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  "id": "nexus-sen-1-0007-1371071",
  "citation": "Res. 04850-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Requisitos municipales en segregación no revisables en amparo",
  "title_en": "Municipal requirements in segregation not reviewable in amparo",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara inadmisible el recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia. El recurrente alegaba vulneración de derechos fundamentales por la imposición tardía de requisitos técnicos (obras de mitigación pluvial y aceras) para el visado de segregación de un inmueble, así como por la falta de información oportuna y motivación suficiente durante el trámite administrativo. La Sala considera que determinar la legalidad o necesidad técnica de dichos requisitos escapa al ámbito del amparo, cuyo fin es tutelar derechos fundamentales, no controlar la legalidad de actos administrativos. Por su carácter sumario, el amparo no es la vía para examinar si los requisitos impuestos por la Municipalidad son legales o técnicamente necesarios, debiendo el recurrente acudir a la propia administración o a la vía ordinaria.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber declares inadmissible the amparo appeal filed against the Municipality of Santo Domingo de Heredia. The appellant alleged violation of fundamental rights due to the late imposition of technical requirements (stormwater mitigation works and sidewalks) for the approval of a property segregation, as well as lack of timely information and sufficient reasoning during the administrative process. The Chamber holds that determining the legality or technical necessity of such requirements falls outside the scope of amparo, whose purpose is to protect fundamental rights, not to control the legality of administrative acts. Given its summary nature, amparo is not the proper avenue to examine whether the requirements imposed by the Municipality are legal or technically necessary; the appellant must resort to the administration itself or ordinary proceedings.",
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  "date": "11/02/2026",
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    "confianza legítima",
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  "excerpt_es": "En relación con este reclamo es importante señalar que no le corresponde a esta Sala determinar la legalidad o no de los requisitos exigidos por la autoridad recurrida. Tampoco, si el requisito referido a la construcción previa de obras pluviales de alto costo es técnicamente necesario o no. Es importante recordar que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas (resolución 15957-2019). Por esa razón, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario -es decir, breve y sencillo- y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. En este sentido, si el recurrente no está conforme con las actuaciones ejecutadas por la Municipalidad de Santo Domingo, no es en esta vía donde debe presentar sus alegatos, sino ante la propia administración recurrida o en la vía ordinaria.",
  "excerpt_en": "In relation to this claim, it is important to note that it is not for this Chamber to determine the legality or otherwise of the requirements demanded by the respondent authority. Nor whether the requirement of prior construction of high-cost stormwater works is technically necessary or not. It is important to recall that the purpose of the amparo appeal is to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as an instrument for controlling the legality of the acts of the various Public Administrations (resolution 15957-2019). For that reason, the amparo process is eminently summary in nature—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with the taking of slow and complex evidentiary measures, or with the need to first examine—with declaratory effect—whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual background of the amparo appeal or of the statutory report, as the case may be, actually exist. In this regard, if the appellant does not agree with the actions carried out by the Municipality of Santo Domingo, it is not in this venue that he must present his arguments, but rather before the respondent administration itself or through ordinary proceedings.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 04850 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 11 de Febrero del 2026 a las 09:36\n\nExpediente: 26-000003-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 26-000003-0007-CO\n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2026004850\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y seis minutos del once de febrero de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, mayor, divorciado, vecino de San Luis de Santo Domingo de Heredia, cédula de identidad CED01 contra la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito agregado al Sistema de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala a las 00:52 horas del 1° de enero de 2026, el recurrente manifiesta que interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, su Alcalde y el Director de la Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial (DSOT), al estimar lesionados sus derechos fundamentales a la igualdad, al ambiente sano, al bienestar integral y a la seguridad jurídica, en el contexto del trámite de segregación de su propiedad ubicada en San Miguel de Santo Domingo, la cual pretende fraccionar para su venta. Expone que, siendo copropietario del inmueble junto con su hermano, ha gestionado por varios años la segregación del terreno, encontrándose con exigencias adicionales y tardías impuestas por la Municipalidad en la fase final del trámite, particularmente la obligación de construir obras de mitigación pluvial y aceras como condición previa al visado municipal, requisitos que —según alega— no le fueron informados oportunamente, no constan de manera clara en los instrumentos formales del trámite y resultan desproporcionados e inviables para un proyecto de simple segregación sin construcción inmediata. Relata que, desde el inicio del proceso, funcionarios municipales le indicaron únicamente la necesidad de prever el desfogue pluvial convencional, sin exigir obras de mitigación complejas. Añade que, paralelamente, propiedades vecinas ubicadas al norte de su finca obtuvieron visados de segregación y desarrollos posteriores sin cumplir tales exigencias, circunstancia que, a su juicio, evidencia un trato diferenciado injustificado. Para sustentar este alegato, detalla comparaciones fácticas con proyectos vecinos en los que no se observa la construcción de tanques de retención, lagunas, pozos de absorción ni aceras exigidas en su caso. Describe las gestiones realizadas ante el INVU, el Registro Nacional y diversas dependencias municipales, así como los retrasos acumulados y las modificaciones sucesivas de requisitos, hasta que, una vez obtenidos los visados técnicos necesarios, la Municipalidad condicionó el trámite a la construcción previa de obras pluviales de alto costo. Afirma que dicha exigencia constituye un cambio de reglas en la etapa final, contrario a los principios de confianza legítima, razonabilidad y seguridad jurídica. Señala además que intentó reiteradamente obtener aclaraciones de la DSOT y de su director, sin respuesta oportuna, lo que lo llevó a acudir a la Contraloría de Servicios y a múltiples gestiones administrativas. Alega que la actuación municipal ha sido omisa, contradictoria y carente de motivación suficiente, y que se ha utilizado la normativa técnica de forma inconsistente, exigiendo requisitos de mitigación en su caso, pero no en otros proyectos comparables, incluidos desarrollos urbanísticos de mayor impacto. Manifiesta que la exigencia impugnada no solo ha bloqueado la segregación y venta del inmueble, sino que ha generado un grave perjuicio económico, afectación al valor de la propiedad y un impacto significativo en su salud mental y bienestar, particularmente por su condición personal y familiar. Añade que la ausencia de obras municipales de alcantarillado pluvial en la vía pública frente a su finca agrava la situación ambiental y de salubridad, sin que la Municipalidad asuma sus propias obligaciones. Finalmente, sostiene que las actuaciones recurridas configuran un trato discriminatorio, al imponerle cargas no exigidas a otros administrados en condiciones equivalentes, y solicita la intervención de esta Sala para el restablecimiento de sus derechos fundamentales, la eliminación de los requisitos que estima ilegítimos y la adopción de medidas que garanticen un trato igualitario y conforme al orden constitucional\n\n 2.- Mediante escrito presentado en la Secretaria de la Sala Constitucional a las 14:07 horas del 9 de febrero, el recurrente manifiesta que adiciona este recurso y solicita que se incorpore al expediente como ampliación basada en tres nuevos informes emitidos por la Municipalidad. Señala que estos elementos refuerzan su tesis principal relativa a un trato discriminatorio e incoherente en la exigencia de requisitos técnicos vinculados con la mitigación pluvial en proyectos urbanísticos del cantón. En primer término, expone que mediante oficio municipal de 26 de enero de 2026, la asistente de la Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial habría confirmado expresamente que en el Proyecto Urbanístico Junabra no se exigieron obras de retención o mitigación pluvial en ninguna de sus etapas, incluida su primera fase denominada “Dirección01”. Indica que esta información transforma en hecho comprobado lo que anteriormente había planteado como una probabilidad razonable, y lo utiliza como parámetro comparativo para sostener que a su propio proyecto de segregación se le impusieron exigencias pluviales de manera estricta, arbitraria e implacable. Alega que ello evidencia una aplicación desigual del requisito y que, además, funcionarios municipales habrían inducido a error a esta Sala en el amparo anterior 25-017270-0007-CO, particularmente respecto de afirmaciones sobre una supuesta política uniforme desde 2021 y sobre la objetividad técnica del rechazo sufrido por el recurrente.  En segundo lugar, la parte recurrente sostiene que el mismo oficio aclara que el desfogue aprobado para Junabra corresponde a un desarrollo integral de la zona y fue aprobado desde mayo de 2023. Destaca que dicho proyecto tiene un área total de 78.946 m², mientras que el suyo corresponde a apenas 3.677 m² (seis lotes), lo que arrojaría una relación aproximada de 20,5 a 1. Con base en ello, argumenta que resulta incoherente que su pequeño proyecto fuera rechazado por supuestamente representar un impacto pluvial negativo insuficientemente mitigado, mientras que un desarrollo de escala muy superior habría sido eximido de presentar obras específicas de mitigación. Afirma que ello revela arbitrariedad y ausencia de objetividad en la actuación municipal. Finalmente,  el recurrente agrega que, así como había comparado su caso con un proyecto vecino de segregación privilegiado, ahora aporta que Junabra también fue favorecido en procesos de segregación masiva, incluyendo la división de aproximadamente 50 lotes, sin que se exigieran requisitos de mitigación pluvial. Señala que incluso se adjuntan ejemplos registrales para demostrar el trato diferenciado, mientras que en su caso ni siquiera obtuvo planos debido al vencimiento del plazo de vigencia del fraccionamiento.  Manifiesta que la magnitud constructiva de Junabra —con cientos de filiales, calles internas y múltiples etapas— generará un considerable caudal pluvial cuyo impacto no fue mitigado ni documentado adecuadamente, pues la Municipalidad habría indicado que no existen memorias de cálculo ni documentación pluvial en los archivos. Sostiene que ello pone en riesgo el derecho a un ambiente sano en la comunidad de San Vicente, y acusa que autoridades municipales habrían omitido información relevante en informes rendidos en otros expedientes, resistiéndose durante meses a brindar datos claros y completos sobre el proyecto.  Afirma que la Municipalidad se habría negado a demostrar que la primera fase “Dirección02” cuente con permiso de construcción, señalando inconsistencias y confusiones en los oficios municipales respecto de los planos y fincas correspondientes. Considera que tales contradicciones reflejan desconocimiento o una intención deliberada de postergar el reconocimiento de eventuales irregularidades en la tramitología. Por último, el recurrente incorpora un elemento adicional: indica que en un nuevo amparo relacionado, el Alcalde habría señalado que la Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial es responsable de definir la construcción del alcantarillado pluvial en vías cantonales. A partir de ello, concluye que el director de dicha dependencia sería simultáneamente responsable del abandono del sistema pluvial público frente a su finca y de la imposición de requisitos adicionales discriminatorios para impedir su proyecto privado, con el motivo ulterior de evitar la construcción del alcantarillado municipal inexistente. Sostiene que estas actuaciones han provocado perjuicios injustos y una situación personal difícil, reafirmando así la validez de sus argumentos y manteniendo las intenciones contenidas en sus petitorias originales.\n\n 3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n   I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente solicita a la Sala determinar si las actuaciones de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, consistentes en la imposición tardía y contradictoria de requisitos técnicos adicionales —en particular, la exigencia de obras de mitigación pluvial y construcción de aceras como condición para el visado de una segregación de inmueble—, así como la falta de información oportuna y motivación suficiente durante el trámite administrativo, vulneran los derechos fundamentales del recurrente a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima, al ambiente sano y al bienestar integral.\n\n II.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El recurrente manifiesta su inconformidad con las actuaciones de la Municipalidad de Santo Domingo, en relación con la imposición tardía y contradictoria de requisitos técnicos adicionales, así como la falta de información oportuna y motivación suficiente durante el trámite administrativo de segregación de un inmueble de su propiedad. En relación con este reclamo es importante señalar que no le corresponde a esta Sala determinar la legalidad o no de los requisitos exigidos por la autoridad recurrida. Tampoco, si el requisito referido a la construcción previa de obras pluviales de alto costo es técnicamente necesario o no. Es importante recordar que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas (resolución 15957-2019).  Por esa razón, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario -es decir, breve y sencillo- y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad.  En este sentido, si el recurrente no está conforme con las actuaciones ejecutadas por la Municipalidad de Santo Domingo, no es en esta vía donde debe presentar sus alegatos, sino ante la propia administración recurrida o en la vía ordinaria. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.\n\n III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI\n\nPor tanto:\n\n   Se rechaza de plano el recurso. \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n QFY7VQ47C6EO61\n\nEXPEDIENTE N° 26-000003-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:08:51.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 04850 - 2026\n\nResolution Date: February 11, 2026 at 09:36\n\nCase File: 26-000003-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez\n\nType of Matter: Amparo (constitutional protection) appeal\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\nText of the Resolution\n\n\n\nCASE FILE No. 26-000003-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO (CONSTITUTIONAL PROTECTION) APPEAL\n\nRESOLUTION No. 2026004850\n\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty-six minutes on the eleventh of February, two thousand twenty-six.\n\nAmparo (constitutional protection) appeal filed by Nombre01, of legal age, divorced, a resident of San Luis de Santo Domingo de Heredia, identity card CED01, against the Municipality of Santo Domingo de Heredia.\n\nWhereas:\n\n1.- By written submission added to the Judicial Office Management System of this Chamber at 00:52 hours on January 1, 2026, the appellant states that he files an amparo (constitutional protection) appeal against the Municipality of Santo Domingo de Heredia, its Mayor, and the Director of the Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial (DSOT), considering his fundamental rights to equality, a healthy environment, integral well-being, and legal certainty to be harmed, in the context of the segregation (segregación) process for his property located in San Miguel de Santo Domingo, which he intends to subdivide (fraccionar) for sale. He explains that, being co-owner of the property with his brother, he has been managing the segregation (segregación) of the land for several years, encountering additional and late requirements imposed by the Municipality in the final phase of the procedure, particularly the obligation to construct stormwater mitigation (mitigación pluvial) works and sidewalks as a condition prior to municipal approval (visado municipal), requirements that—as he alleges—were not communicated to him in a timely manner, are not clearly stated in the formal instruments of the procedure, and are disproportionate and unfeasible for a simple segregation (segregación) project without immediate construction. He relates that, from the beginning of the process, municipal officials only informed him of the need to provide for conventional stormwater outlet (desfogue pluvial), without requiring complex mitigation (mitigación) works. He adds that, concurrently, neighboring properties located north of his farm obtained segregation (segregación) approvals and subsequent developments without complying with such requirements, a circumstance that, in his view, demonstrates unjustified differential treatment. To support this claim, he details factual comparisons with neighboring projects in which the construction of retention tanks, lagoons, absorption wells, or the sidewalks required in his case are not observed. He describes the steps taken before the INVU, the National Registry, and various municipal offices, as well as the accumulated delays and successive modifications of requirements, until, once the necessary technical approvals were obtained, the Municipality conditioned the procedure on the prior construction of high-cost stormwater (pluvial) works. He affirms that said requirement constitutes a change of rules in the final stage, contrary to the principles of legitimate expectations, reasonableness, and legal certainty. He also points out that he repeatedly tried to obtain clarifications from the DSOT and its director, without a timely response, which led him to go to the Contraloría de Servicios and to multiple administrative procedures. He alleges that the municipal action has been neglectful, contradictory, and lacking sufficient motivation, and that technical regulations have been used inconsistently, requiring mitigation (mitigación) requirements in his case, but not in other comparable projects, including larger-impact urban developments. He states that the challenged requirement has not only blocked the segregation (segregación) and sale of the property but has also generated serious economic harm, an effect on the property's value, and a significant impact on his mental health and well-being, particularly due to his personal and family situation. He adds that the absence of municipal stormwater sewer (alcantarillado pluvial) works on the public road in front of his farm aggravates the environmental and public health situation, without the Municipality assuming its own obligations. Finally, he maintains that the appealed actions constitute discriminatory treatment, by imposing burdens on him not required of other administered parties in equivalent conditions, and requests the intervention of this Chamber for the restoration of his fundamental rights, the elimination of the requirements he deems illegitimate, and the adoption of measures that guarantee equal treatment in accordance with the constitutional order.\n\n2.- By means of a written submission presented to the Secretariat of the Constitutional Chamber at 14:07 hours on February 9, the appellant states that he adds to this appeal and requests that it be incorporated into the case file as an expansion based on three new reports issued by the Municipality. He indicates that these elements reinforce his main thesis regarding discriminatory and inconsistent treatment in the demand for technical requirements linked to stormwater mitigation (mitigación pluvial) in urban development projects in the canton. First, he explains that through a municipal official letter dated January 26, 2026, the assistant of the Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial would have expressly confirmed that in the Junabra Urban Development Project, no retention or stormwater mitigation (mitigación pluvial) works were required in any of its stages, including its first phase called \"Dirección01.\" He indicates that this information transforms into a proven fact what he had previously raised as a reasonable probability, and uses it as a comparative parameter to maintain that his own segregation (segregación) project was strictly, arbitrarily, and implacably imposed with stormwater (pluvial) requirements. He alleges that this demonstrates an unequal application of the requirement and that, furthermore, municipal officials would have misled this Chamber in the previous amparo (constitutional protection) 25-017270-0007-CO, particularly regarding statements about a supposed uniform policy since 2021 and about the technical objectivity of the rejection suffered by the appellant. Secondly, the appellant maintains that the same official letter clarifies that the approved stormwater outlet (desfogue) for Junabra corresponds to a comprehensive zone development and was approved in May 2023. He highlights that said project has a total area of 78,946 m², while his corresponds to only 3,677 m² (six lots), which would yield an approximate ratio of 20.5 to 1. Based on this, he argues that it is inconsistent that his small project was rejected for allegedly representing an insufficiently mitigated negative stormwater (pluvial) impact, while a much larger-scale development would have been exempted from presenting specific mitigation (mitigación) works. He affirms that this reveals arbitrariness and a lack of objectivity in the municipal action. Finally, the appellant adds that, just as he had compared his case with a favored neighboring segregation (segregación) project, he now provides that Junabra was also favored in massive segregation (segregación) processes, including the division of approximately 50 lots, without stormwater mitigation (mitigación pluvial) requirements being demanded. He notes that even registry examples are attached to demonstrate the differentiated treatment, while in his case he did not even obtain plans due to the expiration of the subdivision (fraccionamiento) validity period. He states that the construction magnitude of Junabra—with hundreds of affiliates, internal roads, and multiple stages—will generate a considerable stormwater runoff (caudal pluvial) whose impact was neither mitigated (mitigado) nor adequately documented, since the Municipality would have indicated that there are no calculation reports (memorias de cálculo) or stormwater (pluvial) documentation in the archives. He maintains that this endangers the right to a healthy environment in the community of San Vicente, and accuses that municipal authorities would have omitted relevant information in reports rendered in other case files, resisting for months to provide clear and complete data on the project. He affirms that the Municipality would have refused to demonstrate that the first phase “Dirección02” has a construction permit, pointing out inconsistencies and confusions in the municipal official letters regarding the corresponding plans and farms. He considers that such contradictions reflect ignorance or a deliberate intention to postpone the recognition of possible irregularities in the processing. Finally, the appellant incorporates an additional element: he indicates that in a new related amparo (constitutional protection), the Mayor would have pointed out that the Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial is responsible for defining the construction of the stormwater sewer (alcantarillado pluvial) on cantonal roads. From this, he concludes that the director of said office would simultaneously be responsible for the abandonment of the public stormwater (pluvial) system in front of his farm and for the imposition of discriminatory additional requirements to impede his private project, with the ulterior motive of avoiding the construction of the non-existent municipal sewer (alcantarillado). He maintains that these actions have caused unjust harm and a difficult personal situation, thereby reaffirming the validity of his arguments and maintaining the intentions contained in his original petitions.\n\n3.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its submission, any action submitted for its knowledge that turns out to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a previous identical or similar rejected action.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant requests the Chamber to determine whether the actions of the Municipality of Santo Domingo de Heredia, consisting of the late and contradictory imposition of additional technical requirements—in particular, the requirement for stormwater mitigation (mitigación pluvial) works and the construction of sidewalks as a condition for the approval (visado) of a property segregation (segregación)—as well as the lack of timely information and sufficient motivation during the administrative procedure, violate the appellant's fundamental rights to equality, legal certainty, legitimate expectations, a healthy environment, and integral well-being.\n\nII.- ON THE INADMISSIBILITY OF THE APPEAL. The appellant expresses his disagreement with the actions of the Municipality of Santo Domingo, in relation to the late and contradictory imposition of additional technical requirements, as well as the lack of timely information and sufficient motivation during the administrative segregation (segregación) procedure for a property of his ownership. In relation to this claim, it is important to note that it does not fall to this Chamber to determine the legality or otherwise of the requirements demanded by the respondent authority. Nor whether the requirement referring to the prior construction of high-cost stormwater (pluvial) works is technically necessary or not. It is important to remember that the purpose of the amparo (constitutional protection) appeal is to provide timely protection against violations or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as an instrument for controlling the legality of the acts of the different Public Administrations (resolution 15957-2019). For this reason, the amparo (constitutional protection) process is eminently summary in nature—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to previously examine—with declaratory effect—whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual list of the amparo (constitutional protection) appeal or the legal report, as the case may be, exist in reality. In this sense, if the appellant does not agree with the actions carried out by the Municipality of Santo Domingo, it is not in this venue where he should present his arguments, but rather before the respondent administration itself or in the ordinary venue. Consequently, the appeal is inadmissible and is so declared.\n\nIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI\n\nTherefore:\n\nThe appeal is rejected outright.\n\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nQFY7VQ47C6EO61\n\nCASE FILE No. 26-000003-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:08:51.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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