{ "id": "nexus-sen-1-0007-1377512", "citation": "Res. 09210-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo de ASADA Pital contra AyA por dilación en aprobación de proyecto de planta potabilizadora", "title_en": "Amparo by ASADA Pital against AyA for delay in approving water treatment plant project", "summary_es": "La Sala Constitucional resuelve un recurso de amparo presentado por la ASADA de Pital contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La ASADA alegaba omisiones y dilaciones del AyA en la aprobación técnica de un proyecto de planta de tratamiento de agua potable, necesario para asegurar el suministro ante problemas de contaminación y escasez. La Sala declaró sin lugar el recurso. Con base en el informe bajo juramento del AyA, determinó que no existía omisión administrativa: el AyA había realizado las revisiones técnicas de la etapa de prefactibilidad y emitido detalladas observaciones, las cuales no habían sido satisfechas por la ASADA, que no había presentado el diseño final ni la información técnica solicitada. La ausencia de resolución definitiva se debía a la falta de cumplimiento de la ASADA, no a un atraso del AyA. Además, la Sala aclaró que la sentencia previa del 2020 no contenía una orden específica al AyA, sino un apercibimiento preventivo que el AyA había cumplido, por lo que tampoco había desobediencia material.", "summary_en": "The Constitutional Chamber resolves an amparo action filed by ASADA de Pital against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). ASADA claimed AyA had failed to issue a timely technical approval for a drinking water treatment plant project, needed to address contamination and scarcity issues. The Chamber dismissed the amparo. Based on AyA's sworn report, it found no administrative omission: AyA had performed technical reviews at the prefeasibility stage, issued detailed observations, and ASADA had not submitted the final design or the required technical information. The lack of a final resolution resulted from ASADA's non-compliance, not institutional delay. The Chamber also clarified that the previous 2020 ruling did not contain a specific order against AyA but a preventive warning that AyA had fulfilled; therefore, there was no material disobedience.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "13/03/2026", "year": "2026", "topic_ids": [ "water-law", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "ASADA", "AyA", "SETENA", "viabilidad ambiental", "planta potabilizadora", "prefactibilidad", "Bromacil", "recurso de amparo" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 5 y 6", "law": "Ley 8220" }, { "article": "Art. 37.f", "law": "Reglamento de ASADAS" }, { "article": "Art. 4", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 21", "law": "Ley Constitutiva del AyA" }, { "article": "Art. 45", "law": "Reglamento de ASADAS" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "ASADA Pital", "AyA", "proyecto de agua potable", "planta potabilizadora", "viabilidad ambiental", "SETENA", "revisión técnica", "prefactibilidad", "dilación administrativa", "ley 8220", "contaminación por Bromacil", "Plan Único Zona Norte" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "ASADA Pital", "AyA", "drinking water project", "water treatment plant", "environmental feasibility", "SETENA", "technical review", "prefeasibility", "administrative delay", "Law 8220", "Bromacil contamination", "Northern Zone Single Plan" ], "excerpt_es": "Ante ese panorama el recurso deviene improcedente. Deberá el representante de la ASADA gestionar lo que corresponda a fin de presentar toda la información técnica solicitada por el AYA. Presentada toda la información deberá el AYA resolver dentro de un plazo razonable lo que corresponda a fin de avanzar a la etapa de evaluación final del proyecto. Así las cosas se declara sin lugar el recurso.", "excerpt_en": "In this context, the amparo is inadmissible. The ASADA's representative must take the necessary steps to submit all the technical information requested by AyA. Once all information is submitted, AyA must resolve within a reasonable time what is appropriate in order to advance to the project's final evaluation stage. Therefore, the amparo is dismissed.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Chamber denied the amparo, finding no breach by AyA, as ASADA had not fulfilled the technical requirements needed to move forward with project approval.", "summary_es": "La Sala declaró sin lugar el amparo al constatar que no hubo incumplimiento del AyA, pues la ASADA no había completado los requisitos técnicos exigidos para avanzar en la aprobación del proyecto." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "AyA is not responsible for the progress of the project submitted by the ASADA. As demonstrated, the absence of a final resolution is not due to institutional delay, but to the ASADA's failure to meet the technical requirements set by the respondent Institute.", "quote_es": "No es responsabilidad del AYA el avance del proyecto presentado por la ASADA. Tal y como se logró demostrar la ausencia de una resolución definitiva no obedece a un atraso institucional, sino a la falta de cumplimiento de los requerimientos técnicos formulados por el Instituto recurrido a la ASADA." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The ASADA's representative must take the necessary steps to submit all the technical information requested by AyA. Once all information is submitted, AyA must resolve within a reasonable time what is appropriate in order to advance to the project's final evaluation stage.", "quote_es": "Deberá el representante de la ASADA gestionar lo que corresponda a fin de presentar toda la información técnica solicitada por el AYA. Presentada toda la información deberá el AYA resolver dentro de un plazo razonable lo que corresponda a fin de avanzar a la etapa de evaluación final del proyecto." }, { "context": "Hecho Cuarto del informe del AyA, recogido en Hechos Probados", "quote_en": "Every expansion, improvement, or modernization of any aqueduct nationwide must have prior approval from AyA as the governing body and delegating entity – SETENA's environmental feasibility does not replace or exempt from compliance with the technical design approval procedure before AyA.", "quote_es": "Toda ampliación, mejora o modernización de cualquier acueducto a nivel nacional debe contar con aprobación previa de AyA como ente rector de la prestación del servicio y delegante -la viabilidad ambiental SETENA no sustituye ni exime del cumplimiento del procedimiento técnico de aprobación de diseños ante el AyA-." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-48116", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 8220 Arts. 5 y 6" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1377512", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 09210 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 13 de Marzo del 2026 a las 09:30\n\nExpediente: 26-004923-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 26-004923-0007-CO\n\nRes. Nº 2026009210\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de marzo de dos mil veintiseis .\n\nRecurso de amparo presentado por Nombre01, cédula de identidad CED02, a favor de ASADA DE PITAL, contra el  INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 20:18 horas del 11 de febrero de 2026 el recurrente presenta recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Manifiesta que la ASADA de Pital es responsable del suministro de agua potable en ese distrito y desde hace varios años enfrenta problemas por contaminación de fuentes e insuficiencia del recurso, lo cual motivó la formulación de proyectos técnicos para asegurar el acceso al agua potable. Indica que la Sala Constitucional mediante sentencia nro. 2020013848, dictada dentro del expediente nro. 20 003432 0007 CO, ordenó al AyA adoptar medidas para garantizar la calidad, continuidad y suficiencia del servicio, incluyendo monitoreos, control de contaminaciones y habilitación de fuentes alternas. Expone que la ASADA Pital ha impulsado gestiones técnicas y administrativas para desarrollar proyectos de infraestructura, incluida la Planta de Tratamiento de Agua Potable, que cuenta con viabilidad ambiental otorgada por SETENA según resolución 2021 2025 SETENA del 9 de diciembre de 2025. Señala que, pese a ello, el AyA no ha emitido pronunciamientos oportunos dentro de los procedimientos administrativos y ha incurrido en omisiones y dilaciones. Indica que mediante oficio GSBLUEN GAR 2024 04184 del 27 de setiembre de 2024, el AyA informó que la revisión del Estudio de Factibilidad Técnica quedaba sujeta a procesos internos, pero sin emitir una resolución de fondo. Alega que el AyA ha requerido gestiones e información que corresponden a la propia Administración Pública, lo cual contraviene la Ley 8220, y que no ha emitido respuesta formal dentro de plazo razonable, generando incertidumbre y paralizando proyectos necesarios para garantizar la calidad del agua potable. Agrega que la falta de resolución ha afectado la continuidad del trámite administrativo vinculado al cumplimiento de la sentencia constitucional. Plantea que el AyA ha supeditado el avance del proyecto a coordinaciones internas no formalizadas ni publicadas en el Catálogo Nacional de Trámites, y que ha incumplido el deber de informar y resolver dentro del plazo legal, en contravención de los artículos 5 y 6 de la Ley 8220. Por lo expuesto, solicita que se declare con lugar el recurso de amparo; que se declare la existencia de una actuación administrativa ilegítima al paralizar el trámite mediante exigencias de coordinaciones internas; que se ordene al AyA realizar de manera oficiosa todas las coordinaciones necesarias para resolver el trámite administrativo relacionado con el proyecto de abastecimiento de agua potable; y que se ordene emitir una resolución expresa, motivada y de fondo en un plazo perentorio.\n\n2.- Por resolución de las 20:13 horas del 26 de febrero de 2026 se dio curso al presente amparo y se solicitó informe al PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) (ver registro electrónico).\n\n3.- Informa bajo juramento LOURDES MARÍA SAÚREZ BARBOZA en su calidad de PRESIDENTA EJECUTIVA del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “HECHO PRIMERO: Parcialmente cierto Es cierto que la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Pital de San Carlos (en adelante ASADA de Pital), cédula jurídica número CED01 es un operador por delegación de AyA con habilitación legal para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, según convenio suscrito con AyA desde el 25 de enero del 2005 (ver prueba 01). Sin embargo, debe aclararse que, conforme al modelo de gestión delegada, la ASADA es responsable de la administración, operación, mantenimiento y desarrollo del sistema, incluyendo la formulación y presentación de proyectos de mejora o ampliación del sistema. Por su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ejerce funciones de rectoría técnica, supervisión y fiscalización, por lo que las propuestas de infraestructura deben ser analizadas técnicamente antes de su aprobación. También es cierto que dicha ASADA se ha enfrentado a una problemática relacionada con la contaminación por agroquímicos (Bromacil) en dos pozos de las doce fuentes cuyo caudal tienen asignado para uso poblacional. Dicha problemática es atendida por AyA a través de la Comisión de Plan Único por Contaminación por Bromacil en la Zona Norte, liderada por el Ministerio de Salud y creada conforme lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte de Justicia en sentencias 2019- 007690, 2019-000695, 2019-012312 y 2020-006275. No es cierto que dicha problemática haya comprometido la calidad, cantidad y suficiencia del servicio brindado por parte de la ASADA a la población. Como parte del seguimiento que se realiza desde la Comisión de Plan Único a la ASADA de Pital, se han realizado visitas semestrales y/o anuales para la verificación de las condiciones de abastecimiento. El pasado 29 de enero del 2026, se realizó una visita por parte de funcionarios de la Oficina Regional Huetar Norte del AyA y el Ministerio de Salud Área Rectora de Aguas Zarcas (ver prueba 02) a la ASADA de Pital y fueron atendidos por el administrador de la ASADA, Sr. Nerwin Nájera, quien afirmó que durante el segundo semestre del año 2025 el servicio ha sido brindado en condiciones de cantidad, calidad y continuidad (ver prueba 02). A la fecha de confección de este informe, ni la ASADA de Pital ni sus usuarios han reportado ningún problema relacionado con desabastecimiento a la ORAC Huetar Norte de AyA, lo que lleva a concluir que la ASADA está suministrando agua a sus usuarios en condiciones óptimas de cantidad, calidad y continuidad, cumpliendo así con los principios del servicio público que se establecen en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. HECHO SEGUNDO: Es cierto. Es cierto que en sentencia 2020-013848 de las nueve horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte, al declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto por la ASADA de Pital, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicita que las autoridades recurridas “tomen nota de lo indicado en el considerando V”, el cual dispone: “V.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en todos sus extremos. No obstante, se apercibe a las autoridades recurridas que conforme lo informaron, deberán, como una medida preventiva, realizar un monitoreo trimestral a todas las fuentes captadas por la ASADA (incluyendo el pozo) para controlar una posible contaminación del agua para consumo humano con Bromacil o cualquier otro herbicida. Aunado a lo anterior y en razón de la gestión posterior presentada por el recurrente a las 08:08 horas del 24 de julio de 2020, conjuntamente con ese monitoreo, deberá controlarse también la suficiencia de las fuentes de abastecimiento, de manera que se prevea la necesidad de buscar otras fuentes de captación. Controles que esta Sala estima necesario para que la población que abastece la ASADA de Pital de San Carlos, disfruten de un servicio de agua potable con calidad y continuidad.” HECHO TERCERO: Es parcialmente cierto. No es cierto que en la sentencia 2020-013848 de las nueve horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte, la Sala Constitucional le haya ordenado a la ASADA de Pital que impulse iniciativas para el desarrollo de infraestructura hídrica, como erróneamente afirma el recurrente. De acuerdo con el considerando quinto de la sentencia supra citado, se solicitó a las autoridades recurridas (y no a la ASADA de Pital) tomar nota de ciertos aspectos, incluyendo el “prever la necesidad de buscar otras fuentes de captación”, lo cual fue debidamente atendido por el AyA al tramitar la asignación de caudal del Río Guayabo a favor de la ASADA Pital por un total de 105.35 l/s desde el 21 de mayo del 2024, tal y como consta en resolución DA-1259-2024 emitida por la Dirección de Aguas del MINAE (ver prueba 03). Es cierto que la ASADA de Pital ha promovido gestiones orientadas al desarrollo de un proyecto de planta potabilizadora, como parte de las alternativas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad. No obstante, debe aclararse que la información presentada por la ASADA de Pital corresponde a estudios a nivel de prefactibilidad, los cuales constituyen una etapa preliminar dentro del proceso de formulación de proyectos de infraestructura hidráulica. En este sentido, la Dirección de la UEN Gestión de Acueductos Rurales ha venido realizando un proceso de asesoría, acompañamiento y revisión técnica de los documentos de prefactibilidad presentados, tal como consta en los oficios e informes técnicos aportados como pruebas, mediante los cuales se han emitido observaciones y solicitudes de aclaración respecto a los estudios presentados. Sin embargo, a la fecha de confección del presente informe, no se ha presentado ante la UEN de Gestión de Acueductos Rurales el diseño final del proyecto, incluyendo los planos constructivos, especificaciones técnicas completas y demás elementos requeridos para su evaluación y eventual aprobación técnica. En consecuencia, el análisis realizado por la UEN de Gestión de Acueductos Rurales se ha circunscrito a la revisión de los estudios de prefactibilidad, sin que exista aún una propuesta de diseño final de la planta potabilizadora que sea susceptible de aprobación técnica. HECHO CUARTO: No nos consta. No nos consta lo referido en este hecho, respecto de que exista una viabilidad ambiental aprobada por parte de SETENA y en todo caso, ello no condiciona a una aprobación por parte de AyA. Cabe aclarar que, en ningún escenario, la SETENA tendría la potestad ni la competencia técnica o legal para analizar, revisar y/o aprobar aspectos propios de la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, los cuales corresponden ser revisados y eventualmente aprobados por el AyA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de ASADAS y el artículo 21 de la Ley Constitutiva. Toda ampliación, mejora o modernización de cualquier acueducto a nivel nacional debe contar con aprobación previa de AyA como ente rector de la prestación del servicio y delegante. La viabilidad ambiental SETENA no sustituye ni exime del cumplimiento del procedimiento técnico de aprobación de diseños ante el AyA. HECHO QUINTO: No es cierto. No es cierto que exista ninguna orden de la Sala Constitucional dirigida a la ASADA Pital, tal y como fue explicado en la respuesta del hecho segundo. Tampoco es cierto que el AyA haya incurrido en una conducta “reiterada de omisión, dilación y falta de respuesta efectiva”, como señala el recurrente. Evidencia de ello, es que realiza la afirmación de forma temeraria y no aporta prueba alguna con la cual pueda respaldar lo dicho. Tal y como se observa en el escrito de interposición, el recurrente manifiesta que la prueba corresponde al “expediente administrativo en poder de la Administración Pública recurrida” y el cual, evidentemente, desconoce. Por ende, es necesario aclarar lo siguiente: 1. En memorando GSD-UEN-GAR-2024-05183 del 29 de noviembre de 2024 (ver prueba 04), se realizó la primera revisión de la prefactibilidad para el Proyecto de Planta Potabilizadora del Río Guayabo. Dicho documento consta de 38 páginas de observaciones técnicas detalladas de la siguiente manera: - Condiciones generales y ubicación de toma: 4 aspectos pendientes y 3 aspectos en que cumple. - Punto de ubicación de planta potabilizadora: no cumple en ningún aspecto. - Condiciones del diseño de la línea de conducción: 14 cumple, 15 no aplica y 23 pendientes. 2. Posteriormente a ello, en oficio GSD-UEN-GAR-2025-00628 del 21 de febrero de 2025 (ver prueba 05), se reitera la existencia de pendientes por parte de la ASADA en relación con aspectos de prefactibilidad del proyecto y se le autoriza a “(…) continuar con el avance en el diseño de los procesos unitarios de potabilización, basado en la escogencia del estudio de factibilidad, en donde se demostró que la solución más factible para el diseño de la planta potabilizadora (PTAP) en Pital, según los documentos proporcionados, se basa en una planta \"Prefabricada\" de filtrado rápido bajo presión (…)” Asimismo, se realizaron recomendaciones y consideraciones para el diseño del proyecto, indicando que “(…) debe basarse en un análisis detallado de las condiciones específicas del sitio, los resultados de las pruebas de tratabilidad y un estudio exhaustivo de los costos y beneficios de las diferentes alternativas (…)”. En ambas revisiones técnicas se identificaron aspectos que debían ser aclarados o complementados por parte de la ASADA, incluyendo información técnica indispensable para poder avanzar hacia una eventual etapa de diseño y aprobación del proyecto. No obstante, a la fecha la ASADA no ha presentado el diseño final del proyecto ni ha completado plenamente la información técnica requerida en dichas revisiones, lo cual impide emitir una resolución técnica definitiva respecto del proyecto propuesto. En consecuencia, el AyA no ha incurrido en omisión administrativa alguna, sino que ha cumplido con sus funciones de análisis técnico y seguimiento del expediente, manteniéndose el trámite sujeto a la presentación de la información requerida por parte del operador del sistema. Asimismo, es importante indicar que el Instituto no mantiene solicitudes de revisión pendientes respecto a la información presentada, siendo que todas las gestiones recibidas han sido atendidas mediante las revisiones técnicas correspondientes. Cabe señalar que aún y sin contar con el aval requerido por parte de la UEN de Gestión de Acueductos Rurales, la ASADA de Pital realizó el trámite en la plataforma de Administrador de Proyectos Constructivos (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), mediante dos proyectos separados, a saber: línea de conducción y planta potabilizadora del Río Guayabo. En dicha plataforma, la revisión es realizada por la Dirección de Urbanizaciones del AyA, quienes han identificado la falta de aprobación técnica antes referida, tal como se evidencia en las pruebas que se aportan: 1. Con respecto al proyecto de “línea de conducción”, en memorando FRAC-AyA-2025-636 de fecha 12 de noviembre del 2025 (ver prueba 06), se indican diez aspectos a corregir y además, se reitera que no aporta el aval requerido por parte de la UEN de Gestión de Acueductos Rurales. 2. En relación con el proyecto “planta potabilizadora del Río Guayabo”, con oficio FRACAyA-2026-095 de 19 de febrero de 2026 (ver prueba 07), se indica que no se aporta el aval de la UEN de Gestión de Acueductos Rurales requerido. Nótese que los rechazos en la plataforma APC son responsabilidad directa de la ASADA de Pital, al no atender las recomendaciones e indicaciones brindadas por el suscrito, pese a que las mismas son de carácter vinculante, según dispone el artículo 37.f) del Reglamento de ASADAS. Se reitera que, a la fecha de confección del presente informe, no se ha presentado ante la UEN de Gestión de Acueductos Rurales el diseño final del proyecto, incluyendo los planos constructivos, especificaciones técnicas completas y demás elementos requeridos para su evaluación y eventual aprobación técnica. Tal y como queda evidenciado con la prueba que se aporta, no es cierto que AyA no haya emitido “pronunciamientos oportunos, claros y definitivos dentro de los procedimientos administrativos de su competencia”, como erróneamente se afirma en el escrito de interposición del recurso. El recurso de amparo fue interpuesto el 11 de febrero del 2026, momento en el cual la ASADA de Pital conocía tres de los cinco oficios de revisión confeccionados por el AyA, a saber: GSD-UEN-GAR-2024- 05183 del 29 de noviembre de 2024, GSD-UEN-GAR-2025-00628 del 21 de febrero de 2025 y FRAC-AyA-2025-636 de fecha 12 de noviembre del 2025. Es claro que el recurrente no tiene conocimiento de la totalidad de actuaciones realizadas por parte de este Instituto, dado que las mismas le son comunicadas directamente al operador delegado y al profesional responsable del trámite en la plataforma APC contratado por la ASADA y no, a un tercero externo. HECHO SEXTO: No es cierto. No es cierto que en el oficio GSD-UEN-GAR-2024-05183 del 29 de noviembre de 2024, se haya supeditado el avance del proyecto a “coordinaciones internas que se debieron asumir de manera oficiosa”, como manifiesta el recurrente. De la lectura de las cuatro revisiones realizadas (y de las cuales el recurrente sólo conoce una), se desprende que el proyecto presentado por la ASADA a la UEN de Gestión de Acueductos Rurales se encuentra aún en una etapa de prefactibilidad, y que la documentación aportada corresponde a estudios preliminares que requieren ser complementados con información técnica adicional. Se reitera que el diseño final del proyecto para su aprobación técnica incluyendo los planos constructivos definitivos, especificaciones técnicas completas y demás documentación requerida para la evaluación integral del sistema propuesto, no ha sido presentado ante la UEN de Gestión de Acueductos Rurales. Por lo tanto, es claro que la ausencia de una resolución final no obedece a una omisión institucional, ni a una falta de coordinación interadministrativa ni a una paralización como es alegado, sino a la falta de presentación del diseño final del proyecto y de la información técnica requerida por parte de la ASADA de Pital ante la UEN de Gestión de ASADAS, tal como se indicó en las revisiones técnicas realizadas y que se aportan como pruebas (ver prueba 04, 05, 06 y 07). HECHO SÉTIMO: No es cierto. No es cierto que las revisiones realizadas por el AyA contengan requisitos “adicionales, no esenciales, no razonables y no proporcionales”. Tal y como se desprende de la prueba aportada (ver pruebas 04 y 05) los requerimientos formulados por el Instituto corresponden a información técnica necesaria para evaluar la viabilidad del proyecto presentado y garantizar que el recurso hídrico va a poder ser utilizado para consumo humano cumpliendo con todos los parámetros de calidad, cantidad y continuidad. Durante el proceso de revisión se han solicitado aclaraciones y documentación complementaria relacionadas con aspectos técnicos del proyecto. Debe indicarse que parte de la información requerida no ha sido presentada o completada por la ASADA de Pital, lo cual ha impedido avanzar en la valoración técnica del proyecto por parte de la UEN de Gestión de ASADAS, como se ha mencionado en los puntos anteriores y en la prueba que se aporta. HECHO OCTAVO: No es cierto. No es cierto que el AyA haya trasladado a la ASADA de Pital gestiones o trámites que correspondan a la Administración Pública. Tal y como se evidencia de las pruebas aportadas (ver prueba 04 y 05), las revisiones formuladas por la UEN de Gestión de Acueductos Rurales determinan los faltantes de información técnica propia del proyecto presentado por la ASADA de Pital, la cual debe ser aportada por dicho operador como proponente del proyecto para que pueda ser evaluada técnicamente. En dichas revisiones se identificaron aspectos técnicos que debían ser aclarados o complementados por parte de la ASADA, en particular la presentación del diseño final del proyecto, incluyendo planos constructivos definitivos, especificaciones técnicas completas y demás documentación necesaria para su evaluación. A la fecha, la ASADA no ha presentado el informe final de diseño requerido para la aprobación técnica del proyecto por parte de la UEN de Gestión de ASADAS, motivo por el cual no ha sido posible avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva. Debe indicarse además que toda la información presentada por la ASADA ha sido objeto de revisión y respuesta por parte del Instituto, no existiendo gestiones pendientes de análisis por parte de la Administración. En consecuencia, no existe traslado indebido de cargas administrativas, sino la necesidad de contar con la información técnica que corresponde aportar al proponente del proyecto para poder continuar con su evaluación para una eventual aprobación. HECHO NOVENO: No es cierto. Tal y como se ha evidenciado en la respuesta de los hechos anteriores y en la prueba que se aporta, no es cierto que el AyA no ha emitido una respuesta formal a la ASADA de Pital. Se han emitido cuatro oficios (ver pruebas 04, 05, 06 y 07) con respecto al análisis del proyecto presentado por la ASADA de Pital. El hecho de que el recurrente desconozca las respuestas brindadas por el AyA y el trasfondo técnico de éstas no representa ninguna razón para argumentar que la ASADA de Pital se encuentra en un “estado de incertidumbre jurídica”. A la fecha de confección del presente informe, la ASADA de Pital no ha presentado la totalidad de la información solicitada en dichas revisiones, ni ha aportado el diseño final requerido para la aprobación técnica del proyecto por parte de UEN de Gestión de ASADAS. En consecuencia, la ausencia de una resolución definitiva no obedece a un atraso institucional, sino a la falta de cumplimiento de los requerimientos técnicos formulados por el Instituto, tal como se ha expuesto en los hechos anteriores. Por lo tanto, el trámite del expediente se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del proponente del proyecto, siendo que el Instituto ha atendido oportunamente toda la información presentada y no mantiene gestiones pendientes de revisión. HECHO DÉCIMO: No es cierto. No es cierto que exista una falta de respuesta ni trámites improcedentes, como erróneamente señala el recurrente. Tal y como ha quedado evidenciado, toda la información presentada por la ASADA de Pital ha sido revisada y atendida por el Instituto, no existiendo gestiones pendientes de respuesta por parte de la Administración. La situación señalada por el recurrente no responde a una falta de respuesta institucional, sino a que la ASADA de Pital no ha presentado la totalidad de la información técnica solicitada en las revisiones realizadas por el Instituto, lo cual ha impedido avanzar hacia una etapa de evaluación final del proyecto. En consecuencia, no existe omisión ni falta de respuesta por parte del Instituto, sino un proceso técnico que se mantiene supeditado a la presentación de la información requerida por parte del proponente del proyecto. HECHO UNDÉCIMO: No es cierto. No es cierto que exista una conducta omisiva ni obstructiva por parte de AyA, ni mucho menos una “desobediencia material” a lo ordenado por la jurisdicción constitucional. Tal y como fue explicado, no es cierto que en la sentencia 2020-013848 de las nueve horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte, la Sala Constitucional le haya ordenado a la ASADA de Pital que impulse iniciativas para el desarrollo de infraestructura hídrica, como erróneamente afirma el recurrente. De acuerdo con el considerando quinto de la sentencia citada, se ordenó a las autoridades recurridas (y no a la ASADA de Pital) “prever la necesidad de buscar otras fuentes de captación”, lo cual fue debidamente atendido por el AyA al tramitar la asignación de caudal del Río Guayabo a favor de la ASADA Pital por un total de 105.35 l/s desde el 21 de mayo del 2024, tal y como consta en resolución DA-1259-2024 emitida por la Dirección de Aguas del MINAE (ver prueba 03). Se reitera que la falta de resolución definitiva en relación con el proyecto de planta potabilizadora del Río Guayabo obedece a la necesidad de contar con información técnica suficiente para valorar adecuadamente el proyecto, así como a la falta de atención de algunos requerimientos por parte de la ASADA de Pital, que no pueden ni deben ser atribuidos al AyA. Además de que la prefactibilidad del proyecto evidenció una formulación técnica deficiente con múltiples incumplimientos respecto a la normativa de diseño aplicable, la ASADA de Pital no ha presentado los diseños constructivos ante la UEN de Gestión de Acueductos Rurales, lo cual constituye un requisito para la siguiente etapa del proceso. CONSIDERACIONES DE DERECHO El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha violentado derecho constitucional alguno del recurrente ni de su amparado, pues su actuar se ha ajustado al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En sentencia 2020-013848 de las nueve horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte dictada con ocasión de recurso de amparo interpuesto por la ASADA de Pital en contra de AyA tramitado bajo expediente número 20-003432-0007-CO, el Por Tanto dispone en lo que interesa: “POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado en el considerando V. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.”. (lo destacado es propio). En el mismo expediente 20-003432-0007-CO y con base en una gestión de supuesta inejecución de la sentencia 2020-013848 presentada por Nombre02, en su condición de presidente de la ASADA de Pital en fecha 24 de julio de 2020, la misma Sala Constitucional en resolución 2024- 034696 de las nueve horas veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro aclara que dicha resolución no contiene instrucción alguna: “(…) Al respecto, se debe advertir que en la sentencia mencionada no se dictó orden alguna debido a que fue desestimado el recurso de amparo. Al no haberse dictado ninguna orden, consecuentemente, no existe posibilidad de incumplimiento por parte de las autoridades recurridas, como lo pretende ver el actual representante de la asociación amparada. Nótese que lo que se consignó en el considerando V de conclusiones fue un tome nota que, según lo indicado en el considerando anterior, no constituye por sí sola una orden de cumplimiento específica. Aunado a ello, este Tribunal verifica que, si bien se trata de la misma problemática -la supuesta contaminación con bromacil de aguas destinadas a consumo humano- se hace con sustento en una certificación emitida el 28 de octubre de 2024. Por ello, se comprueba que lo alegado por el gestionante se trata de un hecho nuevo, motivo por el cual, si el promovente lo estima pertinente puede interponer un nuevo recurso de amparo respecto a tal extremo, pues lo acusado ya no puede ser analizado dentro del presente expediente. Aparte de que, se reitera, no existe ninguna desobediencia, ya que el recurso fue desestimado. Así las cosas, se impone desestimar la gestión formulada.”. (lo destacado es propio). De acuerdo con la cita anterior, es jurídicamente imposible que este Instituto haya incurrido en una “desobediencia material” como busca alegar el recurrente, pues simplemente la sentencia por él referida, no contiene instrucción alguna. Tal y como ha quedado demostrado en la respuesta de los hechos y las pruebas adjuntas contenidas en el informe GSD-UEN-GAR-2026-00940 de fecha 04 de marzo del 2026, este Instituto ha gestionado correctamente el proceso de asesoría, acompañamiento y revisión del proyecto de la Planta Potabilizadora del Río Guayabo promovido por la Asociación Administradora de Acueducto Rural de Pital. De manera temeraria, el recurrente acude a la Sala Constitucional a alegar supuestas violaciones al derecho de respuesta, al deber de información y al principio de coordinación institucional en contra de la ASADA de Pital. Llama poderosamente la atención dichas manifestaciones, dado que el recurrente no aporta prueba concreta alguna en el escrito de interposición y refiere como evidencia el expediente que tiene custodiado la Administración recurrida. Es claro que no hay justificación alguna sobre supuestas faltas de “trazabilidad e información del estado real del trámite”, pues como consta en las pruebas adjuntas, el AyA ha brindado respuesta detallada a la ASADA amparada. El hecho de que el recurrente las desconozca no es razón suficiente para afirmar que este Instituto ha incurrido en omisiones y/o paralizaciones administrativas. Refiere el recurrente que AyA “ha condicionado el avance y resolución del proyecto de abastecimiento de agua potable a procesos de revisión, valoración y coordinación interna entre sus propias dependencias, sin asumir de manera oficiosa dichas gestiones ni articularias institucionalmente, manteniendo el trámite en un estado de indefinición”. De la simple lectura de los informes técnicos de revisión confeccionados por la Dirección de la UEN Gestión de ASADAS (ver pruebas 04 y 05), se extrae que los aspectos que se encuentran catalogados como pendientes o que no cumplen con las regulaciones técnicas, no versan sobre temas que dependan de coordinaciones internas de AyA, sino de aspectos que debe corregir y adicionar la ASADA de Pital como operador delegado y proponente del proyecto. Cabe aclarar que el AyA no se ha limitado a realizar un proceso de revisión, sino que -como se evidencia en los informes técnicos aportados como prueba-, también se ha brindado asesoría y acompañamiento a la ASADA de Pital, explicando cada uno de los aspectos que deben cumplir de manera detallada, a efectos de que se presente la propuesta con los requerimientos técnicos necesarios que permitan garantizar la viabilidad del proyecto de la Planta Potabilizadora del Río Guayabo y la eventual aprobación por parte de la Dirección de la UEN de Gestión de ASADAS del AyA. No es de recibo lo señalado por el recurrente respecto de que existe omisión y atrasos por parte de AyA en el dictado de una resolución en relación con el proyecto de la Planta Potabilizadora del Río Guayabo. Todos los aspectos que requieren correcciones y/o adiciones han sido debidamente comunicados a la ASADA amparada con su respectiva justificación técnica (ver pruebas 04 y 05). Tal y como refiere el informe GSD-UEN-GAR-2026-00940 de fecha 04 de marzo del 2026, no existe ninguna gestión pendiente de atención por parte de AyA en relación con el proyecto de la ASADA amparada, quien debe presentar la propuesta corregida ante la UEN de Gestión de ASADAS del AyA como paso previo a tramitar los diseños en la plataforma de APC del CFIA. Por esta razón, carece de toda lógica acceder a la pretensión del recurrente respecto del dictado de un acto administrativo “dentro de un plazo perentorio”, puesto que al no contar con las correcciones solicitadas a la ASADA amparada, la Dirección de la UEN de Gestión de ASADAS se encuentra imposibilitada de realizar el análisis técnico correspondiente. De manera temeraria e infundada, el recurrente busca achacar al AyA una “paralización administrativa” inexistente, por el simple desconocimiento del trámite, los análisis realizados por el AyA y el trasfondo técnico de las gestiones del proyecto de la Planta Potabilizadora del Río Guayabo con la ASADA de Pital. Actualmente la aludida “paralización”, se debe a que la ASADA amparada no ha presentado a la UEN Gestión de ASADAS lo solicitado en memorandos GSD-UEN-GAR-2024- 05183 del 29 de noviembre de 2024 y GSD-UEN-GAR-2025-00628 del 21 de febrero de 2025. Todas las gestiones de revisión, asesoría y acompañamiento realizadas por el AyA han estado dirigidas a garantizar el interés público que representa la correcta incorporación de una nueva fuente de agua a un acueducto, velando en todo momento por su viabilidad técnica, administrativa y financiera en beneficio de la comunidad a la cual abastece la ASADA de Pital conforme a las competencias legales establecidas en el Reglamento de ASADAS. PRETENSIONES Con fundamento en lo expuesto en el presente informe y las pruebas que lo sustentan, se solicita a la Honorable Sala Constitucional que se declare sin lugar el recurso interpuesto en todos sus extremos y pretensiones. Asimismo, solicitamos respetuosamente que no se condene al AyA al pago de costas, daños o perjuicios y se proceda con el archivo del expediente”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente alega que la ASADA de Pital es responsable del suministro de agua potable en ese distrito y desde hace varios años enfrenta problemas por contaminación de fuentes e insuficiencia del recurso, lo cual motivó la formulación de proyectos técnicos para asegurar el acceso al agua potable. Indica que la Sala Constitucional mediante sentencia nro. 2020013848, dictada dentro del expediente nro. 20 003432 0007 CO, ordenó al AyA adoptar medidas para garantizar la calidad, continuidad y suficiencia del servicio, incluyendo monitoreos, control de contaminaciones y habilitación de fuentes alternas. Expone que la ASADA Pital ha impulsado gestiones técnicas y administrativas para desarrollar proyectos de infraestructura, incluida la Planta de Tratamiento de Agua Potable, que cuenta con viabilidad ambiental otorgada por SETENA según resolución 2021 2025 SETENA del 9 de diciembre de 2025. Señala que, pese a ello, el AyA no ha emitido pronunciamientos oportunos dentro de los procedimientos administrativos y ha incurrido en omisiones y dilaciones. Indica que mediante oficio GSBLUEN GAR 2024 04184 del 27 de setiembre de 2024, el AyA informó que la revisión del Estudio de Factibilidad Técnica quedaba sujeta a procesos internos, pero sin emitir una resolución de fondo. Alega que el AyA ha requerido gestiones e información que corresponden a la propia Administración Pública, lo cual contraviene la Ley 8220, y que no ha emitido respuesta formal dentro de plazo razonable, generando incertidumbre y paralizando proyectos necesarios para garantizar la calidad del agua potable. Agrega que la falta de resolución ha afectado la continuidad del trámite administrativo vinculado al cumplimiento de la sentencia constitucional. Plantea que el AyA ha supeditado el avance del proyecto a coordinaciones internas no formalizadas ni publicadas en el Catálogo Nacional de Trámites, y que ha incumplido el deber de informar y resolver dentro del plazo legal, en contravención de los artículos 5 y 6 de la Ley 8220.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos:\n\na)   Que la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Pital de San Carlos, cédula jurídica número CED01 es un operador por delegación de AyA con habilitación legal para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, según convenio suscrito con AyA desde el 25 de enero del 2005 (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nb)  Que la ASADA se ha enfrentado a una problemática relacionada con la contaminación por agroquímicos (Bromacil) en dos pozos de las doce fuentes cuyo caudal tienen asignado para uso poblacional. Dicha problemática es atendida por AyA a través de la Comisión de Plan Único por Contaminación por Bromacil en la Zona Norte, liderada por el Ministerio de Salud y creada conforme lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte de Justicia en sentencias 2019- 007690, 2019-000695, 2019-012312 y 2020-006275 (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nc)   Que en fecha 29 de enero del 2026, se realizó una visita por parte de funcionarios de la Oficina Regional Huetar Norte del AyA y el Ministerio de Salud Área Rectora de Aguas Zarcas  a la ASADA de Pital  (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nd)  Que durante el año 2025 la Asada ha brindado el servicio en condiciones de cantidad, calidad y continuidad (ver informe de la autoridad recurrida).\n\ne)   Que no existe registro de ningún usuario  reportando algún problema relacionado con desabastecimiento a la ORAC Huetar Norte de AyA (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nf)     Que la ASADA de Pital ha promovido gestiones orientadas al desarrollo de un proyecto de planta potabilizadora, como parte de las alternativas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad (ver informe de la autoridad recurrida).\n\ng)  Que toda ampliación, mejora o modernización de cualquier acueducto a nivel nacional debe contar con aprobación previa de AyA como ente rector de la prestación del servicio y delegante -la viabilidad ambiental SETENA no sustituye ni exime del cumplimiento del procedimiento técnico de aprobación de diseños ante el AyA- (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nh)  Que en memorando GSD-UEN-GAR-2024-05183 del 29 de noviembre de 2024 el AYA realizó la primera revisión de la prefactibilidad para el Proyecto de Planta Potabilizadora del Río Guayabo (ver informe de la autoridad recurrida).\n\ni)     Que mediante oficio GSD-UEN-GAR-2025-00628 del 21 de febrero de 2025 el AYA  reitera la existencia de pendientes por parte de la ASADA en relación con aspectos de prefactibilidad del proyecto y se le autoriza a “(…) continuar con el avance en el diseño de los procesos unitarios de potabilización, basado en la escogencia del estudio de factibilidad, en donde se demostró que la solución más factible para el diseño de la planta potabilizadora (PTAP) en Pital, según los documentos proporcionados, se basa en una planta \"Prefabricada\" de filtrado rápido bajo presión (…)” (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nj)     Que el AYA en las dos revisiones técnicas identificó aspectos que debían ser aclarados o complementados por parte de la ASADA, incluyendo información técnica indispensable para poder avanzar hacia una eventual etapa de diseño y aprobación del proyecto (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nk)   Que la ASADA no ha presentado el diseño final del proyecto ni ha completado plenamente la información técnica requerida en dichas revisiones, lo cual impide emitir una resolución técnica definitiva respecto del proyecto propuesto (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nIII.- ANTECEDENTE RELACIONADO CON EL CASO CONCRETO: Esta Sala mediante sentencia número 2020013848 de las nueve horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte resolvió:\n\n“I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que, pese a que el Servicio Fitosanitaria del Estado conocía que el \"Proyecto de Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)\", arrojaba que existía riesgo para las personas y el ambiente, esa dependencia se limitó a trasladar los resultados al ICAA y al Ministerio de Salud, sin tomar acción alguna contundente al respecto. Afirma que en vista de que el 22 de setiembre de 2016 se expusieron los resultados de dichos estudios a los grandes productores de piña de la zona, a las comunidades de Pital, Veracruz y Río Cuarto, no se les informó nada sobre el particular, colocándolos en total estado de indefensión, pues  una vez concluida la investigación preliminar realizada por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la UCR, existía mérito para iniciar un procedimiento administrativo y dictar medidas cautelares; sin embargo, no fue sino hasta mediados de 2017, cuando se trasladó la información a otras dependencias que tienen injerencia en el tema e iniciaron la respectiva coordinación interinstitucional para abortar el asunto. Señala que existe responsabilidad compartida de todas las instituciones que regulan la protección del recurso hídrico, omisión que vulnera el derecho a un ambiente y ecológicamente equilibrado, así como el derecho al agua y a la vida.\n\n(…)\n\n  IV.- RESPECTO AL PRESENTE AMPARO. Acude el recurrente, nuevamente, a esta Sala alegando los mismos hechos expuestos en el anterior asunto y reiterando lo pretendido en éste. A pesar de que, como se indicó, esta Sala ya se pronunció sobre tales extremos, en virtud del tiempo transcurrido y, sobre todo, por la problemática de fondo que se reitera y su posible incidencia en la salud y vida de las personas usuarias de la ASADA amparada, se estima de mérito conocer de nuevo lo planteado, como de seguido se efectúa. Primero, se reconoce la preocupación del recurrente por una posible contaminación de las fuentes de agua que administra la ASADA de Pital, que representa, con el herbicida Bromacil, pues en el pasado e incluso, en fecha reciente, este Tribunal ha estimado recursos de amparo donde se ha comprobado esa problemática. Por ejemplo, en la sentencia No. 2020-006275, de las 09:20 horas del 27 de marzo de 2020, donde se tuvo por demostrada la contaminación con ese agroquímico de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Los Llanos y Santa Fe de Aguas Zarcas, de San Carlos. Obviando que mediante Decreto Ejecutivo No. 40423-MAG-MINAE-S, dado por la Presidencia de la República el 24 de mayo de 2017, se prohibió el registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos, grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-dromO-3-sec-butyl-6-methyluracil, de nombre común Bromacil y su sal de litio. No obstante, y a pesar de la estimatoria de ese proceso constitucional, respecto a la ASADA de Pital, asociación amparada en el presente recurso, se tiene otra situación muy diferente. Se acredita que esa organización es operadora legal del sistema de agua potable que abastece a la comunidad de Pital y cuenta con convenio de delegación suscrito con el ICAA desde el 20 de enero de 2005. Además, permiso sanitario de funcionamiento vigente hasta el 07 de agosto de 2024. También se constata que el sistema de abastecimiento de agua del acueducto Pital se compone de la captación de 12 nacientes, 1 tanque de reunión de las mismas, 2 tanques de almacenamiento, 2 quiebra gradientes, el sistema de desinfección del agua y la red de tuberías. En ese orden de ideas, se desprende de los autos que las nacientes captadas por la ASADA de Pital se encuentran en el distrito de Aguas Zarcas de San Carlos. A lo anterior se agrega que, a partir de julio de 2019, no le brinda soporte a la ASADA Veracruz, por cuanto el megaproyecto de la Municipalidad de San Carlos, asumió de forma temporal el darle soporte a la ASADA Veracruz, mientras concluye el proyecto de la nueva captación que solucionara de forma permanente la situación del abastecimiento de agua a la población de Veracruz de Pital. En cuanto al problema de contaminación de ese líquido vital por el plaguicida Bromacil que reitera el recurrente en este amparo, se reconoce que todos los habitantes tienen el  derecho fundamental de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como un deber ineludible del Estado procurarlo. En virtud de ello, y para el caso concreto, el Estado debe regular las sustancias químicas o afines para uso agrícola de forma que sean manejadas de forma correcta, razonablemente y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente, aun cuando se utilice conforme a las recomendaciones de uso. En autos se constata que en acatamiento a las sentencias No. 2019-000695 y No. 2019-007690, se está elaborando un Plan Único de la Zona Norte, el cual determina la atención de la contaminación por Bromacil y la mitigación, contención y control de la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades de Santa Rita, Santa Isabel y La Tabla de Río Cuarto, así como en las comunidades de Veracruz y Pital de San Carlos. Que el 02 de abril de 2020, en seguimiento a ese Plan Único de Atención para la Contaminación por Agroquímicos en la Zona Norte y el monitoreo de las fuentes de agua, se realizó la toma de muestra para analizar específicamente componentes de plaguicidas a cada una de las fuentes de abastecimiento de forma independientes y se concluyó que los resultados de los análisis específicos de plaguicidas obtenidos en las fuentes de abastecimiento del Acueducto de Pital cumplen con el límite máximo admisible establecido en el Reglamento para la Calidad de Agua Potable Decreto No. 38924-S y sus reformas. De ahí que se estima que cada una de las fuentes de captación de agua utilizadas por la ASADA de Pital de San Carlos (nacientes y pozos), están libres de sustancias tóxicas para los seres humanos. Valoración técnica que permite descartar la contaminación denunciada por el recurrente. A lo anterior se agrega que se ha explicado a solicitud de esta Sala, que las fuentes captadas por la ASADA de Pital (pozo y las 11 nacientes) y el Dirección01 (AZ-43), están ubicadas en microcuencas, direcciones de flujo de agua subterránea y áreas de recarga diferentes, las cuales no tienen relación entre sí, a pesar de estar ubicadas en el distrito de Aguas Zarcas. En este contexto, evidentemente no existen elementos de juicio objetivos que demuestren el panorama descrito y, en consecuencia, hechos o actuaciones que lesionen derechos fundamentales, pues no ha sido posible determinar que las fuentes de agua que abastecen a la ASADA amparada tengan actualmente algún tipo de contaminante, mucho menos del pesticida que menciona el recurrente. Mientras que, sobre la continuidad del servicio, se colige de lo informado que la ASADA de Pital procedió a perforar en años anteriores un tercer pozo denominado pozo #3 para poder abastecer a la comunidad en época crítica. Actualmente dicho pozo se encuentra en funcionamiento. También que la población está recibiendo un servicio continuo de agua en cantidad y calidad las 24 horas de los siete días de la semana con el uso de las fuentes de abastecimiento que actualmente cuentan (12 nacientes y el pozo perforado). Lo que denota que la comunidad sí está recibiendo, en el presente el servicio con periodicidad. Se constata que las autoridades recurridas no han incurrido en inobservancia constitucional alguna. Finalmente, se reitera al recurrente que lo referente a su inconformidad con la atención brindada al inicio del problema denunciado, el trámite dispensado para la inscripción de las nacientes denominadas Manatí 14, 15, 16, 17 y 18, así como la eventual responsabilidad de la Administración, son extremos de legalidad ordinaria, propios de dirimirse ante la instancia administrativa o en la sede jurisdiccional correspondiente. En consecuencia, se estima que no lleva razón el recurrente en ninguno de sus reclamos.\n\nV.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en todos sus extremos. No obstante, se apercibe a las autoridades recurridas que conforme lo informaron, deberán, como una medida preventiva, realizar un monitoreo trimestral a todas las fuentes captadas por la ASADA (incluyendo el pozo) para controlar una posible contaminación del agua para consumo humano con Bromacil o cualquier otro herbicida. Aunado a lo anterior y en razón de la gestión posterior presentada por el recurrente a las 08:08 horas del 24 de julio de 2020, conjuntamente con ese monitoreo, deberá controlarse también la suficiencia de las fuentes de abastecimiento, de manera que se prevea la necesidad de buscar otras fuentes de captación. Controles que esta Sala estima necesario para que la población que abastece la ASADA de Pital de San Carlos, disfruten de un servicio de agua potable con calidad y continuidad.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado en el considerando V. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota”.\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Del informe rendido por la autoridad recurrida el cual es dado bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Pital de San Carlos, cédula jurídica número CED01 es un operador por delegación de AyA con habilitación legal para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, según convenio suscrito con AyA desde el 25 de enero del 2005. Se acreditó que la ASADA se ha enfrentado a una problemática relacionada con la contaminación por agroquímicos (Bromacil) en dos pozos de las doce fuentes cuyo caudal tienen asignado para uso poblacional. Dicha problemática es atendida por AyA a través de la Comisión de Plan Único por Contaminación por Bromacil en la Zona Norte, liderada por el Ministerio de Salud y creada conforme lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte de Justicia en sentencias 2019- 007690, 2019-000695, 2019-012312 y 2020-006275. Quedó demostrado que  en fecha 29 de enero del 2026, se realizó una visita por parte de funcionarios de la Oficina Regional Huetar Norte del AyA y el Ministerio de Salud Área Rectora de Aguas Zarcas  a la ASADA de Pital. Se evidenció que durante el año 2025 la Asada ha brindado el servicio en condiciones de cantidad, calidad y continuidad  y que no existe registro de ningún usuario  reportando algún problema relacionado con desabastecimiento a la ORAC Huetar Norte de AyA. Quedó probado que la ASADA de Pital ha promovido gestiones orientadas al desarrollo de un proyecto de planta potabilizadora, como parte de las alternativas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad y que toda ampliación, mejora o modernización de cualquier acueducto a nivel nacional debe contar con aprobación previa de AyA como ente rector de la prestación del servicio y delegante -la viabilidad ambiental SETENA no sustituye ni exime del cumplimiento del procedimiento técnico de aprobación de diseños ante el AyA-. Se constató que en memorando GSD-UEN-GAR-2024-05183 del 29 de noviembre de 2024 el AYA realizó la primera revisión de la prefactibilidad para el Proyecto de Planta Potabilizadora del Río Guayabo. Posteriormente mediante oficio GSD-UEN-GAR-2025-00628 del 21 de febrero de 2025 el AYA  reitera la existencia de pendientes por parte de la ASADA en relación con aspectos de prefactibilidad del proyecto y se le autoriza a “(…) continuar con el avance en el diseño de los procesos unitarios de potabilización, basado en la escogencia del estudio de factibilidad, en donde se demostró que la solución más factible para el diseño de la planta potabilizadora (PTAP) en Pital, según los documentos proporcionados, se basa en una planta \"Prefabricada\" de filtrado rápido bajo presión (…)”. Se verificó que el AYA en las dos revisiones técnicas identificó aspectos que debían ser aclarados o complementados por parte de la ASADA, incluyendo información técnica indispensable para poder avanzar hacia una eventual etapa de diseño y aprobación del proyecto. Finalmente se afirmó que la ASADA no ha presentado el diseño final del proyecto ni ha completado plenamente la información técnica requerida en dichas revisiones, lo cual impide emitir una resolución técnica definitiva respecto del proyecto propuesto. Partiendo de lo anterior el recurso deviene improcedente por las razones que se indican:\n\n1.)En la sentencia número 2020013848 de las nueve horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte no emitió ninguna orden específica al AYA. En la sentencia tal y como se indicó se demostró que el pozo estaba en funcionamiento y que la población estaba recibiendo un servicio continuo de agua en calidad y calidad. Lo que  emitió fue un apercibimiento para que implementaran una medida preventiva de monitoreo trimestral a todas las fuentes captadas por la ASADA.\n\n2.)Ese monitoreo sí se ha ejecutado por parte del AYA. Como parte del seguimiento se han realizado visitas semestrales y/o anuales para la verificación de las condiciones de abastecimiento; siendo la última visita el 29 de enero pasado\n\n3.)No es responsabilidad del AYA el avance del proyecto presentado por la ASADA. Tal y como se logró demostrar  la ausencia de una resolución definitiva no obedece a un atraso institucional, sino a la falta de cumplimiento de los requerimientos técnicos formulados por el Instituto recurrido a la ASADA.\n\nAnte ese panorama el recurso deviene improcedente. Deberá el representante de la ASADA gestionar lo que corresponda a fin de presentar toda la información técnica solicitada por el AYA. Presentada toda la información deberá el AYA resolver dentro de un plazo razonable lo que corresponda a fin de avanzar a la etapa de evaluación final del proyecto. Así las cosas se declara sin lugar el recurso.\n\nV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n DP8UY47FP8S061\n\nEXPEDIENTE N° 26-004923-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:25:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Normal\nSmall\nLarge\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 09210 - 2026\n\nDate of Resolution: 13 March 2026 at 09:30\n\nCase File: 26-004923-0007-CO\n\nDrafted by: Fernando Cruz Castro\n\nType of Matter: Amparo Action\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nText of the resolution\n\n\n\nCase File: 26-004923-0007-CO\n\nRes. No. 2026009210\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the thirteenth of March two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, identification card CED02, on behalf of ASADA DE PITAL, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nWhereas:\n\n1.- By brief filed with the Secretariat of this Chamber at 20:18 hours on 11 February 2026, the petitioner files an amparo action against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. He states that the ASADA de Pital is responsible for supplying potable water in that district and for several years has faced problems due to contamination of sources and insufficiency of the resource, which prompted the formulation of technical projects to ensure access to potable water. He indicates that the Constitutional Chamber, through judgment no. 2020013848, issued within case file no. 20 003432 0007 CO, ordered the AyA to adopt measures to guarantee the quality, continuity, and sufficiency of the service, including monitoring, contamination controls, and the enabling of alternate sources. He explains that the ASADA Pital has promoted technical and administrative efforts to develop infrastructure projects, including the Potable Water Treatment Plant, which has an environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by SETENA according to resolution 2021 2025 SETENA of 9 December 2025. He points out that, despite this, the AyA has not issued timely pronouncements within the administrative procedures and has incurred omissions and delays. He indicates that through official communication GSBLUEN GAR 2024 04184 of 27 September 2024, the AyA reported that the review of the Technical Feasibility Study was subject to internal processes, but without issuing a substantive resolution. He alleges that the AyA has required efforts and information that correspond to the Public Administration itself, which contravenes Law 8220, and that it has not issued a formal response within a reasonable timeframe, generating uncertainty and paralyzing projects necessary to guarantee the quality of potable water. He adds that the lack of resolution has affected the continuity of the administrative proceeding linked to compliance with the constitutional judgment. He argues that the AyA has conditioned the progress of the project on internal coordinations that are not formalized or published in the National Catalog of Procedures, and that it has breached the duty to inform and resolve within the legal timeframe, in contravention of Articles 5 and 6 of Law 8220. Based on the foregoing, he requests that the amparo action be declared with merit; that the existence of an illegitimate administrative action be declared for paralyzing the proceeding through demands for internal coordinations; that the AyA be ordered to carry out, on its own initiative, all necessary coordinations to resolve the administrative proceeding related to the potable water supply project; and that it be ordered to issue an express, reasoned, and substantive resolution within a peremptory period.\n\n2.- By resolution of 20:13 hours on 26 February 2026, this amparo action was admitted and a report was requested from the EXECUTIVE PRESIDENT OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) (see electronic record).\n\n3.- Under oath, LOURDES MARÍA SAÚREZ BARBOZA reports in her capacity as EXECUTIVE PRESIDENT of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (see electronic record) in the following terms: \"FIRST FACT: Partially true. It is true that the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Pital de San Carlos (hereinafter ASADA de Pital), legal identification number CED01, is an operator under delegation from AyA with legal authorization to provide the potable water supply and sanitation service, according to an agreement signed with AyA as of 25 January 2005 (see exhibit 01). However, it must be clarified that, pursuant to the delegated management model, the ASADA is responsible for the administration, operation, maintenance, and development of the system, including the formulation and presentation of improvement or expansion projects for the system. For its part, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados exercises functions of technical oversight, supervision, and inspection, and therefore infrastructure proposals must be technically analyzed before their approval. It is also true that said ASADA has faced a problem related to contamination by agrochemicals (Bromacil) in two wells of the twelve sources whose flow rate they have allocated for population use. Said problem is addressed by AyA through the Single Plan Commission for Bromacil Contamination in the Northern Zone, led by the Ministry of Health and created pursuant to the provisions of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in judgments 2019- 007690, 2019-000695, 2019-012312, and 2020-006275. It is not true that said problem has compromised the quality, quantity, and sufficiency of the service provided by the ASADA to the population. As part of the follow-up carried out by the Single Plan Commission regarding the ASADA de Pital, semi-annual and/or annual visits have been made to verify supply conditions. On 29 January 2026, a visit was made by officials from the Huetar Norte Regional Office of the AyA and the Ministry of Health, Área Rectora de Aguas Zarcas (see exhibit 02), to the ASADA de Pital, and they were attended by the ASADA administrator, Mr. Nerwin Nájera, who stated that during the second half of 2025, the service had been provided under conditions of quantity, quality, and continuity (see exhibit 02). As of the date of preparation of this report, neither the ASADA de Pital nor its users have reported any problem related to a lack of supply to the Huetar Norte ORAC of AyA, which leads to the conclusion that the ASADA is supplying water to its users under optimal conditions of quantity, quality, and continuity, thereby complying with the principles of public service established in Article 4 of the General Public Administration Law. SECOND FACT: It is true. It is true that in judgment 2020-013848 of nine hours fifteen minutes on twenty-four July two thousand twenty, upon dismissing the amparo action filed by the ASADA de Pital, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice requested that the respondent authorities 'take note of what is indicated in recital (considerando) V,' which provides: 'V.- CONCLUSION. By virtue of the foregoing, the action is dismissed in all its respects. However, the respondent authorities are admonished that, as they reported, they must, as a preventive measure, carry out quarterly monitoring of all sources captured by the ASADA (including the well) to control possible contamination of water for human consumption with Bromacil or any other herbicide. In addition to the foregoing and by reason of the subsequent petition filed by the petitioner at 08:08 hours on 24 July 2020, together with this monitoring, the sufficiency of the supply sources must also be controlled, so as to foresee the need to seek other sources of catchment. Controls that this Chamber deems necessary so that the population supplied by the ASADA de Pital de San Carlos may enjoy a potable water service with quality and continuity.' THIRD FACT: It is partially true. It is not true that in judgment 2020-013848 of nine hours fifteen minutes on twenty-four July two thousand twenty, the Constitutional Chamber ordered the ASADA de Pital to promote initiatives for the development of water infrastructure, as the petitioner erroneously claims. In accordance with the fifth recital of the judgment cited above, the respondent authorities were requested (and not the ASADA de Pital) to take note of certain aspects, including 'foreseeing the need to seek other sources of catchment,' which was duly addressed by the AyA by processing the allocation of flow (caudal) from the Río Guayabo in favor of the ASADA Pital for a total of 105.35 l/s as of 21 May 2024, as evidenced in resolution DA-1259-2024 issued by the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE (see exhibit 03). It is true that the ASADA de Pital has promoted efforts aimed at developing a water treatment plant (planta potabilizadora) project, as part of the alternatives to improve the potable water supply system in the community. However, it must be clarified that the information presented by the ASADA de Pital corresponds to prefeasibility (prefactibilidad) studies, which constitute a preliminary stage within the process of formulating hydraulic infrastructure projects. In this regard, the Directorate of the UEN Gestión de Acueductos Rurales has been carrying out a process of advising, accompaniment, and technical review of the prefeasibility documents presented, as evidenced in the official communications and technical reports provided as exhibits, through which observations and requests for clarification regarding the studies presented have been issued. However, as of the date of preparation of this report, the final design of the project has not been submitted to the UEN de Gestión de Acueductos Rurales, including the construction plans, complete technical specifications, and other elements required for its evaluation and eventual technical approval. Consequently, the analysis carried out by the UEN de Gestión de Acueductos Rurales has been limited to the review of the prefeasibility studies, without there yet being a final design proposal for the water treatment plant that is susceptible to technical approval. FOURTH FACT: Not known to us. The matter referred to in this fact, regarding the existence of an environmental feasibility approved by SETENA, is not known to us, and in any case, this does not condition an approval by AyA. It is worth clarifying that, in no scenario would SETENA have the power or the technical or legal competence to analyze, review, and/or approve aspects inherent to the provision of the potable water supply service, which are to be reviewed and eventually approved by the AyA in accordance with the provisions of Article 45 of the ASADAS Regulation and Article 21 of the Constitutive Law. Any expansion, improvement, or modernization of any aqueduct at the national level must have prior approval from AyA as the governing body for service provision and the delegating entity. The SETENA environmental feasibility does not substitute nor exempt from compliance with the technical design approval procedure before the AyA. FIFTH FACT: Not true. It is not true that there is any order from the Constitutional Chamber directed to the ASADA Pital, as was explained in the response to the second fact. Nor is it true that the AyA has incurred in a 'repeated conduct of omission, delay, and lack of effective response,' as the petitioner claims. Evidence of this lies in the fact that he makes the claim recklessly and provides no evidence whatsoever to support his statement. As observed in the filing brief, the petitioner states that the evidence corresponds to the 'administrative file in the possession of the respondent Public Administration,' which he evidently is unaware of. Therefore, the following must be clarified: 1. In memorandum GSD-UEN-GAR-2024-05183 of 29 November 2024 (see exhibit 04), the first review of the prefeasibility for the Río Guayabo Water Treatment Plant Project was carried out. Said document consists of 38 pages of detailed technical observations, as follows: - General conditions and intake location: 4 pending aspects and 3 complying aspects. - Water treatment plant location point: does not comply in any aspect. - Design conditions for the conveyance line (línea de conducción): 14 comply, 15 not applicable, and 23 pending. 2. Subsequently, in official communication GSD-UEN-GAR-2025-00628 of 21 February 2025 (see exhibit 05), the existence of pending items on the part of the ASADA regarding prefeasibility aspects of the project is reiterated, and it is authorized to '(...) continue with progress in the design of the unit potabilization processes, based on the choice in the feasibility study (estudio de factibilidad), where it was demonstrated that the most feasible solution for the design of the water treatment plant (PTAP) in Pital, according to the documents provided, is based on a \"Prefabricated\" rapid pressurized filtration plant (...).' Likewise, recommendations and considerations for the project design were made, indicating that it '(...) must be based on a detailed analysis of the specific site conditions, the results of treatability tests, and an exhaustive study of the costs and benefits of the different alternatives (...).' In both technical reviews, aspects were identified that needed to be clarified or supplemented by the ASADA, including essential technical information to be able to advance toward an eventual design and approval stage for the project. However, as of today, the ASADA has not presented the final project design nor has it fully completed the technical information required in said reviews, which prevents issuing a definitive technical resolution regarding the proposed project. Consequently, the AyA has not incurred any administrative omission but has complied with its functions of technical analysis and case file follow-up, with the proceeding remaining subject to the presentation of the required information by the system operator. Likewise, it is important to note that the Institute does not have pending review requests regarding the information presented, as all received efforts have been addressed through the corresponding technical reviews. It should be noted that even without having the required endorsement from the UEN de Gestión de Acueductos Rurales, the ASADA de Pital carried out the procedure on the Construction Project Administrator (APC) platform of the Federated College of Engineers and Architects (CFIA), through two separate projects, namely: conveyance line and water treatment plant of the Río Guayabo. On said platform, the review is carried out by the Urban Development Directorate (Dirección de Urbanizaciones) of the AyA, which has identified the lack of technical approval referred to above, as is evidenced in the exhibits provided: 1. Regarding the 'conveyance line' project, in memorandum FRAC-AyA-2025-636 dated 12 November 2025 (see exhibit 06), ten aspects to be corrected are indicated, and furthermore, it reiterates that the required endorsement from the UEN de Gestión de Acueductos Rurales is not provided. 2. In relation to the 'Río Guayabo water treatment plant' project, in official communication FRAC-AyA-2026-095 of 19 February 2026 (see exhibit 07), it indicates that the required endorsement from the UEN de Gestión de Acueductos Rurales is not provided. Note that the rejections on the APC platform are the direct responsibility of the ASADA de Pital, for failing to address the recommendations and indications provided by the undersigned, despite the fact that they are binding in nature, as provided in Article 37.f) of the ASADAS Regulation. It is reiterated that, as of the date of preparation of this report, the final project design has not been submitted to the UEN de Gestión de Acueductos Rurales, including construction plans, complete technical specifications, and other elements required for their evaluation and eventual technical approval. As is evidenced by the evidence provided, it is not true that the AyA has not issued 'timely, clear, and definitive pronouncements within the administrative procedures under its competence,' as is erroneously claimed in the brief filing the action. The amparo action was filed on 11 February 2026, at which time the ASADA de Pital was aware of three of the five review communications prepared by the AyA, namely: GSD-UEN-GAR-2024-05183 of 29 November 2024, GSD-UEN-GAR-2025-00628 of 21 February 2025, and FRAC-AyA-2025-636 dated 12 November 2025. It is clear that the petitioner is not aware of all the actions carried out by this Institute, given that these are communicated directly to the delegated operator and to the professional responsible for the proceeding on the APC platform contracted by the ASADA, and not to an external third party. SIXTH FACT: Not true. It is not true that in official communication GSD-UEN-GAR-2024-05183 of 29 November 2024, the progress of the project was made conditional on 'internal coordinations that should have been assumed on an ex officio basis,' as the petitioner claims. From reading the four reviews carried out (of which the petitioner is aware of only one), it is evident that the project presented by the ASADA to the UEN de Gestión de Acueductos Rurales is still at a prefeasibility stage, and that the documentation provided corresponds to preliminary studies that need to be supplemented with additional technical information. It is reiterated that the final project design for its technical approval, including the definitive construction plans, complete technical specifications, and other documentation required for the comprehensive evaluation of the proposed system, has not been submitted to the UEN de Gestión de Acueductos Rurales. Therefore, it is clear that the absence of a final resolution is not due to an institutional omission, nor to a lack of inter-administrative coordination, nor to a paralysis as alleged, but to the lack of presentation of the final project design and the technical information required by the ASADA de Pital before the UEN de Gestión de ASADAS, as indicated in the technical reviews carried out and which are provided as exhibits (see exhibit 04, 05, 06, and 07). SEVENTH FACT: Not true. It is not true that the reviews carried out by the AyA contain 'additional, non-essential, unreasonable, and disproportionate' requirements. As shown by the evidence provided (see exhibits 04 and 05), the requirements made by the Institute correspond to technical information necessary to evaluate the feasibility of the presented project and to guarantee that the water resource can be used for human consumption, complying with all quality, quantity, and continuity parameters. During the review process, clarifications and supplementary documentation related to technical aspects of the project have been requested. It must be noted that part of the required information has not been presented or completed by the ASADA de Pital, which has prevented advancing in the technical assessment of the project by the UEN de Gestión de ASADAS, as has been mentioned in the previous points and in the evidence provided. EIGHTH FACT: Not true. It is not true that the AyA has transferred to the ASADA de Pital efforts or procedures that correspond to the Public Administration. As evidenced by the exhibits provided (see exhibit 04 and 05), the reviews made by the UEN de Gestión de Acueductos Rurales determine the missing technical information specific to the project presented by the ASADA de Pital, which must be provided by said operator as the project proponent so that it can be technically evaluated. In said reviews, technical aspects were identified that needed to be clarified or supplemented by the ASADA, particularly the presentation of the final project design, including definitive construction plans, complete technical specifications, and other documentation necessary for its evaluation. As of today, the ASADA has not submitted the final design report required for the technical approval of the project by the UEN de Gestión de ASADAS, which is why it has not been possible to advance toward the issuance of a definitive resolution. It should also be indicated that all information presented by the ASADA has been reviewed and responded to by the Institute, with no efforts pending analysis by the Administration. Consequently, there is no improper transfer of administrative burdens, but rather the need to have the technical information that the project proponent is required to provide in order to continue with its evaluation for eventual approval. NINTH FACT: Not true. As has been demonstrated in the response to the preceding facts and in the evidence provided, it is not true that the AyA has not issued a formal response to the ASADA de Pital. Four communications have been issued (see exhibits 04, 05, 06, and 07) regarding the analysis of the project presented by the ASADA de Pital. The fact that the petitioner is unaware of the responses provided by the AyA and their technical background represents no reason to argue that the ASADA de Pital finds itself in a 'state of legal uncertainty.' As of the date of preparation of this report, the ASADA de Pital has not submitted the totality of the information requested in said reviews, nor has it provided the final design required for the technical approval of the project by the UEN de Gestión de ASADAS. Consequently, the absence of a definitive resolution is not due to an institutional delay, but to the failure to fulfill the technical requirements made by the Institute, as has been set forth in the preceding facts. Therefore, the processing of the file is conditioned on the fulfillment of the technical requirements by the project proponent; the Institute has timely addressed all the information presented and does not maintain any pending review efforts. TENTH FACT: Not true. It is not true that there is a lack of response or improper proceedings, as the petitioner erroneously claims. As has been demonstrated, all the information presented by the ASADA de Pital has been reviewed and addressed by the Institute, with no pending response efforts on the part of the Administration. The situation pointed out by the petitioner is not due to a lack of institutional response, but to the fact that the ASADA de Pital has not submitted the totality of the technical information requested in the reviews carried out by the Institute, which has prevented advancing toward a final project evaluation stage. Consequently, there is no omission or lack of response by the Institute, but rather a technical process that remains conditional on the presentation of the required information by the project proponent. ELEVENTH FACT: Not true. It is not true that there is an omissive or obstructive conduct by AyA, much less a 'material disobedience' of what was ordered by the constitutional jurisdiction. As was explained, it is not true that in judgment 2020-013848 of nine hours fifteen minutes on twenty-four July two thousand twenty, the Constitutional Chamber ordered the ASADA de Pital to promote initiatives for the development of water infrastructure, as the petitioner erroneously claims. According to the fifth recital (considerando) of the cited judgment, the respondent authorities were ordered (and not the ASADA de Pital) to 'foresee the need to seek other sources of catchment,' which was duly addressed by the AyA by processing the allocation of flow from the Río Guayabo in favor of the ASADA Pital for a total of 105.35 l/s as of 21 May 2024, as evidenced in resolution DA-1259-2024 issued by the Water Directorate of MINAE (see exhibit 03). It is reiterated that the lack of a definitive resolution regarding the Río Guayabo water treatment plant project is due to the need to have sufficient technical information to adequately assess the project, as well as the failure to address some requirements by the ASADA de Pital, which cannot and should not be attributed to the AyA. In addition to the fact that the prefeasibility study for the project revealed a deficient technical formulation with multiple non-compliances regarding the applicable design regulations, the ASADA de Pital has not submitted the construction designs to the UEN de Gestión de Acueductos Rurales, which constitutes a requirement for the next stage of the process. LEGAL CONSIDERATIONS The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has not violated any constitutional right of the petitioner or of the party on whose behalf he acts, given that its actions have been in accordance with the fulfillment of the legal order in force and applicable. In judgment 2020-013848 of nine hours fifteen minutes on twenty-four July two thousand twenty, issued on the occasion of an amparo action filed by the ASADA de Pital against AyA, processed under case file number 20-003432-0007-CO, the operative part (Por Tanto) provides, in what is relevant: 'THEREFORE: The action is dismissed. Let the respondent authorities take note of what is indicated in recital V. Judge Salazar Alvarado places a note.' (emphasis ours). In the same file 20-003432-0007-CO, and based on a claim for alleged non-execution of judgment 2020-013848 filed by Nombre02, in his capacity as president of the ASADA de Pital on 24 July 2020, the same Constitutional Chamber, in resolution 2024-034696 of nine hours twenty minutes of twenty-two November two thousand twenty-four, clarifies that said resolution does not contain any instruction: '(...) In this regard, it should be noted that in the aforementioned judgment, no order was issued because the amparo action was dismissed. As no order was issued, consequently, there is no possibility of non-compliance by the respondent authorities, as the current representative of the beneficiary association seeks to claim. Note that what was set forth in recital V of Conclusions was a notice to take note (tome nota) which, according to what was indicated in the previous recital, does not constitute, by itself, a specific compliance order. In addition, this Tribunal verifies that, while it concerns the same problem – the alleged contamination with Bromacil of waters intended for human consumption – it is brought on the basis of a certification issued on 28 October 2024. Therefore, it is verified that what is alleged by the claimant is a new fact, for which reason, if the claimant deems it pertinent, he may file a new amparo action regarding that point, as what is claimed can no longer be analyzed within this case file. Moreover, it is reiterated, there is no disobedience, since the action was dismissed. Thus, the petition filed must be dismissed.' (emphasis ours). According to the preceding citation, it is legally impossible for this Institute to have incurred a 'material disobedience' as the petitioner seeks to claim, since the judgment he refers to simply does not contain any instruction. As has been demonstrated in the response to the facts and the attached exhibits contained in report GSD-UEN-GAR-2026-00940 dated 04 March 2026, this Institute has correctly managed the process of advising, accompaniment, and review of the Río Guayabo Water Treatment Plant project promoted by the Asociación Administradora de Acueducto Rural de Pital. Recklessly, the petitioner appeals to the Constitutional Chamber to allege supposed violations of the right to a response, the duty of information, and the principle of institutional coordination against the ASADA de Pital. Such statements draw powerful attention, given that the petitioner provides no specific evidence in the filing brief and refers as evidence to the file held in custody by the respondent Administration. It is clear that there is no justification whatsoever regarding alleged lacks of 'traceability and information about the real status of the proceeding,' because as evidenced in the attached exhibits, the AyA has provided a detailed response to the beneficiary ASADA. The fact that the petitioner is unaware of them is not sufficient reason to claim that this Institute has incurred omissions and/or administrative paralysis. The petitioner argues that the AyA 'has conditioned the progress and resolution of the potable water supply project on review, assessment, and internal coordination processes between its own departments, without assuming such efforts on an ex officio basis or articulating them institutionally, keeping the proceeding in a state of indeterminacy.' From a simple reading of the technical review reports prepared by the Directorate of the UEN Gestión de ASADAS (see exhibits 04 and 05), it is evident that the aspects categorized as pending or that do not comply with technical regulations do not concern matters that depend on internal coordinations of the AyA, but rather aspects that the ASADA de Pital must correct and add as the delegated operator and project proponent.\n\nIt should be clarified that AyA has not limited itself to carrying out a review process, but rather—as evidenced in the technical reports submitted as evidence—it has also provided advice and accompaniment to the ASADA of Pital, explaining each of the aspects they must comply with in detail, so that the proposal is submitted with the necessary technical requirements to guarantee the viability of the Río Guayabo Potabilization Plant (Planta Potabilizadora del Río Guayabo) project and its eventual approval by the Directorate of the ASADA Management UEN of AyA. The appellant's claim that there is omission and delays on the part of AyA in issuing a resolution regarding the Río Guayabo Potabilization Plant project is not acceptable. All aspects requiring corrections and/or additions have been duly communicated to the protected ASADA with their respective technical justification (see exhibits 04 and 05). As stated in report GSD-UEN-GAR-2026-00940 dated March 4, 2026, there is no pending matter requiring attention by AyA regarding the protected ASADA's project; the ASADA must submit the corrected proposal to the ASADA Management UEN of AyA as a prior step to processing the designs on the CFIA's APC platform. For this reason, it is entirely illogical to grant the appellant's claim regarding the issuance of an administrative act “within a peremptory period,” since without the corrections requested from the protected ASADA, the Directorate of the ASADA Management UEN is unable to carry out the corresponding technical analysis. Recklessly and without foundation, the appellant seeks to blame AyA for a non-existent “administrative paralysis,” simply through ignorance of the procedure, the analyses carried out by AyA, and the technical background of the proceedings for the Río Guayabo Potabilization Plant project with the ASADA of Pital. Currently, the alleged “paralysis” is due to the fact that the protected ASADA has not submitted to the ASADA Management UEN what was requested in memoranda GSD-UEN-GAR-2024-05183 of November 29, 2024, and GSD-UEN-GAR-2025-00628 of February 21, 2025. All the review, advisory, and accompaniment actions carried out by AyA have been aimed at safeguarding the public interest represented by the proper incorporation of a new water source into an aqueduct, ensuring at all times its technical, administrative, and financial viability for the benefit of the community supplied by the ASADA of Pital, in accordance with the legal powers established in the ASADA Regulations (Reglamento de ASADAS). CLAIMS Based on the information set forth in this report and the evidence supporting it, this party requests that the Honorable Constitutional Chamber (Honorable Sala Constitucional) declare the appeal filed without merit in all its aspects and claims. We also respectfully request that AyA not be ordered to pay costs, damages, or losses, and that the case file be archived.”\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPEAL: The appellant alleges that the ASADA of Pital is responsible for the supply of drinking water (agua potable) in that district and has faced problems for several years due to contamination of sources and insufficiency of the resource, which led to the formulation of technical projects to ensure access to drinking water. He indicates that the Constitutional Chamber, through judgment number 2020013848, issued within case file number 20 003432 0007 CO, ordered AyA to adopt measures to guarantee the quality, continuity, and sufficiency of the service, including monitoring, contamination control, and the enabling of alternate sources. He states that the ASADA Pital has promoted technical and administrative efforts to develop infrastructure projects, including the Drinking Water Treatment Plant (Planta de Tratamiento de Agua Potable), which has environmental viability granted by SETENA according to resolution 2021 2025 SETENA of December 9, 2025. He points out that, despite this, AyA has not issued timely pronouncements within the administrative procedures and has incurred in omissions and delays. He indicates that through official communication GSBLUEN GAR 2024 04184 of September 27, 2024, AyA reported that the review of the Technical Feasibility Study (Estudio de Factibilidad Técnica) was subject to internal processes, but without issuing a substantive resolution. He alleges that AyA has required actions and information that correspond to the Public Administration itself, which contravenes Law 8220 (Ley 8220), and that it has not issued a formal response within a reasonable timeframe, generating uncertainty and paralyzing projects necessary to guarantee drinking water quality. He adds that the lack of resolution has affected the continuity of the administrative procedure linked to compliance with the constitutional judgment. He argues that AyA has made the progress of the project contingent on internal coordinations that have not been formalized or published in the National Catalog of Procedures (Catálogo Nacional de Trámites), and that it has breached its duty to inform and resolve within the legal deadline, in violation of articles 5 and 6 of Law 8220.\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the appealed authority has failed to refer to them:\n\na) That the Administrative Association of the Rural Aqueduct of Pital de San Carlos (Asociación Administradora del Acueducto Rural de Pital de San Carlos), legal identification number CED01, is an operator by delegation of AyA with legal authorization to provide drinking water supply and sanitation services, according to an agreement signed with AyA on January 25, 2005 (see report of the appealed authority).\n\nb) That the ASADA has faced a problem related to contamination by agrochemicals (Bromacil) in two wells out of the twelve sources whose flow is allocated for population use. Said problem is addressed by AyA through the Single Plan Commission for Bromacil Contamination in the Northern Zone (Comisión de Plan Único por Contaminación por Bromacil en la Zona Norte), led by the Ministry of Health and created pursuant to the provisions of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in judgments 2019- 007690, 2019-000695, 2019-012312, and 2020-006275 (see report of the appealed authority).\n\nc) That on January 29, 2026, a visit was made by officials from the Huetar Norte Regional Office of AyA and the Ministry of Health, Aguas Zarcas Governing Area, to the ASADA of Pital (see report of the appealed authority).\n\nd) That during the year 2025, the ASADA has provided the service under conditions of quantity, quality, and continuity (see report of the appealed authority).\n\ne) That there is no record of any user reporting any problem related to supply shortages to the ORAC Huetar Norte of AyA (see report of the appealed authority).\n\nf) That the ASADA of Pital has promoted efforts aimed at developing a potabilization plant (planta potabilizadora) project, as part of the alternatives to improve the drinking water supply system in the community (see report of the appealed authority).\n\ng) That any expansion, improvement, or modernization of any aqueduct nationwide must have prior approval from AyA as the governing body for service provision and delegator — SETENA environmental viability does not replace or exempt from compliance with the technical procedure for design approval before AyA — (see report of the appealed authority).\n\nh) That in memorandum GSD-UEN-GAR-2024-05183 of November 29, 2024, AYA carried out the first pre-feasibility review for the Río Guayabo Potabilization Plant Project (see report of the appealed authority).\n\ni) That through official communication GSD-UEN-GAR-2025-00628 of February 21, 2025, AYA reiterates the existence of pending items on the part of the ASADA regarding pre-feasibility aspects of the project and authorizes it to “(…) continue with the advancement in the design of the unitary potabilization processes, based on the selection of the feasibility study, where it was demonstrated that the most feasible solution for the design of the potabilization plant (PTAP) in Pital, according to the documents provided, is based on a \\\"Prefabricated\\\" rapid pressure filtration plant (…)” (see report of the appealed authority).\n\nj) That in the two technical reviews, AYA identified aspects that needed to be clarified or supplemented by the ASADA, including essential technical information needed to advance toward an eventual design and project approval stage (see report of the appealed authority).\n\nk) That the ASADA has not presented the final design of the project nor has it fully completed the technical information required in said reviews, which prevents issuing a definitive technical resolution regarding the proposed project (see report of the appealed authority).\n\nIII.- BACKGROUND RELATED TO THE SPECIFIC CASE: This Chamber, through judgment number 2020013848 of nine hours fifteen minutes on July twenty-fourth, two thousand twenty, resolved:\n\n“I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant alleges that, although the State Phytosanitary Service knew that the \\\"Project for the Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)\\\" showed that there was a risk to people and the environment, that agency limited itself to forwarding the results to ICAA and the Ministry of Health, without taking any forceful action in this regard. He affirms that in view of the fact that on September 22, 2016, the results of said studies were presented to the large pineapple producers in the area, the communities of Pital, Veracruz, and Río Cuarto were not informed about the matter at all, placing them in a total state of defenselessness, since once the preliminary investigation carried out by the Center for Research in Environmental Contamination (Centro de Investigación en Contaminación Ambiental) of the UCR was concluded, there was merit to initiate an administrative procedure and impose precautionary measures; however, it was not until mid-2017 that the information was forwarded to other agencies with jurisdiction in the matter and they began the respective inter-institutional coordination to address the issue. He points out that there is shared responsibility among all the institutions that regulate the protection of water resources, an omission that violates the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to water and to life.\n\n(…)\n\n IV.- REGARDING THIS AMPARO. The appellant comes, again, before this Chamber alleging the same facts set forth in the previous matter and reiterating what was sought therein. Despite the fact that, as indicated, this Chamber has already ruled on such points, in view of the time elapsed and, above all, due to the underlying problem that is reiterated and its possible impact on the health and life of the users of the protected ASADA, it is deemed meritorious to hear anew what has been raised, as done below. First, the appellant's concern is acknowledged regarding possible contamination of the water sources managed by the ASADA of Pital with the herbicide Bromacil, as in the past and even recently, this Court has granted amparo appeals where this problem has been verified. For example, in judgment No. 2020-006275, of 09:20 hours on March 27, 2020, where contamination with that agrochemical of the water sources supplying the communities of Los Llanos and Santa Fe de Aguas Zarcas, in San Carlos, was deemed proven. Setting aside that through Executive Decree No. 40423-MAG-MINAE-S (Decreto Ejecutivo No. 40423-MAG-MINAE-S), issued by the Presidency of the Republic on May 24, 2017, the registration, import, export, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of active ingredients, technical grade, and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 5-bromo-3-sec-butyl-6-methyluracil, commonly named Bromacil and its lithium salt, was prohibited. Nevertheless, and despite the granting of that constitutional process, with respect to the ASADA of Pital, the protected association in this appeal, the situation is quite different. It is accredited that this organization is the legal operator of the drinking water system that supplies the community of Pital and has a delegation agreement signed with ICAA since January 20, 2005. Also, a sanitary operating permit valid until August 7, 2024. It is also verified that the water supply system of the Pital aqueduct consists of the capture from 12 springs (nacientes), 1 collection tank for them, 2 storage tanks, 2 break-pressure chambers, the water disinfection system, and the pipe network. In that vein, it is evident from the case file that the springs captured by the ASADA of Pital are located in the district of Aguas Zarcas in San Carlos. Added to the above is that, as of July 2019, it no longer provides support to the ASADA Veracruz, because the mega-project of the Municipality of San Carlos temporarily took over providing support to ASADA Veracruz, while the new capture project that would permanently solve the water supply situation for the population of Veracruz de Pital is being completed. Regarding the problem of contamination of that vital liquid by the pesticide Bromacil that the appellant reiterates in this amparo, it is recognized that all inhabitants have the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, as well as an unavoidable duty of the State to ensure it. By virtue of this, and for the specific case, the State must regulate chemical substances or the like for agricultural use so that they are handled correctly, reasonably, and do not generate unacceptable risks to human health and the environment, even when used in accordance with recommendations for use. In the case file, it is verified that in compliance with judgments No. 2019-000695 and No. 2019-007690, a Single Plan for the Northern Zone (Plan Único de la Zona Norte) is being developed, which determines the attention to Bromacil contamination and the mitigation, containment, and control of contamination of the sources that supply the communities of Santa Rita, Santa Isabel, and La Tabla de Río Cuarto, as well as the communities of Veracruz and Pital de San Carlos. That on April 2, 2020, in follow-up to that Single Care Plan for Agrochemical Contamination in the Northern Zone and the monitoring of water sources, samples were taken to specifically analyze pesticide components at each of the supply sources independently, and it was concluded that the results of the specific pesticide analyses obtained at the supply sources of the Pital Aqueduct comply with the maximum permissible limit established in the Regulation for Drinking Water Quality (Reglamento para la Calidad de Agua Potable), Decree No. 38924-S (Decreto No. 38924-S) and its amendments. Hence, it is considered that each of the water capture sources used by the ASADA of Pital de San Carlos (springs and wells) are free of toxic substances for humans. A technical assessment that allows ruling out the contamination reported by the appellant. Added to the above, it has been explained, at the request of this Chamber, that the sources captured by the ASADA of Pital (well and the 11 springs) and the Dirección01 (AZ-43) are located in micro-watersheds, groundwater flow directions, and different recharge areas, which are unrelated to each other, despite being located in the district of Aguas Zarcas. In this context, evidently there are no objective elements of judgment to demonstrate the described scenario and, consequently, no facts or actions that violate fundamental rights, since it has not been possible to determine that the water sources supplying the protected ASADA currently have any type of contaminant, much less the pesticide mentioned by the appellant. Meanwhile, regarding the continuity of service, it is inferred from the information provided that the ASADA of Pital proceeded in previous years to drill a third well, called well #3, to be able to supply the community during the critical season. Currently, said well is in operation. Also, that the population is receiving a continuous water service in quantity and quality 24 hours a day, seven days a week, using the supply sources they currently have (12 springs and the drilled well). Which denotes that the community is indeed receiving, at present, the service periodically. It is verified that the appealed authorities have not incurred in any constitutional non-observance. Finally, the appellant is reminded that matters concerning his disagreement with the attention provided at the beginning of the reported problem, the procedure provided for the registration of the springs named Manatí 14, 15, 16, 17, and 18, as well as the eventual responsibility of the Administration, are points of ordinary legality, appropriately decided before the administrative instance or the corresponding jurisdictional venue. Consequently, it is considered that the appellant is not correct in any of his claims.\n\nV.- CONCLUSION. By virtue of the foregoing, the appeal is declared without merit in all its aspects. However, the appealed authorities are warned that, as they reported, they must, as a preventive measure, carry out quarterly monitoring of all the sources captured by the ASADA (including the well) to control possible contamination of water for human consumption with Bromacil or any other herbicide. In addition to the above, and due to the subsequent submission presented by the appellant at 08:08 hours on July 24, 2020, jointly with that monitoring, the sufficiency of the supply sources must also be controlled, so as to foresee the need to seek other capture sources. Controls that this Chamber deems necessary so that the population supplied by the ASADA of Pital de San Carlos may enjoy a drinking water service with quality and continuity.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal is declared without merit. Let the appealed authorities take note of what is indicated in considering V. Judge Salazar Alvarado places a note.”\n\nIV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE: From the report rendered by the appealed authority, which is given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it is evident that the Administrative Association of the Rural Aqueduct of Pital de San Carlos, legal identification number CED01, is an operator by delegation of AyA with legal authorization to provide drinking water supply and sanitation services, according to an agreement signed with AyA on January 25, 2005. It was accredited that the ASADA has faced a problem related to contamination by agrochemicals (Bromacil) in two wells out of the twelve sources whose flow is allocated for population use. Said problem is addressed by AyA through the Single Plan Commission for Bromacil Contamination in the Northern Zone, led by the Ministry of Health and created pursuant to the provisions of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in judgments 2019- 007690, 2019-000695, 2019-012312, and 2020-006275. It was demonstrated that on January 29, 2026, a visit was made by officials from the Huetar Norte Regional Office of AyA and the Ministry of Health, Aguas Zarcas Governing Area, to the ASADA of Pital. It was evidenced that during the year 2025, the ASADA has provided the service under conditions of quantity, quality, and continuity, and that there is no record of any user reporting any problem related to supply shortages to the ORAC Huetar Norte of AyA. It was proven that the ASADA of Pital has promoted efforts aimed at developing a potabilization plant project, as part of the alternatives to improve the drinking water supply system in the community, and that any expansion, improvement, or modernization of any aqueduct nationwide must have prior approval from AyA as the governing body for service provision and delegator — SETENA environmental viability does not replace or exempt from compliance with the technical procedure for design approval before AyA —. It was verified that in memorandum GSD-UEN-GAR-2024-05183 of November 29, 2024, AYA carried out the first pre-feasibility review for the Río Guayabo Potabilization Plant Project. Subsequently, through official communication GSD-UEN-GAR-2025-00628 of February 21, 2025, AYA reiterates the existence of pending items on the part of the ASADA regarding pre-feasibility aspects of the project and authorizes it to “(…) continue with the advancement in the design of the unitary potabilization processes, based on the selection of the feasibility study, where it was demonstrated that the most feasible solution for the design of the potabilization plant (PTAP) in Pital, according to the documents provided, is based on a \\\"Prefabricated\\\" rapid pressure filtration plant (…)”. It was confirmed that in the two technical reviews, AYA identified aspects that needed to be clarified or supplemented by the ASADA, including essential technical information needed to advance toward an eventual design and project approval stage. Finally, it was stated that the ASADA has not presented the final design of the project nor has it fully completed the technical information required in said reviews, which prevents issuing a definitive technical resolution regarding the proposed project. Based on the foregoing, the appeal becomes impermissible for the reasons stated:\n\n1.) Judgment number 2020013848 of nine hours fifteen minutes on July twenty-fourth, two thousand twenty, did not issue any specific order to AYA. In the judgment, as indicated, it was demonstrated that the well was in operation and that the population was receiving a continuous water service in quality and quantity. What it did issue was a warning for them to implement a preventive measure of quarterly monitoring of all the sources captured by the ASADA.\n\n2.) That monitoring has indeed been carried out by AYA. As part of the follow-up, semiannual and/or annual visits have been made to verify supply conditions; the last visit being on January 29 of this year.\n\n3.) The progress of the project presented by the ASADA is not the responsibility of AYA. As was successfully demonstrated, the absence of a definitive resolution is not due to an institutional delay, but rather to the non-fulfillment of the technical requirements formulated by the appealed Institute to the ASADA.\n\nGiven this scenario, the appeal becomes impermissible. The representative of the ASADA must take the appropriate steps to submit all the technical information requested by AYA. Once all the information is submitted, AYA must resolve what is appropriate within a reasonable timeframe in order to advance to the final project evaluation stage. Thus, the appeal is declared without merit.\n\nV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is declared without merit. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\n\nDP8UY47FP8S061\nCASE FILE No. 26-004923-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church).\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-07-2026 14:25:59.\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }