{ "id": "nexus-sen-1-0007-1375807", "citation": "Res. 07392-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Acceso a información ferroviaria y proceso penal", "title_en": "Access to railway information and criminal proceedings", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce de un recurso de amparo contra el INCOFER, donde el recurrente solicitó certificación oficial sobre la existencia, naturaleza y estado registral de un tramo ferroviario. INCOFER respondió que la información estaba vinculada a expedientes penales (11-001840-0485-PE y 23-000003-1851-PE) y, por tanto, su acceso estaba restringido conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal. El recurrente reiteró su petición, pero la Sala estima que la negativa no es arbitraria, ya que la información requerida se relaciona directamente con las causas penales en trámite. Con base en precedentes sobre la limitación razonable al acceso a información bajo investigación penal, la Sala declara sin lugar el recurso, señalando que el recurrente puede acudir al Ministerio Público o al juzgado correspondiente si requiere dicha información.", "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo appeal against INCOFER, where the petitioner requested official certification on the existence, nature, and registry status of a railway section. INCOFER responded that the information was linked to criminal proceedings (11-001840-0485-PE and 23-000003-1851-PE) and, therefore, access was restricted under Article 295 of the Criminal Procedure Code. The petitioner reiterated his request, but the Chamber finds that the denial is not arbitrary, as the requested information directly relates to ongoing criminal cases. Based on precedents regarding the reasonable limitation on access to information under criminal investigation, the Chamber denies the appeal, noting that the petitioner may go to the Public Prosecutor's Office or the corresponding court if he requires such information.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "27/02/2026", "year": "2026", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "información pública", "proceso penal", "artículo 295 Código Procesal Penal", "INCOFER", "Fiscalía Adjunta Ambiental", "certificación oficial", "derecho de petición" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 295", "law": "Código Procesal Penal" } ], "keywords_es": [ "acceso a la información", "información pública", "recurso de amparo", "INCOFER", "proceso penal", "artículo 295 Código Procesal Penal", "derecho de petición", "procedimiento preparatorio" ], "keywords_en": [ "access to information", "public information", "amparo appeal", "INCOFER", "criminal proceedings", "Article 295 Criminal Procedure Code", "right to petition", "preparatory procedure" ], "excerpt_es": "Así las cosas, no se aprecia que la respuesta que le brindó la autoridad recurrida al accionante transgreda sus derechos fundamentales, pues lo requerido, según se le aclaró al tutelado, se encuentra relacionada con los procesos penales que se tramitan en las sumarias nros. 11-001840-0485-PE y 23- 000003-1851-PE. Incluso, se le manifestó al petente que, en caso de requerir información al respecto, su gestión debía ser dirigida directamente al Ministerio Público, a los efectos de que ahí se resolviera lo correspondiente. De ahí que se descarte alguna arbitrariedad que amerite la intervención de este Tribunal.\n\nAdemás, respecto a la gestión del 17 de diciembre de 2025, se observa que es una mera reiteración de las solicitudes anteriores, las cuales, como se indicó supra, ya fueron atendidas por el recurrido desde el oficio Incofer-LE-OF-0122-2025 del 4 de agosto de 2025.\n\nCon base en lo anterior, la Sala no encuentra mérito alguno para variar el criterio vertido en los precedentes transcritos. En consecuencia, procede declarar sin lugar el recurso.", "excerpt_en": "Thus, it is not evident that the response given by the respondent authority transgresses the petitioner's fundamental rights, since the requested information, as clarified to the protected party, is related to the criminal proceedings being processed in summary numbers 11-001840-0485-PE and 23-000003-1851-PE. Moreover, the petitioner was informed that, should he require information in this regard, his request must be addressed directly to the Public Prosecutor's Office, so that the corresponding matter may be resolved there. Hence, any arbitrariness warranting this Tribunal's intervention is ruled out.\n\nFurthermore, regarding the communication of December 17, 2025, it is observed to be a mere reiteration of the previous requests, which, as indicated above, were already addressed by the respondent through official letter Incofer-LE-OF-0122-2025 of August 4, 2025.\n\nBased on the foregoing, the Chamber finds no merit to vary the criteria set forth in the transcribed precedents. Consequently, it proceeds to deny the appeal.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Chamber denies the amparo appeal, considering that INCOFER's refusal to provide information on a railway section is justified by its link to active criminal proceedings, in line with reiterated constitutional case law on the reasonable limitation of access to information under criminal investigation.", "summary_es": "La Sala declara sin lugar el recurso de amparo, al considerar que la negativa de INCOFER a brindar información sobre un tramo ferroviario está justificada por su vinculación con procesos penales activos, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional sobre la limitación razonable de acceso a información bajo investigación penal." }, "pull_quotes": [ { "context": "Oficio Incofer-LE-OF-0122-2025, citado en Considerando III", "quote_en": "Regarding this certification, we inform you that these facts are in litigation under case files 11-001840-0485-PE of the Trial Court of the Second Judicial Circuit of Limón and 23-000003-1851-PE of the Environmental Prosecutor's Office of Limón, therefore it lacks the character of fully public and accessible information as you indicate in your letter, in accordance with the Criminal Procedure Code, articles 295 and subsequent...", "quote_es": "En relación con esta certificación informarle que estos hechos se encuentran en litigio bajo los expedientes 11-001840-0485-PE, del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Limón y 23- 000003-1851-PE de la Fiscalía Adjunta Ambiental de Limón, por lo que adolece del carácter de información pública y accesible en su totalidad como nos lo indica su oficio, esto al tenor del Código Procesal Penal en sus artículos 295 siguientes y concordantes..." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "Thus, it is not evident that the response given by the respondent authority transgresses the petitioner's fundamental rights, since the requested information, as clarified to the protected party, is related to the criminal proceedings being processed in summary numbers 11-001840-0485-PE and 23-000003-1851-PE.", "quote_es": "Así las cosas, no se aprecia que la respuesta que le brindó la autoridad recurrida al accionante transgreda sus derechos fundamentales, pues lo requerido, según se le aclaró al tutelado, se encuentra relacionada con los procesos penales que se tramitan en las sumarias nros. 11-001840-0485-PE y 23- 000003-1851-PE." }, { "context": "Por tanto", "quote_en": "Based on the foregoing, the Chamber finds no merit to vary the criteria set forth in the transcribed precedents. 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San José, a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-004274-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 6 de febrero de 2026, el accionante interpone recurso de amparo. Expone que el 24 de julio de 2025 remitió una gestión al INCOFER, en la que solicitó información pública. Reprocha que por oficio Incofer-LE-OF-0122-2025 del 4 de agosto de 2025 se le indicó que los hechos se encuentran en litigio en un proceso penal. Reclama que lo solicitado es solo información sobre un supuesto tramo ferroviario. Aclara que el 17 de diciembre de 2025 remitió un nuevo oficio, solicitó la misma información. Reprocha que no se le ha brindado lo requerido. \n\n2.- Mediante resolución de la Sala de las 12:03 horas del 11 de febrero de 2026.\n\n3.- Informa bajo juramento Mario Granados Barzuna, en su condición de jefe del Departamento Legal del Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Expone: “ANTECEDENTES: PRIMERO: Que he sido notificado, el día 16 de febrero del 2026, del recurso de amparo interpuesto por Nombre01, en contra del suscrito, en resumen a continuación: “(…) que por correo electrónico enviado el pasado 24 de julio de 2025, a las cuentas ...01 y ...02, remitió el oficio LP-20250724-36 donde solicitó “Se sirva emitir certificación oficial respecto a la existencia, naturaleza y estado registral de la línea ferroviaria comprendida entre las siguientes coordenadas geográficas bajo el sistema de referencia CRTM05: Punto inicial: CRTM05518.511,052E, 1.129.267,674N Punto Final: CRTM05518.660,046E, 1.129.272,514N. Esta sección de la línea corresponde al tramo Carillo – Toro Amarillo, el cual, según documentación histórica, formaba parte del proyecto original de construcción del Ferrocarril al Atlántico. Adjunto al presente documento un plano de referencia, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en el cual se han identificado geográficamente las coordenadas antes descritas. Dicho plano tiene como único propósito ilustrar y ubicar preliminarmente el motivo de la presente solicitud de certificación”. Dice que esa solicitud fue respondida con el oficio Incofer- LE-OF-0122-2025, de 4 de agosto de 2025, en el cual se consignan una serie de evasivas para no dar respuesta a la información solicitada, a saber: a) se indica que esos “hechos” (¿cuáles hechos?) se encuentran en litigio bajo los expedientes N°.11-001840-0485-PE del Tribunal de Juicio del II Circuito judicial de Limón y el N°23-000003-1851-PE de la Fiscalía Adjunta Ambiental de Limón y que por la supuesta privacidad de las actuaciones que establece el numeral 295 del Código Procesal Penal no se puede brindar esa certificación o información(…)”. SEGUNDO: Que continúa manifestando en un segundo aspecto lo siguiente textualmente: “(…) en los procesos penales se resuelven conductas consideradas delito, mientras que lo que se PIDE ES INFORMACIÓN SOBRE UN SUPUESTO TRAMO FERROVIARIO, lo cual es evidentemente información pública y que debe encontrarse dentro de los archivos del INCOFER (…)”. TERCERO: Que consecuentemente menciona como un tercer aspecto lo transcrito aquí: “(…) Que, al no ser proporcionada la información solicitada, reitero la solicitud señalando las falencias propias de la respuesta anteriormente indicada, mediante el Oficio número LP-20251217-058, del 17 de diciembre del 2025, al correo ...01 de la Lic. Tresyan Rojas Ravine y con copia al correo ...02 de la funcionaria Marielos López Matamoros, siendo que esta última me hizo acuse de recibo mediante el correo que se adjunta (...)”. CUARTO: Que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, siempre responde a su competencia, bajo el principio de legalidad que le asiste, ante lo cual, se pasa a exponer en fundamento lo siguiente: SOBRE LA POSICIÓN DE INCOFER: En virtud de lo señalado, el INCOFER constitucionalmente, encuentra protección de conformidad con el artículo 121 inciso 14, por lo cual le corresponde custodiar el derecho de vía según la Ley General de Ferrocarriles N°5066 y la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles N°7001, cuyo objetivo señala lo siguiente en su artículo 3 inciso a): “(…) a) Fortalecer la economía del país mediante la administración de un moderno sistema de transporte ferroviario para el servicio de pasajeros y de carga en todo el territorio nacional. Además, podrá prestar servicios conexos con el citado sistema y desarrollar otras inversiones y obras de infraestructura en inmuebles de su propiedad, o bien, previo convenio entre las partes, de otras instituciones públicas, las empresas de servicios municipales, las cooperativas de electrificación rural y sus consorcios, reguladas en la Ley N. º 8345, Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, de 26 de febrero de 2003, y sus reformas, necesarias para la construcción, la operación y el mantenimiento del sistema ferroviario. De igual forma, podrá desarrollar en inmuebles de su propiedad otras inversiones u obras que le generen recursos para financiar sus proyectos de transporte ferroviario, siempre y cuando dichas actividades no afecten la prestación de los servicios de transporte a su cargo (…)”. Por lo cual basados además en el fundamento del artículo 1° de la Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana N°9366 respectivamente promueve fortalecer la economía del país mediante la administración de un moderno sistema de transporte ferroviario para el servicio de pasajeros y de carga en todo el territorio nacional, de tal manera que son el fundamento principal de nuestra actividad el brindar esos servicios específicos. En cuanto al recurso de amparo y respecto de los alegatos efectuados por el recurrente, sobre el hecho Primero a continuación transcrito dice: “(…) se sirva emitir certificación oficial respecto a la existencia, naturaleza y estado registral de la línea ferroviaria comprendida entre las siguientes conexos con el citado sistema y desarrollar otras inversiones y obras de infraestructura en inmuebles de su propiedad, o bien, previo convenio entre las partes, de otras instituciones públicas, las empresas de servicios municipales, las cooperativas de electrificación rural y sus consorcios, reguladas en la Ley N. º 8345, Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, de 26 de febrero de 2003, y sus reformas, necesarias para la construcción, la operación y el mantenimiento del sistema ferroviario. De igual forma, podrá desarrollar en inmuebles de su propiedad otras inversiones u obras que le generen recursos para financiar sus proyectos de transporte ferroviario, siempre y cuando dichas actividades no afecten la prestación de los servicios de transporte a su cargo (…)”. Por lo cual basados además en el fundamento del artículo 1° de la Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana N°9366 respectivamente promueve fortalecer la economía del país mediante la administración de un moderno sistema de transporte ferroviario para el servicio de pasajeros y de carga en todo el territorio nacional, de tal manera que son el fundamento principal de nuestra actividad el brindar esos servicios específicos. En cuanto al recurso de amparo y respecto de los alegatos efectuados por el recurrente, sobre el hecho Primero a continuación transcrito dice: “(…) se sirva emitir certificación oficial respecto a la existencia, naturaleza y estado registral de la línea ferroviaria comprendida entre las siguientes certificaciones que describen estados registrales, ni se realiza dentro de su ámbito de competencias, gestiones de registro catastral de planos, en sistemas que le corresponden al ente encargado de catastro de planos, evidenciando que esto correspondería registralmente hablando al Catastro Nacional, siendo que se deberá dirigir a tal entidad, la consulta que requiera sobre los aspectos registrales-catastrales. Ahora bien, en cuanto a los hechos Segundo y Tercero de lo manifestado por el recurrido, debe aclararse que dentro del plazo legal, fue proporcionada la información solicitada al aquí recurrente una vez que ingreso la consulta mediante los correos indicados por el recurrente. El Departamento Legal del INCIOFER mediante el oficio Incofer-LE-OF- 0122-2025 de fecha 04 de agosto de 2025, dio respuesta al aquí recurrente, y atendió a la consulta planteada, pues como bien se ha indicado hay una causa abierta bajo los Expedientes N°23-000003- 1851-PE, del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Limón y N°23- 000003-1851-PE de la Fiscalía Adjunta Ambiental de Limón, por lo cual, se estima prudente que si requiere de algún documento se le solicite al Tribunal de Juicio o la Fiscalía, quienes tienen la competencia y autoridad certificadora, dentro de la causa que se tramita dicha sede judicial. En cuanto al correo electrónico para que sea remida una solicitud de información para los usuarios se le informa a la parte recurrente que está previsto como medio oficial del Departamento Legal para recepción de solicitudes de información ante el INCOFER las direcciones de correo electrónico: ...03, así como ...04. Al recurrente no obstante cursó la misma a otros correos, se le atendió su solicitud en tiempo”.\n\n4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de febrero de 2026, el recurrente expone: “ Que la respuesta es evasiva y no refiere a la misma “respuesta” con otros argumentos legales esgrimidos, cuales eran la existencia de unos procesos penales para no proceder a contestar. La gestión inicial del suscrito, desde el inicio ha sido la siguiente:  “…Se sirva emitir certificación oficial respecto a la existencia, naturaleza, y estado registral de la línea ferroviaria comprendida entre las siguientes coordenadas geográficas bajo el sistema de referencia CRTM05:  Punto Inicial: CRTM05 518.Telf01, Telf02  Punto Final: CRTM05 518.660,046 E, 1.129.272,514 N  Esta sección de la línea corresponde al tramo Dirección01– el cual, según documentación histórica, formaba parte del proyecto original de construcción del Ferrocarril al Atlántico.  Adjunto al presente documento un plano de referencia, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en el cual se han identificado gráficamente las coordenadas antes descritas.  Dicho plano tiene como único propósito ilustrar y ubicar preliminarmente el motivo de la presente solicitud de certificación.  Téngase presente que toda esta información reviste el carácter de información pública y es por lo tanto accesible en su totalidad…”  Es decir, lo que se pretende con esta solicitud es que en el punto georreferenciado con el plano indicado -que sirve de respaldo de ubicación- el INCOFER, dentro de sus competencias refiera sobre la existencia, naturaleza y estado registral de la supuesta línea ferroviaria en ese punto, lo cual a todas luces se obvia responder por parte de la autoridad recurrida y en este caso utilizando otro argumento que difiere en su totalidad a la primera respuesta evasiva, en la que se indicaba que:  “(…) que esos “hechos” (¿cuáles hechos?) se encuentran en litigio bajo los expedientes N.o 11-001840-0485-PE del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Limón y el N.o 23-000003-1851-PE de la Fiscalía Adjunta Ambiental de Limón y que por la supuesta privacidad de las actuaciones que establece el numeral 295 del Código Procesal Penal no se puede brindar esa certificación o información (…)”. Lo anterior es completamente errado, primero, no son hechos; segundo, en los procesos penales se resuelven conductas consideradas delito, mientras que lo que se PIDE ES INFORMACIÓN SOBRE UN SUPUESTO TRAMO FERROVIARIO, lo cual es evidentemente información pública y que debe encontrarse dentro de los archivos del INCOFER. Esto es lo que se indica claramente en el presente recurso, que se responda lo anterior.  PRETENSIONES  Que siendo que este momento de la presentación de este Recurso de Amparo dicha petición de información no ha sido atendida como corresponde, solicito lo siguiente:  Se protejan mis derechos de petición y respuesta y se obligue a la institución y funcionarios indicados a responder dicha solicitud y se ordene al INCOFER a responder sobre la existencia, naturaleza y estado registral de la supuesta línea ferroviaria en ese punto”.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente aduce que el 24 de julio de 2025 remitió una gestión al INCOFER, en la que solicitó información pública. Reprocha que por oficio Incofer-LE-OF-0122-2025 del 4 de agosto de 2025 se le indicó que los hechos se encuentran en litigio en un proceso penal. Reclama que lo solicitado es solo información sobre un supuesto tramo ferroviario. Aclara que el 17 de diciembre de 2025 remitió un nuevo oficio, solicitando la misma información. Reprocha que no se le ha brindado lo requerido. \n\nII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na)    El 24 de julio de 2025, el accionante remitió un correo electrónico a las cuentas ...01 y ...02. En tal ocasión solicitó: “ÚNICO: Se sirva emitir certificación oficial respecto a la existencia, naturaleza, y estado registral de la línea ferroviaria comprendida entre las siguientes coordenadas geográficas bajo el sistema de referencia CRTM05:  Punto Inicial: CRTM05 518.511,052 E, 1.129.267,674 N Punto Final: CRTM05 518.660,046 E, 1.129.272,514 N  Esta sección de la línea corresponde al tramo Carrillo - Río Toro Amarillo, el cual, según documentación histórica, formaba parte del proyecto original de construcción del Ferrocarril al Atlántico.  Adjunto al presente documento un plano de referencia, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), en el cual se han identificado gráficamente las coordenadas antes descritas.  Dicho plano tiene como único propósito ilustrar y ubicar preliminarmente el motivo de la presente solicitud de certificación.  Téngase presente que toda esta información reviste el carácter de información pública y es por lo tanto accesible en su totalidad”. (Ver prueba documental).\n\nb)   Mediante oficio Incofer-LE-OF-0122-2025 del 4 de agosto de 2025, el Departamento Legal de INCONFER le indicó al tutelado: “En atención a su oficio LP-20250724-036 del 24 de julio del 2025, recibido por correo electrónico su persona solicito: Se sirva emitir certificación oficial respecto a la existencia, naturaleza, y estado registral de la línea ferroviaria comprendida entre las siguientes coordenadas geográficas bajo el sistema de referencia CRTM05: Punto Inicial: CRTM05 518.511,052 E, 1.129.267,674 N Punto Final: CRTM05 518.660,046 E, 1.129.272,514 N Esta sección de la línea corresponde al tramo Carrillo - Rio Toro Amarillo, el cual, según documentación histórica, formaba parte-del proyecto original de construcción del Ferrocarril al Atlántico. Adjunto al presente documento un plano de referencia, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en el cual se han identificado gráficamente las coordenadas antes descritas. Dicho plano tiene como único propósito ilustrar y ubicar preliminarmente el motivo de la presente solicitud de certificación. Téngase presente que toda esta información reviste el carácter de información publica y es por lo tanto accesible en su totalidad. En relación con esta certificación informarle que estos hechos se encuentran en litigio bajo los expedientes 11-001840-0485-PE, del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Limón y 23- 000003-1851-PE de la Fiscalía Adjunta Ambiental de Limón, por lo que adolece del carácter de información publica y accesible en su totalidad como nos lo indica su oficio, esto al tenor del Código Procesal Penal en sus artículos 295 siguientes y concordantes que cito: “Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legitimo serán informados por el Ministerio Publico sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motive, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave”. Es en este mismo orden de ideas, como se lo había manifestado anteriormente vía telefónica, este Departamento o la institución en general no puede certificar o dar información de expedientes que se encuentran en litigio en sede judicial, si necesita alguna actuación de nuestra parte o prueba puede realizar la solicitud formal ante el juzgado respective y ellos nos la notificaran si corresponde”. (Ver prueba documental).