{ "id": "nexus-sen-1-0007-1378211", "citation": "Res. 10005-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Denegación de disponibilidad de agua en Valle Verde de Guápiles por inviabilidad técnica y restricción ambiental", "title_en": "Denial of water availability in Valle Verde, Guápiles due to technical infeasibility and environmental restriction", "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo interpuesto por la propietaria de un lote en la calle Valle Verde, Guápiles, contra la ASADA Buenos Aires Sur Jiménez y el ICAA. La recurrente alegó que durante trece años se le ha negado injustificadamente la disponibilidad de agua potable, pese a existir infraestructura cercana y haber asumido costos junto con otros vecinos. Sin embargo, la Sala determinó que el inmueble se ubica en un sector central de la comunidad que carece de cobertura de los sistemas de acueducto del ICAA y que la ASADA no ha presentado estudios técnicos para extender el servicio. Además, constan restricciones ambientales vinculadas a la protección de un acuífero altamente vulnerable, lo que impone límites a nuevas conexiones. La Sala reitera su jurisprudencia en el sentido de que el derecho al agua no es absoluto cuando existen imposibilidades técnicas, jurídicas o ambientales acreditadas, y que la verificación de requisitos legales y técnicos corresponde a las vías ordinarias. Finalmente, desestima la alegada discriminación por falta de un parámetro de comparación válido. El recurso se declara sin lugar con voto salvado de dos magistrados que ordenarían solicitar informe a ARESEP.", "summary_en": "The Constitutional Chamber denies an amparo action filed by the owner of a lot on Calle Valle Verde, Guápiles, against the ASADA Buenos Aires Sur Jiménez and the ICAA. The petitioner alleged that for thirteen years she had been unjustifiably denied potable water availability despite nearby infrastructure and costs assumed jointly with neighbors. The Chamber found that the property is located in a central sector of the community not covered by ICAA aqueduct systems, and that the ASADA has not submitted technical studies to extend service. Additionally, there are environmental restrictions related to protection of a highly vulnerable aquifer, which impose limits on new connections. The Chamber reiterates its case law that the right to water is not absolute when technical, legal, or environmental impediments are proven, and that verification of legal and technical requirements corresponds to ordinary jurisdiction. The Chamber also dismisses the alleged discrimination for lack of a valid comparison parameter. The amparo is denied, with a dissenting vote of two justices who would order ARESEP to report.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "20/03/2026", "year": "2026", "topic_ids": [ "water-law", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "disponibilidad de agua", "ASADA", "ACUEDUCTO", "concesión de agua", "zona de protección", "acuífero vulnerable", "factibilidad técnica" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 21", "law": "Ley 2726" }, { "article": "Art. 57", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "agua potable", "disponibilidad de agua", "ASADA", "ICAA", "Valle Verde", "Guápiles", "acuífero vulnerable", "factibilidad técnica", "derecho al agua", "discriminación", "voto salvado", "ARESEP" ], "keywords_en": [ "amparo action", "potable water", "water availability", "ASADA", "ICAA", "Valle Verde", "Guápiles", "vulnerable aquifer", "technical feasibility", "right to water", "discrimination", "dissenting vote", "ARESEP" ], "excerpt_es": "La Sala no observa motivos para cambiar el criterio transcrito. En efecto, no se estima que la denegatoria sea irrazonable ni antojadiza cuando se basa en una justificación técnica como es, en este caso, la deficiente capacidad hidráulica del acueducto. La discusión del tema de fondo puede ser planteada en la vía de legalidad. (...) Asimismo, no le corresponde a esta Sala definir si el recurrente cumple o no los requisitos legales o técnicos para que la solicitud sea aprobada, ya que su verificación es una función de las autoridades administrativas correspondientes, sin que esta Sala pueda incursionar en la materia, por tratarse de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia.", "excerpt_en": "The Chamber sees no reason to change the transcribed criterion. Indeed, the denial is not considered unreasonable or capricious when it is based on a technical justification, as in this case, the deficient hydraulic capacity of the aqueduct. The discussion of the merits may be raised in the ordinary jurisdiction. (...) Likewise, it is not for this Chamber to determine whether the petitioner meets the legal or technical requirements for the request to be approved, since verification is a function of the corresponding administrative authorities, and this Chamber may not enter into the matter, as it pertains to ordinary legality beyond its competence.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The amparo action is denied because no arbitrariness is proven, as the denial of potable water availability was based on objective technical and environmental criteria.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de amparo por no acreditarse arbitrariedad, ya que la negativa de disponibilidad de agua potable se basó en criterios técnicos y ambientales objetivos." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Constitutional case law has consistently held that the right to water does not imply an obligation to provide the service when there is duly proven technical, legal, or environmental impossibility.", "quote_es": "La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que el derecho al agua no implica obligación de otorgar el servicio cuando exista imposibilidad técnica, jurídica o ambiental debidamente acreditada." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "It is not for this Chamber to determine whether the petitioner meets the legal or technical requirements for the request to be approved, since verification is a function of the corresponding administrative authorities, and this Chamber may not enter into the matter, as it pertains to ordinary legality beyond its competence.", "quote_es": "No le corresponde a esta Sala definir si el recurrente cumple o no los requisitos legales o técnicos para que la solicitud sea aprobada, ya que su verificación es una función de las autoridades administrativas correspondientes, sin que esta Sala pueda incursionar en la materia, por tratarse de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "When a violation of Article 33 of the Political Constitution is alleged, it is not enough for the petitioner to assert that a different treatment has occurred between two subjects to deem the constitutional norm breached, since whoever alleges the violation of this right is obliged to provide ab initio sufficient elements that suggest—with a reasonable degree of probability—that unjustified differentiated treatment has been given to equal situations.", "quote_es": "Cuando se acusa vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este derecho está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-37097", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 2726 Art. 21" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1378211", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 10005 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 20 de Marzo del 2026 a las 09:20\n\nExpediente: 25-039976-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Castillo Víquez\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp: 25-039976-0007-CO\n\nRes. Nº 2026010005\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de marzo de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente nro. 25-039976-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED03, contra la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL (ASADA) BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nResultando:\n\n \n\n1.- Por escrito incorporado al expediente el 25 de diciembre de 2025, la accionante interpone recurso de amparo. Manifiesta que el amparado compró un lote en Guápiles, en la calle llamada “Valle Verde”. Indica que se solicitó la constancia de disponibilidad de agua potable y el servicio de agua potable para el siguiente inmueble: Dirección01, ubicación Guápiles, medida 3000 metros y plano L-1148838-2007. Sin embargo, aduce han transcurrido 13 años y no se ha logrado el objetivo de contar con agua en la propiedad. Menciona que se han presentado “cantidades de solicitudes” y se constituyó la ASADA Buenos Aires Sur, pero el instituto recurrido restringió el servicio “sin fundamentación técnica que respalde la negatoria del otorgamiento de disponibilidad de agua”. Señala que adjunta un documento en el que la autoridad accionada únicamente autorizó el líquido a las 40 casas pertenecientes al “grupo Comunidad de VALLE VERDE”. Agrega que el amparado ha solicitado formalmente el acceso al servicio en la ASADA Buenos Aires Sur y esta, en todas sus administraciones, se ha mostrado anuente a colaborar siempre y cuando reciban la autorización del ICAA. No obstante, ese instituto ha rechazado la petición sin ningún fundamento técnico que respalde su decisión. Detalla que las justificaciones del rechazo han sido las siguientes: “1. Que las propiedades no contaban con los permiso municipales y visados de los planos, cuando los planos están perfectamente visados, y se realizan los pagos puntualmente a los impuestos municipales y cada declaración que corresponde. 2. Que supuestamente los terrenos que le vendieron le pertenecían a personas no gratas para la institución del AYA, excusa totalmente ilógica, tratándose de una discriminación a título personal. 3. Que no había suficiente líquido para brindar el servicio, cuando los informes de la ASADA Buenos Aires Sur, es que tiene suficiente líquido para brindarnos el servicio. 4. Que no tenían presupuesto para crear la tubería que nos diera el servicio hasta nuestras casas, cuando hace varios años ya los vecinos de Dirección02 pagamos por esas tuberías y que ya están instaladas listas para brindar el servicio, pero según un oficio de AYA le prohíbe a la ASADA liberar el líquido hace donde está la propiedad del amparado. 5. Que existe un gran tanque del AYA (fotos que se adjuntan) a escasos 700 metros de distancia de la propiedad del amparado y según el AYA el agua no va a llegar hasta la propiedad.” Alega que la falta de fundamentos y transparencia constituye una violación a los derechos fundamentales y afecta la calidad de vida de las personas que habitan ese bien. Reitera que, como propietario, el amparado tiene derecho de contar con el suministro de agua potable para satisfacer las necesidades básicas de su hogar y garantizar una vida digna a los habitantes del inmueble. Añade que en diferentes oportunidades el instituto recurrido ha ofrecido el servicio si los vecinos asumen determinados gastos, pero, tras realizar grandes esfuerzos económicos, esto no ha sucedido, específicamente, refiere como ejemplo “la constitución de la asada y para movilizar el líquido de la Asada Buenos Aires de Jiménez a Buenos Aires Sur”. Concluye que el amparado lleva años soportando esa discriminación sin fundamento jurídico o estudio técnico alguno y aunque su lote está a 700 metros de un tanque del ICAA y a 1 kilómetro de la tubería de la ASADA Buenos Aires Sur no recibe el líquido y para sobrevivir ha tenido que recurrir a tanques para recolectar agua de lluvia. En consecuencia, solicita la intervención de esta Sala.\n\n2.-Mediante resolución de las 11:06 horas de 29 de diciembre de 2025, la Presidencia de la Sala le previno a la recurrente aportar “CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (ASADA) DE BUENOS AIRES SUR, así como la DIRECCIÓN EXACTA del lugar señalado por su representante legal o agente residente para efectos de notificación”.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente el 29 de diciembre de 2025, la accionante aporta la documentación requerida.\n\n4.- Mediante resolución de las 14:20 horas de 9 de enero de 2026, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso y le solicitó informe al presidente ejecutivo, al director de la UEN Gestión de Asadas y al encargado de la oficina cantonal de Pococí, todos del ICAA. Asimismo, dio traslado a Juan Carlos Barquero López, presidente de la Asada Buenos Aires Sur Jiménez.\n\n5.- Por escrito incorporado al expediente el 22 de enero de 2026, Rafael Barboza Topping y Randy Madrigal Rodríguez, por su orden, director de la UEN gestión de Asadas y encargado de la oficina cantonal de Pococí, ambos del ICAA, informan: “PRIMERO: No nos consta, es un hecho propio del recurrente; No obstante, según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “Sobre la compra del inmueble y las expectativas del recurrente, no le consta a esta Institución, por tratarse de actos de naturaleza privada entre particulares. El AyA no interviene ni participa en transacciones inmobiliarias, ni puede garantizar, por sí sola, la disponibilidad de servicios públicos esenciales sin que se cumplan previamente los requisitos técnicos, legales y ambientales establecidos en la normativa vigente.” SEGUNDO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “En los registros de la UEN Gestión de ASADAS del AyA no consta el ingreso de una solicitud de disponibilidad de agua potable para el sector norte de la comunidad, específicamente donde se ubica el inmueble del recurrente. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico específico (estudios para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la factibilidad de abastecimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA.” De la normativa citada en este hecho, cabe indicar que no corresponde al articulado vigente del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, las constancias de disponibilidad de servicios se encuentran en los artículos 7 inc. 31, 15, 29, 30 y concordantes. TERCERO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSD-UEN-GAR-2026-00237 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “No es cierto que la ASADA Buenos Aires Sur se haya constituido específicamente para abastecer al sector donde se ubica el inmueble. Consta que la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ, cédula jurídica CED01, inició funciones el 08/09/2007, cumpliendo los requisitos para la conformación de asociaciones establecidos en la Ley 218 y su Reglamento y cuenta con Convenio de Delegación vigente desde el 04/02/2009, para una zona de competencia definida, distinta al sector norte cercano al Colegio Green Valley. Sobre la prueba que adjuntan indicando “… el personero del AyA fue tajante en restringir el servicio sin fundamentación técnica que respalde la negatoria del otorgamiento de disponibilidad de agua …” En la prueba adjunta, documento No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 con fecha 5 de marzo del 2021 se indica “Hacemos la aclaración de que de acuerdo con la información registral suministrada se trata de 40 propiedades las que estarían siendo incluidas en el proyecto. No omitimos manifestar que la gestión para el posible abastecimiento será proyectada solamente para el sector de las viviendas indicadas en la documentación aportada y que no se considera la posibilidad de extensión del proyecto hacia sectores hacia el norte de la comunidad, específicamente sobre la calle hacia el sector donde se ubica el Colegio Green Valley.” Al respecto, es fundamental precisar que la gestión señalada corresponde exclusivamente a una solicitud presentada por el comité de vecinos de Valle Verde, caserío conformado por aproximadamente 40 viviendas existentes, ubicado en el extremo sur de la zona. Dicha gestión no guarda relación alguna con el sector de Dirección02, donde se localiza la propiedad del recurrente. En relación con este último sector, se deja constancia de que no se ha recibido, por parte de la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí, ningún estudio técnico específico orientado a urbanizaciones, lotificaciones o procesos de segregación ante la UEN Gestión de ASADAS del AyA. En consecuencia, resulta improcedente atribuir validez técnica al documento aportado, toda vez que no constituye un análisis de disponibilidad hídrica aplicable al sector norte de la comunidad, donde se ubican las propiedades del recurrente. Actualmente, el AyA se encuentra desarrollando los estudios técnicos correspondientes con el fin de atender la solicitud formal presentada por la ASADA de Buenos Aires, mediante la cual se solicita la intervención institucional del AyA para que la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí asuma la administración del sistema de abastecimiento de agua que actualmente es operado por un gestor no autorizado en la comunidad de Valle Verde – Dirección02 (Dirección03). En este contexto, se cuenta con criterios ambientales vinculantes, los cuales resultan determinantes para la toma de decisiones. En particular, el documento UEN-GA-2025-03793, debidamente adjunto, emitido por la UEN Ambiental, señala expresamente lo siguiente: “De igual manera, considerando que el área de la ‘Zona del Comité de agua Valle Verde – Dirección03’ coincide con el área de la solicitud de un proyecto urbanístico de exoneración de alcantarillado sanitario denominado ‘Nuevo Guápiles’, tramitado como expediente N.° 640 en el año 2014, en el plano catastrado L-239023-95, el cual fue denegado por la UEN Gestión Ambiental debido a inconsistencias técnicas de carácter hidrogeológico que nunca fueron subsanadas por el interesado…” Asimismo, en el documento SUB-AID-GA-2015-432, de fecha 28 de abril de 2015, la Dirección Ambiental emitió un criterio técnico categórico en los siguientes términos: “… esta Dirección del Área Funcional de Hidrogeología, desde el punto de vista hidrogeológico, geológico, de protección del acuífero y de las Fuentes Numancia del AyA, y con base en la totalidad de los estudios técnicos existentes en la zona, así como en el Diagnóstico del Plan Regulador de Pococí – Tomo I, no recomienda la exoneración del Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles, ubicado en Barrio Emilia, Guápiles, Pococí, Limón, plano catastrado L-239023- 95, por tratarse de un acuífero altamente vulnerable a la contaminación.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P2026-00067 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “Con respecto al punto tercero, tal como se ha indicado en el oficio GSP-RHCP-2017-00781 y GSP-RA-P-2019-00843 (adjuntos), el sector de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los acueductos administrados por AyA directamente. Específicamente los sistemas HC-A-13 Cariari - Anita Grande y HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (ver imagen número 2). Dado lo anterior, por estar ubicado fuera de las competencias del AyA – Región Huetar Caribe, no se ha emitido criterio sobre disponibilidades de agua para el terreno ubicado en ese sector.” CUARTO: No nos consta sobre la respuesta dada por la ASADA, ya que no se aporta prueba al respecto, en los demás aspectos No son ciertos. Según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSD-UEN-GAR-2026-00237 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “El recurrente enumera cinco supuestas justificaciones del rechazo: permisos municipales, discriminación personal, falta de agua, inexistencia de presupuesto, y cercanía de infraestructura del AyA. (…) 1. Permisos municipales y planos: No le consta al AyA la totalidad de gestiones municipales alegadas. En todo caso, el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA (Ley N.º 2726) establece que todo proyecto de urbanización o lotificación requiere aprobación previa del AyA, sin la cual cualquier permiso municipal carece de eficacia jurídica. 2. Alegato sobre discriminación personal: No le consta a esta Institución tal afirmación, las decisiones del AyA se basan exclusivamente en criterios técnicos, legales y ambientales, nunca en consideraciones subjetivas sobre personas. 3. Disponibilidad hídrica: En la UEN Gestión de ASADAS, no consta el ingreso de ninguna gestión formal de solicitud de disponibilidad de agua, ni saneamiento para el sector donde el recurrente posee sus propiedades. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico (Estudios técnico específico para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la viabilidad o factibilidad del abastecimiento de agua potable y saneamiento para dicho sector por parte de la ASADA Buenos Aires Sur. 4. Infraestructura y presupuesto: No consta infraestructura de la ASADA Buenos Aires Sur en el sector donde se ubica el inmueble del recurrente, ni estudios aprobados para su extensión. 5. Cercanía del Tanque Numancia: La sola proximidad física a infraestructura del AyA no genera derecho automático a la conexión. El criterio ambiental UEN-GA2025-03793 establece que el área se encuentra parcialmente dentro de la zona de protección absoluta del Pozo Numancia, lo cual impone severas restricciones para desarrollos habitacionales y nuevas conexiones.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00067 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…no se realizan mayores observaciones, siendo que el amparado indica la intención de acceder al servicio de agua potable de la ASADA de Buenos Aires Sur. AyA Región Huetar Caribe, ostenta competencia sólo para los sistemas administrados por AyA. En el caso específico el acueducto de AyA más cercano es el HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, que como ya se ha indi-cado no alcanza a cubrir el sector de Valle Verde. Tal como lo indica el amparado, el tanque de Numancia que forma parte del acueducto del AyA se ubica cercano al sector de Valle Verde, y que de acuerdo con lo indicado en los oficios GSP-RHC-P-2017-00781 y GSP-RA-P-2019-00843, este tanque se encuentra a una elevación menor en relación con Valle Verde, razón por la cual no resulta técnicamente viable ampliar la cobertura. Esta condición es conocida por el recurrente, al punto de gestionar que el abastecimiento se otorgue por la ASADA de Buenos Aires Sur, que se ubica a una elevación mayor.” QUINTO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSD-UEN-GAR-2026-00237 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “El recurrente sostiene que cumple condiciones para recibir el servicio y que la negativa vulnera derechos fundamentales. (…) No se cuenta con diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica presentados conforme a la Definición N.º 12 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, que exige verificar capacidad hídrica, hidráulica, ambiental y legal. Sin dicho análisis, no es jurídicamente posible otorgar disponibilidad de agua potable. “12. Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00067 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…efectivamente el amparado tiene su derecho a gestionar el abastecimiento de agua, siempre y cuando cumpla con los procedimientos establecidos. Se reitera que la Región Huetar Caribe, no ha emitido constancias de disponibilidad de servicios, puesto que no se encuentra dentro de su área de cobertura.” En ese sentido, cabe citar además lo establecido en el artículo 7 inciso 134 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA que indica: “…134. Zona de restricción ambiental: Superficie territorial delimitada por condiciones geomorfológicas o zonas de riesgo, zonas de protección y áreas protegidas o reservas patrimonio del Estado donde por disposiciones legales o de planificación territorial de orden local, regional o nacional no deben aprobarse disponibilidades de servicios o conexiones para la prestación de los servicios de acueducto o alcantarillado sanitario o ambos por parte de un prestador de servicio público.” Además, tal como se ha manifestado por parte del recurrente no se han cumplido los requisitos establecidos para generar una constancia de disponibilidad de servicios de forma positiva, ya que, no se ha cumplido por parte de los interesados con los estudios técnicos y obras de mejora necesarios para optar por un servicio. SEXTO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSDUEN-GAR-2026-00237 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “…No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P2026-00067 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…tampoco se emiten mayores comentarios, siendo que la Región Huetar Caribe no ha realizado gestión alguna en el sector de Valle Verde. Debe indicarse que dentro de la normativa y procedimientos de AyA nunca se solicitan contribuciones económicas a los interesados.” SÉTIMO: No nos consta. Según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSD-UEN-GAR-2026-00237 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “…No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P2026-00067 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…se reitera que AyA – Región Huetar Caribe, no ha realizado gestión alguna que apruebe o desapruebe el abastecimiento con agua en el sector de Valle Verde, puesto que se ubica fuera del área de cobertura.” OCTAVO: Este acápite no es un hecho. Sin embargo, cabe citar lo expuesto en el informe técnico remitido mediante memorando N° GSD-UEN-GAR-2026-00237 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que el derecho al agua no implica obligación de otorgar el servicio cuando exista imposibilidad técnica, jurídica o ambiental debidamente acreditada. En el presente caso, la negativa se sustenta en criterios técnicos y ambientales objetivos, particularmente en la protección de fuentes estratégicas de abastecimiento.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P-2026-00067 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “… si bien se trata sobre jurisprudencias de la Sala Constitucional, se puede observar de los extractos, que ambas resoluciones (2016-006027 y 2017- 005245) la Sala indica que no se acredita omisión o actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, siendo que los actos no fueron antojadizos, sino que se sustentan en aspectos técnicos como lo es la inexistencia de disponibilidad de agua potable en los sectores. De forma adicional, es importante indicar que el sector de Valle Verde y alrededores se encuentra sobre un acuífero vulnerable a la contaminación, según se desprende de los informes SUB-AID-GA-2015-432 y UEN-GA-2025- 03793 elaborados por la Dirección de Gestión Ambiental de AyA (adjuntos). Tal y como se observa en la imagen número 2 de este documento, AyA mantiene sus principales fuentes de agua para el sistema HC-A-14 Guápiles-La RitaRoxana-Jiménez en la zona aledaña a Valle Verde (Nacientes Numancia, Pozo Numancia y Dirección04), por lo que al realizar el estudio para abastecer con agua potable al sector, debe valorarse cuál será el sistema de recolección y tratamiento de las aguas residuales que se generen de manera que se garantice la protección de la cantidad y calidad del acuífero que subyace este terreno y que es utilizado para brindar el servicio a más de 60 mil personas del cantón de Pococí. En estos casos, la recomendación es que se aplique lo dispuesto en la Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Matriz de SENARA) siendo que no existe una específica para el sector. - Asimismo, de forma reciente el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en el documento DU-431-12-2025 con fecha del 17 de diciembre de 2025 (adjunto), en referencia a los documentos PRE-2025-01153 y PRE-2025- 01154, que atiende precisamente los casos que están en este amparo (Green Valley, Valle Verde y Proyecto Nuevo Guápiles) del cual se extrae los siguientes textos: “Se exponen tres casos en las notas; en el primero, la finca folio real N.°7- 65885-000, plano catastrado N.°L-239023-1995 (2 219 000 m²) dio origen al proceso de transformación del suelo del que se pretendió tramitar en el año 2014 como un proyecto urbanístico en el distrito de Guápiles de Pococí, mas no se logró debido a la alta vulnerabilidad ambiental de la zona, por la cercanía con los mantos acuíferos. Se indica que el “proyecto” no avanzó en cuanto a trámites, sin embargo, a la fecha se han fraccionado más de 250 lotes provenientes de la finca madre, donde se identifican tres diferentes barrios: • Barrio Valle Verde: Es abastecido actualmente por la Asada Buenos Aires; no existe solución de tratamiento de aguas residuales, pese a la cercanía del acuífero que abastece el centro del distrito. • Barrio Green Valley: Se han segregado propiedades vendidas a terceros; se tienen viviendas construidas, pero sin un operador autorizado en cuanto al servicio de agua potable. • Dirección05: Implicó la apertura de calles públicas y segregación de lotes resultantes; existe una Constancia de Capacidad Hídrica para que se actualicen los trámites urbanísticos conforme a la normativa.” “6. Casos expuestos 6.1. El primer caso que se mencionó en su nota lleva relación con proyecto que si bien en sus orígenes pretendió tramitarse como mandaban la regulación vigente (urbanización por la apertura de vías), inobservó las normas aplicables en materia de planificación urbana, desde la Ley de Planificación Urbana, Decreto Ejecutivo N°36550 el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, su versión posterior, el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Contemplando que se generaron más de 250 planos catastrados provenientes de la misma finca madre (3 barrios con plano desde el año 1995 hasta el 2005), y presuntamente fueron visados por la Municipalidad respectiva no solo sin contar con disponibilidad de agua, sino sin el visado del INVU y demás instituciones revisoras, nos encontramos ante un proceso de transformación de suelo que para su puesta a derecho corresponde, según el marco normativo, se debe tramitar como urbanización.” “Conclusiones… • Según el dictamen N.°PGR-C-058-2022 de la Procuraduría General de la República del 18 de marzo de 2022, si una municipalidad emite un acto administrativo irregular, como el visado de un plano que declara un camino como público cuando no lo es, este se considera ilegítimo. De acuerdo con la Ley General de la Administración Pública, Ley N.°6227, el acto es válido solo si se ajusta sustancialmente al ordenamiento jurídico, y la ausencia de un elemento que justifique su emisión puede generar un vicio de nulidad absoluta, impidiendo su presunción de legitimidad y su saneamiento o convalidación. En consecuencia, la administración está obligada a anularlo de oficio mediante el proceso de lesividad si es declaratorio de derechos, o por el procedimiento de nulidad es absoluta, evidente y manifiesta. • De acuerdo con el análisis detallado del texto anterior, no existe ningún instrumento normativo o jurisprudencial que avale al INVU para que el AyA pueda otorgar constancias de disponibilidad de servicios públicos de agua potable sin la construcción de sistemas colectivos de aguas pluviales y sanitarios en procesos de transformación del suelo con fines urbanísticos y urbanizaciones, que no cumplieron las regulaciones aplicables. En fraccionamientos con fines urbanísticos y urbanizaciones se requiere obligatoriamente la provisión de servicios indispensables, incluyendo agua potable y sistemas colectivos para el tratamiento de aguas residuales y pluviales. Esto se alinea con el art. 36 de la LPU, que prohíbe desde 1968 visados municipales sin disponibilidad de servicios. La consideración de que cada propietaria o propietario de lote construya su sistema individual no exime el cumplimiento de estas normas, ya que el texto califica tales prácticas como irregulares e ilegítimas en los casos expuestos, donde se evadieron requisitos como el visado previo del INVU, la cesión de áreas públicas y la infraestructura colectiva, generando vicios de nulidad absoluta en actos administrativos. Cualquier otorgamiento de constancias por AyA en estos escenarios contradiría la LPU y no contaría con aval del INVU, priorizando la planificación urbana integral sobre soluciones individuales que comprometan la vulnerabilidad ambiental o la provisión adecuada de servicios. De este documento se desprende que el fraccionamiento Valle Verde, al cual pertenece la propiedad de la amparada, así como la Urbanización Nuevo Guápiles y el Fraccionamiento Green Valley, según criterio del INVU, se llevó a cabo inobservando las Leyes y Reglamentos que regulan el desarrollo urbano, entre ellos la existencia de disponibilidad de servicios previo a las segregaciones de las fincas. Dado lo anterior, se considera que lo expuesto por el recurrente no tiene relación con las actuaciones de AyA Región Huetar Caribe, siendo que la comunidad de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los sistemas de acueductos que administra AyA y que lo pretendido es que la ASADA de Buenos Aires le otorgue la disponibilidad de agua potable, siempre y cuando se cumpla con la normativa urbanística y en especial el resguardo del recurso hídrico que subyace estos terrenos y que es utilizado para el abastecimiento de agua potable a gran parte de la población del cantón de Pococí.” Se reitera para que el operador por delegación del AyA, en el caso que nos ocupa, la ASADA Buenos Aires Sur de Jiménez, para que pueda brindar una constancia de disponibilidad de servicios positiva a favor de los interesados, estos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos al efecto, y en los casos como el presente en los que no existe red, deberán realizar los estudios técnicos y obras de mejoras para generar dicha constancia de disponibilidad de servicios en la zona, según lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento para la Prestación de los Servicios y artículo 46 del Reglamento de ASADAS (Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE (…)”.\n\n6.- Por escrito incorporado al expediente el 23 de enero de 2026, Lourdes María Suarez Barboza, presidenta ejecutiva del ICAA, informa: “PRIMERO: No nos consta, es un hecho propio del recurrente; No obstante, según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “Sobre la compra del inmueble y las expectativas del recurrente, no le consta a esta Institución, por tratarse de actos de naturaleza privada entre particulares. El AyA no interviene ni participa en transacciones inmobiliarias, ni puede garantizar, por sí sola, la disponibilidad de servicios públicos esenciales sin que se cumplan previamente los requisitos técnicos, legales y ambientales establecidos en la normativa vigente.” SEGUNDO: No es cierto. De acuerdo con el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, se indica que: “En los registros de la UEN Gestión de ASADAS del AyA no consta el ingreso de una solicitud de disponibilidad de agua potable para el sector norte de la comunidad, específicamente donde se ubica el inmueble del recurrente. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico específico (estudios para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la factibilidad de abastecimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA.” La normativa citada en este hecho no corresponde al articulado vigente del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, las constancias de disponibilidad de servicios se encuentran en los artículos 7 inc. 31, 15, 29, 30 y concordantes. TERCERO: No es cierto. Según informe remitido por la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, se indica a manera de resumen que: (ver informe N° GSD-UEN-GAR-2026- 00237): 1. No es cierto que la ASADA Buenos Aires Sur se haya constituido específicamente para abastecer al sector donde se ubica el inmueble. 2. Con documento No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 de fecha 5 de marzo del 2021, se indicó que: “…de acuerdo con la información registral suministrada se trata de 40 propiedades las que estarían siendo incluidas en el proyecto…” por lo que no lleva razón en indicar que se restringe el servicio sin fundamentación técnica que respalde la negatoria de disponibilidad de agua. 3. Que la proyección para el posible otorgamiento será únicamente la que se señala para el sector norte de la comunidad, específicamente sobre la calle hacia el sector donde se ubica el Colegio Green Valley. 4. La gestión realizada corresponde exclusivamente a una solicitud presentada por el comité de vecinos de Valle Verde, caserío conformado por aproximadamente 40 viviendas existentes y ubicadas en el extremo sur de la zona. Dicha gestión no guarda relación alguna con el sector de Dirección02, donde se localiza la propiedad del recurrente. 5. Para este sector, la ASADA de Buenos Aires Sur de Pococí no ha realizado ningún estudio técnico orientado a urbanizaciones, lotificaciones o procesos de segregación ante la UEN Gestión de ASADAS del AyA. Por lo que no resulta procedente atribuir validez técnica al documento que aportan para beneficio del sector norte donde se ubica la propiedad del recurrente. 6. Actualmente AyA está desarrollando estudios técnicos en atención a la solicitud formal presentada por la ASADA de Buenos Aires, para ver la viabilidad de que esta asuma la administración del sistema de abastecimiento de agua que actualmente es operado por un gestor no autorizado en la comunidad de Valle Verde – Dirección02 (Dirección03). En este contexto, se cuenta con criterios ambientales vinculantes, los cuales resultan determinantes para la toma de decisiones. 7. Se aporta el documento UEN-GA-2025-03793 (ver adjunto), emitido por la UEN Ambiental, donde se señala entre otras cosas lo siguiente: (…) “De igual manera, considerando que el área de la ‘Zona del Comité de agua Valle Verde – Dirección03’ coincide con el área de la solicitud de un proyecto urbanístico de exoneración de alcantarillado sanitario denominado ‘Nuevo Guápiles’, tramitado como expediente N° 640 en el año 2014, en el plano catastrado L239023-95, el cual fue denegado por la UEN Gestión Ambiental debido a inconsistencias técnicas de carácter hidrogeológico que nunca fueron subsanadas por el interesado.” 8. Se aporta el documento SUB-AID-GA-2015-432 (ver adjunto) correspondiente a un criterio técnico categórico de la Dirección donde señala: (…) “Esta Dirección del Área Funcional de Hidrogeología, desde el punto de vista hidrogeológico, geológico, de protección del acuífero y de las Fuentes Numancia del AyA, y con base en la totalidad de los estudios técnicos existentes en la zona, así como en el Diagnóstico del Plan Regulador de Pococí – Tomo I, no recomienda la exoneración del Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles, ubicado en Barrio Emilia, Guápiles, Pococí, Limón, plano catastrado L-239023-95, por tratarse de un acuífero altamente vulnerable a la contaminación.” De igual forma, según el informe técnico N° GSP-RHC-P-2026-00067 (adjunto) remitido por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, indica que: “Con respecto al punto tercero, tal como se ha indicado en el oficio GSP-RHCP-2017-00781 y GSP-RA-P-2019-00843 (adjuntos), el sector de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los acueductos administrados por AyA directamente. Específicamente los sistemas HC-A-13 Cariari - Anita Grande y HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (ver imagen número 2). Dado lo anterior, por estar ubicado fuera de las competencias del AyA – Región Huetar Caribe, no se ha emitido criterio sobre disponibilidades de agua para el terreno ubicado en ese sector.” CUARTO: No nos consta la respuesta emitida por la ASADA ya que no se aporta prueba al respecto, en cuando a los demás aspectos que se señalan, no son ciertos. El recurrente enumera cinco supuestas justificaciones del rechazo: 1. permisos municipales, 2. discriminación personal, 3. falta de agua, 4. inexistencia de presupuesto, y 5. cercanía de infraestructura del AyA, de las cuales se hace referencia en los informes técnicos brindados por la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA y la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA. (ver informes adjuntos N° GSD-UEN-GAR-2026-00237 y N° GSP-RHC-P-2026-00067: QUINTO: No es cierto. De acuerdo con el informe N° GSD-UEN-GAR-2026-00237 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, el recurrente sostiene que cumple condiciones para recibir el servicio y que la negativa vulnera derechos fundamentales. No obstante, no se cuenta con diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica presentados conforme a la Definición N.º 12 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, que exige verificar capacidad hídrica, hidráulica, ambiental y legal. Sin dicho análisis, no es jurídicamente posible otorgar disponibilidad de agua potable (ver informe adjunto). De igual forma, el informe N° GSP-RHC-P-2026-00067 suscrito por la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, señala que el amparado tiene su derecho a gestionar el abastecimiento de agua, siempre y cuando cumpla con los procedimientos establecidos. Sin embargo, dicha oficina Cantonal no ha emitido constancias de disponibilidad de servicios, puesto que no se encuentra dentro de su área de cobertura. Además es importante rescatar lo establecido en el artículo 7 inciso 134 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA en cuanto a las zonas de restricción ambiental. (ver informe adjunto). SEXTO: No es cierto. De acuerdo con lo señalado en los informes técnicos N° GSD-UEN-GAR-2026-00237 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA y N° GSP-RHCP-2026-00067 de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, en el orden descrito (ver informes adjuntos), se indica que: 1. “…No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado.” 2. “…La Región Huetar Caribe no ha realizado gestión alguna en el sector de Valle Verde. Debe indicarse que dentro de la normativa y procedimientos de AyA nunca se solicitan contribuciones económicas a los interesados.” SÉTIMO: No nos consta. De acuerdo con lo señalado en los informes técnicos N° GSD-UEN-GAR-2026-00237 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA y N° GSP-RHC-P-2026-00067 de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, en el orden descrito (ver informes adjuntos), se indica que: 1. “…No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado.” 2. “…Se reitera que AyA – Región Huetar Caribe, no ha realizado gestión alguna que apruebe o desapruebe el abastecimiento con agua en el sector de Valle Verde, puesto que se ubica fuera del área de cobertura.” OCTAVO: Este acápite no es un hecho. Sin embargo, cabe citar lo expuesto en los informes técnicos N° GSD-UEN-GAR-2026-00237 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA y N° GSP-RHC-P-2026-00067 de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, en el orden descrito, que se adjuntan y que a manera de resumen detallan: 1. “La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que el derecho al agua no implica obligación de otorgar el servicio cuando exista imposibilidad técnica, jurídica o ambiental debidamente acreditada. En el presente caso, la negativa se sustenta en criterios técnicos y ambientales objetivos, particularmente en la protección de fuentes estratégicas de abastecimiento.” (ver informe N° GSD-UEN-GAR-2026-00237). 2. “… si bien se trata sobre jurisprudencias de la Sala Constitucional, se puede observar de los extractos, que ambas resoluciones (2016-006027 y 2017- 005245) la Sala indica que no se acredita omisión o actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, siendo que los actos no fueron antojadizos, sino que se sustentan en aspectos técnicos como lo es la inexistencia de disponibilidad de agua potable en los sectores.” De forma adicional, es importante indicar que el sector de Valle Verde y alrededores se encuentra sobre un acuífero vulnerable a la contaminación, según se desprende de los informes SUB-AID-GA-2015-432 y UEN-GA-2025- 03793 elaborados por la Dirección de Gestión Ambiental de AyA (adjuntos). Tal y como se observa en la imagen número 2 de este documento, AyA mantiene sus principales fuentes de agua para el sistema HC-A-14 GuápilesLa Rita-Roxana-Jiménez en la zona aledaña a Valle Verde (Nacientes Numancia, Pozo Numancia y Dirección04), por lo que al realizar el estudio para abastecer con agua potable al sector, debe valorarse cuál será el sistema de recolección y tratamiento de las aguas residuales que se generen de manera que se garantice la protección de la cantidad y calidad del acuífero que subyace este terreno y que es utilizado para brindar el servicio a más de 60 mil personas del cantón de Pococí. En estos casos, la recomendación es que se aplique lo dispuesto en la Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Matriz de SENARA) siendo que no existe una específica para el sector. Asimismo y de amplia importancia, se aporta como parte de la prueba, el reciente criterio emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, con documento DU-431-12-2025 con fecha del 17 de diciembre de 2025, el cual hace referencia a los documentos PRE-2025-01153 y PRE-2025-01154, que atienden precisamente los casos que están en este amparo Valle Verde, Green Valley y Proyecto Nuevo Guápiles (ver documento DU-431-12-2025, anexo al informe GSP-RHC-P-2026-00067). De este documento se desprende que el fraccionamiento Valle Verde, al cual pertenece la propiedad del amparado, así como la Urbanización Nuevo Guápiles y el Fraccionamiento Green Valley, según criterio del INVU, se llevó a cabo inobservando las Leyes y Reglamentos que regulan el desarrollo urbano, entre ellos la existencia de disponibilidad de servicios previo a las segregaciones de las fincas. Dado lo anterior, se considera que lo expuesto por el recurrente no tiene relación con las actuaciones de AyA Región Huetar Caribe, siendo que la comunidad de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los sistemas de acueductos que administra AyA y que lo pretendido es que la ASADA de Buenos Aires le otorgue la disponibilidad de agua potable, siempre y cuando se cumpla con la normativa urbanística y en especial el resguardo del recurso hídrico que subyace estos terrenos y que es utilizado para el abastecimiento de agua potable a gran parte de la población del cantón de Pococí. Se reitera que, para que el operador delegado por AyA, en este caso la ASADA de Buenos Aires Sur de Jiménez, pueda brindar una constancia de disponibilidad de servicios positiva a favor de los interesados, estos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos al efecto, y en los casos como el presente en los que no existe red, deberán atender lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento para la Prestación de los Servicios y artículo 46 del Reglamento de ASADAS (Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE) (…)”.\n\n7.- Por escrito incorporado al expediente el 29 de enero de 2026, Juan Carlos Barquero López, presidente de la Asada Buenos Aires Sur Jiménez, contesta audiencia. Expone: “Es cierto que la comunidad recurrente ha enfrentado dificultades en el acceso continuo y suficiente al servicio de agua potable, situación que ha sido de pleno conocimiento de esta ASADA. Sin embargo, es importante aclarar ciertos puntos. 1. La comunidad se encuentra dividida en tres sectores, el cuadrante sur en la parte final de la Dirección06, la cual cuenta con el abastecimiento de agua potable, sector central ausente de un ente operador que brinde el servicio de agua (donde se ubican las propiedades en cuestión). Y sector norte que esta abastecido por el AyA. 2. El acueducto de Buenos Aires únicamente brinda el servicio de agua en el cuadrante ubicado en el sector sur de la comunidad por una disposición de AyA del cual se adjunta copia. 3. El sector central es un sector donde no se encuentra ningún ente operador y tampoco cuenta con tuberías del acueducto para brindar el servicio de agua. En dado caso que esta honorable sala, solicite la intervención de dicho sector por parte de la ASADA, los interesados deberán de asumir los costes económicos de la extensión del ramal del acueducto hasta el sector donde se encuentran las propiedades en cuestión. 4. La ASADA de Buenos Aires, no ha recibido ni solicitado dineros a los vecinos con la promesa de brindar disponibilidades a cambio. 5. La extensión de las tuberías en el sector sur de la comunidad fue asumida por los vecinos de la comunidad Valle verde quienes aportaron para la extensión de la tubería hasta el sector delimitado por el AyA. Este acueducto reitera, que si bien, cuenta con todas las intenciones de asumir el sector central de Valle verde, esta es una decisión que no compete únicamente a este Acueducto.”.\n\n8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n \n\nI.- CUESTIÓN PREVIA. Tratándose de recursos de amparo dirigidos contra sujetos privados, previo al análisis de fondo acerca de la violación constitucional alegada, debe examinarse si, en la especie, se está o no ante alguno de los supuestos que hacen admisible tal recurso, y, en caso afirmativo, dilucidar si es o no admisible. Indica la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo 57 que procede el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el caso concreto, se cumple uno de estos presupuestos, ya que se trata de sujetos de derecho privado que están actuando en ejercicio de funciones o potestades públicas al prestar un servicio público, motivo por el que el recurso se admite para su análisis por parte de este Tribunal.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que el tutelado es propietario de un lote en la calle llamada “Valle Verde”, en Guápiles. Alega que los recurridos no le han dado la disponibilidad del servicio de agua potable, el cual se ha restringido de manera injustificada y sin sustento técnico. Refiere que únicamente se autorizó el servicio a 40 casas de la comunidad Valle Verde; empero, la Asada requiere la autorización del ICAA otorgar servicios adicionales. Añade que, en diferentes oportunidades, el instituto recurrido ha ofrecido el servicio si los vecinos asumen determinados gastos, pero, tras realizar grandes esfuerzos económicos, esto no ha sucedido. Concluye que el amparado lleva años soportando esa discriminación sin fundamento jurídico o estudio técnico alguno, y aunque su lote está a 700 metros de un tanque del ICAA y a 1 kilómetro de la tubería de la ASADA Buenos Aires Sur, no recibe el servicio. \n\nIII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na)    La comunidad de Valle Verde se encuentra dividida en tres sectores: el cuadrante sur, que cuenta con abastecimiento de la Asada; el sector norte, abastecido por el ICAA; y el sector central, que no cuenta con un operador que brinde el servicio de agua potable, y tampoco con infraestructura. (Contestación de la Asada recurrida).\n\nb)   Por la falta de infraestructura, para la extensión del servicio en la zona los vecinos deben asumir los costos de la extensión de ramal del acueducto. (Contestación de la Asada recurrida).\n\nc)    Por medio del memorando nro. GSD-UEN-GAR-2026-00237 de 21 de enero de 2026, la UEN Gestión de Acueductos Rurales del ICAA detalló: “En los registros de la UEN Gestión de ASADAS del AyA no consta el ingreso de una solicitud de disponibilidad de agua potable específicamente donde se ubica el inmueble del recurrente. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico específico (estudios para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la factibilidad de abastecimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA (…) En la prueba adjunta, documento No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 con fecha 5 de marzo del 2021 se indica “Hacemos la aclaración de que de acuerdo con la información registral suministrada se trata de 40 propiedades las que estarían siendo incluidas en el proyecto. No omitimos manifestar que la gestión para el posible abastecimiento será proyectada solamente para el sector de las viviendas indicadas en la documentación aportada y que no se considera la posibilidad de extensión del proyecto hacia sectores hacia el norte de la comunidad, específicamente sobre la calle hacia el sector donde se ubica el Colegio Green Valley.” Al respecto, es fundamental precisar que la gestión señalada corresponde exclusivamente a una solicitud presentada por el comité de vecinos de Valle Verde, caserío conformado por aproximadamente 40 viviendas existentes, ubicado en el extremo sur de la zona. Dicha gestión no guarda relación alguna con el sector de Dirección02, donde se localiza la propiedad del recurrente. En relación con este último sector, se deja constancia de que no se ha recibido, por parte de la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí, ningún estudio técnico específico orientado a urbanizaciones, lotificaciones o procesos de segregación ante la UEN Gestión de ASADAS del AyA (…)”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).\n\nIV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, la recurrente manifiesta que el tutelado es propietario de un lote en la calle llamada “Valle Verde”, en Guápiles. Alega que los recurridos no le han dado la disponibilidad del servicio de agua potable, el cual se ha restringido de manera injustificada y sin sustento técnico. Refiere que únicamente se autorizó el servicio a 40 casas de la comunidad Valle Verde; empero, la Asada requiere la autorización del ICAA otorgar servicios adicionales. Añade que, en diferentes oportunidades, el instituto recurrido ha ofrecido el servicio si los vecinos asumen determinados gastos, pero, tras realizar grandes esfuerzos económicos, esto no ha sucedido. Concluye que el amparado lleva años soportando esa discriminación sin fundamento jurídico o estudio técnico alguno, y aunque su lote está a 700 metros de un tanque del ICAA y a 1 kilómetro de la tubería de la ASADA Buenos Aires Sur, no recibe el servicio. \n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que la comunidad de Valle Verde se encuentra dividida en tres sectores: el cuadrante sur, que cuenta con abastecimiento de la Asada; el sector norte, abastecido por el ICAA; y el sector central, que no cuenta con un operador que brinde el servicio de agua potable, y tampoco con infraestructura. Por la falta de infraestructura, para la extensión del servicio en la zona los vecinos deben asumir los costos de la extensión de ramal del acueducto. Por medio del memorando nro. GSD-UEN-GAR-2026-00237 de 21 de enero de 2026, la UEN Gestión de Acueductos Rurales del ICAA detalló: “En los registros de la UEN Gestión de ASADAS del AyA no consta el ingreso de una solicitud de disponibilidad de agua potable específicamente donde se ubica el inmueble del recurrente. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico específico (estudios para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la factibilidad de abastecimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA (…) En la prueba adjunta, documento No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 con fecha 5 de marzo del 2021 se indica “Hacemos la aclaración de que de acuerdo con la información registral suministrada se trata de 40 propiedades las que estarían siendo incluidas en el proyecto. No omitimos manifestar que la gestión para el posible abastecimiento será proyectada solamente para el sector de las viviendas indicadas en la documentación aportada y que no se considera la posibilidad de extensión del proyecto hacia sectores hacia el norte de la comunidad, específicamente sobre la calle hacia el sector donde se ubica el Colegio Green Valley.” Al respecto, es fundamental precisar que la gestión señalada corresponde exclusivamente a una solicitud presentada por el comité de vecinos de Valle Verde, caserío conformado por aproximadamente 40 viviendas existentes, ubicado en el extremo sur de la zona. Dicha gestión no guarda relación alguna con el sector de Dirección02, donde se localiza la propiedad del recurrente. En relación con este último sector, se deja constancia de que no se ha recibido, por parte de la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí, ningún estudio técnico específico orientado a urbanizaciones, lotificaciones o procesos de segregación ante la UEN Gestión de ASADAS del AyA (…)”.\n\nSobre el particular, interesa traer a colación lo resuelto por esta Sala en asuntos análogos, concernientes a Dirección02 de Guápiles. Así, verbigracia, en la sentencia nro. 2026003603 de las 9:20 horas de 30 de enero de 2026, esta Cámara indicó:\n\n“II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, desde el año 2015, el amparado adquirió dos lotes ubicados en Calle Valle Verde, Guápiles, debidamente inscritos y cercanos a un edificio del Poder Judicial, y desde entonces ha gestionado sin éxito el acceso al servicio de agua potable. Pese a múltiples solicitudes y a la constitución de la ASADA Buenos Aires Sur junto con otros vecinos, el AyA ha negado reiteradamente la disponibilidad del servicio sin respaldo técnico suficiente, autorizándolo únicamente para 40 viviendas. Las negativas se han sustentado en argumentos que el amparado considera infundados y discriminatorios, pese a existir infraestructura instalada, disponibilidad de agua acreditada por la ASADA y un tanque del AyA cercano. Añade que, aun cuando los vecinos asumieron costos económicos significativos a solicitud del AyA, el servicio sigue sin brindarse, manteniéndolo en una situación prolongada de indefensión y trato arbitrario (…)\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, en primer término, el sector en el que se ubican las propiedades del amparado (Valle Verde, específicamente el área cercana al Colegio Green Valley) no forma parte del área de cobertura de los sistemas de acueducto administrados directamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Región Huetar Caribe. Asimismo, se comprobó que el acueducto institucional más cercano (sistema HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez) no alcanza a cubrir la zona donde se encuentran las fincas del amparado y que, en particular, el tanque Numancia se ubica a una elevación inferior respecto del sector Valle Verde, por lo que no resulta técnicamente viable extender el servicio desde dicha infraestructura. En consecuencia, la sola cercanía del inmueble a ese tanque o a otras obras no genera un derecho automático a la conexión, pues la prestación del servicio está sujeta a criterios técnicos y a la capacidad real de los sistemas existentes.\n\nEn segundo término, se tuvo por demostrado que el área presenta restricciones ambientales relevantes, vinculadas a la protección de fuentes estratégicas de abastecimiento y a la vulnerabilidad del acuífero, lo cual impone límites severos para la aprobación de nuevas conexiones o disponibilidades de servicio, particularmente cuando se trate de procesos de urbanización, lotificación o segregación que puedan comprometer la calidad y la cantidad del recurso hídrico. En este punto, los criterios técnicos aportados por las autoridades accionadas evidenciaron que, tratándose de una zona ambientalmente sensible, la evaluación de factibilidad no puede prescindir del análisis integral de la capacidad hídrica e hidráulica, así como del componente sanitario-ambiental, en especial del manejo adecuado de aguas residuales y su eventual tratamiento.\n\nEn tercer lugar, se acreditó que, respecto del sector norte de Valle Verde donde se ubican las propiedades del amparado, no constaba en los registros del AyA el ingreso de una solicitud formal de disponibilidad de agua potable, ni la presentación de estudios técnicos específicos orientados a urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones que habilitaran un análisis técnico-jurídico de factibilidad. Ello resulta determinante, puesto que el ordenamiento que regula la prestación del servicio impone requisitos generales y objetivos para que la Administración o el operador por delegación valoren el abastecimiento, entre ellos, la existencia de redes, la capacidad hidráulica e hídrica real, la viabilidad legal del trazado (servidumbres o accesos) y el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. Así, mientras tales requisitos no se acrediten mediante el estudio correspondiente, no es jurídicamente procedente exigir una constancia positiva de disponibilidad, ni una conexión definitiva.\n\nAhora bien, la Sala ha determinado que no constituye una lesión a los derechos de una persona que se niegue el servicio de agua potable cuando existen impedimentos técnicos que lo justifiquen:\n\n“II.-Sobre el caso concreto. Entre la prueba aportada, se aprecia una certificación de no disponibilidad de agua del 15 de julio de 2021, mediante la que el AyA le notificó al accionante el rechazo de su solicitud de disponibilidad de agua potable para la individualización de servicios para un apartamento ubicado en el inmueble de su propiedad. La denegatoria se sustentó en la falta de factibilidad técnica debido a la insuficiencia de capacidad hídrica e hidráulica en el sistema de abastecimiento de la zona, por lo que no se tiene disponibilidad del servicio de agua potable para nuevos proyectos de desarrollo.\n\nAsí las cosas, se acredita que el sub lite no versa sobre una denegatoria arbitraria del servicio de agua potable, pues esta se fundamentó en la falta de factibilidad técnica. En esta línea, adviértase que este Tribunal Constitucional no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la autoridad recurrida y tampoco puede reemplazar a la Administración activa en la gestión de sus competencias, de modo que no le corresponde usurpar las atribuciones que le han sido legalmente conferidas a otras dependencias, órganos o entes, como el AyA. Tampoco este Tribunal funge como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea de derecho público o privado-, para interceder a fin de que se le conceda lo que la parte recurrente pretende, en este caso, que se le instale un nuevo medidor para el apartamento que construyó para su hija. Ahora bien, si lo que ocurre es que el recurrente está inconforme con las razones que justificaron la denegatoria del nuevo medidor por parte del AyA, deberá plantear sus agravios y pretensiones ante la vía ordinaria de legalidad, para que allí se determine lo que en derecho corresponde”. (Sentencia nro. 2021018977 de las 11:50 horas de 24 de agosto de 2021).\n\nLa Sala no observa motivos para cambiar el criterio transcrito. En efecto, no se estima que la denegatoria sea irrazonable ni antojadiza cuando se basa en una justificación técnica como es, en este caso, la deficiente capacidad hidráulica del acueducto. La discusión del tema de fondo puede ser planteada en la vía de legalidad.\n\nValga acotar que al resolver un asunto similar al presente, este Tribunal en la sentencia No. 2020-19832 de las 09:30 horas de 16 de octubre de 2020, dispuso:\n\n \n\n“(…) de las pruebas de factibilidad realizadas en la localidad, se determinó la indisponibilidad del servicio de agua por falta de capacidad de almacenamiento en la comunidad de Pijije de Bagaces; sin embargo, alega que se están realizando una serie de acciones tendientes a aumentar la capacidad, para lograr la dotación de agua potable en esta comunidad por parte de la ASADA recurrida. Cabe destacar, que la procedencia o no del servicio solicitado no es un asunto que deba discutirse en esta jurisdicción, ya que es ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, incumplimiento de requisitos infraconstitucionales o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen. Asimismo, no le corresponde a esta Sala definir si el recurrente cumple o no los requisitos legales o técnicos para que la solicitud sea aprobada, ya que su verificación es una función de las autoridades administrativas correspondientes, sin que esta Sala pueda incursionar en la materia, por tratarse de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia (…)” (el énfasis no pertenece al original).\n\nAunado a lo anterior, en lo relativo a la Asociación Administradora del Acueducto Rural Buenos Aires Sur, Jiménez, se comprobó que esta presta el servicio a la comunidad de Buenos Aires Sur y a una parte del sector sur de Green Valley, abasteciendo aproximadamente 650 abonados. También se acreditó que la comunidad de Green Valley se encuentra dividida en tres sectores y que el sector central carece de un ente operador formal. En ese contexto, la ASADA informó que no se ha negado de manera arbitraria a colaborar para encontrar soluciones y que su actuación se encuentra condicionada por la necesidad de intervención y aprobación institucional del AyA, así como por el cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental. De manera particular, se probó que el estudio técnico integral realizado en 2020 por la ASADA contempló una eventual ampliación hacia parte de Green Valley y fue conocido y aprobado por el AyA; sin embargo, ello no equivale, por sí mismo, a un mandato inmediato y absoluto de conexión para cualquier inmueble del sector, pues la ampliación requiere la delimitación concreta del proyecto, la verificación de redes en el área específica y, en su caso, las obras y servidumbres necesarias para su ejecución. De hecho, también se acreditó que la gestión tramitada en 2021 por el comité de vecinos se proyectó para un conjunto de 40 propiedades del sector sur y que expresamente no consideró la extensión hacia el sector norte cercano al Colegio Green Valley, donde se ubican las fincas del amparado; de modo que la situación del recurrente no es equiparable a la de ese grupo de viviendas, que fue objeto de un proyecto técnico específico y delimitado.\n\nEn este orden de ideas, la jurisprudencia de esta Sala ha sido constante en señalar que, si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es irrestricto ni impone, en cualquier circunstancia, una obligación de dotar el servicio cuando exista imposibilidad técnica, jurídica o ambiental debidamente acreditada o cuando el solicitante no haya cumplido los requisitos generales exigibles para valorar la factibilidad de abastecimiento. Bajo ese entendido, cuando la denegatoria o la imposibilidad de prestación se sustenta en criterios objetivos, técnicos y ambientales, y no en una actuación arbitraria o discriminatoria, no se configura violación de derechos fundamentales (…)”.\n\n \n\nAsí las cosas, el Tribunal estima que estas consideraciones son aplicables al caso en estudio, pues se trata del mismo tipo de reclamo. En ese tanto, como se explicó en el antecedente de cita, en este momento existe una imposibilidad técnica que no permite el otorgamiento del servicio requerido, de manera que es posible acreditar una actuación ilegítima o arbitraria por parte de los recurridos.\n\nAhora, cabe también resaltar que la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la disponibilidad del servicio de agua corresponde a las autoridades administrativas o jurisdiccionales comunes, sin que, en principio, esta Sala pueda incursionar en la materia, pues se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia. De este modo, si la parte accionante se encuentra inconforme con las razones esgrimidas por la parte accionada, deberá plantear los alegatos que correspondan ante las instancias comunes competentes, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.\n\nFinalmente, la parte accionante acusa un trato discriminatorio, por cuanto aduce que otras propiedades sí cuentan con la disponibilidad del servicio. Al respecto, cuando se acusa vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este derecho está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales.\n\nAsí las cosas, en el sub examine no se infieren elementos suficientes que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad, puesto que no se estableció un parámetro de comparación válido sobre el cual pueda analizarse si se produjo o no un tratamiento discriminatorio en los términos acusados. Por el contrario, la accionante únicamente hizo alusión a que otras propiedades en la zona cuentan con servicio de agua; empero, no se mencionó un caso específico e individualizado.\n\nEn virtud de lo expuesto, a priori se descartan situaciones que ameriten la intervención de esta jurisdicción constitucional, por lo que se declara sin lugar el recurso.\n\nV.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. En el sub examine, la parte accionante reclama que no se aprueban nuevas disponibilidades de agua por estar la propiedad en una zona deficitaria.\n\nAl respecto, consideramos imprescindible tener como parte a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) a los efectos de que se determine si los prestatarios del servicio en la zona tienen algún tipo de responsabilidad en la capacidad actual de los sistemas hídricos. En otros asunto, este Tribunal (sentencia nro. 2020007754 de las 9:45 horas de 24 de abril de 2020) valoró que Aresep, al rendir su informe, puntualizó una serie de problemas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en relación con la inversión en infraestructura, pérdidas por agua no contabilizada y capacidad de ejecución. En esa oportunidad, la Sala consideró: “Al respecto, no solo consta que la problemática de desabastecimiento de agua se venía reflejando desde el 2017, sino que la ARESEP puntualizó que el ICAA tenía un rezago en la inversión en infraestructura y, además, significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada. Asimismo, el ente regulador también afirmó que la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no ha sido la deseable”.\n\nEn consecuencia, salvamos el voto y ordenamos continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\nVI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n  Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y ordenan continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Cruz C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n KKQUL3PIX6M61\n\nEXPEDIENTE N° 25-039976-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección07, Dirección08, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:43:35.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**EXP: 25-039976-0007-CO**\n\n**Res. No. 2026010005**\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twentieth of March two thousand twenty-six.\n\nAmparo action processed in case file no. 25-039976-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED02, on behalf of Nombre02, identity card CED03, against the ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL (ASADA) BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ AND THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\n**Whereas:**\n\n1.- By document incorporated into the case file on December 25, 2025, the plaintiff files an amparo action. She states that the protected party bought a lot in Guápiles, on the street called “Valle Verde”. She indicates that a certificate of drinking water availability (constancia de disponibilidad de agua potable) and drinking water service were requested for the following property: Dirección01, located in Guápiles, measuring 3000 meters and with plan L-1148838-2007. However, she claims 13 years have passed and the objective of having water on the property has not been achieved. She mentions that \"quantities of requests\" have been filed and the ASADA Buenos Aires Sur was established, but the respondent institute restricted the service \"without a technical basis to support the denial of granting water availability (disponibilidad de agua)\". She states that she attaches a document in which the respondent authority only authorized the liquid to the 40 houses belonging to the “Comunidad de VALLE VERDE group”. She adds that the protected party has formally requested access to the service from the ASADA Buenos Aires Sur and, under all its administrations, it has been willing to collaborate as long as they receive authorization from the ICAA. However, that institute has rejected the request without any technical basis to support its decision. She details that the justifications for the rejection have been the following: \"1. That the properties did not have municipal permits and approved plans, when the plans are perfectly approved, and municipal tax payments and each corresponding declaration are made punctually. 2. That supposedly the lands that were sold to him belonged to persons not pleasing to the AYA institution, a totally illogical excuse, amounting to discrimination on a personal basis. 3. That there was not enough liquid to provide the service, when the reports from the ASADA Buenos Aires Sur state that it has enough liquid to provide us the service. 4. That they did not have a budget to create the piping to provide the service to our homes, when the neighbors of Dirección02 paid for those pipes several years ago and they are already installed and ready to provide the service, but according to an official letter from AYA, it prohibits the ASADA from releasing the liquid up to where the protected party’s property is located. 5. That there is a large AYA tank (photos attached) barely 700 meters from the protected party’s property and according to AYA the water will not reach the property.\" She alleges that the lack of grounds and transparency constitutes a violation of fundamental rights and affects the quality of life of the persons inhabiting that property. She reiterates that, as the owner, the protected party has the right to have a drinking water supply to meet the basic needs of his home and guarantee a dignified life for the inhabitants of the property. She adds that on different occasions the respondent institute has offered the service if the neighbors assume certain expenses, but, after making great economic efforts, this has not happened; specifically, she refers as an example to \"the establishment of the asada and the moving of the liquid from the Asada Buenos Aires de Jiménez to Buenos Aires Sur\". She concludes that the protected party has endured this discrimination for years without any legal basis or technical study whatsoever, and although his lot is 700 meters from an ICAA tank and 1 kilometer from the piping of the ASADA Buenos Aires Sur, he does not receive the liquid and to survive he has had to resort to tanks to collect rainwater. Consequently, she requests the intervention of this Chamber.\n\n2.- By resolution issued at 11:06 hours on December 29, 2025, the Presidency of the Chamber warned the appellant to provide \"CERTIFICATION OF CURRENT LEGAL STATUS (PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE) OF ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (ASADA) DE BUENOS AIRES SUR, as well as the EXACT ADDRESS of the place designated by its legal representative or resident agent for notification purposes\".\n\n3.- By document incorporated into the case file on December 29, 2025, the plaintiff provides the required documentation.\n\n4.- By resolution issued at 14:20 hours on January 9, 2026, the Presidency of the Chamber processed the case and requested a report from the executive president, the director of the UEN Gestión de Asadas, and the person in charge of the cantonal office of Pococí, all from the ICAA. Likewise, it gave notice to Juan Carlos Barquero López, president of the Asada Buenos Aires Sur Jiménez.\n\n5.- By document incorporated into the case file on January 22, 2026, Rafael Barboza Topping and Randy Madrigal Rodríguez, in their order, director of the UEN gestión de Asadas and person in charge of the cantonal office of Pococí, both from the ICAA, report: \"FIRST: We cannot certify it, it is an act proper to the appellant; However, according to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: “Regarding the purchase of the property and the appellant's expectations, this Institution cannot certify it, as these are acts of a private nature between individuals. AyA does not intervene or participate in real estate transactions, nor can it guarantee, by itself, the availability of essential public services without the technical, legal, and environmental requirements established in current regulations being previously met.” SECOND: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: “In the records of the UEN Gestión de ASADAS of AyA, there is no record of the submission of a request for drinking water availability (disponibilidad de agua potable) for the northern sector of the community, specifically where the appellant's property is located. Consequently, no specific technical analysis (studies for urbanizations, lotifications, or segregations) has been carried out to assess the feasibility of supply, in accordance with the provisions of the AyA Service Provision Regulations.” Regarding the regulations cited in this fact, it should be noted that the service availability certificates (constancias de disponibilidad de servicios) do not correspond to the current articles of the AyA Service Provision Regulations; they are found in articles 7, subsection 31, 15, 29, 30, and concordant articles. THIRD: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: “It is not true that the ASADA Buenos Aires Sur was established specifically to supply the sector where the property is located. It is on record that the ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ, legal ID CED01, began operations on 09/08/2007, fulfilling the requirements for the formation of associations established in Law 218 and its Regulations, and has a current Delegation Agreement since 02/04/2009, for a defined area of competence, distinct from the northern sector near Colegio Green Valley. Regarding the evidence they attach indicating ‘... the AyA representative was emphatic in restricting the service without a technical basis to support the denial of granting water availability (disponibilidad de agua) ...’ In the attached evidence, document No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 dated March 5, 2021, it is indicated: ‘We clarify that according to the registry information provided, these are 40 properties that would be included in the project. We do not fail to state that the management for possible supply will be planned only for the sector of the dwellings indicated in the documentation provided and that the possibility of extending the project to sectors north of the community, specifically on the street towards the sector where Colegio Green Valley is located, is not being considered.’ In this regard, it is essential to specify that the indicated management corresponds exclusively to a request presented by the neighborhood committee of Valle Verde, a hamlet composed of approximately 40 existing dwellings, located at the southern end of the zone. This management bears no relation whatsoever to the sector of Dirección02, where the appellant's property is located. In relation to this latter sector, it is placed on record that no specific technical study aimed at urbanizations, lotifications, or segregation processes has been received, from the ASADA Buenos Aires Sur de Pococí, by the UEN Gestión de ASADAS of AyA. Consequently, attributing technical validity to the document provided is inappropriate, as it does not constitute an analysis of water availability applicable to the northern sector of the community, where the appellant's properties are located. Currently, AyA is developing the corresponding technical studies in order to address the formal request presented by the ASADA de Buenos Aires, through which the institutional intervention of AyA is requested so that the ASADA Buenos Aires Sur de Pococí assumes the administration of the water supply system that is currently operated by an unauthorized manager in the community of Valle Verde – Dirección02 (Dirección03). In this context, there are binding environmental criteria, which are decisive for decision-making. In particular, document UEN-GA-2025-03793, duly attached, issued by the UEN Ambiental, expressly states the following: ‘Likewise, considering that the area of the ‘Valle Verde Water Committee Zone – Dirección03’ coincides with the area of the request for an urban development project for sanitary sewer exoneration called ‘Nuevo Guápiles’, processed as case file No. 640 in the year 2014, on the surveyed plan L-239023-95, which was denied by the UEN Gestión Ambiental due to technical inconsistencies of a hydrogeological nature that were never corrected by the interested party...’ Likewise, in document SUB-AID-GA-2015-432, dated April 28, 2015, the Dirección Ambiental issued a categorical technical opinion in the following terms: ‘… this Office of the Functional Area of Hydrogeology, from a hydrogeological, geological, aquifer protection, and AyA Numancia Sources perspective, and based on the entirety of the existing technical studies in the area, as well as on the Diagnostic of the Pococí Regulatory Plan – Volume I, does not recommend the exoneration of the Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles, located in Barrio Emilia, Guápiles, Pococí, Limón, surveyed plan L-239023-95, as it is a highly contamination-vulnerable aquifer.’ Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P2026-00067 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: ‘Regarding the third point, as has been indicated in official letters GSP-RHCP-2017-00781 and GSP-RA-P-2019-00843 (attached), the Valle Verde sector is outside the coverage area of the aqueducts directly administered by AyA. Specifically, the systems HC-A-13 Cariari - Anita Grande and HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (see image number 2). Given the above, because it is located outside the competencies of AyA – Región Huetar Caribe, no opinion has been issued on water availability for the land located in that sector.’ FOURTH: We cannot certify the response given by the ASADA, as no evidence is provided in this regard; in other aspects, they are not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: ‘The appellant lists five alleged justifications for the rejection: municipal permits, personal discrimination, lack of water, non-existence of a budget, and proximity of AyA infrastructure. (…) 1. Municipal permits and plans: AyA cannot certify the totality of the alleged municipal proceedings. In any case, Article 21 of the Constitutive Law of AyA (Law No. 2726) establishes that any urbanization or lotification project requires prior approval from AyA, without which any municipal permit lacks legal efficacy. 2. Allegation regarding personal discrimination: This Institution cannot certify such a statement; AyA's decisions are based exclusively on technical, legal, and environmental criteria, never on subjective considerations about persons. 3. Water availability: In the UEN Gestión de ASADAS, there is no record of the submission of any formal request for water or sanitation availability (disponibilidad de agua) for the sector where the appellant owns properties. Consequently, no technical analysis (specific technical studies for urbanizations, lotifications, or segregations) has been carried out to assess the viability or feasibility of supplying drinking water and sanitation for said sector by the ASADA Buenos Aires Sur. 4. Infrastructure and budget: There is no record of infrastructure belonging to the ASADA Buenos Aires Sur in the sector where the appellant's property is located, nor of approved studies for its extension. 5. Proximity of the Tanque Numancia: The mere physical proximity to AyA infrastructure does not generate an automatic right to connection. The environmental criterion UEN-GA2025-03793 establishes that the area is partially within the absolute protection zone of Pozo Numancia, which imposes severe restrictions for housing developments and new connections.’ Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00067 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: ‘…no further observations are made, given that the protected party indicates the intention to access the drinking water service of the ASADA de Buenos Aires Sur. AyA Región Huetar Caribe has competence only for the systems administered by AyA. In the specific case, the closest AyA aqueduct is HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, which, as already indicated, does not cover the Valle Verde sector. As the protected party indicates, the Numancia tank that is part of the AyA aqueduct is located close to the Valle Verde sector, and according to what is indicated in official letters GSP-RHC-P-2017-00781 and GSP-RA-P-2019-00843, this tank is at a lower elevation relative to Valle Verde, which is why it is not technically viable to expand the coverage. This condition is known to the appellant, to the point of requesting that the supply be granted by the ASADA de Buenos Aires Sur, which is located at a higher elevation.’ FIFTH: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: ‘The appellant maintains that he meets the conditions to receive the service and that the refusal violates fundamental rights. (…) There are no diagnoses or technical feasibility studies (estudios de factibilidad técnica) presented in accordance with Definition No. 12 of the AyA Service Provision Regulations, which requires verifying water supply capacity, hydraulic capacity, environmental capacity, and legal capacity. Without such analysis, it is not legally possible to grant drinking water availability. “12. Technical feasibility analysis (análisis de factibilidad técnica) for the provision of services: Process of verifying the real and current existence of sufficient water resources, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For these purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks pass in front of the boundaries of the property or have direct access via a public road or right-of-way easement (servidumbre de paso) of the property for which a service is requested. b. That the systems have water supply, hydraulic, potabilization, and treatment capacity sufficient to provide new services. c. That the system meets the established quality attributes. d. That it complies with the corresponding environmental regulations.” Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00067 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: ‘…indeed the protected party has the right to manage the water supply, provided that he complies with the established procedures. It is reiterated that the Región Huetar Caribe has not issued service availability certificates, as it is not within its coverage area.’ In this sense, it is also worth citing what is established in Article 7, subsection 134 of the AyA Service Provision Regulations, which indicates: ‘…134. Environmental restriction zone: Delimited territorial surface due to geomorphological conditions or risk zones, protection zones, and protected areas or State heritage reserves where, due to legal provisions or territorial planning at the local, regional, or national level, service availabilities or connections for the provision of aqueduct or sanitary sewer services, or both, must not be approved by a public service provider.’ Furthermore, as stated by the appellant, the requirements established to positively generate a service availability certificate have not been met, as the interested parties have not completed the technical studies and necessary improvement works required to qualify for a service. SIXTH: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSDUEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: ‘…AyA cannot certify any arbitrary action. The appellant's situation is not comparable to that of the 40 dwellings in the southern sector, which were the subject of a specific, delimited, and duly evaluated technical project.’ Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P2026-00067 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: ‘… no further comments are made either, given that the Región Huetar Caribe has not carried out any management in the Valle Verde sector. It should be noted that within AyA's regulations and procedures, economic contributions are never requested from interested parties.’ SEVENTH: We cannot certify it. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: ‘…AyA cannot certify any arbitrary action. The appellant's situation is not comparable to that of the 40 dwellings in the southern sector, which were the subject of a specific, delimited, and duly evaluated technical project.’ Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P2026-00067 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: ‘…it is reiterated that AyA – Región Huetar Caribe has not carried out any management that approves or disapproves the water supply in the Valle Verde sector, as it is located outside the coverage area.’ EIGHTH: This section is not a fact. However, it is worth citing what is stated in the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, which indicates that: ‘Constitutional jurisprudence has been consistent in pointing out that the right to water does not imply an obligation to provide the service when there is a duly accredited technical, legal, or environmental impossibility. In the present case, the refusal is based on objective technical and environmental criteria, particularly on the protection of strategic supply sources.’ Similarly, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00067 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: ‘… although it concerns jurisprudence of the Constitutional Chamber, it can be observed from the extracts that in both resolutions (2016-006027 and 2017-005245) the Chamber indicates that no omission or arbitrary action by the respondent authority is proven, given that the acts were not capricious, but rather are based on technical aspects such as the non-existence of drinking water availability in the sectors. In addition, it is important to indicate that the Valle Verde sector and surrounding areas are located on an aquifer vulnerable to contamination, as can be deduced from reports SUB-AID-GA-2015-432 and UEN-GA-2025-03793 prepared by the Dirección de Gestión Ambiental of AyA (attached). As observed in image number 2 of this document, AyA maintains its main water sources for the HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez system in the area surrounding Valle Verde (Nacientes Numancia, Pozo Numancia and Dirección04); therefore, when conducting the study to supply the sector with drinking water, it must be assessed what the collection and treatment system for the wastewater generated will be, in order to guarantee the protection of the quantity and quality of the aquifer underlying this land, which is used to provide service to more than 60 thousand people in the canton of Pococí. In these cases, the recommendation is to apply the provisions of the Soil Use Criteria Matrix According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources (Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico) (SENARA Matrix), given that a specific one does not exist for the sector. - Likewise, recently, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, in document DU-431-12-2025 dated December 17, 2025 (attached), in reference to documents PRE-2025-01153 and PRE-2025-01154, which precisely addresses the cases that are in this amparo (Green Valley, Valle Verde and Proyecto Nuevo Guápiles), from which the following texts are extracted: “Three cases are presented in the notes; in the first, the real property folio no. 7-65885-000, surveyed plan no. L-239023-1995 (2,219,000 m²) gave rise to the land-use change (cambio de uso del suelo) process that was intended to be processed in the year 2014 as an urban development project in the district of Guápiles de Pococí, but it was not achieved due to the high environmental vulnerability of the area, because of the proximity to the aquifer layers. It is indicated that the ‘project’ did not advance in terms of procedures; however, to date more than 250 lots originating from the parent property have been subdivided (fraccionados), where three different neighborhoods are identified: • Barrio Valle Verde: It is currently supplied by the Asada Buenos Aires; there is no wastewater treatment solution, despite the proximity of the aquifer that supplies the district center. • Barrio Green Valley: Properties sold to third parties have been segregated; homes have been built, but without an authorized operator providing drinking water service. • Dirección05: This involved the opening of public streets and segregation of resulting lots; there is a Hydric Capacity Certificate so that urban development procedures can be updated in accordance with regulations.” “6. Cases Presented 6.1. The first case mentioned in your note is related to a project that, although originally intended to be processed as mandated by the current regulations (urbanization through the opening of roads), disregarded the applicable urban planning regulations, from the Urban Planning Law, Executive Decree No. 36550, the Regulation for National Control of Subdivision (Fraccionamiento) and Urbanizations, its later version, the Regulation of Subdivisions (Fraccionamientos) and Urbanizations. Considering that more than 250 surveyed plans originating from the same parent property were generated (3 neighborhoods with plans from 1995 to 2005), and they were presumably approved by the respective Municipality not only without having water availability, but without the approval of the INVU and other reviewing institutions, we are facing a land-use change process which, to be brought into compliance, corresponds, according to the regulatory framework, to be processed as an urbanization.” “Conclusions… • According to Opinion No. PGR-C-058-2022 of the Procuraduría General de la República dated March 18, 2022, if a municipality issues an irregular administrative act, such as the approval of a plan that declares a road as public when it is not, it is considered illegitimate. According to the Ley General de la Administración Pública, Law No. 6227, the act is valid only if it substantially conforms to the legal system, and the absence of an element that justifies its issuance may generate a defect of absolute nullity, preventing its presumption of legitimacy and its remediation or validation. Consequently, the administration is obliged to annul it ex officio through the lesividad process if it declares rights, or through the procedure for absolute, evident, and manifest nullity. • According to the detailed analysis of the preceding text, there is no normative or jurisprudential instrument that endorses the INVU so that AyA can grant availability certificates for public drinking water services without the construction of collective stormwater and sanitary systems in land-use change processes for urban purposes and urbanizations that did not comply with applicable regulations. In subdivisions with urban purposes (fraccionamientos con fines urbanísticos) and urbanizations, the provision of indispensable services is mandatory, including drinking water and collective systems for the treatment of wastewater and stormwater. This is aligned with Art. 36 of the LPU, which has prohibited municipal approvals without service availability since 1968. The consideration that each lot owner builds their individual system does not exempt compliance with these rules, as the text classifies such practices as irregular and illegitimate in the cases presented, where requirements such as prior INVU approval, the cession of public areas, and collective infrastructure were evaded, generating defects of absolute nullity in administrative acts. Any granting of certificates by AyA in these scenarios would contradict the LPU and would not have the endorsement of the INVU, prioritizing comprehensive urban planning over individual solutions that compromise environmental vulnerability or the adequate provision of services. From this document, it is clear that the Valle Verde subdivision (fraccionamiento), to which the protected party's property belongs, as well as the Urbanización Nuevo Guápiles and the Green Valley Subdivision, according to the criteria of the INVU, were carried out in disregard of the Laws and Regulations that govern urban development, among them the existence of service availability prior to the segregation of the properties. Given the above, it is considered that what the appellant stated has no relation to the actions of AyA Región Huetar Caribe, given that the community of Valle Verde is outside the coverage area of the aqueduct systems administered by AyA and that what is sought is for the ASADA de Buenos Aires to grant drinking water availability, provided that urban planning regulations are complied with and especially the safeguarding of the water resource that underlies these lands and is used for the supply of drinking water to a large part of the population of the canton of Pococí.” It is reiterated that for the operator by delegation of AyA, in the case at hand, the ASADA Buenos Aires Sur de Jiménez, to be able to provide a positive service availability certificate in favor of the interested parties, these must comply with all the requirements established for this purpose, and in cases like the present one where there is no network, they must carry out the technical studies and improvement works to generate said service availability certificate in the area, as provided in Article 14 of the Service Provision Regulations and Article 46 of the ASADAS Regulations (Executive Decree No. 42582-S-MINAE) (…)”.\n\n6.- By document incorporated into the case file on January 23, 2026, Lourdes María Suarez Barboza, executive president of the ICAA, reports: \"FIRST: We cannot certify it, it is an act proper to the appellant; However, according to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: “Regarding the purchase of the property and the appellant's expectations, this Institution cannot certify it, as these are acts of a private nature between individuals.\n\nThe AyA does not intervene or participate in real estate transactions, nor can it, by itself, guarantee the availability of essential public services without the technical, legal, and environmental requirements established in the current regulations first being met.\" SECOND: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: \"In the records of the UEN Gestión de ASADAS of AyA, there is no record of a request for drinking water availability for the northern sector of the community, specifically where the appellant's property is located. Consequently, no specific technical analysis (studies for urbanizations, subdivisions (lotificaciones), or segregations) has been carried out that would allow the feasibility of supply to be assessed, in accordance with the provisions of the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA.\" The regulation cited in this fact does not correspond to the current articles of the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA; the certificates of service availability are found in articles 7, subsection 31, 15, 29, 30, and concordant articles. THIRD: It is not true. According to a report sent by the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated, in summary, that: (see report No. GSD-UEN-GAR-2026-00237): 1. It is not true that the ASADA Buenos Aires Sur was established specifically to supply the sector where the property is located. 2. With document No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 dated March 5, 2021, it was indicated that: \"…according to the registry information provided, these are 40 properties that would be included in the project…\" therefore, the appellant is not correct in stating that the service was restricted without technical basis to support the denial of water availability. 3. That the projection for possible granting will only be that indicated for the northern sector of the community, specifically along the street towards the sector where the Green Valley School is located. 4. The action carried out corresponds exclusively to a request submitted by the neighborhood committee of Valle Verde, a hamlet (caserío) made up of approximately 40 existing dwellings located at the southern end of the area. Said action bears no relation to the Dirección02 sector, where the appellant's property is located. 5. For this sector, the ASADA of Buenos Aires Sur de Pococí has not conducted any technical study aimed at urbanizations, subdivisions (lotificaciones), or segregation processes before the UEN Gestión de ASADAS of AyA. Therefore, it is not appropriate to attribute technical validity to the document they provide for the benefit of the northern sector where the appellant's property is located. 6. Currently, AyA is developing technical studies in response to the formal request submitted by the ASADA of Buenos Aires, to assess the feasibility of this ASADA assuming the administration of the water supply system currently operated by an unauthorized manager in the community of Valle Verde – Dirección02 (Dirección03). In this context, there are binding environmental criteria, which are decisive for decision-making. 7. Document UEN-GA-2025-03793 (see attachment) is provided, issued by the UEN Ambiental, which states, among other things, the following: (…) \"Likewise, considering that the area of the 'Water Committee Zone Valle Verde – Dirección03' coincides with the area of a request for an urban development project for sewer system exemption called 'Nuevo Guápiles', processed as expediente No. 640 in the year 2014, on cadastral map L239023-95, which was denied by the UEN Gestión Ambiental due to technical inconsistencies of a hydrogeological nature that were never corrected by the interested party.\" 8. Document SUB-AID-GA-2015-432 (see attachment) is provided, corresponding to a categorical technical criterion from the Directorate stating: (…) \"This Directorate of the Área Funcional de Hidrogeología, from the hydrogeological, geological, aquifer protection, and AyA Numancia Sources point of view, and based on all the existing technical studies in the area, as well as the Diagnóstico del Plan Regulador de Pococí – Tomo I, does not recommend the exemption of the Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles, located in Barrio Emilia, Guápiles, Pococí, Limón, cadastral map L-239023-95, because it is an aquifer highly vulnerable to pollution.\" Similarly, according to technical report No. GSP-RHC-P-2026-00067 (attached) sent by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: \"With respect to the third point, as indicated in official letters GSP-RHCP-2017-00781 and GSP-RA-P-2019-00843 (attached), the Valle Verde sector is outside the coverage area of the aqueducts administered directly by AyA. Specifically, the HC-A-13 Cariari - Anita Grande and HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez systems (see image number 2). Given the above, because it is located outside the jurisdiction of AyA – Región Huetar Caribe, no criterion has been issued regarding water availability for the land located in that sector.\" FOURTH: We cannot attest to the response issued by the ASADA as no proof is provided in this regard; as for the other aspects mentioned, they are not true. The appellant lists five alleged justifications for the rejection: 1. municipal permits, 2. personal discrimination, 3. lack of water, 4. non-existence of a budget, and 5. proximity to AyA infrastructure, which are referenced in the technical reports provided by the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA and the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA. (see attached reports No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 and No. GSP-RHC-P-2026-00067): FIFTH: It is not true. According to report No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, the appellant maintains that they meet the conditions to receive the service and that the denial violates fundamental rights. However, there are no diagnoses or technical feasibility studies submitted in accordance with Definition No. 12 of the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, which requires verifying water, hydraulic, environmental, and legal capacity. Without such analysis, it is not legally possible to grant drinking water availability (see attached report). Likewise, report No. GSP-RHC-P-2026-00067 signed by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, states that the protected party has the right to manage the water supply, provided they comply with the established procedures. However, said Cantonal office has not issued certificates of service availability, since it is not within its coverage area. Furthermore, it is important to highlight what is established in article 7, subsection 134 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA regarding environmental restriction zones. (see attached report). SIXTH: It is not true. According to what is stated in technical reports No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA and No. GSP-RHCP-2026-00067 from the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, in the order described (see attached reports), it is indicated that: 1. \"…The AyA cannot attest to any arbitrary action. The appellant's situation is not comparable to that of the 40 dwellings in the southern sector, which were the subject of a specific, delimited, and duly evaluated technical project.\" 2. \"…The Región Huetar Caribe has not carried out any action in the Valle Verde sector. It must be noted that within the AyA's regulations and procedures, economic contributions are never requested from interested parties.\" SEVENTH: We cannot attest. According to what is stated in technical reports No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA and No. GSP-RHC-P-2026-00067 from the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, in the order described (see attached reports), it is indicated that: 1. \"…The AyA cannot attest to any arbitrary action. The appellant's situation is not comparable to that of the 40 dwellings in the southern sector, which were the subject of a specific, delimited, and duly evaluated technical project.\" 2. \"…It is reiterated that AyA – Región Huetar Caribe, has not carried out any action that approves or disapproves the water supply in the Valle Verde sector, since it is located outside the coverage area.\" EIGHTH: This section is not a fact. However, it is worth citing what is set forth in technical reports No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA and No. GSP-RHC-P-2026-00067 from the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, in the order described, which are attached and which, in summary, detail: 1. \"Constitutional jurisprudence has been consistent in stating that the right to water does not imply an obligation to grant the service when there is duly accredited technical, legal, or environmental impossibility. In the present case, the denial is based on objective technical and environmental criteria, particularly the protection of strategic supply sources.\" (see report No. GSD-UEN-GAR-2026-00237). 2. \"… although the excerpts refer to jurisprudence of the Sala Constitucional, it can be observed from these that in both rulings (2016-006027 and 2017-005245) the Chamber indicates that no omission or arbitrary action on the part of the respondent authority is accredited, given that the acts were not capricious, but rather are based on technical aspects such as the non-existence of drinking water availability in the sectors.\" Additionally, it is important to indicate that the Valle Verde sector and surrounding areas are located on an aquifer vulnerable to pollution, as shown in reports SUB-AID-GA-2015-432 and UEN-GA-2025-03793 prepared by the Dirección de Gestión Ambiental of AyA (attached). As can be seen in image number 2 of this document, AyA maintains its main water sources for the HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez system in the area surrounding Valle Verde (Nacientes Numancia, Pozo Numancia, and Dirección04). Therefore, when conducting the study to supply the sector with drinking water, it must be assessed what system for the collection and treatment of the generated wastewater will be used, in order to guarantee the protection of the quantity and quality of the aquifer underlying this land, which is used to provide service to more than 60,000 people in the canton of Pococí. In these cases, the recommendation is to apply the provisions of the Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Matriz de SENARA), given that there is no specific one for the sector. Likewise, and of great importance, the recent criterion issued by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo is provided as part of the evidence, with document DU-431-12-2025 dated December 17, 2025, which references documents PRE-2025-01153 and PRE-2025-01154, which precisely address the cases in this amparo: Valle Verde, Green Valley, and Proyecto Nuevo Guápiles (see document DU-431-12-2025, annex to report GSP-RHC-P-2026-00067). This document shows that the Valle Verde subdivision (fraccionamiento), to which the protected party's property belongs, as well as the Urbanización Nuevo Guápiles and the Fraccionamiento Green Valley, according to INVU's criterion, were carried out in disregard of the Laws and Regulations governing urban development, including the requirement for service availability prior to the segregation of the properties. Given the above, it is considered that what the appellant claims bears no relation to the actions of AyA Región Huetar Caribe, given that the community of Valle Verde is outside the coverage area of the aqueduct systems administered by AyA, and that what is intended is for the ASADA of Buenos Aires to grant the drinking water availability, provided that urban planning regulations are complied with, and especially the protection of the water resource underlying these lands, which is used for the drinking water supply for a large part of the population of the canton of Pococí. It is reiterated that, for the operator delegated by AyA, in this case the ASADA of Buenos Aires Sur de Jiménez, to be able to provide a positive certificate of service availability in favor of the interested parties, these parties must comply with all the requirements established for this purpose. In cases such as the present one, where there is no network, they must comply with the provisions of article 14 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios and article 46 of the Reglamento de ASADAS (Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE) (…)\".\n\n7.- By brief incorporated into the expediente on January 29, 2026, Juan Carlos Barquero López, president of the Asada Buenos Aires Sur Jiménez, answers the audience. He states: \"It is true that the appellant community has faced difficulties in continuous and sufficient access to the drinking water service, a situation that has been fully known by this ASADA. However, it is important to clarify certain points. 1. The community is divided into three sectors: the southern quadrant at the end of Dirección06, which has the drinking water supply; the central sector, which lacks an operating entity to provide water service (where the properties in question are located); and the northern sector, which is supplied by AyA. 2. The Buenos Aires aqueduct only provides water service in the quadrant located in the southern sector of the community, due to a provision by AyA, a copy of which is attached. 3. The central sector is an area where there is no operating entity and also lacks aqueduct pipelines to provide water service. Should this honorable Chamber request the intervention of said sector by the ASADA, the interested parties must bear the economic costs of extending the aqueduct branch to the sector where the properties in question are located. 4. The ASADA de Buenos Aires has not received or solicited money from the neighbors with the promise of providing availability certificates in exchange. 5. The extension of the pipelines in the southern sector of the community was paid for by the neighbors of the Valle Verde community, who contributed to the extension of the pipeline to the sector delimited by AyA. This aqueduct reiterates that, while it has every intention of assuming responsibility for the central sector of Valle Verde, this is a decision that does not rest solely with this Aqueduct.\".\n\n8.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.\n\n Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY MATTER. In cases of amparo remedies filed against private subjects, before analyzing the merits regarding the alleged constitutional violation, it must be examined whether, in the specific case, one of the assumptions that make such remedy admissible is present, and, if so, determine whether or not it is admissible. Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional states that the amparo remedy is admissible against actions or omissions of subjects of private law, when these act or must act in the exercise of public functions or powers, or find themselves, de jure or de facto, in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in article 2, subsection a) of the same Law. In the specific case, one of these conditions is met, since these are subjects of private law who are acting in the exercise of public functions or powers by providing a public service, which is why the remedy is admitted for analysis by this Tribunal.\n\nII.- PURPOSE OF THE REMEDY. The appellant states that the protected party is the owner of a lot on the street called “Valle Verde”, in Guápiles. They allege that the respondents have not granted them drinking water service availability, which has been unjustifiably restricted and without technical support. They report that the service was only authorized for 40 houses in the Valle Verde community; however, the Asada requires the authorization of the ICAA to grant additional services. They add that, on different occasions, the respondent institute has offered the service if the neighbors assume certain expenses, but, after making great financial efforts, this has not happened. They conclude that the protected party has endured this discrimination for years without legal grounds or any technical study, and although their lot is 700 meters from an ICAA tank and 1 kilometer from the ASADA Buenos Aires Sur pipeline, they do not receive the service.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\na) The community of Valle Verde is divided into three sectors: the southern quadrant, which has supply from the Asada; the northern sector, supplied by the ICAA; and the central sector, which lacks an operator to provide drinking water service, and also lacks infrastructure. (Response from the respondent Asada).\n\nb) Due to the lack of infrastructure, for the extension of service in the area, the neighbors must bear the costs of extending the aqueduct branch. (Response from the respondent Asada).\n\nc) By means of memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, the UEN Gestión de Acueductos Rurales of ICAA detailed: “In the records of the UEN Gestión de ASADAS of AyA, there is no record of a request for drinking water availability specifically where the appellant's property is located. Consequently, no specific technical analysis (studies for urbanizations, subdivisions (lotificaciones), or segregations) has been carried out that would allow the feasibility of supply to be assessed, in accordance with the provisions of the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA (…) In the attached evidence, document No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 dated March 5, 2021, it is stated: “We clarify that, according to the registry information provided, these are 40 properties that would be included in the project. We do not fail to state that the action for the possible supply will be projected only for the sector of the dwellings indicated in the documentation provided, and that the possibility of extending the project towards sectors north of the community is not considered, specifically along the street towards the sector where the Green Valley School is located.” In this regard, it is essential to specify that the action mentioned corresponds exclusively to a request submitted by the neighborhood committee of Valle Verde, a hamlet (caserío) made up of approximately 40 existing dwellings, located at the southern end of the area. Said action bears no relation to the Dirección02 sector, where the appellant's property is located. Regarding this latter sector, it is placed on record that no specific technical study aimed at urbanizations, subdivisions (lotificaciones), or segregation processes has been received from the ASADA Buenos Aires Sur de Pococí before the UEN Gestión de ASADAS of AyA (…)”. (Report from the respondent authority and documentary evidence).\n\nIV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the appellant states that the protected party is the owner of a lot on the street called “Valle Verde”, in Guápiles. They allege that the respondents have not granted them drinking water service availability, which has been unjustifiably restricted and without technical support. They report that the service was only authorized for 40 houses in the Valle Verde community; however, the Asada requires the authorization of the ICAA to grant additional services. They add that, on different occasions, the respondent institute has offered the service if the neighbors assume certain expenses, but, after making great financial efforts, this has not happened. They conclude that the protected party has endured this discrimination for years without legal grounds or any technical study, and although their lot is 700 meters from an ICAA tank and 1 kilometer from the ASADA Buenos Aires Sur pipeline, they do not receive the service.\n\nFrom the study of the case records, it has been proven that the community of Valle Verde is divided into three sectors: the southern quadrant, which has supply from the Asada; the northern sector, supplied by the ICAA; and the central sector, which lacks an operator to provide drinking water service, and also lacks infrastructure. Due to the lack of infrastructure, for the extension of service in the area, the neighbors must bear the costs of extending the aqueduct branch. By means of memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00237 of January 21, 2026, the UEN Gestión de Acueductos Rurales of ICAA detailed: “In the records of the UEN Gestión de ASADAS of AyA, there is no record of a request for drinking water availability specifically where the appellant's property is located. Consequently, no specific technical analysis (studies for urbanizations, subdivisions (lotificaciones), or segregations) has been carried out that would allow the feasibility of supply to be assessed, in accordance with the provisions of the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA (…) In the attached evidence, document No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 dated March 5, 2021, it is stated: “We clarify that, according to the registry information provided, these are 40 properties that would be included in the project. We do not fail to state that the action for the possible supply will be projected only for the sector of the dwellings indicated in the documentation provided, and that the possibility of extending the project towards sectors north of the community is not considered, specifically along the street towards the sector where the Green Valley School is located.” In this regard, it is essential to specify that the action mentioned corresponds exclusively to a request submitted by the neighborhood committee of Valle Verde, a hamlet (caserío) made up of approximately 40 existing dwellings, located at the southern end of the area. Said action bears no relation to the Dirección02 sector, where the appellant's property is located. Regarding this latter sector, it is placed on record that no specific technical study aimed at urbanizations, subdivisions (lotificaciones), or segregation processes has been received from the ASADA Buenos Aires Sur de Pococí before the UEN Gestión de ASADAS of AyA (…)”.\n\nOn this matter, it is pertinent to cite what was resolved by this Chamber in analogous matters concerning Dirección02 of Guápiles. Thus, for example, in ruling No. 2026003603 of 9:20 a.m. on January 30, 2026, this Chamber stated:\n\n“II.- PURPOSE OF THE REMEDY. The appellant party files an amparo remedy and states that, since 2015, the protected party acquired two lots located on Calle Valle Verde, Guápiles, duly registered and close to a Poder Judicial building, and since then has unsuccessfully sought access to drinking water service. Despite multiple requests and the establishment of the ASADA Buenos Aires Sur along with other neighbors, the AyA has repeatedly denied service availability without sufficient technical support, authorizing it only for 40 dwellings. The denials have been based on arguments that the protected party considers unfounded and discriminatory, despite the existence of installed infrastructure, water availability certified by the ASADA, and a nearby AyA tank. They add that, even when the neighbors assumed significant economic costs at AyA's request, the service is still not provided, keeping them in a prolonged situation of defenselessness and arbitrary treatment (…)\n\nIV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal dismisses the violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports issued by the representatives of the respondent authorities - which are considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction - and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, firstly, the sector in which the protected party's properties are located (Valle Verde, specifically the area near the Green Valley School) is not part of the coverage area of the aqueduct systems directly administered by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Región Huetar Caribe. Likewise, it was verified that the nearest institutional aqueduct (HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez system) does not cover the area where the protected party's properties are located and that, in particular, the Numancia tank is located at a lower elevation relative to the Valle Verde sector, so it is not technically viable to extend the service from said infrastructure. Consequently, the mere proximity of the property to that tank or other works does not generate an automatic right to connection, since the provision of the service is subject to technical criteria and the real capacity of the existing systems.\n\nSecondly, it was proven that the area presents relevant environmental restrictions, linked to the protection of strategic supply sources and the vulnerability of the aquifer, which imposes severe limits for the approval of new connections or service availability, particularly when relating to urbanization, subdivision (lotificación), or segregation processes that could compromise the quality and quantity of the water resource. On this point, the technical criteria provided by the respondent authorities showed that, being an environmentally sensitive area, the feasibility assessment cannot disregard the comprehensive analysis of water and hydraulic capacity, as well as the sanitary-environmental component, especially the proper management of wastewater and its eventual treatment.\n\nThirdly, it was accredited that, regarding the northern sector of Valle Verde where the protected party's properties are located, the AyA records did not show the entry of a formal request for drinking water availability, nor the submission of specific technical studies aimed at urbanizations, subdivisions (lotificaciones), or segregations that would enable a technical-legal feasibility analysis. This is decisive, since the regulation governing the provision of the service imposes general and objective requirements for the Administration or the delegated operator to assess the supply, including the existence of networks, real hydraulic and water capacity, the legal feasibility of the route (easements (servidumbres) or accesses), and compliance with applicable environmental regulations. Thus, as long as such requirements are not accredited through the corresponding study, it is not legally appropriate to demand a positive certificate of availability, or a definitive connection.\n\nNow, the Chamber has determined that denying drinking water service does not constitute a violation of a person's rights when there are technical impediments that justify it:\n\n“II.- Regarding the specific case. Among the evidence provided, a certificate of no water availability dated July 15, 2021, is observed, through which the AyA notified the claimant of the rejection of their request for drinking water availability for the individualization of services for an apartment located on their property. The denial was based on the lack of technical feasibility due to insufficient water and hydraulic capacity in the area's supply system, meaning there is no availability of drinking water service for new development projects.\n\nThat being the case, it is accredited that the sub lite case does not involve an arbitrary denial of drinking water service, since it was based on the lack of technical feasibility. In this vein, note that this Constitutional Tribunal is not a controller of the legality of the actions or resolutions of the respondent authority, nor can it replace the active Administration in the management of its powers, so it is not its role to usurp the functions legally conferred upon other units, bodies, or entities, such as the AyA. Nor does this Tribunal act as a mediator before a specific natural or legal person - whether under public or private law - to intercede so that what the appellant party seeks is granted, in this case, the installation of a new meter for the apartment they built for their daughter. Now, if what is happening is that the appellant disagrees with the reasons that justified the denial of the new meter by the AyA, they must raise their grievances and claims through the ordinary legality channel, so that what is legally appropriate can be determined there.” (Ruling No. 2021018977 of 11:50 a.m. on August 24, 2021).\n\nThe Chamber sees no reason to change the transcribed criterion. Indeed, the denial is not deemed unreasonable or capricious when it is based on a technical justification, as is, in this case, the deficient hydraulic capacity of the aqueduct.\n\nThe discussion of the substantive issue can be raised in the legality jurisdiction.\n\nIt is worth noting that when resolving a matter similar to the present one, this Court, in judgment No. 2020-19832 of 09:30 hours on October 16, 2020, ordered:\n\n \n\n“(…) from the feasibility tests carried out in the locality, the unavailability of water service was determined due to a lack of storage capacity in the community of Pijije de Bagaces; however, it is alleged that a series of actions are being carried out to increase capacity, in order to achieve the provision of potable water in this community by the respondent ASADA. It should be noted that whether or not the requested service is appropriate is not a matter to be discussed in this jurisdiction, as it is outside the scope of competence of this Chamber. On repeated occasions, this Court has held that it is possible to dismiss petitions submitted for the granting of potable water service when technical impossibilities, non-compliance with infra-constitutional requirements, or technical and/or legal criteria that justify it exist. Likewise, it is not for this Chamber to define whether or not the petitioner meets the legal or technical requirements for the request to be approved, since its verification is a function of the corresponding administrative authorities, and this Chamber cannot enter into the matter, as it involves aspects of ordinary legality outside its competence (…)” (emphasis not in original).\n\nIn addition to the above, regarding the Asociación Administradora del Acueducto Rural Buenos Aires Sur, Jiménez, it was verified that it provides service to the community of Buenos Aires Sur and to a part of the southern sector of Green Valley, supplying approximately 650 subscribers. It was also accredited that the Green Valley community is divided into three sectors and that the central sector lacks a formal operator. In that context, the ASADA reported that it has not arbitrarily refused to collaborate in finding solutions and that its actions are conditioned by the need for institutional intervention and approval by AyA, as well as by compliance with sanitary and environmental regulations. Specifically, it was proven that the comprehensive technical study carried out in 2020 by the ASADA contemplated a possible expansion towards part of Green Valley and was reviewed and approved by AyA; however, this does not equate, by itself, to an immediate and absolute mandate for connection for any property in the sector, since the expansion requires the concrete delimitation of the project, the verification of networks in the specific area and, where appropriate, the works and easements (servidumbres) necessary for its execution. In fact, it was also accredited that the proceeding processed in 2021 by the neighbors' committee was planned for a group of 40 properties in the southern sector and expressly did not consider the extension towards the northern sector near the Green Valley School, where the petitioner's properties are located; so that the petitioner's situation is not comparable to that of that group of homes, which was the subject of a specific and delimited technical project.\n\nIn this vein, the jurisprudence of this Chamber has been constant in pointing out that, although a fundamental right to potable water exists, its exercise is not unrestricted nor does it impose, under any circumstance, an obligation to provide the service when there is a duly accredited technical, legal, or environmental impossibility or when the applicant has not fulfilled the general requirements required to assess the feasibility of supply. Under that understanding, when the denial or impossibility of provision is based on objective, technical, and environmental criteria, and not on arbitrary or discriminatory action, no violation of fundamental rights is configured (…)”.\n\n \n\nTherefore, the Court considers that these considerations are applicable to the case under study, as it concerns the same type of claim. As such, as explained in the cited precedent, at this moment there is a technical impossibility that prevents the granting of the requested service, so it is not possible to accredit illegitimate or arbitrary action by the respondents.\n\nNow, it is also worth highlighting that the verification of compliance with legal or technical requirements to obtain the availability of water service corresponds to the ordinary administrative or jurisdictional authorities, and, in principle, this Chamber cannot enter into the matter, as it involves aspects of ordinary legality outside its competence. Thus, if the claimant is dissatisfied with the reasons put forward by the respondent, they must raise the corresponding arguments before the competent ordinary instances, venues where they may discuss the substance of the matter broadly and assert their claims.\n\nFinally, the claimant alleges discriminatory treatment, arguing that other properties do have service availability. In this regard, when a violation of Article 33 of the Political Constitution is alleged, it is not sufficient for the petitioner to assert that a different treatment has occurred between two subjects to consider the breach of the constitutional norm proven, since whoever alleges the violation of this right is obliged to provide ab initio sufficient elements that suggest—with a reasonable degree of probability—that a differentiated treatment has been unjustifiably given to equal situations.\n\nThus, in the sub examine, sufficient elements are not inferred that would denote a possible injury to the principle of equality, since a valid comparison parameter was not established upon which it could be analyzed whether or not discriminatory treatment occurred in the alleged terms. On the contrary, the claimant only alluded to other properties in the area having water service; however, a specific and individualized case was not mentioned.\n\nBy virtue of the foregoing, situations meriting the intervention of this constitutional jurisdiction are ruled out a priori, and therefore the appeal is dismissed.\n\nV.- DISSENTING VOTE OF JUDGES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, WITH THE REASONING OF THE LATTER. In the sub examine, the claimant complains that new water availabilities are not approved because the property is in a deficit zone.\n\nIn this regard, we consider it essential to include the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) as a party so that it may be determined whether the service providers in the area have any type of responsibility for the current capacity of the water systems. In another matter, this Court (Judgment No. 2020007754 of 09:45 hours on April 24, 2020) assessed that Aresep, when rendering its report, detailed a series of problems of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in relation to infrastructure investment, losses due to unaccounted-for water, and execution capacity. On that occasion, the Chamber considered: “In this regard, it is not only on record that the problem of water shortage had been reflected since 2017, but Aresep specified that the ICAA had a backlog in infrastructure investment and, in addition, significant losses due to unaccounted-for water. Likewise, the regulatory body also stated that the project execution capacity of the potable water service operators has not been desirable”.\n\nConsequently, we dissent and order the continuation of the processing of the appeal so that a report may be requested from the general regulator of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (approved by the Corte Plena in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial No. 43-12 of May 3, 2012.\n\nPor tanto:\n\n  The appeal is dismissed. Judges Cruz Castro and Rueda Leal dissent and order the continuation of the processing of the appeal so that a report may be requested from the general regulator of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\\t\n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n\\t\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n\\t\n\n \n\n\\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n KKQUL3PIX6M61\n\nEXPEDIENTE N° 25-039976-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección07, Dirección08, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:43:35.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }