated as a documentary requirement in the APC for the approval of construction plans by the reviewing Institutions and procedures before the Municipality and SETENA for obtaining the project's environmental viability; subsequently, article 41 of the same Regulation states that the hydric capacity has a validity of 12 months, extendable for 12 more months when the owner or developer requests the extension of the hydric capacity within the last trimester of validity; once that period has expired without the extension having been processed, expiration operates and the flow that had been reserved will be inventoried again and will become available to meet the demand of users requiring it. For this reason, the developer, before expiration, must demonstrate to AyA the status of the project in any of the instances indicated in article 40 of the AyA Service Provision Regulation. In the specific case, it is evident that the claimant failed to comply with the indications of the Service Provision Regulation, as infrastructure works must be approved, constructed, and received in accordance with the Institute's indications, all pursuant to the Technical Standard for the Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems and its eventual reforms, in order to enable the availability of the service(s). Regarding the notes referred to by the claimant, the official emails were reviewed, which are cited ., virtual agency at: www.aya.go.cr Line 800; no procedure is verified; the procedure was probably sent to another address not authorized by this institute; neither was proof of sending the official emails provided with the action in order to verify the truthfulness of what was stated. Subsequently, regarding the appeal, resolution No. GG-R-2025-0630 was notified on September 22, 2025, to the email address eo . Additionally, in accordance with articles 7 (subsection 12), 8, 9, 14, and 36 of the Regulation for the provision of AyA services, as well as the ARESEP Technical Regulation: Articles 9, 32, 75 (subsection g), my represented party's actions are substantiated. In this regard, the cited clauses of the AyA Service Provision Regulation provide as follows:\n\nArticle 7- Definitions. For the purposes of this Regulation, it shall be understood as:\n\n\"Technical feasibility analysis for the granting of services: Process of verifying the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant availability and eventual service connection. For such purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks pass in front of the boundaries of the property or have direct access via a public road or easement (servidumbre) of way for the property for which a service is requested.\n\nb. That the systems have sufficient water, hydraulic, treatment, and purification capacity to grant new services.\n\nc. That the system meets the established quality attributes.\n\nd. That it complies with the corresponding environmental regulations …”\n\nArticle 8- Of the services. AyA shall provide potable water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage zone, provided that the area has technical and legal feasibility.\"\n\n\"Article 9- Of the technical conditions for the provision of services. It is the obligation of the potable water and sanitation service provider to provide them within the parameters of optimal provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach, except in cases of force majeure, fortuitous events, or duly publicized maintenance periods that affect the coverage zone where the property is located …”\n\n\"Article 14- Of the conditions for the provision of services. AyA shall provide its services once technical feasibility is verified in built or to-be-built properties, dedicated to the residence of persons, for commercial or industrial activities that meet the requirements and uses authorized in this regulation. The potable water and sanitation services shall be granted by AyA on a street or public road or on a pipe easement (servidumbre) and right-of-way easement (servidumbre) registered in favor of the AyA or in favor of third parties, as applicable according to that established in article 16 of this regulation. The foregoing, provided that AyA networks are in operation.\n\n\"Article 36- Of the issuance of the service availability certificate (constancia de disponibilidad de servicios). Once the established requirements are satisfactorily received, AyA shall issue the service availability certificates, which shall incur no cost to the applicant and shall be issued within a maximum period of up to 15 business days, for both individual cases and for urban, industrial, and commercial development projects.\n\nSaid certificate shall indicate at minimum: date, consecutive number, real estate registration number, exact address of the property, cadastral or survey plan, nature of the project, amount of allocated flow, number of services considered, type of measurement, technical criterion, consecutive number, signature, and seal. The technical criterion supporting the certificate must refer at minimum to the water and hydraulic capacity conditions that the aqueduct systems present, which by coverage correspond to the request; likewise, it must contain verification of compliance with the urban and construction standards governing real estate activity and refer to the sanitation system to be used and the possibility of opting for the exemption for housing from the construction of the sanitary sewer network and wastewater treatment plant ...\"\n\n\nFurthermore, the Constitutional Chamber, in its ruling dated April sixteenth, two thousand twenty-one, considered: “This Tribunal, in reiterated jurisprudence, has recognized the so-called fundamental right to water, by which, all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under equal conditions, as it is essential for life and health. Likewise, this Chamber has stated that, despite the foregoing, this nature as a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the Administration can validly establish general requirements of mandatory compliance for each applicant, to evaluate their particular requirement …” (see in that sense Judgment No. 2018-004915 of 9:30 a.m. on March 23, 2018). Furthermore, it has indicated that although there is a fundamental right to water, the provision of the service may be subject to compliance with the requirements established for its granting, and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable to provide the potable water service. In that sense, it is necessary to emphasize that the fundamental human right to access potable water constitutes one of the most sensitive legal assets to be protected and guaranteed, which derives from the right to life and to a healthy and ecologically balanced environment. To fulfill this purpose, the State expressly provided that AyA may take advantage of, use, govern, or monitor, as the case may be, throughout the national territory, all public domain waters indispensable for the due compliance with the provisions of its constituent law, in exercise of the rights that the State has over them, as indicated in the Water Law (Ley de Aguas), for which purpose the Institute shall be considered the substituting body for the powers attributed to the law. In addition to the foregoing, the Chamber in its constitutional jurisprudence has stated that access to potable water is a fundamental human right, in that it constitutes an integral part of the content of the right to health (judgments numbers 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157 2002-10776; 2004-1923). Similarly, it has held that: “… the fundamental right to water derives from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and decent housing, so there are dozens of international instruments that directly and indirectly relate to water as a human right of all people and peoples, in such a way that it is not only a theme that by its nature tends toward nationalization, but toward the internationalization of its use and exploitation ...”. (Judgment No. 5606-2006 of 3:21 p.m. on April 26, 2006). In that same sense, in rulings 2003-04654 and 2004-07779\", it held that the supply of potable water constitutes an essential public service, to which the general principles of public services established by Article 4 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) apply, and that there exists a fundamental right to the proper functioning of public services: “Our Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of those administered to the good and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high-quality standards, which has as its necessary correlative the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, promptly, effectively, and efficiently. This latter obligation emerges from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subsection 8, which imposes on the Executive Branch the duty to 'Monitor the proper functioning of administrative services and dependencies', 139, subsection 4), insofar as it incorporates the concept of 'good governance', and 191 to the extent that it incorporates the principle of 'efficiency of the administration' …”. That atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as, for example, the supply of potable water\" (Judgment No. 2386-2006). It is necessary to address the lack of potable water supply that communities face \"... implies the execution of actions that allow enabling continuity in the service according to each specific case\". As can be appreciated, the country's high Constitutional Tribunal, in its different rulings, has recognized this essential right of persons, as an integral part of the right to health and life, provided for in articles 21 and 50 of the Political Constitution; without this right implying unrestricted access to public potable water services, as there may be technical impossibilities or non-compliance with regulatory requirements established by authorized operators, who can validly deny them. In that sense, resolution No. 2014008524 of 9:05 a.m. on June 13, 2024, in relation to the object of this analysis, resolved:\n\n“Hence then, in the sub lite, it is proven that the challenged denial is due to non-compliance with the legal and regulatory requirements to access the potable water service. This Tribunal has recognized in its jurisprudence that the right to health and life are fundamental human rights that depend on access to potable water. However, it has also provided that the provision and supply of potable water are not free services, so the administered party must pay the corresponding amounts and comply with the requirements imposed by the legal system both for the enjoyment of the services and for their installation (see Ruling No. 2008-005665 of 12:41 p.m. on April 11, 2008). In fact, it has been endorsed that in the face of legal impossibility (lack of compliance with requirements established in the respective regulations) or in the face of material impossibility (such as the lack of a water distribution network, among other aspects), it is reasonable for the interested party to assume the installation costs in places where there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Based on the foregoing, the denial of service in this particular case is not arbitrary or illegitimate as it is due to technical reasons and not to discriminatory treatment in relation to the plaintiff's neighbors as suggested in the amparo filing brief.”\n\n\nAs derived from the preceding considerations, it is clear that through report GSP-RCH-CF-2025-00223, AyA acted in accordance with the regulations that govern it, exercising its governing function as appropriate, carrying out at all times duly substantiated and reasoned actions; likewise, for the specific case, the claimant did not formally express to AyA, by means of a consent letter (carta de consentimiento), the acceptance or agreement to build the primary works detailed in Hydric Capacity Certificate SIGDD-2022-00023526-1-2-1; in the same document, the validity period and the steps to be followed were detailed; likewise, he did not submit plans pursuant to the Technical Standard for the Design and Construction of Potable Water Supply Systems. According to article 39 of the AyA Service Provision Regulation, he did not renew the Hydric Certificate within the granted period, performed works, and closed the property belonging to the institute without authorization. Finally, in consequence, it is important to refer to the principle of legality enshrined in article 11 of our Political Constitution, which warns that the acts and behaviors of the Administration must be regulated by written norms, in such a way, AyA must submit to the Political Constitution and to the law preferentially; and in general to all norms of the Legal System, known as the Principle of Juridicity of the Administration, which means that public institutions can only act to the extent they are empowered to do so by the same legal system and normally by express text; consequently, only what is constitutionally and legally permitted is allowed.\n\n5.- By brief filed at 2:04 p.m. on October 17, 2025, the claimant requested the prompt dispatch of this matter. He also replied to the report.\n\n6.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Hess Herrera; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- OBJECT OF THE ACTION. The plaintiff alleges that, despite the fact that the protected company performed multiple works to enable, on its own, the respondent entity's well No. BE299, as provided in report GSP-RCHO-2023-01267, so that the availabilities it had been requesting for many years would be granted to its represented party, this did not occur, even though a deadline for the execution of the works was never established and that water availability was conditioned solely on the enablement of the well in question, which its represented party was fulfilling. Subsequently, through memorandum GSP-RCHO-2025-00883 and official letter SIGDD-2025-00006722-1-1-1, both dated March 24, 2025, the availability he requested as the legal representative of that same company was rejected. For the foregoing, he filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal against that denial; however, at the time he filed this amparo, said challenge has still not been resolved. In addition to the foregoing, he maintains that the complaint he filed on July 15, 2025, regarding the violent entry of AyA officials onto the site, the destruction of padlocks, and the performance of unauthorized water tests, has also not been resolved. Finally, he affirms that on June 13, 2025, he consulted the respondent authority by means of a note addressed to the official María de los Ángeles Cubillo Guadamuz, in order to be informed of the following: \"(...) a. To know who ordered the access gates to the property, located at the site (2), to be forced open and the padlocks securing the gates of the small shed located internally on the site and their respective padlocks to also be broken off. b. Likewise, to know which officials followed these orders and appeared at the site to comply with them. I do not omit to remind you that the only person who possessed keys to enter the site was the undersigned, this as a result of the infrastructure development carried out in the place, and as you well know. (...)\". For all the foregoing, he deems the fundamental rights of his represented party violated.\n\nII.- PROVEN FACTS. The following are considered proven as relevant for the decision of this amparo: 1) The company Quinta El Diamante Negro, S. A., legal identification card CED40258, owns a property at Dirección10623, intended for the subdivision (fraccionamiento) and sale of lots (copy attached to the filing brief). 2) On October 28, 2022, the claimant, in his capacity as legal representative of Quinta El Diamante Negro S. A., filed a Request for Service Availability Certificate for a construction project for 201 lots before the Filadelfia Cantonal Unit (copies attached to the report). 3) By means of Hydric Capacity Certificate SIGDD-2022-00023526-1-2-1 of July 23, 2023, said availability request of the protected company was rejected (copies attached to the report). 4) By means of Negative Availability Certificate No. 2025-00006722-1 of March 24, 2025, the availability request filed by the protected party on March 3 of that same year was rejected (copies attached to the report). 5) On March 26, 2025, the claimant filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal against that Negative Availability Certificate (copies attached to the report). 6) By resolution of the Filadelfia Cantonal Unit, No. GSP-RCH-CR-REVO-2025-00001 of March 26, 2025, the reconsideration was declared without merit (copies attached to the report). 7) By resolution of the General Management of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers No. GG-R-2025-0630 of 3:17 p.m. on September 22, 2025, the appeal filed by the claimant was declared without merit (report rendered under oath and attached copies).\n\nIII.- UNPROVEN FACTS. The following is considered not proven as relevant: Sole. That on June 13, 2025, the claimant filed the information request he claims.\n\nIV.- REGARDING THE POTABLE WATER AVAILABILITY REQUESTED BY THE PROTECTED COMPANY. It is appropriate, first, to note that this Tribunal has protected claims related to the lack of water supply when the request is for personal residential use, to meet basic needs as part of the human right to life and health, but not when it concerns claims made by legal entities for the development of an economic activity such as tourism development, whose purposes are commercial. The plaintiff does not indicate in the filing, nor is it evident from the evidence provided, that this is a housing project on a personal basis. Hence, regardless of the fact that the availability was denied upon notification of the transfer order, the claim is not admissible to be heard in this jurisdiction, since the water service claimed is not for personal domiciliary use, but for commercializing real estate with a real estate development (see in that sense judgments No. 2019025416 of 10:45 a.m. on December 20, 2019, and 2026001872 of 9:20 a.m. on January 16, 2026).\n\n\n\nOn the other hand, the plaintiff is advised that it is not for this Tribunal to determine whether their note of consent or commitment to carry out the works required was sufficient to grant the same availability, since that is a matter outside this specialized jurisdiction.\n\nIn addition to the foregoing, regarding the delay claimed in the resolution of the petitioner's complaint for the alleged destruction of padlocks and the performance of water tests without authorization from his represented party, it is pertinent to note that this jurisdiction cannot examine and definitively decree whether, in the case under study, that complaint has made progress, that is, whether it has been processed with or without celerity or whether, on the other hand, an unjustified delay has occurred, contrary to the provisions of Article 41 of the Constitution, given that this is not one of the exceptions established by this Court for such purposes.\n\nV.- ON THE ALLEGED LACK OF RESPONSE. The petitioner's assertion that on June 13, 2025, he submitted a request to the appealed authority by means of a note addressed to the official María de los Ángeles Cubillo Guadamuz, so as to be informed who ordered the access gates to the property on which well No. BE299 is located to be forced open and the name of the officials who followed the orders issued to that effect, lacks any evidentiary support, since the copy attached to the filing brief does not bear a receipt from the Cantonal Office of Filadelfia and, on the contrary, the appealed authority reports under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction in case of any inaccuracy or falsehood, that such assertion is not true, since a review was conducted of the official emails, which are cited ...3, virtual agency at: www.aya.go.cr Line 800, and it was found that no procedure was verified, the filing was probably sent to another address not authorized by this institute. Nor was any proof of sending the official emails evidenced in the appeal to verify the truthfulness of what was stated. Given that the reports rendered by the authorities, as provided in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, are done under oath, the Chamber, in the absence of further elements of judgment beyond the petitioner's statement in contradiction with the respondent's, opts to accept the latter, without prejudice to any criminal liability arising from false or inaccurate data or statements. Thus, the Chamber rules out the existence of the claimed grievance. Under this reasoning, it is necessary to dismiss the appeal, as is hereby ordered.\n\nVI.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ. I have supported the thesis of this Court that when a citizen alleges a violation of the right to a prompt and complete justice in administrative venues, the bodies that must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Tribunals and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the recurso de amparo established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence, since the legal-constitutional disputes concerning minors, the environment, payment of wages, payment of benefits upon retirement, pensions from the non-contributory regime, and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreigners who are outside the country, drinking water service, older adults when not referring to pension matters, corruption complaints, rights of indigenous people, claims for lack of coverage by the Costa Rican Social Security Fund, and maternity leaves are to be heard by this jurisdiction through the constitutional process of the amparo guarantee. In all other cases, and for the reasons set forth in this judgment, the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which conforms to numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.\n\nVII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO. Although in the past I have held the majority criterion of the Court, under a better weighing of the fundamental rights claimed, I consider that administrative delay constitutes a violation of a fundamental procedural guarantee, which is why I change the criterion I had expressed, admitting the possible infringement of the right to a prompt and complete administrative justice, separating myself from the view of the majority of the Court, in the sense that –save for few exceptions– this type of reproach must be resolved in the contentious-administrative jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights that this jurisdiction is called upon to protect is that of prompt and complete justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is in accordance with the scope of competence assigned to this Court in matters of protection of fundamental rights, in attention to the provisions of Articles 10 and 48 of the Political Constitution. Although I understand the importance of the reforms to the contentious-administrative jurisdiction since the entry into force of Law 8508 of April twenty-fourth, two thousand six, the fact remains that this situation does not justify the referral to that instance of matters dealing with subject matter that is the competence of this Chamber, which has demonstrated over the years that it is a swift and effective means for the protection of the fundamental rights of the country's inhabitants.\n\nVIII.- MAGISTRATE RUEDA LEAL DISSENTS AND SUMMARILY DISMISSES THE APPEAL. I maintain that this matter must be summarily dismissed, because the petitioner files the recurso de amparo on behalf of a legal person (the company QUINTA EL DIAMANTE NEGRO S. A.). Relevant to the sub examine, in the dissenting vote I set forth in judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, I maintained:\n\n“in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal persons under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that “Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal persons are not holders of the rights enshrined in said treaty”. On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal persons (for example, through a media outlet, as occurred in the case Nombre32579 et al. v. Venezuela); however, for this to be subject to protection before the Inter-American system, “the exercise of the right through a legal person must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the Inter-American system and the legal person through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are indeed being protected and not those of the legal persons. In effect, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities inherent to the legal person, such that said participation relates substantially to the rights alleged to have been violated.” (emphasis added) (OC. 22/16)”.\n\nIn my opinion, a reading of the Law of Constitutional Jurisdiction compels the same ratio of the conventional hermeneutics cited above with respect to every fundamental right. Thus, in a constitutional process filed on behalf of a legal person, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal person that claims to be affected by some violation of the constitutional order and the natural person who, due to such injury, comes to have some fundamental right diminished, in a reflexive but direct manner. Now, for such purposes, a mere reference to a connection or link between the legal person and the natural person is insufficient to be able to deduce that, precisely, through the constitutional process, the safeguarding of the fundamental rights of the latter is being sought, not merely those of the former. The aforementioned requirement thus becomes a sine qua non prerequisite for the admissibility of constitutional review by this jurisdiction. Based on the foregoing, I conclude that this must be the guideline by which the Law of Constitutional Jurisdiction must be interpreted, such that in the sub iudice, the application of jurisdictional constitutional review is inadmissible, since, based on the evidence in the record, the essential link between the protected legal person and any specific natural person, in relation to the alleged aggrieved right, has not been demonstrated.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Electronic Case File Regulation before the Judicial Branch\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal is declared without merit. Magistrate Castillo Víquez notes. Magistrate Cruz Castro dissents, solely in relation to Article 41 of the Constitution. Magistrate Rueda Leal dissents and summarily dismisses the appeal. Notify.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n*F92M6SIHKVQ61*\n\nF92M6SIHKVQ61\n\nCASE FILE No. 25-027264-0007-CO\n\nPhones: Tel7268/ (Tel10). Fax: Tel07 / Tel08. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 14:21:49.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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