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  "id": "nexus-sen-1-0007-1376429",
  "citation": "Res. 08061-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Disponibilidad de agua potable y obligación de extender la red",
  "title_en": "Drinking water availability and obligation to extend the network",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por denegar una constancia de disponibilidad de agua potable. El solicitante alega que en la comunidad de Meta Ponto, Coto Brus, no existe red de distribución frente a su propiedad, pese a que sí hay capacidad hídrica. El AyA condicionó la disponibilidad positiva a que el interesado costeara e instalara un ramal de distribución de 308 metros, y luego lo donara a la institución. La Sala reitera su jurisprudencia: la negativa no es arbitraria cuando obedece a una imposibilidad técnica, como la falta de infraestructura, y resulta razonable que el interesado asuma los costos de extensión de la red. Determina que no hubo violación a derechos fundamentales y que la verificación de requisitos técnicos y legales compete a las vías administrativas y ordinarias. Declara sin lugar el recurso. Dos magistrados salvan el voto y ordenan continuar la tramitación para pedir informe a la ARESEP.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo action against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) for denying a water availability certificate. The petitioner claims that in the community of Meta Ponto, Coto Brus, there is no distribution network in front of his property, despite there being water supply capacity. AyA conditioned a positive availability on the petitioner paying for and installing a 308-meter distribution line and then donating it to the institution. The Chamber reiterates its case law: a denial is not arbitrary when it stems from a technical impossibility, such as the absence of infrastructure, and it is reasonable for the interested party to bear the costs of extending the network. It finds no violation of fundamental rights and holds that verification of technical and legal requirements falls within the purview of administrative and ordinary remedies. The appeal is dismissed. Two judges dissent and order the proceedings to continue in order to request a report from ARESEP.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "06/03/2026",
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  "excerpt_es": "Así las cosas, tales consideraciones resultan aplicables al sub iudice. Al respecto, se verifica que existe una imposibilidad técnica para brindar el servicio requerido por el tutelado, pues no existe tubería de distribución al frente de su propiedad; de ahí que la autoridad accionada informa que actualmente no es posible brindar la disponibilidad pretendida. En ese tanto, como se apuntó en el precedente transcrito, no se está ante una denegatoria arbitraria o antojadiza, sino que responde a una imposibilidad técnica. Asimismo, a los efectos de esta jurisdicción constitucional tampoco resulta irregular lo consignado por la autoridad recurrida en el oficio nro. SIGDD-2025-00024258-1-2-1 de 29 de septiembre de 2025, en cuanto a que el interesado debe realizar las obras para la instalación de un ramal de distribución, pues como se apuntó en la sentencia de cita, frente a la imposibilidad formal (por ejemplo, por la falta de infraestructura en el sector), resulta razonable solicitar al interesado que asuma los costos respectivos (en el mismo sentido, verbigracia, ver la sentencia nro. 2025024920 de las 9:20 horas de 8 de agosto de 2025).",
  "excerpt_en": "Thus, these considerations apply to the case at bar. In this regard, it is verified that there is a technical impossibility to provide the service requested by the petitioner, since there is no distribution pipeline in front of his property; hence the respondent authority states that it is currently not possible to grant the intended availability. As noted in the precedent cited, this is not an arbitrary or capricious denial, but rather one that responds to a technical impossibility. Moreover, for the purposes of this constitutional jurisdiction, the statement made by the respondent authority in official letter no. SIGDD-2025-00024258-1-2-1 of September 29, 2025, that the interested party must carry out the construction work to install a distribution line, is not irregular, because, as pointed out in the cited ruling, in the face of a formal impossibility (for example, the lack of infrastructure in the area), it is reasonable to ask the interested party to bear the respective costs (in the same sense, see, for instance, ruling no. 2025024920 of 9:20 a.m. on August 8, 2025).",
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    "summary_en": "The Constitutional Chamber denies the amparo, finding that AyA's denial was based on a valid technical impossibility, and orders the dissenting judges to continue proceedings to request a report from ARESEP.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo, al considerar que la negativa del AyA obedeció a una imposibilidad técnica válida, y ordena que los magistrados disidentes continúen el trámite para solicitar informe a la ARESEP."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 08061 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 06 de Marzo del 2026 a las 09:25\n\nExpediente: 25-039312-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-039312-0007-CO\n\nRes. Nº 2026008061\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del seis de marzo de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-039312-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02 Y LA COMUNIDAD DE META PONTO, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nResultando:\n\n \n\n \n\n1.-Por escrito incorporado al expediente el 16 de diciembre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo. Manifiesta: “1. Según me ha denunciado el señor Nombre02, mayor, portador de la cédula de identidad N.º CED02, vecino de Meta Ponto, distrito Aguabuena, cantón Coto Brus, provincia Puntarenas, correo electrónico ...01 y teléfonos Telf01/ quien es propietario de la finca inscrita en el Folio Real 6-207679-000, localizada en la comunidad de Meta Ponto, distrito Aguabuena, cantón Coto Brus, provincia Puntarenas, según plano catastrado N.º 6-1822765-2015. 2. En la comunidad de Meta Ponto existe un tramo aproximado de 400 metros (aproximadamente del recibidor de café, hacia la comunidad de Pueblo Nuevo) sin red de distribución de agua potable. 3. En dicho tramo viven familias en condiciones de vulnerabilidad, y otras personas no han podido construir ni habitar sus propiedades precisamente por la ausencia de infraestructura de conducción. 4. En fecha 29 de setiembre de 2025, el AyA emitió los oficios SIGDD-2025-00024258-1-1-1 y SIGDD-2025- 00024258-1-2-1 mediante el cual se comunica 'NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE', pese a reconocer que sí existe capacidad hídrica, y que la negativa obedece únicamente a la inexistencia de tubería de distribución frente a la propiedad. 5. En la misma respuesta, el AyA indica que sean los vecinos quienes realicen la inversión para extender la red de cañería y, posteriormente, donar dicha infraestructura a la institución. 6. Tal exigencia resulta irrazonable e injusta, debido a que el AyA es el ente público encargado de planificar, ejecutar y garantizar la cobertura del servicio, especialmente en comunidades donde ya existen usuarios potenciales y capacidad hídrica. 7. La falta de red impide a las familias que ya habitan el sector contar con agua para consumo, higiene y saneamiento, afectando la salud y condiciones mínimas de vida digna, y a la vez bloquea el desarrollo habitacional de quienes desearían construir.8. Considero inconstitucional que el AyA se niegue a realizar la inversión necesaria para garantizar el acceso a agua potable en Meta Ponto, pese a que si tiene capacidad hídrica y competencia legal para hacerlo\". Pide se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante resolución de las 11:56 horas de 19 de diciembre de 2025, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso y le solicitó informe al director regional de la Región Brunca del ICAA.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente el 7 de enero de 2026, Ronald Umaña Romero, director regional a.i. de la Región Brinca del ICAA, informa: “Con fundamento en el memorando N°GSP-RB-OMSAP-2025-01422 de fecha 30 de diciembre del 2025, y el memorando N°GSP-RB-OMSAP-2025-01031 de fecha 26 de septiembre del 2025, ambos elaborados por el Ing. Álvaro Esteban Barrantes Leiva, encargado de la Dirección de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable de la Región Brunca, los cuales se adjuntan como prueba y forman parte integral del expediente administrativo, queda demostrado que: Se efectuó la solicitud de disponibilidad de agua potable para el inmueble matrícula de folio real , plano catastro  ubicado en la provincia de Puntarenas, cantón Coto Brus, distrito Agua Buena inscrito a nombre de señor Nombre02, para abastecer una unidad habitacional. (Ver memorando GSP-RB-OMSAP-2025-01422 y GSPRB-OMSAP-2025-01031) En fecha 29 de setiembre del año 2025, se emite el documento SIGDD-2025-00024258-1-1-1, disponibilidad de agua negativa, debido a que no existe tubería frente a la propiedad, según lo indicado en el memorando GSP-RB-OMSAP-2025-01031 de fecha 26 de setiembre de 2025, donde indica expresamente que hay capacidad hídrica pero NO HAY CAPACIDAD HIDRÁULICA. Sin embargo, en el mismo acto se adjunta el oficio SIGDD-2025-00024258-1-2- 1, Constancia de capacidad hídrica, donde se le manifiesta que la Institución le reserva un caudal de 0.82 metros cúbicos por día para abastecer el proyecto de vivienda requerido, no obstante, debe efectuar la instalación de un ramal de distribución de 308 metros de longitud y demás especificaciones técnicas descritas en el mismo documento supra citado. Por ende, la Institución no le está denegando el servicio de agua potable, le está indicando que de conformidad con lo establecido en la normativa Institucional vigente (art 39 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA) la Institución puede brindar el servicio una vez haya presentado la carta de consentimiento en efectuar la ampliación del ramal y este sea recibido a satisfacción por parte del Instituto. (Ver memorando GSP-RB-OMSAP-2025-01031 y constancia SIGDD-2025-00024258-1-2-1). Ahora bien, es menester recalcar que, si el inmueble donde el recurrente desea instalar el nuevo servicio de agua potable se encuentra construido, este se edificó al margen de la normativa vigente, por cuanto los artículos 38, 57 y 58 de la Ley de Planificación Urbana N°4240 y artículos 308, 309, 310, 311, 312 y 313 de la Ley General de Salud N°5395; la Constancia de Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, es un requisito que las Municipalidades, INVU y demás entidades competentes, requieren de manera previa para la aprobación de los permisos de fraccionamiento y construcción correspondientes, siendo que su fin es determinar con anterioridad a la aprobación de un plano catastral o de construcción, la factibilidad técnica para una eventual dotación del servicio de agua potable (…) En el presente caso, se constata que no se ha violentado ningún derecho Constitucional, ya que como ha quedado evidenciado en el informe técnico que forma parte integral del libelo que se presenta en este acto, la denegatoria de la disponibilidad de agua potable para el proyecto de Vivienda, obedece a que, el inmueble no cuenta con de capacidad hidráulica (tubería de distribución) frente al inmueble, razón por la cual no es posible otorgar la disponibilidad requerida de manera positiva, tomando en cuenta que sí existe capacidad hídrica, se dio la posibilidad de reservar el caudal mediante una carta de consentimiento con la anuencia del propietario de construir las obras primarias públicas. Aclarándose de esta manera que, una vez cumpliendo con los requisitos mencionados en el informe técnico, se le otorgará la disponibilidad de agua positiva. De conformidad con lo anteriormente expuesto, este Honorable Tribunal puede constatar que ninguna de las actuaciones de este Instituto ha sido antojadiza, arbitraria o infundada, por el contrario mi representada ha ejecutado y realizado todas las acciones que corresponden al ámbito de sus competencias y dentro de la ciencia, la técnica y del marco de legalidad que nos rige, por lo que se concluye que AyA cumplió con todas las obligaciones impuestas por imperio de ley, en el marco constitucional y legal conforme al principio de legalidad. Por ende, no se ha violentado ninguno de los derechos fundamentales de la Amparada.”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\nI.-OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que el tutelado es vecino de Meta Ponto, del distrito Aguabuena de Coto Brus. Señala que su representado le comentó que en dicha comunidad existe un tramo de aproximadamente 400 metros, que no tiene red de distribución de agua potable. Acota que tal situación afecta a personas que no han podido construir ni habitar sus propiedades justamente por la falta de agua. Narra que en septiembre de 2025 el ICAA emitió un oficio que indica que no hay disponibilidad de agua por la inexistencia de tubería; empero, sí hay capacidad hídrica. Alega que el instituto recurrido señala que son los vecinos quienes deben realizar la inversión para extender la red de distribución y posteriormente donar tal infraestructura. Considera que dicha exigencia es irrazonable.\n\nII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)    En fecha indeterminada, el tutelado solicitó ante el ICAA que se le otorgara constancia de disponibilidad del servicio de agua potable para su propiedad. (Prueba documental).\n\nb)   El 29 de septiembre de 2026, la Dirección Regional Brunca del ICAA emitió la constancia nro. SIGDD-2025-00024258-1-1-1, dirigida al amparado, en la que se indicó: “En atención a su solicitud de disponibilidad de servicios de agua potable / alcantarillado sanitario, presentada ante esta Región o Cantonal Brunca, relativa a el proyecto de Vivienda, el cual se ubicará en la propiedad, matrícula de Folio Real número  localizada en distrito Aguabuena, cantón Coto Brus, provincia Puntarenas, según Plano Catastro N°6- 1822765-2015 a nombre de Nombre02, cédula 02, t, teléfonos f06, T, f07, p, para la eventual dotación de 1 servicio con un caudal de 0.82 m3/d, le comunico que como resultado de los estudios básicos que constan en expediente administrativo: 2025-00024258-1-AP y oficio GSP-RB-OMSAP-2025-01031 (adjunto) del Ing. Álvaro Barrantes Leiva se determinó lo siguiente: Según los análisis anteriores de capacidad hídrica e hidráulica debe señalarse que, debido a la no existencia de tubería de distribución frente a la propiedad, se determina que: Sí HAY CAPACIDAD HÍDRICA NO HAY CAPACIDAD HIDRÁULICA NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).\n\nc)    Mediante el oficio nro. SIGDD-2025-00024258-1-2-1 de 29 de septiembre de 2025, dirigido al tutelado, la Dirección Regional Brunca del ICAA detalló:  “A efectos de que el interesado pueda optar por la carta de disponibilidad positiva se propone que realice las siguientes acciones: • Es necesario que el interesado realice la instalación de un ramal de distribución de 308 metros de longitud, cuyo diámetro debe ser en 100mm desde la línea de distribución existente de 38mm que se encuentra al Sureste de la propiedad solicitante. • Se debe colocar una cinta plástica de precaución sobre el relleno que cubre la tubería. • El ramal debe contar con todos los accesorios complementarios según lo establecido en Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, tales como válvula de sectorización al inicio en un diámetro de 100mm, válvula de lavado en el final de ramal en un diámetro de 75mm, con su respectivo cubre válvulas, prevista en PEAD, el tubo debe ser en SDR-26 con campana especial, así mismo, las válvulas deben ser bridadas y que cumplan con la norma AWWA C-509. • El diseño debe ser hecho y firmado por un profesional en ingeniería civil o afín y deben presentarlo en el sistema APC del CFIA, para su aprobación en el Dpto de Urbanizaciones, además deberá adjuntar los permisos de rotura de calles por parte de la Municipalidad respectiva o el MOPT según sea el caso y traerlo nuevamente a este departamento de Agua Potable de la Cantonal de Coto Brus. • Se debe realizar una prueba de presión hidrostática la cual será costeada por parte del interesado. • La supervisión de la instalación del ramal y prueba de presión hidrostática deben solicitarse por medio del correo ...02. • Una vez construido el sistema se debe solicitar al área técnica, la recepción de obra del proyecto y la interconexión al correo anteriormente mencionado. Sobre la Vigencia y Prórroga de esta Constancia: 1. Durante la vigencia del plazo de 12 meses, más la prórroga de 12 o 24 meses respectivamente (esta última para proyectos de interés social); el propietario, el desarrollador o ambos deberán de manifestar formalmente ante AyA su anuencia de construir las obras primarias públicas detalladas en la constancia de capacidad hídrica, mediante una carta de consentimiento. 2. La solicitud de la prórroga deberá ser presentada ante AyA dentro del último trimestre de su vigencia; cumplido ese plazo sin que se haya gestionado la prórroga, opera la caducidad. 3. Vencido el plazo de los 12 meses, más la prorroga; sin que el propietario o el desarrollador hayan manifestado su anuencia unilateral ante AyA de construir las obras primarias, se aplicará la caducidad y se procederá a inventariar de nuevo el caudal que se había reservado y quedará disponible para atender las demandas de los usuarios que así lo requieran. Razón por la cual el desarrollador, antes de ese vencimiento, deberá de demostrar ante AyA, el estado en que se encuentra el proyecto en alguna de las instancias indicadas en el artículo 40 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA. Sobre esta Constancia de Capacidad Hídrica: 1. Estas obras de infraestructura deberán ser aprobadas, construidas y recibidas de acuerdo con las indicaciones del AyA conforme a la Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial y sus eventuales reformas a fin de habilitar la disponibilidad del servicio de Agua Potable. 2. Esta Constancia de Capacidad Hídrica permite gestionar ante las diferentes instancias estatales la obtención de los permisos y las autorizaciones necesarias para la construcción de las obras primarias de acueducto por parte del desarrollador, a fin de generar la disponibilidad de servicio para el proyecto. En ese sentido con esta constancia se podrá incorporar como requisito documental en el APC para la aprobación de los planos constructivos por parte de las Instituciones revisoras y gestiones ante la Municipalidad respectiva para la aprobación de los planos constructivos del anteproyecto o del proyecto y en SETENA para la obtención de la viabilidad ambiental del proyecto.1. 3. Se recuerda que los planos constructivos deben ser aprobados previamente por AyA de acuerdo a lo que establece el Artículo Nº 21 de la Ley Constitutiva y sus Reformas. La infracción a este mandato ocasionara la nulidad de cualquier permiso de construcción otorgado en contravención de esta prohibición teniéndose por legalmente inexistente el proyecto en su caso. 4. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados verificará que las obras de extensión de ramal y otras obras necesarias, estén aprobadas y concluidas en el momento en que se solicite que el Proyecto se interconecte al sistema de abastecimiento de agua potable. Para el cumplimiento de la normativa y regulaciones correspondiente a la atención de incendios, de acuerdo a las leyes 8641, 8228 y sus reformas con sus respectivos reglamentos, el desarrollador o interesado deberá definir la infraestructura respectiva y necesaria en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Todo lo anterior según la normativa vigente.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).\n\nIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente manifiesta que el tutelado es vecino de Meta Ponto, del distrito Aguabuena de Coto Brus. Señala que su representado le comentó que en dicha comunidad existe un tramo de aproximadamente 400 metros, que no tiene red de distribución de agua potable. Acota que tal situación afecta a personas que no han podido construir ni habitar sus propiedades justamente por la falta de agua. Narra que en septiembre de 2025 el ICAA emitió un oficio que indica que no hay disponibilidad de agua por la inexistencia de tubería; empero, sí hay capacidad hídrica. Alega que el instituto recurrido señala que son los vecinos quienes deben realizar la inversión para extender la red de distribución y posteriormente donar tal infraestructura. Considera que dicha exigencia es irrazonable.\n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que, en fecha indeterminada, el tutelado solicitó ante el ICAA que se le otorgara constancia de disponibilidad del servicio de agua potable para su propiedad. El 29 de septiembre de 2026, la Dirección Regional Brunca del ICAA emitió la constancia nro. SIGDD-2025-00024258-1-1-1, dirigida al amparado, en la que se indicó: “En atención a su solicitud de disponibilidad de servicios de agua potable / alcantarillado sanitario, presentada ante esta Región o Cantonal Brunca, relativa a el proyecto de Vivienda, el cual se ubicará en la propiedad, matrícula de Folio Real número  localizada en distrito Aguabuena, cantón Coto Brus, provincia Puntarenas, según Plano Catastro N°6- 1822765-2015 a nombre de Nombre02, cédula 02, t, teléfonos f06, T, f07, p, para la eventual dotación de 1 servicio con un caudal de 0.82 m3/d, le comunico que como resultado de los estudios básicos que constan en expediente administrativo: 2025-00024258-1-AP y oficio GSP-RB-OMSAP-2025-01031 (adjunto) del Ing. Álvaro Barrantes Leiva se determinó lo siguiente: Según los análisis anteriores de capacidad hídrica e hidráulica debe señalarse que, debido a la no existencia de tubería de distribución frente a la propiedad, se determina que: Sí HAY CAPACIDAD HÍDRICA NO HAY CAPACIDAD HIDRÁULICA NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD.”. Mediante el oficio nro. SIGDD-2025-00024258-1-2-1 de 29 de septiembre de 2025, dirigido al tutelado, la Dirección Regional Brunca del ICAA detalló:  “A efectos de que el interesado pueda optar por la carta de disponibilidad positiva se propone que realice las siguientes acciones: • Es necesario que el interesado realice la instalación de un ramal de distribución de 308 metros de longitud, cuyo diámetro debe ser en 100mm desde la línea de distribución existente de 38mm que se encuentra al Sureste de la propiedad solicitante. • Se debe colocar una cinta plástica de precaución sobre el relleno que cubre la tubería. • El ramal debe contar con todos los accesorios complementarios según lo establecido en Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, tales como válvula de sectorización al inicio en un diámetro de 100mm, válvula de lavado en el final de ramal en un diámetro de 75mm, con su respectivo cubre válvulas, prevista en PEAD, el tubo debe ser en SDR-26 con campana especial, así mismo, las válvulas deben ser bridadas y que cumplan con la norma AWWA C-509. • El diseño debe ser hecho y firmado por un profesional en ingeniería civil o afín y deben presentarlo en el sistema APC del CFIA, para su aprobación en el Dpto de Urbanizaciones, además deberá adjuntar los permisos de rotura de calles por parte de la Municipalidad respectiva o el MOPT según sea el caso y traerlo nuevamente a este departamento de Agua Potable de la Cantonal de Coto Brus. • Se debe realizar una prueba de presión hidrostática la cual será costeada por parte del interesado. • La supervisión de la instalación del ramal y prueba de presión hidrostática deben solicitarse por medio del correo ...02. • Una vez construido el sistema se debe solicitar al área técnica, la recepción de obra del proyecto y la interconexión al correo anteriormente mencionado. Sobre la Vigencia y Prórroga de esta Constancia: 1. Durante la vigencia del plazo de 12 meses, más la prórroga de 12 o 24 meses respectivamente (esta última para proyectos de interés social); el propietario, el desarrollador o ambos deberán de manifestar formalmente ante AyA su anuencia de construir las obras primarias públicas detalladas en la constancia de capacidad hídrica, mediante una carta de consentimiento. 2. La solicitud de la prórroga deberá ser presentada ante AyA dentro del último trimestre de su vigencia; cumplido ese plazo sin que se haya gestionado la prórroga, opera la caducidad. 3. Vencido el plazo de los 12 meses, más la prorroga; sin que el propietario o el desarrollador hayan manifestado su anuencia unilateral ante AyA de construir las obras primarias, se aplicará la caducidad y se procederá a inventariar de nuevo el caudal que se había reservado y quedará disponible para atender las demandas de los usuarios que así lo requieran. Razón por la cual el desarrollador, antes de ese vencimiento, deberá de demostrar ante AyA, el estado en que se encuentra el proyecto en alguna de las instancias indicadas en el artículo 40 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA. Sobre esta Constancia de Capacidad Hídrica: 1. Estas obras de infraestructura deberán ser aprobadas, construidas y recibidas de acuerdo con las indicaciones del AyA conforme a la Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial y sus eventuales reformas a fin de habilitar la disponibilidad del servicio de Agua Potable. 2. Esta Constancia de Capacidad Hídrica permite gestionar ante las diferentes instancias estatales la obtención de los permisos y las autorizaciones necesarias para la construcción de las obras primarias de acueducto por parte del desarrollador, a fin de generar la disponibilidad de servicio para el proyecto. En ese sentido con esta constancia se podrá incorporar como requisito documental en el APC para la aprobación de los planos constructivos por parte de las Instituciones revisoras y gestiones ante la Municipalidad respectiva para la aprobación de los planos constructivos del anteproyecto o del proyecto y en SETENA para la obtención de la viabilidad ambiental del proyecto.1. 3. Se recuerda que los planos constructivos deben ser aprobados previamente por AyA de acuerdo a lo que establece el Artículo Nº 21 de la Ley Constitutiva y sus Reformas. La infracción a este mandato ocasionara la nulidad de cualquier permiso de construcción otorgado en contravención de esta prohibición teniéndose por legalmente inexistente el proyecto en su caso. 4. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados verificará que las obras de extensión de ramal y otras obras necesarias, estén aprobadas y concluidas en el momento en que se solicite que el Proyecto se interconecte al sistema de abastecimiento de agua potable. Para el cumplimiento de la normativa y regulaciones correspondiente a la atención de incendios, de acuerdo a las leyes 8641, 8228 y sus reformas con sus respectivos reglamentos, el desarrollador o interesado deberá definir la infraestructura respectiva y necesaria en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Todo lo anterior según la normativa vigente.”.  \n\nSobre el particular, interesa traer a colación lo resuelto por esta Sala en asuntos análogos. Así, verbigracia, en la sentencia nro. 2022023640 de las 9:20 horas de 7 de octubre de 2022, esta Cámara dispuso:\n\n“I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente indica que el 18 de marzo de 2022 solicitó una disponibilidad de agua ante el ICAA para poder tramitar el bono de vivienda ante el BAHNVI. Acota que el 4 de mayo de 2022 se le comunicó la denegatoria de su solicitud por las siguientes razones: “NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. SI (sic) HAY CAPACIDAD HIDRICA (sic)”; además, se le indicó que debía realizar una instalación de la infraestructura. Arguye que le expuso su situación económica a la autoridad recurrida; empero, le indicaron que ella debía asumir el costo de las obras.\n\nII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Este Tribunal ha señalado que las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable pueden rechazar válidamente esas solicitudes o condicionarlas, cuando existen razones técnicas o legales que así lo justifican. Así, en la sentencia n.°2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró:\n\n“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.\n\nEn ese sentido, cabe aclarar que la procedencia o no del servicio solicitado no es un asunto que deba discutirse en esta jurisdicción, ya que es ajeno al ámbito de su competencia. Además, en reiteradas ocasiones, este Tribunal ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando haya imposibilidades técnicas o incumplimiento de requisitos infraconstitucionales, como sucede en este caso, o si existen criterios técnicos o legales que así lo justifiquen. Tampoco le corresponde a la Sala analizar si las razones emitidas para denegar el servicio de disponibilidad de agua son válidas.\n\nEste Tribunal no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende, tal y como así lo solicita la amparada en este caso. Por ello, el petente deberá plantear sus inconformidades o reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.\n\nEn mérito de lo expuesto, el recurso se rechaza de plano.”.\n\nAsí las cosas, tales consideraciones resultan aplicables al sub iudice. Al respecto, se verifica que existe una imposibilidad técnica para brindar el servicio requerido por el tutelado, pues no existe tubería de distribución al frente de su propiedad; de ahí que la autoridad accionada informa que actualmente no es posible brindar la disponibilidad pretendida. En ese tanto, como se apuntó en el precedente transcrito, no se está ante una denegatoria arbitraria o antojadiza, sino que responde a una imposibilidad técnica. Asimismo, a los efectos de esta jurisdicción constitucional tampoco resulta irregular lo consignado por la autoridad recurrida en el oficio nro. SIGDD-2025-00024258-1-2-1 de 29 de septiembre de 2025, en cuanto a que el interesado debe realizar las obras para la instalación de un ramal de distribución, pues como se apuntó en la sentencia de cita, frente a la imposibilidad formal (por ejemplo, por la falta de infraestructura en el sector), resulta razonable solicitar al interesado que asuma los costos respectivos (en el mismo sentido, verbigracia, ver la sentencia nro. 2025024920 de las 9:20 horas de 8 de agosto de 2025).\n\n Ahora bien, cabe enfatizar (como se apuntó en el antecedente citado ut supra), que la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la disponibilidad del servicio de agua corresponde a las autoridades administrativas o jurisdiccionales comunes, sin que, en principio, esta Sala pueda incursionar en la materia, pues se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia. De este modo, si la parte accionante mantiene su inconformidad con la determinación del instituto accionado, o con el criterio vertido en el oficio referido supra, deberá plantear los alegatos que correspondan ante las instancias comunes competentes, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.\n\n Finalmente, si bien el accionante menciona que otros vecinos también enfrentan el problema del tutelado, por la presunta falta de red de distribución, no individualiza los casos en específico, de manera que no es posible realizar algún análisis de constitucionalidad en esos términos generales y abstractos.\n\nErgo, se declara sin lugar el recurso.\n\nIV.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. En el sub examine, la parte accionante reclama que no se aprueban nuevas disponibilidades de agua por estar la propiedad en una zona deficitaria.\n\nAl respecto, consideramos imprescindible tener como parte a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) a los efectos de que se determine si los prestatarios del servicio en la zona tienen algún tipo de responsabilidad en la capacidad actual de los sistemas hídricos. En otros asuntos, este Tribunal (sentencia nro. 2020007754 de las 9:45 horas de 24 de abril de 2020) valoró que Aresep, al rendir su informe, puntualizó una serie de problemas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en relación con la inversión en infraestructura, pérdidas por agua no contabilizada y capacidad de ejecución. En esa oportunidad, la Sala consideró: “Al respecto, no solo consta que la problemática de desabastecimiento de agua se venía reflejando desde el 2017, sino que la ARESEP puntualizó que el ICAA tenía un rezago en la inversión en infraestructura y, además, significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada. Asimismo, el ente regulador también afirmó que la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no ha sido la deseable”.\n\nEn consecuencia, salvamos el voto y ordenamos continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\nV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n  Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y ordenan continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n PTXT9YYT6I061\n\nEXPEDIENTE N° 25-039312-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:25:08.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large  \nNormal  \nSmall  \nSala Constitucional  \n\nResolution No. 08061 - 2026  \n\nResolution Date: March 6, 2026 at 9:25 a.m.  \n\nCase File: 25-039312-0007-CO  \n\nDrafted by: Fernando Castillo Víquez  \n\nType of matter: Amparo petition  \n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL  \n\nText of the resolution  \n\n  \n\nExp: 25-039312-0007-CO  \n\nRes. No. 2026008061  \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty-five minutes on the sixth of March, two thousand twenty-six.  \n\nAmparo petition processed under case file no. 25-039312-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02 AND THE COMMUNITY OF META PONTO, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).  \n\nResultando:  \n\n1.- By a written submission added to the case file on December 16, 2025, the petitioner files an amparo petition. He states: “1. As reported to me by Mr. Nombre02, an adult, bearer of identity card No. CED02, resident of Meta Ponto, Aguabuena district, Coto Brus canton, Puntarenas province, email ...01 and telephones Telf01/ who is the owner of the property registered under Folio Real 6-207679-000, located in the community of Meta Ponto, Aguabuena district, Coto Brus canton, Puntarenas province, according to cadastral map No. 6-1822765-2015. 2. In the community of Meta Ponto there is an approximate stretch of 400 meters (roughly from the coffee receiving station towards the community of Pueblo Nuevo) without a potable water distribution network. 3. In that stretch, families live in vulnerable conditions, and other individuals have been unable to build or inhabit their properties precisely because of the absence of conveyance infrastructure. 4. On September 29, 2025, AyA issued official letters SIGDD-2025-00024258-1-1-1 and SIGDD-2025-00024258-1-2-1 communicating 'THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY,' despite acknowledging that water capacity (capacidad hídrica) does exist and that the denial is solely due to the lack of a distribution pipe in front of the property. 5. In the same response, AyA indicates that it is the residents who must make the investment to extend the pipe network and, subsequently, donate said infrastructure to the institution. 6. Such a requirement is unreasonable and unjust, since AyA is the public entity responsible for planning, executing, and guaranteeing service coverage, especially in communities where potential users and water capacity already exist. 7. The lack of a network prevents the families already living in the sector from having water for consumption, hygiene, and sanitation, affecting health and minimum conditions for a dignified life, and at the same time blocks the residential development of those who wish to build. 8. I consider it unconstitutional for AyA to refuse to make the necessary investment to guarantee access to potable water in Meta Ponto, despite having water capacity and the legal competence to do so.” He requests that the petition be granted.  \n\n2.- By a resolution issued at 11:56 a.m. on December 19, 2025, the Presidency of the Chamber admitted the process and requested a report from the regional director of the Brunca Region of the ICAA.  \n\n3.- By a written submission added to the case file on January 7, 2026, Ronald Umaña Romero, acting regional director of the Brinca Region of the ICAA, reports: “Based on memorandum No. GSP-RB-OMSAP-2025-01422 dated December 30, 2025, and memorandum No. GSP-RB-OMSAP-2025-01031 dated September 26, 2025, both prepared by Eng. Álvaro Esteban Barrantes Leiva, head of the Dirección de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable of the Brunca Region, which are attached as evidence and form an integral part of the administrative file, it is demonstrated that: A request for potable water availability was made for the property registered under folio real title number [blank], cadastral map [blank] located in the province of Puntarenas, Coto Brus canton, Agua Buena district, registered in the name of Mr. Nombre02, to supply one housing unit. (See memorandum GSP-RB-OMSAP-2025-01422 and GSPRB-OMSAP-2025-01031). On September 29, 2025, document SIGDD-2025-00024258-1-1-1 was issued, a negative water availability, due to the non-existence of a pipe in front of the property, as indicated in memorandum GSP-RB-OMSAP-2025-01031 dated September 26, 2025, where it expressly states that there IS water capacity but THERE IS NO HYDRAULIC CAPACITY (CAPACIDAD HIDRÁULICA). However, in the same act, official letter SIGDD-2025-00024258-1-2-1, Certification of Water Capacity (Constancia de capacidad hídrica), is attached, in which the Institution informs that it is reserving a flow of 0.82 cubic meters per day to supply the required housing project; however, the interested party must carry out the installation of a distribution branch (ramal de distribución) of 308 meters in length and other technical specifications described in the same aforementioned document. Therefore, the Institution is not denying potable water service; it is indicating that, in accordance with the provisions of the current Institutional regulations (art. 39 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA), the Institution can provide the service once the letter of consent to carry out the extension of the branch has been presented and it is received to the satisfaction of the Institute. (See memorandum GSP-RB-OMSAP-2025-01031 and certification SIGDD-2025-00024258-1-2-1). Now, it is necessary to emphasize that if the property where the petitioner wishes to install the new potable water service is already built, it was constructed outside the current regulations, inasmuch as articles 38, 57, and 58 of the Ley de Planificación Urbana No. 4240 and articles 308, 309, 310, 311, 312, and 313 of the Ley General de Salud No. 5395 [provide that]; the Certification of Availability of Aqueduct and Sanitary Sewer Services is a requirement that Municipalities, INVU, and other competent entities require prior to the approval of the corresponding subdivision (fraccionamiento) and construction permits, its purpose being to determine, prior to the approval of a cadastral or construction plan, the technical feasibility for an eventual provision of potable water service (…) In the present case, it is confirmed that no constitutional right has been violated, since, as demonstrated in the technical report that forms an integral part of the writ presented in this act, the denial of potable water availability for the Housing project is due to the property not having hydraulic capacity (distribution pipe) in front of the property, which is why it is not possible to grant the requested availability affirmatively, taking into account that water capacity does exist, the possibility was given to reserve the flow through a letter of consent with the owner's agreement to build the primary public works. Thus clarifying that, once the requirements mentioned in the technical report are fulfilled, positive water availability will be granted. In accordance with the foregoing, this Honorable Tribunal can verify that none of this Institute's actions have been capricious, arbitrary, or unfounded; on the contrary, my represented party has executed and carried out all actions within the scope of its competencies and within the science, technique, and legal framework that governs us, so it is concluded that AyA fulfilled all the obligations imposed by law, within the constitutional and legal framework according to the principle of legality. Therefore, none of the fundamental rights of the Amparo-protected party have been violated.”  \n\n4.- In the proceedings conducted, the legal prescriptions have been observed.  \n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,  \n\nConsiderando:  \n\nI.- OBJECT OF THE PETITION. The petitioner states that the protected party is a resident of Meta Ponto, in the Aguabuena district of Coto Brus. He indicates that his represented party told him that in said community there is a stretch of approximately 400 meters that lacks a potable water distribution network. He notes that this situation affects people who have not been able to build or inhabit their properties precisely due to the lack of water. He narrates that in September 2025, the ICAA issued a letter indicating that there is no water availability due to the lack of piping; however, there is water capacity. He alleges that the respondent institute indicates that it is the residents who must make the investment to extend the distribution network and subsequently donate such infrastructure. He considers this requirement to be unreasonable.  \n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial order:  \n\na) On an undetermined date, the protected party requested before the ICAA that a certification of availability of potable water service be granted for his property. (Documentary evidence).  \n\nb) On September 29, 2026, the Brunca Regional Directorate of the ICAA issued certification no. SIGDD-2025-00024258-1-1-1, addressed to the party protected by amparo, stating: “In response to your request for availability of potable water / sanitary sewer services, submitted before this Brunca Region or Cantonal [office], regarding the Housing project, which will be located on the property, Folio Real title number [blank], located in Aguabuena district, Coto Brus canton, Puntarenas province, according to Cadastral Map No. 6-1822765-2015 in the name of Nombre02, ID 02, t, telephones f06, T, f07, p, for the eventual provision of 1 service with a flow of 0.82 m3/d, I inform you that as a result of the basic studies contained in administrative file: 2025-00024258-1-AP and official letter GSP-RB-OMSAP-2025-01031 (attached) from Eng. Álvaro Barrantes Leiva, the following was determined: According to the prior analyses of water capacity and hydraulic capacity, it must be noted that, due to the non-existence of a distribution pipe in front of the property, it is determined that: THERE IS WATER CAPACITY THERE IS NO HYDRAULIC CAPACITY THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.” (Report from the respondent authority and documentary evidence).  \n\nc) Through official letter no. SIGDD-2025-00024258-1-2-1 of September 29, 2025, addressed to the protected party, the Brunca Regional Directorate of the ICAA detailed: “So that the interested party may opt for the positive availability letter, it is proposed that he carry out the following actions: • It is necessary for the interested party to install a distribution branch 308 meters in length, the diameter of which must be 100mm starting from the existing 38mm distribution line located to the southeast of the requesting property. • A plastic warning tape must be placed over the fill covering the pipe. • The branch must include all complementary accessories as established in the Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, such as a sectorization valve at the beginning with a 100mm diameter, a wash-out valve at the end of the branch with a 75mm diameter, with its respective valve box, provided in HDPE (PEAD), the pipe must be SDR-26 with a special bell, likewise, the valves must be flanged and comply with AWWA standard C-509. • The design must be done and signed by a civil engineering professional or related field and must be submitted through the APC system of the CFIA, for approval at the Urbanizations Department (Dpto de Urbanizaciones); additionally, street opening permits from the respective Municipalidad or the MOPT, as applicable, must be attached, and it must be brought back to this Potable Water department of the Coto Brus Cantonal [office]. • A hydrostatic pressure test must be carried out, which will be paid for by the interested party. • Supervision of the branch installation and hydrostatic pressure test must be requested via email ...02. • Once the system is built, the project work acceptance (recepción de obra) and interconnection must be requested from the technical area via the aforementioned email. Regarding the Validity and Extension of this Certification: 1. During the 12-month validity period, plus the respective 12- or 24-month extension (the latter for social interest projects); the owner, the developer, or both must formally express to AyA their consent to build the primary public works detailed in the water capacity certification, through a letter of consent. 2. The extension request must be submitted to AyA within the last quarter of its validity period; if this period expires without the extension having been processed, expiration (caducidad) applies. 3. Once the 12-month period, plus the extension, has expired without the owner or developer having expressed their unilateral consent before AyA to build the primary works, expiration will apply, and the flow that had been reserved will be inventoried again and will be available to meet the demands of users who require it. The reason why the developer, before said expiration, must demonstrate to AyA the status of the project in one of the instances indicated in article 40 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA. Regarding this Water Capacity Certification: 1. These infrastructure works must be approved, built, and received in accordance with AyA's instructions according to the Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial and its eventual reforms in order to enable the availability of potable water service. 2. This Water Capacity Certification allows the developer to process with the different state entities the obtaining of the necessary permits and authorizations for the construction of the primary aqueduct works, in order to generate service availability for the project. In that sense, this certification may be incorporated as a documentary requirement in the APC for the approval of construction plans by the reviewing Institutions and procedures before the respective Municipalidad for the approval of the preliminary project or project construction plans, and at SETENA for obtaining the environmental feasibility of the project.1. 3. It is recalled that the construction plans must be previously approved by AyA in accordance with the provisions of Article No. 21 of the Ley Constitutiva and its Reforms. Infringement of this mandate will cause the nullity of any construction permit granted in contravention of this prohibition, with the project, as applicable, being deemed legally non-existent. 4. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados will verify that the branch extension works and other necessary works are approved and completed at the time the request is made for the Project to be interconnected to the potable water supply system. For compliance with the regulations and provisions corresponding to fire protection, in accordance with laws 8641, 8228 and their reforms with their respective regulations, the developer or interested party must define the respective and necessary infrastructure in coordination with the Benemérito Cuerpo de Bomberos. All of the foregoing according to current regulations.” (Report from the respondent authority and documentary evidence).  \n\nIII.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the petitioner states that the protected party is a resident of Meta Ponto, in the Aguabuena district of Coto Brus. He indicates that his represented party told him that in said community there is a stretch of approximately 400 meters that lacks a potable water distribution network. He notes that this situation affects people who have not been able to build or inhabit their properties precisely due to the lack of water. He narrates that in September 2025, the ICAA issued a letter indicating that there is no water availability due to the lack of piping; however, there is water capacity. He alleges that the respondent institute indicates that it is the residents who must make the investment to extend the distribution network and subsequently donate such infrastructure. He considers this requirement to be unreasonable.  \n\nFrom examination of the court records, it is proven that, on an undetermined date, the protected party requested before the ICAA that a certification of availability of potable water service be granted for his property. On September 29, 2026, the Brunca Regional Directorate of the ICAA issued certification no. SIGDD-2025-00024258-1-1-1, addressed to the party protected by amparo, stating: “In response to your request for availability of potable water / sanitary sewer services, submitted before this Brunca Region or Cantonal [office], regarding the Housing project, which will be located on the property, Folio Real title number [blank], located in Aguabuena district, Coto Brus canton, Puntarenas province, according to Cadastral Map No. 6-1822765-2015 in the name of Nombre02, ID 02, t, telephones f06, T, f07, p, for the eventual provision of 1 service with a flow of 0.82 m3/d, I inform you that as a result of the basic studies contained in administrative file: 2025-00024258-1-AP and official letter GSP-RB-OMSAP-2025-01031 (attached) from Eng. Álvaro Barrantes Leiva, the following was determined: According to the prior analyses of water capacity and hydraulic capacity, it must be noted that, due to the non-existence of a distribution pipe in front of the property, it is determined that: THERE IS WATER CAPACITY THERE IS NO HYDRAULIC CAPACITY THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.” Through official letter no. SIGDD-2025-00024258-1-2-1 of September 29, 2025, addressed to the protected party, the Brunca Regional Directorate of the ICAA detailed: “So that the interested party may opt for the positive availability letter, it is proposed that he carry out the following actions: • It is necessary for the interested party to install a distribution branch 308 meters in length, the diameter of which must be 100mm starting from the existing 38mm distribution line located to the southeast of the requesting property. • A plastic warning tape must be placed over the fill covering the pipe. • The branch must include all complementary accessories as established in the Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, such as a sectorization valve at the beginning with a 100mm diameter, a wash-out valve at the end of the branch with a 75mm diameter, with its respective valve box, provided in HDPE, the pipe must be SDR-26 with a special bell, likewise, the valves must be flanged and comply with AWWA standard C-509. • The design must be done and signed by a civil engineering professional or related field and must be submitted through the APC system of the CFIA, for approval at the Urbanizations Department; additionally, street opening permits from the respective Municipalidad or the MOPT, as applicable, must be attached, and it must be brought back to this Potable Water department of the Coto Brus Cantonal [office]. • A hydrostatic pressure test must be carried out, which will be paid for by the interested party. • Supervision of the branch installation and hydrostatic pressure test must be requested via email ...02. • Once the system is built, the project work acceptance and interconnection must be requested from the technical area via the aforementioned email. Regarding the Validity and Extension of this Certification: 1. During the 12-month validity period, plus the respective 12- or 24-month extension (the latter for social interest projects); the owner, the developer, or both must formally express to AyA their consent to build the primary public works detailed in the water capacity certification, through a letter of consent. 2. The extension request must be submitted to AyA within the last quarter of its validity period; if this period expires without the extension having been processed, expiration applies. 3. Once the 12-month period, plus the extension, has expired without the owner or developer having expressed their unilateral consent before AyA to build the primary works, expiration will apply, and the flow that had been reserved will be inventoried again and will be available to meet the demands of users who require it. The reason why the developer, before said expiration, must demonstrate to AyA the status of the project in one of the instances indicated in article 40 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA. Regarding this Water Capacity Certification: 1. These infrastructure works must be approved, built, and received in accordance with AyA's instructions according to the Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial and its eventual reforms in order to enable the availability of potable water service. 2. This Water Capacity Certification allows the developer to process with the different state entities the obtaining of the necessary permits and authorizations for the construction of the primary aqueduct works, in order to generate service availability for the project. In that sense, this certification may be incorporated as a documentary requirement in the APC for the approval of construction plans by the reviewing Institutions and procedures before the respective Municipalidad for the approval of the preliminary project or project construction plans, and at SETENA for obtaining the environmental feasibility of the project.1. 3. It is recalled that the construction plans must be previously approved by AyA in accordance with the provisions of Article No. 21 of the Ley Constitutiva and its Reforms. Infringement of this mandate will cause the nullity of any construction permit granted in contravention of this prohibition, with the project, as applicable, being deemed legally non-existent. 4. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados will verify that the branch extension works and other necessary works are approved and completed at the time the request is made for the Project to be interconnected to the potable water supply system. For compliance with the regulations and provisions corresponding to fire protection, in accordance with laws 8641, 8228 and their reforms with their respective regulations, the developer or interested party must define the respective and necessary infrastructure in coordination with the Benemérito Cuerpo de Bomberos. All of the foregoing according to current regulations.”  \n\nIn this regard, it is pertinent to cite what this Chamber has resolved in analogous matters. Thus, for instance, in judgment no. 2022023640 issued at 9:20 a.m. on October 7, 2022, this Chamber held:  \n\n“I.- OBJECT OF THE PETITION. The petitioner indicates that on March 18, 2022, she requested a water availability [certification] from the ICAA in order to process a housing voucher (bono de vivienda) with the BAHNVI. She notes that on May 4, 2022, she was notified of the denial of her request for the following reasons: “THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS (sic) WATER CAPACITY (sic)”; furthermore, she was told that she had to install the infrastructure. She argues that she explained her economic situation to the respondent authority; however, they indicated that she had to bear the cost of the works.  \n\nII.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. This Tribunal has indicated that associations administering aqueducts and sewers, municipalities, and other institutions that provide potable water supply services may validly reject such requests or condition them when there are technical or legal reasons that justify it. Thus, in judgment No. 2016-006027 issued at 09:05 a.m. on May 6, 2016, this Chamber considered:  \n\n“This Constitutional Tribunal, in judgment 2014-9134 issued at 2:05 p.m. on June 19, 2014, which addressed an issue very similar to the one raised in this petition, held: '(...) This Chamber has indicated in reiterated judgments on the matter that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and as such, every provider of public services—whether a public or private subject—is obligated to provide the service in a continuous, efficient manner, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 issued at eleven hours twenty-five minutes on September twenty-sixth, two thousand one, and judgment 2004-08161 issued at ten hours fifty-three minutes on July twenty-third, two thousand four). It is therefore clear to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now, the case law of this Constitutional Tribunal has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to meet requirements established in the respective regulations) or in the face of formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to address service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is required. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a denial of access to the potable water service, but rather an impossibility to provide it or the necessary participation of the interested party in removing a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, whenever the lack of provision of the potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that AyA has not arbitrarily rejected the request made by the petitioner, but rather due to the failure to comply with all the technical-legal requirements contained in the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for approving new services.”  \n\nIn that sense, it should be clarified that whether the requested service is granted or not is not a matter to be discussed in this jurisdiction, as it is outside the scope of its competence. Moreover, on repeated occasions, this Tribunal has held that it is possible to dismiss requests for the granting of potable water service when there are technical impossibilities or non-compliance with infra-constitutional requirements, as is the case here, or if there are technical or legal criteria that justify it. It is also not for this Chamber to analyze whether the reasons given for denying the water availability service are valid.  \n\nThis Tribunal must not act as a mediator before a given individual or legal entity to intercede on behalf of a third party so that what they seek is granted, as the party protected by amparo requests in this case. Therefore, the petitioner must raise his disagreements or claims before the respondent authority or in the competent jurisdictional forum, forums in which he may, broadly, discuss the merits of the matter and assert his claims.  \n\nBy virtue of the foregoing, the petition is dismissed outright.”  \n\nThus, such considerations are applicable to the sub iudice case. In this regard, it is verified that there is a technical impossibility to provide the service required by the protected party, as there is no distribution pipe in front of his property; hence, the respondent authority reports that it is currently not possible to provide the intended availability. To that extent, as noted in the transcribed precedent, this is not an arbitrary or capricious denial, but rather one responding to a technical impossibility. Likewise, for the purposes of this constitutional jurisdiction, what was stated by the respondent authority in official letter no. SIGDD-2025-00024258-1-2-1 of September 29, 2025, regarding the fact that the interested party must carry out the works for the installation of a distribution branch, is not irregular either, since, as noted in the cited judgment, in the face of formal impossibility (for example, due to the lack of infrastructure in the sector), it is reasonable to request that the interested party assume the respective costs (in the same sense, for instance, see judgment no.\n\n2025024920 of 9:20 a.m. on 8 August 2025).\n\nNow, it should be emphasized (as noted in the precedent cited above) that verification of compliance with legal or technical requirements to obtain water service availability falls to ordinary administrative or jurisdictional authorities, without, in principle, this Chamber being able to delve into the matter, since these are aspects of ordinary legality outside its jurisdiction. Therefore, if the petitioner maintains disagreement with the respondent institute's determination, or with the opinion expressed in the official communication referred to above, it must raise the corresponding arguments before the competent ordinary courts, venues where it can fully discuss the merits of the matter and assert its claims.\n\nFinally, although the petitioner mentions that other residents also face the problem of the protected party, due to the alleged lack of a distribution network, it does not specify the individual cases, so it is not possible to carry out any constitutional analysis in such general and abstract terms.\n\nErgo, the appeal is dismissed.\n\nIV.- DISSENTING VOTE OF JUDGES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, WITH OPINION WRITTEN BY THE LATTER. In the sub examine, the petitioner complains that new water availabilities are not approved because the property is in a deficit zone.\n\nIn this regard, we consider it essential to include the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) as a party so that it can be determined whether the service providers in the area bear any responsibility for the current capacity of the water systems. In other matters, this Court (judgment no. 2020007754 of 9:45 a.m. on 24 April 2020) assessed that Aresep, when rendering its report, pointed out a series of problems of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) regarding investment in infrastructure, losses from unaccounted-for water, and execution capacity. On that occasion, the Chamber considered: “In this regard, it is not only evident that the problem of water supply shortage had been manifesting since 2017, but also that ARESEP pointed out that the ICAA had a backlog in infrastructure investment and, in addition, significant losses due to unaccounted-for water. Likewise, the regulatory body also affirmed that the capacity for project execution by the drinking water service operators has not been the desired one.”\n\nConsequently, we dissent from the vote and order the continuation of the appeal proceeding so that a report may be requested from the regulating general of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\nV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected within a maximum term of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (approved by the Full Court in article XXVI of session no. 27-11 of 22 August 2011 and published in the Judicial Bulletin no. 19 of 26 January 2012) and in article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of 3 May 2012.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is dismissed. Judges Cruz Castro and Rueda Leal dissent from the vote and order the continuation of the appeal proceeding so that a report may be requested from the regulating general of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n\t\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n \n\n\t\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n \n\n\t\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n \n\n\t\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\nPTXT9YYT6I061\n\nEXPEDIENTE N° 25-039312-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:25:08.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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