\n\nc)    El 17 de diciembre de 2025, el recurrente envió un nuevo correo electrónico a las cuentas ...01 y ...02, donde indicó: “Por este medio, me permito indicar que se adjunta pronto despacho, correspondiente a la tercera solicitud relacionada con la solicitud formal de certificación de una sección de la línea ferroviaria, tramo Carrillo - Rio Toro Amarillo. La información solicitada corresponde a datos que deben constar en esa Institución, por lo que solicito pronta respuesta, conforme a mi derecho de petición y respuesta consagrado en la Constitución Política. La presente solicitud se realiza al amparo de la Ley N. 7764, Ley de Certificaciones y Declaraciones Juradas, así como de las atribuciones conferidas al Instituto Costarricense de Ferrocarriles por su Ley Orgánica, Ley N.Telf03, siendo la información requerida de carácter público”. Además, solicitó nuevamente: “Se sirva emitir certificación oficial respecto a la existencia, naturaleza, y estado registral de la línea ferroviaria comprendida entre las siguientes coordenadas geográficas bajo el sistema de referencia CRTM05:  Punto Inicial: CRTM05 518.511,052 E, 1.129.267,674 N Punto Final: CRTM05 518.660,046 E, 1.129.272,514 N”. (Ver prueba documental).\n\nd)   El 16 de febrero de 2026, la autoridad accionada fue notificada de la resolución de curso de este amparo. (Ver actas de notificación).\n\nIII.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, el recurrente aduce que el 24 de julio de 2025 remitió una gestión al INCOFER, en la que solicitó información pública. Reprocha que por oficio Incofer-LE-OF-0122-2025 del 4 de agosto de 2025 se le indicó que los hechos se encuentran en litigio en un proceso penal. Reclama que lo solicitado es solo información sobre un supuesto tramo ferroviario. Aclara que el 17 de diciembre de 2025 remitió un nuevo oficio, solicitó la misma información. Reprocha que no se le ha brindado lo requerido. \n\nDe los autos se desprende que, el 24 de julio de 2025, el accionante remitió un correo electrónico a las cuentas ...01 y ...02. En tal ocasión solicitó: “ÚNICO: Se sirva emitir certificación oficial respecto a la existencia, naturaleza, y estado registral de la línea ferroviaria comprendida entre las siguientes coordenadas geográficas bajo el sistema de referencia CRTM05:  Punto Inicial: CRTM05 518.511,052 E, 1.129.267,674 N Punto Final: CRTM05 518.660,046 E, 1.129.272,514 N  Esta sección de la línea corresponde al tramo Carrillo - Río Toro Amarillo, el cual, según documentación histórica, formaba parte del proyecto original de construcción del Ferrocarril al Atlántico.  Adjunto al presente documento un plano de referencia, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), en el cual se han identificado gráficamente las coordenadas antes descritas.  Dicho plano tiene como único propósito ilustrar y ubicar preliminarmente el motivo de la presente solicitud de certificación.  Téngase presente que toda esta información reviste el carácter de información pública y es por lo tanto accesible en su totalidad”.\n\nPor su parte, mediante oficio Incofer-LE-OF-0122-2025 del 4 de agosto de 2025, el Departamento Legal de INCONFER le indicó al tutelado: “En atención a su oficio LP-20250724-036 del 24 de julio del 2025, recibido por correo electrónico su persona solicito: Se sirva emitir certificación oficial respecto a la existencia, naturaleza, y estado registral de la línea ferroviaria comprendida entre las siguientes coordenadas geográficas bajo el sistema de referencia CRTM05: Punto Inicial: CRTM05 518.Telf01, Telf02 Punto Final: CRTM05 518.660,046 E, Telf04 Esta sección de la línea corresponde al tramo Carrillo - Rio Toro Amarillo, el cual, según documentación histórica, formaba parte-del proyecto original de construcción del Ferrocarril al Atlántico. Adjunto al presente documento un piano de referencia, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en el cual se ban identificado gráficamente las coordenadas antes descritas. Dicho piano tiene como único propósito ilustrar y ubicar preliminarmente el motive de la presente solicitud de certificación. Téngase presente que toda esta información reviste el carácter de información pública y es por lo tanto accesible en su totalidad. En relación con esta certificación informarle que estos hechos se encuentran en litigio bajo los expedientes 11-001840-0485-PE, del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Limón y 23- 000003-1851-PE de la Fiscalía Adjunta Ambiental de Limón, por lo que adolece del carácter de información pública y accesible en su totalidad como nos lo indica su oficio, esto al tenor del Código Procesal Penal en sus artículos 295 siguientes y concordantes que cito: “Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Publico sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motive, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave”. Es en este mismo orden de ideas, como se lo había manifestado anteriormente vía telefónica, este Departamento o la institución en general no puede certificar o dar información de expedientes que se encuentran en litigio en sede judicial, si necesita alguna actuación de nuestra parte o prueba puede realizar la solicitud formal ante el juzgado respective y ellos nos la notificaran si corresponde”.\n\nPosteriormente, el 17 de diciembre de 2025, el recurrente envió un nuevo correo electrónico a las cuentas ...01 y ...02, donde indicó: “Por este medio, me permito indicar que se adjunta pronto despacho, correspondiente a la tercera solicitud relacionada con la solicitud formal de certificación de una sección de la línea ferroviaria, tramo Carrillo - Rio Toro Amarillo. La información solicitada corresponde a datos que deben constar en esa Institución, por lo que solicito pronta respuesta, conforme a mi derecho de petición y respuesta consagrado en la Constitución Política. La presente solicitud se realiza al amparo de la Ley N. 7764, Ley de Certificaciones y Declaraciones Juradas, así como de las atribuciones conferidas al Instituto Costarricense de Ferrocarriles por su Ley Orgánica, Ley N.2 7001, siendo la información requerida de carácter publico”. Además, solicitó nuevamente: “Se sirva emitir certificación oficial respecto a la existencia, naturaleza, y estado registral de la línea ferroviaria comprendida entre las siguientes coordenadas geográficas bajo el sistema de referencia CRTM05:  Punto Inicial: CRTM05 518.511,052 E, 1.129.267,674 N Punto Final: CRTM05 518.660,046 E, 1.129.272,514 N”. El 16 de febrero de 2026, la autoridad accionada fue notificada de la resolución de curso de este amparo.\n\nSobre el particular, resulta menester traer a colación lo dispuesto en sentencia nro. 2020017853 de las 9:20 horas del 18 de setiembre de 2020, donde se resolvió:\n\n“(…) I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente aduce que, de forma injustificada, la Vicerrectora de Docencia de la Universidad de Costa Rica le denegó el acceso a la información requerida el pasado 18 de agosto de 2020,  en concreto, aquella enviada y recibida sobre la carrera marina civil a partir de 1° de julio de 2019 hasta el día de planteada la solicitud y que no forma parte del expediente tramitado en el Ministerio Público. (…)\n\nIII.- ANTECEDENTES DE INTERÉS. Este Tribunal Constitucional, en reiteradas ocasiones, se ha pronunciado con respecto al tema planteado por el tutelado. Así, primeramente, en la Sentencia No. 2019-14405 de las 14:20 hrs. de 1° de agosto de 2019, se indicó lo siguiente:\n\n“(…) 3) Solicitudes interpuestas mediante oficios FPB-053-2019 de 5 de junio de 2019 FPB-054-2019 de 6 de junio de 2019 en la que solicitó que se le remita la información correspondiente a las mayas curriculares que no fueron incluidas, de forma completa, en el documento VD-R-8764-2011: respecto a estas gestiones, se tiene que por oficio VD-2264-2019 de 17 de junio de 2019, la Vicerrectora de Docencia remtió (sic) tales gestiones a la Directora del Centro de Evaluación Académica, lo cual fue notificado al amparado mediante oficio VD-2270-2019 de 17 de junio de 2019, notificado el mismo día. Ahora bien, se constata que la información solicitada por el recurrente, relacionada con la carrera universitaria de Licenciatura en Marina Civil, resulta de relevancia para el proceso penal 19-000140-1218-PE, en la que se investigan supuestos hechos antijurídicos vinculados con la gestión académica y financiera de la carrera. De tal forma, el expediente integral de formación de la carrera citada fue aportado a dicho proceso penal. Por tales motivos, la Vicerrectoría Académica, mediante oficioVD-2411-2019, consultó ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción si la información que consta en el expediente judicial y en el expediente integral de formación de la carrera podría ser facilitada a terceros. No obstante, mediante constancia de las 14:50 horas de 1 de julio de 2019, las autoridades de la Fiscalía indicaron: \"(...) en razón de la causa penal 19-000140-1218-PE, y quienes aportaron como evidencia un CD, con su respectivo respaldo, los cuales indican en su carátula lo siguiente: “Expediente CIENCIAS NÁUTICAS-MARINA CIVIL AL 01/07/2019”, los mismos se dejan a la orden del Fiscal a cargo de la causa investigada. Quedando las partes advertidas, sobre la protección del Derecho a la privacidad de las actuaciones que resguardan tal documentación, ello al tenor del artículo 295 del Código Procesal Penal (...)\". De tal forma, este Tribunal entiende que existe una limitación razonable al acceso de la información solicitada por el recurrente, por lo que, el hecho que no se le haya brindado la misma no resulta un hecho arbitrario de la autoridad recurrida, la cual, a partir de lo indicado por la autoridad judicial, comunicó lo correspondiente. Así, por oficio VD-2432-2019 de 2 de julio de 2019 y que le fue notificada el mismo día al recurrente, la Vicerrectora de Docencia le comunicó a este, en referencia a las solicitudes que planteó en oficios FPB-053-2019 y FPB-054-2019, lo siguiente: “(…) debido al procesos (sic) judicial que se encuentra en el II Circuito Judicial de San José, por el momento la Institución no puede atender la solicitud planteada en virtud de la normativa procesal aplicable (…)”. (El destacado no forma parte del original).\n\nPosteriormente, en el Voto No. 2020-4520 de las 09:30 hrs. de 6 de marzo de 2020, este órgano constitucional expuso:\n\n\"(...) A. Gestiones formuladas mediante oficios Nos. FPB-079-2019 de 31 de octubre de 2019 y FPB-092-2019 de 19 de diciembre de 2019. Consta en autos que a través de tales oficios, el recurrente solicitó al Rector de la Universidad de Costa Rica, en torno a la Carrera de Marina Civil, lo siguiente: “(…) en torno a la carrera de Marina Civil, un registro de todas las comunicaciones enviadas y recibidas hasta hoy (tanto impresas como electrónicas) entre la Rectoría y: 1. la Universidad de Cádiz en España y sus funcionarios, 2. la Sede del Caribe (o Sede de Limón, anteriormente) y sus funcionarios, 3. Otras instancias internas y externas a la Universidad de Costa Rica (…)”. Asimismo, esta Sala tiene por acreditado que pese a que un primer término la autoridad recurrida le hizo saber al recurrente que estaba en proceso de recopilar y entregar los datos requeridos (oficio No. R-7496-2019), lo cierto es que mediante el oficio No. R-97-2020 de 9 de enero de 2020 (notificado de previo a la formulación de este amparo), se le aclaró que, a partir de 19 de junio de 2019, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizaba una investigación bajo el expediente 19- 000140-1218-PE en virtud de la cual el expediente donde consta la información en cuestión debió ser aportado. Asimismo, en esta última ocasión, se le aclaró al tutelado que “(…) de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal, hasta que este proceso no finalice no se podrá aportar otros documentos (…). La justificación para no entregarle la información requerida, en criterio de esta Sala, resulta de recibo. Nótese que, este Tribunal Constitucional, al conocer un asunto planteado en similares términos por el recurrente (en el cual, a su vez, la recurrida indicó que la información requerida no se podía entregar en virtud de lo dispuesto en el ordinal 295 del Código Procesal Penal), señaló lo siguiente (...) (Sentencia No. 2019-14405 de las 14:20 hrs. de 1° de agosto de 2019). Tales consideraciones resultan aplicables al caso de estudio, pues no se observan razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Por consiguiente, el presente amparo merece ser desestimado en lo que a este extremo se refiere. (...)\".(El destacado no forma parte del original).\n\nAsimismo, en la Sentencia No. 2020-8923 de las 09:15 hrs. de 15 de mayo de 2020, esta Sala indicó:\n\n\"(...) III- Sobre la solicitud presentada ante la Vicerrectoría de Docencia, mediante oficio FPB-007-2020 del 24 de enero de 2020.- Después de analizar los elementos probatorios esta Sala acredita que, la información solicitada ante la Vicerrectoría de Docencia por el recurrente, trata sobre la misma temática de la información que ya fue analizada por la Sala bajo el expediente No. 19-012097-0007-CO, recurso de amparo que presentó el mismo recurrente, por lo cual ya existe un criterio, donde la Sala en sentencia No. 2019-014405 de las 14:20 horas del 1° de agosto de 2019, resolvió lo siguiente: “(…) De tal forma, este Tribunal entienden que existe una limitación razonable al acceso de la información solicitada por el recurrente, por lo que, el hecho que no se le haya brindado la misma no resulta un hecho arbitrario de la autoridad recurrida, (…)”. Por lo anterior, debido a que lo solicitado versa sobre una información analizada dentro de la causa penal abierta en proceso de investigación bajo el expediente 19-000140-1218-PE, al amparado se le debe reiterar el criterio de la sentencia antedicha. No obstante, si el recurrente lo que pretende es manifestar su inconformidad con lo resuelto podrá alegar el acceso al expediente ante la sede administrativa, o sea la Universidad de Costa Rica, la cual ya gestionó –ante  la  Fiscalía correspondiente criterio para ver si procede o no brindar la información solicitada –  o ante la Fiscalía respectiva que tramita la causa penal, vías en las cuales el recurrente deberá alegar su derecho a tener acceso sobre la información que se encuentra bajo investigación; en consecuencia con respecto a este extremo el recurso debe desestimarse (...)\". (El destacado no forma parte del original).\n\nDe forma más reciente, en el Voto No. 2020-14985 de las 09:30 hrs. de 11 de agosto de 2020, el Tribunal Constitucional señaló:\n\n\"(...) III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios esta Sala acredita que el amparado, mediante FPB-022-2020 y que fue recibido el 18 de julio de 2020, interpuso solicitud de información ante la Vicerrectora de Docencia de la UCR, en los siguientes términos: \"(…) 1. El informe de labores de la Dra. Marlen León Guzmán, anterior vicerrectora de Docencia de la Universidad de Costa Rica; 2. Un informe de todas las gestiones realizadas por la Vicerrectoría de Docencia en torno a la carrera de Marina Civil, durante el período comprendido entre enero y julio de 2020; y una copia de toda la documentación generada que verse sobre dicha carrera; 3. Indicarme si la denuncia presentada por la Vicerrectoría de Docencia ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción; bajo el expediente No. 19-000140-1218-PE aún se encuentra en su fase preparatoria (…)\". En atención a dicha gestión, el 22 de julio de 20202, mediante el oficio VD-2723-2020, la recurrida dio respuesta al recurrente, indicando lo siguiente: “(…) De la manera más atenta le saludo y en atención a la nota FPB-022-2020 que solicita una serie de informes y documentos hago de su estimable conocimiento lo siguiente: Sobre la solicitud del informe de labores de la Dra. Marlen León Guzmán, anterior Vicerrectora de Docencia de la Universidad de Costa Rica, adjunto se remite el oficio VD-1410-2020 que contiene dicho informe y sus anexos. Con relación a la solicitud de un informe de todas las gestiones realizadas por la Vicerrectoría de Docencia en torno a la carrera de Marina Civil, durante el período comprendido entre enero y julio de 2020 y una copia de toda la documentación generada que verse sobre dicha carrera, le comunico que no es posible brindarle esa información porque es confidencial, debido a que se encuentra en investigación en el proceso penal #19-0001401218-PE de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y como también así lo reconoció la Sala Constitucional en Sentencia No. 14405 del 1 de agosto del 2019. Con relación al estado de la denuncia presentada por la Vicerrectoría de Docencia ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción bajo el expediente N.° 19-000140-1218-PE, le informo que no es posible brindarle dicha información, dado que es confidencial y la investigación penal concierne solamente a las partes del dicho proceso, por lo que no es de acceso público (...)”. A partir de lo anterior, se constata que la autoridad recurrida dio respuesta oportuna a la gestión presentada por el recurrente, siendo que incluso se le brindó la información solicitada en los puntos 1 y 3 de la petición (informe de labores de la anterior Vicerrectora de Docencia y el estado en que se encuentra el proceso penal No. 19-000140-1218-PE). En atención a estos, al amparado se le remitió al informe de labores emitido por la anterior Vicerrectora de Docencia de la universidad y se le indicó que el proceso penal se encuentra en investigación en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y que no se le podría brindar mayor información en función de la confidencialidad del proceso penal. No obstante, en cuanto al punto segundo de la gestión supra citada, al amparado se le indicó que resulta improcedente brindarle lo peticionado, pues es información que forma parte de una investigación penal, lo cual, a criterio de este Tribunal, resulta ser una limitación razonable en cuando al acceso a la información solicitada. En todo caso, sobre el reproche incoado por el recurrente en referencia a este aspecto, ya este Tribunal ha validado que no se le entregue la información precisamente por las razones expuestas en la respuesta de la recurrida, tal como se resolvió en Sentencias No. 2019-014405 de las 14:20 horas de 1 de agosto de 2019 y No. 2020-008923 de las 09:15 horas de 15 de mayo de 2020, en las que se indicó: “(…) De tal forma, este Tribunal entienden que existe una limitación razonable al acceso de la información solicitada por el recurrente, por lo que, el hecho que no se le haya brindado la misma no resulta un hecho arbitrario de la autoridad recurrida, (…)”. Por lo anterior, debido a que lo solicitado versa sobre una información analizada dentro de la causa penal abierta en proceso de investigación bajo el expediente 19-000140-1218-PE, al amparado se le debe reiterar el criterio de la sentencia antedicha. No obstante, si el recurrente lo que pretende es manifestar su inconformidad con lo resuelto podrá alegar el acceso al expediente ante la sede administrativa, o sea la Universidad de Costa Rica, la cual ya gestionó –ante la Fiscalía correspondiente criterio para ver si procede o no brindar la información solicitada – o ante la Fiscalía respectiva que tramita la causa penal, vías en las cuales el recurrente deberá alegar su derecho a tener acceso sobre la información que se encuentra bajo investigación. En consecuencia, el recurso debe desestimarse (...)\". (El destacado no forma parte del original).\n\n              IV.- CASO CONCRETO. El tutelado acude en amparo y acusa una vez más que la Vicerrectora de Docencia de la Universidad de Costa Rica se ha negado injustificadamente a brindarle la información requerida relacionada con la carrera marina civil, específicamente, aquella documentación enviada y recibida por dicha autoridad desde el 1° de julio de 2019 a la fecha de presentada la gestión (18 de agosto de 2020) que no forma parte del expediente custodiado por el Ministerio Público. Indica que la parte recurrida argumentó, para denegar dicho acceso, el hecho que los datos requeridos se encuentran bajo investigación, conforme el proceso penal No. 19-0001401218-PE tramitado en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Sin embargo, alega que la Fiscal a cargo de tal proceso le indicó que solamente no puede acceder a los datos que integren la causa penal y que, con respecto al resto de información que no se encuentre en el expediente, \"(...) no le podría decir si son confidenciales o no, o bajo que (sic) norma le están negando la información (…)\". Afirma que, en consecuencia, a la única información a la que le alcanza la limitación de acceso establecida en el artículo 295 del Código Procesal Penal, es la que forma parte del expediente. Sin embargo, aclara que la información requerida no forma parte de esa investigación, por lo que se le debió proporcionar. Así las cosas, solicita que se declare con lugar el recurso y se le ordene a la recurrida entregarle la información requerida por oficio No. FPB-030-2020.\n\nPor su parte, la Vicerrectora de Docencia de la Universidad de Costa Rica, en la respuesta brindada con motivo de este amparo, informó bajo juramento y de manera categórica -con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que la información solicitada no se brindó (tal y como se le expuso al tutelado en el oficio No. VD-3170-2020), ya que es confidencial y está protegida por la privacidad que le otorga el artículo 295 del Código Penal, en el tanto se encuentra en investigación conforme el proceso penal No. 19-0001401218-PE de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.  Expresamente, dicha autoridad sostuvo que \"(...) lo solicitado por el recurrente continúa formando parte de la investigación y la denuncia interpuesta y del procedimiento preparatorio penal (...)\". Igualmente, tal autoridad señaló en su informe (y así también lo indicó en el referido oficio No. VD-3170-2020),  que la Fiscalía, en la respuesta brindada al recurrente, no le suministró a este información ni le autorizó tener acceso a uno de los documentos en concreto.\n\nRevisados los argumentos expuestos por ambas partes, así como las pruebas allegadas a los autos, esta Sala no estima que exista mérito para declarar con lugar este proceso de amparo y acoger la pretensión formulada. Esto, por las razones puntuales que se dirán a continuación.\n\nEn primer término, debe observar el recurrente que la justificación brindada por la Vicerrectora de Docencia de la Universidad de Costa Rica  para no brindarle la documentación que ha solicitado resulta de recibo para este órgano constitucional. Nótese que -tal y como se ha sostenido y se le ha explicado reiteradamente al tutelado-, en el tanto la información en cuestión forme parte de un proceso penal, concretamente, de su etapa preparatoria, su acceso se encuentra restringido para terceros (como lo es su persona), conforme lo dispuesto en el ordinal 295 del Código Procesal Penal. Así las cosas, el criterio expuesto y ampliamente explicado, sobre el particular, en los precedentes supra transcritos, se encuentra vigente y resulta nuevamente aplicable para resolver este proceso de amparo.\n\nDe otra parte, cabe destacar -como bien lo señala la parte recurrida-, que en autos no se acreditó que las autoridades del Ministerio Público -ante la consulta planteada por el recurrente al respecto-, hayan señalado que algún documento en particular sobre el caso bajo estudio no sea confidencial o bien, deba serle suministrado al gestionante. Al realizar una lectura íntegra de la respuesta brindada al tutelado el 18 de agosto de 2020 por la Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, no se puede desprender un hecho como tal.\n\nAdemás, es importante tomar en cuenta que aún cuando la Fiscal señaló en tal respuesta que no podría decir si el resto de informaciones que no están en el expediente son o no confidenciales (en caso claramente que estas existieran) y que el tutelado afirma que lo requerido no forma parte del expediente penal en cuestión, lo cierto es que la Vicerrectora de Docencia de la Universidad de Costa Rica -tal y como se dijo supra-, aseveró a esta Sala que toda la documentación requerida recientemente por el recurrente sí forma parte de la investigación penal, por lo que la continúa cubriendo lo dispuesto en el citado ordinal 295 del Código Procesal Penal y, en consecuencia, según se explicó, no resulta posible serle entregada.\n\nFinalmente, resulta menester aclarar que -frente a las circunstancias propias que rodean este caso en particular-, este Tribunal Constitucional se ve imposibilitado, a través de este proceso sumario de amparo, de cuestionar y desvirtuar el dicho de la parte recurrida en cuanto a la información referente a la carrera marina civil que existe agregada actualmente al proceso penal. Por ende, si el tutelado así lo desea, tiene la posibilidad de acudir a otras instancias de legalidad ordinarias a formular los alegatos y disconformidades que posea sobre este punto en concreto. \n\nBajo dicha inteligencia, al no poderse verificar en la especie una violación a los derechos fundamentales del tutelado, lo que procede es desestimar el presente proceso de amparo. (…)\n\nPOR TANTO:\n\n              Se declara sin lugar el recurso”. (El resaltado no es del original).\n\n  \n\nAsí las cosas, no se aprecia que la respuesta que le brindó la autoridad recurrida al accionante transgreda sus derechos fundamentales, pues lo requerido, según se le aclaró al tutelado, se encuentra relacionada con los procesos penales que se tramitan en las sumarias nros. 11-001840-0485-PE y 23- 000003-1851-PE. Incluso, se le manifestó al petente que, en caso de requerir información al respecto, su gestión debía ser dirigida directamente al Ministerio Público, a los efectos de que ahí se resolviera lo correspondiente. De ahí que se descarte alguna arbitrariedad que amerite la intervención de este Tribunal.\n\nAdemás, respecto a la gestión del 17 de diciembre de 2025, se observa que es una mera reiteración de las solicitudes anteriores, las cuales, como se indicó supra, ya fueron atendidas por el recurrido desde el oficio Incofer-LE-OF-0122-2025 del 4 de agosto de 2025.\n\nCon base en lo anterior, la Sala no encuentra mérito alguno para variar el criterio vertido en los precedentes transcritos. En consecuencia, procede declarar sin lugar el recurso.\n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n \n\n Se declara sin lugar el recurso.\n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n OJ43ASCR43HVS61\n\nEXPEDIENTE N° 26-004274-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf05/ ALA-4TA (Telf06). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:53:50.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Resolution No. 07392 - 2026\n\nDate of Resolution: 27 of February of 2026 at 09:30\n\nCase File: 26-004274-0007-CO\n\nDrafted by: Ingrid Hess Herrera\n\nType of matter: Amparo remedy\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\nText of the resolution\n\n\n\nExp: 26-004274-0007-CO\n\nRes. No. 2026007392\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-seventh of February of two thousand twenty-six.\n\nAmparo remedy processed in case file number 26-004274-0007-CO, filed by Nombre01, identification card CED01, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER).\n\nResultando:\n\n1.- By written brief incorporated into the digital case file on February 6, 2026, the petitioner files an amparo remedy. States that on July 24, 2025, he sent a request to INCOFER, in which he requested public information. Criticizes that by official letter Incofer-LE-OF-0122-2025 of August 4, 2025, he was told that the facts are in litigation in a criminal proceeding. Complains that what was requested is only information about a supposed railway section. Clarifies that on December 17, 2025, he sent a new official letter, requesting the same information. Criticizes that he has not been provided with what was requested.\n\n2.- By resolution of the Chamber at 12:03 hours on February 11, 2026.\n\n3.- Reports under oath Mario Granados Barzuna, in his capacity as head of the Legal Department of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles. States: “BACKGROUND: FIRST: That I was notified, on February 16, 2026, of the amparo remedy filed by Nombre01, against the undersigned, summarized below: “(…) that by email sent on July 24, 2025, to accounts ...01 and ...02, he forwarded official letter LP-20250724-36 where he requested “Please issue an official certification regarding the existence, nature, and registral status of the railway line comprised between the following geographic coordinates under the CRTM05 reference system: Initial Point: CRTM05518.511,052E, 1,129,267.674N Final Point: CRTM05518,660.046E, 1,129,272.514N. This section of the line corresponds to the Carrillo – Toro Amarillo segment, which, according to historical documentation, was part of the original construction project of the Ferrocarril al Atlántico. Attached to this document is a reference plan, prepared by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), in which the coordinates described above have been geographically identified. Said plan has the sole purpose of illustrating and preliminarily locating the reason for this certification request.” Says that this request was answered with official letter Incofer- LE-OF-0122-2025, of August 4, 2025, in which a series of evasions are recorded to avoid responding to the information requested, namely: a) it indicates that those “facts” (which facts?) are in litigation under Case Files No. 11-001840-0485-PE of the Trial Court of the II Judicial Circuit of Limón and No. 23-000003-1851-PE of the Fiscalía Adjunta Ambiental de Limón and that due to the supposed privacy of the proceedings established by numeral 295 of the Código Procesal Penal, that certification or information cannot be provided(…)”. SECOND: That he continues expressing in a second point the following verbatim: “(…) in criminal proceedings, conducts considered a crime are resolved, while what is REQUESTED IS INFORMATION ABOUT A SUPPOSED RAILWAY SECTION, which is evidently public information and should be within INCOFER's archives (…)”. THIRD: That consequently, he mentions as a third point what is transcribed here: “(…) That, upon not having been provided the information requested, I reiterate the request pointing out the inherent flaws of the previous response indicated, through Official Letter number LP-20251217-058, of December 17, 2025, to email ...01 of Lic. Tresyan Rojas Ravine and with a copy to email ...02 of official Marielos López Matamoros, the latter having acknowledged receipt through the attached email (…)”. FOURTH: That the Instituto Costarricense de Ferrocarriles always responds within its competence, under the principle of legality that supports it, in view of which, the following is set forth as grounds: ON INCOFER'S POSITION: By virtue of what has been indicated, INCOFER, constitutionally, finds protection in accordance with article 121 paragraph 14, for which reason it is responsible for safeguarding the right-of-way according to the Ley General de Ferrocarriles N°5066 and the Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles N°7001, whose objective is stated below in its article 3 paragraph a): “(…) a) Strengthen the country's economy through the administration of a modern railway transportation system for passenger and freight service throughout the national territory. In addition, it may provide services related to said system and develop other investments and infrastructure works on properties it owns, or, by prior agreement between the parties, on properties of other public institutions, municipal service companies, rural electrification cooperatives and their consortiums, regulated in Law No. 8345, Participation of Rural Electrification Cooperatives and Municipal Public Service Companies in National Development, of February 26, 2003, and its reforms, necessary for the construction, operation, and maintenance of the railway system. Likewise, it may develop on properties it owns other investments or works that generate resources to finance its rail transport projects, as long as said activities do not affect the provision of the transport services under its charge (…)”. Therefore, based additionally on the basis of article 1° of the Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana N°9366, it respectively promotes strengthening the country's economy through the administration of a modern railway transportation system for passenger and freight service throughout the national territory, such that providing those specific services is the main basis of our activity. Regarding the amparo remedy and with respect to the allegations made by the appellant, about the transcribed First fact below, he says: “(…) please issue an official certification regarding the existence, nature, and registral status of the railway line comprised between the following connections with said system and develop other investments and infrastructure works on properties it owns, or, by prior agreement between the parties, of other public institutions, municipal service companies, rural electrification cooperatives and their consortiums, regulated in Law No. 8345, Participation of Rural Electrification Cooperatives and Municipal Public Service Companies in National Development, of February 26, 2003, and its reforms, necessary for the construction, operation, and maintenance of the railway system. Likewise, it may develop on properties it owns other investments or works that generate resources to finance its rail transport projects, as long as said activities do not affect the provision of the transport services under its charge (…)”. Therefore, based additionally on the basis of article 1° of the Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana N°9366, it respectively promotes strengthening the country's economy through the administration of a modern railway transportation system for passenger and freight service throughout the national territory, such that providing those specific services is the main basis of our activity. Regarding the amparo remedy and with respect to the allegations made by the appellant, about the transcribed First fact below, he says: “(…) please issue an official certification regarding the existence, nature, and registral status of the railway line comprised between the following certifications that describe registral statuses, nor does it carry out, within its scope of competencies, cadastral registry procedures for plans, in systems that correspond to the entity in charge of the cadastre of plans, evidencing that this registrally speaking would correspond to the Catastro Nacional, so the consultation you require regarding the registral-cadastral aspects should be directed to that entity. Now, regarding the Second and Third facts of what was expressed by the respondent, it must be clarified that within the legal term, the information requested was provided to the appellant here once the consultation was submitted through the emails indicated by the appellant. The Legal Department of INCOFER, through official letter Incofer-LE-OF- 0122-2025 dated August 4, 2025, responded to the appellant here, and addressed the consultation raised, as it has been well indicated there is an open case under Case Files No. 23-000003- 1851-PE, of the Trial Court of the II Judicial Circuit of Limón and No. 23- 000003-1851-PE of the Fiscalía Adjunta Ambiental de Limón, for which reason, it is deemed prudent that if you require any document, you request it from the Trial Court or the Prosecutor's Office, which have the competence and certifying authority, within the case being processed in said judicial venue. Regarding the email for a request for information to be sent to users, the appellant is informed that the INCOFER Legal Department's official means for receiving information requests are the email addresses: ...03 and ...04. Although the appellant sent the same request to other emails, his request was addressed in time”.\n\n4.- By written brief incorporated into the digital case file on February 23, 2026, the appellant states: “ That the response is evasive and does not refer to the same “response” with other legal arguments put forward, which were the existence of some criminal proceedings to avoid answering. My initial request, from the beginning, has been the following: “…Please issue an official certification regarding the existence, nature, and registral status of the railway line comprised between the following geographic coordinates under the CRTM05 reference system: Initial Point: CRTM05 518.Telf01, Telf02 Final Point: CRTM05 518,660.046 E, 1,129,272.514 N This section of the line corresponds to the Dirección01 segment – which, according to historical documentation, was part of the original construction project of the Ferrocarril al Atlántico. Attached to this document is a reference plan, prepared by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), in which the coordinates described above have been graphically identified. Said plan has the sole purpose of illustrating and preliminarily locating the reason for this certification request. Bear in mind that all this information is of a public nature and is therefore entirely accessible…” That is, what is intended with this request is that at the georeferenced point with the indicated plan - which serves as location support - INCOFER, within its competencies, should state the existence, nature, and registral status of the supposed railway line at that point, which is clearly evaded from responding by the respondent authority and in this case using another argument that differs entirely from the first evasive response, in which it was indicated that: “(…) that those “facts” (which facts?) are in litigation under case files No. 11-001840-0485-PE of the Trial Court of the II Judicial Circuit of Limón and No. 23-000003-1851-PE of the Fiscalía Adjunta Ambiental de Limón and that due to the supposed privacy of the proceedings established by numeral 295 of the Código Procesal Penal, that certification or information cannot be provided (…)”. The above is completely wrong, first, they are not facts; second, in criminal proceedings, conducts considered a crime are resolved, while what is REQUESTED IS INFORMATION ABOUT A SUPPOSED RAILWAY SECTION, which is evidently public information and should be within INCOFER’s archives. This is what is clearly indicated in the present remedy, that the above be answered. CLAIMS That at this moment of the filing of this Amparo Remedy, said petition for information has not been addressed as appropriate, I request the following: That my rights of petition and response be protected and that the institution and officials indicated be compelled to respond to said request and that INCOFER be ordered to respond regarding the existence, nature, and registral status of the supposed railway line at that point”.\n\n5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Hess Herrera; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJECT OF THE REMEDY. The appellant claims that on July 24, 2025, he sent a request to INCOFER, in which he requested public information. Criticizes that by official letter Incofer-LE-OF-0122-2025 of August 4, 2025, he was told that the facts are in litigation in a criminal proceeding. Complains that what was requested is only information about a supposed railway section. Clarifies that on December 17, 2025, he sent a new official letter, requesting the same information. Criticizes that he has not been provided with what was requested.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed as duly demonstrated:\n\na) On July 24, 2025, the petitioner sent an email to accounts ...01 and ...02. On this occasion he requested: “ONE: Please issue an official certification regarding the existence, nature, and registral status of the railway line comprised between the following geographic coordinates under the CRTM05 reference system: Initial Point: CRTM05 518,511.052 E, 1,129,267.674 N Final Point: CRTM05 518,660.046 E, 1,129,272.514 N This section of the line corresponds to the Carrillo - Río Toro Amarillo segment, which, according to historical documentation, was part of the original construction project of the Ferrocarril al Atlántico. Attached to this document is a reference plan, prepared by the Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), in which the coordinates described above have been graphically identified. Said plan has the sole purpose of illustrating and preliminarily locating the reason for this certification request. Bear in mind that all this information is of a public nature and is therefore entirely accessible”. (See documentary evidence).\n\nb) Through official letter Incofer-LE-OF-0122-2025 of August 4, 2025, the Legal Department of INCOFER indicated to the protected party: “In response to your official letter LP-20250724-036 of July 24, 2025, received by email, your person requested: Please issue an official certification regarding the existence, nature, and registral status of the railway line comprised between the following geographic coordinates under the CRTM05 reference system: Initial Point: CRTM05 518,511.052 E, 1,129,267.674 N Final Point: CRTM05 518,660.046 E, 1,129,272.514 N This section of the line corresponds to the Carrillo - Rio Toro Amarillo segment, which, according to historical documentation, was part of the original construction project of the Ferrocarril al Atlántico. Attached to this document is a reference plan, prepared by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), in which the coordinates described above have been graphically identified. Said plan has the sole purpose of illustrating and preliminarily locating the reason for this certification request. Bear in mind that all this information is of a public nature and is therefore entirely accessible. In relation to this certification, inform you that these facts are in litigation under case files 11-001840-0485-PE, of the Trial Court of the II Judicial Circuit of Limón and 23- 000003-1851-PE of the Fiscalía Adjunta Ambiental de Limón, therefore it lacks the nature of public information and is not entirely accessible as indicated in your letter, this in accordance with the Código Procesal Penal in its articles 295 and subsequent and concordant ones that I cite: “Privacidad de las actuaciones The preparatory procedure shall not be public for third parties. The proceedings may only be examined by the parties, directly or through their representatives. Lawyers who invoke a legitimate interest shall be informed by the Ministerio Público about the fact being investigated and about the accused or detainees that exist, so that they can decide whether to accept participation in the case. The parties, the officials who participate in the investigation, and the other persons who, for any reason, have knowledge of the completed proceedings, shall have the obligation to maintain secrecy. Failure to comply with this obligation shall be considered a serious fault”. It is in this same vein, as you were previously told by phone, this Department or the institution in general cannot certify or give information about case files that are in litigation in a judicial venue; if you need any action from us or evidence you can make the formal request before the respective court and they will notify us if applicable”. (See documentary evidence).\n\nc) On December 17, 2025, the appellant sent a new email to accounts ...01 and ...02, where he stated: “Through this means, I allow myself to indicate that a prompt dispatch is attached, corresponding to the third request related to the formal request for certification of a section of the railway line, Carrillo - Rio Toro Amarillo segment. The information requested corresponds to data that must be on record in that Institution, for which reason I request a prompt response, in accordance with my right of petition and response enshrined in the Constitución Política. This request is made under Ley N. 7764, Ley de Certificaciones y Declaraciones Juradas, as well as the powers conferred on the Instituto Costarricense de Ferrocarriles by its Ley Orgánica, Ley N. Telf03, the requested information being of a public nature”. Additionally, he requested again: “Please issue an official certification regarding the existence, nature, and registral status of the railway line comprised between the following geographic coordinates under the CRTM05 reference system: Initial Point: CRTM05 518,511.052 E, 1,129,267.674 N Final Point: CRTM05 518,660.046 E, 1,129,272.514 N”. (See documentary evidence).\n\nd) On February 16, 2026, the respondent authority was notified of the resolution granting this amparo. (See notification records).\n\nIII.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant claims that on July 24, 2025, he sent a request to INCOFER, in which he requested public information. Criticizes that by official letter Incofer-LE-OF-0122-2025 of August 4, 2025, he was told that the facts are in litigation in a criminal proceeding. Complains that what was requested is only information about a supposed railway section. Clarifies that on December 17, 2025, he sent a new official letter, requested the same information. Criticizes that he has not been provided with what was requested.\n\nFrom the case records it is evident that, on July 24, 2025, the petitioner sent an email to accounts ...01 and ...02. On this occasion he requested: “ONE: Please issue an official certification regarding the existence, nature, and registral status of the railway line comprised between the following geographic coordinates under the CRTM05 reference system: Initial Point: CRTM05 518,511.052 E, 1,129,267.674 N Final Point: CRTM05 518,660.046 E, 1,129,272.514 N This section of the line corresponds to the Carrillo - Río Toro Amarillo segment, which, according to historical documentation, was part of the original construction project of the Ferrocarril al Atlántico. Attached to this document is a reference plan, prepared by the Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), in which the coordinates described above have been graphically identified. Said plan has the sole purpose of illustrating and preliminarily locating the reason for this certification request. Bear in mind that all this information is of a public nature and is therefore entirely accessible”.\n\nFor its part, through official letter Incofer-LE-OF-0122-2025 of August 4, 2025, the Legal Department of INCOFER indicated to the protected party: “In response to your official letter LP-20250724-036 of July 24, 2025, received by email, your person requested: Please issue an official certification regarding the existence, nature, and registral status of the railway line comprised between the following geographic coordinates under the CRTM05 reference system: Initial Point: CRTM05 518.Telf01, Telf02 Final Point: CRTM05 518,660.046 E, Telf04 This section of the line corresponds to the Carrillo - Rio Toro Amarillo segment, which, according to historical documentation, was part of the original construction project of the Ferrocarril al Atlántico. Attached to this document is a reference plan, prepared by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), in which the coordinates described above have been graphically identified. Said plan has the sole purpose of illustrating and preliminarily locating the reason for this certification request. Bear in mind that all this information is of a public nature and is therefore entirely accessible. In relation to this certification, inform you that these facts are in litigation under case files 11-001840-0485-PE, of the Trial Court of the II Judicial Circuit of Limón and 23- 000003-1851-PE of the Fiscalía Adjunta Ambiental de Limón, therefore it lacks the nature of public information and is not entirely accessible as indicated in your letter, this in accordance with the Código Procesal Penal in its articles 295 and subsequent and concordant ones that I cite: “Privacidad de las actuaciones The preparatory procedure shall not be public for third parties. The proceedings may only be examined by the parties, directly or through their representatives. Lawyers who invoke a legitimate interest shall be informed by the Ministerio Público about the fact being investigated and about the accused or detainees that exist, so that they can decide whether to accept participation in the case. The parties, the officials who participate in the investigation, and the other persons who, for any reason, have knowledge of the completed proceedings, shall have the obligation to maintain secrecy. Failure to comply with this obligation shall be considered a serious fault”. It is in this same vein, as you were previously told by phone, this Department or the institution in general cannot certify or give information about case files that are in litigation in a judicial venue; if you need any action from us or evidence you can make the formal request before the respective court and they will notify us if applicable”.\n\nSubsequently, on December 17, 2025, the appellant sent a new email to accounts ...01 and ...02, where he stated: “Through this means, I allow myself to indicate that a prompt dispatch is attached, corresponding to the third request related to the formal request for certification of a section of the railway line, Carrillo - Rio Toro Amarillo segment. The information requested corresponds to data that must be on record in that Institution, for which reason I request a prompt response, in accordance with my right of petition and response enshrined in the Constitución Política. This request is made under Ley N. 7764, Ley de Certificaciones y Declaraciones Juradas, as well as the powers conferred on the Instituto Costarricense de Ferrocarriles by its Ley Orgánica, Ley N.2 7001, the requested information being of a public nature”. Additionally, he requested again: “Please issue an official certification regarding the existence, nature, and registral status of the railway line comprised between the following geographic coordinates under the CRTM05 reference system: Initial Point: CRTM05 518,511.052 E, 1,129,267.674 N Final Point: CRTM05 518,660.046 E, 1,129,272.514 N”. On February 16, 2026, the respondent authority was notified of the resolution granting this amparo.\n\nOn this matter, it is necessary to bring forth what was stipulated in judgment no. 2020017853 of 9:20 hours on September 18, 2020, where it was resolved:\n\n“(…) I.- OBJECT OF THE REMEDY. The appellant claims that, unjustifiably, the Vice-Rector of Teaching of the Universidad de Costa Rica denied him access to the information required on August 18, 2020, specifically, that sent and received about the Civil Marina career from July 1, 2019 until the day the request was filed and which is not part of the case file processed in the Ministerio Público. (…)\n\nIII.- BACKGROUND OF INTEREST. This Constitutional Court, on repeated occasions, has ruled regarding the issue raised by the protected party. Thus, firstly, in Judgment No. 2019-14405 of 14:20 hrs. on August 1, 2019, the following was indicated:\n\n“(…) 3) Requests filed through official letters FPB-053-2019 of June 5, 2019 and FPB-054-2019 of June 6, 2019 in which he requested the information corresponding to the curricular frameworks that were not included, completely, in document VD-R-8764-2011: regarding these requests, it is noted that by official letter VD-2264-2019 of June 17, 2019, the Vice-Rector of Teaching forwarded such requests to the Director of the Centro de Evaluación Académica, which was notified to the amparo petitioner through official letter VD-2270-2019 of June 17, 2019, notified the same day. Now, it is verified that the information requested by the appellant, related to the university degree program of Licenciatura en Marina Civil, is of relevance for criminal proceeding 19-000140-1218-PE, in which presumed unlawful acts linked to the academic and financial management of the degree program are investigated. In such form, the integral case file of the cited degree program's formation was provided to said criminal proceeding. For these reasons, the Vicerrectoría Académica, through official letter VD-2411-2019, consulted the Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción whether the information contained in the judicial file and in the integral case file of the degree program's formation could be provided to third parties. However, through certification of 14:50 hours on July 1, 2019, the authorities of the Prosecutor's Office indicated: \\\"(...) by reason of criminal case 19-000140-1218-PE, and those who provided as evidence a CD, with its respective backup, which indicate on their cover the following: “Expediente CIENCIAS NÁUTICAS-MARINA CIVIL AL 01/07/2019,” they are left at the disposal of the Prosecutor in charge of the investigated case. The parties being warned, about the protection of the Right to privacy of the proceedings that such documentation safeguards, this in accordance with article 295 of the Código Procesal Penal (...)\\\". In this way, this Court understands that there is a reasonable limitation on access to the information requested by the appellant, so that the fact that it has not been provided to him is not an arbitrary act of the respondent authority, which, based on what was indicated by the judicial authority, communicated the corresponding information. Thus, through official letter VD-2432-2019 of July 2, 2019, which was notified to the appellant the same day, the Vice-Rector of Teaching communicated to him, with reference to the requests he raised in official letters FPB-053-2019 and FPB-054-2019, the following: “(…) due to the judicial process pending before the II Judicial Circuit of San José, for the moment the Institution cannot address the request raised by virtue of the applicable procedural regulations (…)”. (The highlighting does not form part of the original).\n\nSubsequently, in Voto No. 2020-4520 of 09:30 hrs. on March 6, 2020, this constitutional body set forth:\n\n\\\"(...) A. Requests formulated through official letters Nos. FPB-079-2019 of October 31, 2019 and FPB-092-2019 of December 19, 2019. It is on record in the case file that through such official letters, the appellant requested from the Rector of the Universidad de Costa Rica, regarding the Marina Civil Career, the following: “(…) regarding the Marina Civil career, a registry of all communications sent and received to date (both printed and electronic) between the Rector's Office and: 1. the Universidad de Cádiz in Spain and its officials, 2. the Sede del Caribe (or Sede de Limón, formerly) and its officials, 3. Other internal and external bodies to the Universidad de Costa Rica (…)”.\n\nLikewise, this Chamber deems it established that although initially the respondent authority informed the petitioner that it was in the process of compiling and delivering the required data (official communication No. R-7496-2019), the truth is that through official communication No. R-97-2020 of January 9, 2020 (notified prior to the filing of this amparo), it was clarified that, as of June 19, 2019, the Deputy Prosecutor's Office for Probity, Transparency and Anti-Corruption (Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción) was conducting an investigation under case file 19-000140-1218-PE, by virtue of which the file containing the information in question had to be provided. Likewise, on that last occasion, it was clarified to the protected party that \"(…) in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), until this proceeding concludes, other documents may not be provided (…). The justification for not providing the requested information, in the opinion of this Chamber, is acceptable. Note that this Constitutional Court, in addressing a matter raised in similar terms by the petitioner (in which, in turn, the respondent indicated that the requested information could not be provided by virtue of the provisions of article 295 of the Code of Criminal Procedure), stated the following (...) (Judgment No. 2019-14405 of 2:20 p.m. on August 1, 2019). Such considerations are applicable to the case under study, as no reasons are observed to vary the criterion set forth in said judgment, nor reasons that would lead to a different assessment of the situation raised. Consequently, this amparo must be dismissed with regard to this point. (...).\" (The highlighting is not part of the original).\n\nLikewise, in Judgment No. 2020-8923 of 9:15 a.m. on May 15, 2020, this Chamber stated:\n\n\"(...) III- Regarding the request submitted before the Vice-Rector's Office for Academic Affairs (Vicerrectoría de Docencia), through official communication FPB-007-2020 of January 24, 2020.- After analyzing the evidentiary elements, this Chamber establishes that the information requested before the Vice-Rector's Office for Academic Affairs by the petitioner concerns the same subject matter as the information already analyzed by the Chamber under case file No. 19-012097-0007-CO, an amparo remedy filed by the same petitioner, for which a criterion already exists, where the Chamber in judgment No. 2019-014405 of 2:20 p.m. on August 1, 2019, resolved the following: “(…) Thus, this Court understands that there exists a reasonable limitation on access to the information requested by the petitioner, therefore, the fact that it was not provided to him does not constitute an arbitrary act by the respondent authority, (…)”. Due to the foregoing, because what is requested concerns information analyzed within the criminal case opened in an investigation process under case file 19-000140-1218-PE, the criterion of the aforementioned judgment must be reiterated to the protected party. Nevertheless, if what the petitioner intends is to express his disagreement with what was resolved, he may allege access to the file before the administrative headquarters, that is, the University of Costa Rica (Universidad de Costa Rica), which has already sought – from the corresponding Prosecutor's Office (Fiscalía) – a criterion to see whether or not it is appropriate to provide the requested information – or before the respective Prosecutor's Office (Fiscalía) handling the criminal case, avenues in which the petitioner must assert his right to have access to the information that is under investigation; consequently, with respect to this point, the remedy must be dismissed (...).\" (The highlighting is not part of the original).\n\nMore recently, in Ruling No. 2020-14985 of 9:30 a.m. on August 11, 2020, the Constitutional Court stated:\n\n\"(...) III.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements, this Chamber establishes that the protected party, through FPB-022-2020 which was received on July 18, 2020, filed a request for information before the Vice-Rector for Academic Affairs of the UCR, in the following terms: \"(…) 1. The work report of Dr. Marlen León Guzmán, former Vice-Rector for Academic Affairs of the University of Costa Rica; 2. A report of all actions taken by the Vice-Rector's Office for Academic Affairs regarding the Civil Marine degree program, during the period between January and July 2020; and a copy of all generated documentation pertaining to said degree program; 3. Inform me whether the complaint filed by the Vice-Rector's Office for Academic Affairs with the Deputy Prosecutor's Office for Probity, Transparency and Anti-Corruption under case file No. 19-000140-1218-PE is still in its preparatory phase (…)\". In response to said request, on July 22, 2020, through official communication VD-2723-2020, the respondent replied to the petitioner, indicating the following: “(…) I greet you most cordially and, in response to note FPB-022-2020 requesting a series of reports and documents, I bring to your kind attention the following: Regarding the request for the work report of Dr. Marlen León Guzmán, former Vice-Rector for Academic Affairs of the University of Costa Rica, attached is official communication VD-1410-2020 containing said report and its annexes. In relation to the request for a report of all actions taken by the Vice-Rector's Office for Academic Affairs regarding the Civil Marine degree program, during the period between January and July 2020, and a copy of all generated documentation pertaining to said degree program, I inform you that it is not possible to provide you with that information because it is confidential, as it is under investigation in criminal proceeding #19-0001401218-PE of the Deputy Prosecutor's Office for Probity, Transparency and Anti-Corruption, and as the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) also acknowledged in Judgment No. 14405 of August 1, 2019. Regarding the status of the complaint filed by the Vice-Rector's Office for Academic Affairs with the Deputy Prosecutor's Office for Probity, Transparency and Anti-Corruption under case file No. 19-000140-1218-PE, I inform you that it is not possible to provide you with said information, given that it is confidential and the criminal investigation concerns only the parties to said proceeding, and therefore it is not publicly accessible (…)”. Based on the foregoing, it is verified that the respondent authority provided a timely response to the request filed by the petitioner, and even provided the information requested in points 1 and 3 of the petition (the work report of the former Vice-Rector for Academic Affairs and the status of criminal proceeding No. 19-000140-1218-PE). In response to these, the protected party was referred to the work report issued by the former Vice-Rector for Academic Affairs of the university and was told that the criminal proceeding is under investigation at the Deputy Prosecutor's Office for Probity, Transparency and Anti-Corruption and that more information could not be provided due to the confidentiality of the criminal proceeding. However, regarding the second point of the aforementioned request, the protected party was informed that providing what was requested is inappropriate, since it is information that forms part of a criminal investigation, which, in the opinion of this Court, constitutes a reasonable limitation regarding access to the requested information. In any case, regarding the reproach raised by the petitioner in reference to this aspect, this Court has already validated not providing the information precisely for the reasons set forth in the respondent's reply, as resolved in Judgments No. 2019-014405 of 2:20 p.m. on August 1, 2019, and No. 2020-008923 of 9:15 a.m. on May 15, 2020, in which it was stated: “(…) Thus, this Court understands that there exists a reasonable limitation on access to the information requested by the petitioner, therefore, the fact that it was not provided to him does not constitute an arbitrary act by the respondent authority, (…)”. Due to the foregoing, because what is requested concerns information analyzed within the criminal case opened in an investigation process under case file 19-000140-1218-PE, the criterion of the aforementioned judgment must be reiterated to the protected party. Nevertheless, if what the petitioner intends is to express his disagreement with what was resolved, he may allege access to the file before the administrative headquarters, that is, the University of Costa Rica, which has already sought – from the corresponding Prosecutor's Office (Fiscalía) – a criterion to see whether or not it is appropriate to provide the requested information – or before the respective Prosecutor's Office (Fiscalía) handling the criminal case, avenues in which the petitioner must assert his right to have access to the information that is under investigation. Consequently, the remedy must be dismissed (...).\" (The highlighting is not part of the original).\n\nIV.- SPECIFIC CASE. The protected party files an amparo and once again accuses the Vice-Rector for Academic Affairs of the University of Costa Rica of having unjustifiably refused to provide him with the requested information related to the civil marine degree program, specifically, documentation sent and received by said authority from July 1, 2019, to the date the request was filed (August 18, 2020), which is not part of the file held by the Public Ministry (Ministerio Público). He indicates that the respondent party argued, to deny said access, the fact that the required data are under investigation, pursuant to criminal proceeding No. 19-0001401218-PE processed at the Deputy Prosecutor's Office for Probity, Transparency and Anti-Corruption. However, he alleges that the Prosecutor in charge of said proceeding indicated to him that he can only not access the data that comprise the criminal case and that, regarding the rest of the information not in the file, \"(...) she could not tell me if they are confidential or not, or under what (sic) rule they are denying the information (…)\". He affirms that, consequently, the only information reached by the access limitation established in article 295 of the Code of Criminal Procedure is that which forms part of the file. However, he clarifies that the requested information does not form part of that investigation, and therefore it should have been provided to him. Thus, he requests that the remedy be granted and that the respondent be ordered to provide him with the information requested through official communication No. FPB-030-2020.\n\nFor her part, the Vice-Rector for Academic Affairs of the University of Costa Rica, in the response provided on the occasion of this amparo, reported under oath and categorically - with timely warning of the consequences provided in article 44 of the Law on Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) - that the requested information was not provided (as was explained to the protected party in official communication No. VD-3170-2020), since it is confidential and is protected by the privacy granted by article 295 of the Penal Code (Código Penal), insofar as it is under investigation pursuant to criminal proceeding No. 19-0001401218-PE of the Deputy Prosecutor's Office for Probity, Transparency and Anti-Corruption. Expressly, said authority maintained that \"(...) what is requested by the petitioner continues to form part of the investigation and the filed complaint and of the preliminary criminal proceeding (...)\". Likewise, said authority pointed out in her report (and also indicated in the referred official communication No. VD-3170-2020), that the Prosecutor's Office (Fiscalía), in the response provided to the petitioner, did not supply him with information nor authorize him to have access to any specific document.\n\nHaving reviewed the arguments put forth by both parties, as well as the evidence brought into the record, this Chamber does not consider that there is merit to grant this amparo proceeding and uphold the formulated claim. This is for the specific reasons to be stated below.\n\nIn the first place, the petitioner must observe that the justification provided by the Vice-Rector for Academic Affairs of the University of Costa Rica for not providing him with the requested documentation is acceptable to this constitutional body. Note that - as has been sustained and repeatedly explained to the protected party - insofar as the information in question forms part of a criminal proceeding, specifically, its preparatory phase, its access is restricted to third parties (such as yourself), as provided in article 295 of the Code of Criminal Procedure. This being so, the criterion set forth and amply explained on this matter in the precedents transcribed supra remains valid and is again applicable to resolve this amparo proceeding.\n\nOn the other hand, it should be highlighted - as correctly pointed out by the respondent party - that it has not been proven in the record that the authorities of the Public Ministry - in response to the inquiry posed by the petitioner in this regard - have indicated that any particular document concerning the case under study is not confidential or should be provided to the applicant. A complete reading of the response provided to the protected party on August 18, 2020, by the Assistant Prosecutor of the Deputy Prosecutor's Office for Probity, Transparency and Anti-Corruption, does not allow for such a fact to be inferred.\n\nFurthermore, it is important to take into account that even though the Prosecutor indicated in that response that she could not say whether the rest of the information not in the file is confidential or not (in the event such information clearly exists) and that the protected party affirms that what was requested is not part of the criminal file in question, the truth is that the Vice-Rector for Academic Affairs of the University of Costa Rica - as stated supra - assured this Chamber that all the documentation recently requested by the petitioner does indeed form part of the criminal investigation, therefore the provisions of the cited article 295 of the Code of Criminal Procedure continue to cover it, and consequently, as explained, it cannot be provided to him.\n\nFinally, it is necessary to clarify that - given the specific circumstances surrounding this particular case - this Constitutional Court finds itself unable, through this summary amparo proceeding, to question and refute the statement of the respondent party regarding the information concerning the civil marine degree program that is currently added to the criminal proceeding. Therefore, if the protected party so desires, he has the possibility to resort to other ordinary legal instances to formulate the arguments and disagreements he has on this specific point.\n\nUnder that understanding, since a violation of the fundamental rights of the protected party cannot be verified in this case, what is appropriate is to dismiss this amparo proceeding. (…)\n\nTHEREFORE:\n\nThe remedy is declared without merit.” (The emphasis is not from the original).\n\nThis being so, it is not apparent that the response provided by the respondent authority to the petitioner violates his fundamental rights, given that what was requested, as clarified to the protected party, is related to the criminal proceedings processed in summary proceedings Nos. 11-001840-0485-PE and 23-000003-1851-PE. In fact, the applicant was informed that, should he require information in this regard, his request had to be directed straight to the Public Ministry, so that the corresponding decisions could be made there. Hence, any arbitrariness that would merit the intervention of this Court is ruled out.\n\nAdditionally, regarding the request of December 17, 2025, it is observed that it is a mere reiteration of the previous requests, which, as indicated supra, were already addressed by the respondent since official communication Incofer-LE-OF-0122-2025 of August 4, 2025.\n\nBased on the foregoing, the Chamber finds no merit whatsoever to vary the criterion set forth in the transcribed precedents. Consequently, it is appropriate to declare the remedy without merit.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe remedy is declared without merit.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\nOJ43ASCR43HVS61\n\nCASE FILE No. 26-004274-0007-CO\n\nTelephones: Telf05/ ALA-4TA (Telf06). Fax: Telf07 / Telf08. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 15:53:50.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }