{
  "id": "nexus-sen-1-0007-455321",
  "citation": "Res. 12437-2009 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Fraccionamientos y construcciones sin estudios hídricos — Municipio debe proteger acuíferos",
  "title_en": "Subdivisions and Construction Without Water Studies — Municipality Must Protect Aquifers",
  "summary_es": "La Sala Constitucional acogió un amparo presentado por una asociación ambiental contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia. La recurrente denunció la falta de respuesta a múltiples solicitudes de información sobre movimientos de tierra y construcciones en zonas de alta vulnerabilidad hidrogeológica, en contravención del Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica y la Delimitación de Zonas de Protección Acuífera aprobadas por el propio Concejo Municipal. Además, señaló que la Municipalidad permitió construcciones y fraccionamientos en ausencia de los estudios hidrogeológicos, hidráulicos y de impacto ambiental exigidos para no afectar los recursos hídricos de las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez y Tibás. La Sala constató la violación del derecho de petición y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Como medidas de resguardo, suspendió los permisos de construcción otorgados en los proyectos discutidos hasta que se realicen las evaluaciones exhaustivas requeridas, y ordenó a las autoridades municipales responder las gestiones pendientes en un plazo improrrogable de ocho días. Se condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Court upheld an environmental association's amparo against the Municipality of San Rafael de Heredia. The complaint focused on the municipality's failure to respond to information requests and its allowance of construction and subdivisions in areas of high hydrogeological vulnerability, contrary to the Hydrogeological Vulnerability Map and Aquatic Protection Zoning approved by the Municipal Council. The Court found violations of the right to petition (Art. 27, 41) and the right to a healthy environment (Art. 50), as the municipality had permitted development without the required exhaustive hydrogeological, hydraulic, and environmental impact studies. The ruling suspended all challenged construction permits until the required studies demonstrate no harm to water resources, and ordered municipal officials to answer outstanding petitions within eight days. The Municipality was ordered to pay costs and damages.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "11/08/2009",
  "year": "2009",
  "topic_ids": [
    "water-law"
  ],
  "primary_topic_id": "water-law",
  "es_concept_hints": [
    "aguas subterráneas",
    "vulnerabilidad hidrogeológica",
    "microcuenca",
    "Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica",
    "Zonas de Protección Acuífera",
    "principio precautorio",
    "in dubio pro natura",
    "derecho de petición (arts. 27 y 41 CPol)"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 31, 32",
      "law": "Ley de Aguas No. 276"
    },
    {
      "article": "Art. 33, 34",
      "law": "Ley Forestal No. 7575"
    },
    {
      "article": "Art. 50",
      "law": "Ley Orgánica del Ambiente No. 7554"
    },
    {
      "article": "Arts. 27, 41, 50",
      "law": "Constitución Política"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "aguas subterráneas",
    "acuífero",
    "recurso hídrico",
    "derecho de petición",
    "derecho al ambiente",
    "vulnerabilidad hidrogeológica",
    "SETENA",
    "principio precautorio",
    "Municipalidad de San Rafael de Heredia",
    "asociación ambiental",
    "fraccionamiento",
    "construcción",
    "permisos suspendidos",
    "evaluación de impacto ambiental",
    "microcuenca"
  ],
  "keywords_en": [
    "groundwater",
    "aquifer",
    "water resources",
    "right to petition",
    "right to environment",
    "hydrogeological vulnerability",
    "SETENA",
    "precautionary principle",
    "Municipality of San Rafael de Heredia",
    "environmental association",
    "subdivision",
    "construction",
    "suspended permits",
    "environmental impact assessment",
    "micro-watershed"
  ],
  "excerpt_es": "De lo anterior la Sala determina la lesión al artículo 50 de la Constitución Política por constatar que la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha permitido construcciones, lotificaciones y fraccionamientos en una zona de alta y mediana vulnerabilidad hidrogeológica, sin realizar las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental para determinar que tales proyectos no impacten los recursos hídricos y las microcuencas; esto de conformidad con el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica y la Delimitación de Zonas de Protección Acuífera en las microcuencas de los ríos, Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás y la Federación de las Municipalidades de Heredia. De ahí que, se constata que tal omisión repercute directamente en el ambiente al poner en peligro los recursos hídricos.\n\nEn consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso de amparo por lesión al artículo 50 de la Constitución Política.",
  "excerpt_en": "The Court finds a violation of Article 50 of the Constitution because the Municipality of San Rafael de Heredia has permitted construction, lotifications, and subdivisions in an area of high and medium hydrogeological vulnerability, without carrying out the exhaustive hydrogeological, hydraulic, and environmental impact studies required to determine that these projects will not impact water resources and micro-watersheds; this in accordance with the Hydrogeological Vulnerability Map and the Aquifer Protection Zoning in the micro-watersheds of the rivers Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, and the Federation of Municipalities of Heredia. Thus, this omission directly affects the environment by endangering water resources.\n\nTherefore, the amparo is granted for violation of Article 50 of the Constitution.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "Amparo granted for violation of the right to petition and right to a healthy environment; construction permits issued by the Municipality of San Rafael de Heredia are suspended until the required hydrogeological, hydraulic, and environmental impact studies are completed; municipal authorities are ordered to answer outstanding petitions within eight days.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el amparo por violación al derecho de petición y al derecho al ambiente; se suspenden los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de San Rafael de Heredia en los proyectos discutidos hasta que se realicen los estudios hidrogeológicos, hidráulicos y de impacto ambiental requeridos; y se ordena a las autoridades municipales responder las gestiones pendientes en un plazo de ocho días."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando XV — Principio precautorio",
      "quote_en": "Central and decentralized administrative entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or allowing any new or modification requests; suspend those in progress until uncertainty is resolved; and adopt all measures for their protection and preservation to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment.",
      "quote_es": "Los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
    },
    {
      "context": "Considerando V — Lesiones al derecho al ambiente",
      "quote_en": "This Court finds a violation of Article 50 of the Constitution because the Municipality has permitted construction, lotification, and subdivisions in an area of high and medium hydrogeological vulnerability without carrying out the required exhaustive studies, thereby endangering water resources.",
      "quote_es": "Esta Sala determina la lesión al artículo 50 de la Constitución Política por constatar que la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha permitido construcciones, lotificaciones y fraccionamientos en una zona de alta y mediana vulnerabilidad hidrogeológica, sin realizar las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas (...) y estudios de impacto ambiental para determinar que tales proyectos no impacten los recursos hídricos y las microcuencas."
    },
    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "All construction permits granted by the Municipality of San Rafael de Heredia discussed in this amparo are suspended until the exhaustive hydrogeological, hydraulic (...) and environmental impact studies are carried out...",
      "quote_es": "Se suspenden todos los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de San Rafael de Heredia discutidos en este recurso de amparo hasta tanto no se realicen las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas (...) y estudios de impacto ambiental..."
    }
  ],
  "cites": [
    {
      "id": "norm-27738",
      "citation": "Ley 7554",
      "title_en": "Organic Environmental Law",
      "title_es": "Ley Orgánica del Ambiente",
      "doc_type": "law",
      "date": "04/10/1995",
      "year": "1995"
    }
  ],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "norm-11950",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley de Aguas No. 276  Art. 31, 32"
      },
      {
        "target_id": "norm-41661",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley Forestal No. 7575  Art. 33, 34"
      },
      {
        "target_id": "norm-27738",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley Orgánica del Ambiente No. 7554  Art. 50"
      }
    ],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-455321",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 12437 - 2009\n\nFecha de la Resolución: 11 de Agosto del 2009 a las 16:45\n\nExpediente: 08-014174-0007-CO\n\nRedactado por: No indica redactor\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n*080141740007CO*\n\nExp: 08-014174-0007-CO\n\nRes. Nº 2009012437\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos del once de agosto del dos mil nueve.\n\n   Recurso de amparo interpuesto por José Francisco Alfaro Carvajal, cédula de identidad número 1-0518-0468, a favor de la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, cédula de persona jurídica número 3-002-443966, contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a siete horas cuarenta y dos minutos del veintiuno de octubre del dos mil ocho el recurrente presenta recurso de amparo contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Acusa el accionante  violación de los artículos 27, 41 y 50 de la Constitución Política, ya que, por medio de oficios AANCJFO9 y AANCJFA1O del dieciocho de junio del dos mil siete la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, le solicitó al Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y al Concejo Municipal información sobre un movimientos de tierra que se estaba realizando en una finca ubicada en Concepción de San Rafael, finca con plano catastrado de Heredia No. 1162149-2007, cerca del margen derecho de Río Turales. Indica que en dicha misiva solicitó se le indicara el tipo de proyecto que se desarrollaría y a su vez requirió que se le entregara la copia de los oficios y los números de los mismos, en donde el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de San Rafael, aprobaron las evaluaciones exhaustivas, hidrogeológicas, hidráulicas, hidrológicas y los estudios de impacto ambiental del fraccionamiento y movimiento de tierra del proyecto terminado.  Asegura que lo solicitado tuvo como fin que se considerara tanto la zona de influencia directa, como toda la micro cuenca a efecto de comprobarse que el proyecto no impactaría negativamente el recurso hídrico de la zona, tal y como lo exige el Decreto de Zonificación de Protección de las Micro Cuencas de Heredia, aprobado por la Municipalidad de San Rafael de Heredia el cuatro de setiembre del dos mil seis.  Sostiene que requirió se le indicara la participación de la Municipalidad de San Rafael en el análisis del proyecto de conformidad con el Decreto de Zonificación de Protección de las Micro Cuencas de los ríos Segundo, Bermúdez y Tibás, el cual fue aprobado por la misma municipalidad, todo con el fin de tener conocimiento de si habían otorgado los permisos sin haber exigido todas las evaluaciones exhaustivas citadas, en virtud de lo cual deberían detenerse las obras y establecerse las responsabilidades del caso.  Señala que requirió que se comprobara la exigencia de los estudios de capacidad hidráulica aprobados por las autoridades correspondientes sobre las nuevas construcciones de la zona.  No obstante, el Alcalde recurrido les comunicó el oficio número 349-2007-DMI-SRH del Ingeniero Municipal a cargo, dónde este se declaró incompetente.  En vista de lo expuesto, a la fecha de interposición de este recurso el Alcalde recurrido no ha dado la respuesta a los requerimientos de la Asociación amparada.  Acusa que en razón de la falta de respuesta, volvieron a gestionar su denuncia ambiental, ante el Alcalde y el Concejo Municipal en fechas cuatro de marzo y cuatro de abril del dos mil ocho. Alega que la única respuesta del Concejo recurrido fue que trasladarían el asunto a la Asesora Legal, quién tampoco les ha dado una respuesta concreta.  Asegura que en virtud de la serie de violaciones constitucionales volvieron a presentar gestiones ante las autoridades municipales recurridas en fecha treinta de julio y once de agosto del dos mil ocho requiriendo una respuesta para detener los problemas ambientales que podrían afectar el recurso hídrico de la zona y pidiendo una serie de informaciones sobre un movimiento de tierras.  Estima que la inercia municipal y la omisión de responder a las gestiones de la amparada ha desembocado en una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Consideran que el Alcalde y el Concejo Municipal accionado deben de manera obligatoria e inmediata proceder a exigir las evaluaciones exhaustivas dentro del cantón que defienden sobre fraccionamientos, notificaciones o segregaciones agropecuarias y no sólo a las urbanizaciones, además de cumplir con las densidades recomendadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento -SENARA-.  Sostiene que por otra parte, el estudio de viabilidad ambiental de las situaciones denunciadas debe ser de acatamiento obligatorio, todo con el fin de proteger el recurso hídrico del cantón, que es uno de lo más importantes del Área Metropolitana en referencia a éste tema. Solicita se declare con lugar el recurso.\n\n2.-  Informa Bernal Soto Zúñiga, Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (folio 74) que  referente al movimiento de tierras en la finca ubicada en Concepción de San Rafael de Heredia en la finca de catastro N 1162149-2007 cerca del margen derecho del río Turales, calle principal San Rafael a Concepción, explica que en sus registros no se encuentran datos de proyectos  en las coordenadas. Que en sus registros se encuentra una solicitud de la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, se realizó una inspección por la perforación del pozo en la propiedad localizada del abastecedor Camacho, ciento cincuenta metros al oeste y que parece ser la misma propiedad, dicho caso fue respondido por medio de la nota ASUB 378-08 en la cuál se indica que hasta el veintiséis de agosto del dos mil ocho no se tenían reportados permisos de perforación en el sitio indicado.  Asimismo explica que no se encuentran proyectos en el fraccionamiento frente a la calle pública y parcelas agrícolas Monteverde en calle Charquillo, del Corazón de Jesús, ochocientos metros al norte ni en el movimiento de tierras que se lleva  a cabo en la plaza de Concepción de San Rafael de Heredia. Que el Senara no ha recibido o tramitado proyecto para análisis o estudio por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, con el fin de valorar los riesgos que los distintos proyectos pueden provocar en los recursos hídricos subterráneos en función de la vulnerabilidad a la contaminación o los impactos  que se pueden provocar por ser zonas de cargas acuíferas.\n\n3.- Informa Sonia Espinoza Valverde, Secretaria General a.i. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 84) explica que  el expediente número D2-600-07  referente al movimiento de tierras que se estaba realizando en una finca ubicada en Concepción de San Rafael de Heredia, finca con plano catastrado de Heredia # 1162149-2007 cerca del margen derecho del Río Turales, calle principal San Rafael a Concepción, señala que la Secretaría sólo autorizó a través de la viabilidad ambiental RVLA-578-2007-SETENA únicamente en un trazo y acondicionamiento de dos accesos a la propiedad, el primero de seis metros  de ancho por cuarenta y cuatro punto cero nueve de largo y el segundo de seis metros de ancho por cuarenta y tres puntos veinte de largo, por lo que contempla movimientos de tierra de doscientos metros cúbicos y relleno sin movilización fuera del área del proyecto, no incluye corte de taludes ni ningún tipo de construcción. Referente al expediente número D2-1120-05 del proyecto denominado casa de habitación, propiedad de la inmoviliaria Casa Costa Rica S.A. se otorgó viabilidad ambiental mediante RVLA-1049-2005-SETENA del catorce de octubre del dos mil cinco. En cuanto al expediente número D1-1091-05  existe en la Secretaría el proyecto que se denomina Fraccionamiento Frente a calle pública y Parcelas Agrícolas Monteverde, no cuenta con viabilidad ambiental, consta en el expediente administrativo una denuncia en el Tribunal Ambiental Administrativo con número 96-08-03-TAA, que al hacer una inspección en Concepción de San Rafael en la Calle Charquillo del Corazón de Jesús ochocientos metros  al norte no se localizaron casas  en construcción o movimientos de tierra. Que la Secretaría otorgó viabilidad ambiental a dos proyectos de bajo impacto ambiental, expedientes D2-600-2007 y D2-1120-05, mientras que al expediente número D1-1091-05 del proyecto Fraccionamiento frente a Calle Pública y Parcelas Agrícolas Monteverde precisamente en atención al manejo de aguas residuales, la Secretaría  no aceptó la propuesta del desarrollador del proyecto de tanques sépticos, sino que solicitó otro medio alternativo y  no se otorgó la viabilidad ambiental por no presentar lo dispuesto. Considera que las viabilidades otorgadas están conforme a derecho.\n\n4.- Informa Alberto Vargas Esquivel, Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Amable Corrales Valverde, Presidenta del Concejo Municipal, Ing. Lidia Barquero Paniagua, Jefe a.i. del Departamento de Ingeniería (folio 101) que habiendo recibido en su oportunidad oficios AANCJF09 y AANCJFA10 de la Asociación Ambientalista del Norte de San Rafael de Heredia  el despacho del Alcalde  procedió a requerir información al respecto, el Departamento de Ingeniería  contestó dentro de los límites de su tierra que contaba con viabilidad ambiental Número RVLA-578-2007-SETENA de donde según se deduce del oficio 349-2007-DIM-SRH que no se trataba de  ninguna solicitud de permiso para proyecto alguno, sino que taxativamente se puntualizó en la viabilidad  que consistía “únicamente en el trazo y ancho y acondicionamiento de dos accesos a la propiedad, el primero de seis metros de ancho por cuarenta y cuatro punto cero nueve de largo y el segundo de seis metros de ancho por cuarenta y tres punto veinte de largo, por tanto contempla movimientos de tierra hasta de doscientos metros cuadrados de relleno sin movilización fuera del Área del Proyecto”.  Que no habiendo solicitud de permiso para proyecto alguno solamente para accesos de propiedad, mismos que no están sujetos a las limitaciones establecidas en la “ Delimitación de las zonas de protección acuífera en las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, Pará, Heredia”, aprobada por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia en sesión ordinaria 11-2006 del siete de junio del dos mil siete, que  establece: “ Las limitaciones del uso del suelo para la Zona 1 son las siguientes: No se permiten urbanizaciones de alta densidad, tampoco fraccionamiento, notificaciones o segregaciones agropecuarias, que pongan en peligro los recursos hídricos”. No correspondía requerir: “las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrológicas el estudio de impacto ambiental, donde no sólo se considere la zona de influencia directa, sino toda la microcuenca de interés. Los anteriores estudios deben ser revisados y aprobados por la SETENA-MINAE, SENARA, Municipalidades, AYA con la participación de las comunidades”. Señalan que no se lesionado los derechos fundamentales de los accionantes.\n\n5.-  A folio 116 aparece escrito del recurrente quién manifiesta que es falso que el proyecto de Fraccionamiento Frente a la Calle Pública y Parcelas Agrícolas de Costa Rica no se encuentre con casas construidas. Explica que según el acta de inspección levantada por SETENA del veinticinco de abril del dos mil  ocho y que consta en el Tribunal Ambiental Administrativo, bajo expediente 96-08-03-TAA establece que el proyecto cuenta con cuatro casas construidas totalmente y dos se encuentran en obra gris.\n\n6.- A folio 125 aparece escrito del accionante quién reitera que para la construcción en éstas propiedades se debió de solicitar las evaluaciones exhaustivas, hidrogeológicas. Reitera que no han recibido respuesta oportuna a las solicitudes de su interés. Señala que el proyecto de fraccionamiento y conformación de terreno, expediente Setena D2-600-07 el cuál se ha fraccionado en doce lotes con el visado de las Municipalidad de San Rafael de Heredia ya se han comenzado a construir casa de habitación, siendo que, la viabilidad ambiental que se obtuvo fue sólo para accesos a la propiedad no para  el corte de taludes ni ningún tipo de construcción. Además las casas que se están realizando en el plano catastrado H-702383-2001 se están construyendo sin permisos y con tanques sépticos contraviniendo lo recomendado por Setena. Indica que el cantón de San Rafael de Heredia se ubica en una zona de vulnerabilidad hidrogeológica por lo que los proyectos permitidos deben ser de baja o mediana densidad ambos con sistemas de plantas de tratamiento y alcantarillado, ubicándose el proyecto en la zona acuífera 1 y que tiene las siguientes limitaciones del uso de suelo: “no se permiten urbanizaciones de alta densidad, tampoco fraccionamiento, notificaciones o segregaciones agropecuarias que pongan en peligro los recursos hídricos. Para demostrar que el proyecto no impacte a los recursos hídricos debe de realizarse evaluaciones exhaustivas, hidrogeológicas, hidráulicas  y estudios de impacto ambiental, donde no sólo se considere la zona de influencia directa sino toda la microcuenca de interés.”. No informaron ninguno de los recurridos de las medidas tomadas a fin de fiscalizar  si se producen  o no problemas de contaminación e impacto en el recurso hídrico.\n\n7.- Informa Sonia Espinoza Valverde, Secretaria a.i. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 133) que el informe brindado a la Sala del expediente D-1-1095-05, mantenía errores. Explica que la inspección realizada el veintiocho de octubre no tenía GPS, por lo cuál el once de noviembre se volvió ha hacer una inspección  determinando que las coordenadas del proyecto 529-530 y 224-225 se encuentran cuatro casas construidas. Por otra parte la inspección realizada el veintiocho de octubre del dos mil ocho, expediente D1-1091-05, la dirección del proyecto corresponde a Heredia, San Rafael Concepción, del Corazón de Jesús ochocientos metros al norte, sobre la calle Charquillo y no el que se consignó. Asimismo hubo un error de ubicación y ese proyecto no se relaciona con el D2-0600-07.  Que el dos de diciembre del dos mil ocho con el fin de continuar con el debido seguimiento ambiental se efectúo una inspección al sitio derivándose los informes que serán trasladados para su conocimiento a la Comisión Plenaria y tomar las decisiones oportunas.\n\n8.- A folio 149 aparece constancia del Secretario de la Sala Constitucional el cuál establece que el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento incumplió la prevención de las once horas seis minutos del trece de enero del dos mil nueve.\n\n9.-  A folio 150 aparece escrito del accionante quién adjunta el estudio denominado “Recarga Potencial del Acuífero de Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica” elaborado por el Servicio  Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento.\n\n10.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n   Redacta la Magistrada Salazar Cambronero; y,\n\nConsiderando:\n\n   I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na.      Que  de conformidad con el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica se determina que  el Cantón de San Rafael de Heredia se ubica en una zona de alta y mediana vulnerabilidad hidrogeológica. Que la zona se localiza sobre formaciones geológicas: lavas, tobas y lahares, que tienen restricciones  de uso de suelo para urbanizaciones, cultivos agrícolas, tanques de tuberías químicas, descarga al terreno de efluentes líquidos, rellenos sanitarios y canteras debiendo observarse el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y medidas de protección. Que el SENARA, CCSS, MS, ESPH, MAG, UNA, MINAE ACCVC integran la Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia que desarrolla el Proyecto de Zonificación de protección acuífera micro-cuencas Heredia para definir  dos zonas acuíferas 1 y 2 correspondientes ésta última al Cantón de Concepción de San Rafael de Heredia, mismas que tiene las siguientes limitaciones de uso del suelo: No se permiten Urbanizaciones de alta densidad, tampoco fraccionamiento, lotificaciones o segregaciones agropecuarias que pongan en peligro los recurso hídricos, debe realizarse que el proyecto no impacte los recursos hídricos, debe realizarse evaluaciones  exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental donde no sólo se considere la zona de influencia directa, sino la microcuenca de interés. (folio 75);\n\nb.      Que en la gaceta número 190 del cuatro de octubre del dos mil seis  la Municipalidad de Heredia acoge la publicación  de Delimitación de Zonas  de Protección  Acuífera en las microcuencas de los ríos, Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás y la Federación de las Municipalidades de Heredia, aprobada por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia en Sesión Ordinaria # 11-2006 del siete de junio del dos mil seis. (folios 76 y 113);\n\nc.       que por oficio AANCJF09 y AANCFA10 del dieciocho de junio del dos mil siete la Asociación Ambiental  del Norte de San Rafael de Heredia solicita al Alcalde y al Concejo Municipal información de la finca ubicada en el plano catastrado  de Heredia # 1162149-2007, siendo que a la fecha la gestión presentada se encuentra pendiente de resolver. (folios 23 al 27);\n\nd.      que mediante dictamen ASUB-68-08 del veintisiete de febrero del dos mil ocho emitido por el Área de Aguas Subterráneas, referente a la perforación de pozos señaló: 1.- Se le comunica a todas las Instituciones del Estado y Municipalidades del Valle Central, la siguiente disposición en cuanto a las solicitudes de perforación de pozos, la cuál rige a partir del primero de marzo del dos mil ocho.2.-Debido al déficit de la oferta de acuíferos, en adelante, no se autorizarán  nuevos permisos de perforación en la zona norte de Heredia y la Zona de Restricción de perforación. 3.- El Acuífero de Colima Inferior queda reservado para el uso exclusivo de  consumo humano por parte de las entidades públicas que brindan el servicio. Las entidades deben  coordinar con el Senara y el Minae la evaluación por medio de estudios hidrogeológicos, la determinación de los volúmenes utilizables del Acuífero de Colima Inferior.4.- En el resto de la zona, para la tramitación de nuevas solicitudes de perforación de pozos, los usuarios deben presentar los estudios que permiten cumplir con la disposición de la Contraloría General de la República. (folio 76);\n\ne.       que el cuatro de abril del dos mil ocho la Asociación recurrida  reitera la solicitud efectuada el dieciocho de junio del dos mil ocho, además  denuncia la construcción de en dicha propiedad, gestión que a la fecha no ha sido atendida.(folio 30);\n\nf.        que el treinta de junio del dos mil ocho oficio JFAC-102008  la Asociación accionante  reitera las solicitudes efectuadas a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, siendo que a la fecha las gestiones se encuentran pendientes de resolver. (folio 38);\n\ng.       que por oficio JFAC-1020008 del treinta de julio del dos mil ocho la Asociación recurrida pone en conocimiento  del Concejo Municipal  que el Alcalde no estaba exigiendo  las exhaustivas  hidrogeológicas, hidráulicas, hidrológicas, revisadas y aprobadas por Setena, Senara y AYA, contraviendo el Decreto de Zonificación  para la Protección de las Micro cuencas de Heredia y el  Plan Regulador del Gran Área Metropolitana, que a la fecha no han  recibido respuesta alguna. (folio 34);\n\nh.       que el once de agosto del dos mil ocho por oficio JFAC-122008  la Asociación recurrida solicita al Alcalde Municipal, con copia al Concejo Municipal,  se informe de una nueva construcción que se está realizando en Concepción de San Rafael de Heredia, del Abastecedor Camacho ciento cincuenta metros al oeste, siendo que, a la fecha la gestión presentada se encuentra pendiente de resolver. (folio 41);\n\ni.         que de conformidad con el oficio ASUB 470-08 de fecha veintiocho de octubre del dos mil ocho  se establece que el SENARA no ha recibido o  tramitado proyectos o recibido para análisis estudios de la Municipalidad de San Rafael de Heredia  con el fin de valorar los riesgos que los distintos proyectos pueden provocar  en los recursos hídricos subterráneos, en función de la vulnerabilidad a la contaminación o los impactos que se pueden provocar por ser zona de recarga acuífera. (folio 79 al 83); \n\nj.        que según inspección realizada el once de noviembre del dos mil ocho por  SETENA, al proyecto expediente 1091-05, Proyecto de Fraccionamiento Frente a Calle Pública y Parcelas Agrícolas, segregación de dieciocho lotes residenciales, no se ha otorgado la viabilidad ambiental,  se corrobora que en el sitio hay construidas cuatro casas de habitación,  plano catastrado H-702382-2001 (folios 89,  137 y 138);\n\nk.      que según inspección realizada el dos de diciembre del dos mil ocho por  SETENA, al proyecto expediente 1120-05, viabilidad ambiental para casa de habitación con un área de construcción de 998 m2 se observa que se están llevando a cabo labores de construcción, se observaron movimientos de tierra cuyo material se encuentra ubicado dentro de la misma área, además existen sistemas de evacuación de aguas pluviales, plano catastrado número H-873988-2003. (folios 88, 139 y 140);\n\nl.         que según inspección realizada el dos de diciembre del dos mil ocho por  SETENA, al proyecto expediente 600-07, se otorgó permiso de viabilidad ambiental RVLA-578-2007 SETENA únicamente para el trazo y acondicionamiento de accesos, no incluye corte de taludes ni ningún tipo de construcción, se observan dos casas de habitación finalizadas en su totalidad, además hay dos entradas de acceso al área, las cuales están pavimentadas, plano catastrado H-13483-76, folio real número 82742-000. (folios 88 y 144).\n\nII.- Objeto del recurso: Acusa el accionante lesión al derecho de petición, ya que, ha presentado solicitudes de información ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia en fechas dieciocho de junio del dos mil siete, cuatro de marzo, cuatro de abril, treinta de julio y once de agosto todas del dos mil ocho, las cuales a la fecha no han sido  resueltas. Por otra parte arguye lesión al derecho  al ambiente por determinar que la Municipalidad de San Rafael ha permitido construcciones  que afectan los recursos hídricos de la zona contraviniendo el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica y el Decreto de Zonificación de Protección de las Microcuencas de los Rios Segundo, Bermúdez y Tibas.\n\n   III.- Referente al derecho de petición y pronta resolución: Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales del accionante. Del informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que por oficio AANCJF09 y AANCFA10 del dieciocho de junio del dos mil siete la Asociación Ambiental  del Norte de San Rafael de Heredia solicita al Alcalde y al Concejo Municipal información de la finca ubicada en el plano catastrado  de Heredia # 1162149-2007, siendo que a la fecha la gestión presentada se encuentra pendiente de resolver. Que el cuatro de abril del dos mil ocho la Asociación recurrida  reitera la solicitud efectuada el dieciocho de junio del dos mil ocho, además  denuncia la construcción de en dicha propiedad, gestión que a la fecha no ha sido atendida. Que el treinta de junio del dos mil ocho oficio JFAC-102008  la Asociación accionante  reitera las solicitudes efectuadas a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, siendo que a la fecha las gestiones se encuentran pendientes de resolver. Que por oficio JFAC-1020008 del treinta de julio del dos mil ocho la Asociación recurrida pone en conocimiento  del Concejo Municipal  que el Alcalde no estaba exigiendo  las exhaustivas  hidrogeológicas, hidráulicas, hidrológicas, revisadas y aprobadas por Setena, Senara y AYA, contraviendo el Decreto de Zonificación  para la Protección de las Micro cuencas de Heredia y el  Plan Regulador del Gran Área Metropolitana, que a la fecha no han  recibido respuesta alguna. Que el once de agosto del dos mil ocho por oficio JFAC-122008  la Asociación recurrida solicita al Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal se informe de una nueva construcción que se está realizando en Concepción de San Rafael de Heredia, del Abastecedor Camacho ciento cincuenta metros al oeste, siendo que, a la fecha la gestión presentada se encuentra pendiente de resolver. De lo anterior, este Tribunal concluye que el plazo transcurrido –más un año y seis meses - es excesivo y supera los límites de lo razonable, de ahí que, se constata la lesión a los artículo 27 y 41 de la Constitución Política. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso.\n\nIV.- Sobre las aguas subterráneas. Esta Sala en sentencia número 2004-001923 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, dispuso lo siguiente:\n\n“V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o  zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el  aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas. El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.VI.- AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.VII .- Naturaleza y Régimen Jurídico de las Aguas Subterráneas, Mantos Acuíferos y Áreas de Recarga: BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. En nuestro sistema jurídico no existe un único cuerpo normativo sistemático y coherente que regule de forma global la protección, extracción, uso, gestión y administración eficiente de los recursos hídricos. Adicionalmente, la poca legislación existente se centra, preponderantemente, en las aguas superficiales obviando a las subterráneas. Como es propio y consustancial al Derecho Administrativo, se puede constatar en esta materia una dispersión normativa y un conjunto fragmentado, caótico y ambiguo de normas sectoriales que regulan aspectos puntuales quedando serias lagunas y antinomias, todo lo cual también dificulta, seriamente, la gestión ambiental por parte de los entes públicos encargados de la materia. Obviamente, la escasa regulación de las aguas subterráneas no constituye la excepción a la regla anteriormente señalada. En el Derecho de Aguas se han sostenido diversas tesis acerca de su naturaleza jurídica –cuya variación depende de la evolución histórica-. Así a las aguas subterráneas se les ha reputado como a) bienes privados, por lo que son una res nullius apropiable por su alumbrador, esto es, por el propietario del terreno en el que surjan, siguiéndose la máxima del Derecho Romano según la cual la propiedad se extiende desde el cielo hasta el infierno. Las regulaciones decimonónicas sobre el recurso hídrico (v. gr. Ley de Aguas española de 1879 que inspiró a muchas legislaciones latinoamericanas, entre ellas, a nuestra Ley de Aguas de 1942) le darán a las aguas subterráneas un carácter de b) bien mixto, por lo que serán privadas las que el dueño de un terreno particular haga alumbrar y públicas las que nacen en un terreno de dominio público o las primeras después de haberlas utilizado su propietario. Finalmente, a partir del siglo XX, muchas legislaciones van a calificar todas las aguas subterráneas como c) bienes de dominio público, a partir de la indubitada unidad del ciclo hidrológico, con lo que pasan a conformar lo que se ha denominado el “dominio público hidráulico” como parte del dominio natural y no artificial; esta posición concibe el agua como un recurso unitario subordinado al interés general por lo que no se debe distinguir entre superficiales y subterráneas, puesto que, se encuentran íntimamente vinculadas para mantener su calidad y cantidad. De acuerdo con esta última tesis, las aguas subterráneas no son apropiables por ningún particular y su calificación como bienes de dominio público constituye título suficiente para someterlas a un régimen de intervención administrativa muy fuerte e intenso en aras de garantizar su integridad y calidad y de apartarlas de los modos de adquisición y disfrute propios del Derecho Privado. En nuestro ordenamiento jurídico, a partir de una serie de normas dispersas, se puede determinar la naturaleza jurídica de las aguas subterráneas, con evidentes variaciones, según el devenir histórico- legislativo. La Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942 y sus reformas, en su artículo 1°, incisos IV, VIII y IX califica, respectivamente, como aguas de dominio público “Las de los (...) manantiales (...)”, “Las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan en terrenos de dominio público” y “Las subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio de pozos”, puesto que, el ordinal 4°, inciso III, de ese texto legal reputa de dominio privado –y, por ende, pertenecientes al dueño del predio- “Las aguas subterráneas que el propietario obtenga de su propio terreno por medio de pozos”, siendo que los sobrantes – de pozos concesionados para obtener agua con fines no domésticos y necesidades ordinarias- que salgan del terreno se convertirán en aguas de dominio público. Evidentemente, la Ley de Aguas de 1942 sigue una tesis mixta acerca de la naturaleza jurídica de las aguas subterráneas, puesto que, conjuga el carácter res nullius y, por consiguiente, apropiable de éstas si son alumbradas en terrenos privados con el demanial si surgen en un terreno cuyo titular es un ente público. Serán dos leyes posteriores, dictadas durante el curso del último cuarto del siglo pasado, las que reformaron o modificaron, tácitamente lo establecido en los artículos 1°, incisos IV, VIII y IX y 4°, inciso III, de la Ley de Aguas. En realidad, estos dos nuevos instrumentos normativos se inscriben en la corriente contemporánea de concebir las aguas subterráneas como bienes del dominio público en virtud de la unidad del ciclo hidrológico, por lo que son título habilitante suficiente para admitir un fuerte régimen de intervención administrativa para conservar la cantidad, calidad y asegurar una explotación racional y sostenida de los recursos hídricos. Así, el Código de Minería, Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus reformas, en su numeral 4° dispuso lo siguiente “(...) las fuentes y aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y sólo podrán ser explotados por éste, por particulares de acuerdo con la ley, o mediante una concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa (...)”, de esta forma se produjo una publificación y nacionalización de todas las aguas subterráneas del país, incluso las que son alumbradas mediante un pozo ubicado en un predio particular para uso domésticos o necesidades ordinarias. Ulteriormente, la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 13 de octubre de 1995 y sus reformas, en el numeral 50 -cuyo epígrafe es “Dominio público del agua”- reforzó esa declaratoria de demanialidad y preceptúo que “El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”, este instrumento legislativo supone una afectación expresa, de las aguas continentales (aguas superficiales y subterráneas -al no distinguirlas-) al demanio público del Estado y califica de interés social, con lo que se dejó expedito el camino para eventuales expropiaciones o limitaciones por razón de interés social (artículo 45 de la Constitución Política), su protección, preservación o conservación y uso sostenido o racional. VIII.- Mantos Acuíferos, Áreas de Recarga y Descarga. El acuífero es un estrato o formación geológica (depósitos no consolidados de materiales sueltos tales como arenas, gravas, mezclas de ambos, rocas sedimentarias como la caliza, rocas volcánicas, etc.) que permite la circulación del agua por sus poros o grietas, por lo que el ser humano puede aprovecharla en cantidades económicamente apreciables para atender sus necesidades. En un sentido muy lato, los mantos acuíferos son las formaciones geológicas que contienen agua, la han contenido y por las cuales el agua fluye o circula. Dos de los parámetros hidrogeológicos para definir el funcionamiento de un manto acuífero –relación entre la recarga y la extracción del agua o descarga- son la porosidad o permeabilidad –conductividad hidráulica- y el coeficiente de almacenamiento. Existen una serie de formaciones geológicas que no deben confundirse con los mantos acuíferos, así los (a) acuícludos son formaciones geológicas que contienen agua en su interior pero que no la transmiten impidiendo su explotación; en lo atinente a las aguas subterráneas no renovables, fósiles, muertas, estancadas o no fluyentes contenidas en éstos no cabe la menor duda que también son de dominio público, dado que, los artículos 4° del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente no distinguen entre aguas subterráneas y superficiales y, mucho menos, entre las subterráneas renovables y no renovables, por lo que no se les puede concebir como un res nullis susceptible de apropiación por el alumbrador particular. El (b) acuitardo, por su parte, comprende un conjunto de formaciones geológicas que contienen apreciables cantidades de agua pero las transmiten de forma muy lenta. Finalmente, el (c) acuifugo es aquella formación geológica que no contiene agua ni la puede transmitir. En lo relativo a la tipología de los acuíferos, la hidrogeología, los clasifica, según la presión hidrostática del agua encerrada en los mismos, de la forma siguiente: a) acuíferos libres, no confinados o freáticos en los que existe una superficie libre del agua encerrada en ellos en contacto directo con el aire, su tabla de agua se encuentra a presión atmosférica y no está limitado por una capa impermeable y b) acuíferos cautivos, confinados o a presión en los que el agua está sometida a una presión superior a la atmosférica. También existe la subcategoría de los acuíferos colgados que son aquellos libres con una distribución espacial limitada y existencia temporal. La recarga natural de los mantos acuíferos se produce por el volumen de agua que penetra en éstos durante un período de tiempo a causa de la infiltración de las precipitaciones pluviales o de un curso de agua (v. gr. los ríos influentes). Las áreas de recarga, por consiguiente, son todas las zonas de la superficie del suelo donde las precipitaciones pluviales se filtran en el suelo hasta alcanzar la zona saturada incorporándose al acuífero. La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 3°, inciso l), define las áreas de recarga acuífera como “Las superficies en las cuales ocurre la infiltración que alimenta los acuíferos y cauces de los ríos (...)”. La descarga natural es el volumen de agua que, durante un período de tiempo, sale naturalmente del acuífero a través de los manantiales superficiales, subfluviales o submarinos, por evapotranspiración o por percolación vertical hacía acuíferos inferiores. La descarga artificial se produce a través de la extracción del agua mediante pozos, zanjas, trincheras o túneles. Las áreas de descarga de las aguas subterráneas comprenden todos aquellos puntos en los que la tabla de agua o nivel freáctico intersecta la superficie del suelo –manantiales, nacientes, filtraciones- el curso de un río o los lechos marinos o lacustres.  IX.- Tipología de los Mantos Acuíferos en Costa Rica. En nuestro país se reconocen dos tipos de familias de acuíferos: a) Volcánicos o fisurados, formados en rocas ígneas (volcánicas e intrusivas), representan los de mayores dimensiones y mejor calidad y b) Sedimentarios o granulares en formaciones superficiales. En cuanto al primer tipo debe indicarse que las rocas ígneas, naturalmente, no tienen permeabilidad, poseen una porosidad secundaria originada en la presencia de fracturas o fisuras originadas por enfriamiento o eventos tectónicos (áreas vinculadas a fallas geológicas) con lo que adquieren aptitud hidrogeológica. Este tipo de acuíferos surge en las zonas altas donde las precipitaciones son elevadas y particularmente existen rocas volcánicas, ejemplos conocidos y estudiados de éstos son los acuíferos del Valle Central (v. gr. Colima Superior e Inferior y Barva). Desde la perspectiva de la hidrogeología, nuestro país presenta condiciones ideales y excepcionales para la explotación racional y mesurada de las aguas subterráneas, puesto que la Cordillera Volcánica Central está constituida por suelos volcánicos con una elevada capacidad natural de infiltración, siempre y cuando no hayan sido compactados o erosionados por las actividades humanas, con lo que cumplen una función esencial al regular la escorrentía de las aguas superficiales y la recarga de los acuíferos. La alta permeabilidad de los mantos de lava fracturados y brechosos y las condiciones de alta precipitación pluvial favorecen la formación de acuíferos de alto potencial. Las tobas existentes, a su vez, se comportan como rocas de poca permeabilidad que permiten la constitución de acuitardos que son la base de los acuíferos y permiten la transferencia vertical de aguas entre éstos. La ubicación y geomorfología de la Cordillera Volcánica Central, con todos sus acuíferos, es una fuente de primer orden de agua para satisfacer las necesidades de, por lo menos, la mitad de la población del país, incluido la Gran Área Metropolitana y poblaciones circunvecinas. La utilización del agua subterránea en esta zona se efectúa mediante pozos o la captación de manantiales para usos domésticos, industriales, agropecuarios. En la Cordillera Volcánica Central, para el año 1996, el SENARA tenía registrados 3.460 pozos de uso variado y 353 manantiales para abastecimiento público empleados por el ICAA, las corporaciones municipales, las asociaciones administradoras de acueductos rurales y otros entes. También se han localizado este tipo de acuíferos en las formaciones de Liberia y Bagaces (Provincia de Guanacaste). Se encuentra plenamente establecido que este tipo de acuíferos, por sus características petrofísicas, son más vulnerables a la contaminación en sus áreas de recarga cuando no se encuentran en zonas protegidas o reservadas y expuestos a actividades antrópicas como la deforestación, urbanización descontrolada y actividades agropecuarias intensivas y extensivas que conllevan el uso de plaguicidas y agroquímicos, por lo que se encuentran expuestos a una peligrosa y lenta degradación en su calidad ambiental. Los acuíferos superficiales están conformados por capas de rocas no consolidadas de origen reciente y diverso, se trata de rellenos aluviales de algunos valles que pueden alcanzar espesores de unos pocos metros a cien metros, están separados de la superficie por una delgada y permeable capa de suelo por lo que son altamente vulnerables a la contaminación, sobre todo cuando se encuentran debajo de zonas de ocupación antrópica (desarrollo urbano, industrial o de cultivos agrícolas). Este tipo de acuíferos son explotados en la región del Pacífico Central, como, por ejemplo, el relleno aluvial del Valle del Río Barranca que contiene dos acuíferos costeros que son el de Barranca y El Roble .X.- CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero  para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación.   La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a  las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos. La contaminación de las aguas subterráneas puede ser directa o indirecta, lo es del primer tipo cuando se introducen directamente las sustancias contaminantes en el acuífero como el caso de los pozos negros o pozos de inyección, lo es del segundo tipo cuando con dilución se produce por contaminación de la recarga natural. Los agentes de contaminación pueden ser de muy diversa índole, esto es, minerales, orgánicos degradables (excretas y purinas), órganicos poco o no degradables (pesticidas, detergentes, hidrocarburos), biológicos (bacterias, virus, algas), radioactivos y gaseosos. La contaminación de los acuíferos depende de los condicionantes geológicos, hidráulicos y químicos de cada lugar o emplazamiento, por lo que está en función de factores locales razón por la cual se precisa del conocimiento de cada zona y del estudio de casos similares. Los orígenes de la contaminación de los acuíferos pueden ser de muy diversa índole, tales como los siguientes: a) contaminación por actividad doméstica, la cual es orgánica y biológica y nace de tanques sépticos, fugas del sistema de alcantarillado, vertido de aguas negras, a lo que se debe agregar el aumento de productos químicos de uso doméstico como los detergentes; b) contaminación por actividades agrícolas, tenemos aquí el uso de abonos artificiales a base de nitratos, fosfatos y potasa o naturales -a base de estiércol-, el riego con aguas residuales y de alta salinidad y el uso de pesticidas (insecticidas, herbicidas y plaguicidas); c) contaminación por la ganadería, esencialmente, es orgánica y biológica, similar a la doméstica pero más intensa cuando se trata de granjas intensivas; d) contaminación por aguas superficiales, cuando recargan y se encuentran, a su vez, contaminadas; e) contaminación por intrusión salina, se produce cuando las aguas marinas y saladas se introducen en las regiones costeras por la sobreexplotación, a través de pozos, de los acuíferos costeros; f) contaminación por actividades mineras – mineral –, se relaciona con evacuaciones de aguas de mina y lavaderos de mineral; g) contaminación por actividades industriales, este tipo es tan variado como el tipo de industria que la origina, siendo especialmente nocivas las provocadas por metales pesados provenientes de la industria metalúrgica, así como de las industrias químicas, petroquímicas de alimentos (sustancias orgánicas) y bebidas (detergentes); h) contaminación por actividades nucleares, aunque excepcional en nuestro medio, puede provenir de plantas de tratamiento de combustibles irradiados y de minerales radioactivos y de la actividad médica; i) contaminación a través de pozos mal construidos, los pozos pueden intercomunicar varios mantos acuíferos y cuando tienen entubamientos rotos o corroídos en niveles de aguas de mala calidad o que permiten la entrada de aguas superficiales pueden provocarla; j) contaminación a través del vertido de aguas residuales a través de pozos negros, tanques sépticos, fugas de la red de alcantarillado o vertido indiscriminado a las cuencas hidrográficas; k) contaminación por vertido de desechos sólidos, se produce cuando se construye un relleno sanitario en terrenos permeables o no impermeabilizados a través de los lixiviados; l) contaminación por pozos de inyección -forma de utilización del subsuelo como almacén de residuales- mal proyectados, construidos o utilizados. XI.- CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN  EL VALLE CENTRAL DE COSTA RICA. La principal amenaza de contaminación de los mantos acuíferos en Costa Rica y, por consiguiente, de las aguas subterráneas lo constituyen dos factores: a) el crecimiento de la población y la expansión urbana descontrolada sobre las áreas de recarga, fenómenos que generan lixiviados de desechos sólidos y líquidos de origen doméstico e industrial, la incapacidad de infiltración de los suelos, la impermeabilización de las zonas de recarga y la sobreexplotación de los acuíferos; b) la utilización de agroquímicos en la agricultura intensiva del café, banano, algodón, plantas ornamentales y c) impermeabilización de las áreas de recarga por cambios en el uso del suelo, deforestación y ganadería extensiva.  En el caso de los acuíferos que abastecen el Gran Área Metropolitana (Colima Superior e Inferior, La Libertad y Barva) se han observado evidencias de algún impacto de contaminación bactereológica, industrial e incremento de nitratos, por la expansión urbana y la agricultura intensiva en las áreas de recarga. En lo relativo a los nitratos, pese a la buena calidad físico-química y batereológica del agua, se ha detectado una tendencia al incremento de las concentraciones de nitrato, gradiente hidráulica abajo, lo que denota que el agua subterránea está siendo afectada, directa o indirectamente, por la descarga de tanques sépticos y el uso de fertilizantes nitrogenados utilizados en las hortalizas y cafetales. De la misma forma, se ha detectado una sobreexplotación de las aguas subterráneas por extracciones concentradas lo que ha causado un descenso en los niveles de agua y en el caudal de los manantiales y una eventual impermeabilización de las áreas de recarga al estar ubicados los acuíferos en las zonas de mayor crecimiento urbano con un acelerado desarrollo habitacional mediante urbanizaciones, cuyos efectos, según se estima, serían importantes si se impermeabiliza una zona mayor al 20% del área de recarga. XII.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.  Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. Nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas subterráneas. En la legislación extranjera (v. gr. Ley de Aguas española 29/1985 del 2 de agosto) se prevén algunas potestades extraordinarias de intervención administrativa en la economía del agua que atañen directamente a la protección de los mantos acuíferos, en aras de lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos, esto es, para garantizar una disponibilidad de agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades humanas y ecológicas presentes y futuras. Estas potestades administrativas extraordinarias, que deben ser admitidas en nuestro ordenamiento jurídico -pese a su falta de regulación- como implícitas en la competencia expresa y general de protección y conservación de las aguas subterráneas que tienen atribuidas el Estado y los entes descentralizados del sector hídrico, tienen sustento en la necesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del agua. La escasez y degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico imponen la posibilidad administrativa de adoptar tales medidas para evitar su agotamiento o deterioro irreversible y de superar, temporalmente, los efectos nocivos que pueda generar una crisis hídrica. Este tipo de medidas administrativas suponen diversas restricciones y controles drásticos sobre los múltiples usos o aprovechamientos de agua –en especial los generales o especiales de carácter privado- y sobre las actividades preexistentes que puedan afectar el recurso en cuanto se justifican en un interés público, por lo que no afectan el derecho de propiedad o la integridad del patrimonio. En esencia, tales medidas deben ser reputadas como limitaciones de interés social que no vacían de contenido el derecho de propiedad o amplían el dominio público sobre las aguas subterráneas sin previa indemnización sino que moldean su contenido esencial por lo que deben ser soportadas, al tratarse de un sacrificio o una carga general, por todos los usuarios, los que, en último término, son los beneficiarios de éstas, en tanto están orientadas a corregir una situación coyuntural de carestía o contaminación inminente que afecta la economía del recurso hídrico en una zona determinada.  Tales medidas administrativas de intervención, virtualmente contenidas en los artículos 32 de la Ley de Aguas de 1942 y 10° del Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril del 2002), pueden ser las siguientes: a) Perímetros de protección de los mantos acuíferos: Una de los instrumentos más novedosos en la protección de los recursos hídricos es la definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno. Esta medida de intervención administrativa busca preservar la calidad y cantidad del agua contenida pero también de su continente, esto es, de la formación geológica denominada acuífero. Esa actividad consiste en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de éste, en la que se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico –ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas-  y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo –a través de autorizaciones- (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios –almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.). Evidentemente, la definición de perímetros por las autoridades nacionales –MINAE e ICAA-  debe ser respetada por los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU (dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales) para compatibilizar, desarrollar y reflejar efectivamente los condicionamientos establecidos en la definición de los perímetros de protección en la normativa contenida en los respectivos Planes Reguladores sobre los usos de suelo o de ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación, de construcciones, etc.).  Obviamente, a lo anterior debe añadirse la protección alrededor de las áreas de captación (pozos -PPP: perímetros de protección de los pozos-, manantiales, nacientes,  etc.-), mediante la definición de una zona alrededor en la que se prohíban o limiten determinadas actividades humanas regulándose o controlándose el uso del suelo. La determinación del perímetro depende de la zona de captura o de carga del pozo (ZOC)  y su extensión depende de las características y propiedades del área de captación  y del terreno de recarga, puesto que, las normas no pueden ser iguales para el caso de terrenos permeables o fisurados que para los que tengan formaciones impermeables. La definición de perímetros debe conjugarse con  la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y  la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes. Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo  útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b)  áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones,  supuesto en el cual se debe inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas.    b) Declaración de acuífero sobreexplotado: La sobreexplotación de un acuífero sobreviene cuando las extracciones o aprovechamientos son tan intensivos –descarga-  y fuertes que superan los volúmenes de la recarga, con lo que las reservas de agua del acuífero se disminuyen progresivamente y se degradan. La sobreexplotación provoca nefastos efectos económicos y naturales; entre los primeros, los usuarios pueden experimentar el encarecimientos de los costos de extracción –más energía para hacer fluir las mismas cantidades de agua o gastos para reprofundizar un pozo para alcanzar el nivel de agua-, agotamiento de los pozos ubicados en la zonas periféricas del acuífero y en las de mayor concentración de perforaciones; entre los efectos de carácter natural, está la merma en los caudales de aguas en manantiales, ríos, arroyos, quebradas, lagunas, lagos y humedales con lo que se pone en peligro la existencia de éstos y la afectación de la capacidad de las formaciones geológicas – acuíferos – para almacenar agua al disminuir el espacio intersticial en las rocas por falta de la presión interior que aporta el agua, la subsidiencia del terreno por compactación, con alteración del acuífero, aparición de grietas y corrimiento de laderas. En la hipótesis de la sobreexplotación del acuífero, la autoridad administrativa competente puede declarar ese estado para revertir el estado de cosas a través de una ordenación, restricción y reparto de las extracciones o aprovechamientos preexistentes para lograr una explotación racional y la inmediata suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones pendientes a ese momento. Desde luego, que, también, se pueden implementar medidas de ahorro y buena utilización de los recursos como el tratamiento y depuración de las aguas residuales para ser reutilizadas en el riego de ciertos cultivos, sistemas de riego por goteo o nocturno para paliar los efectos de la evapotranspiración, la recarga artificial, etc..    c) Declaración de acuífero en proceso de intrusiones salinas: Se estima que un acuífero está en proceso de salinización cuando, como consecuencia directa de las extracciones, se registran aumentos generalizados y progresivos de concentración salina de las aguas captadas con lo que se corre el peligro de convertirse en inutilizables. La salinización supone una reducción del espesor de la capa de agua dulce bajo la que asciende el agua marina, de modo que el agua de los pozos deja de ser potable e, incluso, inservible para usos domésticos o de riego, siendo la recuperación de acuífero muy difícil o casi imposible. Este problema que se puede presentar en nuestro país, sobre todo, en los acuíferos costeros sobreexplotados –intrusión de origen marítimo- de forma gradual o generalizada, aunque no cabe descartar, en otros puntos, la intrusión de origen continental. La causa de la intrusión salina se encuentra en una explotación irracional o sobreexplotación, por lo que deben implementarse medidas similares a las dispuestas para cuando se produce ese problema tales como la ordenación, restricción y reparto de los aprovechamientos o usos preexistentes y suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones. d) Estados de necesidad y crisis hídrica: En circunstancias anómalas, excepcionales y coyunturales que provocan una calamidad pública o conmoción interna (v. gr. sequías  extraordinarias, sobreexplotación grave de acuíferos o intrusión salina generalizada de éstos), el Estado –a través del Poder Ejecutivo- y, con fundamento en el principio de necesidad, puede adoptar las medidas necesarias e idóneas respecto a la utilización del dominio público hidráulico para superar ese estado de cosas o evitar que se agrave. Cuando cesa el estado de necesidad  y se restablece la normalidad se pueden adoptar otro tipo de medidas como las anteriormente expuestas (perímetros de protección, declaración de acuíferos sobreexplotados o en proceso de salinización). XIII.- PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COSTA RICA. El artículo 31 de la Ley de Aguas No. 246 del 27 de agosto de 1942, declara como “reserva de dominio a favor de la Nación” lo siguiente: “a) Las tierras que circunden los sitios de captación  o tomas surtidoras de agua potables, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables (...)”. Esta declaratoria resulta de suma importancia, puesto que, a partir de la misma  surge la obligación del Estado, a través de sus órganos competentes, de fijar y determinar las áreas de protección perimetral de los pozos o áreas de captación –de 200 metros- y, desde luego, de las áreas de recarga de los mantos acuíferos –zona  en que “se produce la infiltración de aguas potables”- que cuenten o deban contar con una capa forestal para su protección que son tan sensibles para su conservación y protección. De la misma forma, a partir de tal afectación expresa, el Estado puede ejercer las acciones reivindicatorias y posesorias para garantizar la indemnidad de esas zonas y substraerlas de todo tipo de contaminación sometiéndolas a un fuerte régimen de control del uso del suelo, atribución que, muy probablemente, ha omitido ejercer de forma oportuna y exacta. El numeral 32 de la Ley de Aguas de 1942 establece que “Cuando en un área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas Potables –actualmente ICAA- (...) dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación”, esta norma le impone un ineludible deber de colaboración y cooperación al Poder Ejecutivo con el ICAA para adoptar todos los actos y providencias administrativas oportunas y convenientes para conjurar el peligro de contaminación en un área mayor a los perímetros de protección de las áreas de recarga de los acuíferos y zonas de captación. El contenido de la norma es sumamente significativo y rico, puesto que, habilita al Estado para adoptar cualquier medida oportuna para evitar los daños y perjuicios irreversibles que podría provocar un estado de emergencia por crisis hídrica. Evidentemente se trata, también, de una competencia que no ha sido ejercida responsablemente o infrautilizada. La Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, en su artículo 2°, establece que “Son de dominio público todas aquellas tierras que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Salubridad Pública –órganos del Poder Ejecutivo que fueron sustituidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por virtud de su Ley de Creación No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas y, más concretamente, el artículo 2°, inciso h), que le encomendó hacer cumplir la Ley General de Agua Potable- consideren indispensables para construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesarios de las mismas (...)”, evidentemente, esta norma tiene una enorme trascendencia, puesto que, se declara de dominio público las áreas de captación que pueden incluir los manantiales o nacientes –forma de descarga natural de las aguas subterráneas- y, lo que es más importante, le otorga la condición de bien demanial a todos aquellos terrenos necesarios para asegurar la protección sanitaria y física y su caudal, lo cual, necesariamente, incluye las áreas de recarga de los mantos acuíferos claramente delimitadas a través de la actividad perimetradora ya indicada, puesto que, la desprotección de estas zonas incide, necesariamente, en la calidad –por contaminación- y caudal –por impermeabilización o sobreexplotación- de las aguas para consumo y uso humanos que brotan de un manantial.  La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 33, incisos a) y d), respectivamente,  dispone que son áreas de protección las “ (...) que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal” y “Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley”, evidentemente estas normas le dan sustento a la actividad o intervención administrativa para definir los perímetros de protección de los acuíferos y zonas de captación. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 13 de octubre de 1995, en su artículo 51, indica que para la conservación y uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: “a) Proteger, conservar y en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico”,  “b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico” y “c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”.  Se establece así la necesidad de proteger y conservar la integridad y unidad del ciclo hidrológico sin hacer distinciones, el cual comprende, especialmente, las aguas subterráneas.  Finalmente, los artículos 5°, inciso e), párrafo in fine de la Ley de Creación del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) y  15 de la Ley de Creación del SENARA (No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas) coronan el marco normativo para la protección institucional de las aguas subterráneas al indicar, respectivamente, “Se declaran de utilidad pública y de interés social, y podrán ser expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...)”  “Decláranse de interés público las acciones que promueve el Estado, con el objeto de asegurar la protección y el uso racional de las aguas (...)”. En el ordenamiento jurídico-administrativo de las aguas nos encontraremos, también, con una serie de obligaciones y cargas impuestas a los particulares y sujetos de derecho público –entes y órganos públicos- para una adecuada protección del dominio público hidráulico subterráneo y superficial. Así la Ley de Aguas de 1942 y otros cuerpos legislativos, establecen una serie de prohibiciones y obligaciones para los propietarios y usuarios de los manantiales –que son un componente del área de descarga de un manto acuífero-, como las siguientes: a) los usuarios o concesionarios deben ajustarse a los reglamentos de policía y salubridad en cuanto a las aguas sobrantes que son devueltas a un manantial para evitar contaminaciones o fetidez –de no hacerlo pueden perder el aprovechamiento especial y sufrir pena de multa- (artículos 57 y 166, inciso III, ibidem), de modo concordante, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 del 21 de octubre de 1992, en su artículo 132, párrafo 1°, prohíbe “(...) arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no (...) lagos (...)” y le impone al que incumpla la norma una multa de 50.000 a 100.000 colones convertible en pena de presión de uno a dos años. b) Se prohíbe la construcción de estanques para criaderos de peces en los manantiales destinados al abastecimiento de poblaciones (artículo 63 ibidem). c) Los propietarios de terrenos en los que existan manantiales en cuyos contornos hayan sido destruidos los bosques que les brindaban abrigo están obligados a plantar árboles en las márgenes a una distancia no mayor de 5 metros (artículo 148 ibidem). d) Se prohíbe destruir, tanto en bosques nacionales como particulares, los árboles situados a menos de 60 metros de los manantiales que nacen en los cerros o a menos de 50 metros de los que surgen en terrenos planos (artículo 149 ibidem), la Ley Forestal, No. 7575 del 13 de febrero de 1996, dispone, en su artículo 34, de forma coincidente, que “Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección que bordean las nacientes permanentes y de recarga y los acuíferos de los manantiales”. e) Toda solicitud de aprovechamiento de aguas vivas, corrientes y manantiales deberá dirigirse al Ministerio de Ambiente y Energía con la presentación de una serie de requisitos (artículo 178 ibidem). En lo tocante a los entes y órganos públicos que tienen competencia y responsabilidades en materia de protección de las aguas subterráneas, se establecen una serie de obligaciones y prohibiciones tales como las siguientes: a) Se le prohíbe a las Municipalidades enajenar, hipotecar o comprometer de otra manera, arrendar, dar en esquilmo, prestar o explotar por su propia cuenta –sobre todo si supone deforestación- las tierras que posean o adquieran en las márgenes de los ríos, arroyos o manantiales o en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales o en que tenga sus orígenes (artículos 154 y 155 ibidem). b) Se obliga a las Municipalidades a reforestar tales terrenos (artículo 156 ibidem). c)  Se obliga a toda Municipalidad, Junta de Educación, Junta de Protección Social y, en general, a todo “organismo de carácter público”, consultar para obtener el respectivo permiso al Ministerio de Agricultura para enajenar, hipotecar, dar en arriendo, esquilmo o explotar por su cuenta terrenos que posean o adquieran en los que existan aguas de dominio público utilizables (artículo 157 ibidem).  La Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, de su parte, contiene normas específicas para la protección y conservación efectiva de las aguas subterráneas, así el artículo 275 estipula que “Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas superficiales, subterráneas (...) directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no radiactivos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza, que, alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación.”, por su parte el numeral 276 establece que solo con permiso del Ministerio se podrán hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima, “(...) ciñéndose a las normas y condiciones de seguridad reglamentaria y a los procedimientos especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos inocuos”. Los artículos 285 y 291 de ese cuerpo normativo, respectivamente, obligan a toda persona a eliminar las excretas y aguas negras de forma adecuada y sanitariamente para evitar la “contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano”  y prohíben la descarga de residuos industriales o de establecimientos de salud en el alcantarillado para “evitar la contaminación de las fuentes o cursos de agua”. Finalmente, el artículo 309 de esa ley establece que a los urbanizadores el Ministerio de Salud les aprobará el proyecto, entre otras cosas, si éste “(...) dispone de sistemas sanitarios adecuados (...) de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas”.  XIV.- ENTES Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS RESPONSABLES DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y, EN ESPECIAL, DE LOS MANTOS ACUÍFEROS. DELIMITACION DE COMPETENCIAS. La gestión de los recursos hídricos subterráneos comprende diversos aspectos tales como la investigación de su potencial, identificación, categorización, planificación de sus usos, protección, aprovechamiento racional, prevención y sanción del daño ecológico o contaminación, control y seguimiento ambiental de su uso, etc.. Consecuentemente, lo idóneo es que existiera un ente administrativo regulador y rector en la materia, sin embargo, las competencias para el manejo integrado de los recursos hídricos subterráneos se encuentran dispersas y fragmentadas, por lo que, ocasionalmente, son exclusivas o excluyentes de un solo ente y, la mayoría de las veces, concurrentes, compartidas o paralelas lo cual requiere de un esfuerzo de coordinación administrativa particular para asegurar su utilización sostenible. En el conjunto heterogéneo y disperso de entes y órganos administrativos que conforman la administración pública costarricense se puede identificar un sector de éstos que tienen asignadas, por ley o reglamento, una serie de competencias irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles en materia de conservación y protección de aguas subterráneas que no pueden declinar y deben ejercer de forma efectiva en aras de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todos los habitantes del país. En ese sector del aparato público o de organizaciones serviciales para la satisfacción de las necesidades de toda la colectividad, se puede identificar un grupo que pertenece a la administración central o ente público mayor –Estado- que son, preponderantemente algunos Ministerios u órganos de éstos- y otro conformado por entes descentralizados funcionalmente o por servicios –de carácter técnico- y territorialmente –Municipalidades-. 1.- Administración Central. a)    Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos el Departamento de Aguas y el Órgano Asesor de Aguas. b)     El artículo 3°, inciso l), de la Ley Forestal, No 7575 del 13 de febrero de 1996, le impone al Ministerio de Ambiente y Energía la competencia indeclinable de delimitar las áreas de recarga acuífera –por propia iniciativa o de organizaciones interesadas, y previa consulta al ICAA, el SENARA o cualquier otra entidad técnicamente competente en materia de aguas. El artículo 17, párrafo 1°, de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre faculta y habilita al Ministerio de Ambiente y Energía para “(...) coordinar acciones con los entes centralizados (sic.) o descentralizados que ejecuten programas agropecuarios de conservación de suelos, aguas y bosques, con el fin de lograr el aprovechamiento “sostenible” de la vida silvestre”. Este Ministerio cumple un rol de fundamental importancia en una de las vertientes de la administración de los recursos hídricos como lo es el control o fiscalización en el aprovechamiento y uso de las aguas subterráneas para asegurar su explotación racional. El Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 30387 del 29 de abril de 2002), dispone en su ordinal 1° que “Toda empresa perforadora debe inscribirse (...) ante el Departamento de Aguas, con el fin de que se le extienda la licencia que le permita ejercer actividades de perforación y exploración de aguas subterráneas”. Estas funciones son compartidas con el SENARA y el ICAA, puesto que, el Departamento de Aguas del MINAE debe trasladarles el asunto para que, respectivamente, emitan criterio técnico, se asigne el número de pozo, se registre en el Registro Nacional de Pozos –SENARA- y se dictamine sobre el perjuicio o no a las fuentes de abastecimiento de agua destinadas al consumo humano –ICAA- (artículo 7°). Este reglamento establece que se denegará el permiso de perforación en las zonas que no permitan una explotación racional del recurso hídrico tales como las declaradas por el Estado u otra institución competente área de protección y reserva acuífera, las que sufran sobre-explotación, bajo condiciones de vulnerabilidad de la capacidad máxima de explotación del acuífero, las susceptibles de intrusión salina, contaminación y otras razones que a juicio del MINAE y SENARA afecten el acuífero e impidan su explotación y las de interferencia con otros pozos o nacientes de agua (artículo 10°).   Mención especial merece el Departamento de Aguas, adscrito al Instituto Metereológico Nacional –órgano del MINAE-, cuyas funciones de interés, entre otras, a tenor del artículo 3° del Decreto Ejecutivo No. 26635-MINAE del 18 de diciembre de 1997, son las siguientes: “ a) Definir las políticas nacionales en cuanto al recurso hídrico. b) Ejercer el dominio, vigilancia, control y administración de las aguas nacionales. c) Tramitar las solicitudes de concesión para el desarrollo de fuerzas hidráulicas para la generación de electricidad. d) Tramitar y autorizar los permisos para la perforación de pozos para la extracción  de aguas. (...) J) Inscribir las empresas perforadoras de pozos y las sociedades de usuarios, así como los movimientos que se realicen en sus estatutos y representantes (...). n) Aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Aguas, previo cumplimiento del debido proceso (...)” . El Jefe de este Departamento, tiene, a su vez, importantes competencias en la materia (artículo 4°), tales como las siguientes: a) emitir informes de recomendación sobre concesiones, traspasos, aumentos de caudal, ampliación de uso o cualquier otro trámite referido al aprovechamiento del recurso hídrico; b) aprobar los permisos de perforación de pozos, etc.. En el ordinal 5° del referido decreto se crea el “Órgano Asesor de Aguas” integrado por representantes de diversos entes involucrados en el sector hídrico (ICAA, SENARA, ICE, Universidades Públicas, UNGL, etc.), entre cuyas funciones figuran las siguientes (artículo 7° ibidem): a) Asesorar y recomendar lineamientos de políticas en materia de recursos hídricos, considerando los planes de desarrollo nacional y sectorial, disponibilidad hídrica y la normativa legal existente); b) Revisar y pronunciarse sobre el Balance Hídrico propuesto por el Departamento de Aguas y su administración para cada región del país y c) Asesorar al Departamento de Aguas en la fijación de dotaciones por parte de éste, para el uso del agua según la actividad productiva y la región en que se desarrolle.  b) Ministerio de Salud.     Las competencias de este ministerio se encuentran circunscritas a hacer efectivas las prohibiciones establecidas en los ordinales 275, 276, 285 y 291 de la Ley General de Salud – contaminación directa e indirecta de las aguas superficiales y subterráneas y  descarga de residuos industriales o de salud en el alcantarillado- y de sancionar su transgresión. Asimismo, le corresponde aprobar los proyectos urbanísticos cuando dispongan de sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas, aguas negras y servidas (artículo 309 ibidem). c) Ministerio de Agricultura y Ganadería.  El MAG tiene, realmente, una competencia secundaria o residual en la materia, puesto que, la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 del 30 de abril de 1998, en su artículo 21, le impone en materia de aguas el deber de coordinar con el SENARA y cualquier otra institución competente “(...) la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas (...).2.- Administración descentralizada. a)  ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)     La Ley Constitutiva del ICAA (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) le atribuye, en lo que es de interés, las siguientes competencias (artículo 2°): a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (...) c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (...) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al (...) control de la contaminación de los recursos de agua (...) siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones (...) f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades”. De su parte el artículo 5° de esa ley habilita al ICAA para “c) Adquirir en propiedad bienes muebles e inmuebles” y “e) Tramitar las expropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, siendo que este mismo inciso en su párrafo 2° declara de utilidad pública y de interés social, pudiendo ser expropiados, “(...) los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación (...). El numeral 21 de la ley de Creación le confiere al ICAA la potestad de aprobar o improbar todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, siendo la misma obligatoria, so pena de nulidad, en tratándose de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones. Finalmente, el artículo 22 de su ley de creación establece que “Es obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado sufragar los gastos que demanden la conservación, ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de aguas, en las propiedades de aquellas Municipalidades donde asuma los servicios de aguas y alcantarillado”.  De acuerdo con el artículo 2°, inciso h), de la Ley de Creación de este ente descentralizado (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) es parte de sus competencias la de hacer cumplir la Ley de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, siendo que el artículo 16 de este último cuerpo normativo prohíbe las instalaciones, edificaciones o labores comprendidas en las “zonas cercanas a fuentes de abastecimiento (...) que perjudique en forma alguna (...) las condiciones físicas, químicas o bactereológicas del agua; esta zonas serán fijadas por el Ministerio de Obras Públicas y Salubridad Pública” –órganos que, como ya se indicó fueron sustituidos, para todos los efectos legales, por el ICAA-. Consecuentemente, al ICAA, también, le compete definir las áreas de protección de fuentes de abastecimiento tales como los manantiales o nacientes que son una forma natural de descarga de las aguas subterráneas. El artículo 34, párrafo in fine, de la Ley Forestal  le impone la realización de los alineamientos de las áreas de protección al INVU. Se trata, en realidad, de una competencia que no es exclusiva o excluyente del ICAA o del INVU, sino concurrente o compartida, por lo que los dos entes públicos tienen el deber de ejercerla.  El artículo 3° de la Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, le impone la obligación al ICAA de “(...) seleccionar y localizar las aguas destinadas al servicio de cañería (...), con lo cual es responsabilidad de este ente efectuar un inventario pormenorizado de las nacientes que puedan ser utilizadas para proveer de agua de consumo humano a las poblaciones, lo anterior, independientemente, de encontrarse el suministro y distribución en manos de un Municipio en un cantón determinado. b)  SENARA (Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento).     A pesar de tener aparentemente limitada su competencia a los distritos de riego, avenamiento y control de inundaciones –unidades físicas técnico-administrativas de carácter agropecuario para el logro de su desarrollo socioeconómico definidas por Decreto Ejecutivo a solicitud de este ente (artículos 17 y 18 de su Ley de Creación No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas)-, es lo cierto que su ley constitutiva le asigna importantes competencias en materia de aguas subterráneas, las cuales, evidentemente, tienen una vocación nacional y, por consiguiente, no se circunscriben a los meros distritos de riego. Lo anterior resulta corroborado por los antecedentes de este ente público, puesto que, la Ley No. 5438 del 17 de diciembre de 1973 –que ratificó y sustituyó el Decreto Ejecutivo No. 1878-P del 22 de julio de 1972-, actualmente derogada, creó el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENAS) con una vocación claramente nacional para la planificación, investigación y asesoría de todo lo relativo a la materia. Así, entre otros objetivos, el SENARA tiene el de procurar el aprovechamiento óptimo y justo de los recursos de (...) aguas –tanto superficiales como subterráneas- en las actividades agropecuarias (...) en los distritos de riego” (artículo 2°). Entre sus funciones figura la de “Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país tanto superficiales como subterráneos” y “Realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas (...)” (artículo 3°, incisos d y e). En el artículo 4°, se establece que le compete al SENARA promover y dirigir la coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes en materias tales como “Prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego”, “Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la evaluación de su uso potencial para efectos de aprovechamiento en los distritos de riego” y “Construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la conservación y renovación de los manos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias en los distritos de riego” (incisos c, ch y f). Dentro de las atribuciones de la Junta Directiva está la de expedir los acuerdos de solicitud de recuperación, expropiación o compra de las “(...) tierras en que asienten o subyazcan recursos hídricos (...)” (artículos 6° y 7°).      c)  INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).     El artículo 34, párrafo 2°, de la Ley Forestal dispone que los alineamientos de las áreas de protección contempladas en su artículo 33, entre las que figuran las que bordean las nacientes permanentes, las de recarga y los acuíferos de los manantiales, serán realizados por el INVU. Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-MINAE del 12 de febrero de 1997, le impone a esa entidad la fiscalización del “Área de Control Urbanístico”  que comprende algunos de los distritos de las Provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, siempre que el Gobierno Municipal no haya promulgado un Reglamento de Zonificación, siendo que en la “zona de especial protección” toda edificación se debe construir bajo estricto control  debiéndose aprobar un Estudio de Impacto Ambiental  por el MINAE y  construir una planta de tratamiento para aguas residuales autorizada por el ICAA y el Ministerio de Salud para evitar “(...) la contaminación de los mantos acuíferos y de los cauces fluviales a que (sic.) desemboquen”.  d) MUNICIPALIDADES. Las corporaciones municipales tienen un papel de primer orden en la protección y conservación de las aguas subterráneas a través de una serie de instrumentos indirectos. Así, la Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968), hace más de 35 años, con fundamento en el ordinal 169 de la Constitución Política -en cuanto les compete “La administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón”- les impuso el deber de promulgar un plan regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los reglamentos de desarrollo urbano conexos (artículos 15 y siguientes). Dentro de ese plan regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.),  las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Por aplicación de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política), a la vida y la salud humanas (artículo 21 ibidem) y en aras de un desarrollo sostenible los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales y nacientes están especialmente llamados y  obligados a regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos, puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supralocal o nacional. Los habitantes de esas localidades, de su parte, deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas, puesto que, es en beneficio de ellos, de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que discurren por el manto acuífero y que afloran o descargan en otros cantones y, desde luego, de las futuras generaciones.    XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los  costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar  contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas  socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación.” (sentencia número 2004-001923 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro).        \n\nV.- En cuanto a las lesiones al derecho al ambiente: Del análisis de los elementos probatorios esta Sala verifica la lesión al derecho al ambiente por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que de conformidad con el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica se determina que  el Cantón de San Rafael de Heredia se ubica en una zona de alta y mediana vulnerabilidad hidrogeológica. Que la zona se localiza sobre formaciones geológicas: lavas, tobas y lahares, que tienen restricciones  de uso de suelo para urbanizaciones, cultivos agrícolas, tanques de tuberías químicas, descarga al terreno de efluentes líquidos, rellenos sanitarios y canteras debiendo observarse el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y medidas de protección. Que el SENARA, CCSS, MS, ESPH, MAG, UNA, MINAE ACCVC integran la Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia que desarrolla el Proyecto de Zonificación de protección acuífera micro-cuencas Heredia para definir dos zonas acuíferas 1 y 2 correspondientes ésta última al Cantón de Concepción de San Rafael de Heredia, mismas que tiene las siguientes limitaciones de uso del suelo: No se permiten Urbanizaciones de alta densidad, tampoco fraccionamiento, lotificaciones o segregaciones agropecuarias que pongan en peligro los recurso hídricos, debe realizarse que el proyecto no impacte los recursos hídricos, debe realizarse evaluaciones  exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental donde no sólo se considere la zona de influencia directa, sino la microcuenca de interés. Que en la gaceta número 190 del cuatro de octubre del dos mil seis  la Municipalidad de Heredia acoge la publicación  de Delimitación de Zonas  de Protección  Acuífera en las microcuencas de los ríos, Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás y la Federación de las Municipalidades de Heredia, aprobada por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia en Sesión Ordinaria # 11-2006 del siete de junio del dos mil seis. Que mediante dictamen ASUB-68-08 del veintisiete de febrero del dos mil ocho emitido por el Área de Aguas Subterráneas, referente a la perforación de pozos  señaló: 1.- Se le comunica a todas las Instituciones del Estado y Municipalidades del Valle Central, la siguiente disposición en cuanto a las solicitudes de perforación de pozos, la cuál rige a partir del primero de marzo del dos mil ocho.2.-Debido al déficit de la oferta de acuíferos, en adelante, no se autorizarán  nuevos permisos de perforación en la zona norte de Heredia y la Zona de Restricción de perforación. 3.- El Acuífero de Colima Inferior queda reservado para el uso exclusivo de consumo humano por parte de las entidades públicas que brindan el servicio. Las entidades deben coordinar con el Senara y el Minae la evaluación por medio de estudios hidrogeológicos, la determinación de los volúmenes utilizables del Acuífero de Colima Inferior.4.- En el resto de la zona, para la tramitación de nuevas solicitudes de perforación de pozos, los usuarios deben presentar los estudios que permiten cumplir con la disposición de la Contraloría General de la República. Que de conformidad con el oficio ASUB 470-08 de fecha veintiocho de octubre del dos mil ocho  se establece que el SENARA no ha recibido o  tramitado proyectos o recibido para análisis estudios de la Municipalidad de San Rafael de Heredia  con el fin de valorar los riesgos que los distintos proyectos pueden provocar  en los recursos hídricos subterráneos, en función de la vulnerabilidad a la contaminación o los impactos que se pueden provocar por ser zona de recarga acuífera. Que según inspección realizada el once de noviembre del dos mil ocho por SETENA, al proyecto expediente 1091-05, Proyecto de Fraccionamiento Frente a Calle Pública y Parcelas Agrícolas, segregación de dieciocho lotes residenciales, no se ha otorgado la viabilidad ambiental,  se corrobora que en el sitio hay construidas cuatro casas de habitación, plano catastrado H-702382-2001. Que según inspección realizada el dos de diciembre del dos mil ocho por  SETENA, al proyecto expediente 1120-05, viabilidad ambiental para casa de habitación con un área de construcción de 998 m2 se observa que se están llevando a cabo labores de construcción, se observaron movimientos de tierra cuyo material se encuentra ubicado dentro de la misma área, además existen sistemas de evacuación de aguas pluviales, plano catastrado número H-873988-2003. Que según inspección realizada el dos de diciembre del dos mil ocho por  SETENA, al proyecto expediente 600-07, se otorgó permiso de viabilidad ambiental RVLA-578-2007 SETENA únicamente para el trazo y acondicionamiento de accesos, no incluye corte de taludes ni ningún tipo de construcción, se observan dos casas de habitación finalizadas en su totalidad, además hay dos entradas de acceso al área, las cuales están pavimentadas, plano catastrado H-13483-76, folio real número 82742-000. De lo anterior la Sala determina la lesión al  artículo 50 de la Constitución Política por constatar que la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha permitido construcciones, lotificaciones y fraccionamientos en una zona de alta y mediana vulnerabilidad hidrogeológica,  sin realizar las evaluaciones  exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental para determinar que tales proyectos no impacten los recursos hídricos y las microcuencas; esto de conformidad con el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica y la Delimitación de Zonas  de Protección Acuífera en las microcuencas de los ríos, Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás y la Federación de las Municipalidades de Heredia. De ahí que, se constata que tal omisión repercute  directamente en el ambiente al poner en peligro los recursos hídricos. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso por lesión al artículo 50 de la Constitución Política.\n\n \n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso por violación a los artículos 27, 41 y 50 de la Constitución Política;  y en consecuencia: a) se suspenden todos los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de San Rafael de Heredia discutidos en este recurso de amparo hasta tanto no se realicen las evaluaciones  exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental para determinar que tales proyectos no impacten los recursos hídricos y las microcuencas de conformidad con el Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica y la Delimitación de Zonas  de Protección  Acuífera en las microcuencas de los ríos, Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás y la Federación de las Municipalidades de Heredia, aprobada por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia en Sesión Ordinaria # 11-2006 del siete de junio del dos mil seis ; b) Se ordena a Alberto Vargas Esquivel, Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y a  Amable Corrales Valverde, Presidenta del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, bajo pena de desobediencia que en el término improrrogable de ocho días contado a partir de la notificación de esta sentencia, respondan y comuniquen las gestiones presentadas por el recurrente el dieciocho de junio del dos mil siete, el cuatro de abril del dos mil ocho,  el treinta de junio del dos mil ocho,  treinta de julio del dos mil ocho y el once de agosto del dos mil ocho.  Se les advierte a Alberto Vargas Esquivel, Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y a Amable Corrales Valverde, Presidenta del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de Heredia,  que de no acatar las órdenes impartidas en esta sentencia incurrirían en el delito de desobediencia el que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sanciona con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden que deba cumplir o hacer cumplir dictada en un recurso de amparo y no la cumpla o haga cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.  Notifíquese esta resolución a Alberto Vargas Esquivel, Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y a  Amable Corrales Valverde, Presidenta del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes ocuparan esos cargos en forma personal.\n\n \n\n \n\nAdrián Vargas B.\n\nPresidente a.i.\n\n \n\n \n\n            \n\n            Gilbert Armijo S.                                                                  Ernesto Jinesta L.\n\n \n\n \n\n            \n\n            Fernando Cruz C.                                                                 Rosa María Abdelnour G.\n\n \n\n \n\n            \n\n            Roxana Salazar C.                                                                Alexander Godínez V.\n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE N° 08-014174-0007-CO\n\n \n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:20:33.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "CONSTITUTIONAL COURT OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at sixteen hours and forty-five minutes on August eleven, two thousand nine.\n\n   Amparo action filed by José Francisco Alfaro Carvajal, identity card number 1-0518-0468, on behalf of the Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, legal entity number 3-002-443966, against the Municipalidad de San Rafael de Heredia.\n\nWhereas:\n\n1.- By written submission received at the Secretariat of the Court at seven hours and forty-two minutes on October twenty-one, two thousand eight, the petitioner filed an amparo action against the Municipalidad de San Rafael de Heredia. The petitioner alleges violation of Articles 27, 41, and 50 of the Political Constitution, since, through official letters AANCJFO9 and AANCJFA1O of June eighteen, two thousand seven, the Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia requested from the Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia and the Municipal Council information regarding earthworks (movimientos de tierra) being carried out on a property located in Concepción de San Rafael, a property with Heredia cadastral map No. 1162149-2007, near the right bank of the Turales River. He states that in said missive he requested to be informed of the type of project to be developed and, in turn, requested delivery of copies of the official letters and their numbers, in which the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, and the Municipalidad de San Rafael approved the exhaustive, hydrogeological, hydraulic, hydrological evaluations and the environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) for the subdivision (fraccionamiento) and earthworks of the completed project. He asserts that the request was made so that both the direct influence zone and the entire micro-watershed would be considered in order to verify that the project would not negatively impact the water resource of the area, as required by the Decree for Zoning of Protection of the Micro-Watersheds of Heredia, approved by the Municipalidad de San Rafael de Heredia on September four, two thousand six. He maintains that he requested to be informed of the participation of the Municipalidad de San Rafael in the analysis of the project in accordance with the Decree for Zoning of Protection of the Micro-Watersheds of the Segundo, Bermúdez, and Tibás Rivers, which was approved by the same municipality, all for the purpose of knowing whether they had granted permits without having required all the cited exhaustive evaluations, by virtue of which the works should be halted and the corresponding responsibilities established. He points out that he requested verification of the requirement for hydraulic capacity studies approved by the corresponding authorities for the new constructions in the area. However, the respondent Mayor communicated to them official letter number 349-2007-DMI-SRH from the Municipal Engineer in charge, in which the latter declared lack of jurisdiction. In view of the foregoing, as of the date of filing this action, the respondent Mayor has not responded to the requests of the protected Association. He alleges that due to the lack of response, they again pursued their environmental complaint before the Mayor and the Municipal Council on March four and April four, two thousand eight. He claims that the only response from the respondent Council was that they would refer the matter to the Legal Advisor, who has also not given them a concrete response. He asserts that by virtue of the series of constitutional violations, they again submitted petitions before the respondent municipal authorities on July thirty and August eleven, two thousand eight, requesting a response to halt the environmental problems that could affect the water resource of the area, and requesting a series of information regarding earthworks. He considers that the municipal inertia and the omission to respond to the petitions of the protected party have resulted in a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. They consider that the Mayor and the respondent Municipal Council must obligatorily and immediately proceed to require the exhaustive evaluations within the canton they defend regarding subdivisions, notifications, or agricultural segregations, and not only for urbanizations, in addition to complying with the densities recommended by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento -SENARA-. He maintains that, on the other hand, the study of environmental viability of the denounced situations must be mandatorily complied with, all in order to protect the water resource of the canton, which is one of the most important in the Metropolitan Area regarding this topic. He requests that the action be granted.\n\n2.- Bernal Soto Zúñiga, General Manager with powers of unlimited general attorney-in-fact of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (folio 74), reports that regarding the earthworks on the property located in Concepción de San Rafael de Heredia on cadastral property N 1162149-2007 near the right bank of the Turales River, main road San Rafael to Concepción, he explains that in their records no data is found for projects at the coordinates. That in their records there is a request from the Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, an inspection was carried out for the drilling of a well on the property located 150 meters west of the Camacho supplier, and that it appears to be the same property, said case was responded to via note ASUB 378-08 in which it is indicated that as of August twenty-six, two thousand eight, no drilling permits had been reported at the indicated site. Likewise, he explains that no projects are found in the subdivision in front of the public road and agricultural parcels Monteverde on Calle Charquillo, in Corazón de Jesús, eight hundred meters north, nor in the earthworks being carried out in the plaza of Concepción de San Rafael de Heredia. That SENARA has not received or processed any project for analysis or study from the Municipalidad de San Rafael de Heredia, for the purpose of assessing the risks that the different projects may cause to groundwater resources based on pollution vulnerability or the impacts that may be caused by being aquifer recharge zones.\n\n3.- Sonia Espinoza Valverde, Acting General Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 84), reports that file number D2-600-07, referring to the earthworks that were being carried out on a property located in Concepción de San Rafael de Heredia, a property with Heredia cadastral map # 1162149-2007 near the right bank of the Turales River, main road San Rafael to Concepción, states that the Secretariat only authorized, through environmental viability (viabilidad ambiental) RVLA-578-2007-SETENA, solely the layout and conditioning of two accesses to the property, the first six meters wide by forty-four point zero nine meters long and the second six meters wide by forty-three point twenty meters long, thus contemplating earthworks of two hundred cubic meters and fill without movement outside the project area, and does not include slope cuts or any type of construction. Regarding file number D2-1120-05 for the project named single-family dwelling, property of Inmobiliaria Casa Costa Rica S.A., environmental viability was granted through RVLA-1049-2005-SETENA dated October fourteen, two thousand five. As for file number D1-1091-05, there exists in the Secretariat the project named Subdivision (Fraccionamiento) Frente a calle pública y Parcelas Agrícolas Monteverde, it does not have environmental viability, the administrative file contains a complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo under number 96-08-03-TAA, and upon conducting an inspection in Concepción de San Rafael on Calle Charquillo in Corazón de Jesús eight hundred meters north, no houses under construction or earthworks were located. That the Secretariat granted environmental viability to two low environmental impact projects, files D2-600-2007 and D2-1120-05, while for file number D1-1091-05 for the Subdivision Frente a Calle Pública y Parcelas Agrícolas Monteverde project, precisely regarding the management of wastewater, the Secretariat did not accept the project developer's proposal for septic tanks, but rather requested another alternative means, and environmental viability was not granted due to non-submission of what was ordered. It considers that the viabilities granted are in accordance with the law.\n\n4.- Alberto Vargas Esquivel, Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, Amable Corrales Valverde, President of the Municipal Council, and Ing. Lidia Barquero Paniagua, Acting Head of the Engineering Department (folio 101), report that having timely received official letters AANCJF09 and AANCJFA10 from the Asociación Ambientalista del Norte de San Rafael de Heredia, the Mayor's office proceeded to request information on the matter; the Engineering Department responded within the limits of its competence that it had environmental viability Number RVLA-578-2007-SETENA from which, as deduced from official letter 349-2007-DIM-SRH, it was not any permit application for any project, but rather that the viability explicitly specified that it consisted \"solely of the layout and width and conditioning of two accesses to the property, the first six meters wide by forty-four point zero nine meters long and the second six meters wide by forty-three point twenty meters long, therefore it contemplates earthworks of up to two hundred square meters of fill without movement outside the Project Area.\" That there being no permit application for any project, only for property accesses, which are not subject to the limitations established in the \"Delimitation of aquifer protection zones in the micro-watersheds of the Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, Pará, Heredia rivers,\" approved by the Municipal Council of San Rafael de Heredia in ordinary session 11-2006 of June seven, two thousand seven, which establishes: \"The land-use limitations for Zone 1 are as follows: High-density urbanizations are not permitted, nor subdivisions, notifications, or agricultural segregations that endanger water resources.\" It was not appropriate to require: \"the exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrological evaluations, the environmental impact assessment, where not only the direct influence zone is considered, but the entire micro-watershed of interest. The above studies must be reviewed and approved by SETENA-MINAE, SENARA, Municipalities, AYA with the participation of the communities.\" They state that the fundamental rights of the petitioners have not been harmed.\n\n5.- On folio 116 appears a submission from the petitioner who states that it is false that the Subdivision Frente a la Calle Pública y Parcelas Agrícolas de Costa Rica project has no houses built. He explains that according to the inspection record issued by SETENA on April twenty-five, two thousand eight, and which appears in the Tribunal Ambiental Administrativo under file 96-08-03-TAA, it establishes that the project has four fully built houses and two are in the grey structure phase.\n\n6.- On folio 125 appears a submission from the petitioner who reiterates that for construction on these properties, the exhaustive hydrogeological evaluations should have been requested. He reiterates that they have not received a timely response to the requests of interest to them. He points out that the subdivision and land forming project, SETENA file D2-600-07, which has been subdivided into twelve lots with the approval of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, have already begun building single-family dwellings, given that the environmental viability obtained was only for accesses to the property, not for slope cuts or any type of construction. Furthermore, the houses being built on cadastral map H-702383-2001 are being constructed without permits and with septic tanks, contravening SETENA's recommendation. He indicates that the canton of San Rafael de Heredia is located in a zone of hydrogeological vulnerability, so permitted projects must be of low or medium density, both with treatment plant and sewer systems, and that the project is located in aquifer zone 1, which has the following land-use limitations: \"high-density urbanizations are not permitted, nor subdivisions, notifications, or agricultural segregations that endanger water resources. To demonstrate that the project does not impact water resources, exhaustive hydrogeological, hydraulic evaluations and environmental impact assessments must be carried out, where not only the direct influence zone is considered, but the entire micro-watershed of interest.\" None of the respondents reported on the measures taken to oversee whether pollution problems and impacts on the water resource are occurring.\n\n7.- Sonia Espinoza Valverde, Acting Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 133), reports that the report provided to the Court regarding file D-1-1095-05 contained errors. She explains that the inspection carried out on October twenty-eight did not have GPS, so on November eleven, another inspection was conducted, determining that at the project coordinates 529-530 and 224-225, four houses are built. On the other hand, regarding the inspection carried out on October twenty-eight, two thousand eight, file D1-1091-05, the project address corresponds to Heredia, San Rafael Concepción, eight hundred meters north of Corazón de Jesús, on Calle Charquillo, and not what was recorded. Likewise, there was an error in location, and that project is not related to D2-0600-07. That on December two, two thousand eight, in order to continue proper environmental monitoring, an inspection of the site was carried out, resulting in reports that will be forwarded for their information to the Plenary Commission to make the appropriate decisions.\n\n8.- On folio 149 appears a certificate from the Clerk of the Constitutional Court establishing that the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento failed to comply with the preventive order of eleven hours and six minutes on January thirteen, two thousand nine.\n\n9.- On folio 150 appears a submission from the petitioner attaching the study named \"Recarga Potencial del Acuífero de Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica\" prepared by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento.\n\n10.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\n   Drafted by Judge Salazar Cambronero; and,\n\nConsidering:\n\n   I.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\na. That in accordance with the Hydrogeological Vulnerability Map, it is determined that the Canton of San Rafael de Heredia is located in a zone of high and medium hydrogeological vulnerability. That the area is located on geological formations: lavas, tuffs, and lahars, which have land-use restrictions for urbanizations, agricultural crops, chemical pipeline tanks, discharge of liquid effluents onto the ground, sanitary landfills, and quarries, observing the risk of groundwater contamination and protection measures. That SENARA, CCSS, MS, ESPH, MAG, UNA, MINAE ACCVC make up the Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia, which develops the Heredia Micro-Watershed Aquifer Protection Zoning Project to define two aquifer zones 1 and 2, the latter corresponding to the Canton of Concepción de San Rafael de Heredia, which have the following land-use limitations: High-density urbanizations are not permitted, nor subdivisions, lotifications, or agricultural segregations that endanger water resources; it must be demonstrated that the project does not impact water resources; exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrological evaluations, and environmental impact assessments must be carried out where not only the direct influence zone but the entire micro-watershed of interest is considered. (folio 75);\n\nb. That in Gazette number 190 of October four, two thousand six, the Municipalidad de Heredia accepts the publication of the Delimitation of Aquifer Protection Zones in the micro-watersheds of the Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás rivers and the Federación de las Municipalidades de Heredia, approved by the Municipal Council of San Rafael de Heredia in Ordinary Session # 11-2006 of June seven, two thousand six. (folios 76 and 113);\n\nc. That by official letter AANCJF09 and AANCFA10 of June eighteen, two thousand seven, the Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia requested from the Mayor and the Municipal Council information regarding the property located on Heredia cadastral map # 1162149-2007, and to date, the petition submitted remains pending resolution. (folios 23 to 27);\n\nd. That by ruling ASUB-68-08 of February twenty-seven, two thousand eight, issued by the Groundwater Area regarding well drilling, it stated: 1.- All State Institutions and Municipalities of the Central Valley are notified of the following provision regarding well drilling applications, effective as of March one, two thousand eight. 2.- Due to the deficit in aquifer supply, henceforth, new drilling permits will not be authorized in the northern zone of Heredia and the Drilling Restriction Zone. 3.- The Colima Inferior Aquifer is reserved for exclusive human consumption use by the public entities that provide the service. Entities must coordinate with SENARA and MINAE the evaluation through hydrogeological studies to determine the usable volumes of the Colima Inferior Aquifer. 4.- In the rest of the area, for the processing of new well drilling applications, users must submit the studies that allow compliance with the directive of the Contraloría General de la República. (folio 76);\n\ne. That on April four, two thousand eight, the respondent Association reiterated the request made on June eighteen, two thousand eight, and additionally denounced the construction on said property, a petition which to date has not been addressed. (folio 30);\n\nf. That on June thirty, two thousand eight, by official letter JFAC-102008, the petitioner Association reiterated the requests made to the Municipalidad de San Rafael de Heredia, and to date, the petitions remain pending resolution. (folio 38);\n\ng. That by official letter JFAC-1020008 of July thirty, two thousand eight, the respondent Association brought to the attention of the Municipal Council that the Mayor was not requiring the exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrological evaluations, reviewed and approved by SETENA, SENARA, and AYA, contravening the Zoning Decree for the Protection of the Micro-Watersheds of Heredia and the Regulatory Plan of the Gran Área Metropolitana, and to date they have not received any response. (folio 34);\n\nh. That on August eleven, two thousand eight, by official letter JFAC-122008, the respondent Association requested the Municipal Mayor, with a copy to the Municipal Council, to report on a new construction being carried out in Concepción de San Rafael de Heredia, 150 meters west of the Camacho supplier, and to date, the petition submitted remains pending resolution. (folio 41);\n\ni. That in accordance with official letter ASUB 470-08 dated October twenty-eight, two thousand eight, it is established that SENARA has not received or processed projects, nor received for analysis studies from the Municipalidad de San Rafael de Heredia for the purpose of assessing the risks that the different projects may cause to groundwater resources, in light of the vulnerability to contamination or the impacts that may be caused by being an aquifer recharge zone. (folios 79 to 83); \n\nj. That according to an inspection carried out on November eleven, two thousand eight, by SETENA for the project in file 1091-05, Proyecto de Fraccionamiento Frente a Calle Pública y Parcelas Agrícolas (Subdivision Project Fronting Public Road and Agricultural Parcels), segregation of eighteen residential lots, environmental viability has not been granted, and it is confirmed that on site there are four single-family dwellings built, cadastral map H-702382-2001 (folios 89, 137, and 138);\n\nk. That according to an inspection carried out on December two, two thousand eight, by SETENA for the project in file 1120-05, environmental viability for a single-family dwelling with a construction area of 998 m2, it is observed that construction work is being carried out, earthworks were observed whose material is located within the same area, and there are also stormwater evacuation systems, cadastral map number H-873988-2003. (folios 88, 139, and 140);\n\nl. That according to an inspection carried out on December two, two thousand eight, by SETENA for the project in file 600-07, environmental viability permit RVLA-578-2007 SETENA was granted solely for the layout and conditioning of accesses, it does not include slope cuts or any type of construction, two fully completed single-family dwellings are observed, and there are also two access entrances to the area, which are paved, cadastral map H-13483-76, real folio number 82742-000. (folios 88 and 144).\n\nII.- Purpose of the action: The petitioner alleges harm to the right of petition, since he has submitted requests for information to the Municipalidad de San Rafael de Heredia on June eighteen, two thousand seven, March four, April four, July thirty, and August eleven, all in two thousand eight, which to date have not been resolved. On the other hand, he argues harm to the right to a healthy environment by determining that the Municipalidad de San Rafael has permitted constructions that affect the water resources of the area, contravening the Hydrogeological Vulnerability Map and the Decree for Zoning of Protection of the Micro-Watersheds of the Segundo, Bermúdez, and Tibás Rivers.\n\n   III.- Regarding the right of petition and prompt resolution: After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies harm to the fundamental rights of the petitioner. From the report rendered by the representative of the respondent authority—which is deemed given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that by official letter AANCJF09 and AANCFA10 of June eighteen, two thousand seven, the Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia requested from the Mayor and the Municipal Council information regarding the property located on Heredia cadastral map # 1162149-2007, and to date, the petition submitted remains pending resolution. That on April four, two thousand eight, the respondent Association reiterated the request made on June eighteen, two thousand eight, and additionally denounced construction on said property, a petition which to date has not been addressed. That on June thirty, two thousand eight, by official letter JFAC-102008, the petitioner Association reiterated the requests made to the Municipalidad de San Rafael de Heredia, and to date, the petitions remain pending resolution. That by official letter JFAC-1020008 of July thirty, two thousand eight, the respondent Association brought to the attention of the Municipal Council that the Mayor was not requiring the exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrological evaluations, reviewed and approved by SETENA, SENARA, and AYA, contravening the Zoning Decree for the Protection of the Micro-Watersheds of Heredia and the Regulatory Plan of the Gran Área Metropolitana, and to date they have not received any response. That on August eleven, two thousand eight, by official letter JFAC-122008, the respondent Association requested the Municipal Mayor, with a copy to the Municipal Council, to report on a new construction being carried out in Concepción de San Rafael de Heredia, 150 meters west of the Camacho supplier, and to date, the petition submitted remains pending resolution. From the foregoing, this Tribunal concludes that the elapsed time—more than one year and six months—is excessive and exceeds the limits of reasonableness, hence harm to Articles 27 and 41 of the Political Constitution is confirmed. Consequently, it is appropriate to grant the action.\n\nIV.- Regarding groundwater. This Court, in judgment number 2004-001923 of fourteen hours and fifty-five minutes on February twenty-five, two thousand four, ordered the following:\n\n\"V.- GROUNDWATER. As opposed to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and may be subject to common or special uses, there are groundwater. Groundwater is that found beneath the land surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; its most important source is rainfall that infiltrates the soil. The soil, for its part, is composed of two levels, which are as follows: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another below this called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The water contained in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, is called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the speed of movement of groundwater depends essentially on the hydraulic gradient. Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of which 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is groundwater, as opposed to surface waters, which are notably exposed to contamination and degradation from harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. In the specific case of our country, it has been estimated that the potential annual groundwater recharge is approximately 47,000 million cubic meters per year, which represents 20% of precipitation; likewise, it has been calculated that of the 750,000 cubic meters of water per day used for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater catchments. The consumption and use of groundwater, compared to surface water, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages, such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwater is made gradually depending on the increase in service demand, and the catchment areas can be located near the place where the demand arises, all of which reduces conduction, treatment, and storage costs; b) the natural physical-chemical quality of groundwater is more constant than that of surface water and is potable with little or no treatment; c) as soil or rocks exist above the groundwater, it is more protected from natural or human-origin contamination; d) the variations in quantity and availability during dry or rainy seasons are minimal compared to those of surface waters; e) they constitute a strategic reserve to face emergency states due to public calamity, internal commotion (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.) or war. VI.- GROUNDWATER AND FUNDAMENTAL RIGHTS. The topic of groundwater is intimately linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its Article 50, enunciates the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g.,\n\nwetlands) and, in general, the biosphere as the common heritage of humanity. In the same way, access to drinking water safeguards the rights to life—“without water no life is possible” affirms the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—, to the health of individuals—indispensable for their food, drink, and hygiene—(Article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual decent well-being and quality of life (Article 33 of the Political Constitution and Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development in large proportions. Consequently, the protection and exploitation of underground water reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the adequate development of any people. In the year 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants did not have access to drinking water, and it is calculated that by the year 2025, nearly 5.5 billion people will have water scarcity, with between 5 and 10 million people dying annually from the use of untreated water. In another order of ideas, currently, the duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development) has been recognized, meaning the needs of the present must be satisfied without compromising the ability of future generations to satisfy their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious good, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transport route, support for recreational activities, and a constituent element for the maintenance of natural ecosystems—non-polluting or environmentally compatible water use.\n\nVII.— Nature and Legal Regime of Groundwater, Aquifers, and Recharge Areas: PUBLIC DOMAIN GOODS. In our legal system, there is no single, systematic, and coherent normative body that globally regulates the protection, extraction, use, management, and efficient administration of water resources. Additionally, the limited existing legislation focuses predominantly on surface water, overlooking groundwater. As is typical and inherent to Administrative Law, one can observe in this matter a normative dispersion and a fragmented, chaotic, and ambiguous set of sectoral norms that regulate specific aspects, leaving serious gaps and antinomies, all of which also seriously hinders environmental management by the public entities responsible for the matter. Obviously, the scarce regulation of groundwater does not constitute an exception to the rule previously indicated. In Water Law, various theses about its legal nature have been maintained—whose variation depends on historical evolution—. Thus, groundwater has been considered as a) private goods, making it a res nullius appropriable by its discoverer, that is, by the owner of the land where it emerges, following the maxim of Roman Law according to which property extends from the heavens to the depths. Nineteenth-century regulations on water resources (e.g., the Spanish Water Law of 1879 which inspired many Latin American laws, including our Water Law of 1942) will give groundwater a character of b) mixed good, meaning that those which the owner of a particular piece of land causes to emerge will be private, and those which originate on public domain land, or the former after their owner has used them, will be public. Finally, starting from the 20th century, many laws will classify all groundwater as c) public domain goods, based on the undoubted unity of the hydrological cycle, thus becoming part of what has been termed the “public hydraulic domain” as part of the natural and not artificial domain; this position conceives water as a unitary resource subordinate to the general interest, for which reason no distinction should be made between surface and groundwater, since they are intimately linked to maintain their quality and quantity. According to this last thesis, groundwater is not appropriable by any private individual, and its classification as public domain goods constitutes sufficient title to subject it to a very strong and intense regime of administrative intervention in order to guarantee its integrity and quality and to separate it from the modes of acquisition and enjoyment characteristic of Private Law. In our legal order, based on a series of dispersed norms, the legal nature of groundwater can be determined, with evident variations, according to the historical-legislative evolution. The Water Law No. 276 of August 27, 1942, and its amendments, in its Article 1, subsections IV, VIII, and IX, classifies, respectively, as public domain waters “Those of (...) springs (manantiales) (...)”, “Those of the springs (manantiales) that emerge on beaches, maritime zones, channels, beds, or banks of national property and, in general, all those that originate on public domain lands”, and “Those underground waters whose emergence is not made by means of wells”, given that subsection 4, subsection III, of that legal text deems of private domain—and, therefore, belonging to the owner of the property— “The underground waters that the owner obtains from his own land by means of wells”, with the surplus—from wells concessioned to obtain water for non-domestic purposes and ordinary needs—that leaves the land becoming public domain waters. Evidently, the Water Law of 1942 follows a mixed thesis on the legal nature of groundwater, since it combines the res nullius character—and, consequently, appropriable—if they are discovered on private lands with the demanial character if originating on land whose owner is a public entity. Two subsequent laws, enacted during the course of the last quarter of the past century, tacitly reformed or modified what was established in Articles 1, subsections IV, VIII, and IX, and 4, subsection III, of the Water Law. In reality, these two new normative instruments align with the contemporary current of conceiving groundwater as public domain goods by virtue of the unity of the hydrological cycle, thus being sufficient enabling title to admit a strong regime of administrative intervention to conserve the quantity, quality, and ensure rational and sustained exploitation of water resources. Thus, the Mining Code, Law No. 6797 of October 4, 1982, and its amendments, in its numeral 4, provided the following: “(...) mineral sources and waters and groundwater and surface waters are reserved for the State and may only be exploited by it, by private parties in accordance with the law, or through a special concession granted for a limited time and in accordance with the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly (...)”. In this way, a publicization and nationalization of all groundwater in the country occurred, including that which is discovered by means of a well located on private property for domestic use or ordinary needs. Subsequently, the Organic Environmental Law, No. 7554 of October 13, 1995, and its amendments, in numeral 50—whose heading is “Public domain of water”—reinforced that declaration of demaniality and prescribed that “Water is of public domain, its conservation and sustainable use are of social interest”. This legislative instrument implies an express affectation of continental waters (surface and groundwater—by not distinguishing them—) to the public domain of the State and qualifies it as of social interest, thereby paving the way for eventual expropriations or limitations on grounds of social interest (Article 45 of the Political Constitution), its protection, preservation or conservation, and sustainable or rational use.\n\nVIII.— Aquifers, Recharge, and Discharge Areas. The aquifer is a stratum or geological formation (unconsolidated deposits of loose materials such as sands, gravels, mixtures of both, sedimentary rocks like limestone, volcanic rocks, etc.) that allows the circulation of water through its pores or fissures, allowing humans to utilize it in economically appreciable quantities to meet their needs. In a very broad sense, aquifers are the geological formations that contain water, have contained it, and through which water flows or circulates. Two of the hydrogeological parameters for defining the functioning of an aquifer—relationship between recharge and water extraction or discharge—are porosity or permeability—hydraulic conductivity—and the storage coefficient. There are a series of geological formations that should not be confused with aquifers, thus a) aquicludes are geological formations that contain water inside but do not transmit it, preventing its exploitation; regarding the non-renewable, fossil, dead, stagnant, or non-flowing groundwater contained therein, there is no doubt that they are also public domain, given that Articles 4 of the Mining Code and 50 of the Organic Environmental Law do not distinguish between groundwater and surface water, much less between renewable and non-renewable groundwater, therefore they cannot be conceived as a res nullius susceptible to appropriation by the private discoverer. b) An aquitard, for its part, comprises a set of geological formations that contain appreciable quantities of water but transmit it very slowly. Finally, c) an aquifuge is that geological formation that contains no water nor can transmit it. Regarding the typology of aquifers, hydrogeology classifies them, according to the hydrostatic pressure of the water enclosed within them, as follows: a) free, unconfined, or phreatic aquifers in which there is a free surface of the water enclosed within them in direct contact with the air, their water table is at atmospheric pressure and is not limited by an impermeable layer, and b) captive, confined, or pressure aquifers in which the water is subjected to a pressure greater than atmospheric pressure. There is also the subcategory of perched aquifers, which are free ones with limited spatial distribution and temporal existence. The natural recharge of aquifers is produced by the volume of water that penetrates them over a period of time due to the infiltration of rainfall or a watercourse (e.g., influent rivers). Recharge areas, consequently, are all zones of the land surface where rainfall infiltrates the soil until reaching the saturated zone, incorporating into the aquifer. The Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 3, subsection l), defines aquifer recharge areas as “The surfaces on which infiltration occurs that feeds aquifers and river channels (...)”. Natural discharge is the volume of water that, over a period of time, naturally leaves the aquifer through surface, subfluvial, or submarine springs, by evapotranspiration, or by vertical percolation to lower aquifers. Artificial discharge occurs through the extraction of water by means of wells, ditches, trenches, or tunnels. Groundwater discharge areas include all those points where the water table or phreatic level intersects the land surface—springs (manantiales, nacientes), seepages—the course of a river, or marine or lake beds.\n\nIX.— Typology of Aquifers in Costa Rica. In our country, two types of aquifer families are recognized: a) Volcanic or fissured, formed in igneous rocks (volcanic and intrusive), representing the largest and best quality ones, and b) Sedimentary or granular, in superficial formations. Regarding the first type, it should be noted that igneous rocks do not naturally have permeability; they possess secondary porosity originating from the presence of fractures or fissures caused by cooling or tectonic events (areas linked to geological faults), which gives them hydrogeological aptitude. This type of aquifer occurs in high zones where precipitation is high and volcanic rocks particularly exist; known and studied examples of these are the aquifers of the Central Valley (e.g., Upper and Lower Colima and Barva). From the hydrogeological perspective, our country presents ideal and exceptional conditions for the rational and measured exploitation of groundwater, since the Central Volcanic Mountain Range is constituted by volcanic soils with a high natural infiltration capacity, as long as they have not been compacted or eroded by human activities, thus fulfilling an essential function in regulating surface water runoff and aquifer recharge. The high permeability of the fractured and brecciated lava layers and the conditions of high rainfall favor the formation of high-potential aquifers. The existing tuffs, in turn, behave as rocks of low permeability that allow the constitution of aquitards, which are the base of the aquifers and allow the vertical transfer of water between them. The location and geomorphology of the Central Volcanic Mountain Range, with all its aquifers, is a primary source of water to satisfy the needs of at least half of the country's population, including the Greater Metropolitan Area and surrounding populations. The use of groundwater in this zone is carried out by means of wells or the capture of springs (manantiales) for domestic, industrial, and agricultural uses. In the Central Volcanic Mountain Range, for the year 1996, SENARA had registered 3,460 wells of varied use and 353 springs (manantiales) for public supply used by the ICAA, municipal corporations, associations administering rural aqueducts, and other entities. This type of aquifer has also been located in the Liberia and Bagaces formations (Province of Guanacaste). It is fully established that this type of aquifer, due to its petrophysical characteristics, is more vulnerable to contamination in its recharge areas when these are not located in protected or reserved zones and are exposed to anthropic activities such as deforestation, uncontrolled urbanization, and intensive and extensive agricultural activities involving the use of pesticides and agrochemicals, thus being exposed to a dangerous and slow degradation in their environmental quality. Superficial aquifers are composed of layers of unconsolidated rocks of recent and diverse origin; these are alluvial fills of some valleys that can reach thicknesses from a few meters to one hundred meters, are separated from the surface by a thin and permeable soil layer, and are therefore highly vulnerable to contamination, especially when located under zones of anthropic occupation (urban, industrial development, or agricultural crops). This type of aquifer is exploited in the Central Pacific region, such as, for example, the alluvial fill of the Barranca River Valley containing two coastal aquifers: Barranca and El Roble.\n\nX.— CONTAMINATION OF GROUNDWATER. Unlike the contamination of surface waters, which is usually evident and visible, allowing environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, that of groundwater, by its very nature, usually goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of water, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a long time to show contamination. Additionally, the large volume of water contained means that extensive contaminations take a prolonged period to manifest, or when dealing with localized contaminations, they are detected when they flow into some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to contamination; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and sometimes irreversible due to the high cost of the means to do so. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer to achieve potable water levels again have not been successful; cleaning technologies have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very high. To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources—in the latter case, duly trained—to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination. The degradation and contamination of aquifers impose on the legislator and public administrations the urgent and non-deferrable task of protecting them. Contamination of groundwater can be direct or indirect; it is of the first type when contaminating substances are introduced directly into the aquifer, such as the case of cesspools or injection wells; it is of the second type when, by dilution, it occurs through contamination of the natural recharge. The contaminating agents can be of very diverse kinds, that is, mineral, degradable organic (excreta and purines), slightly or non-degradable organic (pesticides, detergents, hydrocarbons), biological (bacteria, viruses, algae), radioactive, and gaseous. The contamination of aquifers depends on the geological, hydraulic, and chemical conditions of each place or site, thus being a function of local factors, which is why knowledge of each zone and the study of similar cases is required. The origins of aquifer contamination can be of very diverse kinds, such as the following: a) contamination by domestic activity, which is organic and biological and arises from septic tanks, leaks from the sewerage system, discharge of black water, to which must be added the increase in chemical products of domestic use such as detergents; b) contamination by agricultural activities; here we have the use of artificial fertilizers based on nitrates, phosphates, and potash, or natural ones—based on manure—, irrigation with residual and high-salinity waters, and the use of pesticides (insecticides, herbicides, and pesticides); c) contamination by livestock farming, which is essentially organic and biological, similar to domestic but more intense when dealing with intensive farms; d) contamination by surface waters, when they recharge and are, in turn, contaminated; e) contamination by saline intrusion, produced when marine and salt waters intrude in coastal regions due to the overexploitation, through wells, of coastal aquifers; f) contamination by mining activities—mineral—, related to evacuations of mine water and mineral washing places; g) contamination by industrial activities, this type is as varied as the type of industry that originates it, being especially harmful those caused by heavy metals from the metallurgical industry, as well as from chemical, petrochemical, food (organic substances), and beverage (detergents) industries; h) contamination by nuclear activities, although exceptional in our environment, can come from plants for treating irradiated fuels and radioactive minerals and from medical activity; i) contamination through poorly constructed wells; wells can interconnect several aquifers, and when they have broken or corroded casings in levels of poor quality water or that allow the entry of surface waters, can cause it; j) contamination through the discharge of residual waters through cesspools, septic tanks, leaks from the sewerage network, or indiscriminate dumping into hydrographic basins; k) contamination by solid waste dumping, produced when a landfill is built on permeable or non-waterproofed terrains through leachates; l) contamination by injection wells—a form of subsurface use as a waste store—that are poorly planned, constructed, or used.\n\nXI.— CONTAMINATION OF GROUNDWATER IN THE CENTRAL VALLEY OF COSTA RICA. The main contamination threat to aquifers in Costa Rica and, consequently, to groundwater consists of two factors: a) population growth and uncontrolled urban expansion over recharge areas, phenomena that generate leachates from solid and liquid waste of domestic and industrial origin, the inability of soils to infiltrate, the waterproofing of recharge zones, and the overexploitation of aquifers; b) the use of agrochemicals in the intensive agriculture of coffee, bananas, cotton, ornamental plants; and c) waterproofing of recharge areas due to land-use changes (cambios en el uso del suelo), deforestation, and extensive livestock farming. In the case of the aquifers that supply the Greater Metropolitan Area (Upper and Lower Colima, La Libertad, and Barva), evidence has been observed of some impact from bacteriological, industrial contamination and an increase in nitrates, due to urban expansion and intensive agriculture in the recharge areas. Regarding nitrates, despite the good physico-chemical and bacteriological quality of the water, a tendency toward increased nitrate concentrations has been detected down the hydraulic gradient, indicating that the groundwater is being affected, directly or indirectly, by the discharge from septic tanks and the use of nitrogenous fertilizers used in vegetable crops and coffee plantations. In the same way, overexploitation of groundwater due to concentrated extractions has been detected, which has caused a decline in water levels and in the flow of springs (manantiales) and a potential waterproofing of recharge areas, as the aquifers are located in zones of greatest urban growth with accelerated housing development through subdivisions (urbanizaciones), the effects of which, as estimated, would be significant if an area greater than 20% of the recharge area is waterproofed.\n\nXII.— PROTECTION OF GROUNDWATER. Due to the characteristics of contamination of aquifers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to avoid contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in specific zones or by ordering safety measures for certain potentially contaminating activities. Our administrative-legal order (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifers, recharge zones, and catchment areas for groundwater. In foreign legislation (e.g., Spanish Water Law 29/1985 of August 2), some extraordinary powers of administrative intervention in the water economy are provided for that directly concern the protection of aquifers, in order to achieve sustained use of water resources, that is, to guarantee a sufficient quantity and required quality of water to meet present and future human and ecological needs. These extraordinary administrative powers, which must be admitted in our legal order—despite their lack of regulation—as implicit in the express and general competence for the protection and conservation of groundwater attributed to the State and decentralized entities of the water sector, are based on the need to achieve rational and balanced utilization of water. The scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource impose the administrative possibility of adopting such measures to prevent their exhaustion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis may generate. This type of administrative measures supposes various restrictions and drastic controls over the multiple uses or exploitations of water—especially general or special private uses—and over pre-existing activities that may affect the resource, insofar as they are justified by a public interest, thus not affecting the property right or the integrity of the patrimony. In essence, such measures must be considered as limitations of social interest that do not empty the content of the property right or expand the public domain over groundwater without prior compensation, but rather shape its essential content, for which reason they must be borne, as a general sacrifice or burden, by all users, who, ultimately, are the beneficiaries thereof, as they are aimed at correcting a conjunctural situation of scarcity or imminent contamination that affects the economy of the water resource in a determined zone. Such administrative intervention measures, virtually contained in Articles 32 of the Water Law of 1942 and 10 of the Regulation for Drilling and Exploitation of Groundwater (Executive Decree No. 30387 of April 29, 2002), may be the following: a) Protection perimeters of aquifers: One of the most novel instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its environment. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the contained water but also of its container, that is, of the geological formation called an aquifer. That activity consists of projecting and drawing on the surface a demarcation under which an aquifer or part thereof lies, in which a specific regime is established for the utilization of the hydraulic domain—ordering and restriction of pre-existing water concessions, preventing the granting of new ones—and for the control of activities and installations that may affect it—through authorizations—(e.g., mines, quarries; urban activities that include septic tanks, cemeteries, landfills—storage, transport, and treatment of solid and liquid waste—; agricultural and livestock activities with deposit and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with residual waters, and farms; industrial activities with storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). Evidently, the definition of perimeters by national authorities—MINAE and ICAA—must be respected by local governments (Municipalities) and the INVU (given its residual competence in urban planning matters in the absence of local regulatory plans) to compatibilize, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of protection perimeters in the norms contained in the respective Regulatory Plans on land uses or territorial planning (e.g., zoning regulations, building regulations, etc.). Obviously, to the above must be added the protection around catchment areas (wells—PPP: wellhead protection perimeters—, springs (manantiales, nacientes), etc.—), through the definition of a surrounding zone in which certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling land use. The determination of the perimeter depends on the zone of capture or wellhead protection area (ZOC), and its extension depends on the characteristics and properties of the catchment area and the recharge terrain, since the norms cannot be the same for permeable or fissured terrains as for those with impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with vulnerability cartography—or natural susceptibility of supply aquifers to anthropic contamination loads—, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through the preparation of maps. Both measures, protection perimeters and vulnerability cartography, are suitable for being able to relocate a certain type of activity in time, the supply source, or, ultimately, introduce technical methods and instruments for the treatment and disposal of contaminating agents.\n\nThe measures to be taken based on the perimeters and vulnerability mapping vary depending on whether it is a (a) area without territorial occupation, being useful for defining the activities that may or may not be installed in the future; (b) areas already occupied, in which case a mapping is made of the natural vulnerability and of the areas with greater susceptibility to contamination, allowing, in the face of the threat of a high contamination index, the relocation of activities and supply sources and the introduction of technology for the treatment and disposal of contaminants; (c) areas already contaminated, for which alternative sources may be sought, the spread of contamination plumes may be prevented, and, if possible, given its high cost, the waters of the aquifer may be treated after extraction; (d) areas for new water catchments, a case in which potentially contaminating activities and the impact area of each of these must be inventoried. b) Declaration of an overexploited aquifer: The overexploitation of an aquifer occurs when the extractions or uses are so intensive—discharge—and strong that they exceed the recharge volumes, whereby the water reserves of the aquifer progressively decrease and degrade. Overexploitation causes disastrous economic and natural effects; among the former, users may experience increased extraction costs—more energy to make the same quantities of water flow or expenses to re-deepen a well to reach the water level—, the depletion of wells located in the peripheral zones of the aquifer and in those with the greatest concentration of drillings; among the effects of a natural character, there is the reduction of water flows in springs, rivers, streams, creeks, lagoons, lakes, and wetlands, thereby endangering their existence, and the affectation of the capacity of geological formations—aquifers—to store water by decreasing the interstitial space in the rocks due to the lack of internal pressure provided by the water, land subsidence due to compaction, with alteration of the aquifer, the appearance of cracks, and slope movement. In the hypothesis of overexploitation of the aquifer, the competent administrative authority may declare that state to reverse the state of affairs through an ordering, restriction, and apportionment of the pre-existing extractions or uses to achieve rational exploitation and the immediate suspension of new applications or modification of concessions pending at that time. Of course, measures of saving and good use of resources may also be implemented, such as the treatment and purification of wastewater to be reused in the irrigation of certain crops, drip or nighttime irrigation systems to mitigate the effects of evapotranspiration, artificial recharge, etc. c) Declaration of an aquifer in the process of saline intrusion: An aquifer is considered to be in a salinization process when, as a direct consequence of the extractions, generalized and progressive increases in the saline concentration of the captured waters are recorded, posing the danger of rendering them unusable. Salinization implies a reduction in the thickness of the freshwater layer under which the marine water rises, such that the water from wells ceases to be potable and even becomes unusable for domestic or irrigation uses, with the recovery of the aquifer being very difficult or almost impossible. This problem that may arise in our country, especially in overexploited coastal aquifers—intrusion of maritime origin—gradually or in a generalized manner, although intrusion of continental origin cannot be ruled out in other points. The cause of saline intrusion lies in irrational exploitation or overexploitation, which is why measures similar to those provided for when this problem occurs must be implemented, such as the ordering, restriction, and apportionment of pre-existing uses or exploitations and the suspension of new applications or modification of concessions. d) States of emergency and water crisis: In anomalous, exceptional, and conjunctural circumstances that provoke a public calamity or internal disturbance (e.g., extraordinary droughts, severe overexploitation of aquifers, or generalized saline intrusion thereof), the State—through the Executive Branch—and, based on the principle of necessity, may adopt the necessary and suitable measures regarding the utilization of the public hydraulic domain to overcome that state of affairs or prevent it from worsening. When the state of emergency ceases and normality is restored, other types of measures may be adopted, such as those previously set forth (protection perimeters, declaration of overexploited aquifers or those in a salinization process). XIII.- LEGAL PROTECTION OF GROUNDWATER IN COSTA RICA. Article 31 of Law No. 246, the Ley de Aguas, of August 27, 1942, declares the following as a “reserve of domain in favor of the Nation”: “a) The lands surrounding the sites of water catchment or supply intakes for potable waters, within a perimeter of no less than a two-hundred-meter radius; b) The forest zone that protects or should protect the entirety of the lands in which the infiltration of potable waters occurs (...).” This declaration is of utmost importance, since, based on it, the obligation arises for the State, through its competent bodies, to fix and determine the areas of peripheral protection of wells or water catchment areas—of 200 meters—and, of course, of the recharge zones of the aquifer mantles—the zone in which “the infiltration of potable waters occurs”—that have or should have a forest layer for their protection, which are so sensitive for their conservation and protection. In the same way, based on such express legal affectation, the State may exercise recovery and possessory actions to guarantee the integrity of those zones and to subtract them from all types of contamination by subjecting them to a strict land-use control regime, an attribution that, very probably, it has omitted to exercise in a timely and exact manner. Section 32 of Law No. 276, the Ley de Aguas of 1942, establishes that “When in an area larger than the one previously indicated there exists a danger of contamination in the surface waters or in the groundwaters, the Executive Branch, through the Drinking Water Section—currently ICAA—(...) shall provide in said area the measures it deems opportune to avoid the danger of contamination.” This provision imposes an unavoidable duty of collaboration and cooperation on the Executive Branch with the ICAA to adopt all opportune and convenient administrative acts and measures to avert the danger of contamination in an area larger than the protection perimeters of the aquifer recharge zones and water catchment areas. The content of the provision is extremely significant and rich, since it empowers the State to adopt any opportune measure to avoid the irreversible damages and harms that a state of emergency due to water crisis could provoke. Evidently, this is also a competence that has not been exercised responsibly or has been underutilized. The General Drinking Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, in its Article 2, establishes that “All those lands that both the Ministry of Public Works and the Ministry of Public Health—organs of the Executive Branch that were replaced by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados by virtue of its Creation Law No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments and, more specifically, Article 2, subsection h), which entrusted it with enforcing the General Drinking Water Law—consider indispensable for constructing or situating any part or parts of the potable water supply systems, as well as for ensuring the sanitary and physical protection and the necessary flow rate of the same (...)” are of the public domain. Evidently, this provision has enormous importance, since it declares as public domain the water catchment areas which may include springs or headwaters (nacientes)—a natural form of discharge of groundwater—and, what is more important, grants the condition of a demanial asset to all those lands necessary to ensure sanitary and physical protection and their flow rate, which, necessarily, includes the clearly delimited recharge zones of the aquifer mantles through the perimeter-setting activity already indicated, since the lack of protection of these zones necessarily affects the quality—due to contamination—and the flow rate—due to waterproofing or overexploitation—of the waters for human consumption and use that emerge from a spring (manantial). The Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, in its Article 33, subsections a) and d), respectively, provides that areas of protection are those “(...) bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally” and “The recharge zones and aquifers of the springs (manantiales), whose limits shall be determined by the competent bodies established in the Regulation of this law.” Evidently, these provisions give support to the administrative activity or intervention to define the protection perimeters of aquifers and water catchment zones. The Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), No. 7554 of October 13, 1995, in its Article 51, indicates that for the conservation and sustainable use of water, the following criteria, among others, must be applied: “a) Protect, conserve, and, to the extent possible, recover the aquatic ecosystems and the elements that intervene in the hydrological cycle”; “b) Protect the ecosystems that allow the regulation of the hydrological regime”; and “c) Maintain the equilibrium of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins.” Thus, the need is established to protect and conserve the integrity and unity of the hydrological cycle without making distinctions, which especially includes groundwater. Finally, Articles 5, subsection e), final paragraph, of the ICAA Creation Law (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments) and 15 of the SENARA Creation Law (No. 6877 of July 18, 1983, and its amendments) crown the regulatory framework for the institutional protection of groundwater by indicating, respectively, “The lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the water catchment (...) are declared of public utility and social interest, and may be expropriated,” and “The actions promoted by the State, with the purpose of ensuring the protection and rational use of waters (...), are declared of public interest.” In the legal-administrative ordering of waters, we will also find a series of obligations and burdens imposed on private individuals and subjects of public law—public entities and bodies—for the adequate protection of the subterranean and surface public hydraulic domain. Thus, Law No. 246, the Ley de Aguas of 1942, and other legislative bodies establish a series of prohibitions and obligations for the owners and users of springs (manantiales)—which are a component of the discharge area of an aquifer mantle—such as the following: a) users or concessionaires must conform to police and health regulations regarding surplus waters that are returned to a spring (manantial) to avoid contamination or fetidness—failure to do so may result in loss of the special water use right and a fine—(Articles 57 and 166, subsection III, ibid.), concordantly, the Wildlife Conservation Law No. 7317 of October 21, 1992, in its Article 132, paragraph 1, prohibits “(...) throwing wastewater, black water, waste, or any contaminating substance into springs (manantiales), rivers, creeks, permanent or non-permanent streams (...) lakes (...)” and imposes on the violator a fine of 50,000 to 100,000 colones convertible to a prison sentence of one to two years. b) The construction of ponds for fish farming is prohibited in springs (manantiales) destined for population supply (Article 63 ibid.). c) Owners of lands on which there are springs (manantiales) on whose contours the forests that gave them shelter have been destroyed are obliged to plant trees on the margins at a distance of no more than 5 meters (Article 148 ibid.). d) Destroying, both in national and private forests, trees located less than 60 meters from springs (manantiales) that arise in the hills or less than 50 meters from those that emerge in flat lands is prohibited (Article 149 ibid.). The Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, provides, in its Article 34, coincidentally, that “The cutting or elimination of trees is prohibited in the protection areas bordering permanent springs (nacientes) and the recharge areas and aquifers of the springs (manantiales).” e) Every application for the use of living waters, flowing waters, and springs (manantiales) must be directed to the Ministry of Environment and Energy with the presentation of a series of requirements (Article 178 ibid.). With regard to the public entities and bodies that have competence and responsibilities in matters of groundwater protection, a series of obligations and prohibitions are established, such as the following: a) Municipalities are prohibited from alienating, mortgaging, or otherwise encumbering, leasing, granting for shearing rights, lending, or exploiting on their own account—especially if it involves deforestation—the lands they possess or acquire on the margins of rivers, streams, or springs (manantiales), or in hydrographic basins or hollows where springs (manantiales) well up or have their origins (Articles 154 and 155 ibid.). b) Municipalities are obliged to reforest such lands (Article 156 ibid.). c) Every Municipality, Board of Education, Board of Social Protection, and, in general, any “public body,” is obliged to consult to obtain the respective permit from the Ministry of Agriculture before alienating, mortgaging, leasing, granting for shearing rights, or exploiting on its own account lands they possess or acquire on which there exist usable waters of the public domain (Article 157 ibid.). The General Health Law No. 5395 of October 30, 1973, and its amendments, for its part, contains specific provisions for the effective protection and conservation of groundwater. Thus, Article 275 stipulates that “Any natural or legal person is prohibited from contaminating surface waters, groundwaters (...) directly or indirectly, by means of drainage or the discharge or storage, voluntary or negligent, of liquid, solid, or gaseous waste or residues, radioactive or non-radioactive, black water, or substances of any nature, which, altering the physical, chemical, and biological characteristics of the water, render it dangerous to the health of persons, of terrestrial and aquatic fauna, or unusable for domestic, agricultural, industrial, or recreational uses.” For its part, Section 276 establishes that only with the permission of the Ministry may drainage be made or proceed to the discharge of solid or liquid residues or waste or other materials that may contaminate surface, subterranean, or maritime water, “(...) subject to the regulatory safety standards and conditions and to the special procedures that the Ministry imposes in the particular case to render them innocuous.” Articles 285 and 291 of that regulatory body, respectively, oblige every person to eliminate excreta and black water in an adequate and sanitary manner to avoid the “contamination of the soil and of the natural sources of water for human use and consumption” and prohibit the discharge of industrial residues or those from health establishments into the sewer system to “avoid the contamination of water sources or courses.” Finally, Article 309 of that law establishes that the Ministry of Health shall approve the project for developers, among other things, if it “(...) has adequate sanitary systems (...) for the disposal of excreta, black water, and wastewater.” XIV.- ADMINISTRATIVE ENTITIES AND BODIES RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF GROUNDWATER AND, ESPECIALLY, AQUIFER MANTLES. DELIMITATION OF COMPETENCES. The management of subterranean water resources comprises diverse aspects such as the investigation of their potential, identification, categorization, planning of their uses, protection, rational use, prevention and sanction of ecological damage or contamination, and environmental control and monitoring of their use, etc. Consequently, the ideal would be for there to be a single regulatory and governing administrative entity in the matter; however, the competences for the integrated management of subterranean water resources are found to be dispersed and fragmented, such that, occasionally, they are exclusive or exclusionary of a single entity, and, most of the time, concurrent, shared, or parallel, which requires a particular effort of administrative coordination to ensure their sustainable utilization. In the heterogeneous and dispersed set of administrative entities and bodies that make up the Costa Rican public administration, one can identify a sector of these that have been assigned, by law or regulation, a series of inalienable, non-transferable, and imprescriptible competences in matters of conservation and protection of groundwater that they cannot decline and must exercise effectively for the sake of a right to a healthy and ecologically balanced environment for all the inhabitants of the country. Within that sector of the public apparatus or service organizations created to satisfy the needs of the entire community, one can identify a group that belongs to the central administration or larger public entity—the State—which are, predominantly, some Ministries or organs thereof—and another formed by functionally decentralized entities or those by services—of a technical nature—and territorially—Municipalities—. 1.- Central Administration. a) Ministry of Environment and Energy and its organs, the Department of Water (Departamento de Aguas) and the Advisory Body on Water (Órgano Asesor de Aguas). b) Article 3, subsection l), of the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, imposes on the Ministry of Environment and Energy the non-declinable competence to delimit aquifer recharge zones—on its own initiative or that of interested organizations, and after prior consultation with the ICAA, the SENARA, or any other technically competent entity in water matters. Article 17, paragraph 1, of the Wildlife Conservation Law empowers and enables the Ministry of Environment and Energy to “(...) coordinate actions with centralized (sic.) or decentralized entities that execute agricultural programs for the conservation of soils, waters, and forests, with the purpose of achieving the ‘sustainable’ use of wildlife.” This Ministry fulfills a fundamentally important role in one of the aspects of water resource administration, which is the control or oversight of the exploitation and use of groundwater to ensure its rational exploitation. The Regulation for the Drilling and Exploitation of Groundwater (Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas) (Executive Decree No. 30387 of April 29, 2002), provides in its section 1 that “All drilling companies must register (...) before the Department of Water (Departamento de Aguas), so that they may be issued the license that permits them to engage in drilling and exploration activities for groundwater.” These functions are shared with the SENARA and the ICAA, since the Department of Water (Departamento de Aguas) of MINAE must transfer the matter to them so that, respectively, they issue a technical opinion, assign the well number, register it in the National Well Registry—SENARA—and issue a ruling on whether or not there is harm to the water supply sources destined for human consumption—ICAA—(Article 7). This regulation establishes that the drilling permit shall be denied in zones that do not permit rational exploitation of the water resource, such as those declared by the State or other competent institution as an area of aquifer protection and reserve, those suffering from overexploitation, under conditions of vulnerability of the maximum exploitation capacity of the aquifer, those susceptible to saline intrusion, contamination, and other reasons that in the judgment of MINAE and SENARA affect the aquifer and prevent its exploitation, and those of interference with other wells or springs (nacientes) (Article 10). Special mention deserves the Department of Water (Departamento de Aguas), attached to the National Meteorological Institute (Instituto Meteorológico Nacional)—an organ of MINAE—, whose functions of interest, among others, according to Article 3 of Executive Decree No. 26635-MINAE of December 18, 1997, are the following: “a) Define national policies regarding water resources. b) Exercise dominion, surveillance, control, and administration over national waters. c) Process applications for concession for the development of hydraulic forces for electricity generation. d) Process and authorize permits for the drilling of wells for the extraction of waters. (...) J) Register well-drilling companies and user associations, as well as the changes made to their statutes and representatives (...). n) Apply the sanctions established in the Ley de Aguas, after compliance with due process (...).” The Head of this Department, in turn, has important competences in the matter (Article 4), such as the following: a) issue recommendation reports on concessions, transfers, flow rate increases, expanded use, or any other procedure related to the use of water resources; b) approve well-drilling permits, etc. In section 5 of the referred decree, the “Advisory Body on Water (Órgano Asesor de Aguas)” is created, composed of representatives from various entities involved in the water sector (ICAA, SENARA, ICE, Public Universities, UNGL, etc.), whose functions include the following (Article 7 ibid.): a) Advise on and recommend policy guidelines on water resources matters, considering national and sectoral development plans, water availability, and the existing legal regulations); b) Review and pronounce on the Water Balance proposed by the Department of Water (Departamento de Aguas) and its administration for each region of the country; and c) Advise the Department of Water (Departamento de Aguas) in the setting of allocations by the latter, for water use according to the productive activity and the region in which it is developed. b) Ministry of Health. The competences of this ministry are circumscribed to making effective the prohibitions established in sections 275, 276, 285, and 291 of the General Health Law—direct and indirect contamination of surface and groundwaters and the discharge of industrial or health residues into the sewer system—and to sanctioning their transgression. Likewise, it is responsible for approving urban development projects when they have adequate sanitary systems for the disposal of excreta, black water, and wastewater (Article 309 ibid.). c) Ministry of Agriculture and Livestock. The MAG, in reality, has a secondary or residual competence in this matter, since the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils (Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos), No. 7779 of April 30, 1998, in its Article 21, imposes on it the duty in water matters to coordinate with the SENARA and any other competent institution “(...) the promotion of hydrological, hydrogeological, and agrological research in the country's hydrographic basins, as well as in the practices of soil improvement, conservation, and protection in the hydrographic basins (...).” 2.- Decentralized Administration. a) ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) The Constitutive Law of the ICAA (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments) assigns it, as relevant, the following competences (Article 2): a) Direct and monitor everything related to providing the inhabitants of the Republic with a potable water service, collection, and evacuation of black water and liquid industrial residues and of stormwater in urban areas (...) c) Promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination (...) d) Advise other State bodies and coordinate public and private activities in all matters related to (...) the control of contamination of water resources (...) its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations inexcusable (...) f) Exploit, utilize, govern, or monitor, as the case may be, all waters of the public domain indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State holds over them, in accordance with Law No. 276 of August 27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitutive body of the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities.” For its part, Article 5 of that law enables the ICAA to “c) Acquire personal and real property as owner” and “e) Process the expropriations necessary for the fulfillment of its purposes, with this same subsection in its paragraph 2 declaring of public utility and social interest, allowing them to be expropriated, ‘(...) the lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions that become necessary in the water catchment (...).’” Section 21 of the Creation Law confers upon the ICAA the power to approve or reject any project for the construction, expansion, or modification of public or private wastewater and stormwater disposal systems, the same being mandatory, under penalty of nullity, in the case of the construction of subdivisions (fraccionamientos), urbanizations, or lotifications. Finally, Article 22 of its creation law establishes that “It is the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado to defray the expenses demanded by the conservation, expansion, and security of the forests that serve to maintain water sources, on the properties of those Municipalities where it assumes water and sewer services.” According to Article 2, subsection h), of the Creation Law of this decentralized entity (No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments), enforcing the Drinking Water Law (Ley de Agua Potable), No. 1634 of September 18, 1953, is part of its competences, given that Article 16 of this latter regulatory body prohibits installations, buildings, or works included within the “zones close to supply sources (...) that harm in any way (...) the physical, chemical, or bacteriological conditions of the water; these zones shall be fixed by the Ministry of Public Works and Public Health”—organs that, as already indicated, were substituted, for all legal purposes, by the ICAA—. Consequently, the ICAA is also competent to define the protection areas of supply sources such as springs or headwaters (manantiales or nacientes), which are a natural form of discharge of groundwater. Article 34, final paragraph, of the Forest Law (Ley Forestal) imposes the duty of carrying out the alignments of the protection areas on the INVU. This is, in reality, a competence that is not exclusive or exclusionary to the ICAA or the INVU, but rather concurrent or shared, for which reason both public entities have the duty to exercise it. Article 3 of the General Drinking Water Law (Ley General de Agua Potable), No. 1634 of September 18, 1953, imposes the obligation on the ICAA to “(...) select and locate the waters destined for piping service (...),” whereby it is the responsibility of this entity to carry out a detailed inventory of the springs (nacientes) that can be used to supply water for human consumption to populations, the foregoing, independently of whether the supply and distribution is in the hands of a Municipality in a given canton. b) SENARA (National System of Subterranean Waters, Irrigation and Drainage (Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento)). Despite its competence being apparently limited to irrigation, drainage, and flood control districts—technical-administrative physical units of an agricultural character to achieve their socioeconomic development, defined by Executive Decree at the request of this entity (Articles 17 and 18 of its Creation Law No. 6877 of July 18, 1983, and its amendments)—, it is a fact that its constitutive law assigns it important competences in matters of groundwater, which, evidently, have national scope and, consequently, are not circumscribed to mere irrigation districts. The foregoing is corroborated by the background of this public entity, since Law No. 5438 of December 17, 1973—which ratified and replaced Executive Decree No. 1878-P of July 22, 1972—, currently repealed, created the National Service for Subterranean Waters (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, SENAS) with a clearly national scope for the planning, research, and advisory on everything related to the matter. Thus, among other objectives, the SENARA has that of ensuring the optimal and fair use of (...) water resources—both surface and subterranean—in agricultural activities (...) in the irrigation districts” (Article 2). Among its functions is that of “Investigating, protecting, and promoting the use of the country's water resources, both surface and subterranean” and “Carrying out, coordinating, promoting, and keeping updated hydrological, hydrogeological research (...)” (Article 3, subsections d and e).\n\nArticle 4 establishes that SENARA is responsible for promoting and directing coordination and collaboration with other institutions and entities competent in matters such as \"Prevention, correction, and elimination of all types of water pollution in the irrigation districts (distritos de riego),\" \"Preparation and updating of an inventory of national waters, as well as the evaluation of their potential use for exploitation in the irrigation districts (distritos de riego),\" and \"Construction and maintenance of the works necessary for the conservation and renewal of aquifers (manos acuíferos) usable for agricultural activities in the irrigation districts (distritos de riego)\" (subsections c, ch, and f). Among the powers of the Board of Directors is that of issuing agreements for the request of recovery, expropriation, or purchase of “(...) lands on which water resources (recursos hídricos) sit or underlie (...)\" (Articles 6 and 7).\n\nc) INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo). Article 34, paragraph 2, of the Ley Forestal provides that the alignments of the protection areas contemplated in its Article 33, among which are those bordering permanent springs (nacientes permanentes), recharge areas (las de recarga), and the aquifers (acuíferos) of the springs (manantiales), shall be carried out by INVU. Additionally, Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997, imposes on that entity the oversight of the “Urban Control Area (Área de Control Urbanístico)” which includes some of the districts of the Provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago, provided that the Municipal Government has not enacted a Zoning Regulation (Reglamento de Zonificación), given that in the “special protection zone (zona de especial protección)” all construction must be built under strict control, an Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) must be approved by MINAE, and a wastewater treatment plant authorized by ICAA and the Ministry of Health must be built to avoid “(...) the contamination of aquifers (mantos acuíferos) and the river channels (cauces fluviales) into which they (sic.) discharge.”\n\nd) MUNICIPALITIES (MUNICIPALIDADES). Municipal corporations have a primary role in the protection and conservation of groundwater (aguas subterráneas) through a series of indirect instruments. Thus, the Ley de Planificación Urbana (No. 4240 of November 15, 1968), over 35 years ago, based on article 169 of the Constitución Política—insofar as they are responsible for “The administration of local interests and services in each Canton”—imposed on them the duty to enact a master plan (plan regulador) to plan and control urban development and the related urban development regulations (articles 15 et seq.). Within that master plan (plan regulador) and the zoning regulation (reglamento de zonificación), the Municipalities must identify, for the purpose of regulating, controlling, and restricting human activities (industrial, urban development, agricultural, etc.), the areas or zones reserved because an aquifer (manto acuífero) or its recharge area (área de recarga) or discharge area (descarga) is located therein. By application of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (article 50 of the Constitución Política), to human life and health (article 21 ibidem), and in the interest of sustainable development, the cantons that, due to their geomorphological characteristics, have lands within their jurisdiction that harbor aquifers (mantos acuíferos), their recharge areas (áreas de recarga) and discharge areas (descarga), springs (manantiales), and springs (nacientes) are especially called upon and obliged to regulate and standardize such matters responsibly, efficiently, and effectively, since, on occasion, groundwater (aguas subterráneas) not only provides for the consumption and use of the populations of the canton but also of various cantons, which demonstrates a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of land and waters derived from the determination and establishment of such protected areas, since it is for the benefit of them, of the inhabitants of the other cantons that are supplied with the waters that flow through the aquifer (manto acuífero) and that emerge or discharge in other cantons, and, of course, of future generations.\n\nXV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE (PRINCIPIO PRECAUTORIO) OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER (AGUAS SUBTERRÁNEAS). One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary or prudential avoidance principle. This principle is set forth in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states: “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” In the domestic legal system, the Ley de Biodiversidad (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11, incorporates the following principles as hermeneutical parameters: “1.- Preventive criterion (Criterio preventivo): It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary or in dubio pro natura criterion (Criterios precautorio o indubio pro natura): When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures.” In Voto of this Chamber No. 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Votos Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 of 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Court considered the following: “(...) Prevention seeks to anticipate negative effects, and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain possible harm to the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or doubt regarding it—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since, if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damage caused to the environment.” Subsequently, in Voto No. 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Court indicated that “Properly understood, the precautionary principle (principio precautorio) refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of facts generating risk, but in the face of a lack of certainty that such facts will actually produce harmful effects on the environment.” In the case of groundwater (aguas subterráneas) contained in aquifers (mantos acuíferos) and recharge areas (áreas de carga) and discharge areas (descarga), the precautionary or in dubio pro natura principle means that when there are no studies or reports carried out according to the univocal and exactly applicable rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty regarding the innocuousness of the activity intended to be carried out on the environment, or these are contradictory amongst themselves, the entities and organs of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application, suspend those that are underway until the state of doubt is cleared, and, in parallel, adopt all measures tending to their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater (aguas subterráneas) involves protecting the resource before its contamination or degradation.” (judgment number 2004-001923 of two fifty-five p.m. on February twenty-fifth, two thousand four).\n\nV.- Regarding the injuries to the right to the environment: From the analysis of the evidentiary elements, this Chamber verifies the injury to the right to the environment by the Municipality of San Rafael de Heredia. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, in accordance with the Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica, it is determined that the Canton of San Rafael de Heredia is located in a zone of high and medium hydrogeological vulnerability. That the zone is located over geological formations: lavas, tobas, and lahares, which have land-use restrictions for urbanizations, agricultural crops, chemical pipe tanks, liquid effluent discharge to the ground, sanitary landfills, and quarries, and the risk of groundwater contamination and protection measures must be observed. That SENARA, CCSS, MS, ESPH, MAG, UNA, MINAE ACCVC make up the Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia, which develops the Proyecto de Zonificación de protección acuífera micro-cuencas Heredia to define two aquifer zones 1 and 2, the latter corresponding to the Canton of Concepción de San Rafael de Heredia, which have the following land-use limitations: High-density urbanizations are not permitted, nor subdivision (fraccionamiento), lotifications (lotificaciones), or agricultural segregations that endanger water resources; it must be carried out so that the project does not impact water resources; exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrogeological evaluations, and environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) must be carried out where not only the direct influence zone is considered, but also the micro-basin of interest. That in Gazette number 190 of October fourth, two thousand six, the Municipality of Heredia accepted the publication of the Delimitación de Zonas de Protección Acuífera in the micro-basins of the rivers Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás and the Federación de las Municipalidades de Heredia, approved by the Municipal Council of San Rafael de Heredia in Ordinary Session # 11-2006 of June seventh, two thousand six. That by opinion ASUB-68-08 of February twenty-seventh, two thousand eight, issued by the Área de Aguas Subterráneas, regarding the drilling of wells, it indicated: 1.- The following provision regarding well drilling applications is communicated to all State Institutions and Municipalities of the Central Valley, effective as of March first, two thousand eight. 2.- Due to the deficit in the supply of aquifers (acuíferos), henceforth, new drilling permits will not be authorized in the northern zone of Heredia and the Drilling Restriction Zone (Zona de Restricción de perforación). 3.- The Acuífero de Colima Inferior is reserved for the exclusive use of human consumption by the public entities that provide the service. The entities must coordinate with Senara and Minae the evaluation through hydrogeological studies and the determination of the usable volumes of the Acuífero de Colima Inferior. 4.- In the rest of the zone, for the processing of new well drilling applications, users must present the studies that allow compliance with the provision of the Contraloría General de la República. That in accordance with official letter ASUB 470-08 dated October twenty-eighth, two thousand eight, it is established that SENARA has not received or processed projects, or received for analysis studies from the Municipality of San Rafael de Heredia, for the purpose of assessing the risks that the different projects may cause to groundwater resources (recursos hídricos subterráneos), based on the vulnerability to contamination or the impacts that may be caused because it is an aquifer recharge zone (zona de recarga acuífera). That according to an inspection carried out on November eleventh, two thousand eight by SETENA, on the project file 1091-05, Proyecto de Fraccionamiento Frente a Calle Pública y Parcelas Agrícolas, segregation of eighteen residential lots, environmental viability (viabilidad ambiental) has not been granted; it is corroborated that on the site there are four dwelling houses built, cadastral map H-702382-2001. That according to an inspection carried out on December second, two thousand eight by SETENA, on the project file 1120-05, environmental viability (viabilidad ambiental) for a dwelling house with a construction area of 998 m2, it is observed that construction work is being carried out, earthworks (movimientos de tierra) were observed whose material is located within the same area, there are also stormwater evacuation systems, cadastral map number H-873988-2003. That according to an inspection carried out on December second, two thousand eight by SETENA, on the project file 600-07, environmental viability permit (permiso de viabilidad ambiental) RVLA-578-2007 SETENA was granted only for the layout and conditioning of accesses, it does not include slope cutting or any type of construction; two fully completed dwelling houses are observed, there are also two access entrances to the area, which are paved, cadastral map H-13483-76, real folio number 82742-000. From the foregoing, the Chamber determines the injury to article 50 of the Constitución Política by verifying that the Municipality of San Rafael de Heredia has permitted constructions, lotifications (lotificaciones), and subdivisions (fraccionamientos) in a zone of high and medium hydrogeological vulnerability, without carrying out the exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrogeological evaluations, and environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) to determine that such projects do not impact water resources and the micro-basins; this in accordance with the Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica and the Delimitación de Zonas de Protección Acuífera in the micro-basins of the rivers Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás and the Federación de las Municipalidades de Heredia. Hence, it is verified that such omission directly impacts the environment by endangering water resources. Consequently, it is appropriate to grant the appeal for injury to article 50 of the Constitución Política.\n\nPor tanto:\n\nThe appeal is granted for violation of articles 27, 41, and 50 of the Constitución Política; and consequently: a) all construction permits granted by the Municipality of San Rafael de Heredia discussed in this amparo appeal are suspended until such time as the exhaustive hydrogeological, hydraulic, hydrogeological evaluations, and environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) are carried out to determine that such projects do not impact the water resources and the micro-basins in accordance with the Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica and the Delimitación de Zonas de Protección Acuífera in the micro-basins of the rivers Ciruelas, Segundo, Bermudez, Tibás and the Federación de las Municipalidades de Heredia, approved by the Municipal Council of San Rafael de Heredia in Ordinary Session # 11-2006 of June seventh, two thousand six; b) Alberto Vargas Esquivel, Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, and Amable Corrales Valverde, President of the Municipal Council of the Municipality of San Rafael de Heredia, or whoever holds those positions in their stead, are ordered, under penalty of disobedience, to, within the non-extendable term of eight days counted from the notification of this judgment, respond to and communicate the petitions filed by the appellant on June eighteenth, two thousand seven, April fourth, two thousand eight, June thirtieth, two thousand eight, July thirtieth, two thousand eight, and August eleventh, two thousand eight. Alberto Vargas Esquivel, Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, and Amable Corrales Valverde, President of the Municipal Council of the Municipality of San Rafael de Heredia, are warned that failure to comply with the orders issued in this judgment would incur the crime of disobedience, which, in accordance with article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, is punishable by imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days for anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of San Rafael de Heredia is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction. Notify this resolution to Alberto Vargas Esquivel, Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, and to Amable Corrales Valverde, President of the Municipal Council of the Municipality of San Rafael de Heredia, or to whoever holds those positions, personally.\n\nAdrián Vargas B.\nPresident a.i.\n\nGilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.\n\nFernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G.\n\nRoxana Salazar C. Alexander Godínez V.\n\nEXPEDIENTE N° 08-014174-0007-CO\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:20:33.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}