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  "id": "nexus-sen-1-0007-435391",
  "citation": "Res. 12417-2008 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Improcedencia del amparo contra desalojo administrativo de bien demanial",
  "title_en": "Inadmissibility of amparo against administrative eviction of public domain property",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo contra el IDA y el Ministerio de Seguridad Pública presentado por un ocupante de una parcela propiedad del IDA. El recurrente alegó violación al debido proceso en el desalojo administrativo porque no se valoraron sus argumentos ni la posesión de más de dos años. La Sala reiteró su jurisprudencia: los bienes demaniales (como este, inscrito a nombre del IDA) son inalienables, imprescriptibles e inembargables, de modo que sobre ellos no puede alegarse derecho de posesión. Aunque en estos casos el procedimiento previo no es exigible, el IDA igualmente concedió audiencia, recibió descargos y rechazó la gestión mediante acuerdo de Junta Directiva, lo que descarta violación al debido proceso. Respecto al Ministerio de Seguridad, su actuación se limitó a ejecutar la orden de desalojo tras verificar la titularidad, sin requerir trámite adicional. Al no constatarse lesión a derechos fundamentales, el recurso se declara sin lugar.",
  "summary_en": "The Constitutional Court rejects an amparo action against the IDA and the Ministry of Public Security filed by an occupant of a parcel owned by the IDA. The petitioner alleged due process violations in the administrative eviction because his arguments and more than two years of possession were not considered. The Court reaffirmed its jurisprudence: public domain goods (such as this one, registered in the IDA's name) are inalienable, imprescriptible and unattachable, so no possessory right can be claimed over them. Although prior procedure is not required, the IDA still granted a hearing, received the petitioner's defenses, and rejected them through a Board of Directors decision, ruling out any due process violation. The Ministry of Public Security merely executed the eviction order after verifying ownership, without requiring additional proceedings. Finding no infringement of fundamental rights, the Court dismisses the amparo.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "14/08/2008",
  "year": "2008",
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    "posesión precaria",
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    "Sala Constitucional"
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    "Sala Constitucional"
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  "keywords_en": [
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    "Constitutional Court"
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  "excerpt_es": "“III.- En el caso concreto, del elenco de hechos probados, se colige, que el Instituto de Desarrollo Agrario, es el propietario registral de la parcela número 45 del Asentamiento Asunción Norte… Así las cosas, resulta claro que el bien que estaba siendo ocupado por el amparado, es de naturaleza pública, sobre el cual no se puede alegar derecho de posesión. En virtud de lo anterior y en uso de sus potestades, el IDA inició un procedimiento de desalojo en contra del amparado, a fin de recuperar el bien que estaba siendo ocupado ilegalmente, dentro del cual, concedió audiencia por ocho días al poseedor para que ejerciera su derecho de defensa… aun cuando el bien a recuperar es de naturaleza demanial, lo cierto es, que en aras de proteger los derechos del amparado, le otorgó todas las garantías del debido proceso, por lo que no se constata violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente.”",
  "excerpt_en": "“III.- In the instant case, from the list of proved facts, it follows that the Institute of Agrarian Development is the registered owner of parcel number 45 of Asentamiento Asunción Norte… Thus, it is clear that the property being occupied by the petitioner is of a public nature, over which no possessory right can be claimed. Therefore, exercising its powers, the IDA instituted eviction proceedings against the petitioner in order to recover the illegally occupied property, within which it granted an eight-day hearing to the possessor so that he could exercise his right of defense… even though the property to be recovered is of a demanial nature, the truth is that, in order to protect the petitioner’s rights, all due process guarantees were afforded, so no violation of the petitioner’s fundamental rights is apparent.”",
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    "summary_en": "The Constitutional Court denies the amparo, finding no violation of due process in the administrative eviction of a public domain property belonging to the IDA.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara sin lugar el amparo al no encontrar violación al debido proceso en el desalojo administrativo de un bien demanial del IDA."
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "Public domain is made up of goods that, by the express will of the legislator, demonstrate a special purpose of serving the community, the public interest. They are called dominical goods, demanial goods, public goods or things, which do not belong individually to private persons and are intended for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men.",
      "quote_es": "El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres."
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "It is clear then that, the occupied property being a public good, no prior procedure is required for its eviction, since it only must be verified, on site, that the invaded property is indeed owned by the managing institute or public body.",
      "quote_es": "Es claro entonces, que al ser la propiedad ocupada un bien público, no es necesario realizar ningún procedimiento previo a su desalojo, pues solamente debe verificarse, en el sitio, que el inmueble invadido sea efectivamente propiedad del instituto u órgano público gestionante."
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "In the instant case... even though the property to be recovered is of a demanial nature, the truth is that, in order to protect the petitioner's rights, all due process guarantees were afforded, so no violation of the petitioner's fundamental rights is apparent.",
      "quote_es": "En el caso concreto... aún cuando el bien a recuperar es de naturaleza demanial, lo cierto es, que en aras de proteger los derechos del amparado, le otorgó todas las garantías del debido proceso, por lo que no se constata violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 12417 - 2008\n\nFecha de la Resolución: 14 de Agosto del 2008 a las 17:14\n\nExpediente: 08-010109-0007-CO\n\nRedactado por: Adrián Vargas Benavides\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n* 080101090007CO *\n\nExp: 08-010109-0007-CO\n\nRes. Nº 012417-2008\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas catorce minutos del catorce de agosto de dos mil ocho.\n\n     Recurso de amparo interpuesto por Héctor Venegas Calvo, cédula de identidad número 5-171-754, contra el Instituto de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Seguridad Pública.  \n\nResultando:\n\n   1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas cuarenta minutos del dieciséis de julio de dos mil ocho, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Seguridad Pública  y manifiesta que desde hace más de dos años ocupa una parcela en el Asunción Norte, Distrito Río Banano, Cantón Primero de la Provincia de Limón, en la cual, vive con su familia y realiza diversas actividades agrarias Menciona que por oficio número ORB-0029-20008 del treinta y uno de enero del dos mil ocho, se le previno que de forma voluntaria debía desalojar en un determinado plazo dicho inmueble, o bien, presentar la prueba de descargo del caso. Indica que el catorce de febrero del dos mil ocho, ofreció la prueba respectiva a fin de demostrar que tiene un mejor derecho sobre el inmueble. Sostiene que el Instituto de Desarrollo Agrario dictó resolución final, sin hacer ninguna referencia a los argumentos y pruebas de descargo que fueron presentados y por ende, sin motivar las razones por las cuales prescindía de dichos pruebas. Considera que dicha omisión resulta contraria al debido proceso, pues no basta que se le de audiencia para que provea a su defensa, sino también, que la autoridad recurrida dicte una resolución motivada, en la cual, se expliquen las razones jurídicas por las que se desestiman los argumentos y pruebas de descargo planteados. Señala que en razón de lo anterior, considera que improcedente que la entidad recurrida pretenda hacer efectivo a través del Ministerio de Seguridad Pública, la orden de desalojo dictada en su contra. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Informa bajo juramento Janina del Vecchio Ugalde en su calidad de Ministra de Seguridad Pública (folio 16), que la ejecución del presente desahucio fue suspendida en virtud de la orden emanada por ésta Sala. Indica que las garantías del debido proceso fueron concedidas a los accionados ante el Instituto referido, por lo que el Ministerio en el presente caso actúa únicamente como órgano ejecutor. Lo anterior en virtud de que el Instituto de Desarrollo Agrario dispuso el desalojo por imperativo legal y en su condición de legítimo propietario del bien. Sostiene que en el presente caso no se han vulnerado derecho fundamental alguno, pues el desalojo se ha llevado a cabo respetando las directrices que la propia Sala ha emitido al respecto. Solicita que se desestime el recurso planteado.\n\n3.- Informa bajo juramento Carlos Alberto Bolaños Céspedes, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Instituto de Desarrollo Agrario (folio 19), y manifiesta que el recurrente junto con otro grupo de personas, no solo ingresó ilegalmente a la parcela, sino que además se ha dedicado a deforestarla. Indica que la parcela en cuestión es de vocación forestal, motivo por el cual, con fundamento en la Ley Forestal, no puede ser adjudicada a ningún administrado. Señala que mediante oficio del 20 de diciembre de dos mil siete, la Unidad de Control de Delitos Ambientales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, interpuso una denuncia por tala ilegal de madera, ante el Ministerio Público de Limón, en la cual aparece el nombre del señor Venegas Calvo, quién a la vez reconoce no tener permiso para ejecutar las labores que se encuentra realizando. Manifiesta que por oficio ORB-0029-2008, la oficina Subregional del IDA en Batán, notificó al recurrente la situación de ilegalidad en su ocupación. En contra de lo anterior, el recurrente presentó el 14 de febrero de dos mil ocho, solicitud para que no se realizara el desalojo administrativo, con finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Tierras y Colonización que de inmediato estaría presentando para la calificación previa y adjudicación formal del terreno conforme a la ley. Explica que la ocupación lícita es aquella que se genera a partir del momento en que el IDA, es base ala normativa institucional, adjudica formalmente un predio, a través de un acuerdo de la Junta Directiva en la cual se declara al administrado beneficiario de los programas de dotación de tierras. En virtud de lo anterior, el inmueble que se adjudique a los administrados, necesariamente tiene que ser de vocación agrícola, y como en el presente caso en donde la parcela es de vocación forestal.  Indica que efectivamente el recurrente en  el escrito del día 14 de febrero de dos mil ocho, ofreció como prueba de la posesión, las declaraciones de dos personas, las cuales son improcedentes para demostrar su ocupación de conformidad con la normativa que rige el proceso de selección de beneficiarios y adjudicación de predios. Menciona que en respeto del derecho de defensa mediante acta de notificación de las dieciséis horas treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil ocho, se notificó el oficio ORB-008-2008 del dieciocho de enero de dos mil ocho, notificación recibida personalmente por el recurrente. Posteriormente, la oficina Subregional del IDA de Batán mediante oficio ORB-0029-2008 del 31 de enero de dos mil ocho, amonestó al recurrente por estar ocupando ilegalmente la parcela de referencia, concediéndole un plazo de 8 días hábiles para que presentara los alegatos pertinentes; igualmente se le indicó que el presente asunto sería traslado a la Asesoría Legal de la Dirección de la Región Huétar Atlántica, para que inicie el proceso de desalojo administrativo. Lo anterior fue recibido personalmente por el amparado el cinco de febrero de dos mil ocho. Indica que la Asesoría Legal de la Región Huetar Atlántica, mediante oficio ALRA-066-2008 del veintisiete de febrero de dos mil ocho, dirigido a la  Secretaría General de la Junta Directiva, recomendó que se rechazaran en todos sus extremos las peticiones planteadas por el recurrente y continuar con el trámite de desalojo, dado el carácter de ilegalidad en que se encuentra ocupando la parcela, de acuerdo con el informe de campo y las fotografías agregadas al expediente, en donde no se observa ningún tipo de cultivo en ese terreno. Señala que la Junta Directiva, mediante acuerdo número 11, tomado en artículo once, sesión ordinaria número 016-2008 del cinco de mayo de dos mil ocho, analizó y rechazó la gestión planteada por el recurrente. Lo anterior, le fue notificado al fax 718-6482, medio señalado para recibir notificaciones. Destaca que en ningún momento el recurrente presentó documento en el cual demuestre que fue declarado beneficiario de ocupar dicha parcela o que es su propietario. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n            4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n             Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,\n\n Considerando:\n\nI.- Objeto del recurso.  El recurrido acusa la violación a sus derechos fundamentales en la tramitación del procedimiento de desalojo administrativo ordenado por las autoridades recurridas, pues no fue tomado en cuenta que viene ocupado en forma ininterrumpida desde hace más de dos años dicha parcela, localizada en Asunción Norte de Limón.\n\nII.- Hechos probados. De importancia ara la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na.   La parcela número 45 del Asentamiento Asunción Norte, ubicada en el Distrito de Río Blanco, Cantón Central de Limón, Provincia de Limón, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad a folio real 016292-000, Partido de Limón, a favor del Instituto de Desarrollo Agrario (folio 3 del expediente administrativo).\n\nb.   Por oficio ORB-0008-2008 del 18 de enero de dos mil ocho, la oficina Subregional de Batán comunicó al recurrente que su ocupación en el Asentamiento Asunción Norte no ha cumplido con los procedimientos administrativos de calificación previa y adjudicación formal que señala la Ley de Tierras y Colonización No. 2825,  concediéndole un plazo de ocho días hábiles contados a partir de la notificación, para que presente los alegatos que estime pertinentes para ejercer su derecho de defensa. Lo anterior, le fue notificado al recurrente a las dieciséis horas treinta minutos del 21 de enero de dos mil ocho.  (informe a folio 21 y folio 32).\n\nc.   En oficio ORB-0029-2008 del 31 de enero de dos mil ocho, la oficina Subregional del IDA en Batán, comunicó al recurrente que su caso será trasladado a la Asesoría Legal de la Dirección Regional Huetar Atlántica para que inicie el proceso de desalojo administrativo en su contra, con el respaldo de la Fuerza Pública. Lo anterior le fue notificado a las nueve horas cincuenta minutos del cinco de febrero de dos mil ocho (informe a folio 21 y folio 34).\n\nd.   En fecha 14 de febrero de dos mil ocho, el recurrente presentó escrito ante la oficina Subregional de Batán solicitando no ordenar el desalojo administrativo en su contra, por cuanto tiene más de dos año de trabajar dicho terreno, haciendo producir la tierra, protegiendo además el área de bosque (informe a folio 21 y folio 39).\n\ne.   Por acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo número 20 de la sesión ordinaria 008-2008, celebrada el 25 de febrero de dos mil ocho,  autorizó a la Asesoría Legal de la Región Atlántica gestionar el desalojo administrativo del señor Venegas Calvo y demás invasores de la parcela número 45 del Asentamiento Asunción Norte; autorizar a la Asesoría Legal de la Región Atlántica, a gestionar el desalojo administrativo ante el Ministerio de Seguridad Pública (informe a folio 21 y folio 49).\n\nf.     La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario por acuerdo número 11, tomado en artículo once de la sesión ordinaria número 016-2008 del 5 de mayo de dos mil ocho, analizó y rechazó la gestión planteadas por el recurrente  y continuar con el tramite de desalojo, dado el carácter de ilegalidad en que se encuentra ocupando la parcela 45 del Asentamiento Asunción Norte y de acuerdo con el informe de campo y fotografías agregadas al expediente, no se observa ningún tipo de cultivo en el terreno, sino más bien la tala de árboles que han realizado los ocupantes, quiénes ocupan sin autorización del Instituto dicho inmueble (informe a folio 22 y folio 38).\n\ng.   Mediante oficio ALRA-089-2004 del 14 de marzo de dos mil ocho, la Dirección Regional Huetar Atlántica solicito ante el Ministerio de Seguridad y Gobernación el desalojo del señor Héctor Venegas Calvo y otros, quiénes invadieron la parcela número 45 del Asentamiento Asunción Norte (folio 1 del expediente administrativo)\n\nh.   El Ministerio de Seguridad Público por resolución número 1215-08-DM de las trece horas quince minutos del quince abril de dos mil ocho, resolvió ejecutar el desalojo administrativo ordenado por el Instituto de Desarrollo Agrario en contra del recurrente (informe a folio 16 y folio 46).\n\nIII.- Sobre el Desalojo Administrativo en sede del Instituto de Desarrollo Agrario. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario, dicho instituto puede y debe realizar todas las acciones reivindicatorias a fin de recuperar los bienes a su nombre que se encuentren  ilegalmente ocupados. Así las cosas, el desalojo administrativo, es uno de los mecanismos que tiene el IDA a su disposición para recuperar esos bienes, los cuales son de naturaleza pública. Ahora bien, en cuanto al tema del debido proceso, esta Sala ha indicado en reiteradas ocasiones, que en tratándose de acciones tendentes a la recuperación de bienes demaniales, no resulta necesario realizar un procedimiento previo, pues este tipo de bienes, son inalienables,  imprescriptibles e inembargables. Al respecto, en la sentencia número 2006-15775  de las 16:09 horas del 31 de octubre del 2006, se consideró lo siguiente: \n\n“II.- La resolución que impugnan los recurrente, número 3225-06-D.M. de las trece horas cincuenta minutos del siete de septiembre del dos mil seis, tiene por demostrado que el inmueble en cuestión es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, institución de derecho público. Esa condición de derecho público de la propietaria del inmueble, se extiende a sus propiedades, las cuales se convierten por ese hecho en \"bienes demaniales\". En relación con la naturaleza jurídica de esos bienes, este Tribunal en sentencia número 2306-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre, indicó: \"El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión...\"\n\nIII.- Es claro entonces, que al ser la propiedad ocupada un bien público, no es necesario realizar ningún procedimiento previo a su desalojo, pues solamente debe verificarse, en el sitio, que el inmueble invadido sea efectivamente propiedad del instituto u órgano público gestionante. En ese sentido, el desalojo ordenado no viola ningún derecho fundamental y resulta procedente, pues al tratarse de un bien demanial, cualquier posesión resulta precaria y por ello, no tiene ninguna relevancia cuanto tiempo han poseído los recurrentes, ni cuáles actos posesorios han realizado; tampoco es necesario dar audiencia alguna a los poseedores, pues la precariedad de su situación hace que en cualquier momento puedan ser desalojados, dándoles solamente un tiempo prudencial para el desalojo voluntario, el cual fue respetado por las autoridades recurridas y se encuentra sobradamente cumplido (nótese que la notificación -según el propio dicho de los recurrentes- se produjo el doce de octubre de este año, se les confirieron setenta y dos horas para el desalojo voluntario, y el desalojo se hizo efectivo el veinticinco de octubre pasado). Debido a que no existen motivos para variar la jurisprudencia establecida por este Tribunal en esta materia, lo procedente es rechazar el recurso. (En igual sentido ver sentencia número 2000-08138 de las dieciséis horas con veinticuatro minutos del doce de septiembre del dos mil).”\n\nEn el caso concreto, del elenco de hechos probados, se colige, que el Instituto de Desarrollo Agrario, es el propietario registral de la parcela número 45 del Asentamiento Asunción Norte, ubicada en el Distrito de Río Blanco, Cantón Central de Limón, Provincia de Limón, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad a folio real 016292-000. Así las cosas, resulta claro que el bien que estaba siendo ocupado por el amparado, es de naturaleza pública, sobre el cual no se puede alegar derecho de posesión. En virtud de lo anterior y en uso de sus potestades, el IDA inició un procedimiento de desalojo en contra del amparado, a fin de recuperar el bien que estaba siendo ocupado ilegalmente, dentro del cual, concedió audiencia por ocho días al poseedor para que ejerciera su derecho de defensa, el cual ejerció en forma efectiva mediante escrito presentado el pasado 14 de febrero en donde solicitó no ordenar su desalojo, con fundamento en que tiene más de dos años de trabajar el terreno y en que llevara a cabo lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Tierras y Cololizaciones. Nótese incluso que las peticiones del recurrente fueron incluso rechazadas por la Junta Directiva del IDA en el acuerdo tomado por artículo 11 de la sesión ordinaria 016-2008 llevada a cabo el pasado cinco de mayo, pues estamos en presencia de un bien demanial, donde se encuentran recursos forestales. Aunado a ello, se observa, que el Instituto concedió un plazo razonable al amparado para que de forma voluntaria, desocupara el inmueble. Sin embargo, el poseedor en precario hizo caso omiso de la prevención, omisión que provocó que el IDA, ordenara en definitiva el desalojo y solicitara al Ministerio de Seguridad Pública, ejecutar el mismo. Bajo esa inteligencia, estima este Tribunal, que en el caso que nos ocupa, aún cuando el bien a recuperar es de naturaleza demanial, lo cierto es, que en aras de proteger los derechos del amparado, le otorgó todas las garantías del debido proceso, por lo que no se constata violación alguna a los derechos fundamentales del recurrente, motivo por el cual en cuanto ese extremo el recurso debe ser desestimado.\n\nV.- En cuanto al Desalojo Administrativo en sede del Ministerio de Seguridad Pública. De acuerdo con las competencias que la ley otorga al Ministerio de Seguridad Pública, éste  se encuentra facultado para ejecutar los desalojos administrativos, en general este tipo de procedimiento, se caracteriza por ser sumarísimo, lo que implica que no requiere de mayor trámite.  De esta manera, esta Sala ha concluido, que una vez que el interesado con derecho requiera la desocupación,  el Ministerio deberá constatar el derecho que le asiste al solicitante sobre el inmueble que se pretende desocupar y,  sin más trámite, procederá a otorgar un  plazo razonable al ocupante del bien, a fin que éste lo desocupe en forma voluntaria. En el caso concreto, el Instituto de Desarrollo Agrario, llevó a cabo el debido proceso del recurrente y fue en esa sede, donde se le concedió al amparado su derecho de defensa. Así las cosas, el Instituto de Desarrollo Agrario, mediante su Junta Directiva, ordenó el desalojo del bien, para lo cual solicitó la intervención del Ministerio recurrido. Bajo esa tesis, el  único trámite seguido por el Ministerio de Seguridad Pública, fue la verificación de la titularidad del bien y la orden emitida por el Instituto, a fin ejecutarla, otorgando para ello un plazo razonable al amparado para que de forma voluntaria desocupara el bien. De esta manera, no se constata, que el Ministerio recurrido, haya vulnerado derecho alguno del recurrente, ya que en uso de sus competencias y atribuciones, su actuación consistió en ejecutar la orden emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario. En mérito de lo expuesto, se impone desestimar el recurso planteado en cuanto a este extremo.\n\n \n\n \n\nPor tanto:\n\n             Se declara SIN LUGAR el recurso. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAna Virginia Calzada M.\n\nPresidenta a.i.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAdrián Vargas B.                                                                                                Gilbert Armijo S.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErnesto Jinesta L.                                                                                                Fernando Cruz C.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRoxana Salazar C.                                                                                    Marta María Vinocour F.\n\n \n\n205/hao\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 08-010109-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:42:02.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**Resolution No. 12417 - 2008**\n\n**Date of Resolution:** August 14, 2008 at 17:14\n\n**Case File:** 08-010109-0007-CO\n\n**Drafted by:** Adrián Vargas Benavides\n\n**Type of Matter:** Amparo appeal\n\n**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL\n\n**Text of the resolution**\n\n* 080101090007CO *\n\nExp: 08-010109-0007-CO\n\nRes. No. 012417-2008\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at seventeen hours fourteen minutes on the fourteenth of August, two thousand eight.\n\nAmparo appeal filed by Héctor Venegas Calvo, identity card number 5-171-754, against the Instituto de Desarrollo Agrario and the Ministerio de Seguridad Pública.\n\n**Whereas (Resultando):**\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at fourteen hours forty minutes on the sixteenth of July, two thousand eight, the appellant files an amparo appeal against the Instituto de Desarrollo Agrario and the Ministerio de Seguridad Pública and states that for more than two years he has occupied a parcel in Asunción Norte, Río Banano District, First Canton of the Province of Limón, on which he lives with his family and carries out various agricultural activities. He mentions that by official communication number ORB-0029-20008 of the thirty-first of January, two thousand eight, he was warned that he must voluntarily vacate said property within a determined period, or else, present the appropriate exculpatory evidence. He indicates that on the fourteenth of February, two thousand eight, he offered the respective evidence to demonstrate that he has a better right over the property. He maintains that the Instituto de Desarrollo Agrario issued a final resolution, without making any reference to the arguments and exculpatory evidence that were presented and thus, without stating the reasons why it dispensed with said evidence. He considers that said omission is contrary to due process (debido proceso), since it is not enough that he be given a hearing to provide for his defense, but also that the respondent authority issue a reasoned resolution, in which the legal reasons for dismissing the arguments and exculpatory evidence raised are explained. He points out that for this reason, he considers it improper that the respondent entity intends to enforce, through the Ministerio de Seguridad Pública, the eviction order issued against him. The appellant requests that the appeal be granted.\n\n2.- Janina del Vecchio Ugalde, in her capacity as Minister of Public Security, reports under oath (folio 16), that the execution of the present eviction (desahucio) was suspended by virtue of the order issued by this Chamber. She indicates that the guarantees of due process were granted to the respondents before the referred Institute, so the Ministry in the present case acts only as an executing body. The foregoing by virtue of the fact that the Instituto de Desarrollo Agrario ordered the eviction by legal mandate and in its condition as legitimate owner of the property. She maintains that in the present case no fundamental right has been violated, since the eviction has been carried out respecting the directives that the Chamber itself has issued in this regard. She requests that the appeal filed be dismissed.\n\n3.- Carlos Alberto Bolaños Céspedes reports under oath, in his capacity as Generalísimo Attorney-in-Fact without limit of sum of the Instituto de Desarrollo Agrario (folio 19), and states that the appellant, along with another group of people, not only illegally entered the parcel, but has also engaged in deforesting it. He indicates that the parcel in question is of forestal vocation (vocación forestal), which is why, based on the Ley Forestal, it cannot be adjudicated to any administered party. He points out that by official communication of December 20, two thousand seven, the Environmental Crimes Control Unit of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAE, filed a complaint for illegal logging, before the Public Prosecutor's Office of Limón, in which the name of Mr. Venegas Calvo appears, who at the same time acknowledges not having a permit to execute the labors he is carrying out. He states that by official communication ORB-0029-2008, the Subregional Office of IDA in Batán notified the appellant of the illegality situation of his occupation. Against the foregoing, the appellant presented on February 14, two thousand eight, a request to not carry out the administrative eviction, in order to comply with the provisions of Article 62 of the Ley de Tierras y Colonización which he would immediately be presenting for the prior qualification (calificación previa) and formal adjudication of the land according to the law. He explains that licit occupation is that which is generated from the moment the IDA, based on institutional regulations, formally adjudicates a property, through an agreement of the Board of Directors (Junta Directiva) in which the administered party is declared a beneficiary of the land grant programs. By virtue of the foregoing, the property adjudicated to administered parties must necessarily be of agricultural vocation, and as in the present case where the parcel is of forestal vocation. He indicates that indeed the appellant, in the brief of February 14, two thousand eight, offered as proof of possession (posesión) the statements of two persons, which are improper to demonstrate his occupation in accordance with the regulations governing the process of selection of beneficiaries and adjudication of properties. He mentions that in respect of the right of defense, through a notification certificate of sixteen hours thirty minutes on the twenty-first of January, two thousand eight, official communication ORB-008-2008 of the eighteenth of January, two thousand eight, was notified, notification received personally by the appellant. Subsequently, the Subregional Office of IDA of Batán through official communication ORB-0029-2008 of January 31, two thousand eight, admonished the appellant for illegally occupying the referenced parcel, granting him a period of 8 working days to present the pertinent arguments; likewise, he was informed that the present matter would be transferred to the Legal Advisory Office of the Dirección de la Región Huétar Atlántica, to initiate the administrative eviction process. The foregoing was received personally by the amparo petitioner on February 5, two thousand eight. He indicates that the Legal Advisory Office of the Huetar Atlántica Region, through official communication ALRA-066-2008 of February 27, two thousand eight, directed to the Secretaría General de la Junta Directiva, recommended rejecting in all its extremes the petitions raised by the appellant and continuing with the eviction process, given the character of illegality in which he is occupying the parcel, according to the field report and photographs added to the file, where no type of cultivation is observed on that land. He points out that the Board of Directors, through agreement number 11, adopted in article eleven, ordinary session number 016-2008 of May 5, two thousand eight, analyzed and rejected the petition raised by the appellant. The foregoing was notified to him by fax 718-6482, the means indicated for receiving notifications. He highlights that at no time did the appellant present a document demonstrating that he was declared a beneficiary to occupy said parcel or that he is its owner. He requests that the appeal be declared without merit.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Vargas Benavides; and,\n\n**Considering (Considerando):**\n\nI.- Object of the appeal. The respondent accuses the violation of his fundamental rights in the processing of the administrative eviction procedure ordered by the respondent authorities, since it was not taken into account that he has been occupying uninterruptedly for more than two years said parcel, located in Asunción Norte de Limón.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:\n\na. Parcel number 45 of the Asentamiento Asunción Norte, located in the District of Río Blanco, Central Canton of Limón, Province of Limón, is registered in the Public Property Registry under real folio 016292-000, Party of Limón, in favor of the Instituto de Desarrollo Agrario (folio 3 of the administrative file).\n\nb. By official communication ORB-0008-2008 of January 18, two thousand eight, the Subregional Office of Batán communicated to the appellant that his occupation in the Asentamiento Asunción Norte has not complied with the administrative procedures of prior qualification (calificación previa) and formal adjudication indicated by the Ley de Tierras y Colonización No. 2825, granting him a period of eight working days counted from the notification, to present the arguments he deems pertinent to exercise his right of defense. The foregoing was notified to the appellant at sixteen hours thirty minutes on January 21, two thousand eight. (report on folio 21 and folio 32).\n\nc. In official communication ORB-0029-2008 of January 31, two thousand eight, the Subregional Office of IDA in Batán communicated to the appellant that his case will be transferred to the Legal Advisory Office of the Dirección Regional Huetar Atlántica to initiate the administrative eviction process against him, with the support of the Public Force (Fuerza Pública). The foregoing was notified to him at nine hours fifty minutes on February 5, two thousand eight (report on folio 21 and folio 34).\n\nd. On February 14, two thousand eight, the appellant presented a brief before the Subregional Office of Batán requesting not to order the administrative eviction against him, because he has more than two years of working said land, making the land produce, also protecting the forested area (área de bosque) (report on folio 21 and folio 39).\n\ne. By agreement adopted by the Board of Directors (Junta Directiva) in article number 20 of ordinary session 008-2008, held on February 25, two thousand eight, it authorized the Legal Advisory Office of the Atlántica Region to manage the administrative eviction of Mr. Venegas Calvo and other invaders of parcel number 45 of the Asentamiento Asunción Norte; to authorize the Legal Advisory Office of the Atlántica Region to manage the administrative eviction before the Ministerio de Seguridad Pública (report on folio 21 and folio 49).\n\nf. The Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, by agreement number 11, adopted in article eleven of ordinary session number 016-2008 of May 5, two thousand eight, analyzed and rejected the petitions raised by the appellant and to continue with the eviction process, given the character of illegality in which he is occupying parcel 45 of the Asentamiento Asunción Norte and according to the field report and photographs added to the file, no type of cultivation is observed on the land, but rather the felling of trees that the occupants have carried out, who occupy said property without authorization from the Institute (report on folio 22 and folio 38).\n\ng. Through official communication ALRA-089-2004 of March 14, two thousand eight, the Dirección Regional Huetar Atlántica requested before the Ministry of Security and Governance the eviction of Mr. Héctor Venegas Calvo and others, who invaded parcel number 45 of the Asentamiento Asunción Norte (folio 1 of the administrative file).\n\nh. The Ministerio de Seguridad Público, by resolution number 1215-08-DM of thirteen hours fifteen minutes on April fifteenth, two thousand eight, resolved to execute the administrative eviction ordered by the Instituto de Desarrollo Agrario against the appellant (report on folio 16 and folio 46).\n\nIII.- Regarding Administrative Eviction before the Instituto de Desarrollo Agrario. In accordance with Article 3 of the Law Creating the Instituto de Desarrollo Agrario, said institute may and must carry out all reivindicatory actions in order to recover the properties in its name that are illegally occupied. Thus, administrative eviction is one of the mechanisms that the IDA has at its disposal to recover those properties, which are of a public nature. Now, regarding the topic of due process, this Chamber has indicated on repeated occasions that in the case of actions aimed at the recovery of public domain goods (bienes demaniales), it is not necessary to carry out a prior procedure, since this type of goods are inalienable, imprescriptible, and unattachable. In this regard, in judgment number 2006-15775 of 16:09 hours on October 31, 2006, the following was considered:\n\n“II.- The resolution that the appellants challenge, number 3225-06-D.M. of thirteen hours fifty minutes on the seventh of September, two thousand six, demonstrates that the property in question is owned by the Instituto de Desarrollo Agrario, a public law institution. That public law condition of the property owner extends to its properties, which become, by that fact, 'public domain goods (bienes demaniales)'. In relation to the legal nature of those goods, this Tribunal in judgment number 2306-91, of fourteen hours forty-five minutes on the sixth of November, indicated: 'The public domain is composed of goods that manifest, by express will of the legislator, a special destiny to serve the community, the public interest. They are called dominical goods, demanial goods, public goods or things, which do not belong individually to private parties and are destined for public use and subjected to a special regime, outside the commerce of men. That is, affected by their nature and vocation. Consequently, those goods belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of an express norm. Noteworthy characteristics of these goods are that they are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged or be susceptible to liens under Civil Law terms, and administrative action substitutes injunctions to recover the domain. As they are outside commerce, these goods cannot be the object of possession (posesión)...'\n\nIII.- It is clear then, that since the occupied property is a public good, it is not necessary to carry out any procedure prior to its eviction, since it is only necessary to verify, on-site, that the invaded property is effectively owned by the requesting public institute or body. In this sense, the ordered eviction does not violate any fundamental right and is appropriate, since dealing with a public domain good (bien demanial), any possession is precarious and therefore, it has no relevance how long the appellants have possessed, nor what possessory acts they have carried out; nor is it necessary to give any hearing to the possessors, since the precariousness of their situation means they can be evicted at any time, giving them only a prudential time for voluntary eviction, which was respected by the respondent authorities and is amply fulfilled (note that the notification - according to the appellants' own statement - occurred on the twelfth of October of this year, they were given seventy-two hours for voluntary eviction, and the eviction was made effective on the twenty-fifth of October past). Because there are no reasons to vary the established jurisprudence of this Tribunal on this matter, the appropriate action is to reject the appeal. (In the same sense see judgment number 2000-08138 of sixteen hours twenty-four minutes on the twelfth of September, two thousand).”\n\nIn the specific case, from the list of proven facts, it is inferred that the Instituto de Desarrollo Agrario is the registered owner of parcel number 45 of the Asentamiento Asunción Norte, located in the District of Río Blanco, Central Canton of Limón, Province of Limón, which is registered in the Public Property Registry under real folio 016292-000. Thus, it is clear that the property being occupied by the amparo petitioner is of a public nature, over which no right of possession can be alleged. By virtue of the foregoing and in use of its powers, the IDA initiated an eviction procedure against the amparo petitioner, in order to recover the property that was being illegally occupied, within which, it granted a hearing for eight days to the possessor so that he could exercise his right of defense, which he exercised effectively through a brief presented on past February 14 in which he requested not to order his eviction, based on the fact that he has more than two years of working the land and that the provisions of Article 62 of the Ley de Tierras y Cololizaciones be carried out. Note even that the appellant's petitions were even rejected by the Board of Directors of the IDA in the agreement adopted by article 11 of ordinary session 016-2008 carried out on past May 5, as we are in the presence of a public domain good (bien demanial), where forest resources are found. Added to this, it is observed that the Institute granted a reasonable period to the amparo petitioner so that he voluntarily vacate the property. However, the precarious possessor ignored the warning, an omission that caused the IDA to definitively order the eviction and request the Ministerio de Seguridad Pública to execute it. Under that intelligence, this Tribunal considers that in the case before us, even though the property to be recovered is of a public domain nature, the truth is that in the interest of protecting the rights of the amparo petitioner, it granted him all the guarantees of due process, so no violation whatsoever of the appellant's fundamental rights is verified, reason for which on this point the appeal must be dismissed.\n\nV.- Regarding Administrative Eviction before the Ministerio de Seguridad Pública. According to the competencies that the law grants to the Ministerio de Seguridad Pública, it is empowered to execute administrative evictions; in general, this type of procedure is characterized by being \"sumarísimo\" (highly summary), which implies that it does not require a major process. In this manner, this Chamber has concluded that once the interested party with the right requests the vacation, the Ministry must verify the right that assists the applicant over the property that is intended to be vacated and, without further process, shall proceed to grant a reasonable period to the occupant of the property, so that the latter vacate it voluntarily. In the specific case, the Instituto de Desarrollo Agrario carried out the due process for the appellant and it was in that venue where the amparo petitioner was granted his right of defense. Thus, the Instituto de Desarrollo Agrario, through its Board of Directors, ordered the eviction of the property, for which it requested the intervention of the respondent Ministry. Under that thesis, the only process followed by the Ministerio de Seguridad Pública was the verification of the ownership of the property and the order issued by the Institute, in order to execute it, granting for this a reasonable period to the amparo petitioner to voluntarily vacate the property. In this way, it is not verified that the respondent Ministry has violated any right of the appellant, since in use of its competencies and attributions, its action consisted of executing the order issued by the Instituto de Desarrollo Agrario. In merit of the foregoing, it is necessary to dismiss the appeal filed on this point.\n\n**Therefore (Por tanto):**\n\nThe appeal is declared WITHOUT MERIT.\n\nAna Virginia Calzada M.\n\nActing President\n\nAdrián Vargas B. Gilbert Armijo S.\n\nErnesto Jinesta L. Fernando Cruz C.\n\nRoxana Salazar C. Marta María Vinocour F.\n\n205/hao\n\nCASE FILE No. 08-010109-0007-CO\n\nTelephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 06:42:02.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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