{ "id": "nexus-sen-1-0007-346333", "citation": "Res. 07768-2006 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Concesión en zona marítimo terrestre obstaculizada por investigación interna de la municipalidad", "title_en": "Maritime terrestrial zone concession delayed by internal municipal investigation", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una empresa que solicitó concesión en la zona marítimo terrestre del cantón de Osa. La solicitud, presentada inicialmente en 1977, no había sido resuelta a pesar de reiteradas gestiones. La municipalidad justificó la demora en una investigación pendiente por construcciones presuntamente ilegales realizadas por la empresa en el área solicitada. La Sala determinó que, si bien la investigación era legítima, el plazo transcurrido —más de veintiocho años— era excesivo, irrazonable y violaba el principio de justicia pronta y cumplida. Ordenó a la municipalidad resolver definitivamente la solicitud de concesión en el plazo de un mes, una vez finalizada la investigación, bajo apercibimiento de prisión o multa. Además, desestimó el alegato de discriminación por comparación con otros casos, señalando que la concesión debe sujetarse al ordenamiento jurídico.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action brought by a company that had applied for a concession in the maritime terrestrial zone of the Osa canton. The original application, dating from 1977, remained unresolved despite repeated efforts. The municipality justified the delay by citing an ongoing investigation into allegedly illegal constructions carried out by the company in the area subject to the concession. The Chamber ruled that, while the investigation was legitimate, the lapse of more than twenty-eight years was excessive, unreasonable, and violated the principle of prompt and full administrative justice. It ordered the municipality to definitively resolve the concession request within one month after the investigation’s conclusion, under penalty of imprisonment or fine. It also dismissed the discrimination claim, holding that comparisons with other cases are irrelevant if the concession must comply with the legal system.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "30/05/2006", "year": "2006", "topic_ids": [ "water-law", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "zona marítimo terrestre", "Plan Regulador Costero", "concesión municipal", "demanio público", "justicia pronta", "amparo por retraso" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 27 y 41", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 44", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo", "concesión", "zona marítimo terrestre", "plan regulador", "Municipalidad de Osa", "justicia pronta", "demora", "Discriminación", "Construcciones ilegales", "Dominical" ], "keywords_en": [ "amparo", "concession", "maritime terrestrial zone", "regulatory plan", "Municipality of Osa", "prompt justice", "delay", "discrimination", "illegal constructions", "Dominical" ], "excerpt_es": "No obstante, lo expuesto para este Tribunal no es de recibo el alegato de la autoridad recurrida, toda vez que si bien es cierto la Municipalidad de Osa está realizando una investigación para determinar si la amparada incurrió o no en algún tipo de delito en perjuicio del estado, también es lo cierto que esa investigación no puede de ninguna manera prolongarse en el tiempo, ya que como bien lo indica en su informe el Alcalde la obligación de esa municipalidad recurrida es velar si la explotación y la ocupación que realiza actualmente la sociedad amparada se encuentra apegada al ordenamiento jurídico, ello por la consecuente afectación al ambiente. Además es injustificable que la solicitud pendiente de resolver date de más de veintiocho años, siendo que la sociedad amparada ha gestionado en forma reiterada, que se le otorgue la concesión del mencionado inmueble, plazo que es evidentemente excesivo, injustificado y supera los límites de lo razonable.", "excerpt_en": "Nevertheless, this Court does not accept the argument of the respondent authority, because although it is true that the Municipality of Osa is conducting an investigation to determine whether the petitioner incurred in some type of crime against the State, it is also true that this investigation cannot be prolonged in time, since, as the Mayor rightly states in his report, the duty of the respondent municipality is to oversee whether the exploitation and occupation currently carried out by the petitioner company conforms to the legal system, due to the consequent impact on the environment. 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Nº 2006-007768\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y treinta y ocho minutos del treinta de mayo del dos mil seis.\n\nRecurso de amparo interpuesto por BLANCA NURY NAVARRO MOLINA, cédula de identidad número 1-322-791, en su condición de apoderada generalísima de LA SIRENA DEL PACÍFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número 3-101-034218-32, contra la MUNICIPALIDAD DE OSA.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:18 horas del 23 de marzo del 2006, el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE OSA y manifiesta que durante veintiocho años su representada ha gestionado en infinidad de ocasiones que la Municipalidad recurrida le otorgue la concesión sobre la parcela que obtuvo mediante cesión de derechos. Indica que la última gestión en ese sentido lo remitió el treinta de septiembre del dos mil cinco al Concejo Municipal, pidiendo se le otorgue el contra de concesión a su representada, pero como de costumbre, dicha gestión tampoco ha sido contestada. Alega que reciben un trato discriminatorio con relación a otros ocupantes del área restrictiva marítimo terrestre, ya que sus solicitudes han sido atendidas con prontitud y se les ha otorga la concesión o se encuentran muy avanzados en el proceso. Solicita la recurrente que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Informa bajo juramento José Gabriel Villachica Zamora, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Osa (folio 65), que de conformidad con los archivos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre y la certificación extendida el 25 de octubre de 1999 por la secretaria municipal, aparece en el respectivo expediente administrativo la solicitud de concesión de la sociedad amparada, de fecha 10 de agosto de 1977 respecto a un terreno que se ubica en el Sector Costero Dominical, distrito cuarto Ballena, del cantón de Osa. Indica que dicha gestión fue presentada por la administradora cuando faltaba el respectivo Plan Regulador, lo que ha impedido desde esa fecha (1977) y hasta hace 4 años que esa corporación pudiese seguir los demás requisitos legales o actos administrativos, ello por tratarse de un acto complejo. Señala que el Concejo municipal acordó a principios del 2005 ver como inconveniente la práctica que ha existido en esa corporación de recibir y tramitar solicitudes de concesión que presenten los administrados en aquellas áreas que no cuentan con los requisitos que señala la ley. Añade que la amparada entre el año 1977 y el 2002 realizó la construcción de varias edificaciones e instalaciones en el área solicitada en concesión sin contar con la autorización legal respectiva. Indica que a raíz de dichas acciones el 10 de enero del 2003 otro administrado, presentó un escrito denunciando las edificaciones realizadas en forma contraria al ordenamiento. Destaca que en virtud de la denuncia presentada se solicitó a la corporación municipal que suspendiera emitir el proyecto de Resolución hasta tanto no se procediera contra los actos ilegítimamente realizados por la amparada. Sobre los requisitos que se deben cumplirse al momento que el administrado presenta ante la Municipalidad la solicitud en la fórmula oficial, indica que la ausencia de algunos de ellos imposibilita a la Administración municipal el poder tramitarlas y analizarlas. En el caso de la amparada ésta hizo la solicitud de concesión cuando faltaba el Plan regulador, por lo que desde su presentación hasta el año 2002 la Administración Municipal se encontraba imposibilitada de poder realizar acto alguno. Resalta que en el sector de interés para la recurrente existe el Plan Regulador Costero de Dominical debidamente aprobado y vigente, el cual fue publicado en el diario oficial la Gaceta Número 125 del 01 de julio del 2002 donde se describen las áreas sujetas a dicho plan. Por oficio DCO-057-2003 del 16 de enero del 2003, el Departamento de Concesiones del Instituto Costarricense de Turismo le comunicó a dicha corporación municipal que debían valorarse las construcciones levantadas sin permiso para ver si podía aplicarse alguna de las excepciones que señala la Ley o en su defecto se analizara si lo procedente era iniciar un procedimiento tendiente al desalojo y la demolición de las obras. Añade que mediante oficio número 494 el Alcalde municipal le solicitó al departamento de Zona Marítimo Terrestre la confección del proyecto de Resolución de la Sociedad amparada, para poder remitirlo al Concejo Municipal. Señala que el 23 de junio de 2003 el Concejo Municipal aprobó una nueva recomendación de la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre comunicándole al departamento de dicha Zona Marítimo que de previo a la redacción del proyecto de resolución de la sociedad amparada, ese departamento debía proceder a verificar si las construcciones que se localizan en el lugar se hicieron con permiso municipal, para lo cual debía hacer la respectiva investigación en el departamento de Tributos y una vez recada la información se remitiera la resolución que fuese procedente, no obstante, hasta el momento dicho informe no ha sido entregado por el referido departamento. Mediante escrito del 16 de marzo del 2004 la recurrente presentó escrito y otras pruebas para demostrar que las edificaciones se encuentran en los mismos sitios desde antes del año 1973 y que los cambios fueron remodelaciones y reparaciones de las viejas estructuras. Sostiene que el Concejo Municipal dispuso el 09 de junio del 2004 acoger la recomendación de la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre para que se adjuntara la documentación que están siendo analizados por la Comisión referida. Informa que lo solicitado por la administrada en fecha 30 de septiembre del 2005 para que se le otorgue la concesión no puede ser resuelto hasta tanto no finalice la investigación que lleva esa corporación municipal para determinar la legalidad de las construcciones y edificaciones realizadas en la zona restringida, no obstante, no se produce un trato discriminatorio en relación con otros solicitantes, pues cada caso es singular. Explica que en el presente caso por detectarse una posible infracción directa al Ordenamiento Jurídico por parte de la sociedad amparada al estar ocupando, desarrollando y explotando de manera ilegítima el demanio público en la parte restringida, es motivo para que esa Corporación Municipal en defensa de la \"Cosa Común\" analice minuciosamente la situación de la solicitud de concesión y de determinarse una violación del ordenamiento jurídico, proceda a iniciar contra la recurrente y contra la sociedad amparada las acciones administrativas y judiciales correspondientes en defensa del Patrimonio Nacional. Concluye diciendo que si bien es cierto la recurrente presentó ante la Municipalidad de Osa con anterioridad a la aprobación del respectivo Plan regulador, una solicitud de concesión en el sector Dominical, no es factible que un administrado que sea solicitante de una concesión ante esa Municipalidad, pretende por esa sencilla razón justificar una actuación ilegítima dentro del demanio público como lo sería la realización de construcciones o edificaciones sin la autorización legal respectiva. Solicita que se desestime el recurso planteado.\n\n3.- Informa bajo juramento Eugenio Najera Santamaría, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal de Osa (folio 229), que presenta el informe en los mismos términos que el Alcalde recurrido.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Molina Quesada; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) Aparece en expediente administrativo la solicitud de concesión de la sociedad amparada, de fecha 10 de agosto de 1977 respecto a un terreno que se ubica en el Sector Costero Dominical, distrito cuarto Ballena, del cantón de Osa (hecho no controvertido).\n\nb) A raíz de que la amparada entre el año 1977 y el 2002 realizó la construcción de varias edificaciones e instalaciones en el área solicitada en concesión sin contar con la autorización legal respectiva, un administrado, presentó denuncia el 10 de enero del 2003 (informe bajo juramento a folio 52 y siguientes).\n\nc) A la fecha de presentación del informe de la autoridad recurrida -sea 20 de abril del 2006- lo solicitado por la administrada en fecha 10 de agosto del 1977 y reiterado 30 de septiembre del 2005 para que se le otorgue la concesión no puede ser resuelto hasta tanto no finalice la investigación que lleva la corporación municipal para determinar la legalidad de las construcciones y edificaciones realizadas en la zona restringida (visible a folios 65 a75).\n\nII.- Objeto del recurso. La recurrente reclama que durante veintiocho años su representada ha gestionado en infinidad de ocasiones ante la Municipalidad recurrida le otorgue la concesión sobre la parcela que obtuvo mediante cesión de derechos, que la última gestión en ese sentido lo remitió el treinta de septiembre del dos mil cinco al Concejo Municipal, pidiendo se le otorgue la concesión solicitada a la amparada, pero como de costumbre, dicha gestión tampoco ha sido contestada. Alega que reciben un trato discriminatorio con relación a otros ocupantes del área restrictiva Marítimo Terrestre.\n\nIII.- Sobre el fondo. No corresponde a este Tribunal entrar a valorar la procedencia o improcedencia de la solicitud de concesión solicitada por la sociedad amparada, por cuanto ello se trata de un asunto de legalidad, que escapa de la esfera de competencia de este Tribunal por lo que deberá -si a bien lo tiene el recurrente - plantear en conflicto en la vía ordinaria correspondiente. En cuanto a la alegada violación a los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, del informe rendido por el Alcalde y el Presidente del Concejo Municipal, de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, se tiene por demostrado que desde el 10 de agosto de 1977, la sociedad amparada presentó ante la Municipalidad de Osa una solicitud de concesión, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre, de ese cantón. Posteriormente, el 01 de julio del 2002 quedó aprobado y vigente el Plan Regulador Costero de Dominical, en el cual se describen las áreas sujetas a dicho plan. Asimismo, se tiene por acreditado que desde esa fecha la sociedad amparada ha presentado varias gestiones tendentes a que se resuelva su solicitud de concesión, siendo la más reciente el 30 de septiembre del 2005; no obstante, a la fecha, los funcionarios recurridos señalan que dicha gestión no se ha resuelto, debido que está pendiente de resolverse una posible infracción al Ordenamiento Jurídico por parte de la sociedad amparada al estar ocupando, desarrollando y explotando de manera ilegítima el demanio público en la zona restringida. No obstante, lo expuesto para este Tribunal no es de recibo el alegato de la autoridad recurrida, toda vez que si bien es cierto la Municipalidad de Osa está realizando una investigación para determinar si la amparada incurrió o no en algún tipo de delito en perjuicio del estado, también es lo cierto que esa investigación no puede de ninguna manera prolongarse en el tiempo, ya que como bien lo indica en su informe el Alcalde la obligación de esa municipalidad recurrida es velar si la explotación y la ocupación que realiza actualmente la sociedad amparada se encuentra apegada al ordenamiento jurídico, ello por la consecuente afectación al ambiente. Además es injustificable que la solicitud pendiente de resolver date de más de veintiocho años, siendo que la sociedad amparada ha gestionado en forma reiterada, que se le otorgue la concesión del mencionado inmueble, plazo que es evidentemente excesivo, injustificado y supera los límites de lo razonable. En esas condiciones, la actuación de la Administración constituye una violación al principio de justicia pronta y cumplida en sede administrativa, siendo lo procedente estimar el presente recurso de amparo. Se advierte a la autoridad recurrida su deber de resolver a la mayor brevedad la gestión interpuesta por la recurrente, una vez que se resuelva la investigación mencionada.\n\nIV.- Sobre la alegada discriminación. Debe recordar la recurrente que el hecho de que a otras personas, supuestamente, se les haya otorgado una concesión en dicha zona en forma mucho más rápida -si es que ello en verdad ocurrió-, no le da derecho a que se le trate de igual modo si ello significa transgredir el ordenamiento jurídico, pues es obvio que el otorgamiento de una concesión en esas condiciones se efectuaría al margen de la Ley.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a José Gabriel Villachica Zamora y a Eugenio Najera Santamaría, en su condición de Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Osa, respectivamente o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que resuelvan en forma definitiva y comuniquen a la recurrente el resultado de su solicitud de concesión presentada desde el 10 de agosto de 1977, la cual ha sido reiterada en varias oportunidades, siendo la última el 30 de septiembre del 2005, todo lo anterior dentro del plazo de UN MES contado a partir de la notificación de esta resolución, bajo el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Osa al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a José Gabriel Villachica Zamora y a Eugenio Najera Santamaría, en su condición de Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Osa, respectivamente o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, en FORMA PERSONAL.-\n\nAna Virginia Calzada M.\n\nPresidenta a.i.\n\nAdrián Vargas B. Gilbert Armijo S.\n\nErnesto Jinesta L. José Luis Molina Q.\n\nHoracio González Q. Teresita Rodríguez A.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 06-02-2026 16:04:12.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "*060033910007CO*\n\nExp: 06-003391-0007-CO\n\nRes. Nº 2006-007768\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at sixteen hours and thirty-eight minutes on the thirtieth of May of two thousand six.\n\nAmparo action filed by BLANCA NURY NAVARRO MOLINA, identity card number 1-322-791, in her capacity as generalísima attorney-in-fact of LA SIRENA DEL PACÍFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity identification number 3-101-034218-32, against the MUNICIPALITY OF OSA.\n\nResultando:\n\n1.- By means of a brief received at the Secretariat of the Chamber at 14:18 hours on March 23, 2006, the petitioner files an amparo action against the MUNICIPALITY OF OSA and states that for twenty-eight years her principal has made countless attempts to have the respondent Municipality grant it the concession over the parcel it obtained through an assignment of rights. She indicates that the latest action in that regard was sent on September thirtieth, two thousand five, to the Municipal Council, requesting that the concession be granted to her principal, but as usual, this action has also gone unanswered. She alleges that they receive discriminatory treatment compared to other occupants of the maritime-terrestrial restrictive zone, since their requests have been attended to promptly and they have been granted the concession or are very far along in the process. The petitioner requests that the action be granted.\n\n2.- José Gabriel Villachica Zamora, in his capacity as Mayor of the Municipality of Osa, reports under oath (folio 65) that according to the archives of the Maritime-Terrestrial Zone Department and the certification issued on October 25, 1999, by the municipal secretary, the concession application of the protected company, dated August 10, 1977, regarding a property located in the Dominical Coastal Sector, fourth Ballena district, of the canton of Osa, appears in the respective administrative file. He indicates that said action was filed by the administrator when the respective Regulatory Plan was lacking, which has prevented this corporation from that date (1977) until 4 years ago from being able to follow the other legal requirements or administrative acts, as it is a complex act. He points out that the Municipal Council agreed at the beginning of 2005 to view as improper the practice that had existed in this corporation of receiving and processing concession applications submitted by the interested parties in those areas that do not meet the requirements established by law. He adds that between 1977 and 2002, the protected party carried out the construction of several buildings and installations in the area requested for concession without the respective legal authorization. He indicates that as a result of these actions, on January 10, 2003, another interested party filed a brief denouncing the buildings constructed contrary to the legal order. He highlights that by virtue of the complaint filed, the municipal corporation was asked to suspend issuing the draft Resolution until action was taken against the acts illegitimately carried out by the protected party. Regarding the requirements that must be met when the interested party submits the application on the official form to the Municipality, he indicates that the absence of some of them makes it impossible for the municipal Administration to process and analyze them. In the case of the protected party, it made the concession application when the Regulatory Plan was lacking, so from the time it was filed until 2002, the Municipal Administration was unable to perform any act whatsoever. He emphasizes that in the sector of interest to the petitioner, there is a duly approved and in-force Dominical Coastal Regulatory Plan, which was published in the Official Gazette La Gaceta Number 125 of July 1, 2002, where the areas subject to said plan are described. By official memorandum DCO-057-2003 of January 16, 2003, the Concessions Department of the Costa Rican Institute of Tourism informed said municipal corporation that the constructions erected without a permit should be assessed to see if any of the exceptions indicated in the Law could be applied or, failing that, an analysis be made of whether it was appropriate to initiate a procedure aimed at eviction and demolition of the works. He adds that via official memorandum number 494, the municipal Mayor requested the Maritime-Terrestrial Zone department to prepare the draft Resolution for the protected Company, in order to be able to send it to the Municipal Council. He points out that on June 23, 2003, the Municipal Council approved a new recommendation from the Maritime-Terrestrial Zone Commission, informing the department of said Maritime-Terrestrial Zone that prior to drafting the resolution for the protected company, that department had to proceed to verify whether the constructions located on the site were made with a municipal permit, for which purpose it had to carry out the respective investigation in the Tax Department, and once the information was gathered, the appropriate resolution should be submitted. However, to date, said report has not been delivered by the referred department. By brief of March 16, 2004, the petitioner presented a brief and other evidence to demonstrate that the buildings have been in the same locations since before 1973 and that the changes were remodeling and repairs to the old structures. He maintains that on June 9, 2004, the Municipal Council decided to accept the recommendation of the Maritime-Terrestrial Zone Commission to attach the documentation that is being analyzed by the referred Commission. He reports that what was requested by the interested party on September 30, 2005, for the concession to be granted, cannot be resolved until the investigation that this municipal corporation is conducting to determine the legality of the constructions and buildings made in the restricted zone is finalized. Nonetheless, there is no discriminatory treatment in relation to other applicants, since each case is unique. He explains that in this case, because a possible direct infraction of the Legal Order has been detected by the protected company in occupying, developing, and exploiting the public domain in the restricted part illegitimately, this is grounds for this Municipal Corporation, in defense of the \"Common Good,\" to thoroughly analyze the situation of the concession application, and if a violation of the legal order is determined, to proceed to initiate the corresponding administrative and judicial actions against the petitioner and the protected company in defense of the National Heritage. He concludes by saying that while it is true that the petitioner filed a concession application in the Dominical sector with the Municipality of Osa prior to the approval of the respective Regulatory Plan, it is not feasible for an interested party who is an applicant for a concession before this Municipality to intend, for that simple reason, to justify an illegitimate action within the public domain, such as carrying out constructions or buildings without the respective legal authorization. He requests that the filed action be dismissed.\n\n3.- Eugenio Najera Santamaría, in his capacity as President of the Municipal Council of Osa, reports under oath (folio 229) that he presents the report in the same terms as the respondent Mayor.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Molina Quesada; and,\n\nConsiderando:\n\nI.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:\n\na) The concession application of the protected company, dated August 10, 1977, regarding a property located in the Dominical Coastal Sector, fourth Ballena district, of the canton of Osa, appears in the administrative file (undisputed fact).\n\nb) As a result of the protected party carrying out the construction of several buildings and installations in the area requested for concession between 1977 and 2002 without the respective legal authorization, an interested party filed a complaint on January 10, 2003 (report under oath at folio 52 and following).\n\nc) At the date of presentation of the report of the respondent authority – that is, April 20, 2006 – what was requested by the interested party on August 10, 1977, and reiterated on September 30, 2005, for the concession to be granted, cannot be resolved until the investigation that the municipal corporation is conducting to determine the legality of the constructions and buildings carried out in the restricted zone is finalized (visible at folios 65 to 75).\n\nII.- Purpose of the action. The petitioner claims that for twenty-eight years her principal has made countless attempts before the respondent Municipality for it to grant the concession over the parcel it obtained through an assignment of rights, that the latest action in that regard was sent on September thirtieth, two thousand five, to the Municipal Council, requesting that the requested concession be granted to the protected party, but as usual, this action has also gone unanswered. She alleges that they receive discriminatory treatment compared to other occupants of the Maritime-Terrestrial restrictive area.\n\nIII.- On the merits. It is not for this Court to assess the appropriateness or inappropriateness of the concession application requested by the protected company, since this is a matter of legality that falls outside the jurisdiction of this Court, so it must – if the petitioner deems it appropriate – file the conflict through the corresponding ordinary channel. Regarding the alleged violation of Articles 27 and 41 of the Political Constitution, from the report rendered by the Mayor and the President of the Municipal Council, of the respondent authority – which is taken as given under oath with the consequences, even criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction – it is deemed proven that since August 10, 1977, the protected company filed a concession application with the Municipality of Osa for a property located in the Maritime-Terrestrial Zone of that canton. Subsequently, on July 1, 2002, the Dominical Coastal Regulatory Plan was approved and entered into force, in which the areas subject to said plan are described. Likewise, it is deemed accredited that since that date, the protected company has filed several actions aimed at having its concession application resolved, the most recent being on September 30, 2005; however, to date, the respondent officials indicate that said action has not been resolved because a possible infraction of the Legal Order by the protected company in occupying, developing, and exploiting the public domain in the restricted zone illegitimately is pending resolution. Nevertheless, for this Court, the respondent authority’s argument is unacceptable, since while it is true that the Municipality of Osa is conducting an investigation to determine whether the protected party incurred or not in some type of crime against the state, it is also true that this investigation cannot in any way be prolonged over time, since, as the Mayor rightly indicates in his report, the obligation of that respondent municipality is to ensure whether the exploitation and occupation currently carried out by the protected company complies with the legal order, due to the consequent impact on the environment. Furthermore, it is unjustifiable that the pending application is over twenty-eight years old, given that the protected company has repeatedly taken action to be granted the concession for the mentioned property, a period that is clearly excessive, unjustified, and exceeds the limits of reasonableness. Under these conditions, the Administration's conduct constitutes a violation of the principle of prompt and complete justice in administrative proceedings, making it appropriate to grant this amparo action. The respondent authority is warned of its duty to resolve, as soon as possible, the action filed by the petitioner, once the mentioned investigation is resolved.\n\nIV.- Regarding the alleged discrimination. The petitioner must remember that the fact that other persons, supposedly, have been granted a concession in said zone much more quickly – if that indeed happened – does not give her the right to be treated in the same manner if that means violating the legal order, since it is obvious that granting a concession under those conditions would take place outside the Law.\n\nPor tanto:\n\nThe action is granted. It is ordered that José Gabriel Villachica Zamora and Eugenio Najera Santamaría, in their capacity as Mayor and President of the Municipal Council, both of the Municipality of Osa, respectively, or whomever exercises those positions in their stead, definitively resolve and inform the petitioner of the result of her concession application filed since August 10, 1977, which has been reiterated on several occasions, the last being on September 30, 2005, all within a period of ONE MONTH counted from the notification of this resolution, under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of Osa is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as grounds for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceeding. Notify this resolution to José Gabriel Villachica Zamora and Eugenio Najera Santamaría, in their capacity as Mayor and President of the Municipal Council, both of the Municipality of Osa, respectively, or to whomever exercises those positions in their stead, IN PERSON.-\n\nAna Virginia Calzada M.\n\nActing Presiding Judge\n\nAdrián Vargas B. Gilbert Armijo S.\n\nErnesto Jinesta L. José Luis Molina Q.\n\nHoracio González Q. Teresita Rodríguez A.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 06-02-2026 16:04:12.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }