{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1371408",
  "citation": "Res. 08044-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Contaminación visual por acumulación de cableado en San Ramón",
  "title_en": "Visual pollution from wire accumulation in San Ramón",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por vecinos de San Ramón contra la Municipalidad, el ICE y la SUTEL, por la contaminación visual generada por el exceso y desorden de cableado de telecomunicaciones en postes del centro urbano. La Sala determinó que la acumulación caótica de cables constituye contaminación visual que afecta el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado por el artículo 50 constitucional. Respecto a la Municipalidad de San Ramón, declaró con lugar el recurso, pues aunque no es la competente para otorgar permisos de cableado —atribución del ICE—, tiene el deber de fiscalizar el espacio público, coordinar interinstitucionalmente y adoptar medidas para mitigar la contaminación visual; su omisión la hace responsable de la lesión al ambiente. También declaró con lugar contra el ICE como administrador de la postería, por no ejercer sus potestades de supervisión y control sobre la infraestructura, lo que permitió la permanencia del desorden y constituye una omisión con relevancia constitucional. En cuanto a la SUTEL, se declaró sin lugar, pues actuó oportunamente trasladando la denuncia y requiriendo acciones correctivas, sin incurrir en inacción arbitraria. Se ordenó a la Municipalidad conformar una comisión y coordinar con el ICE, y al ICE ejecutar el retiro del cableado en desuso y establecer un protocolo de fiscalización permanente.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by residents of San Ramón against the Municipality, ICE, and SUTEL, due to visual pollution caused by excess and disorderly telecommunications cabling on posts in the urban center. The Chamber held that chaotic wire accumulation constitutes visual pollution affecting the right to a healthy and ecologically balanced environment under Article 50 of the Constitution. Regarding the Municipality, the appeal was upheld: though it does not grant cabling permits—a power of ICE—it has a duty to supervise public spaces, coordinate inter-institutionally, and adopt measures to mitigate visual pollution; its omission makes it liable for environmental harm. The claim against ICE was also upheld as the post infrastructure administrator, for failing to exercise its supervisory and control powers, allowing the disorder to persist—an omission with constitutional importance. The claim against SUTEL was dismissed, as it acted promptly by forwarding the complaint and requesting corrective actions, without arbitrary inaction. Orders include the Municipality creating a commission and coordinating with ICE, and ICE executing the removal of unused cabling and establishing a permanent oversight protocol.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "06/03/2026",
  "year": "2026",
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    "landscape-protection",
    "procedural-environmental"
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    "contaminación visual",
    "paisaje urbano",
    "recurso de amparo",
    "principio preventivo",
    "autonomía municipal",
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    "omisión administrativa"
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  "concept_anchors": [
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      "article": "Art. 50",
      "law": "Constitución Política"
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  "keywords_es": [
    "contaminación visual",
    "paisaje urbano",
    "Amparo",
    "Sala Constitucional",
    "cableado de telecomunicaciones",
    "postes",
    "ICE",
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    "Municipalidad de San Ramón",
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  "keywords_en": [
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    "urban landscape",
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    "Constitutional Chamber",
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    "Article 50 of the Constitution",
    "preventive principle",
    "interinstitutional coordination",
    "administrative omission",
    "oversight",
    "public space"
  ],
  "excerpt_es": "V.- Sobre el fondo.  La  Constitución Política, en su artículo 50, consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el concepto de \"ambiente\" no se limita a la naturaleza virgen, sino que incluye el paisaje urbano. La “contaminación visual” doctrinariamente se ha establecido como el cambio o desequilibrio  del paisaje, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes.\n\nEn el sublite, los recurrentes alegan que, denunciaron ante la Municipalidad de San Ramón, el ICE y ante la SUTEL la cantidad de cableado colocado en los postes eléctrico ubicado en cuatro puntos de la ciudad de San Ramón, a saber, en la Avenida Segunda de San Ramón, sobre aceras y frente a diversos locales comerciales (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub y Sala de Juegos Mora, los cuales se encuentran desordenados, cruzados, mal amarrados y expuestos, lo que genera contaminación del paisaje urbano y riesgos a la seguridad de las personas. Al respecto, la Sala estima que la acumulación desordenada, caótica y excesiva de cableado en postes públicos efectivamente constituye contaminación visual, la cual degrada la calidad de vida de los habitantes, afecta la armonía del entorno y puede representar un riesgo físico por la saturación de la infraestructura. A su vez, el cúmulo desordenado de cableado aéreo, cuando se encuentra expuesto, cruzado o sostenido de manera precaria, no solo afecta la estética urbana sino que puede generar riesgos a la integridad física de las personas, particularmente ante eventos climáticos, sismos o fallas estructurales.\n\nEl principio preventivo, de raigambre constitucional, impone a las autoridades públicas el deber de adoptar medidas anticipatorias para evitar daños previsibles, aun cuando no se haya materializado un perjuicio concreto.\n\nVI.- Sobre la Responsabilidad de los Gobiernos Locales. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone el deber de las municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que, dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véase la Sentencia N° 2008-11739 de las 12:12 horas del 25 de julio de 2008, reiterada en la N° 2020-014753, de las 9:15 horas del 7 de agosto de 2020).\n\nSi bien la regulación técnica del sector telecomunicaciones corresponde a órganos especializados del Poder Ejecutivo y entes reguladores sectoriales, lo cierto es que las municipalidades, conforme a los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, y al régimen autonómico municipal, ostentan competencia en materia de ordenamiento territorial, gestión del espacio público y resguardo del interés local. A su vez, de conformidad con el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la planificación urbana y la protección del entorno ambiental en su jurisdicción.\n\nEn el presente caso, la Alcaldesa reconoce que, el 18 de setiembre de 2025, los recurrentes interpusieron una denuncia por la situación aquí planteada y a raíz de la inspección realizada, se constató que existe un \"grave problema de contaminación visual\" y una \"acumulación desordenada de cables y equipos\" que impacta negativamente el espacio urbano, por lo que se recomendó la creación de una comisión institucional y el acercamiento con ARESEP e ICE para abordar la situación en forma integral. De manera que, el 31 de octubre de 2025, la Alcaldía remitió a los denunciantes la respuesta a cada una de las inquietudes formuladas en su queja y se les explicó que, la Municipalidad no es la encargada de otorgar las autorizaciones de instalación de cableado a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, sino que le corresponde al Instituto Costarricense de Electricidad, el cual es el responsable de otorgar los permisos correspondientes, así como los convenios con las instituciones públicas y privadas,  por lo que les instó a poner la denuncia ante las instituciones públicas competentes.\n\nSi bien, dentro de un plazo prudencial y previo a la interposición del presente recurso, la Alcaldesa resolvió la denuncia planteada y les notificó a los gestionantes el resultado de la misma, con lo cual no se lesionó el derecho de una justicia pronta y cumplida, lo cierto es que la mera creación de una comisión o el reconocimiento del problema resulta insuficiente si no se traduce en acciones materiales concretas de fiscalización y ordenamiento que cesen la vulneración del espacio público.\n\nLa autonomía municipal no se reduce a potestades tributarias o administrativas formales, sino que comporta un deber correlativo de tutela efectiva del entorno cantonal. En ese sentido, aun cuando la Municipalidad recurrida no sea el órgano competente para imponer directamente a las operadoras de telecomunicaciones el retiro o reordenamiento del cableado, sí tiene la obligación de:\n\na) Fiscalizar el uso del espacio público cantonal.\n\nb) Coordinar con las entidades nacionales competentes.\n\nc) Emitir reglamentación urbana dentro de su ámbito competencial.\n\nd) Adoptar medidas administrativas razonables para prevenir riesgos y mitigar la contaminación visual.\n\nDe modo, que la inactividad absoluta o la omisión de gestión interinstitucional frente a una situación notoria y prolongada de desorden estructural en el cableado constituye una vulneración indirecta del derecho a un ambiente sano y del deber de protección que incumbe a toda autoridad pública.",
  "excerpt_en": "V.- On the merits. Article 50 of the Political Constitution enshrines the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Constitutional case law has reiterated that the concept of \\\"environment\\\" is not limited to untouched nature, but includes the urban landscape. \\\"Visual pollution\\\" has been defined in doctrine as a change or imbalance in the landscape, affecting living conditions and vital functions of living beings.\n\nIn the case at hand, the petitioners claim that they reported to the Municipality of San Ramón, ICE, and SUTEL the amount of wiring placed on electric posts at four points in the city of San Ramón, namely on Segunda Avenue in San Ramón, on sidewalks and in front of various commercial premises (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub and Sala de Juegos Mora), which are disordered, crossed, poorly tied, and exposed, generating visual pollution of the urban landscape and risks to public safety. In this regard, the Chamber considers that the disorderly, chaotic, and excessive accumulation of wiring on public posts indeed constitutes visual pollution, which degrades the quality of life of residents, affects the harmony of the surroundings, and may represent a physical risk due to infrastructure saturation. Likewise, the disorderly cluster of overhead wiring, when exposed, crossed, or precariously sustained, not only affects urban aesthetics but can also create risks to the physical integrity of individuals, particularly in the event of weather events, earthquakes, or structural failures.\n\nThe preventive principle, of constitutional origin, imposes on public authorities the duty to adopt anticipatory measures to prevent foreseeable harm, even where no concrete damage has materialized.\n\nVI.- On the Responsibility of Local Governments. Article 169 of the Political Constitution establishes the duty of municipalities to look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction, hence, in repeated pronouncements, this Court has stated that such corporations are obligated to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton (see Judgment No. 2008-11739 of 12:12 hours on July 25, 2008, reiterated in No. 2020-014753 of 9:15 hours on August 7, 2020).\n\nAlthough technical regulation of the telecommunications sector falls to specialized executive branch bodies and sector regulators, the truth is that municipalities, pursuant to Articles 169 and 170 of the Political Constitution and the municipal autonomy regime, hold jurisdiction over territorial planning, management of public space, and safeguarding local interests. In turn, under the Municipal Code, municipalities are responsible for urban planning and protection of the local environment.\n\nIn the present case, the Mayor acknowledges that on September 18, 2025, the petitioners filed a complaint about the situation raised here, and following the inspection, a \\\"serious problem of visual pollution\\\" and a \\\"disorderly accumulation of cables and equipment\\\" negatively impacting the urban space was confirmed, leading to recommendations to create an institutional commission and approach ARESEP and ICE to address the situation comprehensively. Thus, on October 31, 2025, the Mayor's Office sent the complainants a response to each concern raised in their complaint and explained that the Municipality is not the authority responsible for granting cable installation permits to telecommunications service providers, but rather the Costa Rican Electricity Institute is responsible for issuing the corresponding permits and conventions with public and private institutions, so they were urged to file the complaint before the competent public bodies.\n\nAlthough, within a reasonable time and prior to the filing of this appeal, the Mayor resolved the complaint and notified the petitioners of the result, thus not violating the right to prompt and complete justice, the mere creation of a commission or the acknowledgment of the problem is insufficient if it does not translate into concrete material actions of inspection and ordering that end the violation of public space.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "Appeal granted against the Municipality of San Ramón and ICE for failing to protect the urban landscape and safety; denied against SUTEL. Specific coordination and removal measures ordered.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso contra la Municipalidad de San Ramón y el ICE por omisión en la protección del paisaje urbano y la seguridad; sin lugar contra la SUTEL. Se ordenan medidas concretas de coordinación y retiro de cableado en desuso."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "The disorderly, chaotic, and excessive accumulation of wiring on public posts indeed constitutes visual pollution, which degrades the quality of life of residents, affects the harmony of the surroundings, and may represent a physical risk due to infrastructure saturation.",
      "quote_es": "La acumulación desordenada, caótica y excesiva de cableado en postes públicos efectivamente constituye contaminación visual, la cual degrada la calidad de vida de los habitantes, afecta la armonía del entorno y puede representar un riesgo físico por la saturación de la infraestructura."
    },
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "Absolute inactivity or the omission of interinstitutional management in the face of a notorious and prolonged situation of structural disorder in cabling constitutes an indirect violation of the right to a healthy environment and the duty of protection incumbent upon all public authorities.",
      "quote_es": "La inactividad absoluta o la omisión de gestión interinstitucional frente a una situación notoria y prolongada de desorden estructural en el cableado constituye una vulneración indirecta del derecho a un ambiente sano y del deber de protección que incumbe a toda autoridad pública."
    },
    {
      "context": "Considerando VIII",
      "quote_en": "The passivity of the respondent entity does not constitute a mere aesthetic deficiency, but rather an omission of constitutional relevance, as it compromises the health and physical safety of individuals as well as the regularity in the management of public domain.",
      "quote_es": "La pasividad del ente recurrido no constituye una mera deficiencia estética, sino una omisión con relevancia constitucional, en tanto compromete la salud y la seguridad física de las personas así como la regularidad en la gestión del dominio público."
    }
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  "cited_by": [],
  "references": {
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    "external": []
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1371408",
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  "regulations_by_article": null,
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  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 08044 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 06 de Marzo del 2026 a las 09:25\n\nExpediente: 25-037393-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencias Relacionadas\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nTema: SERVICIOS PÚBLICOS\n\nSubtemas:\n\nTELECOMUNICACIONES.\n\n008044-26. MUNICIPALIDAD. SERVICIOS PÚBLICOS. ACUSA CONTAMINACIÓN VISUAL POR ACUMULACIÓN DESORDENADA DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES EN POSTES EN EL CASCO URBANO DE SAN RAMÓN Y LA OMISIÓN MUNICIPAL DE EJERCER SUS COMPETENCIAS DE FISCALIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA PROTEGER EL PAISAJE URBANO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA COMISIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINAR CON EL ICE EL ORDENAMIENTO Y RETIRO DEL CABLEADO EN DESUSO. IMPORTANTE INDICAR QUE SI BIEN CONTRA LA SUTEL SE DECLARÓ SIN LUGAR EL RECURSO, DEBERÁ DAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS INICIADAS A EFECTOS DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS DE LAS EMPRESAS OPERADORAS Y ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN. VCG03/2026\n\n“(…) V.- Sobre el fondo.  La  Constitución Política, en su artículo 50, consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el concepto de \"ambiente\" no se limita a la naturaleza virgen, sino que incluye el paisaje urbano. La “contaminación visual” doctrinariamente se ha establecido como el cambio o desequilibrio  del paisaje, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes.\n\nEn el sublite, los recurrentes alegan que, denunciaron ante la Municipalidad de San Ramón, el ICE y ante la SUTEL la cantidad de cableado colocado en los postes eléctrico ubicado en cuatro puntos de la ciudad de San Ramón, a saber, en la Avenida Segunda de San Ramón, sobre aceras y frente a diversos locales comerciales (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub y Sala de Juegos Mora, los cuales se encuentran desordenados, cruzados, mal amarrados y expuestos, lo que genera contaminación del paisaje urbano y riesgos a la seguridad de las personas. Al respecto, la Sala estima que la acumulación desordenada, caótica y excesiva de cableado en postes públicos efectivamente constituye contaminación visual, la cual degrada la calidad de vida de los habitantes, afecta la armonía del entorno y puede representar un riesgo físico por la saturación de la infraestructura. A su vez, el cúmulo desordenado de cableado aéreo, cuando se encuentra expuesto, cruzado o sostenido de manera precaria, no solo afecta la estética urbana sino que puede generar riesgos a la integridad física de las personas, particularmente ante eventos climáticos, sismos o fallas estructurales.\n\nEl principio preventivo, de raigambre constitucional, impone a las autoridades públicas el deber de adoptar medidas anticipatorias para evitar daños previsibles, aun cuando no se haya materializado un perjuicio concreto.\n\nVI.- Sobre la Responsabilidad de los Gobiernos Locales. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone el deber de las municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que, dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véase la Sentencia N° 2008-11739 de las 12:12 horas del 25 de julio de 2008, reiterada en la N° 2020-014753, de las 9:15 horas del 7 de agosto de 2020).\n\nSi bien la regulación técnica del sector telecomunicaciones corresponde a órganos especializados del Poder Ejecutivo y entes reguladores sectoriales, lo cierto es que las municipalidades, conforme a los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, y al régimen autonómico municipal, ostentan competencia en materia de ordenamiento territorial, gestión del espacio público y resguardo del interés local. A su vez, de conformidad con el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la planificación urbana y la protección del entorno ambiental en su jurisdicción.\n\nEn el presente caso, la Alcaldesa reconoce que, el 18 de setiembre de 2025, los recurrentes interpusieron una denuncia por la situación aquí planteada y a raíz de la inspección realizada, se constató que existe un \"grave problema de contaminación visual\" y una \"acumulación desordenada de cables y equipos\" que impacta negativamente el espacio urbano, por lo que se recomendó la creación de una comisión institucional y el acercamiento con ARESEP e ICE para abordar la situación en forma integral. De manera que, el 31 de octubre de 2025, la Alcaldía remitió a los denunciantes la respuesta a cada una de las inquietudes formuladas en su queja y se les explicó que, la Municipalidad no es la encargada de otorgar las autorizaciones de instalación de cableado a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, sino que le corresponde al Instituto Costarricense de Electricidad, el cual es el responsable de otorgar los permisos correspondientes, así como los convenios con las instituciones públicas y privadas,  por lo que les instó a poner la denuncia ante las instituciones públicas competentes.\n\nSi bien, dentro de un plazo prudencial y previo a la interposición del presente recurso, la Alcaldesa resolvió la denuncia planteada y les notificó a los gestionantes el resultado de la misma, con lo cual no se lesionó el derecho de una justicia pronta y cumplida, lo cierto es que la mera creación de una comisión o el reconocimiento del problema resulta insuficiente si no se traduce en acciones materiales concretas de fiscalización y ordenamiento que cesen la vulneración del espacio público.\n\nLa autonomía municipal no se reduce a potestades tributarias o administrativas formales, sino que comporta un deber correlativo de tutela efectiva del entorno cantonal. En ese sentido, aun cuando la Municipalidad recurrida no sea el órgano competente para imponer directamente a las operadoras de telecomunicaciones el retiro o reordenamiento del cableado, sí tiene la obligación de:\n\na) Fiscalizar el uso del espacio público cantonal.\n\nb) Coordinar con las entidades nacionales competentes.\n\nc) Emitir reglamentación urbana dentro de su ámbito competencial.\n\nd) Adoptar medidas administrativas razonables para prevenir riesgos y mitigar la contaminación visual.\n\nDe modo, que la inactividad absoluta o la omisión de gestión interinstitucional frente a una situación notoria y prolongada de desorden estructural en el cableado constituye una vulneración indirecta del derecho a un ambiente sano y del deber de protección que incumbe a toda autoridad pública.\n\nEl problema denunciado demuestra que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del  ambiente por parte Municipalidad de San Ramon dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesiona el derecho constitucional de los ciudadanos a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.\n\nEn virtud de lo expuesto, la Municipalidad recurrida es  responsable del daño a los derechos fundamentales de las personas amparadas, por la omisión en velar pronta y eficazmente por la salud de la población, y al  ambiente.\n\nEn consecuencia, en cuanto a la Municipalidad de San Ramón se declara con lugar el recurso y se le previene que, en lo sucesivo, deberá ejercer activamente sus competencias en materia de protección del paisaje urbano, seguridad ciudadana y gestión del espacio público, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por omisión. Por ende, lo procedente es ordenarle  poner en funcionamiento efectivo la comisión institucional mencionada en el oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, debiendo definir un cronograma de trabajo permanente para evitar que la problemática de saturación de infraestructura se repita en otros sectores del cantón mediante un trabajo de coordinación con el Instituto Costarricense de Electricidad.\n\nVII. - Sobre el deber de Fiscalización de la SUTEL y el ICE. Como entes rectores y administradores de la infraestructura pasiva, entre ellos postes y redes, la SUTEL y el ICE tienen la obligación de garantizar que los operadores privados cumplan con las normas técnicas de instalación.\n\nLos artículos 77, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y 77, del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones,  señalan que le corresponde a la SUTEL, garantizar el derecho al uso conjunto o compartido de las infraestructuras, canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones y demás instalaciones requeridas para la instalación y operación de redes públicas de telecomunicaciones, así como para la provisión de los servicios disponibles al público y la coubicación  de equipos.\n\nPor su parte, el ICE, en este caso,  como  propietario de la infraestructura que soporta redes públicas de telecomunicaciones, se encuentra en la obligación de conceder derechos de paso, uso compartido y colocalización de equipos,  aplicar la normativa vigente y los lineamientos emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Asimismo es su deber garantizar y brindar el mantenimiento necesario a su recurso escaso para asegurar la operación adecuada y la continuidad del uso compartido (artículo 08,  del Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para redes públicas de telecomunicaciones, GCO-NRE-REG-00469-2016).\n\nPrecisamente,  el Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones, en el artículo 13, también establece que:\n\n“Artículo 13. Sobre el uso eficiente de los elementos de la red en la infraestructura de telecomunicaciones por parte de los propietarios de la infraestructura.\n\nCuando los propietarios de la infraestructura que soporten redes públicas de telecomunicaciones tengan conocimiento sobre subutilización o uso no eficiente de los elementos de red en el espacio asignado a un operador y/o proveedor de servicios de telecomunicaciones, deberán notificar a éstos, para que se realice la desinstalación y remoción de este tipo de elementos de red, salvo cuando exista una justificación válida para mantenerlos en la infraestructura. Para esto se deberá otorgar un plazo máximo de 2 meses.\n\nLa SUTEL de oficio o a solicitud de parte, tendrá la potestad de solicitarle al operador y/o proveedor de telecomunicaciones la remoción de estos elementos ociosos, no utilizados o que no tengan un uso debidamente planificado”\n\nDe manera que, según lo expuesto una vez recibida la solicitud de intervención o de oficio la SUTEL  es competente para requerir a los operadores y/o proveedores de servicios de telecomunicaciones, la remoción de aquellos elementos que se encuentren en condición de ociosidad, que no estén siendo utilizados o cuya existencia no responda a una planificación técnica debidamente sustentada. Esta atribución normativa reviste especial relevancia en la gestión y ordenamiento de la infraestructura, en tanto procura evitar la saturación, el uso ineficiente o la permanencia de instalaciones carentes de justificación operativa.\n\nEn el caso bajo estudio, se constató que el 17 de setiembre de 2025, la parte recurrente interpuso una denuncia ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) por la acumulación caótica de cableado y contaminación visual en el casco central de San Ramón y dentro de un plazo prudencial, la queja fue trasladada al ICE y se le pidió coordinar con los propietarios de redes de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura pasiva (postes) adoptar las medidas de verificación y corrección necesaria e informar de lo actuado.\n\nEn virtud de ello, una vez que la SUTEL tuvo conocimiento de lo actuado por parte del ICE y de los operadores y/o proveedores que brinden servicios de telecomunicaciones, el 17 de octubre de 2025, procedió a informar a los quejosos de lo actuado. De modo, que en ese sentido no se lesionó el derecho a una justicia pronta y cumplida, ya que la gestión fue resuelta en un plazo razonable y antes de la interposición del presente recurso. Por ende, en cuanto este extremo se declara sin lugar el recurso.\n\nPor otra parte, no se estima que la SUTEL haya lesionado el derecho a la salud y al ambiente de los tutelados, ya que como ente regulador sectorial, lo que le corresponde es reglar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas a partir de las cuales, dicha infraestructura puede ser utilizada de manera compartida por los operadores y/o proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Nótese que, fue a partir de la queja que presentaron los recurrentes, que tuvo conocimiento del problema y para brindar una solución, le solicitó al ICE, como propietario de los postes en dicha localidad, coordinar con los propietarios de redes de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura pasiva la adopción de  medidas de verificación y corrección necesarias, así como  también le pidió a dicho órgano, disponer de prácticas en la vigilancia y auditoría con el fin de garantizar el ordenamiento y adecuada gestión de las redes de telecomunicaciones. Para el cumplimiento de ello, le requirió al ICE informar de las acciones realizadas y el 06 de octubre de 2025, se le comunicó que, a esa fecha, ya se había ejecutado el retiro de redes en desuso en un 50%, y  que se le había otorgado un plazo de dos meses a los operadores para concluir las acciones correctivas. En definitiva, el control constitucional no puede convertirse en un mecanismo para atribuir responsabilidad automática ante toda situación material disfuncional, cuando no se acredita inactividad arbitraria o desatención deliberada por parte del ente regulador. De modo, que la SUTEL dictó los actos necesarios para brindar una solución al problema planteado por los recurrentes.\n\n Se advierte, que sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, será a la SUTEL que le corresponderá intervenir en caso de las partes no lleguen a un acuerdo sobre el uso compartido del recurso escaso o exista conflicto y proceder a sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores o proveedores y también los que exploten redes de telecomunicaciones o presten servicios de telecomunicaciones de manera ilegítima. (artículo 65, de la Ley General de Telecomunicaciones, Nº 8642 y 55 del Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para redes públicas de telecomunicaciones)\n\nSin perjuicio de lo anterior, esta Sala estima pertinente recordar a la SUTEL  su deber permanente de fiscalización y supervisión del cumplimiento de las obligaciones técnicas por parte de los operadores, especialmente cuando estas incidan en el entorno urbano y puedan tener repercusiones ambientales.\n\nCorolario de lo anterior, no se acredita, en el caso concreto, que la Superintendencia de Telecomunicaciones haya incurrido en una acción u omisión arbitraria o ilegítima que vulnere el derecho fundamental a un ambiente sano y lo que procede es declarar sin lugar el recurso en contra este órgano administrativo.\n\nTome nota. A pesar de que, el presente recurso de amparo debe ser declarado sin lugar en cuanto a la SUTEL, se deberá dar seguimiento a las gestiones administrativas iniciadas objeto de este amparo, dentro del marco de sus competencias legales, a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas de las empresas operadoras y adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.\n\n VIII.- En relación con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En cuanto a este ente, al igual que los anteriores, recibió la queja de los administrados y procedió a ejecutar los actos administrativos correspondientes y constató que, existían acometidas en desuso; doble red (coaxial y fibra);  doble postería;  rollos de reserva mal detallados; falta de optimización del espacio en postes y procedió a avisar a los operadores; Liberty, Telecable, Tigo, Claro y  Ufinet para que efectuaran los trabajos de relocalización de las redes en desuso, lo cual fue reiterado en varias ocasiones y otorgó a cada operador el plazo  de dos meses, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de servicio correspondientes, lo cual  vencía el 13 de diciembre de 2025, es decir posterior a la fecha de interposición del presente recurso. Se advierte que, para el mes de noviembre de 2025, algunos de los operadores ya habían ejecutado las acciones ordenadas, siendo que de la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025, se programó una inspección por parte del personal del Área de Uso Compartido de Infraestructura, para verificar el estado actual de la postería denunciada; no obstante, la Sala desconoce el resultado del mismo.\n\nAun cuando las empresas operadoras de telecomunicaciones sean propietarias del cableado instalado, lo cierto es que el Instituto Costarricense de Electricidad, en su condición de titular y administrador de la postería, ostenta una posición jurídica de garante respecto del uso adecuado y seguro de esa infraestructura. En tal carácter, no puede desentenderse del deterioro del espacio público derivado de la utilización negligente de los postes bajo su administración, pues ello implicaría tolerar prácticas contrarias a las normas de ordenamiento urbano y a los reglamentos técnicos en materia de seguridad eléctrica y telecomunicaciones.\n\nEn el sub lite se verifica una omisión administrativa en el ejercicio de las potestades de policía, control y supervisión que corresponden al ICE sobre su propia infraestructura, lo cual ha generado una afectación al derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, así como una amenaza cierta a la salud e integridad física de los recurrentes y de la colectividad.\n\nLa acumulación desordenada de cableado, el denominado “marañamiento” de líneas y la permanencia de tendidos en desuso configuran una forma de contaminación visual que degrada el paisaje urbano y menoscaba el derecho de los habitantes a un entorno seguro y estéticamente armónico.\n\nEn tal sentido, la pasividad del ente recurrido no constituye una mera deficiencia estética, sino una omisión con relevancia constitucional, en tanto compromete la salud y la seguridad física de las personas así como la regularidad en la gestión del dominio público. La inacción frente al incumplimiento técnico de las operadoras convierte al administrador de la postería en corresponsable de la lesión a la salud y ambiental ocasionada, pues la administración de infraestructura pública no puede ejercerse al margen de los principios de legalidad, eficacia y tutela del interés general.\n\nSe evidencia, entonces, que la falta de fiscalización efectiva ha producido una lesión al derecho al ambiente y una amenaza latente a la salud y a la integridad de las personas, ante el riesgo de desprendimientos o accidentes eléctricos. En consecuencia, la omisión del ICE en el ejercicio de sus competencias de control transgrede los mandatos constitucionales de eficiencia administrativa y protección del entorno.\n\nPor otra parte, no consta que, a la fecha de interposición del presente recurso, las autoridades de la sucursal correspondiente hayan comunicado a los recurrentes el resultado concreto de las gestiones emprendidas, lo que también comporta una lesión al derecho a una justicia pronta y cumplida. Este derecho no se satisface con la mera emisión de actos concretos, sino que exige una respuesta sustantiva y eficaz que atienda de manera real y oportuna la problemática planteada.\n\nEn el caso concreto se advierte una inoperancia administrativa, pues, pese a haber transcurrido aproximadamente dos meses desde la interposición de las denuncias y a existir reconocimiento expreso del mal estado del tendido por parte de las autoridades, a la fecha de interposición del presente recursos el paisaje urbano de San Ramón no ha experimentado cambios sustanciales, manteniendo a los administrados en una situación de riesgo e incertidumbre. La persistencia del problema revela que la fiscalización ha sido omisa o ineficaz. Las instituciones públicas no pueden limitar su actuación a meros traslados de correspondencia; están obligadas a garantizar el retiro efectivo del cableado en desuso o instalado en contravención de la normativa técnica aplicable.\n\n IX.- Conclusión.  Resulta evidente que tanto la Municipalidad de San Ramón, como la Sucursal del ICE en el cantón de San Ramón, han fallado en su deber de coordinación interinstitucional para resolver un problema de contaminación visual plenamente identificado. La falta de ejecución y la persistencia del desorden técnico en los cuatro puntos denunciados justifican la intervención de esta Sala para ordenar la restauración del equilibrio visual y la seguridad del casco central de San Ramón. (…)”\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) II.- Cuestión de previo. Debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa aquellos asuntos, en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos fijados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales en los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo  instruido de oficio o a instancia de parte  o conocer de los recursos administrativos correspondientes. Sin embargo, también ha contemplado casos de excepción a lo anterior, como sucede en la especie, toda vez que el agravio se refiere a una denuncia planteada por  contaminación del paisaje urbano y riesgos a la seguridad por la cantidad de cableado colocado en los postes eléctricos. (…)” VCG03/2026\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 050- Ambiente\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) V.- Sobre el fondo.  La  Constitución Política, en su artículo 50, consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el concepto de \"ambiente\" no se limita a la naturaleza virgen, sino que incluye el paisaje urbano. La “contaminación visual” doctrinariamente se ha establecido como el cambio o desequilibrio  del paisaje, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes. (…)” VCG03/2026\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 169- Gobierno municipal\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) VI.- Sobre la Responsabilidad de los Gobiernos Locales. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone el deber de las municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que, dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véase la Sentencia N° 2008-11739 de las 12:12 horas del 25 de julio de 2008, reiterada en la N° 2020-014753, de las 9:15 horas del 7 de agosto de 2020).\n\nSi bien la regulación técnica del sector telecomunicaciones corresponde a órganos especializados del Poder Ejecutivo y entes reguladores sectoriales, lo cierto es que las municipalidades, conforme a los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, y al régimen autonómico municipal, ostentan competencia en materia de ordenamiento territorial, gestión del espacio público y resguardo del interés local. A su vez, de conformidad con el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la planificación urbana y la protección del entorno ambiental en su jurisdicción. (…)” VCG03/2026\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 170- Autonomía municipal\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nARTÍCULO 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) La autonomía municipal no se reduce a potestades tributarias o administrativas formales, sino que comporta un deber correlativo de tutela efectiva del entorno cantonal. En ese sentido, aun cuando la Municipalidad recurrida no sea el órgano competente para imponer directamente a las operadoras de telecomunicaciones el retiro o reordenamiento del cableado, sí tiene la obligación de:\n\na) Fiscalizar el uso del espacio público cantonal.\n\nb) Coordinar con las entidades nacionales competentes.\n\nc) Emitir reglamentación urbana dentro de su ámbito competencial.\n\nd) Adoptar medidas administrativas razonables para prevenir riesgos y mitigar la contaminación visual.\n\nDe modo, que la inactividad absoluta o la omisión de gestión interinstitucional frente a una situación notoria y prolongada de desorden estructural en el cableado constituye una vulneración indirecta del derecho a un ambiente sano y del deber de protección que incumbe a toda autoridad pública.\n\nEl problema denunciado demuestra que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del  ambiente por parte Municipalidad de San Ramon dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesiona el derecho constitucional de los ciudadanos a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.\n\nEn virtud de lo expuesto, la Municipalidad recurrida es  responsable del daño a los derechos fundamentales de las personas amparadas, por la omisión en velar pronta y eficazmente por la salud de la población, y al  ambiente. (…)” VCG03/2026\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Nota separada\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n X.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVCG03/2026\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA\n\nTema: MUNICIPALIDAD\n\nSubtemas:\n\nINFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.\n\nTema: SERVICIOS PÚBLICOS\n\nSubtemas:\n\nTELECOMUNICACIONES.\n\nXI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Entonces, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nVCG03/2026\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-037393-0007-CO\n\nRes. Nº 2026008044\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del seis de marzo de dos mil veintiseis .\n\n \n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-037393-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de  identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004], [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 005] y [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 006], contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD y la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL).\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a las 14:54 horas del 29 de noviembre de 2025, los recurrentes interponen recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD y la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. Manifiestan, en resumen, que son vecinos de San Ramón y que el 18 de setiembre de 2025, plantearon una denuncia ante la Municipalidad de San Ramón, por la existencia de cuatro puntos de la ciudad de San Ramón, en los cuales el  tendido de empresas de telecomunicaciones cuelga caóticamente de los postes del ICE ubicados en las aceras y que los mismos han formado una acumulación  horrible de cables, que además de generar una afectación del paisaje urbano de la ciudad de San Ramón, también provocan una saturación que pone en riesgo a los  habitantes. Afirman que lo anterior genera evidentemente contaminación visual. Afirman que, los postes denunciados fueron los siguientes: Primer poste: Ubicado en el centro del cantón de San Ramón, Avenida Segunda, frente al local comercial “Pizza Grace”, contiguo al local “Atelier Mítico”. Segundo poste: Ubicado en el centro del cantón de San Ramón, Avenida Segunda, contiguo al local “Librería Eureka”, aproximadamente a 25 metros norte de la Soda Chaparral. Situado en frente del local “Pizza Don Beto”. Tercer poste: Ubicado en el centro del cantón de San Ramón, Avenida Segunda, en la esquina oeste del Gabelo Conejo, a la altura de la piscina, situada aproximadamente a 100 metros norte del local “Fresa Music”. O bien, ubicado frente al local “The Corner Pub”. Cuarto poste: Ubicado en el centro del cantón de San Ramón, Avenida Segunda, a 15 metros norte del local “Delicias Ubannia”, situado entre los locales de “Cerrajería Javier Guzmán” y de “Sala de Juegos Mora”. Aproximadamente a 50 metros al sur de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Señalan que, el 31 de octubre de 2025, la Municipalidad recurrida les proporcionó respuesta mediante el oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, en el que se indica que, el 23 de setiembre de 2025, la Unidad de Servicios Municipales Ambientales efectuó una inspección en los cuatro puntos denunciados. Acotan que, mediante el oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025 del 1 de octubre de 2025, brindan una serie de  conclusiones y recomendaciones, entre ellas aseveran que, en efecto se encuentra  un grave problema de contaminación visual y textualmente, afirman lo siguiente: “Tiene razón los denunciantes, al señalar que en los puntos señalados en su denuncia, se está presentando un grave problema de contaminación visual, que se ve reflejado en la acumulación desordenada de cables y equipos de todo tipo que cuelgan de los postes, generando un impacto visual negativo en los espacios urbanos antes señalados. Es evidente que existe una falencia, en el desarrollo y control de esta infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones”. Apuntan que, dentro de las recomendaciones se encuentra la conformación de una comisión institucional que se encargue de establecer acciones y regulaciones referentes a la contaminación visual denunciada. Mencionan, que la Municipalidad de San Ramón señaló la necesidad de establecer un acercamiento con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la atención integral de la problemática. Exponen que, pese a la respuesta de la Municipalidad de San Ramón no se han observado cambios sustanciales en la zona denunciada ni se sabe nada de la supuesta comisión, dejándolos en desamparo. Por otra parte, afirman que el 17 de setiembre de 2025, presentaron otra denuncia ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y el 16 de octubre de 2025, la SUTEL emitió el oficio 09853-SUTEL-DGM-2025, vía correo electrónico, NI-12452-2025, en el cual se hace mención sobre el traslado al INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD de San Ramón con respecto a las supuestas coordinaciones con los operadores que hacen uso de la infraestructura, a saber: LIBERTY, TELECABLE, MILLICOM, CLARO y UFINET. Agregan que además, se hizo alusión a supuestas acciones correctivas realizadas por parte de las oficinas del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD en San Ramón con dichos operadores, como reubicación de redes a postería nueva, retiro de elementos y redes en desuso, las cuales se llevaron a cabo entre el 25 y 29 de setiembre del presente año.  Dice que, las oficinas del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD en San Ramón también indican que aún quedan trabajos pendientes por parte de algunos operadores y por ello continúa el seguimiento de dichas gestiones. Exponen que, a la fecha, no se ha evidenciado un cambio que solucione la problemática. Aportan fotografías donde se aprecia que la contaminación visual en el casco urbano en San Ramón sigue y que, si bien desde SUTEL dieron respuesta, nunca se generó la eliminación de nada. Advierten que, desde la Alcaldía nunca realizaron mejoras para gozar de un espacio no contaminado visualmente. Agregan que, el 18 de setiembre de 2025, presentaron una denuncia ambiental por contaminación al paisaje urbano ante las oficinas del ICE en San Ramón y se les indicó que próximamente recibirían la respuesta vía correo electrónico. Aducen que, la Sucursal del Instituto de San Ramón se ha encargado de la coordinación interinstitucional para atender la problemática, pero no han respondido de manera individualizada y, por tanto, no resulta clara la gestión interna realizada por la institución. Solicitan se declare con lugar el recurso y se ordene a la Municipalidad de San Ramón, a la sucursal del Instituto Costarricense de Electricidad en San Ramón y a la Superintendencia de Telecomunicaciones que, de forma inmediata adopten las acciones necesarias para corregir, ordenar o retirar el cableado de empresas cableras expuesto sobrante, en desuso o instalado de manera irregular, que actualmente genera contaminación visual y afecta el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado, entre otros.\n\n 2.- Por resolución de las 08:08 horas del 10 de diciembre de 2025,  se dio curso al presente recurso.\n\n 3.- Informa bajo juramento María Gabriela Jiménez Corrales y Allan Artavia Jiménez, en su condición respectiva de Alcaldesa y Jefe de la Unidad de Servicios Ambientales Municipales, ambos de la Municipalidad de San Ramón, que desde el momento en que se presentó la denuncia, se han estado tomando las acciones pertinentes a nivel interno para colaborar con la solución a la problemática presentada en fecha 18 de septiembre del año 2025. Agrega que, la Unidad de Servicios Municipales Ambientales, fue a la zona denunciada y levantó el Oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, donde brinda recomendaciones y mediante el Oficio MSR-AM-1118-2025 se procedió a emitir la respuesta a la nota presentada en fecha 18 de agosto del año 2025, lo cual fue notificado al correo nikorivera1309@gmail.com. Advierte que, lo denunciado no es competente la Municipalidad sino que lo es el Instituto Costarricense de Electricidad, por lo que se les recomienda a los administrados acudir directamente al ICE. Solicita se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Informa bajo juramento Federico Chacón Loaiza, en su condición de Presidente, del Consejo y representante judicial y extrajudicial de la  Superintendencia de Telecomunicaciones, que el 17 de setiembre de 2025, mediante escrito ingresado a esta Superintendencia, con el número de ingreso NI-12452-2025, se recibió la denuncia interpuesta por los recurrentes. Señala que, el 19 de setiembre de 2025, la Dirección General de Mercados, mediante el oficio 08900-SUTELDGM-2025, a raíz de lo indicado en la denuncia reflejada en el NI-12452-2025, trasladó la denuncia en conjunto con las pruebas al INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD y se solicitó coordinar con los propietarios de redes de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura pasiva (postes) en el cantón de San Ramón, a fin de adoptar las medidas de verificación y corrección necesarias conforme a la normativa aplicable. Dichas acciones deberán comprender, como mínimo:\n\n“1. Verificar in situ las prácticas de instalación descritas en el escrito de denuncia y acreditadas en las imágenes aportadas, en particular: a) Comprobación de la correcta disposición de los rollos de reserva, conforme a la norma aplicable para tal fin, b) Identificación de postes duplicados que no hayan sido retirados y c) Redes de telecomunicaciones ociosas sin retirar. 2. Coordinar con los propietarios de red las acciones correctivas necesarias para subsanar las incidencias detectadas y prevenir la recurrencia de las malas prácticas de instalación. 3. Remitir a esta Superintendencia un informe detallado que contenga: a) Resultados de las verificaciones realizadas. b) Listado de actos u omisiones detectados y su ubicación precisa. c) Medidas correctivas acordadas y plazo de ejecución. d) Evidencia documental y fotográfica que respalde las actuaciones realizadas. 4. Atender la reclamación formulada por el denunciante, informando a esta Superintendencia sobre las gestiones realizadas para la resolución de esta. (…)”.\n\nIndica que, el 06 de octubre de 2025, mediante oficio 263-776-2025 (NI-13364-2025), el ICE brindó respuesta a lo solicitado en el oficio 08900-SUTEL-DGM-2025, en el que se destaca lo siguiente:\n\n“2. (..)  El 2 de octubre 2025, se remitió el Aviso I a todos los Operadores con presencia en el lugar, con el fin de que se apersonaran en la zona de San Ramón a identificar sus redes e iniciar las labores de desmantelamiento y relocalizaciones correspondientes. Asimismo, mediante oficios 9183-955-2025, 9183-956-2025, 9183-957-2025, 9183-960-2025, 9183-961-2025 y 9183-962-2025, se apercibió a los operadores identificados en la zona objeto de la denuncia. En dicha comunicación se insta al cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de servicios de vigentes.\n\n3. […]   Respecto a lo solicitado en este punto, los requerimientos fueron atendidos en los incisos n°1 y n°2 del presente oficio de acuerdo con el siguiente detalle:\n\na) Resultados de las verificaciones realizadas: Se constato \"in situ\" los incumplimientos indicados en la denuncia por lo que se procedió con las notificaciones respectivas a los Operadores.\n\nb) Listado de actos u omisiones detectados y su ubicación precisa.\n\nLos incumplimientos identificados se resumen en:\n\n- Falta de relocalización de redes.\n\n- Retiro de elementos y redes en desuso.\n\nLa ubicación georreferenciada de cada uno de los incumplimientos se detalla en las fotografías aportadas en el punto n°1 del presente oficio.\n\nc) Medidas correctivas acordadas y plazo de ejecución.\n\nEn las notificaciones enviadas a cada uno de los Operadores presentes en el Sector de la denuncia, de acuerdo con la normativa vigente, se estableció un plazo de ejecución de 2 meses a partir del recibido de la notificación, por lo que se realizara por parte del Área de Uso Compartido de Infraestructura de la Gerencia de Telecomunicaciones, el seguimiento respectivo tendiente a garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de servicios correspondiente.\n\nd) Evidencia documental y fotográfica que respalde las actuaciones realizadas”.\n\nDestaca que, la Dirección General de Mercados mediante el oficio 09853-SUTEL-DGM-2025 del 16 de octubre de 2025,  notificó a los diferentes medios detallados en cada una de las denuncias, las labores ejecutadas, así como, cada uno de los informes desarrollados por el ICE en su condición de dueño y administrador de la infraestructura (postes) que alberga servicios de telecomunicaciones. Considera que, todas las denuncias y requerimientos fueron atendidos en el marco de sus responsabilidades, las cuales se establecen en el artículo 13, del Reglamento de uso compartido de infraestructura para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones. Concluye que, el derecho de petición de cada recurrente fue gestionado oportunamente por parte de la SUTEL y lo solicitado en el recurso de amparo no tiene asidero. Pide se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- Informa bajo juramento Alex Rodríguez Cambronero, en su condición de Coordinador de la Agencia Integrada de San Ramón del Instituto Costarricense de Electricidad que se aporta el informe técnico número 9183-1157-2025, donde se detalla cada una de las acciones realizadas por este Instituto para atender las solicitudes planteadas por los recurrentes y el expediente administrativo interno debidamente certificado que se relaciona con la denuncia sobre este caso ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Advierte que, conforme a lo dispuesto en los artículos 60 incisos a), j) y k); 73 incisos k) y m); 75 inciso a), subinciso ii); y 77 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N° 7593; así como en los artículos 11, 12, 13, 14 y 35 del Reglamento sobre el Uso Compartido de Infraestructura para el Soporte de Redes Públicas de Telecomunicaciones (publicado en el Alcance Digital N° 270 del Diario Oficial La Gaceta N° 214 del 13 de noviembre de 2017), este asunto compete a la SUTEL. Aclara que, corresponde al ICE brindar acceso a su infraestructura, como postes y elementos de soporte de red similares, a los distintos operadores de telecomunicaciones de la zona, conforme a las normas y demás regulaciones emitidas por la SUTEL, entidad que además tiene la competencia para conocer y resolver este tipo de denuncias. Explica que,  corresponde a la SUTEL, en su condición de Regulador de Telecomunicaciones, ejercer las competencias legales y reglamentarias para inspeccionar la infraestructura de postes y redes, efectuar las visitas técnicas al sitio en compañía de los operadores respectivos y adoptar las decisiones regulatorias que resulten procedentes, de conformidad con la técnica, las normas y los principios regulatorios aplicables. Acota que, el asunto se encuentra actualmente bajo conocimiento de la SUTEL y, para tales efectos, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD ha atendido y respondido oportunamente los requerimientos formulados por el Regulador. Adiciona que, este caso debe ser visto en la vía administrativa o en la jurisdicción ordinaria, más no en sede constitucional. Adiciona que, se considera que los recurrentes no han demostrado la existencia de una lesión real, efectiva y verificable al medio ambiente, ni tampoco afectación a la seguridad, integridad o salud de persona alguna.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n  Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\n  \n\nConsiderando:\n\n I.-  Objeto del recurso. Los recurrentes alegan que el 17 de setiembre de 2025, presentaron una denuncia ante la Municipalidad de San Ramón, la Sucursal del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD en esa localidad y la SUTEL debido a la contaminación visual que genera el exceso y abandono de cableado aéreo instalado en los postes de electricidad y  a la fecha, el problema no ha sido resuelto. \n\n II.- Cuestión de previo. Debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa aquellos asuntos, en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos fijados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales en los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo  instruido de oficio o a instancia de parte  o conocer de los recursos administrativos correspondientes. Sin embargo, también ha contemplado casos de excepción a lo anterior, como sucede en la especie, toda vez que el agravio se refiere a una denuncia planteada por  contaminación del paisaje urbano y riesgos a la seguridad por la cantidad de cableado colocado en los postes eléctricos.\n\nIII.-  Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\nA).- En relación con el Instituto Costarricense de Electricidad:\n\na)    El 18 de setiembre de 2025, los recurrentes presentaron una denuncia ante la Agencia de San Ramón  por contaminación del paisaje urbano y riesgos a la seguridad por la cantidad de cableado colocado en los postes eléctrico ubicado en cuatro puntos de la ciudad, en la Avenida Segunda de San Ramón, sobre aceras y frente a diversos locales comerciales (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub y Sala de Juegos Mora,  los cuales se encuentran desordenados, cruzados y amarrados y expuestos, lo que genera un caos visual  por contaminación del paisaje urbano y riesgos a la seguridad por la cantidad de cableado colocado en los postes eléctrico ubicado en cuatro puntos de la ciudad, los cuales se encuentran desordenados, cruzados y amarrados y expuestos, lo que genera un caos visual  (ver copia de acuse).\n\nb)    El 19 de setiembre del 2025, mediante correo electrónico de la Dirección de Relaciones Regulatorias, se recibe Oficio 08900-SUTELDGM-2025, en el cual se solicitó al ICE lo siguiente:  1.  Coordinar con los operadores propietarios de redes de telecomunicaciones que utilizan la infraestructura pasiva en las zonas señaladas del cantón de San Ramón  e informar a esta Superintendencia sobre las acciones correctivas que tomarán para subsanar la situación descrita por los denunciantes (ver copia del oficio 08900-SUTELDGM-2025 y del correo electrónico).\n\nc)     Mediante oficio 09180-SUTEL-DGM-2025, del 25 de setiembre de 2025, la SUTEL trasladó la denuncia por contaminación visual en San Ramón de Alajuela a la Dirección Jurídica del ICE y se les  pidió coordinar con los propietarios de redes de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura pasiva (postes) en la región indicada, adoptar las medidas de verificación y corrección necesarias (ver copia del oficio).\n\nd)    El 23 de setiembre de 2025, se atendió la denuncia y remitió un primer aviso a los operadores; Liberty, Telecable, Tigo, Claro y  Ufinet para realizar trabajos de relocalización de las redes en desuso (ver copia del oficio 263-776-2025).\n\ne)     El 29 de setiembre de 2025, se remitió un segundo aviso -recordatorio a los operadores para que remitan los informes fotográficos de las acciones realizadas para la atención el requerimiento (ver copia del oficio 263-776-2025).\n\nf)      El 29 de setiembre de 2025, se recibió respuesta de Tigo, indicando que habían realizado las correcciones técnicas y adjuntó registro fotográfico  (ver documento y fotografías).\n\ng)    El 01 de octubre de 2025, el Coordinador de Mejoras y Relocalizaciones del Instituto envió ultimátum a los operadores Liberty, Telecable, Claro y Ufinet indicando que, de no ejecutar los trabajos solicitados se procederá con la corta de las redes (ver copia del oficio 263-776-2025y del correo electrónico).\n\nh)    El 01 de octubre de 2025, Telecable señaló que, se finalizaron los trabajos de manera exitosa (ver copia del oficio 263-776-2025 y del correo electrónico).\n\ni)      El 2 de octubre 2025, el ICE remitió un tercer aviso a los Operadores que no se han dado respuesta CLARO, UFINET Y LIBERTY indicándoles que el plazo para realizar los trabajos venció el 26 de setiembre 2025 (ver correo electrónico).\n\nj)      Por memorial 263-776-2025, del 6 de octubre de 2025, el ICE  informó a la SUTEL las gestiones efectuadas para atender la denuncia por contaminación visual en la zona urbana del Cantón de San Ramón de Alajuela (ver copia del oficio).\n\nk)    Por memorial 09521-SUTEL-DGM-2025, del 08 de octubre de 2025, la SUTEL, en respuesta al supra indicado oficio le pidió al ICE brindar respuesta indicando las acciones tomadas por el ICE respecto a la denuncia trasladada por la SUTEL en un plazo máximo de 10 días hábiles (ver copia del oficio).\n\nl)      El 13 de octubre por oficios 9183-960-2025, 9183-955-2025,, 9183-956-2025,  9183- 957-2025,  9183-960-2025, 9183-961-2025,  y 9183-995-2025, se le comunicó respectivamente al gestor del contrato de Ufinet, al de Tigo, Telecable, y Liberty las anomalías identificadas como rollos sueltos que deberán sujetarse adecuadamente, presencia de postes duplicados debido a la falta de relocalización de las redes de los operadores a los postes nuevos y en postes quebrados , trabajos inconclusos en salidas a poste, entre otros (ver copia del oficio y correos electrónicos). \n\nm) El 13 de octubre de 2025, mediante correo electrónico,  se remitió a la SUTEL el oficio N° 263-802-2025, con las acciones realizadas (ver copia del oficio).\n\nn)    El ICE otorgó a cada Operador el plazo  de dos meses  con el propósito de garantizar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de servicio correspondientes, cuyo vencimiento fue el 13 de diciembre de 2025 ((ver copia del oficio 9183-1157-2025).\n\no)    El  27 de octubre de 2025, mediante correo electrónico  se remitió a la SUTEL la nota N.° 263-831-2025 en respuesta al oficio N.° 09521-SUTEL-DGM-2025, en el que se le informó al Regulador sobre los incumplimientos identificados durante la inspección de campo realizada el 20 de octubre de 2025, en la cual se constató lo siguiente:   Acometidas en desuso; Doble red (coaxial y fibra);  Doble postería;  Rollos de reserva mal detallados:  Falta de optimización del espacio en postes (ver copia del oficio 9183-1157-2025).\n\np)    Por Oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, se dio respuesta a la denuncia, mismo que le fue notificado el 31 de octubre de 2026\n\nq)    El 04 de noviembre de 2025, mediante correo electrónico se recibió el informe del Operador Liberty, en el que se detallan las acciones ejecutadas y las correcciones realizadas en sus redes.\n\nr)     El 05 de noviembre de 2025, se recibió, mediante correo electrónico,  el Oficio de respuesta N° 6429-426-2025,  del Operador Kölbi, que contiene el detalle de las acciones efectuadas en el sector de San Ramón, en atención a las solicitudes planteadas por la SUTEL en los oficios N° 08900-SUTELDGM-2025 y 09521-SUTEL-DGM-2025.\n\ns)     El 06 de noviembre del 2025, mediante correo electrónico, se recibió un oficio de respuesta sin numerar, remitido por el Operador UFINET, en el cual se detallan las acciones ejecutadas en atención a lo solicitado por la SUTEL en los oficios N.° 08900-SUTEL-DGM-2025 y 09521- SUTEL-DGM-2025.\n\nt)      El 24 de noviembre del 2025, se recibió, mediante correo electrónico,  el informe del Operador TELECABLE, en el que se detallan las acciones realizadas en el sector de San Ramón, en atención a las solicitudes planteadas por la SUTEL mediante los oficios N.° 08900- SUTEL-DGM-2025 y 09521-SUTEL-DGM-2025.\n\nu)    El 05 de diciembre del 2025, se recibió, mediante correo electrónico, el Oficio de respuesta N.° 6429-458-2025 del Operador Kölbi, en el cual se detalla las acciones realizadas en atención al Oficio 09180-SUTEL-DGM-2025.\n\nv)    Durante la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025, se programó verificar en sitio por parte del personal técnico del Área de Uso Compartido de Infraestructura, el estado actual de la postería denunciada,  considerando que el plazo otorgado a los Operadores para la ejecución de los trabajos vencía el 13 de diciembre de 2025\n\nB.- En relación con la Superintendencia de Telecomunicaciones:\n\na)    El 17 de setiembre de 2025, la parte recurrente interpuso una denuncia ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) por la acumulación caótica de cableado y contaminación visual en el casco central de San Ramón. Señalaron para atender notificaciones el correo electrónico ariassalas1504fabiola@gmail.com (ver copia del escrito con fecha y firma de recibido y bajo el NI: 12452-2025).\n\nb)    Por memorial N° 8900- SUTEL- DGM- 2025, del 19 de setiembre de 2025, se solicitó a la Dirección  de Relaciones Regulatorias del Instituto Costarricense de Electricidad “Coordinar con los operadores propietarios de redes de telecomunicaciones que utilizan la infraestructura pasiva en las zonas señaladas del cantón de San Ramón ( según los antecedentes 1, 2, 3 y 4 ) Además, informar a esta Superintendencia sobre las acciones correctivas que tomarán para subsanar la situación descrita por los denunciantes, en atención a que el ICE es el propietario de la infraestructura pasiva (postes) en la región mencionada en la presente nota. ( Destacado intencional). 2. Disponer de prácticas en la vigilancia y auditoría que el ICE, tanto como dueño de infraestructura pasiva para el soporte de redes de telecomunicaciones como operador de redes de telecomunicaciones fijas, en cumplimiento de la resolución RCS- 302- 2022. Estas prácticas deben aplicarse en todas las zonas atendidas por el ICE, con el fin de garantizar el ordenamiento y la adecuada gestión de las redes de telecomunicaciones. 3. Comunicar a Sutel, al correo electrónico gestiondocumental@sutel.go.cr, las actuaciones realizadas a efectos del control y ordenamiento de las redes de telecomunicaciones que se encuentran instaladas en la infraestructura pasiva para el soporte de redes de telecomunicaciones (postes)” (ver copia del memorial).\n\nc)     Mediante oficio 09180-SUTEL-DGM-2025, del 25 de setiembre de 2025, la SUTEL trasladó la denuncia por contaminación visual en San Ramón de Alajuela a la Dirección Jurídica del ICE y se les pidió coordinar con los propietarios de redes de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura pasiva (postes) en la región indicada, adoptar las medidas de verificación y corrección necesarias (ver copia del oficio).\n\nd)    Por memorial 09521-SUTEL-DGM-2025, del 08 de octubre de 2025, la SUTEL, en respuesta al supra indicado oficio, le pidió al ICE brindar respuesta indicando las acciones tomadas por el ICE respecto a la denuncia trasladada por la SUTEL en un plazo máximo de 10 días hábiles (ver copia del oficio).\n\ne)     El 06 de octubre de 2025, por memorial 263-776-2025, el ICE le comunico a la SUTEL las actuaciones realizadas ante la denuncia por contaminación visual en la zona urbana del cantón de San Ramón siendo que el retiro de redes en desuso fue ejecutado en un cincuenta por ciento, por lo que se solicitó nuevamente la atención de los operadores involucrados (ver copia del correo electrónico y del oficio).\n\nf)      El 17 de octubre de 2025, la SUTEL notificó a los recurrentes el oficio 09853-SUTEL-DGM-2025, en el que se les informó que se procedió con el traslado de la gestión al ICE de San Ramón a efectos que realizara la coordinación con los operadores de redes de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura e indicara las acciones correctiva y en virtud de ello, el ICE les contestó las acciones correctivas de reubicación y retiro de redes en desuso con los operadores LIBERTY, TELECABLE, MILLICOM, CLARO y UFINET, lo cual se realizó entre el 25 y 29 de setiembre, siendo que quedaron trabajos pendientes por realizar por algunos operadores, por lo que se continúa dando seguimiento  (ver copia del oficio y correo electrónico).\n\nC.- En cuanto a la Municipalidad de San Ramón:\n\na)    El 18 de setiembre de 2025, los recurrentes presentaron una denuncia ante la  Municipalidad de San Ramón  por contaminación del paisaje urbano y riesgos a la seguridad por la cantidad de cableado colocado en los postes eléctrico ubicado en cuatro puntos de la ciudad, en la Avenida Segunda de San Ramón, sobre aceras y frente a diversos locales comerciales (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub y Sala de Juegos Mora,  los cuales se encuentran desordenados, cruzados y amarrados y expuestos, lo que genera un caos visual  (ver del escrito con sello y firma de recibido).\n\nb)    El 23 de setiembre de 2025 realizó una inspección técnica que confirmó la veracidad de la denuncia y constató que, se estaba presentando un grave problema de contaminación visual, que se ve reflejado en la acumulación desordenada de cables y equipos de todo tipo que cuelgan de los postes, generando un impacto visual negativo en los espacios urbanos antes señalados y se recomendó la conformación de la comisión institucional, que se encargue de establecer acciones y regulaciones, referente al tema expuesto en este informe. Y también un acercamiento entre el ARESEP y el ICE, para la atención integral de la problemática,  (ver informe).\n\nc)     Mediante el oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, fechado 01 de octubre de 2025,  el encargado de servicios municipales ambientales le comunicó a la Alcaldesa el resultado de la inspección (ver copia del oficio).\n\nd)    Mediante Oficio MSR-AM-1118-2025, la Alcaldesa comunicó a los denunciantes la respuesta a cada una de las inquietudes formuladas siendo que se les explicó que esta Municipalidad no es la encargada de otorgar las autorizaciones de instalación de cableado a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, sino que dentro de la Ley N.º 449, Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se establece al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como responsable de otorgar los permisos correspondientes, así como los convenios con las Instituciones Públicas y Privadas. Nuestra competencia es otorgar los permisos de construcción pertinentes para la instalación de nuevas estructurase y les incoo  a poner la denuncia ante las instituciones públicas competentes (ver informe).\n\ne)     El 31 de octubre de 2025, se notificó al medio señalado por los denunciantes el oficio MSR-AM-1118-2025, en respuesta a la queja presentada y se adjuntaron tres archivos, entre ellos, el oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025 (ver copia del correo electrónico).\n\nIV.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:\n\na) Que a la fecha, se haya retirado en su totalidad el cableado en desuso o instalado irregularmente en las zonas denunciadas por la parte  recurrente.\n\nb) Que a la fecha, el ICE haya resuelto la gestión presentada por los recurrentes y comunicado lo pertinente al medio señalado.\n\nV.- Sobre el fondo.  La  Constitución Política, en su artículo 50, consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el concepto de \"ambiente\" no se limita a la naturaleza virgen, sino que incluye el paisaje urbano. La “contaminación visual” doctrinariamente se ha establecido como el cambio o desequilibrio  del paisaje, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes.\n\nEn el sublite, los recurrentes alegan que, denunciaron ante la Municipalidad de San Ramón, el ICE y ante la SUTEL la cantidad de cableado colocado en los postes eléctrico ubicado en cuatro puntos de la ciudad de San Ramón, a saber, en la Avenida Segunda de San Ramón, sobre aceras y frente a diversos locales comerciales (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub y Sala de Juegos Mora, los cuales se encuentran desordenados, cruzados, mal amarrados y expuestos, lo que genera contaminación del paisaje urbano y riesgos a la seguridad de las personas. Al respecto, la Sala estima que la acumulación desordenada, caótica y excesiva de cableado en postes públicos efectivamente constituye contaminación visual, la cual degrada la calidad de vida de los habitantes, afecta la armonía del entorno y puede representar un riesgo físico por la saturación de la infraestructura. A su vez, el cúmulo desordenado de cableado aéreo, cuando se encuentra expuesto, cruzado o sostenido de manera precaria, no solo afecta la estética urbana sino que puede generar riesgos a la integridad física de las personas, particularmente ante eventos climáticos, sismos o fallas estructurales.\n\nEl principio preventivo, de raigambre constitucional, impone a las autoridades públicas el deber de adoptar medidas anticipatorias para evitar daños previsibles, aun cuando no se haya materializado un perjuicio concreto.\n\nVI.- Sobre la Responsabilidad de los Gobiernos Locales. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone el deber de las municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que, dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véase la Sentencia N° 2008-11739 de las 12:12 horas del 25 de julio de 2008, reiterada en la N° 2020-014753, de las 9:15 horas del 7 de agosto de 2020).\n\nSi bien la regulación técnica del sector telecomunicaciones corresponde a órganos especializados del Poder Ejecutivo y entes reguladores sectoriales, lo cierto es que las municipalidades, conforme a los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, y al régimen autonómico municipal, ostentan competencia en materia de ordenamiento territorial, gestión del espacio público y resguardo del interés local. A su vez, de conformidad con el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la planificación urbana y la protección del entorno ambiental en su jurisdicción.\n\nEn el presente caso, la Alcaldesa reconoce que, el 18 de setiembre de 2025, los recurrentes interpusieron una denuncia por la situación aquí planteada y a raíz de la inspección realizada, se constató que existe un \"grave problema de contaminación visual\" y una \"acumulación desordenada de cables y equipos\" que impacta negativamente el espacio urbano, por lo que se recomendó la creación de una comisión institucional y el acercamiento con ARESEP e ICE para abordar la situación en forma integral. De manera que, el 31 de octubre de 2025, la Alcaldía remitió a los denunciantes la respuesta a cada una de las inquietudes formuladas en su queja y se les explicó que, la Municipalidad no es la encargada de otorgar las autorizaciones de instalación de cableado a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, sino que le corresponde al Instituto Costarricense de Electricidad, el cual es el responsable de otorgar los permisos correspondientes, así como los convenios con las instituciones públicas y privadas,  por lo que les instó a poner la denuncia ante las instituciones públicas competentes.\n\nSi bien, dentro de un plazo prudencial y previo a la interposición del presente recurso, la Alcaldesa resolvió la denuncia planteada y les notificó a los gestionantes el resultado de la misma, con lo cual no se lesionó el derecho de una justicia pronta y cumplida, lo cierto es que la mera creación de una comisión o el reconocimiento del problema resulta insuficiente si no se traduce en acciones materiales concretas de fiscalización y ordenamiento que cesen la vulneración del espacio público.\n\nLa autonomía municipal no se reduce a potestades tributarias o administrativas formales, sino que comporta un deber correlativo de tutela efectiva del entorno cantonal. En ese sentido, aun cuando la Municipalidad recurrida no sea el órgano competente para imponer directamente a las operadoras de telecomunicaciones el retiro o reordenamiento del cableado, sí tiene la obligación de:\n\na) Fiscalizar el uso del espacio público cantonal.\n\nb) Coordinar con las entidades nacionales competentes.\n\nc) Emitir reglamentación urbana dentro de su ámbito competencial.\n\nd) Adoptar medidas administrativas razonables para prevenir riesgos y mitigar la contaminación visual.\n\nDe modo, que la inactividad absoluta o la omisión de gestión interinstitucional frente a una situación notoria y prolongada de desorden estructural en el cableado constituye una vulneración indirecta del derecho a un ambiente sano y del deber de protección que incumbe a toda autoridad pública.\n\nEl problema denunciado demuestra que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del  ambiente por parte Municipalidad de San Ramon dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesiona el derecho constitucional de los ciudadanos a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.\n\nEn virtud de lo expuesto, la Municipalidad recurrida es  responsable del daño a los derechos fundamentales de las personas amparadas, por la omisión en velar pronta y eficazmente por la salud de la población, y al  ambiente.\n\nEn consecuencia, en cuanto a la Municipalidad de San Ramón se declara con lugar el recurso y se le previene que, en lo sucesivo, deberá ejercer activamente sus competencias en materia de protección del paisaje urbano, seguridad ciudadana y gestión del espacio público, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por omisión. Por ende, lo procedente es ordenarle  poner en funcionamiento efectivo la comisión institucional mencionada en el oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, debiendo definir un cronograma de trabajo permanente para evitar que la problemática de saturación de infraestructura se repita en otros sectores del cantón mediante un trabajo de coordinación con el Instituto Costarricense de Electricidad.\n\nVII. - Sobre el deber de Fiscalización de la SUTEL y el ICE. Como entes rectores y administradores de la infraestructura pasiva, entre ellos postes y redes, la SUTEL y el ICE tienen la obligación de garantizar que los operadores privados cumplan con las normas técnicas de instalación. \n\nLos artículos 77, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y 77, del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones,  señalan que le corresponde a la SUTEL, garantizar el derecho al uso conjunto o compartido de las infraestructuras, canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones y demás instalaciones requeridas para la instalación y operación de redes públicas de telecomunicaciones, así como para la provisión de los servicios disponibles al público y la coubicación  de equipos.\n\nPor su parte, el ICE, en este caso,  como  propietario de la infraestructura que soporta redes públicas de telecomunicaciones, se encuentra en la obligación de conceder derechos de paso, uso compartido y colocalización de equipos,  aplicar la normativa vigente y los lineamientos emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Asimismo es su deber garantizar y brindar el mantenimiento necesario a su recurso escaso para asegurar la operación adecuada y la continuidad del uso compartido (artículo 08,  del Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para redes públicas de telecomunicaciones, GCO-NRE-REG-00469-2016).\n\nPrecisamente,  el Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones, en el artículo 13, también establece que:\n\n“Artículo 13. Sobre el uso eficiente de los elementos de la red en la infraestructura de telecomunicaciones por parte de los propietarios de la infraestructura.\n\nCuando los propietarios de la infraestructura que soporten redes públicas de telecomunicaciones tengan conocimiento sobre subutilización o uso no eficiente de los elementos de red en el espacio asignado a un operador y/o proveedor de servicios de telecomunicaciones, deberán notificar a éstos, para que se realice la desinstalación y remoción de este tipo de elementos de red, salvo cuando exista una justificación válida para mantenerlos en la infraestructura. Para esto se deberá otorgar un plazo máximo de 2 meses.\n\nLa SUTEL de oficio o a solicitud de parte, tendrá la potestad de solicitarle al operador y/o proveedor de telecomunicaciones la remoción de estos elementos ociosos, no utilizados o que no tengan un uso debidamente planificado”\n\nDe manera que, según lo expuesto una vez recibida la solicitud de intervención o de oficio la SUTEL  es competente para requerir a los operadores y/o proveedores de servicios de telecomunicaciones, la remoción de aquellos elementos que se encuentren en condición de ociosidad, que no estén siendo utilizados o cuya existencia no responda a una planificación técnica debidamente sustentada. Esta atribución normativa reviste especial relevancia en la gestión y ordenamiento de la infraestructura, en tanto procura evitar la saturación, el uso ineficiente o la permanencia de instalaciones carentes de justificación operativa.\n\nEn el caso bajo estudio, se constató que el 17 de setiembre de 2025, la parte recurrente interpuso una denuncia ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) por la acumulación caótica de cableado y contaminación visual en el casco central de San Ramón y dentro de un plazo prudencial, la queja fue trasladada al ICE y se le pidió coordinar con los propietarios de redes de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura pasiva (postes) adoptar las medidas de verificación y corrección necesaria e informar de lo actuado.\n\nEn virtud de ello, una vez que la SUTEL tuvo conocimiento de lo actuado por parte del ICE y de los operadores y/o proveedores que brinden servicios de telecomunicaciones, el 17 de octubre de 2025, procedió a informar a los quejosos de lo actuado. De modo, que en ese sentido no se lesionó el derecho a una justicia pronta y cumplida, ya que la gestión fue resuelta en un plazo razonable y antes de la interposición del presente recurso. Por ende, en cuanto este extremo se declara sin lugar el recurso.\n\nPor otra parte, no se estima que la SUTEL haya lesionado el derecho a la salud y al ambiente de los tutelados, ya que como ente regulador sectorial, lo que le corresponde es reglar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas a partir de las cuales, dicha infraestructura puede ser utilizada de manera compartida por los operadores y/o proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Nótese que, fue a partir de la queja que presentaron los recurrentes, que tuvo conocimiento del problema y para brindar una solución, le solicitó al ICE, como propietario de los postes en dicha localidad, coordinar con los propietarios de redes de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura pasiva la adopción de  medidas de verificación y corrección necesarias, así como  también le pidió a dicho órgano, disponer de prácticas en la vigilancia y auditoría con el fin de garantizar el ordenamiento y adecuada gestión de las redes de telecomunicaciones. Para el cumplimiento de ello, le requirió al ICE informar de las acciones realizadas y el 06 de octubre de 2025, se le comunicó que, a esa fecha, ya se había ejecutado el retiro de redes en desuso en un 50%, y  que se le había otorgado un plazo de dos meses a los operadores para concluir las acciones correctivas. En definitiva, el control constitucional no puede convertirse en un mecanismo para atribuir responsabilidad automática ante toda situación material disfuncional, cuando no se acredita inactividad arbitraria o desatención deliberada por parte del ente regulador. De modo, que la SUTEL dictó los actos necesarios para brindar una solución al problema planteado por los recurrentes.\n\n Se advierte, que sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, será a la SUTEL que le corresponderá intervenir en caso de las partes no lleguen a un acuerdo sobre el uso compartido del recurso escaso o exista conflicto y proceder a sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores o proveedores y también los que exploten redes de telecomunicaciones o presten servicios de telecomunicaciones de manera ilegítima. (artículo 65, de la Ley General de Telecomunicaciones, Nº 8642 y 55 del Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para redes públicas de telecomunicaciones)\n\nSin perjuicio de lo anterior, esta Sala estima pertinente recordar a la SUTEL  su deber permanente de fiscalización y supervisión del cumplimiento de las obligaciones técnicas por parte de los operadores, especialmente cuando estas incidan en el entorno urbano y puedan tener repercusiones ambientales.\n\nCorolario de lo anterior, no se acredita, en el caso concreto, que la Superintendencia de Telecomunicaciones haya incurrido en una acción u omisión arbitraria o ilegítima que vulnere el derecho fundamental a un ambiente sano y lo que procede es declarar sin lugar el recurso en contra este órgano administrativo. \n\nTome nota. A pesar de que, el presente recurso de amparo debe ser declarado sin lugar en cuanto a la SUTEL, se deberá dar seguimiento a las gestiones administrativas iniciadas objeto de este amparo, dentro del marco de sus competencias legales, a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas de las empresas operadoras y adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.\n\n VIII.- En relación con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En cuanto a este ente, al igual que los anteriores, recibió la queja de los administrados y procedió a ejecutar los actos administrativos correspondientes y constató que, existían acometidas en desuso; doble red (coaxial y fibra);  doble postería;  rollos de reserva mal detallados; falta de optimización del espacio en postes y procedió a avisar a los operadores; Liberty, Telecable, Tigo, Claro y  Ufinet para que efectuaran los trabajos de relocalización de las redes en desuso, lo cual fue reiterado en varias ocasiones y otorgó a cada operador el plazo  de dos meses, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de servicio correspondientes, lo cual  vencía el 13 de diciembre de 2025, es decir posterior a la fecha de interposición del presente recurso. Se advierte que, para el mes de noviembre de 2025, algunos de los operadores ya habían ejecutado las acciones ordenadas, siendo que de la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025, se programó una inspección por parte del personal del Área de Uso Compartido de Infraestructura, para verificar el estado actual de la postería denunciada; no obstante, la Sala desconoce el resultado del mismo.\n\nAun cuando las empresas operadoras de telecomunicaciones sean propietarias del cableado instalado, lo cierto es que el Instituto Costarricense de Electricidad, en su condición de titular y administrador de la postería, ostenta una posición jurídica de garante respecto del uso adecuado y seguro de esa infraestructura. En tal carácter, no puede desentenderse del deterioro del espacio público derivado de la utilización negligente de los postes bajo su administración, pues ello implicaría tolerar prácticas contrarias a las normas de ordenamiento urbano y a los reglamentos técnicos en materia de seguridad eléctrica y telecomunicaciones.\n\nEn el sub lite se verifica una omisión administrativa en el ejercicio de las potestades de policía, control y supervisión que corresponden al ICE sobre su propia infraestructura, lo cual ha generado una afectación al derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, así como una amenaza cierta a la salud e integridad física de los recurrentes y de la colectividad. \n\nLa acumulación desordenada de cableado, el denominado “marañamiento” de líneas y la permanencia de tendidos en desuso configuran una forma de contaminación visual que degrada el paisaje urbano y menoscaba el derecho de los habitantes a un entorno seguro y estéticamente armónico.\n\nEn tal sentido, la pasividad del ente recurrido no constituye una mera deficiencia estética, sino una omisión con relevancia constitucional, en tanto compromete la salud y la seguridad física de las personas así como la regularidad en la gestión del dominio público. La inacción frente al incumplimiento técnico de las operadoras convierte al administrador de la postería en corresponsable de la lesión a la salud y ambiental ocasionada, pues la administración de infraestructura pública no puede ejercerse al margen de los principios de legalidad, eficacia y tutela del interés general.\n\nSe evidencia, entonces, que la falta de fiscalización efectiva ha producido una lesión al derecho al ambiente y una amenaza latente a la salud y a la integridad de las personas, ante el riesgo de desprendimientos o accidentes eléctricos. En consecuencia, la omisión del ICE en el ejercicio de sus competencias de control transgrede los mandatos constitucionales de eficiencia administrativa y protección del entorno.\n\nPor otra parte, no consta que, a la fecha de interposición del presente recurso, las autoridades de la sucursal correspondiente hayan comunicado a los recurrentes el resultado concreto de las gestiones emprendidas, lo que también comporta una lesión al derecho a una justicia pronta y cumplida. Este derecho no se satisface con la mera emisión de actos concretos, sino que exige una respuesta sustantiva y eficaz que atienda de manera real y oportuna la problemática planteada.\n\nEn el caso concreto se advierte una inoperancia administrativa, pues, pese a haber transcurrido aproximadamente dos meses desde la interposición de las denuncias y a existir reconocimiento expreso del mal estado del tendido por parte de las autoridades, a la fecha de interposición del presente recursos el paisaje urbano de San Ramón no ha experimentado cambios sustanciales, manteniendo a los administrados en una situación de riesgo e incertidumbre. La persistencia del problema revela que la fiscalización ha sido omisa o ineficaz. Las instituciones públicas no pueden limitar su actuación a meros traslados de correspondencia; están obligadas a garantizar el retiro efectivo del cableado en desuso o instalado en contravención de la normativa técnica aplicable.\n\n IX.- Conclusión.  Resulta evidente que tanto la Municipalidad de San Ramón, como la Sucursal del ICE en el cantón de San Ramón, han fallado en su deber de coordinación interinstitucional para resolver un problema de contaminación visual plenamente identificado. La falta de ejecución y la persistencia del desorden técnico en los cuatro puntos denunciados justifican la intervención de esta Sala para ordenar la restauración del equilibrio visual y la seguridad del casco central de San Ramón.\n\n X.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nXI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Entonces, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nXII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe  declara con lugar el recurso. Se ordena a  María Gabriela Jiménez Corrales y a Allan Artavia Jiménez, en su condición respectiva de Alcaldesa y Jefe de la Unidad de Servicios Ambientales Municipales, ambos de la Municipalidad de San Ramón, o a quienes ocupen dichos cargos, que dentro del plazo de QUINCE DIAS HÁBILES, a partir de la notificación de la presente sentencia, deben poner en funcionamiento efectivo la comisión institucional mencionada en el oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, debiendo definir un cronograma de trabajo permanente para evitar que la problemática de saturación de cables de telecomunicaciones en la infraestructura se repita en otros sectores del cantón. Además, deberán coordinar con el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, de manera conjunta y efectiva,  dentro de sus respectivas esferas de competencia, para que dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta resolución, se finalice  el proceso de limpieza, ordenamiento y retiro de todo cableado de telecomunicaciones que se encuentre en desuso, instalado de manera irregular o que genere una acumulación caótica en los cuatro puntos específicos denunciados por los recurrentes. A su vez, se ordena a Alex Rodríguez Cambronero, en su condición de Coordinador de la Agencia Integrada de San Ramón del Instituto Costarricense de Electricidad, o a quien ocupe dicho puesto que disponga las acciones administrativas y técnicas necesarias para que: a) Dentro del plazo de SEIS MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, coordine con las operadoras de telecomunicaciones, el orden y retiro en su totalidad del  cableado en desuso en la zona afectada; b) Ejecutar, junto con las operadoras de telecomunicaciones un plan de ordenamiento y tensado de los cables remanentes para eliminar el impacto visual negativo y garantizar la seguridad; c) Establecer un protocolo de fiscalización permanente para evitar que la situación de caos visual se repita en el futuro y; d) Resolver y notificar la resolución de la denuncia interpuesta por la parte recurrente el día 17 de setiembre de 2025. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San Ramón y al Instituto Costarricense de Electricidad  al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Superintendencia de Telecomunicaciones se declara sin lugar el recurso, aunque debe tomar nota de lo indicado en el párrafo final del considerando VII, de esta sentencia. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto en forma parcial y declara sin lugar el recurso, en cuanto a la acusada violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ya que este extremo del recurso corresponde ser dirimido en la vía de legalidad.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 5FDGQSPL9UW61\n\nEXPEDIENTE N° 25-037393-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:11:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 08044 - 2026\n\nDate of Resolution: March 6, 2026, at 09:25\n\nExpediente: 25-037393-0007-CO\n\nDrafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nType of case: Amparo action\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\n\n\nJudgment with Dissenting Vote\n\nJudgment with Separate Note\n\nRelevance Indicators\n\nRelevant Judgment\n\nRelated Judgments\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\nContent of Interest:\n\nStrategic Topics: Environmental, Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: MUNICIPALITY\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\nTopic: PUBLIC SERVICES\n\nSubtopics:\n\nTELECOMMUNICATIONS.\n\n008044-26. MUNICIPALITY. PUBLIC SERVICES. COMPLAINT OF VISUAL POLLUTION DUE TO DISORDERLY ACCUMULATION OF TELECOMMUNICATIONS WIRING ON POLES IN THE URBAN CENTER OF SAN RAMÓN AND THE MUNICIPAL OMISSION TO EXERCISE ITS OVERSIGHT AND COORDINATION POWERS TO PROTECT THE URBAN LANDSCAPE. THE MUNICIPALITY IS ORDERED TO PUT INTO OPERATION AN INSTITUTIONAL COMMISSION AND TO COORDINATE WITH ICE THE ORDERING AND REMOVAL OF DISUSED WIRING. IT IS IMPORTANT TO NOTE THAT ALTHOUGH THE ACTION WAS DECLARED WITHOUT MERIT AGAINST SUTEL, IT MUST FOLLOW UP ON THE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS INITIATED IN ORDER TO VERIFY COMPLIANCE WITH THE TECHNICAL OBLIGATIONS OF THE OPERATING COMPANIES AND ADOPT THE CORRESPONDING MEASURES. VCG03/2026\n\n\"(...) V.- On the merits. The Political Constitution, in its article 50, enshrines the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Constitutional jurisprudence has reiterated that the concept of \"environment\" is not limited to virgin nature, but includes the urban landscape. Doctrinally, \"visual pollution\" has been established as the change or imbalance of the landscape, which affects the living conditions and vital functions of living beings.\n\nIn the case at hand, the petitioners claim that they reported to the Municipality of San Ramón, ICE, and SUTEL the amount of wiring placed on electric poles located at four points in the city of San Ramón, namely, on Avenida Segunda of San Ramón, on sidewalks and in front of various commercial premises (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub, and Sala de Juegos Mora), which are disorderly, crossed, poorly tied, and exposed, generating pollution of the urban landscape and risks to people's safety. In this regard, the Chamber considers that the disorderly, chaotic, and excessive accumulation of wiring on public poles effectively constitutes visual pollution, which degrades the quality of life of the inhabitants, affects the harmony of the environment, and may represent a physical risk due to the saturation of the infrastructure. In turn, the disorderly accumulation of aerial wiring, when exposed, crossed, or precariously supported, not only affects urban aesthetics but can also generate risks to the physical integrity of persons, particularly in the event of weather events, earthquakes, or structural failures.\n\nThe preventive principle, of constitutional origin, imposes on public authorities the duty to adopt anticipatory measures to avoid foreseeable damages, even when a concrete harm has not materialized.\n\nVI.- On the Responsibility of Local Governments. Article 169 of the Political Constitution establishes the duty of the country's municipalities to safeguard the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated pronouncements, this Tribunal has indicated that said corporations are under the obligation to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton (see Judgment No. 2008-11739 of 12:12 p.m. on July 25, 2008, reiterated in No. 2020-014753, of 9:15 a.m. on August 7, 2020).\n\nAlthough the technical regulation of the telecommunications sector corresponds to specialized bodies of the Executive Branch and sectoral regulatory entities, the truth is that the municipalities, in accordance with articles 169 and 170 of the Political Constitution and the municipal autonomous regime, hold competence in matters of land-use planning (ordenamiento territorial), management of public space, and safeguarding of local interest. In turn, in accordance with the Municipal Code, municipalities are responsible for urban planning and protection of the environmental surroundings in their jurisdiction.\n\nIn the present case, the Mayor acknowledges that, on September 18, 2025, the petitioners filed a complaint regarding the situation raised herein, and as a result of the inspection carried out, it was verified that there is a \"serious problem of visual pollution\" and a \"disorderly accumulation of cables and equipment\" that negatively impacts the urban space, for which the creation of an institutional commission and an approach with ARESEP and ICE was recommended to address the situation comprehensively. Thus, on October 31, 2025, the Mayor's Office sent the complainants a response to each of the concerns raised in their complaint and explained that the Municipality is not responsible for granting wiring installation authorizations to companies providing telecommunications services, but rather this corresponds to the Instituto Costarricense de Electricidad, which is responsible for granting the corresponding permits, as well as agreements with public and private institutions, for which reason it urged them to file the complaint with the competent public institutions.\n\nAlthough, within a reasonable time and prior to the filing of this action, the Mayor resolved the complaint filed and notified the petitioners of its result, thereby not violating the right to prompt and complete justice, the truth is that the mere creation of a commission or the recognition of the problem is insufficient if it does not translate into concrete material actions of oversight and ordering that cease the infringement of public space.\n\nMunicipal autonomy is not reduced to formal tax or administrative powers, but entails a correlative duty of effective protection of the cantonal environment. In that sense, even though the respondent Municipality is not the competent body to directly impose the removal or reordering of wiring on telecommunications operators, it does have the obligation to:\n\na) Oversee the use of cantonal public space.\n\nb) Coordinate with the competent national entities.\n\nc) Issue urban regulations within its scope of competence.\n\nd) Adopt reasonable administrative measures to prevent risks and mitigate visual pollution.\n\nThus, absolute inactivity or the omission of inter-institutional management in the face of a notorious and prolonged situation of structural disorder in the wiring constitutes an indirect violation of the right to a healthy environment and of the duty of protection incumbent upon all public authorities.\n\nThe denounced problem demonstrates that the actions in exercise of the power of control or surveillance deployed in protection of health and the environment by the Municipality of San Ramón within the framework of its powers, have been clearly insufficient, thus incurring responsibility for omission in the exercise of those powers which, in turn, injures the constitutional right of citizens to be provided with efficient and effective public services.\n\nBy virtue of the foregoing, the respondent Municipality is responsible for the damage to the fundamental rights of the protected persons, due to the omission in promptly and effectively ensuring the health of the population, and the environment.\n\nConsequently, regarding the Municipality of San Ramón, the action is declared with merit and it is admonished that, henceforth, it must actively exercise its powers in matters of protection of the urban landscape, citizen security, and management of public space, under warning of incurring liability for omission. Therefore, the appropriate course is to order it to put into effective operation the institutional commission mentioned in official communication MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, and it must define a permanent work schedule to prevent the infrastructure saturation problem from recurring in other sectors of the canton through coordination efforts with the Instituto Costarricense de Electricidad.\n\nVII.- On the Oversight Duty of SUTEL and ICE. As governing bodies and administrators of passive infrastructure, including poles and networks, SUTEL and ICE have the obligation to ensure that private operators comply with the technical installation standards.\n\nArticles 77 of the Law of the Regulatory Authority of Public Services, and 77 of the Regulation of the General Telecommunications Law, indicate that it is the responsibility of SUTEL to guarantee the right to the joint or shared use of infrastructures, channelings, ducts, poles, towers, stations, and other facilities required for the installation and operation of public telecommunications networks, as well as for the provision of services available to the public and the co-location (coubicación) of equipment.\n\nFor its part, ICE, in this case, as the owner of the infrastructure that supports public telecommunications networks, is under the obligation to grant rights of way, shared use, and co-location of equipment, applying current regulations and the guidelines issued by the Superintendency of Telecommunications. Likewise, it is its duty to guarantee and provide the necessary maintenance to its scarce resource to ensure adequate operation and the continuity of shared use (article 08, of the Regulation on the Shared Use of Infrastructure for Public Telecommunications Networks, GCO-NRE-REG-00469-2016).\n\nPrecisely, the Regulation on the Shared Use of Infrastructure for the Support of Public Telecommunications Networks, in article 13, also establishes that:\n\n\"Article 13. On the efficient use of network elements in the telecommunications infrastructure by infrastructure owners.\n\nWhen the owners of the infrastructure that supports public telecommunications networks become aware of underutilization or inefficient use of network elements in the space assigned to a telecommunications operator and/or service provider, they must notify them, so that the deinstallation and removal of this type of network elements is carried out, unless there is a valid justification for keeping them in the infrastructure. For this, a maximum period of 2 months must be granted.\n\nSUTEL, ex officio or at the request of a party, shall have the power to request the telecommunications operator and/or provider to remove these idle, unused, or not duly planned elements.\"\n\nThus, according to the foregoing, once a request for intervention is received or ex officio, SUTEL is competent to require operators and/or providers of telecommunications services to remove those elements that are in an idle condition, are not being used, or whose existence does not respond to duly supported technical planning. This regulatory attribution is of special relevance in the management and ordering of the infrastructure, insofar as it seeks to avoid saturation, inefficient use, or the permanence of installations lacking operational justification.\n\nIn the case under study, it was verified that on September 17, 2025, the petitioner filed a complaint before the Superintendency of Telecommunications (SUTEL) regarding the chaotic accumulation of wiring and visual pollution in the central urban area (casco central) of San Ramón, and within a reasonable time, the complaint was transferred to ICE, and it was asked to coordinate with the owners of telecommunications networks that use the passive infrastructure (poles) to adopt the necessary verification and correction measures and to report on the actions taken.\n\nBy virtue of this, once SUTEL became aware of the actions taken by ICE and the operators and/or providers of telecommunications services, on October 17, 2025, it proceeded to inform the complainants of what had been done. Thus, in that sense, the right to prompt and complete justice was not violated, since the proceeding was resolved within a reasonable time and before the filing of this action. Therefore, on this point, the action is declared without merit.\n\nFurthermore, it is not considered that SUTEL has violated the right to health and the environment of the protected persons, since as a sectoral regulatory entity, its role is to regulate the legal, technical, and economic conditions under which said infrastructure can be used in a shared manner by operators and/or providers of telecommunications services available to the public. Note that, it was from the complaint filed by the petitioners that it became aware of the problem, and to provide a solution, it requested ICE, as the owner of the poles in that locality, to coordinate with the owners of telecommunications networks that use the passive infrastructure the adoption of the necessary verification and correction measures, as well as requested said body to implement practices in surveillance and auditing in order to guarantee the ordering and adequate management of telecommunications networks. For compliance with this, it required ICE to report on the actions taken, and on October 6, 2025, it was informed that, as of that date, 50% of the disused networks had already been removed, and that a two-month period had been granted to the operators to conclude the corrective actions. Ultimately, constitutional control cannot become a mechanism to attribute automatic responsibility to every dysfunctional material situation, when arbitrary inactivity or deliberate inattention on the part of the regulatory entity is not proven. Thus, SUTEL issued the necessary acts to provide a solution to the problem raised by the petitioners.\n\nIt is warned that, without prejudice to criminal or civil liability, it will be up to SUTEL to intervene in the event that the parties do not reach an agreement on the shared use of the scarce resource or there is a conflict, and to proceed to sanction the administrative infractions incurred by operators or providers, and also those who operate telecommunications networks or provide telecommunications services illegitimately. (article 65, of the General Telecommunications Law, No. 8642 and 55 of the Regulation on the Shared Use of Infrastructure for Public Telecommunications Networks)\n\nNotwithstanding the foregoing, this Chamber considers it pertinent to remind SUTEL of its permanent duty of oversight and supervision of compliance with technical obligations by operators, especially when these affect the urban environment and may have environmental repercussions.\n\nAs a corollary of the foregoing, it is not proven, in the specific case, that the Superintendency of Telecommunications has incurred in any arbitrary or illegitimate action or omission that violates the fundamental right to a healthy environment, and it is appropriate to declare the action without merit against this administrative body.\n\nTake note. Even though the present amparo action must be declared without merit regarding SUTEL, it must follow up on the administrative proceedings initiated that are the subject of this amparo, within the framework of its legal competences, in order to verify compliance with the technical obligations of the operating companies and adopt, where appropriate, the corresponding measures.\n\nVIII.- In relation to the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Regarding this entity, like the previous ones, it received the complaint from the administered parties and proceeded to execute the corresponding administrative acts and verified that there were disused service lines (acometidas); double network (coaxial and fiber); double pole installations (postería); poorly detailed reserve coils; lack of space optimization on poles and proceeded to notify the operators; Liberty, Telecable, Tigo, Claro, and Ufinet to carry out the relocation work on the disused networks, which was reiterated on several occasions, and granted each operator a period of two months, for the purpose of guaranteeing compliance with the conditions stipulated in the corresponding service contracts, which expired on December 13, 2025, that is, after the date of filing this action. It is noted that, by the month of November 2025, some of the operators had already executed the ordered actions, and for the week of December 15 to 19, 2025, an inspection was scheduled by personnel from the Shared Use of Infrastructure Area, to verify the current state of the denounced pole installations (postería); however, the Chamber is unaware of the result thereof.\n\nEven if the telecommunications operating companies are the owners of the installed wiring, the fact is that the Instituto Costarricense de Electricidad, in its capacity as owner and administrator of the pole installations (postería), holds a legal position as guarantor regarding the adequate and safe use of that infrastructure. In such capacity, it cannot wash its hands of the deterioration of public space derived from the negligent use of the poles under its administration, as this would imply tolerating practices contrary to urban planning rules and technical regulations on electrical safety and telecommunications.\n\nIn the case at hand, an administrative omission is verified in the exercise of the police, control, and supervision powers that correspond to ICE over its own infrastructure, which has generated an affectation of the fundamental right to a healthy and balanced environment, as well as a certain threat to the health and physical integrity of the petitioners and the community.\n\nThe disorderly accumulation of wiring, the so-called \"tangling\" of lines, and the permanence of disused lines constitute a form of visual pollution that degrades the urban landscape and impairs the right of the inhabitants to a safe and aesthetically harmonious environment.\n\nIn this regard, the passivity of the respondent entity does not constitute a mere aesthetic deficiency, but an omission with constitutional relevance, insofar as it compromises the health and physical safety of persons as well as the regularity in the management of public domain. Inaction in the face of the technical non-compliance of the operators makes the administrator of the pole installations (postería) jointly responsible for the damage to health and the environment caused, as the administration of public infrastructure cannot be exercised outside the principles of legality, effectiveness, and protection of the general interest.\n\nIt is evident, then, that the lack of effective oversight has produced an injury to the right to the environment and a latent threat to health and the integrity of persons, given the risk of detachment or electrical accidents. Consequently, the omission of ICE in the exercise of its control powers transgresses the constitutional mandates of administrative efficiency and environmental protection.\n\nOn the other hand, there is no evidence that, as of the date of filing this action, the authorities of the corresponding branch had communicated the concrete result of the actions undertaken to the petitioners, which also constitutes an injury to the right to prompt and complete justice. This right is not satisfied by the mere issuance of concrete acts, but demands a substantive and effective response that addresses the problem raised in a real and timely manner.\n\nIn the specific case, an administrative ineffectiveness is noted, since, despite approximately two months having elapsed since the filing of the complaints and the express acknowledgment of the poor state of the lines by the authorities, as of the date of filing this action, the urban landscape of San Ramón has not experienced substantial changes, keeping the administered parties in a situation of risk and uncertainty. The persistence of the problem reveals that the oversight has been negligent or ineffective. Public institutions cannot limit their action to mere correspondence transfers; they are obliged to guarantee the effective removal of wiring that is disused or installed in contravention of the applicable technical regulations.\n\nIX.- Conclusion. It is evident that both the Municipality of San Ramón, and the ICE Branch in the canton of San Ramón, have failed in their duty of inter-institutional coordination to resolve a fully identified visual pollution problem. The lack of execution and the persistence of technical disorder at the four denounced points justify the intervention of this Chamber to order the restoration of visual balance and the safety of the central urban area (casco central) of San Ramón. (...)\"\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n\"(...) II.- Preliminary issue. It must be clarified that, starting from Judgment No. 2008-02545, of 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws in special administrative procedures, to resolve a final act an administrative procedure initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the corresponding administrative resources. However, it has also contemplated exceptions to the foregoing, as happens in the instant case, since the grievance refers to a complaint filed concerning pollution of the urban landscape and risks to safety due to the amount of wiring placed on electric poles. (...)\" VCG03/2026\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 050- Environment\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n\"(...) V.- On the merits. The Political Constitution, in its article 50, enshrines the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Constitutional jurisprudence has reiterated that the concept of \"environment\" is not limited to virgin nature, but includes the urban landscape. Doctrinally, \"visual pollution\" has been established as the change or imbalance of the landscape, which affects the living conditions and vital functions of living beings. (...)\" VCG03/2026\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 169- Municipal government\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 169 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n\"(...) VI.- On the Responsibility of Local Governments. Article 169 of the Political Constitution establishes the duty of the country's municipalities to safeguard the interests of the inhabitants of their jurisdiction; hence, in repeated pronouncements, this Tribunal has indicated that said corporations are under the obligation to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton (see Judgment No. 2008-11739 of 12:12 p.m. on July 25, 2008, reiterated in No. 2020-014753, of 9:15 a.m. on August 7, 2020).\n\nAlthough the technical regulation of the telecommunications sector corresponds to specialized bodies of the Executive Branch and sectoral regulatory entities, the truth is that the municipalities, in accordance with articles 169 and 170 of the Political Constitution and the municipal autonomous regime, hold competence in matters of land-use planning (ordenamiento territorial), management of public space, and safeguarding of local interest. In turn, in accordance with the Municipal Code, municipalities are responsible for urban planning and protection of the environmental surroundings in their jurisdiction. (...)\" VCG03/2026\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 170- Municipal autonomy\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nARTICLE 170 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n\"(...) Municipal autonomy is not reduced to formal tax or administrative powers, but entails a correlative duty of effective protection of the cantonal environment. In that sense, even though the respondent Municipality is not the competent body to directly impose the removal or reordering of wiring on telecommunications operators, it does have the obligation to:\n\na) Oversee the use of cantonal public space.\n\nb) Coordinate with the competent national entities.\n\nc) Issue urban regulations within its scope of competence.\n\nd) Adopt reasonable administrative measures to prevent risks and mitigate visual pollution.\n\nThus, absolute inactivity or the omission of inter-institutional management in the face of a notorious and prolonged situation of structural disorder in the wiring constitutes an indirect violation of the right to a healthy environment and of the duty of protection incumbent upon all public authority.\n\nThe denounced problem demonstrates that the actions in exercise of the power of control or surveillance deployed in protection of health and the environment by the Municipality of San Ramón within the framework of its powers, have been clearly insufficient, thus incurring responsibility for omission in the exercise of those powers which, in turn, injures the constitutional right of citizens to be provided with efficient and effective public services.\n\nBy virtue of the foregoing, the respondent Municipality is responsible for the damage to the fundamental rights of the protected persons, due to the omission in promptly and effectively ensuring the health of the population, and the environment. (...)\" VCG03/2026\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Separate Note\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\n X.- NOTE OF MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Tribunal's thesis that when the petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative sphere, those who must hear the legal dispute are the Administrative Litigation Tribunals and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo action established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional protection process of amparo, in all other cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the administrative litigation jurisdiction, all of which conforms to numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVCG03/2026\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Dissenting Vote\n\nBranch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS\n\nTopic: MUNICIPALITY\n\nSubtopics:\n\nINFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.\n\nTopic: PUBLIC SERVICES\n\nSubtopics:\n\nTELECOMMUNICATIONS.\n\nXI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.\n\nThe protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this regard, it is the undersigned's criterion that this Chamber, by way of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality venue. Therefore, the mere breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly to be heard in the legality venue—administrative or jurisdictional—where, with much greater scope, the alleged breaches or omissions may be audited. It must be borne in mind that the amparo remedy is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and processes a procedure, with the issuance of administrative acts, its cognizance falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Thus, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its proper assessment, a full-knowledge process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of the legal or regulatory norms in force or with the introduction of new and additional elements of conviction necessary for the contrasting or review of the criteria already contained in the administrative file of the case. To do otherwise would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge process, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, whereby it would lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various ways, or has issued administrative acts regarding an environmental matter, its cognizance and oversight falls to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter is within the competence of the legality venue. Consequently, this remedy should have been rejected outright as far as this aspect is concerned, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality venue. However, since this was not done, it is appropriate to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conducts conform or not, in substance, to the provisions of the legal-ranking legal system regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nVCG03/2026\n\n... See more\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 25-037393-0007-CO\n\nRes. No. 2026008044\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty-five minutes on March sixth, two thousand twenty-six.\n\n \n\n Amparo remedy processed in file number 25-037393-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], identity card [Value 002], [Name 003], identity card [Value 003], [Name 004], identity card [Value 004], [Name 005], identity card [Value 005] and [Name 006], identity card [Value 006], against the MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN, the COSTA RICAN INSTITUTE OF ELECTRICITY and the SUPERINTENDENCY OF TELECOMMUNICATIONS (SUTEL).\n\nWhereas:\n\n 1.- By a writing filed with the Secretariat of the Chamber and added to the file at 14:54 hours on November 29, 2025, the petitioners file an amparo remedy against the MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN, the COSTA RICAN INSTITUTE OF ELECTRICITY and the SUPERINTENDENCY OF TELECOMMUNICATIONS. They state, in summary, that they are residents of San Ramón and that on September 18, 2025, they filed a complaint with the Municipality of San Ramón, due to the existence of four points in the city of San Ramón, where the cabling of telecommunications companies hangs chaotically from the ICE posts located on the sidewalks and that these have formed a horrible accumulation of cables, which in addition to generating an affectation of the urban landscape of the city of San Ramón, also causes a saturation that puts the inhabitants at risk. They affirm that the foregoing evidently generates visual pollution. They affirm that the denounced posts were the following: First post: Located in the center of the canton of San Ramón, Second Avenue, in front of the commercial establishment “Pizza Grace,” adjacent to the establishment “Atelier Mítico.” Second post: Located in the center of the canton of San Ramón, Second Avenue, adjacent to the establishment “Librería Eureka,” approximately 25 meters north of Soda Chaparral. Situated in front of the establishment “Pizza Don Beto.” Third post: Located in the center of the canton of San Ramón, Second Avenue, on the west corner of Gabelo Conejo, at the height of the pool, located approximately 100 meters north of the establishment “Fresa Music.” Or, located in front of the establishment “The Corner Pub.” Fourth post: Located in the center of the canton of San Ramón, Second Avenue, 15 meters north of the establishment “Delicias Ubannia,” situated between the establishments of “Cerrajería Javier Guzmán” and “Sala de Juegos Mora.” Approximately 50 meters south of the University of Costa Rica, Western Campus. They point out that, on October 31, 2025, the respondent Municipality provided a response through official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, which indicates that, on September 23, 2025, the Municipal Environmental Services Unit carried out an inspection at the four denounced points. They note that, through official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025 of October 1, 2025, they provide a series of conclusions and recommendations, among them stating that, indeed, a serious problem of visual pollution exists and textually, they affirm the following: “The complainants are right in pointing out that at the points indicated in their complaint, a serious problem of visual pollution is occurring, which is reflected in the disorderly accumulation of cables and equipment of all kinds hanging from the posts, generating a negative visual impact in the aforementioned urban spaces. It is evident that there is a deficiency in the development and control of this electrical and telecommunications infrastructure.” They note that, among the recommendations is the formation of an institutional commission to establish actions and regulations regarding the denounced visual pollution. They mention that the Municipality of San Ramón pointed out the need to establish an approach with the Regulatory Authority for Public Services (ARESEP) and the Costa Rican Institute of Electricity (ICE) for comprehensive attention to the problem. They state that, despite the response from the Municipality of San Ramón, no substantial changes have been observed in the denounced area nor is anything known about the supposed commission, leaving them in a state of defenselessness. On the other hand, they affirm that on September 17, 2025, they filed another complaint with the Superintendency of Telecommunications (SUTEL) and on October 16, 2025, SUTEL issued official letter 09853-SUTEL-DGM-2025, via email, NI-12452-2025, which mentions the referral to the COSTA RICAN INSTITUTE OF ELECTRICITY of San Ramón regarding the supposed coordinations with the operators that make use of the infrastructure, namely: LIBERTY, TELECABLE, MILLICOM, CLARO and UFINET. They add that, furthermore, allusion was made to supposed corrective actions carried out by the offices of the COSTA RICAN INSTITUTE OF ELECTRICITY in San Ramón with said operators, such as relocation of networks to new posts, removal of disused elements and networks, which were carried out between September 25 and 29 of this year. They say that the offices of the COSTA RICAN INSTITUTE OF ELECTRICITY in San Ramón also indicate that there is still pending work by some operators and therefore follow-up on said actions continues. They state that, to date, no change has been evidenced that solves the problem. They provide photographs where it can be seen that the visual pollution in the urban center of San Ramón continues and that, although SUTEL provided a response, nothing was ever eliminated. They warn that the Mayor's Office never made improvements to enjoy a visually unpolluted space. They add that, on September 18, 2025, they filed an environmental complaint for urban landscape pollution at the ICE offices in San Ramón and were told that they would soon receive a response via email. They argue that the San Ramón Branch of the Institute has been in charge of inter-institutional coordination to address the problem, but they have not responded individually and, therefore, the internal management carried out by the institution is not clear. They request that the remedy be declared with merit and that the Municipality of San Ramón, the branch of the Costa Rican Institute of Electricity in San Ramón, and the Superintendency of Telecommunications be ordered to immediately adopt the necessary actions to correct, organize, or remove the exposed excess, disused, or irregularly installed cabling belonging to cable companies, which currently generates visual pollution and affects the constitutional right to a healthy and balanced environment, among other things.\n\n 2.- By resolution at 08:08 hours on December 10, 2025, this remedy was admitted for processing.\n\n 3.- Under oath, María Gabriela Jiménez Corrales and Allan Artavia Jiménez, in their respective capacities as Mayoress and Head of the Municipal Environmental Services Unit, both of the Municipality of San Ramón, report that from the moment the complaint was filed, pertinent actions have been taken internally to collaborate with the solution to the problem presented on September 18, 2025. They add that the Municipal Environmental Services Unit went to the denounced area and drafted Official Letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, which provides recommendations, and through Official Letter MSR-AM-1118-2025, proceeded to issue a response to the note presented on August 18, 2025, which was notified to the email nikorivera1309@gmail.com. They warn that the matter denounced is not within the competence of the Municipality but rather that of the Costa Rican Institute of Electricity, therefore they recommend that the administered parties go directly to the ICE. They request that the remedy be declared without merit.\n\n4.- Under oath, Federico Chacón Loaiza, in his capacity as Chairman of the Board and judicial and extrajudicial representative of the Superintendency of Telecommunications, reports that on September 17, 2025, through a writing submitted to this Superintendency, with entry number NI-12452-2025, the complaint filed by the petitioners was received. He points out that, on September 19, 2025, the General Directorate of Markets, through official letter 08900-SUTELDGM-2025, as a result of what was indicated in the complaint reflected in NI-12452-2025, forwarded the complaint together with the evidence to the COSTA RICAN INSTITUTE OF ELECTRICITY and requested coordination with the owners of telecommunications networks that use the passive infrastructure (posts) in the canton of San Ramón, in order to adopt the necessary verification and correction measures in accordance with the applicable regulations. These actions must include, at a minimum:\n\n“1. Verify in situ the installation practices described in the complaint brief and accredited in the images provided, in particular: a) Verification of the correct arrangement of reserve coils, in accordance with the applicable standard for such purpose, b) Identification of duplicate posts that have not been removed, and c) Idle telecommunications networks not removed. 2. Coordinate with network owners the necessary corrective actions to resolve the incidents detected and prevent the recurrence of bad installation practices. 3. Submit to this Superintendency a detailed report containing: a) Results of the verifications carried out. b) List of acts or omissions detected and their precise location. c) Agreed corrective measures and execution deadline. d) Documentary and photographic evidence supporting the actions taken. 4. Address the claim made by the complainant, informing this Superintendency of the actions taken for its resolution. (…)”.\n\nHe indicates that, on October 6, 2025, through official letter 263-776-2025 (NI-13364-2025), the ICE responded to the request in official letter 08900-SUTEL-DGM-2025, highlighting the following:\n\n“2. (..) On October 2, 2025, Notice I was sent to all Operators with a presence in the location, in order for them to appear in the San Ramón area to identify their networks and begin the corresponding dismantling and relocation work. Likewise, through official letters 9183-955-2025, 9183-956-2025, 9183-957-2025, 9183-960-2025, 9183-961-2025 and 9183-962-2025, the operators identified in the area subject to the complaint were warned. Said communication urges compliance with the conditions established in the current service contracts.\n\n3. […] Regarding what is requested in this point, the requirements were addressed in points no. 1 and no. 2 of this official letter according to the following detail:\n\na) Results of the verifications carried out: The breaches indicated in the complaint were verified \"in situ,\" so the respective notifications to the Operators proceeded.\n\nb) List of acts or omissions detected and their precise location.\n\nThe identified breaches are summarized as:\n\n- Failure to relocate networks.\n\n- Removal of disused elements and networks.\n\nThe georeferenced location of each of the breaches is detailed in the photographs provided in point no. 1 of this official letter.\n\nc) Agreed corrective measures and execution deadline.\n\nIn the notifications sent to each of the Operators present in the complaint Sector, in accordance with current regulations, an execution deadline of 2 months was established from receipt of the notification; therefore, the respective follow-up aimed at guaranteeing compliance with the conditions established in the corresponding service contract will be carried out by the Shared Infrastructure Use Area of the Telecommunications Management.\n\nd) Documentary and photographic evidence supporting the actions taken.”\n\nHe emphasizes that the General Directorate of Markets, through official letter 09853-SUTEL-DGM-2025 of October 16, 2025, notified the different means detailed in each of the complaints of the tasks executed, as well as each of the reports developed by the ICE in its capacity as owner and administrator of the infrastructure (posts) that houses telecommunications services. He considers that all complaints and requirements were addressed within the framework of its responsibilities, which are established in article 13 of the Regulation on Shared Use of Infrastructure for the Support of Public Telecommunications Networks. He concludes that the right of petition of each petitioner was duly managed by SUTEL and that the request in the amparo remedy has no basis. He requests that the remedy be declared without merit.\n\n5.- Under oath, Alex Rodríguez Cambronero, in his capacity as Coordinator of the Integrated Agency of San Ramón of the Costa Rican Institute of Electricity, reports that technical report number 9183-1157-2025 is provided, detailing each of the actions taken by this Institute to address the requests made by the petitioners and the duly certified internal administrative file related to the complaint about this case before the Superintendency of Telecommunications (SUTEL). He warns that, pursuant to articles 60 subsections a), j) and k); 73 subsections k) and m); 75 subsection a), sub-subsection ii); and 77 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services No. 7593; as well as articles 11, 12, 13, 14 and 35 of the Regulation on the Shared Use of Infrastructure for the Support of Public Telecommunications Networks (published in Digital Supplement No. 270 of the Official Gazette La Gaceta No. 214 of November 13, 2017), this matter falls to SUTEL. He clarifies that it is the responsibility of the ICE to provide access to its infrastructure, such as posts and similar network support elements, to the different telecommunications operators in the area, in accordance with the norms and other regulations issued by SUTEL, an entity that also has the competence to hear and resolve this type of complaint. He explains that it falls to SUTEL, in its capacity as Telecommunications Regulator, to exercise the legal and regulatory powers to inspect the infrastructure of posts and networks, conduct technical site visits in the company of the respective operators, and adopt the pertinent regulatory decisions, in accordance with technique, norms, and applicable regulatory principles. He notes that the matter is currently under the cognizance of SUTEL and, for such purposes, the COSTA RICAN INSTITUTE OF ELECTRICITY has timely addressed and responded to the requirements made by the Regulator. He adds that this case must be heard in the administrative venue or in the ordinary jurisdiction, but not in the constitutional venue. He adds that it is considered that the petitioners have not demonstrated the existence of real, effective, and verifiable harm to the environment, nor any affectation to the safety, integrity, or health of any person.\n\n6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\n  Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,\n\n  \n\nConsidering:\n\n I.- Object of the remedy. The petitioners allege that on September 17, 2025, they filed a complaint with the Municipality of San Ramón, the Branch of the COSTA RICAN INSTITUTE OF ELECTRICITY in that locality, and SUTEL due to the visual pollution generated by the excess and abandonment of aerial cabling installed on electricity posts and to date, the problem has not been resolved.\n\n II.- Preliminary issue. It must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545, at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws in special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the corresponding administrative remedies. However, it has also contemplated cases of exception to the foregoing, as occurs in this case, since the grievance concerns a complaint filed for urban landscape pollution and safety risks due to the amount of cabling placed on electric posts.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\nA).- Regarding the Costa Rican Institute of Electricity:\n\na) On September 18, 2025, the petitioners filed a complaint with the San Ramón Agency for urban landscape pollution and safety risks due to the amount of cabling placed on electric posts located at four points in the city, on Second Avenue in San Ramón, on sidewalks and in front of various commercial establishments (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub and Sala de Juegos Mora), which are disordered, crossed, tied, and exposed, generating visual chaos due to urban landscape pollution and safety risks due to the amount of cabling placed on electric posts located at four points in the city, which are disordered, crossed, tied, and exposed, generating visual chaos (see copy of acknowledgment of receipt).\n\nb) On September 19, 2025, via email from the Directorate of Regulatory Relations, Official Letter 08900-SUTELDGM-2025 was received, which requested the following from the ICE: 1. Coordinate with the operator owners of telecommunications networks that use the passive infrastructure in the indicated areas of the canton of San Ramón and inform this Superintendency of the corrective actions they will take to resolve the situation described by the complainants (see copy of official letter 08900-SUTELDGM-2025 and the email).\n\nc) Through official letter 09180-SUTEL-DGM-2025, of September 25, 2025, SUTEL forwarded the complaint for visual pollution in San Ramón de Alajuela to the Legal Directorate of the ICE and requested them to coordinate with the owners of telecommunications networks that use the passive infrastructure (posts) in the indicated region and adopt the necessary verification and correction measures (see copy of the official letter).\n\nd) On September 23, 2025, the complaint was addressed and a first notice was sent to the operators; Liberty, Telecable, Tigo, Claro and Ufinet to carry out work to relocate disused networks (see copy of official letter 263-776-2025).\n\ne) On September 29, 2025, a second reminder notice was sent to the operators to submit photographic reports of the actions taken to address the requirement (see copy of official letter 263-776-2025).\n\nf) On September 29, 2025, a response was received from Tigo, indicating that they had completed the technical corrections and attached a photographic record (see document and photographs).\n\ng) On October 1, 2025, the Institute's Improvements and Relocations Coordinator sent an ultimatum to the operators Liberty, Telecable, Claro and Ufinet indicating that, if the requested work was not carried out, the networks would be cut (see copy of official letter 263-776-2025 and the email).\n\nh) On October 1, 2025, Telecable indicated that the work was successfully completed (see copy of official letter 263-776-2025 and the email).\n\ni) On October 2, 2025, the ICE sent a third notice to the Operators that had not yet responded, CLARO, UFINET AND LIBERTY, indicating that the deadline to complete the work expired on September 26, 2025 (see email).\n\nj) Through document 263-776-2025, of October 6, 2025, the ICE informed SUTEL of the actions taken to address the complaint for visual pollution in the urban area of the Canton of San Ramón de Alajuela (see copy of the official letter).\n\nk) Through document 09521-SUTEL-DGM-2025, of October 8, 2025, SUTEL, in response to the above-mentioned official letter, requested the ICE to provide a response indicating the actions taken by the ICE regarding the complaint forwarded by SUTEL within a maximum period of 10 business days (see copy of the official letter).\n\nl) On October 13, through official letters 9183-960-2025, 9183-955-2025, 9183-956-2025, 9183-957-2025, 9183-960-2025, 9183-961-2025, and 9183-995-2025, the contract manager for Ufinet, Tigo, Telecable, and Liberty were respectively notified of the anomalies identified such as loose coils that must be properly secured, presence of duplicate posts due to failure to relocate networks of operators to new posts and on broken posts, unfinished work on post drops, among others (see copy of official letter and emails).\n\nm) On October 13, 2025, via email, official letter No. 263-802-2025 was sent to SUTEL, with the actions taken (see copy of the official letter).\n\nn) The ICE granted each Operator a period of two months for the purpose of ensuring compliance with the conditions stipulated in the corresponding service contracts, whose expiration was December 13, 2025 ((see copy of official letter 9183-1157-2025).\n\no) On October 27, 2025, via email, note No. 263-831-2025 was sent to SUTEL in response to official letter No. 09521-SUTEL-DGM-2025, in which the Regulator was informed of the breaches identified during the field inspection carried out on October 20, 2025, which confirmed the following: Disused service drops; Double network (coaxial and fiber); Double post sets; Poorly detailed reserve coils; Lack of space optimization on posts (see copy of official letter 9183-1157-2025).\n\np) Through Official Letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, a response was given to the complaint, which was notified on October 31, 2026.\n\nq) On November 4, 2025, via email, the report from Operator Liberty was received, detailing the actions executed and the corrections made to its networks.\n\nr) On November 5, 2025, via email, Official response letter No. 6429-426-2025 was received from Operator Kölbi, containing the detail of the actions carried out in the San Ramón sector, in response to the requests made by SUTEL in official letters No. 08900-SUTELDGM-2025 and 09521-SUTEL-DGM-2025.\n\ns) On November 6, 2025, via email, an unnumbered response official letter was received from Operator UFINET, detailing the actions executed in response to what was requested by SUTEL in official letters No. 08900-SUTEL-DGM-2025 and 09521- SUTEL-DGM-2025.\n\nt) On November 24, 2025, via email, the report from Operator TELECABLE was received, detailing the actions carried out in the San Ramón sector, in response to the requests made by SUTEL through official letters No. 08900- SUTEL-DGM-2025 and 09521-SUTEL-DGM-2025.\n\nu) On December 5, 2025, via email, Official response letter No. 6429-458-2025 was received from Operator Kölbi, detailing the actions carried out in response to Official Letter 09180-SUTEL-DGM-2025.\n\nv) During the week of December 15 to 19, 2025, it was scheduled to verify on site, by the technical staff of the Shared Infrastructure Use Area, the current state of the denounced posts, considering that the deadline granted to the Operators for the execution of the work expired on December 13, 2025.\n\nB.- Regarding the Superintendency of Telecommunications:\n\na) On September 17, 2025, the petitioners filed a complaint with the Superintendency of Telecommunications (SUTEL) for the chaotic accumulation of cabling and visual pollution in the central district of San Ramón. They indicated the email address ariassalas1504fabiola@gmail.com for receiving notifications (see copy of the writing with date and signature of receipt and under NI: 12452-2025).\n\nb) Through document No. 8900-SUTEL-DGM-2025, of September 19, 2025, the Directorate of Regulatory Relations of the Costa Rican Institute of Electricity was requested to “Coordinate with the operator owners of telecommunications networks that use the passive infrastructure in the indicated areas of the canton of San Ramón (according to antecedents 1, 2, 3 and 4). Also, inform this Superintendency of the corrective actions they will take to resolve the situation described by the complainants, considering that the ICE is the owner of the passive infrastructure (posts) in the region mentioned in this note. (Intentional emphasis). 2. Establish monitoring and auditing practices that the ICE, as both owner of passive infrastructure for supporting telecommunications networks and operator of fixed telecommunications networks, must apply, in compliance with resolution RCS-302-2022. These practices must be applied in all areas served by the ICE, with the purpose of guaranteeing the organization and proper management of telecommunications networks. 3.\n\nCommunicate to Sutel, at the email address gestiondocumental@sutel.go.cr, the actions taken for the purposes of control and organization of the telecommunications networks installed on the passive infrastructure for the support of telecommunications networks (posts)” (see copy of the brief).\n\nc) By official letter 09180-SUTEL-DGM-2025, dated September 25, 2025, SUTEL forwarded the complaint for visual pollution in San Ramón de Alajuela to the Legal Directorate of ICE and asked them to coordinate with the owners of telecommunications networks that make use of the passive infrastructure (posts) in the indicated region to adopt the necessary verification and correction measures (see copy of the official letter).\n\nd) By brief 09521-SUTEL-DGM-2025, dated October 8, 2025, SUTEL, in response to the above-mentioned official letter, asked ICE to provide a response indicating the actions taken by ICE regarding the complaint forwarded by SUTEL within a maximum period of 10 business days (see copy of the official letter).\n\ne) On October 6, 2025, by brief 263-776-2025, ICE communicated to SUTEL the actions taken in response to the complaint for visual pollution in the urban area of the canton of San Ramón, stating that the removal of disused networks had been executed by fifty percent, for which reason the attention of the involved operators was again requested (see copy of the email and the official letter).\n\nf) On October 17, 2025, SUTEL notified the appellants of official letter 09853-SUTEL-DGM-2025, in which they were informed that the matter had been forwarded to ICE in San Ramón for the purpose of coordinating with the telecommunications network operators that use the infrastructure and indicating corrective actions, and by virtue thereof, ICE replied about the corrective actions for relocation and removal of disused networks with the operators LIBERTY, TELECABLE, MILLICOM, CLARO, and UFINET, which was carried out between September 25 and 29, with pending work remaining to be done by some operators, for which reason follow-up is continuing (see copy of the official letter and email).\n\nC.- Regarding the Municipality of San Ramón:\n\na) On September 18, 2025, the appellants filed a complaint before the Municipality of San Ramón for urban landscape pollution and safety risks due to the quantity of cabling placed on electrical posts located at four points in the city, on Avenida Segunda of San Ramón, on sidewalks and in front of various commercial premises (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub, and Sala de Juegos Mora), which are disordered, crossed, tied, and exposed, generating visual chaos (see the document with receipt stamp and signature).\n\nb) On September 23, 2025, it conducted a technical inspection that confirmed the truthfulness of the complaint and verified that a serious problem of visual pollution was occurring, reflected in the disordered accumulation of cables and equipment of all kinds hanging from the posts, generating a negative visual impact in the aforementioned urban spaces, and it recommended the formation of an institutional commission responsible for establishing actions and regulations regarding the issue set forth in this report, as well as engagement between ARESEP and ICE for comprehensive attention to the problem (see report).\n\nc) By official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, dated October 1, 2025, the person in charge of municipal environmental services communicated the result of the inspection to the Mayor (see copy of the official letter).\n\nd) By Official Letter MSR-AM-1118-2025, the Mayor communicated to the complainants the response to each of the concerns raised, explaining that this Municipality is not responsible for granting authorizations for the installation of cabling to telecommunications service provider companies, but rather that Law No. 449, Law Creating the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), establishes the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) as responsible for granting the corresponding permits, as well as the agreements with Public and Private Institutions. Our competence is to grant the pertinent construction permits for the installation of new structures and urged them to file the complaint before the competent public institutions (see report).\n\ne) On October 31, 2025, official letter MSR-AM-1118-2025 was notified to the address indicated by the complainants in response to the complaint filed, and three files were attached, among them, official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025 (see copy of the email).\n\nIV.- Unproven facts. The following facts of relevance to this resolution are not considered demonstrated:\n\na) That to date, the disused or irregularly installed cabling in the areas denounced by the appellant party has been completely removed.\n\nb) That to date, ICE has resolved the matter presented by the appellants and communicated the relevant information to the indicated address.\n\nV.- On the merits. The Political Constitution, in its Article 50, enshrines the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Constitutional case law has reiterated that the concept of \"environment\" is not limited to pristine nature but includes the urban landscape. \"Visual pollution\" has been doctrinally established as the change or imbalance of the landscape that affects the living conditions and vital functions of living beings.\n\nIn the matter at hand, the appellants allege that they denounced to the Municipality of San Ramón, ICE, and SUTEL the quantity of cabling placed on electrical posts located at four points in the city of San Ramón, namely, on Avenida Segunda of San Ramón, on sidewalks and in front of various commercial premises (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub, and Sala de Juegos Mora), which are disordered, crossed, poorly tied, and exposed, generating pollution of the urban landscape and risks to the safety of individuals. In this regard, the Court considers that the disordered, chaotic, and excessive accumulation of cabling on public posts effectively constitutes visual pollution, which degrades the quality of life of the inhabitants, affects the harmony of the surroundings, and may represent a physical risk due to the saturation of the infrastructure. In turn, the disordered accumulation of aerial cabling, when exposed, crossed, or precariously supported, not only affects urban aesthetics but can also generate risks to the physical integrity of individuals, particularly in the event of weather events, earthquakes, or structural failures.\n\nThe preventive principle, of constitutional origin, imposes on public authorities the duty to adopt anticipatory measures to avoid foreseeable damages, even when a specific harm has not materialized.\n\nVI.- On the Responsibility of Local Governments. Article 169 of the Political Constitution establishes the duty of the country's municipalities to look after the interests of the inhabitants within their jurisdiction; hence, in repeated pronouncements, this Tribunal has indicated that these corporations are under the obligation to eliminate any type of threat that endangers the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton (see Judgment No. 2008-11739 of 12:12 hours of July 25, 2008, reiterated in No. 2020-014753 of 9:15 hours of August 7, 2020).\n\nAlthough the technical regulation of the telecommunications sector corresponds to specialized bodies of the Executive Branch and sectoral regulatory entities, the truth is that municipalities, pursuant to Articles 169 and 170 of the Political Constitution and the municipal autonomous regime, hold competence in matters of territorial planning, public space management, and protection of local interests. In turn, in accordance with the Municipal Code, municipalities are responsible for urban planning and the protection of the environmental surroundings within their jurisdiction.\n\nIn the present case, the Mayor acknowledges that, on September 18, 2025, the appellants filed a complaint regarding the situation raised herein, and as a result of the inspection carried out, it was verified that there is a \"serious problem of visual pollution\" and a \"disordered accumulation of cables and equipment\" that negatively impacts the urban space; therefore, the creation of an institutional commission and engagement with ARESEP and ICE to address the situation comprehensively was recommended. Consequently, on October 31, 2025, the Mayor's Office sent the complainants the response to each of the concerns raised in their complaint and explained to them that the Municipality is not responsible for granting authorizations for the installation of cabling to telecommunications service provider companies, but rather that this corresponds to the Instituto Costarricense de Electricidad, which is responsible for granting the corresponding permits, as well as the agreements with public and private institutions, and therefore urged them to file the complaint before the competent public institutions.\n\nAlthough, within a prudential period and prior to the filing of this appeal, the Mayor resolved the complaint raised and notified the claimants of the outcome thereof, thereby not violating the right to prompt and complete justice, the mere creation of a commission or the acknowledgment of the problem proves insufficient if it does not translate into concrete material actions of oversight and ordering that cease the infringement of the public space.\n\nMunicipal autonomy is not reduced to formal tax or administrative powers but entails a correlative duty of effective protection of the cantonal surroundings. In that sense, even though the respondent Municipality is not the competent body to directly impose on telecommunications operators the removal or reordering of cabling, it does have the obligation to:\n\na) Oversee the use of the cantonal public space.\n\nb) Coordinate with the competent national entities.\n\nc) Issue urban regulations within its scope of competence.\n\nd) Adopt reasonable administrative measures to prevent risks and mitigate visual pollution.\n\nThus, absolute inactivity or the omission of inter-institutional management in the face of a notorious and prolonged situation of structural disorder in the cabling constitutes an indirect violation of the right to a healthy environment and of the duty of protection incumbent upon all public authority.\n\nThe denounced problem demonstrates that the actions deployed in exercise of the power of control or surveillance for the protection of health and the environment by the Municipality of San Ramón within the framework of its powers have been clearly insufficient, thereby incurring liability for omission in the exercise of those powers, which, in turn, harms the constitutional right of citizens to be provided with efficient and effective public services.\n\nBy virtue of the foregoing, the respondent Municipality is responsible for the damage to the fundamental rights of the protected individuals, due to the omission in promptly and effectively ensuring the health of the population and the environment.\n\nConsequently, as regards the Municipality of San Ramón, the appeal is granted, and it is warned that, henceforth, it must actively exercise its powers regarding the protection of the urban landscape, citizen security, and management of public space, under warning of incurring liability for omission. Therefore, it is appropriate to order it to put into effective operation the institutional commission mentioned in official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, having to define a permanent work schedule to prevent the problem of infrastructure saturation from recurring in other sectors of the canton through coordination work with the Instituto Costarricense de Electricidad.\n\nVII. - On the Oversight Duty of SUTEL and ICE. As governing bodies and administrators of passive infrastructure, including posts and networks, SUTEL and ICE have the obligation to guarantee that private operators comply with technical installation standards.\n\nArticles 77 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services, and 77 of the Regulation to the General Telecommunications Law, indicate that SUTEL is responsible for guaranteeing the right to the joint or shared use of infrastructures, conduits, ducts, posts, towers, stations, and other installations required for the installation and operation of public telecommunications networks, as well as for the provision of services available to the public and the co-location of equipment.\n\nFor its part, ICE, in this case, as the owner of the infrastructure that supports public telecommunications networks, is under the obligation to grant rights of way, shared use, and co-location of equipment, applying the regulations in force and the guidelines issued by the Superintendency of Telecommunications. It is also its duty to guarantee and provide the necessary maintenance to its scarce resource to ensure adequate operation and the continuity of shared use (Article 08 of the Regulation on Shared Use of Infrastructure for Public Telecommunications Networks, GCO-NRE-REG-00469-2016).\n\nPrecisely, the Regulation on Shared Use of Infrastructure for the Support of Public Telecommunications Networks, in Article 13, also establishes that:\n\n“Article 13. On the efficient use of network elements in the telecommunications infrastructure by the owners of the infrastructure.\n\nWhen the owners of the infrastructure supporting public telecommunications networks have knowledge of underutilization or inefficient use of the network elements in the space assigned to an operator and/or provider of telecommunications services, they must notify them, so that the uninstallation and removal of this type of network elements can be carried out, unless there is a valid justification for keeping them on the infrastructure. For this, a maximum period of 2 months must be granted.\n\nSUTEL, ex officio or at the request of a party, shall have the power to request the operator and/or telecommunications provider to remove these idle, unused elements, or those that lack duly planned use.”\n\nThus, according to the foregoing, once the request for intervention has been received or ex officio, SUTEL is competent to require operators and/or providers of telecommunications services to remove those elements that are in a condition of idleness, that are not being used, or whose existence does not respond to duly supported technical planning. This normative attribution is particularly relevant in the management and organization of the infrastructure, as it seeks to avoid saturation, inefficient use, or the permanence of installations lacking operational justification.\n\nIn the case under study, it was verified that on September 17, 2025, the appellant party filed a complaint before the Superintendency of Telecommunications (SUTEL) regarding the chaotic accumulation of cabling and visual pollution in the downtown area of San Ramón, and within a prudential period, the complaint was forwarded to ICE, and it was asked to coordinate with the owners of telecommunications networks that make use of the passive infrastructure (posts) to adopt the necessary verification and correction measures and to report on the actions taken.\n\nBy virtue thereof, once SUTEL became aware of the actions taken by ICE and the operators and/or providers that offer telecommunications services, on October 17, 2025, it proceeded to inform the complainants of what had been done. Therefore, in that sense, the right to prompt and complete justice was not violated, as the matter was resolved within a reasonable time and before the filing of this appeal. Consequently, as regards this matter, the appeal is dismissed.\n\nOn the other hand, it is not considered that SUTEL has harmed the right to health and to the environment of the protected individuals, since as a sectoral regulatory entity, its responsibility is to regulate the legal, technical, and economic conditions under which said infrastructure may be used on a shared basis by the operators and/or providers of telecommunications services available to the public. Note that it was upon the complaint presented by the appellants that it became aware of the problem, and to provide a solution, it asked ICE, as the owner of the posts in that locality, to coordinate with the owners of telecommunications networks that make use of the passive infrastructure the adoption of necessary verification and correction measures, and also asked said body to implement practices in surveillance and auditing to guarantee the organization and adequate management of the telecommunications networks. For compliance with this, it requested ICE to report the actions taken, and on October 6, 2025, it was informed that, as of that date, the removal of disused networks had been executed at 50%, and that a period of two months had been granted to the operators to conclude the corrective actions. Ultimately, constitutional review cannot become a mechanism to attribute automatic liability for every materially dysfunctional situation when arbitrary inactivity or deliberate neglect by the regulatory entity is not accredited. Therefore, SUTEL issued the necessary acts to provide a solution to the problem raised by the appellants.\n\nIt is noted that, without prejudice to criminal or civil liability, it will be SUTEL’s responsibility to intervene if the parties do not reach an agreement on the shared use of the scarce resource or if a conflict exists, and to proceed to sanction the administrative infractions incurred by the operators or providers, as well as those who operate telecommunications networks or provide telecommunications services illegitimately (Article 65 of the General Telecommunications Law, No. 8642, and 55 of the Regulation on Shared Use of Infrastructure for Public Telecommunications Networks).\n\nWithout prejudice to the foregoing, this Court considers it pertinent to remind SUTEL of its permanent duty of oversight and supervision of compliance with technical obligations by the operators, especially when these affect the urban environment and may have environmental repercussions.\n\nAs a corollary to the foregoing, it is not proven, in the specific case, that the Superintendency of Telecommunications has incurred in arbitrary or illegitimate action or omission that violates the fundamental right to a healthy environment, and the appropriate course is to dismiss the appeal against this administrative body.\n\nTake note. Although this amparo appeal must be dismissed as regards SUTEL, the administrative proceedings initiated that are the subject of this amparo must be followed up on, within the framework of its legal powers, in order to verify compliance with the technical obligations of the operating companies and to adopt, as appropriate, the corresponding measures.\n\nVIII.- In relation to the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Regarding this entity, like the previous ones, it received the complaint from the administered parties and proceeded to execute the corresponding administrative acts, verifying that there were disused service connections; a double network (coaxial and fiber); double pole placement; poorly detailed reserve rolls; lack of optimization of space on posts, and proceeded to notify the operators Liberty, Telecable, Tigo, Claro, and Ufinet to carry out the work of relocating the disused networks, which was reiterated on several occasions, and granted each operator a period of two months for the purpose of guaranteeing compliance with the conditions stipulated in the corresponding service contracts, which expired on December 13, 2025, that is, after the date of filing of this appeal. It is noted that, by the month of November 2025, some of the operators had already executed the ordered actions, and an inspection was scheduled by personnel from the Shared Use of Infrastructure Area for the week of December 15 to 19, 2025, to verify the current state of the denounced pole infrastructure; however, the Court is unaware of the result thereof.\n\nEven though the telecommunications operating companies are the owners of the installed cabling, it is true that the Instituto Costarricense de Electricidad, in its capacity as owner and administrator of the pole infrastructure, holds a legal guarantor position with respect to the adequate and safe use of that infrastructure. In such capacity, it cannot disregard the deterioration of the public space derived from the negligent use of the posts under its administration, as this would imply tolerating practices contrary to urban planning norms and the technical regulations on electrical safety and telecommunications.\n\nIn the matter at hand, an administrative omission is verified in the exercise of the police, control, and supervision powers that correspond to ICE over its own infrastructure, which has generated an impact on the fundamental right to a healthy and balanced environment, as well as a certain threat to the health and physical integrity of the appellants and the community.\n\nThe disordered accumulation of cabling, the so-called \"tangling\" of lines, and the permanence of disused lines constitute a form of visual pollution that degrades the urban landscape and diminishes the right of the inhabitants to a safe and aesthetically harmonious environment.\n\nIn this sense, the passivity of the respondent entity does not constitute a mere aesthetic deficiency but rather an omission with constitutional relevance, insofar as it compromises the health and physical safety of individuals as well as the regularity in the management of the public domain. Inaction in the face of technical non-compliance by the operators makes the administrator of the pole infrastructure jointly responsible for the harm to health and the environment caused, as the administration of public infrastructure cannot be exercised outside the principles of legality, effectiveness, and protection of the general interest.\n\nIt is thus evident that the lack of effective oversight has produced harm to the right to the environment and a latent threat to the health and integrity of individuals, given the risk of detachment or electrical accidents. Consequently, ICE's omission in the exercise of its control powers transgresses the constitutional mandates of administrative efficiency and environmental protection.\n\nFurthermore, there is no evidence that, at the date of filing of this appeal, the authorities of the corresponding branch had communicated the specific result of the actions undertaken to the appellants, which also constitutes a violation of the right to prompt and complete justice. This right is not satisfied by the mere issuance of specific acts but demands a substantive and effective response that addresses the problem raised in a real and timely manner.\n\nIn the specific case, administrative ineffectiveness is noted, since, despite approximately two months having elapsed since the filing of the complaints and there being express acknowledgment of the poor state of the lines by the authorities, at the date of filing of this appeal, the urban landscape of San Ramón had not experienced substantial changes, keeping the administered parties in a situation of risk and uncertainty. The persistence of the problem reveals that oversight has been neglectful or ineffective. Public institutions cannot limit their actions to mere correspondence forwarding; they are obligated to guarantee the effective removal of disused cabling or cabling installed in contravention of the applicable technical regulations.\n\nIX.- Conclusion. It is evident that both the Municipality of San Ramón and the ICE Branch in the canton of San Ramón have failed in their duty of inter-institutional coordination to resolve a fully identified problem of visual pollution. The lack of execution and the persistence of technical disorder at the four denounced points justify the intervention of this Court to order the restoration of the visual balance and safety of the downtown area of San Ramón.\n\nX.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Tribunal's thesis that when a petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete administrative justice, it is the Contentious-Administrative Tribunals, and not this Court, that must hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law on the Regulation of the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Court as exceptional cases that may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours of February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nXI.- PARTIAL DISSENTING VOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO. The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and the Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this regard, it is the undersigned's criterion that this Court, by way of amparo, should only hear a matter where a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed through the legality channel. Therefore, the mere breach of obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is appropriate to be heard through the legality channel – administrative or jurisdictional – where, with much greater breadth, the alleged breaches or omissions can be scrutinized. It must be kept in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and fast process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a proceeding, with the issuance of administrative acts, its hearing falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Thus, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full evidentiary hearing process is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria developed under the protection of the legal or regulatory norms in force, or with the taking of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or reviewing of the criteria already appearing in the administrative file of the case.\n\nThe contrary would imply transforming the amparo into an ordinary proceeding of full knowledge, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, with the result that it would lose its status as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or organ has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight corresponds to the jurisdiction of the contentious-administrative courts. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls within the competence of the legality (vía de legalidad) channel. Consequently, this remedy should have been rejected outright insofar as this aspect is concerned, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality channel. However, as this was not done, the proper course is to declare it without merit, without making any pronouncement with respect to the merits of the question raised, because it falls to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct complained of conform or not, in substance, to the provisions of the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nXII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty working days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe remedy is declared with merit. It is ordered that María Gabriela Jiménez Corrales and Allan Artavia Jiménez, in their respective capacities as Mayor and Head of the Unidad de Servicios Ambientales Municipales, both of the Municipalidad de San Ramón, or whoever occupies those positions, must, within the period of FIFTEEN WORKING DAYS, from the notification of this judgment, put into effective operation the institutional commission mentioned in official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, and must define a permanent work schedule to prevent the problem of saturation of telecommunications cables in the infrastructure from recurring in other sectors of the canton. Furthermore, they must coordinate with the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, jointly and effectively, within their respective spheres of competence, so that within the period of ONE MONTH, counted from the notification of this resolution, the process of cleaning, organizing, and removing all telecommunications cabling that is disused, installed irregularly, or generating chaotic accumulation at the four specific points denounced by the petitioners is completed. In turn, it is ordered that Alex Rodríguez Cambronero, in his capacity as Coordinator of the Agencia Integrada de San Ramón of the Instituto Costarricense de Electricidad, or whoever occupies that post, take the necessary administrative and technical actions so that: a) Within the period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, he coordinates with the telecommunications operators the ordering and total removal of the disused cabling in the affected zone; b) He executes, together with the telecommunications operators, a plan for the ordering and tensioning of the remaining cables to eliminate the negative visual impact and guarantee safety; c) He establishes a permanent oversight protocol to prevent the situation of visual chaos from recurring in the future; and d) He resolves and notifies the resolution of the complaint filed by the petitioner on September 17, 2025. The foregoing, under the warning that based on the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The Municipalidad de San Ramón and the Instituto Costarricense de Electricidad are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment proceeding of the contentious-administrative jurisdiction. As for the Superintendencia de Telecomunicaciones, the remedy is declared without merit, although it must take note of what is indicated in the final paragraph of considerando VII of this judgment. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and declares the remedy without merit, as to the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, since this aspect of the remedy must be settled in the legality (vía de legalidad) channel.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n\n\n\n5FDGQSPL9UW61\n\nEXPEDIENTE N° 25-037393-0007-CO\n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:11:16.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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