{ "id": "nexus-sen-1-0007-503832", "citation": "Res. 01745-2011 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Omisión municipal en drenaje y planificación hidrográfica viola derecho a ambiente sano", "title_en": "Municipal omission in drainage and hydrographic planning violates right to a healthy environment", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un amparo presentado por vecinos de la Urbanización Quintanar, en Escazú, contra la Municipalidad de Escazú por varios reclamos, entre los cuales los más relevantes para el derecho ambiental son los siguientes. Los vecinos alegaron que el asfaltado de la Calle El Barro, ejecutado por un desarrollador privado, se realizó sin las debidas previsiones de drenaje, lo que provocó acumulación de aguas pluviales, formación de lagunas y riesgos de inundación, contaminación y plagas, afectando su derecho a un ambiente sano y a la salud. Además, denunciaron que la servidumbre del tubo madre de Puente Mulas —que transporta agua potable— no estaba delimitada ni resguardada, y que se habían construido edificaciones sobre ella, representando un peligro ante una eventual ruptura. La Sala determinó que la Municipalidad omitió exigir los estudios técnicos y las obras de drenaje necesarias al autorizar la mejora de la calle, y que no ha planificado adecuadamente el cantón al no identificar ni proteger la tubería y las fuentes de agua, vulnerando los artículos 21, 41 y 50 de la Constitución Política y el principio precautorio. En consecuencia, declaró parcialmente con lugar el recurso, ordenando a la Municipalidad que ejecute las obras de drenaje en la Calle El Barro y que, en coordinación con el ICAA, el MINAE y SENARA, realice un estudio hidrográfico y delimite la servidumbre de la tubería, además de condenar al municipio al pago de daños y perjuicios.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by residents of the Quintanar Urbanization in Escazú against the Municipality of Escazú. Among the claims, the most environmentally relevant were that the paving of Calle El Barro by a private developer lacked proper drainage works, causing rainwater accumulation, ponding, and risks of flooding, pollution, and pests, in violation of the right to a healthy environment and health. They also argued that the easement for the Puente Mulas water main was not demarcated or protected, and that buildings had been constructed over it, posing a risk in case of rupture. The Chamber found that the Municipality failed to require technical studies and drainage measures when authorizing the street improvement, and that it had not adequately planned the canton by identifying and protecting the water pipeline and water sources, thereby violating Articles 21, 41, and 50 of the Constitution and the precautionary principle. It partially granted the amparo, ordering the Municipality to carry out drainage works on Calle El Barro, and in coordination with ICAA, MINAE, and SENARA, to conduct a hydrographic study and demarcate the pipeline easement, plus awarding damages against the municipality.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "11/02/2011", "year": "2011", "topic_ids": [ "art-50-constitution", "water-law" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "principio precautorio", "plan regulador", "servidumbre", "aguas de escorrentía", "naciente", "viabilidad ambiental", "acera", "desfogue de aguas" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 285", "law": "Ley General de Salud" }, { "article": "No. 4240, Arts. 15 ss.", "law": "Ley de Planificación Urbana" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "derecho a ambiente sano", "principio precautorio", "plan regulador", "servidumbre de tubería", "drenaje pluvial", "aguas de escorrentía", "Municipalidad de Escazú", "Puente Mulas", "Urbanización Quintanar", "Calle El Barro", "SENARA", "ICAA", "MINAET" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "right to healthy environment", "precautionary principle", "regulatory plan", "pipeline easement", "stormwater drainage", "runoff water", "Municipality of Escazú", "Puente Mulas", "Quintanar Urbanization", "Calle El Barro", "SENARA", "ICAA", "MINAET" ], "excerpt_es": "Lo señalado por la Municipalidad recurrida en este amparo al no contar con datos ciertos respecto a la existencia de una naciente y la omisión de asegurar la delimitación de la tubería en cuestión son aspectos que lesionan el principio precautorio que debe resguardarse en tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la salud y a la vida, ya que con esta omisión no se ha planificado adecuadamente el cantón, poniendo en riesgo a las personas que habiten o transiten por los lugares donde se ubica esta tubería madre, en un eventual rompimiento. Por consiguiente procede estimar el presente recurso también en cuanto a este extremo y ordenar a la Municipalidad recurrida que proceda a coordinar con el ICAA, el Departamento de Aguas del MINAET y SENARA, la actualización o realización de un estudio hidrográfico de la zona, así como proceder a delimitar y demarcar claramente la servidumbre de paso de la tubería madre de Puente Mulas y a prever tal situación frente a futuras solicitudes de permisos de construcción.", "excerpt_en": "The Municipality’s failure, as pointed out in this amparo, to have reliable data regarding the existence of a spring and its omission in ensuring the demarcation of the pipeline in question violate the precautionary principle that must be safeguarded to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to health and life. This omission has resulted in inadequate planning for the canton, endangering persons who live or pass through the areas where this main pipeline is located in the event of its rupture. The appeal is therefore also granted on this point, ordering the respondent Municipality to coordinate with ICAA, the Water Department of MINAET, and SENARA to update or conduct a hydrographic study of the area, and to clearly delimit and mark the Puente Mulas main pipeline easement, and to anticipate this situation for future construction permit applications.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber partially granted the amparo against the Municipality of Escazú for violating the right to a healthy environment (Art. 50 Const.), health, and life, ordering drainage works on Calle El Barro, a coordinated hydrographic study with ICAA, MINAE, and SENARA, and the demarcation of the Puente Mulas pipeline easement, plus an award of damages; the remaining claims were dismissed.", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo contra la Municipalidad de Escazú por violación al derecho a un ambiente sano (art. 50 CP), la salud y la vida, ordenando la realización de obras de drenaje en la Calle El Barro, un estudio hidrográfico coordinado con el ICAA, MINAE y SENARA, y la delimitación de la servidumbre del tubo madre de Puente Mulas, además de condenar al pago de daños y perjuicios; el resto de alegatos fueron desestimados." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "This Court has repeatedly stated that the right to a healthy environment contained in Article 50 of the Political Constitution has a broad content that equates to the aspiration of improving the human living environment, so that it goes beyond natural conservation criteria to be placed within any sphere in which the individual develops.", "quote_es": "Este Tribunal en reiteradas ocasiones ha señalado que el derecho a un ambiente sano contenido en el artículo 50 de la Constitución Política tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The creation of adequate drainage within a community in order not to cause damage to property, health, or environmental problems for its neighbors, for example, is within the terms indicated by the Political Constitution as a matter of cantonal interest and is undoubtedly part of the services that the Municipality is obliged to provide.", "quote_es": "La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de ambientales a sus vecinos, por ejemplo, está dentro de los términos indicados por la Constitución Política, como un asunto de interés del cantón y sin duda alguna es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar." }, { "context": "Considerando V b)", "quote_en": "The Municipality’s failure, as pointed out in this amparo, to have reliable data regarding the existence of a spring and its omission in ensuring the demarcation of the pipeline in question violate the precautionary principle that must be safeguarded to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to health and life.", "quote_es": "Lo señalado por la Municipalidad recurrida en este amparo al no contar con datos ciertos respecto a la existencia de una naciente y la omisión de asegurar la delimitación de la tubería en cuestión son aspectos que lesionan el principio precautorio que debe resguardarse en tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la salud y a la vida." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-503832", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 01745 - 2011\n\nFecha de la Resolución: 11 de Febrero del 2011 a las 09:59\n\nExpediente: 09-006673-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Paulino Mora Mora\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencias Relacionadas\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: TEMAS ANTERIORES\n\nTema: Municipalidad de Escazú\n\nSubtemas:\n\nProblema con la construcción de mejoras en la calle El Barro por omisión de estudio hidrográfico a fin de una adecuada canalización de aguas.\n\nTema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado\n\nSubtemas:\n\nViolación del derecho alegado por cuanto la autoridad recurrida no ordenó un estudio técnico para las mejoras de la calle El Barro y así evitar empozamientos de agua por falta de un adecuado canal de drenaje.\n\nTema: Administración pública\n\nSubtemas:\n\nObligación del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a todos los habitantes del país.\n\nTema: Principio precautorio en materia ambiental\n\nSubtemas:\n\nObligación del Estado de tomar las medidas necesarias para la protección del medio ambiente y la salud de los habitantes.\n\nTema: Condena en costas, daños y perjuicios al Estado\n\nSubtemas:\n\nCondena a la Municipalidad de Escazú al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.\n\n“II.- Objeto del amparo. La recurrente acusa que con las obras realizadas por el Grupo Roble Internacional de Costa Rica y el Grupo Meridiano de Centroamérica  sobre la calle el Barro que colinda con la Urbanización Quintanar, subieron el nivel del piso, al haber rellenado la misma con asfalto, sin tomar las previsiones necesarias para el desfogue de aguas, ya que cuenta con acera solo de un lado y el otro sector afecta sus paredes por el agua que discurre, asimismo se limita el acceso por esa calle a las viviendas que tienen frente a ella. Señala que ha solicitado permisos de construcción, planos, permisos para elevación y movimientos de tierra, sin que se le haya dado respuesta alguna. Refiere que la servidumbre del tubo madre de Puente Mulas no está delimitada, por lo que le preocupa lo que pasaría ante un eventual rompimiento de la misma. Indica que lotes de la urbanización que son de uso residencial están siendo utilizados como bodega y parqueo comerciales, sin que la Municipalidad lo fiscalice, y tampoco ha procedido a incluir a la Urbanización Quintanar en el Plan Regulador como zona residencial ni a incluir la variable ambiental.\n\nIII.-  Sobre la protección ambiental. Este Tribunal en reiteradas ocasiones ha señalado que el derecho a un ambiente sano contenido en el artículo 50 de la Constitución Política tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del medio en el cual habita. De ahí que se afirme que se trata de un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento jurídico, modelando y reinterpretando sus institutos. Por ello, nuestra Constitución establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho, es decir, asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho y poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros. En consecuencia, el Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales (ver sentencia Nº 2002-10340)\n\nIV.- Sobre las competencias municipales. De conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional.  En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, mediante adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, modernos sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; eficientes servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; y en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población. Así, la Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968), con fundamento en el ordinal 169 de la Constitución Política les impuso el deber de promulgar un plan regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los reglamentos de desarrollo urbano conexos (artículos 15 y siguientes). Dentro de ese plan regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.),  las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Esto porque en aplicación de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política), a la vida y la salud humanas (artículo 21 ibídem) y en aras de un desarrollo sostenible los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales y nacientes están especialmente llamados y  obligados a regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos, puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón, sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supralocal o nacional. Los habitantes de esas localidades, por su parte, deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas, puesto que, es en beneficio de ellos y de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que discurren por el manto acuífero y que afloran o descargan en otros cantones y, desde luego, de las futuras generaciones (sentencia No. 2004-1923).  Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como conceptos jurídicos indeterminados donde la ley no resuelve con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido.  La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud  ni problemas de ambientales a sus vecinos, por ejemplo, está dentro de los términos indicados por la Constitución Política, como un asunto de interés del cantón y sin duda alguna es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar.   En este mismo sentido la Ley General de Salud en su artículo 285 establece que las aguas pluviales deben ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza y calidad (sentencia No. 2004-1840).  Por tal motivo, las Municipalidades están obligadas a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a las comunidades, de un sistema eficiente de drenaje de las aguas servidas y pluviales, lo que implica que la Municipalidad debe construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente esas aguas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros.\n\nV-  Sobre los alegatos de la recurrente. Tratándose de diversos argumentos, se procederán a resolver en forma separada, como de seguido se indicará:\n\na) Sobre la Calle El Barro. Sobre este aspecto alega la recurrente que con las obras realizadas por el Grupo Roble Internacional de Costa Rica y el Grupo Meridiano de Centroamérica sobre la calle el Barro que colinda con la Urbanización Quintanar, en la cual habitan los amparados, se subió el nivel del piso al haber rellenado la misma con asfalto, sin tomar las previsiones necesarias para el desfogue de aguas, ya que cuenta con acera solo de un lado y el otro sector afecta sus paredes por el agua que discurre. Asimismo acusa que se limita el acceso por esa calle a las viviendas que tienen frente a ella. Sobre este tema en particular, la autoridad recurrida sostiene en el informe rendido bajo la fe de juramento, que la calle El Barro es una vía pública de administración cantonal, que colinda al este con la Urbanización Quintanar y al oeste con varias propiedades que tienen además frente a otra calle denominada Matapalo. Acepta que efectivamente fueron realizadas mejoras a las superficies de ruedo (asfalto) de esta calle en el extremo norte de la vía, aproximadamente a 270 metros de longitud, como parte de las mejoras a media vía que deben construir los desarrolladores de proyectos de condominio, en este caso el proyecto de Condominio del Grupo Roble, aunque el Proyecto Meridiano en su frente a la Calle El Barro no ha realizado hasta la fecha las mejoras correspondientes. Informa que no es cierto que se subiera el nivel del piso de la calle y que por estar el proyecto bajo la figura de condominio, corresponde al desarrollador proceder a su costa con las mejoras a media vía de carácter obligatorio, obras que como en este caso, más bien el interesado Grupo Roble, procedió de buena voluntad con la construcción del derecho de vía completo, exceptuando las aceras de los predios colindantes al oeste con ésta, las cuales son responsabilidad única de cada propietario, sin embargo sí está pendiente la construcción de aceras en el costado oeste de esta vía, por lo que estará notificando de manera inmediata a los vecinos su obligación de construir las aceras y en caso de incumplimiento procedería con su construcción y su correspondiente cobro. Respecto a los daños y perjuicios acusados, indica que éstos se hubiesen evitado desde un principio, pero debido a la omisión por parte de los propietarios de no construir la acera es que se presenta esta situación, por lo que no existe relación causa y efecto debido a la compactación del material de la capa asfáltica colocada en esa ruta. Señala el informe que no es cierto lo dicho por la recurrente, ya que según el video y fotos aportadas, se puede observar que no existe impedimento de acceso por nivel de la calle a las propiedades ubicas en la colindancia de dicha calle. No se está realizando ningún tipo de trabajo por parte de la Municipalidad, ni de terceros que haga presumir  que se limite el acceso a las propiedades que tienen frente a la calle El Barro, y que toda obra que se realice mantendrá el nivel actual del terreno.  No obstante, a pesar de lo señalado en el informe por la Municipalidad, en oficio del 18 de junio de 2009 el Coordinador del Proceso de Desarrollo Territorial de la Municipalidad recurrida le comunicó a la Ing. Sandra Blanco Directora MIDT por oficio PDTJ-INT-53-09, que la vía entre la rotonda de Multiplaza y la calle el Barro al oeste  del Oficentro Plaza Roble tiene carácter privado dado que está bajo el régimen de propiedad horizontal, sin embargo en diferentes ocasiones el portón que da acceso hacia la calle El Barro lo han mantenido abierto durante largos períodos y otros cerrado, por lo que en virtud de las últimas quejas se ordenó abrir y quitar el rótulo de prohibido el paso que la Municipalidad le había solicitado a  Grupo  Roble, que se trata de una vía que de hecho es transitada públicamente, pero que de derecho es privada y del Grupo Roble (folio 205). Así las cosas y frente a la existencia de prueba contradictoria en este expediente y tratándose el amparo de una vía sumaria, no es posible dilucidar en esta jurisdicción cuál es la verdadera naturaleza de esta calle en cada límite exacto y por dónde debería o no permitirse el acceso a esa vía, lo cual deberá ser discutido, si a bien lo tienen las partes, en la vía de legalidad correspondiente. Ahora bien, independientemente de la naturaleza de la calle, lo cierto es que se llevaron a cabo obras de asfalto en esta vía sin que conste en resolución alguna del Municipio recurrido en autos, las exigencias técnicas para llevar a cabo la misma y sin prever las acciones coordinadas con los demás desarrolladores vecinos, sin los cuales la obra quedaría inconclusa y con ello se produjo el problema actual, que es que no cuenta con cunetas, sistema de alcantarillado y que efectivamente al ser asfaltado afecta su altura (ver foto a folio 133 del expediente) y la escorrentía de las aguas, pues éstas ya no serán absorbidas por la tierra que existía previamente, ya que el asfalto las hará discurrir sin control.  Con respecto al tema, la autoridad recurrida en su informe señala que  las aguas de escorrentía de lluvias (aguas pluviales superficiales sobre el terreno sin construir) actualmente están siendo canalizadas por medio de un canal abierto, ubicado en el medio de la calle, de manera que no permite desbordamiento sobre las propiedades privadas. Indicó que la municipalidad no ha sido omisa en la canalización de las aguas pluviales de proyectos nuevos en el sector (proyectos fuera de la Urbanización Quintanar) pues todos los permisos de construcción han sido aprobados y verificada la construcción de las obras mediante la recepción de obras que demuestran que las canalizaciones de aguas pluviales se han realizado mediante sistemas de alcantarillado pluvial fuera de la Urbanización Quintanar, aquellos proyectos aprobados y ejecutados en la Urbanización Quintanar sí descargan sus aguas al sistema de dicha urbanización, ya que los diseños originales de la urbanización así lo contemplaron. Sin embargo, de conformidad con la inspección realizada por SENARA el 17 de noviembre de 2009, en atención a este amparo, se logró determinar que  en el sector en discusión, que el relieve de la zona es algo irregular con pendientes entre un 5% y un 8% y está dentro del área de la vertiente de la margen derecha de una quebrada sin nombre, que transcurre con dirección sureste-noroeste y que descarga en la quebrada Yeguas; también determinó que las aguas de escorrentía superficial de ese sector tienen una dirección noreste-suroeste y las mismas son interceptadas con un canal de guardia artificial (zanja de tierra sin revestimiento alguno) orientado casi perpendicularmente a la dirección antes mencionada (folios 268 y 269). Asimismo concluyó que el canal de guardia artificial que intercepta las aguas de escorrentía superficial en el área objeto de amparo se ubica en gran parte y a lo largo de la calle El Barro que colinda al noreste con la Urbanización Quintanar, el cual tiene una profundidad variable, para un promedio de unos 0.3 metros, no obstante, es insuficiente para evitar la presencia de aguas en el lote baldío con frente en calle pública asfaltada, orientada casi paralelamente a la calle El Barro (folio 269). De manera que, la presencia de aguas en el sitio en cuestión se debe al agua de lluvia que cae directamente en el lote baldío, aunada al agua de escorrentía superficial (y en parte subsuperficial que se manifiesta por gradiente topográfico) que baja por la vertiente natural hacia la quebrada sin nombre y que no es interceptada eficientemente por el canal de guardia acumulándose en los bajorrelieves del lote, formándose una especie de laguneta o charco grande, con un piso arcilloso que retarda la infiltración del agua principalmente en invierno (folio 269), lo cual es conteste con la foto aportada a folio 82, sobretodo en la estación de invierno. Aunado a lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la Municipalidad al señalar que la responsabilidad también es de los recurrentes por no haber realizado la acera que les corresponde, toda vez que consta en varios escritos desde el año 2007 que los amparados solicitaron la información completa sobre esta calle y denunciaron los riesgos y problemas  que se avecinarían e incrementaría con la llegada del invierno; sin embargo, en la mayoría de los escritos de respuesta, la autoridad recurrida manifestaba desconocer la ubicación de esa calle aunque concomitantemente autorizaba a la empresa El Roble a utilizarla para el traslado de maquinaria pesada. Veamos, del expediente se tiene escrito presentando el 31 de enero de 2007 por la recurrente en la que solicitó al Alcalde Municipal recurrido que se enviara un inspector para que determinara el uso que se estaba dando a una calle que comunicaba a su residencial con la rotonda y el ingreso de Multiplaza, también le solicitó que se le informara cuál categoría es la que tiene la calle El Barro y lo proyectado a futuro con la misma, ya que no contaba con las condiciones mínimas de mantenimiento, ni de recolección de aguas de lluvia (folio 28). El 29 de mayo de 2007 los amparados reiteraron ante el Municipio recurrido su denuncia por problemas con la calle El Barro (folio 12). El 12 de junio de 2007 por oficio JDU EXT-07-07 la Municipalidad de Escazú le otorgó permiso a Grupo El Roble para poner una pluma en el portón colocado entre la Urbanización Quintanar y la calle privada al norte del Oficentro Plaza Roble, la posibilidad de instalar un rótulo que indique propiedad privada y cerrar en la noche, así como el tránsito de maquinaria pesada (6 vehículos pesados por semana) por la ruta que inicia en Plaza Mundo y que comunica con la Ruta Nacional de Guachipelín  (folio 62). Por oficio CTPRE/051-07 del 18 de junio de 2007, la Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú le contestó a la recurrente, en cuanto a la calle El Barro, que debía detallar mejor la ubicación de dicha calle para poder contestar sus inquietudes (folio 71). El 19 de junio de 2009 la recurrente remitió a la autoridad recurrida una nota señalando la ubicación de la calle El Barro (folio 72). El 5 de julio de 2009 la recurrente, como representante de la urbanización Quintanar, reiteró sus alegatos y la falta de respuesta por parte del Municipio recurrido (folio 74). El 24 de abril de 2008 por oficio CTPR-INT-95-08 la Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú le contestó a la recurrente, en cuanto a la calle El Barro, que en el mapa oficial de vialidad del Plan Regulador no se hace referencia a nombre de calles, por lo que estaba imposibilitado para referirse al respecto, por lo que debía presentar algún plano catastrado (folio 78). El 31 de marzo de 2009 la recurrente en representación de la urbanización Quintanar acusó ante la Municipalidad recurrida que se había asfaltado la calle El Barro elevando la misma dos metros y pegando con su pared, sin desagüe o drenaje alguno, lo cual significaba un riesgo de inundación, así como problemas con la maquinaria que pasaba por quebraduras en el repello y caída de piedras en la tapia (folio 84). Por oficio PDT-376-09-EXTERNO del 20 de abril de 2009 el Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad de Escazú le contestó a la amparada que la calle El Barro es una vía existente ya consolidada que mantiene el nivel topográfico de los predios colindantes de dicha vía, que se enviaría a un inspector al sitio, que el permiso de construcción obedeció a realizar mejoras a media vía del condominio y que fue buena voluntad del interesado asfaltar la vía completa, exceptuando las aceras de los predios colindantes al oeste, por ser responsabilidad de cada propietario, que de por sí la infraestructura es conforme para la conducción de las aguas pluviales que escurren por los terrenos sin construir, ya que en las fincas donde existen edificios se consolidó el sistema de bombeo de aguas pluviales que desfoga hacia Calle Matapalo, por lo que el agua que sea captada en dicho canal es la misma o menor que la que anteriormente se conducía (folio 85). De lo anteriormente expuesto se tiene que no fue negligencia de los recurrentes el no haber procedido a realizar la acera, si en las ocasiones en que intentaron obtener la información se les indicaba que no podían dárselas, como si desconocieran la misma. En todo caso, si la Municipalidad constató que la acera no había sido realizada por el desarrollador del Condominio, como bien lo indica en su informe debió proceder a su realización y luego cobrar el costo de la misma, sin embargo es inaceptable para este Tribunal que un Gobierno Municipal llamado constitucionalmente a atender los problemas de su localidad, haya hecho caso omiso de las denuncias que se le han realizado en todos estos años, avocándose únicamente a contestar por escrito sin verificar y ejecutar las obras correspondientes, a fin de resolver los problemas que hay con el drenaje de estas aguas. Lo cierto es que aunque se indique que fue de buena fe por parte del desarrollador que se asfaltó esta calle, la Municipalidad tenía que garantizar los requisitos mínimos con los que debe contar a fin de evitar consecuencias futuras. La existencia de lagunetas o zuampos como indica SENARA en su informe que se forman en el lote baldío adjunto a Quintanar, sin duda alguna implica un riesgo por contaminación, inundaciones y por una eventual crisis de plagas, lo que pone en riesgo el derecho a un ambiente sano y equilibrado, así como el derecho a la salud de los habitantes. En razón de lo anterior, sin entrar a determinar si la calle El Barro se trata de una vía pública o privada, su ubicación exacta y límites -por tratarse de un asunto de mera legalidad-, lo cierto es que con pleno conocimiento de las autoridades municipales se realizaron obras de asfalto en dicha calle, que no contemplaron otras directrices técnicas, que han provocado el discurrimiento de aguas superficiales en detrimento de los vecinos de la Urbanización Quintanar y que a pesar de haberse denunciado así desde hace años, la recurrida no ha tomado previsión ni ha ejecutado acción alguna que conlleve a su solución, lo que ha lesionado los artículos 21, 41 y 50 de la Constitución Política, por lo que el amparo debe estimarse en cuanto a este aspecto.\n\n     b) Sobre la ubicación de la servidumbre del Tubo Madre de Puente Mulas y la existencia de una naciente. La recurrente acusó que el Municipio recurrido ha permitido grandes construcciones sin delimitar y verificar que en caso de rompimiento de un tubo de esta naturaleza, pueda ser reparado eventualmente y con ello se ponga en riesgo su vida y posesiones, así como de la naciente que pasa por sus predios. Sobre este particular la Municipalidad recurrida informó que existe un estudio de hidrología  del sector, el cual determina que las aguas pluviales de proyectos nuevos a desarrollar en la zona se deben canalizar hasta la Quebrada Yeguas en la ruta nacional No. 310, que en la calle en cuestión no se ubicó ningún tubo de desagüe durante la inspección y que no existe registro en el mapa oficial de nacientes de MINAET, ni en sus documentos se acredita la existencia de una naciente en la zona. Con relación a este tema, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informó que del análisis y estudio realizado en las jurisdicciones de Escazú y Santa Ana, reconoce la existencia de una naciente ubicada en el sector de la Urbanización Quintanar, pero indica que no es captada ni utilizada por este Instituto para el abastecimiento poblacional. Asimismo indica que  según inspección realizada se determinó que existe una tubería que discurre en sentido noroeste-sureste desde la autopista Próspero Fernández, intersectando  la urbanización Quintanar al noroeste de la misma, atravesando el bloque de lotes Nos. 24, 25 y 26 y, no verificado, quizás el No. 23, que son colindantes al sur del Hotel Real Intercontinental. Igualmente el lote No. 22. Señala que la tubería mantiene su trazado en el sentido indicado hasta llegar a la calle de acceso restringido del complejo de oficinas del Grupo Roble, propietario del centro comercial Multiplaza. A partir de esa calle, que es compartida con el parqueo del Hotel, el trazado adopta sentido oeste-este (en dirección del flujo de agua) hasta la rotonda de la calle intermedia del hotel y el centro comercial indicados, y de ahí adopta dirección sur. Refiere que en ninguno de los lotes baldíos 25 y 26 se pudo verificar la existencia de la demarcación, tipo mojones o cosa por el estilo, que identifique la existencia de la tubería. En el resto de lotes hay residencias habitadas que presumiblemente se levantaron encima de la servidumbre de la tubería y en donde tampoco hay mojones, ni señalización que identifique la tubería. En el caso de la calle común del parqueo del Hotel Real Intercontinental y las oficinas del Grupo Roble, dentro de una jardinera se encuentra una válvula de aire, que permite identificar la tubería, relativamente concordante con el indicado en planos. Esta válvula se ubica a unos cuantos metros al este del vértice en donde la tubería modifica su alineamiento noroeste-sureste dentro la urbanización Quintanar por el sentido oeste-este fuera de ella. Otra jardinera hacia el oeste de ésta evidencia estar construida encima de la tubería. Concluye que de los aspectos observados y verificados en campo se establece que la servidumbre –al costado sur del Hotel Real Intercontinental- no está señalizada, ni resguardada en sus dimensiones legales, es decir, no existe una franja inalienable que tenga a la tubería libre de construcciones u obras civiles a lo largo de la misma, más bien afirma que la cantidad y tipo de edificaciones residenciales y comerciales que se han levantado encima de ella se convierten en barrera física que impide hoy y en el futuro su adecuado y oportuno mantenimiento y conservación; y que tales circunstancias la tubería puede representar una amenaza potencial contra tales inmuebles y sus ocupantes. Por su parte, SENARA en el informe que se le solicitó rendir a este Tribunal concluye que en la zona en cuestión no estamos en presencia de un manantial, sino de una acumulación de aguas de escorrentía superficial  (con algún comprobante de aguas sub-superficiales), pero no de aguas subterráneas, por lo anterior no amerita protección especial. En conclusión, no se demuestra que exista una afectación de la naciente a la cual hace alusión la recurrente, aunque los informes contradictorios del ICAA y de la Municipalidad recurrida hacen presumir a la Sala, que aún y cuando el cantón de Escazú cuenta con un Plan Regulador, no está bien determinada la hidrografía del lugar, toda vez que una institución niega y otra acepta la existencia de la naciente, así como tampoco se refiere a la ubicación de esta servidumbre, omisión que ha ocasionado que se hayan permitido irresponsablemente construcciones sobre esta tubería, sin delimitarla claramente lo que actualmente significa un riesgo para las personas en caso de que se produzca una eventual ruptura. Esto sin duda alguna lesiona los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la vida, a la salud y a un desarrollo sostenible, ya que como se indicó anteriormente, los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales, nacientes o fuentes de agua para uso potable, están especialmente llamados y  obligados a regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos, puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón, sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supralocal o nacional. Los habitantes de esas localidades, por su parte, deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas incluso como servidumbres, puesto que, es en beneficio de ellos y de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que por ahí discurren y de las futuras generaciones. Por eso es que se ha insistido que dentro del Plan Regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.),  las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Lo señalado por la Municipalidad recurrida en este amparo al no contar con datos ciertos respecto a la existencia de una naciente y la omisión de asegurar la delimitación de la tubería en cuestión son aspectos que lesionan el principio precautorio que debe resguardarse en tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la salud y a la vida, ya que con esta omisión no se ha planificado adecuadamente el cantón, poniendo en riesgo a las personas que habiten o transiten por los lugares donde se ubica esta tubería madre, en un eventual rompimiento. Por consiguiente procede estimar el presente recurso también en cuanto a este extremo y ordenar a la Municipalidad recurrida que proceda a coordinar con el ICAA, el Departamento de Aguas del MINAET y SENARA, la actualización o realización de un estudio hidrográfico de la zona, así como proceder a delimitar y demarcar claramente la servidumbre de paso de la tubería madre de Puente Mulas y a prever tal situación frente a futuras solicitudes de permisos de construcción. \n\nc) Sobre el uso comercial dado a un lote residencial.  La recurrente Indica que lotes de la urbanización que son de uso residencial están siendo utilizados como bodega y parqueo comerciales, sin que la Municipalidad lo fiscalice. Aún y cuando este Tribunal reconoce que este aspecto fue desestimado según resolución No. 2010-0269, en este amparo que resulta anterior al tramitado bajo expediente No. 09-9460-0007-CO, sobre este aspecto la autoridad recurrida aceptó lo acusado y aportó la notificación No. 2786 del 20 de mayo de 2009 en que la Municipalidad ordenaba a Grupo Roble que debía eliminar la bodega y el parqueo que construyeron de manera temporal en los terrenos de la urbanización Quintanar (folio 169), actuación que resultó, para efectos de este estudio, con posterioridad a la notificación del presente recurso (ver folio 149), lo que implica que sí deba estimarse el presente amparo, al menos para efectos indemnizatorios, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nd) Sobre la acusada contaminación sónica. Por escrito posterior a la presentación de este recurso, la amparada amplió los alegatos del mismo indicando que, además, Grupo Roble producía contaminación sónica por la colocación de unos ventiladores que permanecían encendidos durante 24 horas, lo que lesionaba su derecho al descanso. En relación a lo acusado, este Tribunal ordenó al Ministerio de Salud que procediera a realizar una medición sónica en el lugar de los hechos; sin embargo ésta no se logró llevar a cabo porque según informe técnico URS-RCS-2340-2009 del 13 de noviembre de 2009, emitido por la Dirección Regional Central Sur de Salud, no fue posible localizar ni coordinar con los denunciantes. Motivo de lo anterior, la autoridad recurrida realizó 4 inspecciones más, las cuales según oficio URS-RCS-177-2010 del 2 de febrero de 2010 suscrito por la Dirección Regional Central Sur de Salud tuvieron los siguientes resultados: a- que el 23 de enero de 2010 a las 23:00 horas no fue posible contactar a los denunciantes a pesar de los múltiples intentos, b-que el 29 de enero de 2010 a las 21:00 horas las partes denunciantes no autorizaron que se realizara la medición sónica porque no se estaba generando ruido, motivo por el cual se coordinó una nueva fonometría para el 1 de febrero, c-que el 1 de febrero de 2010 a las 10:00 horas al hacer la inspección no se estaba produciendo ruido y se reprogramó para ese mismo día a las 12:00, d) que el 1 de febrero de 2010 a las 12:00 horas y estando en funcionamiento los ventiladores el cónyuge de la señora Olga Shutaleva se opuso a la realización de la medición sónica, con el argumento de que únicamente estaban funcionando 3 ventiladores, cuando lo usual es que funcionen 12. Por orden de este Tribunal, el Ministerio de Salud y la Municipalidad recurrida se apersonaron el 16 de agosto de 2010 a la casa de habitación de la señora Shutaleva, sin embargo según informe técnico ARSE-276-10 de 16 de agosto de 2010 la medición sónica no se realizó por estar apagados en ese momento los ventiladores, agregaron además que el administrador del Oficentro en cuestión, les indicó que éstos se colocaron para la recirculación del aire que se concentra en los estacionamientos subterráneos y así evitar la acumulación del CO2 que emana de los vehículos, que además funcionan con horarios definidos, a saber de 7:00 a 9:00 horas, de las 12:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 18:30 horas, ya que en esos momentos hay mayor tránsito vehicular y que se encienden de los 12 un máximo de 5 ventiladores. Asimismo, el Ministerio de Salud informó a la Sala que no pudo realizar la medición sónica desde la casa de habitación de la señora Virginia Sandí, ya que nadie dio razón de su ubicación. Por su parte, la Municipalidad recurrida admite que los ventiladores están ubicados a 6 metros de la casa de habitación de la señora Shutaleva, no obstante refiere que esto se debe a que dichas fincas filiales del condominio fueron construidas en el área de antejardín, por lo que ordenó al Proceso de Desarrollo Territorial por oficio AL-621-10 que se iniciaran los trámites de notificación y consecuente procesos de demolición sobre las fincas filiales que se encuentran en dicha situación. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha indicado que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien, a través de actos concretos por parte de la administración –ver sentencia número 1994-1763, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, reiterada, entre otras, por sentencia de esta Sala número 2008-3659, de las dieciséis horas cuarenta y cuatro minutos del siete de marzo de dos mil ocho-. Sobre la contaminación sónica o acústica, mediante sentencia número 1994-709, de dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro –reiterada igualmente por sentencia 2008-3659-, la Sala definió que:\n\n\"[L]a presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en dicho ambiente características negativas para la vida humana, la salud o el bienestar del hombre, la flora o fauna, o produzcan en el habitat de los seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general, un deterioro importante. Contaminar es introducir sustancias o elementos extraños al ambiente en niveles y con una duración tales, que produzcan contaminación en el sentido expuesto. Contrariamente, descontaminar es reducir el nivel de concentración de los contaminantes que se encuentren presentes en el ambiente, a sus valores aceptables conforme a las normas específicas sobre calidad ambiental.\n\n \n\nAmbiente libre de contaminación es, pues, la condición en que se encuentra el medio que nos rodea, cuando las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza en el entorno próximo o lejano, no sobrepasan los máximos permisibles fijados por aquellas normas.\"\n\n \n\nIII.- En materia de contaminación acústica, si bien es cierto existen diferentes reglamentos que fijan límites máximos permitidos de exposición de ruido a que pueden ser sometidos quienes se encuentran en el interior de industrias u otros centros de trabajo, deben también tomarse en consideración otros aspectos tales como, por ejemplo, la ubicación donde se encuentran dichas empresas, ya sea en zonas calificadas estrictamente como industriales, o bien, zonas mixtas, comerciales, residenciales, así como el efecto que sus emisiones sonoras producen hacia el exterior, sea, en lo vecinos de dichos establecimientos. Es innegable que los ruidos molestos existen en algunos sectores, lo cual lógicamente perjudica notablemente a quienes, como la que recurre en esta vía, tienen derecho a vivir tranquilos, libres de contaminación acústica, de acuerdo a la garantía que reiteradamente ha sostenido esta Sala: el derecho que tiene todo ser humano a un medio ambiente sano, libre de contaminación, que no admite interrupciones, cual es el caso de aquéllas que imponen tener que soportar durante varias horas, días enteros e, incluso, en las noches, las contaminaciones que, como la auditiva, hemos sostenido como contraria al derecho a la salud, que es un derecho absoluto, ya que está basado en la dignidad del ser humano. Si bien es cierto, el proceso productivo genera desechos y contaminaciones de diferente orden, es evidente que el hombre ha llegado, a través del desarrollo tecnológico, a someter y controlar su entorno y, en consecuencia, al imperativo de que debe existir un equilibrio entre el desarrollo económico de un país y el derecho de sus habitantes a tener un ambiente sano, libre de contaminación. Debe tenerse presente que el ejercicio del comercio, bajo cualquiera de sus modalidades, no puede ser tan ilimitado, que pueda perturbar el derecho de los habitantes al descanso reparador, a la paz y tranquilidad, o que implique un deterioro de la salud de los vecinos, como integrantes del derecho a la vida.”\n\n \n\nEn el caso bajo estudio, resultó imposible realizar una medición que acreditara la contaminación sónica aducida por la recurrente y el amparado, a pesar de los intentos efectuados, y que incluso se realizó una Inspección Ocular con participación de los técnicos del Ministerio de Salud. Por el contrario, la prueba allegada al expediente por gestión propia de esta Sala, demuestra que los ventiladores se sitúan a una distancia diferente a la inicialmente indicada por la Municipalidad de Escazú, que efectivamente tales ventiladores tienen dimensiones, amperajes y caballajes distintos, lo cual de manera evidente incide en el ruido que pudieren producir, y que técnicamente la legislación ordinaria carece de parámetros que determinen los estándares que permitan regular el uso de estos artefactos, por lo que mal haría la Sala intentando definir situaciones que técnicamente aún no han sido atendidas. En este sentido, al carecer de prueba que acredite la existencia de contaminación sónica, el recurso debe ser declarado sin lugar en cuanto a este extremo.\n\ne) Sobre la variable ambiental del Plan Regulador de Escazú. En escrito posterior a la presentación de este amparo, la recurrente también objetó el Plan Regulador de este cantón, indicando que el mismo no incluyó la variable ambiental al momento de su aprobación y que no había incluido a la Urbanización Quintanar en el mismo. Respecto a este tema, esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto en la sentencia No.  2005-9765, en el siguiente sentido:\n\n“IV.- En cuanto a la violación al artículo 50 de la Constitución Política. Se desprende también de los autos que el Plan Regulador de Escazú fue aprobado por el Concejo Municipal de Escazú en la sesión extraordinaria numero 59, efectuada el diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, Acuerdo AC-396-04, el cual se publicó el tres de febrero de dos mil cinco en el Diario Oficial La Gaceta y posteriormente se publicó una fe de erratas, que se comunicó por el mismo medio oficial el jueves diecisiete de marzo siguiente, en La Gaceta número 54. Argumenta la Municipalidad recurrida y así acredita en autos, que desde mayo de dos mil cuatro remitió el borrador del Plan Regulador a la SETENA conjuntamente con otros documentos, es decir, antes de que se encontrara vigente la obligación que se plasma en el Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que data del veintiocho de junio de dos mil cuatro; sin embargo, no se recibió respuesta alguna de la SETENA. Fue así como, ante la omisión de esa Secretaría, la Municipalidad continuó con los trámites que desembocaron en la aprobación del Plan Regulador, el cual, según se afirma bajo fe de juramento con las consecuencias de ley, sí integra la variable de impacto ambiental aunque no pasó por el proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación, por el motivo antes indicado. La SETENA, por su parte informa que no ha llevado a cabo la evaluación del Plan Regulador del cantón de Escazú ni de ningún otro cantón, porque no se ha emitido el manual de procedimientos para llevar a cabo la evaluación ambiental estratégica. En ese contexto, estima la Sala que si bien es cierto no lleva razón la Municipalidad recurrida en punto a que el silencio de la SETENA pueda tenerse como superación del proceso de viabilidad ambiental, que exige el ordinal 67 del Reglamento sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, también lo es que se desprende de la prueba allegada al expediente que ese ente municipal ha hecho un gran esfuerzo por emitir la normativa necesaria tendiente al ordenamiento del desarrollo urbanístico del cantón de Escazú y que, al efecto, emitió el Plan Regulador que nos ocupa contando con la participación de la comunidad, como en Derecho corresponde, aparte de que durante la tramitación procuró una constante coordinación con la SETENA, al punto que no sólo le cursó invitación para que enviara su representación a la audiencia pública señalada para el quince de mayo de dos mil cuatro, sino que, además, le remitió la información solicitada en cuanto a las regulaciones de índole ambiental incluidas en el Plan Regulador, así como el documento propiamente dicho. En ese sentido, se tiene por probado también que el Coordinador de Enlace Comisión de Trabajo Plan Regulador Escazú asistió a la audiencia convocada para el trece de octubre de dos mil cuatro, por parte de la Comisión Plenaria de la SETENA, en la que se trató el tema de la introducción de la variable ambiental en la Propuesta del Plan Regulador para el cantón de Escazú y, de igual forma, que mediante oficio CTPRE/86-04 del veinte de octubre de dos mil cuatro el señor Angel Barrantes R., Coordinador de Enlace Comisión de Trabajo Plan Regulador Escazú se dirigió a la Licda. Patricia Campos, Secretaria General SETENA, remitiéndole un diskett con la Propuesta del Proyecto del Plan Regulador de Escazú, así como dos \"CDS\" (sic) con los mapas de zonificación y usos de suelos, vialidad, amenazas potenciales y el de distritos, con el fin de cumplir con la solicitud hecha por la Comisión Plenaria en la audiencia efectuada el miércoles trece de octubre de dos mil cuatro. En ese contexto, a juicio de este Tribunal Constitucional no se encuentra mérito para acoger este recurso en cuanto a la Municipalidad de Escazú, en lo que atañe a este extremo, no sólo porque la omisión que se constata obedece a razones ajenas a su voluntad sino también porque, como alega la autoridad recurrida, el Plan Regulador de ese cantón puede ser revisado a posteriori por la SETENA, como deberá hacer en el caso de todos los planes reguladores vigentes desde antes de la promulgación del Reglamento del veintiocho de junio de dos mil cuatro. Además, la anulación del Plan Regulador aprobado, según pretende la recurrente, de forma alguna representaría una mayor tutela al derecho fundamental consagrado en el artículo 50 constitucional, puesto que tal como alega el Alcalde recurrido \"…el crecimiento urbano del cantón venía siendo muy apresurado y no existía una regulación uniforme adaptada a la realidad de este, lo que significa que el daño ambiental que se estaba provocando al cantón y a la comunidad escazuceña en general, era más grave sin la existencia del Plan que con su promulgación.\" Se tiene presente, asimismo, el contenido normativo de todo plan regulador en aspectos tan importantes como la construcción, vialidad, fraccionamiento y zonificación, en cuya regulación quedaría una laguna que, lejos de beneficiar a los pobladores del cantón de Escazú les podría acarrear perjuicios en caso de que se anulara el Plan Regulador recientemente publicado. No obstante, como se ordena en la parte dispositiva de esta resolución, inmediatamente después de que la SETENA publique el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, debe la Municipalidad de Escazú someter el Plan Regulador objeto de este amparo al proceso de viabilidad ambiental, para que sin dilación alguna efectúe los ajustes que la SETENA determine.\n\nAsimismo, en la sentencia No. 2007-15000, este Tribunal pudo constatar que actualmente dicho Plan Regulador cuenta con la viabilidad ambiental:\n\n “VI.- Finalmente, constata la Sala que el Plan Regulador de Escazú fue recibido en SETENA el dieciocho de diciembre del dos mi seis, llevando incorporados los índices de fragilidad ambiental regulados en el Decreto Ejecutivo 32967-MINAE, del cuatro de mayo del dos mil seis. En la época recibido el Plan Regulador se encontraba en fase de análisis, con el fin de determinar si corresponde aprobar los índices de fragilidad ambiental aportados, otorgándole la viabilidad ambiental respectiva al Plan Regulador. Sin embargo, SETENA fue firme al aclarar a este Tribunal, que esta secretaría no cuenta con la competencia para determinar qué tipo de desarrollo se debe implementar en cada zona establecida en un plan regulador, por ejemplo, si es comercial o residencial, ni qué actividades se deben desarrollar en las mismas, por cuanto eso es competencia directa de cada municipio, de conformidad con lo que dispone el artículo 169 de la Constitución Política. Corresponde a las municipalidades a través de su autonomía regular la planificación de su territorio, por lo que son éstas las que finalmente deciden sobre el desarrollo de sus cantones.”\n\nEn virtud de tos antecedentes citados se tiene entonces que el Plan Regulador de Escazú actualmente cuenta con la viabilidad ambiental y que no le corresponde a este Tribunal determinar si la Municipalidad debe o no incluir una urbanización o una zona determinada en el Plan Regulador, por tratarse de un asunto propio de su autonomía municipal, sin perder de vista, claro está, que debe velar por los derechos fundamentales de los habitantes de su cantón. Así las cosas, sobre estos alegatos debe desestimarse el recurso.\n\n            VI.- Sobre la gestión de demolición. Advierte la Sala que habiendo adquirido noción de que la parte trasera del Condominio Los Olivos fue levantada fuera de la línea de construcción, la Municipalidad de Escazú ordenó el inicio del procedimiento tendente a la demolición de la misma, actuación que precautoriamente fue detenida por la Sala para la realización de la prueba para mejor resolver ordenada. Solventada la misma, debe indicarse a la Municipalidad que para la realización de todo procedimiento tendente a la ordenación constructiva en el cantón, debe observar previamente el cumplimiento de todos los requisitos establecidos, de donde resulta que debe valorar la propia actuación administrativa por el deber que tiene la Corporación de autorizar y vigilar que las construcciones se efectúen adecuadamente y según los permisos válidamente emitidos. De lo anterior resulta que dentro del procedimiento que la Municipalidad ha indicado iniciará, debe otorgar a los vecinos el pleno respeto al debido proceso, al mismo tiempo que valorar el cumplimiento otorgado a las competencias municipales al momento de controlar o vigilar el levantamiento de una obra que años después estima que se encuentra inadecuadamente construida, de manera que no se traslade a los vecinos responsabilidades que pudieren ser propias de la misma actuación u omisión municipal.”\n\n \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\n\n \n\nExp: 09-006673-0007-CO\n\nRes. Nº 2011001745\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y cincuenta y nueve minutos del once de febrero del dos mil once.\n\n             Recurso de amparo que se tramita en expediente número 09-006673-0007-CO, interpuesto por MARÍA ELENA MORA ABARCA, con cédula de identidad número 0103780255; a favor de ALLAN FLORES SANDÍ, CARLOS CASTRO HERRERA, CARLOS CASTRO MORA, GRETTCHEN FLORES SANDÍ, IVETH PICHARDO CÁRCAMO, MARIO ZÚÑIGA CASTRO, MICHAEL LÓPEZ POVEDA, NATALIA CASTRO MORA, SARA HAUSER KUNS, y VIRGINIA SANDÍ DELGADO; contra la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ.\n\nResultando\n\n   1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las siete horas cincuenta y siete minutos del 4 de mayo de 2009, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Escazú y manifiesta que las obras que han venido realizando el Grupo Roble y Grupo Meridiano sobre la Calle El Barro -misma que es calle pública que separa la Urbanización Quintanar de dichos proyectos-, los ha estado afectando seriamente, toda vez que subieron el nivel del piso, rellenaron con lastre y luego colocaron una capa de asfalto hasta pegar con las paredes traseras de sus casas, irrespetando la zona de acera. Que las paredes de sus casas se rajaron, y se ven quebraduras en las paredes internas debido al peso y vibración de la maquinaria. Que durante el invierno el agua correrá hacia las paredes de esas casas, ya que no fueron hechas para detener corrientes de agua. Que ya en años anteriores esa urbanización ha tenido problemas de inundaciones, lo cual se agravó con el asfalto. Que por la forma en que se están efectuando los trabajos, se limitará el acceso por esa calle a las viviendas que tienen frente a esa calle. Que se debe realizar un estudio hidrográfico y topográfico de toda la zona a fin de canalizar las aguas de forma adecuada. Que aunado a ello, tienen dudas de que las aguas llovidas provenientes del Grupo Roble y Torre Meridiano, estén siendo bombeadas hacia la Calle Matapalo, tal y como se aprobó por esa Municipalidad, pues detrás de su casa hay un tubo que desagua directamente a la Calle El Barro. Que además se debe ordenar el desalojo de la bodega ubicada en su urbanización, pues desde el dos mil seis fueron tomados varios lotes bajo el pretexto de que era un parqueo provisional; sin embargo, dicho parqueo fue convertido en bodega hasta el día de hoy, a pesar de que está prohibido en zonas residenciales. Solicita a la Sala se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.\n\n2.- Informan bajo fe de juramento MARCO ANTONIO SEGURA SECO, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Escazú (folio 154 del expediente), que una vez inspeccionada la calle El Barro, se determinó que es una vía pública de administración cantonal y colinda al este con la Urbanización Quintanar y al oeste con varias propiedades que tienen además frente a otra calle denominada Matapalo. Refiere que las mejoras a las superficies de ruedo (asfalto) de esta calle se realizaron en el extremo norte de la vía, aproximadamente a 270 metros de longitud, como parte de las mejoras a media vía que deben construir los desarrolladores de proyectos de condominio, en este caso el proyecto de Condominio del Grupo El Roble, el Proyecto Meridiano en su frente a la Calle El Barro no ha realizado hasta la fecha mejoras en la vía. Indica que no es cierto que se subiera el nivel del piso de la calle y que por estar el proyecto bajo la figura de condominio, corresponde al Desarrollador proceder a su costa con las mejoras a media vía de carácter obligatorio, obras que como en este caso, más bien el interesado Grupo Roble, procedió de buena voluntad con la construcción del derecho de vía completo, exceptuando las aceras de los predios colindantes al oeste con ésta, las cuales son responsabilidad única de cada propietario, sin embargo sí está pendiente la construcción de aceras en el costado oeste de esta vía, por lo que se estará notificando de manera inmediata a los vecinos su obligación de construir las aceras y en caso de incumplimiento se procedería con su construcción y su correspondiente cobro. Respecto a los daños y perjuicios acusados, indica que éstos se hubieran evitado desde un principio, pero debido a la omisión por parte de los propietarios, de no construir la acera es que se presenta esta situación, por lo que no existe relación causa y efecto debido a la compactación del material de la capa asfáltica colocada en esa ruta. Señala que no es cierto que lo dicho por la recurrente, ya que según el video y fotos aportadas, se puede observar que no existe impedimento de acceso por nivel de la calle a las propiedades ubicas en la colindancia de dicha calle. No se está realizando ningún tipo de trabajo por parte de la Municipalidad, ni de terceros que haga presumir  que se limite el acceso a las propiedades que tienen frente a la calle El Barro, toda obra que se realice mantendrá el nivel actual del terreno. Con respecto al tema de las aguas de escorrentía de lluvias (aguas pluviales superficiales sobre el terreno sin construir) actualmente están siendo canalizadas por medio de un canal abierto, ubicado en el medio de la calle, de manera que no permite desbordamiento sobre las propiedades privadas. Existe además un estudio de hidrología  del sector, el cual determina que las aguas pluviales de proyectos nuevos a desarrollar en la zona se deberán canalizar hasta la Quebrada Yeguas en la ruta nacional No. 310. En el tema de las aguas pluviales de los proyectos Torre Meridiano y Condominio Grupo El Roble, ambos procesos constructivos con frente a la Calle Matapalo, canalizan sus aguas pluviales al sistema de alcantarillado pluvial que tiene dicha vía pública, lo que se puede verificar mediante los planes constructivos de ambos proyectos, en la calle en cuestión no se ubicó ningún tubo de desagüe durante la inspección. No existe registro en el mapa oficial de nacientes de MINAET, ni en sus documentos se acredita la existencia de una naciente en la zona. Refiere que la municipalidad no ha sido omisa en la canalización de las aguas pluviales de proyectos nuevos en el sector (proyectos fuera de la Urbanización Quintanar) todos los permisos de construcción han sido aprobados y verificada la construcción de las obras mediante la recepción de obras que demuestran que las canalizaciones de aguas pluviales se han realizado mediante sistemas de alcantarillado pluvial fuera de la Urbanización Quintanar, aquellos proyectos aprobados y ejecutados en la Urbanización Quintanar sí descargan sus aguas al sistema de dicha urbanización, ya que los diseños originales de la urbanización así lo contemplaron. Con respecto a la bodega, indica que el Grupo El Roble ya fue notificado para que eliminen la bodega y el parqueo que construyeron  de manera temporal en los terrenos de la urbanización Quintanar, se estima que en un plazo máximo de 15 días esta infraestructura será retirada. Indica que por oficio PTD-376-09-EXTERNO, se dio respuesta a los cuestionamientos de los vecinos el mes de abril pasado. Solicita que se declare sin lugar el recurso.     \n\n 3.- Por escrito presentado el 6 de octubre de 2009 por la recurrente a folio 96, manifiesta problemas con la calle El Barro en Guachipelín por la Urbanización Quintanar, ya que el Grupo El Roble ha cerrado el portón que comunica la calle El Barro con la rotonda de Multiplaza, así como la prohibición de transitar por esa calle. Indica que Quintanar lamenta profundamente que el diálogo se de en una sola orientación, municipalidad-Grupo El Roble, y no con los vecinos afectados. Pide que se respete el paso peatonal y se garantice la seguridad de las personas que transitan por ahí. \n\n4.- Por resolución de las trece horas y veinticinco minutos del seis de noviembre de dos mil nueve (folio 234), como prueba para mejor resolver la Sala ordenó al ICAA  rendir informe  a fin de que indique si en los terrenos de la Urbanización Quintanar, situada en Guachipelín de Escazú, cercanos al costado sur del Hotel Real Intercontinental, transcurre una servidumbre del tubo madre que transporta agua potable desde la estación de Puente de Mulas. Asimismo, si esta servidumbre se encuentra señalizada y resguardada, o si, por el contrario, manifiesta algún tipo de barrera física que impida en la actualidad o pudiere impedir en el futuro su adecuado y oportuno mantenimiento o conservación.\n\n5.- Por resolución de las trece horas y cincuenta minutos del seis de noviembre de dos mil nueve (folio 235), como prueba para mejor resolver la Sala ordenó a la Ministra de Salud rendir informe, a fin de que indique si en la Urbanización Quintanar, situada en Guachipelín de Escazú, específicamente en el Condominio Los Olivos y en las casas de habitación de las señores Olga Shutaleva y Virginia Sandí, se ven afectados por el ruido producido por los ventiladores instalados en la parte trasera del edificio de Grupo El Roble, lo cuales están colocados a seis metros de las viviendas y que ha menudo funcionan las veinticuatro horas del día, incluyendo los fines de semana. De manera concreta se solicita al Ministerio de Salud efectuar la medición sónica que corresponda para determinar los decibeles producidos por el funcionamiento de tales ventiladores e informar a esta Sala los resultados de la medición efectuada, así como la relación entre los decibeles acreditados con respecto a los decibeles permitidos según la regulación que rige la materia.\n\n6.- Por resolución de las trece horas y cincuenta minutos del seis de noviembre de dos mil nueve (folio 236), como prueba para mejor resolver la Sala ordenó al ICAA, al Director del Departamento de Aguas del MINAET y al SENARA  rendir informe  a fin de que indique si en algún sector de la Urbanización Quintanar, situada en Guachipelín de Escazú, costado oeste de Plaza Roble, existe una naciente de agua ubicada en un lote baldío que cause escorrentía de aguas; en caso de determinar que sí existe la naciente, acreditar el uso que se da a la misma, el estado en que se encuentra, si merece algún tipo de protección y de qué tipo.\n\n7.- Por escrito presentado el 13 de noviembre de 2009, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud informó a este Tribunal que no pudo llevar a cabo la medición sónica solicitada, toda vez que no fue posible ubicar en la residencia a la recurrente (folio 245).\n\n8.-  El 16 de noviembre de 2009, Ricardo Sancho Chavarría, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 246), que del análisis y estudios realizados en las jurisdicciones de Escazú y Santa Ana, se tiene que la naciente ubicada en el sector de la Urbanización Quintanar, no es captada ni utilizada por este Instituto para el abastecimiento poblacional. Recomienda a esta Sala solicitar informe técnico a SENARA sobre cualquier medida que haya de tomarse al respecto. Que según inspección realizada se determinó que existe una tubería que discurre en sentido noroeste-sureste desde la autopista Próspero Fernández, intersectando  la urbanización Quintanar al noroeste de la misma, atravesando el bloque de lotes Nos. 24, 25 y 26 y, no verificado, quizás el No. 23, que son colindantes al sur del Hotel Real Intercontinental. Igualmente el lote No. 22. La tubería mantiene su trazado en el sentido indicado hasta llegar a la calle de acceso restringido del complejo de oficinas del Grupo Roble, propietario del centro comercial Multiplaza. A partir de esa calle, que es compartida con el parqueo del Hotel, el trazado adopta sentido oeste-este (en dirección del flujo de agua) hasta la rotonda de la calle intermedia del hotel y el centro comercial indicados, y de ahí adopta dirección sur. En ninguno de los lotes baldíos 25 y 26 se pudo verificar la existencia de la demarcación, tipo mojones o cosa por el estilo, que identifique la existencia de la tubería. En el resto de lotes hay residencias habitadas que presumiblemente se levantaron encima de la servidumbre de la tubería y en donde tampoco hay mojones, ni señalización que identifique la tubería. En el caso de la calle común del parqueo del Hotel Real Intercontinental y las oficinas del grupo Roble, dentro de una jardinera se encuentra una válvula de aire, que permite identificar la tubería, relativamente concordante con el indicado en planos. Esta válvula se ubica a unos cuantos metros al este del vértice en donde la tubería modifica su alineamiento noroeste-sureste dentro la urbanización Quintanar por el sentido oeste-este fuera de ella. Otra jardinera hacia el oeste de ésta evidencia estar construida encima de la tubería. Como conclusiones de los aspectos observados y verificados en campo se establece que la servidumbre –al costado sur del Hotel Real Intercontinental- no está señalizada, ni resguardada en sus dimensiones legales, es decir, no existe una franja inalienable que tenga a la tubería libre de construcciones u obras civiles a lo largo de la misma. Más bien se puede afirmar, que la cantidad y tipo de edificaciones residenciales y comerciales que se han levantado encima de ella se convierten en barrera física que impide hoy y en el futuro su adecuado y oportuno mantenimiento y conservación. Y en estas circunstancias la tubería puede representar una amenaza potencial contra tales inmuebles y sus ocupantes.   \n\n  9.-  El 17 de noviembre de 2009, José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Jefe del Departamento de Aguas del MINAET (folio 259), informa que en la Urbanización Quintanar se ubican dos propiedades de las cuales, sólo una de ellas presenta problemas de agua, esto según el servicio de seguridad de dicha urbanización, ya que en la propiedad se ubica un afloramiento difuso de agua el cual tiene su origen en las aguas sub-superficiales provenientes de las propiedades en el previo superior, es decir, costado este de la misma, además recalca que dicho terreno presenta problemas con el nivel freático, por lo que la única salida de las mismas sería el sector oeste donde se presenta el afloramiento, toda vez que en los costados norte y sur se encuentran construcciones que obstruyen el flujo sub-superficial. De lo anterior concluye que dicho afloramiento no origina un cauce del dominio público, por lo que no aplicaría el artículo 33 de la Ley Forestal, ni el artículo 149 de la Ley de Aguas. Señala que del sitio en cuestión se ubica un afluente de la quebrada Yeguas, el cual se ubica a 50 metros aproximadamente del terreno en dirección sur, dicha fuente sería el cauce por donde discurren naturalmente las aguas de dicho sector si no hubieran construcciones aledañas, dicha quebrada se ubica en las coordenadas latitud: 213790-213900 y Longitud: 519432-519300 en L.C.R.N. Solicita que se declare sin lugar el recurso.\n\n10.-  El 18 de noviembre de 2009, Bernal Soto Zúñiga, en su condición de Gerente del Servicio nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) a folio 268, informa que el 17 de noviembre de 2009 realizaron la inspección, de la cual se obtuvo que el relieve de la zona es algo irregular con pendientes entre un 5% y un 8% y está dentro del área de la vertiente de la margen derecha de una quebrada sin nombre, que transcurre con dirección sureste-noroeste y que descarga en la quebrada Yeguas. Las aguas de escorrentía superficial de ese sector tienen una dirección noreste-suroeste y las mismas son interceptadas con un canal de guardia artificial (zanja de tierra sin revestimiento alguno) orientado casi perpendicularmente a la dirección antes mencionada. Este canal se ubica en gran parte y a lo largo de la calle El Barro que colinda al noreste con la Urbanización Quintanar. Tiene una profundidad variable, para un promedio de unos 0.3 metros. No obstante, es insuficiente para evitar la presencia de aguas en el lote baldío con frente en calle pública asfaltada, orientada casi paralelamente a la calle El Barro. Esta zona se ubica sobre rocas de la Fm. Depósitos de Avalancha Ardiente. Esta formación es producto de materiales volcánicos piroplásticos, que incluyen tobas e ignimbritas ricas en obsidiana y pómez. La cobertura es arcillosa (producto de la alteración de la matriz cenicienta) y es de coloración café oscuro a negro. Presenta mucha plasticidad, catalogándose como muy poco permeable. Indica que la presencia de aguas en este sitio se debe a agua de lluvia que cae directamente en el lote, aunada a agua de escorrentía superficial (y en parte subsuperficial que se manifiesta por gradiente topográfico) que baja por la vertiente natural hacia la quebrada sin nombre y que no es interceptada eficientemente por el canal de guardia acumulándose en los bajorrelieves del lote, formándose una especie de laguneta o charco grande o zuampo, con un piso arcilloso que retarda la infiltración del agua principalmente ahora que estamos en invierno, siendo de esperar que disminuyan o desaparezca en la época del verano. Concluye que no estamos en presencia de un manantial sino de una acumulación de aguas de escorrentía superficial  (con algún comprobante de aguas sub-superficiales), pero no de aguas subterráneas. Por lo anterior no amerita protección especial.\n\n11.-  Por escrito presentado el 27 de enero de 2010 la recurrente presenta un escrito en el que reitera sus alegatos. Asimismo señala que la parte norte de la Calle El Barro fue asfaltada por el Grupo El Roble sin ninguna infraestructura para los servicios públicos básicos. En cambio por el oeste de su urbanización (parte trasera de la iglesia católica de Guachipelín) al Grupo Ext. Promociones S.A. sí se le está exigiendo hacerlas. Señala que lo que le preocupa es que las tuberías que están colocando no cumplen con los requisitos  de ley y las están haciendo desfogar en el riachuelo que forma la naciente, lo cual inundará las casas cercanas y contaminará todo el ambiente, pues no hay un cauce en verano. Manifiesta que por los lotes que existen al oeste de su urbanización pasa el tubo madre de Puente de Mulas y en este momento la servidumbre está siendo amenazada. Indica que ninguno de los amparados fue notificado de las inspecciones a realizar por parte de las autoridades recurridas. Aclara entre otras cosas, que en octubre del 2009 se colocó un tubo que atraviesa la calle de la entrada a la urbanización con dos alcantarillas. Rompieron el asfalto de la calle recién hecha, el cual permanece en lastre, lo que ha provocado la formación de una grada cada vez más grande con peligro de daño para los automóviles, la cual aumentará con el invierno. Las alcantarillas se cerraron con varilla de construcción, las cuales ya se encuentran destruidas convirtiéndose en trampa  mortal para los peatones, especialmente los niños. Asimismo, difiere del informe rendido por la Municipalidad recurrida. Acusa que en Guachipelín no se ha hecho respetar las áreas verdes para permitir bajar la temperatura y la filtración de agua a capas más profundas. Solicita a la Sala hacer una inspección en la maqueta de construcción del consorcio Grupo El Roble que se encuentra en Multiplaza del Oeste, desde hace ya varios años y en el que se encuentran tomados por ellos dos o tres lotes de su urbanización. Refiere que han tenido en su urbanización dos casos de dengue y el anegamiento que forman las aguas de todo tipo en los lotes 5, 6 y 7 constituye una amenaza a la salud pública. Ambos casos fueron debidamente reportados al Ebais de Guachipelín. Indica que en el oficio 03147-2002-DHR y en la página 0124 de este recurso, aclara que lo que informó por teléfono es que ya no se veían salir heces, no que la Municipalidad hubiese hecho un trabajo para evitarlo. Sobre este aspecto la Defensoría no ha dado el seguimiento al caso.\n\n12.-  El 17 de mayo de 2010 la recurrente presenta un escrito a folio 300 en el que indica que la Municipalidad recurrida ha convertido la zona prácticamente en zona de comercio, sin respetar la residencialidad de su urbanización. Acusa que el Plan Regulador del 2005 se aprobó sin la variable ambiental de SETENA, por lo que es ilegal.       \n\n13.- Por resolución de las dieciséis horas cuatro minutos del once de agosto de dos mil diez la Sala tuvo por ampliados los hechos de este amparo, por la acusada contaminación sónica en las casas de habitación de las amparadas Olga Shutaleva y Virginia Sandí por el ruido producido por los ventiladores del Edificio Grupo El Roble (folio 402).\n\n14.- Por escrito presentado el 17 de agosto de 2010, Marta Gabriela Calvo Venegas en su condición de Alcaldesa interina de la Municipalidad de Escazú (folio 408), manifiesta que coordinó con personeros del Ministerio de Salud y con personal administrativo del condominio para realizar la inspección correspondiente el día 16 de agosto de 2010. Señala que esos ventiladores se colocaron para la recirculación del aire que se concentra en los estacionamientos subterráneos y así evitar la acumulación del CO2 que emana de los vehículos. Indica que según colaboradores de ese oficentro, los ventiladores inician operación únicamente en las primeras horas de la mañana, al mediodía y al finalizar la jornada laboral, ya que en esos momentos hay mayor tránsito vehicular y por el consumo eléctrico que implican. Refiere que ya existía una queja ante el Ministerio de Salud sobre estos mismos hechos y que no se pudieron realizar las mediciones sónicas porque no se les permitió por parte de los quejosos el acceso a las propiedades comportándose en forma agresiva y ofensiva contra los funcionarios, por lo que se ordenó el cierre y archivo de la denuncia. En cuanto a la distancia de los ventiladores, ciertamente es de 6 metros pero que esto es así porque las filiales del condominio Los Olivos no respetó la línea de antejardín. Indica que en la Municipalidad no se ha presentado denuncia alguna en este sentido. Que en virtud de estas irregularidades detectadas in situ, la Alcaldía le ordenó al Proceso de Desarrollo Territorial por oficio AL-621-10 que se iniciaran los trámites de notificación y consecuente procesos de demolición sobre las fincas filiales que se encuentra en la situación indicada anteriormente.\n\n15.- Por escrito presentado el 17 de agosto de 2010, María Luisa Ávila Agüero en su condición de Ministra de Salud (folio 414), manifiesta que el 11 de noviembre de 2009 por orden de la Sala se solicitó realizar una medición sónica por estos motivos, la cual según informe técnico URS-RCS-2430-2009 del 13 de noviembre de 2009 no pudieron efectuarse porque no fue posible localizar ni coordinar con los denunciantes. El 13 de enero de 2010 por oficio ARSE-D-017-2010 se solicitó una nueva medición sónica. El 2 de febrero de 2010 por oficio URS-RCS-177-2010 se indica que las conclusiones de las 4 visitas para medición sónica tuvieron los siguientes resultados: a-el 23 de enero de 2010 a las 23:00 horas no fue posible contactar a los denunciantes a pesar de los múltiples intentos, b-el 29 de enero de 2010 a las 21:00 horas las partes denunciantes no autorizaron que se realizara la medición sónica porque no se estaba generando ruido, motivo por el cual se coordinó una nueva fonometría para el 1 de febrero, c-el 1 de febrero de 2010 a las 10:00 horas al hacer la inspección no se estaba produciendo ruido y se reprogramó para ese mismo día a las 12:00, d) el 1 de febrero de 2010 a las 12:00 horas y estando en funcionamiento los ventiladores el cónyuge de la señora Olga Shutavela se opuso a la realización de la medición sónica, con el argumento de que únicamente estaban funcionando 3 ventiladores, cuando lo usual es que funcionen 12. Los funcionarios del Ministerio de Salud se apersonaron al establecimiento denunciado, donde fueron atendidos por el Jefe de Mantenimiento, se constata la existencia de tres paneles con cuatro extractores de aire cada uno, estando en funcionamiento solo un ventilador por panel. El administrador les indicó que los mismos funcionan con horarios definidos, a saber de 7:00 a 9:00 horas, de las 12:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 18:30 horas, ya que en esos momentos hay mayor tránsito vehicular y por el consumo eléctrico que implican. Ante esta situación el señor Tsafrir impide al técnico realizar la medición hasta que estén funcionando los 12 ventiladores, por lo que se archivó y se cerró el caso. Por resolución No. 2010-269 la Sala declaró sin lugar el recurso de amparo en este sentido. Posteriormente en reunión con el señor Tsafrir, las autoridades sanitarias acordaron que este señor definiría la hora y fecha de su conveniencia, sin embargo no lo ha hecho.  Según informe técnico ARSE-276-10 de 16 de agosto de 2010 personeros del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Escazú se apersonaron a realizar la inspección correspondiente, donde el administrador del oficentro les indicó que esos ventiladores se colocaron para la recirculación del aire que se concentra en los estacionamientos subterráneos y así evitar la acumulación del CO2 que emana de los vehículos. Manifiestan que no se pudo realizar la inspección desde la casa de habitación de la señora Virginia Sandí, ya que nadie dio razón de su ubicación, por lo que queda a la espera de esta información. Solicitan se declare sin lugar el recurso.\n\n16.- Mediante copia de nota de 17 de agosto de 2010, recibida en la Secretaría de la Sala a las ocho horas veintinueve minutos del 24 de agosto de 2010 (folio 439), el señor Shon Tsafrir adjunta queja presentada ante el Área Rectora de Salud de Escazú, sobre el funcionamiento de los ventiladores industriales en el Condominio de Grupo Roble.\n\n17.- Por resolución de esta Sala, de las siete horas cuarenta y dos minutos del 26 de agosto de 2010 (folio 441), se dispone la realización de una Inspección Ocular y una medición sónica en las viviendas de las señores Virginia Sandí y Olga Shutaleva, en la Urbanización Quintanar.\n\n18.- A folio 455 consta el Acta de la Inspección Ocular realizada a las ocho horas cincuenta minutos del 26 de agosto de 2010.\n\n19.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas veintidós minutos del 31 de agosto de 2010 (folio 473), María Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud, se refiere a la notificación de la resolución por la que se programó la inspección ocular.\n\n20.- A las diez horas treinta y cinco minutos del 2 de setiembre de 2010 (folio 475), se aporta Informe de Medición de Ruido Ambiente elaborado por una empresa consultora, así como un informe de costos por daños en la casa de habitación del señor Shon Tsafrir.\n\n21.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las nueve horas cincuenta y ocho minutos del 6 de setiembre de 2010 (folio 492), Marco Antonio Segura Seco, Alcalde Municipal de Escazú, manifiesta la imposibilidad de concurrir a la Inspección Ocular programada, por lo que sugiere se señale nueva fecha y hora para realizar la diligencia.\n\n22.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas del 7 de setiembre de 2010 (folio 502), Álvaro Porras Vega, Director a.i. de Agua del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se refiere a la programación de la Inspección Ocular realizada, indicando que esta gestión es competencia de la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio.\n\n23.- Mediante resolución de esta Sala, de las nueve horas diez minutos del 8 de setiembre de 2010 (folio 503), se solicita prueba para mejor resolver al Organismo de Investigación Judicial, respecto de las condiciones mecánicas de los extractores de aire y las distancias entre las edificaciones del Condominio Plaza Roble y el Condominio Los Olivos.\n\n24.- Por resolución de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del 8 de setiembre de 2010 (folio 504), se dicta medida cautelar ordenando a la Municipalidad de Escazú suspender toda gestión tendente al proceso de notificación y demolición que pueda generarse respecto de las filiales del Condominio Los Olivos.\n\n25.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas cincuenta y ocho minutos del 13 de setiembre de 2010 (folio 510), Jorge Arturo Ruiz Ramos, Jefe de Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial, solicita ampliación del plazo para rendir el informe solicitado como prueba para mejor resolver.\n\n26.- Por documentación recibida en la Secretaría de la Sala a las nueve horas veinticinco minutos del 21 de setiembre de 2010 (folio 512), la Sección de Ingeniería Forense del Organismo Judicial, presenta el informe solicitado como prueba para mejor resolver. Refiere las condiciones y diferencias mecánicas, de dimensión y funcionamiento de los extractores de aire ubicados en el Condominio Plaza Roble, así como las distancias existentes entre los extractores de este Condominio y la parte trasera del Condominio Los Olivos.\n\n27.- Mediante resolución de esta Sala, de las ocho horas cincuenta y dos minutos del 27 de octubre de 2010 (folio 518), se solicita prueba para mejor resolver a la Ministra de Salud y al Alcalde Municipal de Escazú.\n\n28.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas diez minutos del 4 de noviembre de 2010 (folio 519), informa Marco Antonio Segura Seco, Alcalde Municipal de Escazú, quien señala que la distancia entre los ventiladores del Condominio Grupo Roble y el Condominio Los Olivos, es de nueve metros en un tramo, y de once metros en otro, pero asegura que esa distancia debería ser mayor porque las filiales del último condominio se encuentran construidas fuera de línea, al no respetar el área de antejardín, mientras el Oficentro sí se ajustó a lo autorizado.\n\n29.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas once minutos del 8 de noviembre de 2010 (folio 549), informa María Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud, quien remite copia de informe elaborado por la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur.\n\n            30.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n            Redacta el Magistrado Mora Mora; y,\n\nConsiderando\n\n   I.- Hechos probados. Como hechos de relevancia para resolver este asunto se tiene por probado que:\n\n1- El 31 de enero de 2007 la recurrente solicitó por escrito al Alcalde Municipal recurrido que se enviara un inspector para determinar el uso que se estaba dando a una calle que comunicaba a su residencial con la rotonda y el ingreso de Multiplaza, también le solicitó que se le informara cuál categoría es la que tiene la calle El Barro y lo proyectado a futuro con la misma, ya que no contaba con las condiciones mínimas de mantenimiento ni de recolección de aguas de lluvia (folio 28).\n\n2- El 29 de mayo de 2007 los amparados reiteraron ante el Municipio recurrido su denuncia por problemas con la calle El Barro. (folio 12)\n\n3- El 12 de junio de 2007 por oficio JDU EXT-07-07 la Municipalidad de Escazú le otorgó permiso a Grupo El Roble para poner una pluma en el portón colocado entre la Urbanización Quintanar y la calle privada al norte del Oficentro Plaza Roble, la posibilidad de instalar un rótulo que indique propiedad privada y cerrar en la noche, así como el tránsito de maquinaria pesada (6 vehículos pesados por semana) por la ruta que inicia en Plaza Mundo y que comunica con la Ruta Nacional de Guachipelín.  (folio 62)  \n\n4- Por oficio CTPRE/051-07 del 18 de junio de 2007, la Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú le contestó a la recurrente, en cuanto a la calle El Barro, que debía detallar mejor la ubicación de dicha calle para poder contestar sus inquietudes. (folio 71)\n\n5- El 19 de junio de 2009 la recurrente remitió a la autoridad recurrida una nota señalando la ubicación de la calle El Barro. (folio 72)\n\n6-  El 5 de julio de 2009 la recurrente como representante de la urbanización Quintanar reiteró sus alegatos y la falta de respuesta por parte del Municipio recurrido. (folio 74)\n\n7- El 24 de abril de 2008 por oficio CTPR-INT-95-08 la Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú le contestó a la recurrente, en cuanto a la calle El Barro, que en el mapa oficial de vialidad del Plan Regulador no se hace referencia a nombre de calles, por lo que estaba imposibilitado para referirse al respecto, por lo que debía presentar algún plano catastrado. (folio 78)\n\n8- El 31 de marzo de 2009 la recurrente en representación de la urbanización Quintanar acusó ante la Municipalidad recurrida que se había asfaltado la calle El Barro elevando la misma dos metros y pegando con su pared, sin desagüe o drenaje alguno, lo cual significaba un riesgo de inundación, así como problemas con la maquinaria que pasaba por quebraduras en el repello y caída de piedras en la tapia. (folio 84)\n\n9- Por oficio PDT-376-09-EXTERNO del 20 de abril de 2009 el Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad de Escazú le contestó a la amparada que la calle El Barro es una vía existente ya consolidada que mantiene el nivel topográfico de los predios colindantes de dicha vía, que se enviaría a un inspector al sitio, que el permiso de construcción obedeció a realizar mejoras a media vía del condominio y que fue buena voluntad del interesado asfaltar la vía completa, exceptuando las aceras de los predios colindantes al oeste, por ser responsabilidad de cada propietario, que de por sí la infraestructura es conforme para la conducción de las aguas pluviales que escurren por los terrenos sin construir, ya que en las fincas donde existen edificios se consolidó el sistema de bombeo de aguas pluviales que desfoga hacia Calle Matapalo, por lo que el agua que sea captada en dicho canal es la misma o menor que la que anteriormente se conducía. (folio 85)\n\n10- Una vez inspeccionada la calle El Barro por la Municipalidad recurrida se determinó que es una vía pública de administración cantonal, que colinda al este con la Urbanización Quintanar y al oeste con varias propiedades que tienen además frente a otra calle denominada Matapalo. (folio 154)\n\n11- Las mejoras a las superficies de ruedo (asfalto) de la calle El Barro se realizaron en el extremo norte de la vía, aproximadamente a 270 metros de longitud, como parte de las mejoras a media vía que deben construir los desarrolladores de proyectos de condominio, en este caso el proyecto de Condominio del Grupo El Roble, el Proyecto Meridiano en su frente a la Calle El Barro no ha realizado hasta la fecha mejoras en la vía. (folios 154 y 155)\n\n12- Actualmente está pendiente la construcción de aceras en el costado oeste de la calle El Barro. (folio 155)\n\n13- La Municipalidad recurrida ni terceros están realizando ningún tipo de trabajo que limite el acceso a las propiedades que tienen frente a la calle El Barro. (folio 155)\n\n14- Las aguas pluviales superficiales sobre el terreno sin construir actualmente están siendo canalizadas por medio de un canal abierto, ubicado en el medio de la calle, de manera que no permite desbordamiento sobre las propiedades privadas. (folio 156) \n\n15- Las aguas pluviales de los proyectos Torre Meridiano y Condominio Grupo El Roble, ambos con frente a la Calle Matapalo, canalizan sus aguas pluviales al sistema de alcantarillado pluvial que tiene dicha vía pública. (folio 156)\n\n16- El 20 de mayo de 2009 la Municipalidad recurrida notificó a Grupo El Roble que debía eliminar la bodega y el parqueo que construyeron  de manera temporal en los terrenos de la urbanización Quintanar. (folio 169)\n\n17- El 18 de junio de 2009 el Coordinador del Proceso de Desarrollo Territorial de la Municipalidad recurrida le comunicó a la Ing. Sandra Blanco Directora MIDT por oficio PDTJ-INT-53-09 que la vía entre la rotonda de Multiplaza y la calle el Barro al oeste  del Oficentro Plaza Roble tiene carácter privado dado que está bajo el régimen de propiedad horizontal, sin embargo en diferentes ocasiones el portón que da acceso hacia la calle El Barro lo han mantenido abierto durante largos períodos y otros cerrado, por lo que en virtud de las últimas quejas se ordenó abrir y quitar el rótulo de prohibido el paso que la Municipalidad le había solicitado a  Grupo  Roble, se trata de una vía que de hecho es transitada públicamente, pero que de derecho es privada y del Grupo Roble. (folio 205)\n\n18- En las jurisdicciones de Escazú y Santa Ana existe una naciente ubicada en el sector de la Urbanización Quintanar, que no es captada ni utilizada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el abastecimiento poblacional. (folio 248)\n\n19- Según inspección realizada por el ICAA en el mes de noviembre de 2009 se determinó que existe una tubería que discurre en sentido noroeste-sureste desde la autopista Próspero Fernández, intersectando  la urbanización Quintanar al noroeste de la misma, atravesando el bloque de lotes Nos. 24, 25 y 26 y, no verificado, quizás el No. 23, que son colindantes al sur del hotel Real Intercontinental, igualmente el lote No. 22. La tubería mantiene su trazado en el sentido indicado hasta llegar a la calle de acceso restringido del complejo de oficinas del grupo Roble, propietario del centro comercial Multiplaza. A partir de esa calle, que es compartida con el parqueo del Hotel, el trazado adopta sentido oeste-este (en dirección del flujo de agua) hasta la rotonda de la calle intermedia del hotel y el centro comercial indicados, y de ahí adopta dirección sur.  (folio 249)\n\n20- En los lotes baldíos 25 y 26 de la Urbanización Quintanar no existe demarcación, tipo mojones u otra cosa que identifique la existencia de la servidumbre de la tubería que transporta agua desde la estación de bombeo de Puente Mulas, en el resto de lotes hay residencias habitadas que presumiblemente se levantaron encima de la servidumbre de la tubería y en donde tampoco hay mojones, ni señalización que identifique la tubería. En el caso de la calle común del parqueo del Hotel Real Intercontinental y las oficinas del grupo Roble, dentro de una jardinera se encuentra una válvula de aire, que permite identificar la tubería, relativamente concordante con el indicado en planos. Esta válvula se ubica a unos cuantos metros al este del vértice en donde la tubería modifica su alineamiento noroeste-sureste dentro la urbanización Quintanar por el sentido oeste-este fuera de ella. Otra jardinera hacia el oeste de ésta evidencia estar construida encima de la tubería. (folios 248 y 249)\n\n21- La servidumbre –al costado sur del Hotel Real Intercontinental- de la tubería no está señalizada, ni resguardada en sus dimensiones legales, es decir, no existe una franja inalienable que tenga a la tubería libre de construcciones u obras civiles a lo largo de la misma. (folio 250)\n\n22- La cantidad y tipo de edificaciones residenciales y comerciales que se han levantado en Guachipelín de Escazú sobre la servidumbre de la tubería que transporta agua desde la estación de bombeo de Puente Mulas se convierten en barrera física que impide hoy y en el futuro, su adecuado y oportuno mantenimiento y conservación; y en estas circunstancias la tubería puede representar una amenaza potencial contra tales inmuebles y sus ocupantes. (folio 250)\n\n23- En la Urbanización Quintanar se ubica un afloramiento difuso de agua que tiene su origen en las aguas sub-superficiales provenientes de las propiedades en el previo superior, es decir, costado este de la misma, además presenta problemas con el nivel freático, por lo que la única salida de esta agua sería el sector oeste donde se presenta el afloramiento, toda vez que en los costados norte y sur se encuentran construcciones que obstruyen el flujo sub-superficial. (folio 260)\n\n24- Existe un afluente de la quebrada Yeguas a 50 metros sur de la Urbanización Quintanar, que sería el cauce por donde discurrirían naturalmente las aguas de dicho sector si no hubieran construcciones aledañas. (folio 260)\n\n25- El 17 de noviembre de 2009 SENARA realizó una inspección en el sector objeto del amparo y concluyó que el relieve de la zona es algo irregular con pendientes entre un 5% y un 8% y está dentro del área de la vertiente de la margen derecha de una quebrada sin nombre, que transcurre con dirección sureste-noroeste y que descarga en la quebrada Yeguas; también determinó que las aguas de escorrentía superficial de ese sector tienen una dirección noreste-suroeste y las mismas son interceptadas con un canal de guardia artificial (zanja de tierra sin revestimiento alguno) orientado casi perpendicularmente a la dirección antes mencionada. (folios 268 y 269)\n\n26- El canal de guardia artificial que intercepta las aguas de escorrentía superficial en el área objeto de amparo se ubica en gran parte y a lo largo de la calle El Barro que colinda al noreste con la Urbanización Quintanar, tiene una profundidad variable, para un promedio de unos 0.3 metros, no obstante, es insuficiente para evitar la presencia de aguas en el lote baldío con frente en calle pública asfaltada, orientada casi paralelamente a la calle El Barro. (folio 269)\n\n27- La presencia de aguas en el sitio en cuestión se debe a agua de lluvia que cae directamente en el lote baldío, aunada a agua de escorrentía superficial (y en parte subsuperficial que se manifiesta por gradiente topográfico) que baja por la vertiente natural hacia la quebrada sin nombre y que no es interceptada eficientemente por el canal de guardia acumulándose en los bajorrelieves del lote, formándose una especie de laguneta o charco grande o zuampo, con un piso arcilloso que retarda la infiltración del agua principalmente en invierno. (folio 269)\n\n28- En la zona en cuestión no hay un manantial, sino una acumulación de aguas de escorrentía superficial (con algún comprobante de aguas sub-superficiales), pero no de aguas subterráneas, por lo que no amerita protección legal especial. (folio 269)\n\n29- Según informe técnico URS-RCS-2340-2009 del 13 de noviembre de 2009 emitido por la Dirección Regional Central Sur de Salud no pudieron efectuar la medición sónica ordenada por la Sala como prueba para mejor resolver porque no fue posible localizar, ni coordinar con los denunciantes. (folio 55 del expediente administrativo adjunto)\n\n30.- El 2 de febrero de 2010 por oficio URS-RCS-177-2010 suscrito por la Dirección Regional Central Sur de Salud se indica que las conclusiones de las 4 visitas realizadas al lugar de los hechos para llevar a cabo la medición sónica tuvieron los siguientes resultados: a-el 23 de enero de 2010 a las 23:00 horas no fue posible contactar a los denunciantes a pesar de los múltiples intentos, b-el 29 de enero de 2010 a las 21:00 horas las partes denunciantes no autorizaron que se realizara la medición sónica porque no se estaba generando ruido, motivo por el cual se coordinó una nueva fonometría para el 1 de febrero, c-el 1 de febrero de 2010 a las 10:00 horas al hacer la inspección no se estaba produciendo ruido y se reprogramó para ese mismo día a las 12:00, d) el 1 de febrero de 2010 a las 12:00 horas y estando en funcionamiento los ventiladores el cónyuge de la señora Olga Shutaleva se opuso a la realización de la medición sónica, con el argumento de que únicamente estaban funcionando 3 ventiladores, cuando lo usual es que funcionen 12. (folio 40 del expediente administrativo adjunto)\n\n31.- Según informe técnico ARSE-276-10 de 16 de agosto de 2010 personeros del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Escazú se apersonaron a realizar la medición sónica ordenada por este Tribunal, sin embargo no se realizó por estar apagados en ese momento los ventiladores y el administrador del oficentro les indicó que éstos se colocaron para la recirculación del aire que se concentra en los estacionamientos subterráneos y así evitar la acumulación del CO2 que emana de los vehículos, que además funcionan con horarios definidos, a saber de 7:00 a 9:00 horas, de las 12:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 18:30 horas, ya que en esos momentos hay mayor tránsito vehicular y que se encienden de los 12 un máximo de 5 ventiladores. (folio 8 del expediente administrativo adjunto)\n\n32.- El Ministerio de Salud no pudo realizar la medición sónica desde la casa de habitación de la señora Virginia Sandí, ya que nadie dio razón de su ubicación. (folio 417)\n\n33.- En la Inspección Ocular realizada en la propiedad del amparado y del Condominio de Grupo de Roble el 26 de agosto de 2010 (folio 455).\n\n34.- El Dictamen de Análisis Criminalístico de la Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial, número 1173-ING-2010, de 20 de setiembre de 2010, acredita las diferencias de tamaño, amperaje, caballaje y velocidad de los ventiladores instalados en los sótanos del Condominio de Grupo Roble, así como las distancias entre estos ventiladores y el centro de la calle y la línea de construcción del Condominio Los Olivos (folio 512).\n\n35.- Mediante Informe de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, del Ministerio de Salud, número URS-RCS-2387-10, de 4 de noviembre de 2010, se acredita que la normativa de salud vigente no establece estándares para regular el uso de artefactos en sistemas de ventilación y extracción de gases (folios 550 y 551).\n\nII.- Objeto del amparo. La recurrente acusa que con las obras realizadas por el Grupo Roble Internacional de Costa Rica y el Grupo Meridiano de Centroamérica  sobre la calle el Barro que colinda con la Urbanización Quintanar, subieron el nivel del piso, al haber rellenado la misma con asfalto, sin tomar las previsiones necesarias para el desfogue de aguas, ya que cuenta con acera solo de un lado y el otro sector afecta sus paredes por el agua que discurre, asimismo se limita el acceso por esa calle a las viviendas que tienen frente a ella. Señala que ha solicitado permisos de construcción, planos, permisos para elevación y movimientos de tierra, sin que se le haya dado respuesta alguna. Refiere que la servidumbre del tubo madre de Puente Mulas no está delimitada, por lo que le preocupa lo que pasaría ante un eventual rompimiento de la misma. Indica que lotes de la urbanización que son de uso residencial están siendo utilizados como bodega y parqueo comerciales, sin que la Municipalidad lo fiscalice, y tampoco ha procedido a incluir a la Urbanización Quintanar en el Plan Regulador como zona residencial ni a incluir la variable ambiental.\n\nIII.-  Sobre la protección ambiental. Este Tribunal en reiteradas ocasiones ha señalado que el derecho a un ambiente sano contenido en el artículo 50 de la Constitución Política tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del medio en el cual habita. De ahí que se afirme que se trata de un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento jurídico, modelando y reinterpretando sus institutos. Por ello, nuestra Constitución establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho, es decir, asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho y poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros. En consecuencia, el Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales (ver sentencia Nº 2002-10340)\n\nIV.- Sobre las competencias municipales. De conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional.  En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, mediante adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, modernos sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; eficientes servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; y en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población. Así, la Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968), con fundamento en el ordinal 169 de la Constitución Política les impuso el deber de promulgar un plan regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los reglamentos de desarrollo urbano conexos (artículos 15 y siguientes). Dentro de ese plan regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.),  las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Esto porque en aplicación de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política), a la vida y la salud humanas (artículo 21 ibídem) y en aras de un desarrollo sostenible los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales y nacientes están especialmente llamados y  obligados a regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos, puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón, sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supralocal o nacional. Los habitantes de esas localidades, por su parte, deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas, puesto que, es en beneficio de ellos y de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que discurren por el manto acuífero y que afloran o descargan en otros cantones y, desde luego, de las futuras generaciones (sentencia No. 2004-1923).  Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como conceptos jurídicos indeterminados donde la ley no resuelve con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido.  La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud  ni problemas de ambientales a sus vecinos, por ejemplo, está dentro de los términos indicados por la Constitución Política, como un asunto de interés del cantón y sin duda alguna es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar.   En este mismo sentido la Ley General de Salud en su artículo 285 establece que las aguas pluviales deben ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza y calidad (sentencia No. 2004-1840).  Por tal motivo, las Municipalidades están obligadas a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a las comunidades, de un sistema eficiente de drenaje de las aguas servidas y pluviales, lo que implica que la Municipalidad debe construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente esas aguas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros.\n\nV-  Sobre los alegatos de la recurrente. Tratándose de diversos argumentos, se procederán a resolver en forma separada, como de seguido se indicará:\n\na) Sobre la Calle El Barro. Sobre este aspecto alega la recurrente que con las obras realizadas por el Grupo Roble Internacional de Costa Rica y el Grupo Meridiano de Centroamérica sobre la calle el Barro que colinda con la Urbanización Quintanar, en la cual habitan los amparados, se subió el nivel del piso al haber rellenado la misma con asfalto, sin tomar las previsiones necesarias para el desfogue de aguas, ya que cuenta con acera solo de un lado y el otro sector afecta sus paredes por el agua que discurre. Asimismo acusa que se limita el acceso por esa calle a las viviendas que tienen frente a ella. Sobre este tema en particular, la autoridad recurrida sostiene en el informe rendido bajo la fe de juramento, que la calle El Barro es una vía pública de administración cantonal, que colinda al este con la Urbanización Quintanar y al oeste con varias propiedades que tienen además frente a otra calle denominada Matapalo. Acepta que efectivamente fueron realizadas mejoras a las superficies de ruedo (asfalto) de esta calle en el extremo norte de la vía, aproximadamente a 270 metros de longitud, como parte de las mejoras a media vía que deben construir los desarrolladores de proyectos de condominio, en este caso el proyecto de Condominio del Grupo Roble, aunque el Proyecto Meridiano en su frente a la Calle El Barro no ha realizado hasta la fecha las mejoras correspondientes. Informa que no es cierto que se subiera el nivel del piso de la calle y que por estar el proyecto bajo la figura de condominio, corresponde al desarrollador proceder a su costa con las mejoras a media vía de carácter obligatorio, obras que como en este caso, más bien el interesado Grupo Roble, procedió de buena voluntad con la construcción del derecho de vía completo, exceptuando las aceras de los predios colindantes al oeste con ésta, las cuales son responsabilidad única de cada propietario, sin embargo sí está pendiente la construcción de aceras en el costado oeste de esta vía, por lo que estará notificando de manera inmediata a los vecinos su obligación de construir las aceras y en caso de incumplimiento procedería con su construcción y su correspondiente cobro. Respecto a los daños y perjuicios acusados, indica que éstos se hubiesen evitado desde un principio, pero debido a la omisión por parte de los propietarios de no construir la acera es que se presenta esta situación, por lo que no existe relación causa y efecto debido a la compactación del material de la capa asfáltica colocada en esa ruta. Señala el informe que no es cierto lo dicho por la recurrente, ya que según el video y fotos aportadas, se puede observar que no existe impedimento de acceso por nivel de la calle a las propiedades ubicas en la colindancia de dicha calle. No se está realizando ningún tipo de trabajo por parte de la Municipalidad, ni de terceros que haga presumir  que se limite el acceso a las propiedades que tienen frente a la calle El Barro, y que toda obra que se realice mantendrá el nivel actual del terreno.  No obstante, a pesar de lo señalado en el informe por la Municipalidad, en oficio del 18 de junio de 2009 el Coordinador del Proceso de Desarrollo Territorial de la Municipalidad recurrida le comunicó a la Ing. Sandra Blanco Directora MIDT por oficio PDTJ-INT-53-09, que la vía entre la rotonda de Multiplaza y la calle el Barro al oeste  del Oficentro Plaza Roble tiene carácter privado dado que está bajo el régimen de propiedad horizontal, sin embargo en diferentes ocasiones el portón que da acceso hacia la calle El Barro lo han mantenido abierto durante largos períodos y otros cerrado, por lo que en virtud de las últimas quejas se ordenó abrir y quitar el rótulo de prohibido el paso que la Municipalidad le había solicitado a  Grupo  Roble, que se trata de una vía que de hecho es transitada públicamente, pero que de derecho es privada y del Grupo Roble (folio 205). Así las cosas y frente a la existencia de prueba contradictoria en este expediente y tratándose el amparo de una vía sumaria, no es posible dilucidar en esta jurisdicción cuál es la verdadera naturaleza de esta calle en cada límite exacto y por dónde debería o no permitirse el acceso a esa vía, lo cual deberá ser discutido, si a bien lo tienen las partes, en la vía de legalidad correspondiente. Ahora bien, independientemente de la naturaleza de la calle, lo cierto es que se llevaron a cabo obras de asfalto en esta vía sin que conste en resolución alguna del Municipio recurrido en autos, las exigencias técnicas para llevar a cabo la misma y sin prever las acciones coordinadas con los demás desarrolladores vecinos, sin los cuales la obra quedaría inconclusa y con ello se produjo el problema actual, que es que no cuenta con cunetas, sistema de alcantarillado y que efectivamente al ser asfaltado afecta su altura (ver foto a folio 133 del expediente) y la escorrentía de las aguas, pues éstas ya no serán absorbidas por la tierra que existía previamente, ya que el asfalto las hará discurrir sin control.  Con respecto al tema, la autoridad recurrida en su informe señala que  las aguas de escorrentía de lluvias (aguas pluviales superficiales sobre el terreno sin construir) actualmente están siendo canalizadas por medio de un canal abierto, ubicado en el medio de la calle, de manera que no permite desbordamiento sobre las propiedades privadas. Indicó que la municipalidad no ha sido omisa en la canalización de las aguas pluviales de proyectos nuevos en el sector (proyectos fuera de la Urbanización Quintanar) pues todos los permisos de construcción han sido aprobados y verificada la construcción de las obras mediante la recepción de obras que demuestran que las canalizaciones de aguas pluviales se han realizado mediante sistemas de alcantarillado pluvial fuera de la Urbanización Quintanar, aquellos proyectos aprobados y ejecutados en la Urbanización Quintanar sí descargan sus aguas al sistema de dicha urbanización, ya que los diseños originales de la urbanización así lo contemplaron. Sin embargo, de conformidad con la inspección realizada por SENARA el 17 de noviembre de 2009, en atención a este amparo, se logró determinar que  en el sector en discusión, que el relieve de la zona es algo irregular con pendientes entre un 5% y un 8% y está dentro del área de la vertiente de la margen derecha de una quebrada sin nombre, que transcurre con dirección sureste-noroeste y que descarga en la quebrada Yeguas; también determinó que las aguas de escorrentía superficial de ese sector tienen una dirección noreste-suroeste y las mismas son interceptadas con un canal de guardia artificial (zanja de tierra sin revestimiento alguno) orientado casi perpendicularmente a la dirección antes mencionada (folios 268 y 269). Asimismo concluyó que el canal de guardia artificial que intercepta las aguas de escorrentía superficial en el área objeto de amparo se ubica en gran parte y a lo largo de la calle El Barro que colinda al noreste con la Urbanización Quintanar, el cual tiene una profundidad variable, para un promedio de unos 0.3 metros, no obstante, es insuficiente para evitar la presencia de aguas en el lote baldío con frente en calle pública asfaltada, orientada casi paralelamente a la calle El Barro (folio 269). De manera que, la presencia de aguas en el sitio en cuestión se debe al agua de lluvia que cae directamente en el lote baldío, aunada al agua de escorrentía superficial (y en parte subsuperficial que se manifiesta por gradiente topográfico) que baja por la vertiente natural hacia la quebrada sin nombre y que no es interceptada eficientemente por el canal de guardia acumulándose en los bajorrelieves del lote, formándose una especie de laguneta o charco grande, con un piso arcilloso que retarda la infiltración del agua principalmente en invierno (folio 269), lo cual es conteste con la foto aportada a folio 82, sobretodo en la estación de invierno. Aunado a lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la Municipalidad al señalar que la responsabilidad también es de los recurrentes por no haber realizado la acera que les corresponde, toda vez que consta en varios escritos desde el año 2007 que los amparados solicitaron la información completa sobre esta calle y denunciaron los riesgos y problemas  que se avecinarían e incrementaría con la llegada del invierno; sin embargo, en la mayoría de los escritos de respuesta, la autoridad recurrida manifestaba desconocer la ubicación de esa calle aunque concomitantemente autorizaba a la empresa El Roble a utilizarla para el traslado de maquinaria pesada. Veamos, del expediente se tiene escrito presentando el 31 de enero de 2007 por la recurrente en la que solicitó al Alcalde Municipal recurrido que se enviara un inspector para que determinara el uso que se estaba dando a una calle que comunicaba a su residencial con la rotonda y el ingreso de Multiplaza, también le solicitó que se le informara cuál categoría es la que tiene la calle El Barro y lo proyectado a futuro con la misma, ya que no contaba con las condiciones mínimas de mantenimiento, ni de recolección de aguas de lluvia (folio 28). El 29 de mayo de 2007 los amparados reiteraron ante el Municipio recurrido su denuncia por problemas con la calle El Barro (folio 12). El 12 de junio de 2007 por oficio JDU EXT-07-07 la Municipalidad de Escazú le otorgó permiso a Grupo El Roble para poner una pluma en el portón colocado entre la Urbanización Quintanar y la calle privada al norte del Oficentro Plaza Roble, la posibilidad de instalar un rótulo que indique propiedad privada y cerrar en la noche, así como el tránsito de maquinaria pesada (6 vehículos pesados por semana) por la ruta que inicia en Plaza Mundo y que comunica con la Ruta Nacional de Guachipelín  (folio 62). Por oficio CTPRE/051-07 del 18 de junio de 2007, la Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú le contestó a la recurrente, en cuanto a la calle El Barro, que debía detallar mejor la ubicación de dicha calle para poder contestar sus inquietudes (folio 71). El 19 de junio de 2009 la recurrente remitió a la autoridad recurrida una nota señalando la ubicación de la calle El Barro (folio 72). El 5 de julio de 2009 la recurrente, como representante de la urbanización Quintanar, reiteró sus alegatos y la falta de respuesta por parte del Municipio recurrido (folio 74). El 24 de abril de 2008 por oficio CTPR-INT-95-08 la Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú le contestó a la recurrente, en cuanto a la calle El Barro, que en el mapa oficial de vialidad del Plan Regulador no se hace referencia a nombre de calles, por lo que estaba imposibilitado para referirse al respecto, por lo que debía presentar algún plano catastrado (folio 78). El 31 de marzo de 2009 la recurrente en representación de la urbanización Quintanar acusó ante la Municipalidad recurrida que se había asfaltado la calle El Barro elevando la misma dos metros y pegando con su pared, sin desagüe o drenaje alguno, lo cual significaba un riesgo de inundación, así como problemas con la maquinaria que pasaba por quebraduras en el repello y caída de piedras en la tapia (folio 84). Por oficio PDT-376-09-EXTERNO del 20 de abril de 2009 el Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad de Escazú le contestó a la amparada que la calle El Barro es una vía existente ya consolidada que mantiene el nivel topográfico de los predios colindantes de dicha vía, que se enviaría a un inspector al sitio, que el permiso de construcción obedeció a realizar mejoras a media vía del condominio y que fue buena voluntad del interesado asfaltar la vía completa, exceptuando las aceras de los predios colindantes al oeste, por ser responsabilidad de cada propietario, que de por sí la infraestructura es conforme para la conducción de las aguas pluviales que escurren por los terrenos sin construir, ya que en las fincas donde existen edificios se consolidó el sistema de bombeo de aguas pluviales que desfoga hacia Calle Matapalo, por lo que el agua que sea captada en dicho canal es la misma o menor que la que anteriormente se conducía (folio 85). De lo anteriormente expuesto se tiene que no fue negligencia de los recurrentes el no haber procedido a realizar la acera, si en las ocasiones en que intentaron obtener la información se les indicaba que no podían dárselas, como si desconocieran la misma. En todo caso, si la Municipalidad constató que la acera no había sido realizada por el desarrollador del Condominio, como bien lo indica en su informe debió proceder a su realización y luego cobrar el costo de la misma, sin embargo es inaceptable para este Tribunal que un Gobierno Municipal llamado constitucionalmente a atender los problemas de su localidad, haya hecho caso omiso de las denuncias que se le han realizado en todos estos años, avocándose únicamente a contestar por escrito sin verificar y ejecutar las obras correspondientes, a fin de resolver los problemas que hay con el drenaje de estas aguas. Lo cierto es que aunque se indique que fue de buena fe por parte del desarrollador que se asfaltó esta calle, la Municipalidad tenía que garantizar los requisitos mínimos con los que debe contar a fin de evitar consecuencias futuras. La existencia de lagunetas o zuampos como indica SENARA en su informe que se forman en el lote baldío adjunto a Quintanar, sin duda alguna implica un riesgo por contaminación, inundaciones y por una eventual crisis de plagas, lo que pone en riesgo el derecho a un ambiente sano y equilibrado, así como el derecho a la salud de los habitantes. En razón de lo anterior, sin entrar a determinar si la calle El Barro se trata de una vía pública o privada, su ubicación exacta y límites -por tratarse de un asunto de mera legalidad-, lo cierto es que con pleno conocimiento de las autoridades municipales se realizaron obras de asfalto en dicha calle, que no contemplaron otras directrices técnicas, que han provocado el discurrimiento de aguas superficiales en detrimento de los vecinos de la Urbanización Quintanar y que a pesar de haberse denunciado así desde hace años, la recurrida no ha tomado previsión ni ha ejecutado acción alguna que conlleve a su solución, lo que ha lesionado los artículos 21, 41 y 50 de la Constitución Política, por lo que el amparo debe estimarse en cuanto a este aspecto.\n\n     b) Sobre la ubicación de la servidumbre del Tubo Madre de Puente Mulas y la existencia de una naciente. La recurrente acusó que el Municipio recurrido ha permitido grandes construcciones sin delimitar y verificar que en caso de rompimiento de un tubo de esta naturaleza, pueda ser reparado eventualmente y con ello se ponga en riesgo su vida y posesiones, así como de la naciente que pasa por sus predios. Sobre este particular la Municipalidad recurrida informó que existe un estudio de hidrología  del sector, el cual determina que las aguas pluviales de proyectos nuevos a desarrollar en la zona se deben canalizar hasta la Quebrada Yeguas en la ruta nacional No. 310, que en la calle en cuestión no se ubicó ningún tubo de desagüe durante la inspección y que no existe registro en el mapa oficial de nacientes de MINAET, ni en sus documentos se acredita la existencia de una naciente en la zona. Con relación a este tema, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informó que del análisis y estudio realizado en las jurisdicciones de Escazú y Santa Ana, reconoce la existencia de una naciente ubicada en el sector de la Urbanización Quintanar, pero indica que no es captada ni utilizada por este Instituto para el abastecimiento poblacional. Asimismo indica que  según inspección realizada se determinó que existe una tubería que discurre en sentido noroeste-sureste desde la autopista Próspero Fernández, intersectando  la urbanización Quintanar al noroeste de la misma, atravesando el bloque de lotes Nos. 24, 25 y 26 y, no verificado, quizás el No. 23, que son colindantes al sur del Hotel Real Intercontinental. Igualmente el lote No. 22. Señala que la tubería mantiene su trazado en el sentido indicado hasta llegar a la calle de acceso restringido del complejo de oficinas del Grupo Roble, propietario del centro comercial Multiplaza. A partir de esa calle, que es compartida con el parqueo del Hotel, el trazado adopta sentido oeste-este (en dirección del flujo de agua) hasta la rotonda de la calle intermedia del hotel y el centro comercial indicados, y de ahí adopta dirección sur. Refiere que en ninguno de los lotes baldíos 25 y 26 se pudo verificar la existencia de la demarcación, tipo mojones o cosa por el estilo, que identifique la existencia de la tubería. En el resto de lotes hay residencias habitadas que presumiblemente se levantaron encima de la servidumbre de la tubería y en donde tampoco hay mojones, ni señalización que identifique la tubería. En el caso de la calle común del parqueo del Hotel Real Intercontinental y las oficinas del Grupo Roble, dentro de una jardinera se encuentra una válvula de aire, que permite identificar la tubería, relativamente concordante con el indicado en planos. Esta válvula se ubica a unos cuantos metros al este del vértice en donde la tubería modifica su alineamiento noroeste-sureste dentro la urbanización Quintanar por el sentido oeste-este fuera de ella. Otra jardinera hacia el oeste de ésta evidencia estar construida encima de la tubería. Concluye que de los aspectos observados y verificados en campo se establece que la servidumbre –al costado sur del Hotel Real Intercontinental- no está señalizada, ni resguardada en sus dimensiones legales, es decir, no existe una franja inalienable que tenga a la tubería libre de construcciones u obras civiles a lo largo de la misma, más bien afirma que la cantidad y tipo de edificaciones residenciales y comerciales que se han levantado encima de ella se convierten en barrera física que impide hoy y en el futuro su adecuado y oportuno mantenimiento y conservación; y que tales circunstancias la tubería puede representar una amenaza potencial contra tales inmuebles y sus ocupantes. Por su parte, SENARA en el informe que se le solicitó rendir a este Tribunal concluye que en la zona en cuestión no estamos en presencia de un manantial, sino de una acumulación de aguas de escorrentía superficial  (con algún comprobante de aguas sub-superficiales), pero no de aguas subterráneas, por lo anterior no amerita protección especial. En conclusión, no se demuestra que exista una afectación de la naciente a la cual hace alusión la recurrente, aunque los informes contradictorios del ICAA y de la Municipalidad recurrida hacen presumir a la Sala, que aún y cuando el cantón de Escazú cuenta con un Plan Regulador, no está bien determinada la hidrografía del lugar, toda vez que una institución niega y otra acepta la existencia de la naciente, así como tampoco se refiere a la ubicación de esta servidumbre, omisión que ha ocasionado que se hayan permitido irresponsablemente construcciones sobre esta tubería, sin delimitarla claramente lo que actualmente significa un riesgo para las personas en caso de que se produzca una eventual ruptura. Esto sin duda alguna lesiona los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la vida, a la salud y a un desarrollo sostenible, ya que como se indicó anteriormente, los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales, nacientes o fuentes de agua para uso potable, están especialmente llamados y  obligados a regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos, puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón, sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supralocal o nacional. Los habitantes de esas localidades, por su parte, deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas incluso como servidumbres, puesto que, es en beneficio de ellos y de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que por ahí discurren y de las futuras generaciones. Por eso es que se ha insistido que dentro del Plan Regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.),  las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Lo señalado por la Municipalidad recurrida en este amparo al no contar con datos ciertos respecto a la existencia de una naciente y la omisión de asegurar la delimitación de la tubería en cuestión son aspectos que lesionan el principio precautorio que debe resguardarse en tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la salud y a la vida, ya que con esta omisión no se ha planificado adecuadamente el cantón, poniendo en riesgo a las personas que habiten o transiten por los lugares donde se ubica esta tubería madre, en un eventual rompimiento. Por consiguiente procede estimar el presente recurso también en cuanto a este extremo y ordenar a la Municipalidad recurrida que proceda a coordinar con el ICAA, el Departamento de Aguas del MINAET y SENARA, la actualización o realización de un estudio hidrográfico de la zona, así como proceder a delimitar y demarcar claramente la servidumbre de paso de la tubería madre de Puente Mulas y a prever tal situación frente a futuras solicitudes de permisos de construcción. \n\nc) Sobre el uso comercial dado a un lote residencial.  La recurrente Indica que lotes de la urbanización que son de uso residencial están siendo utilizados como bodega y parqueo comerciales, sin que la Municipalidad lo fiscalice. Aún y cuando este Tribunal reconoce que este aspecto fue desestimado según resolución No. 2010-0269, en este amparo que resulta anterior al tramitado bajo expediente No. 09-9460-0007-CO, sobre este aspecto la autoridad recurrida aceptó lo acusado y aportó la notificación No. 2786 del 20 de mayo de 2009 en que la Municipalidad ordenaba a Grupo Roble que debía eliminar la bodega y el parqueo que construyeron de manera temporal en los terrenos de la urbanización Quintanar (folio 169), actuación que resultó, para efectos de este estudio, con posterioridad a la notificación del presente recurso (ver folio 149), lo que implica que sí deba estimarse el presente amparo, al menos para efectos indemnizatorios, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nd) Sobre la acusada contaminación sónica. Por escrito posterior a la presentación de este recurso, la amparada amplió los alegatos del mismo indicando que, además, Grupo Roble producía contaminación sónica por la colocación de unos ventiladores que permanecían encendidos durante 24 horas, lo que lesionaba su derecho al descanso. En relación a lo acusado, este Tribunal ordenó al Ministerio de Salud que procediera a realizar una medición sónica en el lugar de los hechos; sin embargo ésta no se logró llevar a cabo porque según informe técnico URS-RCS-2340-2009 del 13 de noviembre de 2009, emitido por la Dirección Regional Central Sur de Salud, no fue posible localizar ni coordinar con los denunciantes. Motivo de lo anterior, la autoridad recurrida realizó 4 inspecciones más, las cuales según oficio URS-RCS-177-2010 del 2 de febrero de 2010 suscrito por la Dirección Regional Central Sur de Salud tuvieron los siguientes resultados: a- que el 23 de enero de 2010 a las 23:00 horas no fue posible contactar a los denunciantes a pesar de los múltiples intentos, b-que el 29 de enero de 2010 a las 21:00 horas las partes denunciantes no autorizaron que se realizara la medición sónica porque no se estaba generando ruido, motivo por el cual se coordinó una nueva fonometría para el 1 de febrero, c-que el 1 de febrero de 2010 a las 10:00 horas al hacer la inspección no se estaba produciendo ruido y se reprogramó para ese mismo día a las 12:00, d) que el 1 de febrero de 2010 a las 12:00 horas y estando en funcionamiento los ventiladores el cónyuge de la señora Olga Shutaleva se opuso a la realización de la medición sónica, con el argumento de que únicamente estaban funcionando 3 ventiladores, cuando lo usual es que funcionen 12. Por orden de este Tribunal, el Ministerio de Salud y la Municipalidad recurrida se apersonaron el 16 de agosto de 2010 a la casa de habitación de la señora Shutaleva, sin embargo según informe técnico ARSE-276-10 de 16 de agosto de 2010 la medición sónica no se realizó por estar apagados en ese momento los ventiladores, agregaron además que el administrador del Oficentro en cuestión, les indicó que éstos se colocaron para la recirculación del aire que se concentra en los estacionamientos subterráneos y así evitar la acumulación del CO2 que emana de los vehículos, que además funcionan con horarios definidos, a saber de 7:00 a 9:00 horas, de las 12:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 18:30 horas, ya que en esos momentos hay mayor tránsito vehicular y que se encienden de los 12 un máximo de 5 ventiladores. Asimismo, el Ministerio de Salud informó a la Sala que no pudo realizar la medición sónica desde la casa de habitación de la señora Virginia Sandí, ya que nadie dio razón de su ubicación. Por su parte, la Municipalidad recurrida admite que los ventiladores están ubicados a 6 metros de la casa de habitación de la señora Shutaleva, no obstante refiere que esto se debe a que dichas fincas filiales del condominio fueron construidas en el área de antejardín, por lo que ordenó al Proceso de Desarrollo Territorial por oficio AL-621-10 que se iniciaran los trámites de notificación y consecuente procesos de demolición sobre las fincas filiales que se encuentran en dicha situación. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha indicado que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien, a través de actos concretos por parte de la administración –ver sentencia número 1994-1763, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, reiterada, entre otras, por sentencia de esta Sala número 2008-3659, de las dieciséis horas cuarenta y cuatro minutos del siete de marzo de dos mil ocho-. Sobre la contaminación sónica o acústica, mediante sentencia número 1994-709, de dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro –reiterada igualmente por sentencia 2008-3659-, la Sala definió que:\n\n\"[L]a presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en dicho ambiente características negativas para la vida humana, la salud o el bienestar del hombre, la flora o fauna, o produzcan en el habitat de los seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general, un deterioro importante. Contaminar es introducir sustancias o elementos extraños al ambiente en niveles y con una duración tales, que produzcan contaminación en el sentido expuesto. Contrariamente, descontaminar es reducir el nivel de concentración de los contaminantes que se encuentren presentes en el ambiente, a sus valores aceptables conforme a las normas específicas sobre calidad ambiental.\n\n \n\nAmbiente libre de contaminación es, pues, la condición en que se encuentra el medio que nos rodea, cuando las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza en el entorno próximo o lejano, no sobrepasan los máximos permisibles fijados por aquellas normas.\"\n\n \n\nIII.- En materia de contaminación acústica, si bien es cierto existen diferentes reglamentos que fijan límites máximos permitidos de exposición de ruido a que pueden ser sometidos quienes se encuentran en el interior de industrias u otros centros de trabajo, deben también tomarse en consideración otros aspectos tales como, por ejemplo, la ubicación donde se encuentran dichas empresas, ya sea en zonas calificadas estrictamente como industriales, o bien, zonas mixtas, comerciales, residenciales, así como el efecto que sus emisiones sonoras producen hacia el exterior, sea, en lo vecinos de dichos establecimientos. Es innegable que los ruidos molestos existen en algunos sectores, lo cual lógicamente perjudica notablemente a quienes, como la que recurre en esta vía, tienen derecho a vivir tranquilos, libres de contaminación acústica, de acuerdo a la garantía que reiteradamente ha sostenido esta Sala: el derecho que tiene todo ser humano a un medio ambiente sano, libre de contaminación, que no admite interrupciones, cual es el caso de aquéllas que imponen tener que soportar durante varias horas, días enteros e, incluso, en las noches, las contaminaciones que, como la auditiva, hemos sostenido como contraria al derecho a la salud, que es un derecho absoluto, ya que está basado en la dignidad del ser humano. Si bien es cierto, el proceso productivo genera desechos y contaminaciones de diferente orden, es evidente que el hombre ha llegado, a través del desarrollo tecnológico, a someter y controlar su entorno y, en consecuencia, al imperativo de que debe existir un equilibrio entre el desarrollo económico de un país y el derecho de sus habitantes a tener un ambiente sano, libre de contaminación. Debe tenerse presente que el ejercicio del comercio, bajo cualquiera de sus modalidades, no puede ser tan ilimitado, que pueda perturbar el derecho de los habitantes al descanso reparador, a la paz y tranquilidad, o que implique un deterioro de la salud de los vecinos, como integrantes del derecho a la vida.”\n\n \n\nEn el caso bajo estudio, resultó imposible realizar una medición que acreditara la contaminación sónica aducida por la recurrente y el amparado, a pesar de los intentos efectuados, y que incluso se realizó una Inspección Ocular con participación de los técnicos del Ministerio de Salud. Por el contrario, la prueba allegada al expediente por gestión propia de esta Sala, demuestra que los ventiladores se sitúan a una distancia diferente a la inicialmente indicada por la Municipalidad de Escazú, que efectivamente tales ventiladores tienen dimensiones, amperajes y caballajes distintos, lo cual de manera evidente incide en el ruido que pudieren producir, y que técnicamente la legislación ordinaria carece de parámetros que determinen los estándares que permitan regular el uso de estos artefactos, por lo que mal haría la Sala intentando definir situaciones que técnicamente aún no han sido atendidas. En este sentido, al carecer de prueba que acredite la existencia de contaminación sónica, el recurso debe ser declarado sin lugar en cuanto a este extremo.\n\ne) Sobre la variable ambiental del Plan Regulador de Escazú. En escrito posterior a la presentación de este amparo, la recurrente también objetó el Plan Regulador de este cantón, indicando que el mismo no incluyó la variable ambiental al momento de su aprobación y que no había incluido a la Urbanización Quintanar en el mismo. Respecto a este tema, esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto en la sentencia No.  2005-9765, en el siguiente sentido:\n\n“IV.- En cuanto a la violación al artículo 50 de la Constitución Política. Se desprende también de los autos que el Plan Regulador de Escazú fue aprobado por el Concejo Municipal de Escazú en la sesión extraordinaria numero 59, efectuada el diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, Acuerdo AC-396-04, el cual se publicó el tres de febrero de dos mil cinco en el Diario Oficial La Gaceta y posteriormente se publicó una fe de erratas, que se comunicó por el mismo medio oficial el jueves diecisiete de marzo siguiente, en La Gaceta número 54. Argumenta la Municipalidad recurrida y así acredita en autos, que desde mayo de dos mil cuatro remitió el borrador del Plan Regulador a la SETENA conjuntamente con otros documentos, es decir, antes de que se encontrara vigente la obligación que se plasma en el Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que data del veintiocho de junio de dos mil cuatro; sin embargo, no se recibió respuesta alguna de la SETENA. Fue así como, ante la omisión de esa Secretaría, la Municipalidad continuó con los trámites que desembocaron en la aprobación del Plan Regulador, el cual, según se afirma bajo fe de juramento con las consecuencias de ley, sí integra la variable de impacto ambiental aunque no pasó por el proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación, por el motivo antes indicado. La SETENA, por su parte informa que no ha llevado a cabo la evaluación del Plan Regulador del cantón de Escazú ni de ningún otro cantón, porque no se ha emitido el manual de procedimientos para llevar a cabo la evaluación ambiental estratégica. En ese contexto, estima la Sala que si bien es cierto no lleva razón la Municipalidad recurrida en punto a que el silencio de la SETENA pueda tenerse como superación del proceso de viabilidad ambiental, que exige el ordinal 67 del Reglamento sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, también lo es que se desprende de la prueba allegada al expediente que ese ente municipal ha hecho un gran esfuerzo por emitir la normativa necesaria tendiente al ordenamiento del desarrollo urbanístico del cantón de Escazú y que, al efecto, emitió el Plan Regulador que nos ocupa contando con la participación de la comunidad, como en Derecho corresponde, aparte de que durante la tramitación procuró una constante coordinación con la SETENA, al punto que no sólo le cursó invitación para que enviara su representación a la audiencia pública señalada para el quince de mayo de dos mil cuatro, sino que, además, le remitió la información solicitada en cuanto a las regulaciones de índole ambiental incluidas en el Plan Regulador, así como el documento propiamente dicho. En ese sentido, se tiene por probado también que el Coordinador de Enlace Comisión de Trabajo Plan Regulador Escazú asistió a la audiencia convocada para el trece de octubre de dos mil cuatro, por parte de la Comisión Plenaria de la SETENA, en la que se trató el tema de la introducción de la variable ambiental en la Propuesta del Plan Regulador para el cantón de Escazú y, de igual forma, que mediante oficio CTPRE/86-04 del veinte de octubre de dos mil cuatro el señor Angel Barrantes R., Coordinador de Enlace Comisión de Trabajo Plan Regulador Escazú se dirigió a la Licda. Patricia Campos, Secretaria General SETENA, remitiéndole un diskett con la Propuesta del Proyecto del Plan Regulador de Escazú, así como dos \"CDS\" (sic) con los mapas de zonificación y usos de suelos, vialidad, amenazas potenciales y el de distritos, con el fin de cumplir con la solicitud hecha por la Comisión Plenaria en la audiencia efectuada el miércoles trece de octubre de dos mil cuatro. En ese contexto, a juicio de este Tribunal Constitucional no se encuentra mérito para acoger este recurso en cuanto a la Municipalidad de Escazú, en lo que atañe a este extremo, no sólo porque la omisión que se constata obedece a razones ajenas a su voluntad sino también porque, como alega la autoridad recurrida, el Plan Regulador de ese cantón puede ser revisado a posteriori por la SETENA, como deberá hacer en el caso de todos los planes reguladores vigentes desde antes de la promulgación del Reglamento del veintiocho de junio de dos mil cuatro. Además, la anulación del Plan Regulador aprobado, según pretende la recurrente, de forma alguna representaría una mayor tutela al derecho fundamental consagrado en el artículo 50 constitucional, puesto que tal como alega el Alcalde recurrido \"…el crecimiento urbano del cantón venía siendo muy apresurado y no existía una regulación uniforme adaptada a la realidad de este, lo que significa que el daño ambiental que se estaba provocando al cantón y a la comunidad escazuceña en general, era más grave sin la existencia del Plan que con su promulgación.\" Se tiene presente, asimismo, el contenido normativo de todo plan regulador en aspectos tan importantes como la construcción, vialidad, fraccionamiento y zonificación, en cuya regulación quedaría una laguna que, lejos de beneficiar a los pobladores del cantón de Escazú les podría acarrear perjuicios en caso de que se anulara el Plan Regulador recientemente publicado. No obstante, como se ordena en la parte dispositiva de esta resolución, inmediatamente después de que la SETENA publique el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, debe la Municipalidad de Escazú someter el Plan Regulador objeto de este amparo al proceso de viabilidad ambiental, para que sin dilación alguna efectúe los ajustes que la SETENA determine.\n\nAsimismo, en la sentencia No. 2007-15000, este Tribunal pudo constatar que actualmente dicho Plan Regulador cuenta con la viabilidad ambiental:\n\n “VI.- Finalmente, constata la Sala que el Plan Regulador de Escazú fue recibido en SETENA el dieciocho de diciembre del dos mi seis, llevando incorporados los índices de fragilidad ambiental regulados en el Decreto Ejecutivo 32967-MINAE, del cuatro de mayo del dos mil seis. En la época recibido el Plan Regulador se encontraba en fase de análisis, con el fin de determinar si corresponde aprobar los índices de fragilidad ambiental aportados, otorgándole la viabilidad ambiental respectiva al Plan Regulador. Sin embargo, SETENA fue firme al aclarar a este Tribunal, que esta secretaría no cuenta con la competencia para determinar qué tipo de desarrollo se debe implementar en cada zona establecida en un plan regulador, por ejemplo, si es comercial o residencial, ni qué actividades se deben desarrollar en las mismas, por cuanto eso es competencia directa de cada municipio, de conformidad con lo que dispone el artículo 169 de la Constitución Política. Corresponde a las municipalidades a través de su autonomía regular la planificación de su territorio, por lo que son éstas las que finalmente deciden sobre el desarrollo de sus cantones.”\n\nEn virtud de tos antecedentes citados se tiene entonces que el Plan Regulador de Escazú actualmente cuenta con la viabilidad ambiental y que no le corresponde a este Tribunal determinar si la Municipalidad debe o no incluir una urbanización o una zona determinada en el Plan Regulador, por tratarse de un asunto propio de su autonomía municipal, sin perder de vista, claro está, que debe velar por los derechos fundamentales de los habitantes de su cantón. Así las cosas, sobre estos alegatos debe desestimarse el recurso.\n\n            VI.- Sobre la gestión de demolición. Advierte la Sala que habiendo adquirido noción de que la parte trasera del Condominio Los Olivos fue levantada fuera de la línea de construcción, la Municipalidad de Escazú ordenó el inicio del procedimiento tendente a la demolición de la misma, actuación que precautoriamente fue detenida por la Sala para la realización de la prueba para mejor resolver ordenada. Solventada la misma, debe indicarse a la Municipalidad que para la realización de todo procedimiento tendente a la ordenación constructiva en el cantón, debe observar previamente el cumplimiento de todos los requisitos establecidos, de donde resulta que debe valorar la propia actuación administrativa por el deber que tiene la Corporación de autorizar y vigilar que las construcciones se efectúen adecuadamente y según los permisos válidamente emitidos. De lo anterior resulta que dentro del procedimiento que la Municipalidad ha indicado iniciará, debe otorgar a los vecinos el pleno respeto al debido proceso, al mismo tiempo que valorar el cumplimiento otorgado a las competencias municipales al momento de controlar o vigilar el levantamiento de una obra que años después estima que se encuentra inadecuadamente construida, de manera que no se traslade a los vecinos responsabilidades que pudieren ser propias de la misma actuación u omisión municipal.\n\nPor tanto\n\nSe declara con lugar el recurso por violación a los artículos 21, 41 y 50 constitucionales, únicamente en cuanto la Municipalidad de Escazú no previó y ordenó los requisitos técnicos bajo los cuales podía ser mejorada la calle El Barro, con el objeto de evitar los empozamientos que la falta de un adecuado canal de drenaje de las aguas superficiales produjo, así como la inercia de esta Municipalidad en resolver las denuncias presentadas por la recurrente, así como de reestablecer las zonas residenciales de la Urbanización y su omisión en delimitar y resguardar recursos hídricos relevantes como la servidumbre del tubo que proviene de Puente Mulas, al haber autorizado varias construcciones sin su previsión en caso de emergencia. En consecuencia, se ordena a Marco Antonio Segura Seco, en su condición de Alcalde Municipal de Escazú, o a quien ocupe el cargo, que de forma inmediata a la comunicación de esta sentencia, proceda a emitir las órdenes que estén dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, a efecto de garantizar que en el plazo de tres meses contados a partir de la comunicación de esta sentencia, la calle El Barro cumpla con los requisitos técnicos necesarios para que discurran adecuadamente las aguas superficiales y subsuperficiales que pasan sobre ésta. Asimismo, deberá en forma inmediata coordinar con el ICAA, el Departamento de Aguas del MINAET y SENARA, la actualización o realización de un estudio hidrográfico de la zona, así como proceder dentro del mismo plazo de tres meses indicado anteriormente, a delimitar y demarcar claramente la servidumbre de paso de la tubería madre de Puente Mulas y tomar las previsiones frente a futuras solicitudes de permisos de construcción. Se advierte al Alcalde de la Municipalidad de Escazú, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Escazú al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a los demás extremos, se declara sin lugar el recurso. Comuníquese y notifíquese la presente resolución a Marco Antonio Segura Seco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Escazú, así como a los representantes del MINAET, ICAA y SENARA.\n\n \n\n \n\n\n\n\nAna Virginia Calzada M.\n\n\n\n\nPresidenta\n\n \n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\nLuis Paulino Mora M.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nFernando Cruz C.\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\nFernando Castillo V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nRoxana Salazar C.\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\nRosa María Abdelnour G.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 06:36:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "II. Purpose of the amparo. The petitioner alleges that due to the works carried out by Grupo Roble Internacional de Costa Rica and Grupo Meridiano de Centroamérica on El Barro street, which borders the Quintanar Urbanization, the ground level was raised by filling it in with asphalt, without taking the necessary precautions for water drainage, since it has a sidewalk on only one side and the other side affects its walls with the water that runs off; likewise, access via that street to the dwellings that face it is limited. She indicates that she has requested construction permits, plans, permits for elevation and earthworks (movimientos de tierra), without having received any response. She states that the easement (servidumbre) for the Puente Mulas main pipe is not delimited, and she is concerned about what would happen in the event of its eventual rupture. She indicates that lots in the urbanization designated for residential use are being used as commercial warehouses and parking, without the Municipality overseeing it, and it has also not proceeded to include the Quintanar Urbanization in the Regulating Plan as a residential zone nor to include the environmental variable.\n\nIII.- On environmental protection. This Court has repeatedly indicated that the right to a healthy environment contained in Article 50 of the Political Constitution has broad content equivalent to the aspiration of improving the living environment of the human being, such that it goes beyond the criteria of natural conservation to be situated within every sphere in which a person develops, be it family, work, or the environment in which they live. Hence, it is affirmed that it is a transversal right, meaning that it extends throughout the entire legal system, modeling and reinterpreting its institutions. For this reason, our Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right, that is, ensure and protect the right against any risk or necessity, prohibit and prevent all activity that threatens the right, and proactively shield the right from possible dangers. Consequently, the State must assume a double duty to act and to refrain from acting; on one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other, it must assume the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements (see ruling No. 2002-10340).\n\nIV.- On municipal competencies. In accordance with Article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, the administration of local services and interests corresponds to the municipalities, for the purpose of promoting the integral development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees—at least—efficient electrification and communication services; good systems for providing potable water and evacuating wastewater, through adequate aqueduct and sewer systems, modern lighting and urban ornamentation systems; efficient construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; and in general, concrete and practical plans to make the life of the population comfortable and safe. Thus, the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1968), based on Article 169 of the Political Constitution, imposed on them the duty to enact a Regulating Plan to plan and control urban development and the related urban development regulations (Articles 15 et seq.). Within that Regulating Plan and the zoning regulation, the Municipalities must identify, in order to regulate, control, and restrict human activities (industrial, urban development, agricultural, etc.), the areas or zones reserved because an aquifer or its recharge or discharge area is located there. This is because, in application of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution), to human life and health (Article 21 ibid.), and for the sake of sustainable development, the cantons that, due to their geomorphological characteristics, have lands within their jurisdiction that contain aquifers, recharge and discharge areas thereof, springs (manantiales), and springs (nacientes) are especially called upon and obligated to regulate and norm, responsibly, efficiently, and effectively, such matters, since at times the groundwater not only provides for the consumption and use of the canton's populations, but also for various cantons, which demonstrates a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of the land and waters derived from the determination and establishment of such protected areas, since it is for the benefit of them and of the inhabitants of the other cantons that are supplied with the waters that flow through the aquifer and that surface or discharge in other cantons and, of course, for future generations (ruling No. 2004-1923). Local interests and services have been defined by the Chamber as indeterminate legal concepts where the law does not resolve with exactness their content for application to specific cases, making it necessary to resort to criteria of value and experience, on the part of the person responsible for applying it, to determine their content. The creation of adequate drainage systems within a community so as not to cause damage to property, health, or environmental problems to its neighbors, for example, falls within the terms indicated by the Political Constitution as a matter of interest to the canton and is undoubtedly part of the services that the Municipality is obligated to provide. In this same sense, the General Health Law, in its Article 285, establishes that rainwater must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of breeding sites for vectors and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity and quality (ruling No. 2004-1840). For this reason, the Municipalities are obligated to assume a specific behavior for the satisfaction of their purposes, taking the required measures to provide the communities with an efficient drainage system for wastewater and rainwater, which implies that the Municipality must build the necessary infrastructure to channel these waters properly, in order to guarantee the right to health and to an environment free from contamination and without harming third parties.\n\nV- On the petitioner's allegations. As these involve various arguments, they will be resolved separately, as indicated below:\n\na) On El Barro Street. In this regard, the petitioner alleges that due to the works carried out by Grupo Roble Internacional de Costa Rica and Grupo Meridiano de Centroamérica on El Barro street, which borders the Quintanar Urbanization, where the protected parties live, the ground level was raised by filling it in with asphalt, without taking the necessary precautions for water drainage, since it has a sidewalk on only one side and the other side affects its walls with the water that runs off. She also claims that access via that street to the dwellings that face it is limited. On this particular topic, the respondent authority maintains, in the report rendered under oath, that El Barro street is a public road under cantonal administration, bordering the Quintanar Urbanization to the east and several properties to the west that also front another street called Matapalo. It accepts that improvements were indeed carried out to the driving surfaces (asphalt) of this street at the northern end of the road, approximately 270 meters in length, as part of the half-roadway improvements that developers of condominium projects must build, in this case the Grupo Roble Condominium project, although the Meridiano Project, on its frontage onto El Barro Street, has not carried out the corresponding improvements to date. It informs that it is not true that the street level was raised, and that because the project falls under the condominium regime, it is the developer's responsibility to proceed at its own cost with the mandatory half-roadway improvements, works which, as in this case, were rather carried out by the interested party Grupo Roble of its own good will with the construction of the complete right-of-way, except for the sidewalks of the properties bordering to the west thereof, which are the sole responsibility of each owner; however, the construction of sidewalks on the west side of this road is still pending, so it will be immediately notifying the neighbors of their obligation to build the sidewalks, and in the event of non-compliance, it would proceed with their construction and corresponding collection. Regarding the alleged damages and losses, it indicates that these would have been avoided from the beginning, but due to the omission on the part of the owners not to build the sidewalk, this situation arises, so no cause-and-effect relationship exists due to the compaction of the material of the asphalt layer placed on that route. The report indicates that the claims made by the petitioner are not true, since according to the video and photos provided, it can be observed that there is no impediment to access due to the level of the street to the properties located along the border of that street. No type of work is being carried out by the Municipality or by third parties that would lead one to presume that access to the properties fronting El Barro Street is limited, and all works carried out will maintain the current ground level. However, despite what was stated in the report by the Municipality, in official communication dated June 18, 2009, the Coordinator of the Territorial Development Process of the respondent Municipality informed Eng. Sandra Blanco, MIDT Director, through official communication PDTJ-INT-53-09, that the road between the Multiplaza roundabout and El Barro street to the west of the Oficentro Plaza Roble is private in nature, given that it falls under the horizontal property regime; nevertheless, on different occasions, the gate providing access to El Barro Street has been kept open for long periods and closed at other times, for which reason, by virtue of the latest complaints, it was ordered opened and the \"no passage\" sign that the Municipality had requested from Grupo Roble removed; it is a road that is, in fact, publicly traveled, but legally private and belonging to Grupo Roble (folio 205). Thus, and faced with the existence of contradictory evidence in this file, and given that the amparo is a summary proceeding, it is not possible to determine in this jurisdiction the true nature of this street at each exact boundary and where access to that road should or should not be permitted, which must be discussed, if the parties so desire, in the corresponding legality proceeding. Now, regardless of the nature of the street, the fact is that asphalt works were carried out on this road without any resolution of the respondent Municipality in the case file stating the technical requirements for carrying them out, and without foreseeing coordinated actions with the other neighboring developers, without which the work would remain incomplete and thereby produced the current problem, which is that it lacks gutters, a sewer system, and that by being asphalted, it effectively affects its height (see photo at folio 133 of the file) and water runoff, since these waters will no longer be absorbed by the earth that previously existed, because the asphalt will cause them to flow uncontrolled. Regarding this issue, the respondent authority indicates in its report that runoff rainwater (stormwater) (aguas de escorrentía de lluvias) over unbuilt land is currently being channeled by means of an open channel, located in the middle of the street, in such a way that it does not allow overflow onto private properties. It indicated that the municipality has not been negligent in channeling stormwater from new projects in the sector (projects outside the Quintanar Urbanization), since all construction permits have been approved and the construction of works verified through the reception of works demonstrating that stormwater channeling has been carried out by means of storm sewer systems outside the Quintanar Urbanization; those projects approved and executed within the Quintanar Urbanization do discharge their waters into the system of said urbanization, since the original designs of the urbanization contemplated it as such. However, in accordance with the inspection carried out by SENARA on November 17, 2009, in response to this amparo, it was determined that in the sector under discussion, the relief of the zone is somewhat irregular with slopes between 5% and 8% and is within the area of the right bank watershed of an unnamed stream, which flows in a southeast-northwest direction and discharges into the Yeguas stream; it also determined that the surface runoff waters of that sector flow northeast-southwest and are intercepted by an artificial guard channel (earth ditch without any lining) oriented almost perpendicularly to the aforementioned direction (folios 268 and 269). It also concluded that the artificial guard channel that intercepts the surface runoff waters in the area subject to the amparo is located largely along El Barro street, which borders the Quintanar Urbanization to the northeast; this channel has a variable depth, averaging about 0.3 meters; however, it is insufficient to prevent the presence of water on the vacant lot fronting the asphalted public street, oriented almost parallel to El Barro Street (folio 269). Consequently, the presence of water at the site in question is due to rainwater falling directly on the vacant lot, coupled with surface runoff water (and partly subsurface water manifested by topographic gradient) that descends along the natural watershed towards the unnamed stream and is not efficiently intercepted by the guard channel, accumulating in the low-relief areas of the lot, forming a kind of small lagoon or large puddle, with a clayey base that retards water infiltration, especially during the rainy season (in winter) (folio 269), which is consistent with the photo provided at folio 82, above all in the rainy season (winter). Added to the above, the Municipality's argument that responsibility also lies with the petitioners for not having built the sidewalk corresponding to them is unacceptable, given that it is recorded in several documents since 2007 that the protected parties requested complete information about this street and reported the risks and problems that would approach and increase with the arrival of the rainy season; however, in most of the response documents, the respondent authority stated it was unaware of the location of that street, although it simultaneously authorized the company El Roble to use it for the transport of heavy machinery. Let us review: from the file, there is a document filed on January 31, 2007, by the petitioner in which she requested the respondent Municipal Mayor to send an inspector to determine the use being given to a street that connected her residential area to the roundabout and the Multiplaza entrance; she also requested to be informed what category El Barro Street has and what was projected for its future, since it lacked the minimum maintenance conditions, including rainwater collection (folio 28). On May 29, 2007, the protected parties reiterated before the respondent Municipality their complaint regarding problems with El Barro Street (folio 12). On June 12, 2007, by official communication JDU EXT-07-07, the Municipality of Escazú granted permission to Grupo El Roble to place a barrier at the gate located between the Quintanar Urbanization and the private street north of the Oficentro Plaza Roble, the possibility of installing a sign indicating private property and closing at night, as well as the transit of heavy machinery (6 heavy vehicles per week) along the route beginning at Plaza Mundo and connecting with the Guachipelín National Route (folio 62). By official communication CTPRE/051-07 of June 18, 2007, the Regulating Plan Office of the Municipality of Escazú responded to the petitioner, regarding El Barro Street, that she needed to detail the location of said street better in order to answer her concerns (folio 71). On June 19, 2009, the petitioner sent the respondent authority a note indicating the location of El Barro Street (folio 72). On July 5, 2009, the petitioner, as representative of the Quintanar urbanization, reiterated her allegations and the lack of response on the part of the respondent Municipality (folio 74). On April 24, 2008, by official communication CTPR-INT-95-08, the Regulating Plan Office of the Municipality of Escazú responded to the petitioner, regarding El Barro Street, that the official road map of the Regulating Plan does not reference street names, and therefore it was unable to address the matter, so she needed to submit a cadastral map (folio 78). On March 31, 2009, the petitioner, representing the Quintanar urbanization, claimed before the respondent Municipality that El Barro Street had been asphalted, raising it two meters and pressing against its wall, without any drain or drainage whatsoever, which meant a flood risk, as well as problems with the machinery passing by causing cracks in the stucco and falling stones from the wall (folio 84). By official communication PDT-376-09-EXTERNO of April 20, 2009, the Engineering and Works Department of the Municipality of Escazú responded to the protected party that El Barro Street is an existing, already consolidated road that maintains the topographic level of the properties bordering said road; that an inspector would be sent to the site; that the construction permit originated from carrying out half-roadway improvements for the condominium and that it was the interested party's good will to asphalt the complete road, except for the sidewalks of the properties bordering to the west, as they are the responsibility of each owner; that the infrastructure is compliant for the conveyance of stormwater that runs over the unbuilt lands, since on the lots where buildings exist, the stormwater pumping system was consolidated, which discharges towards Matapalo Street, so the water captured in that channel is the same or less than what was previously conveyed (folio 85). From the foregoing, it is evident that it was not negligence on the part of the petitioners for not having proceeded to construct the sidewalk, if on the occasions when they attempted to obtain the information they were told it could not be given to them, as if they were unaware of it. In any case, if the Municipality verified that the sidewalk had not been built by the Condominium developer, as it rightly indicates in its report, it should have proceeded with its construction and then charged the cost thereof; however, it is unacceptable to this Court that a Municipal Government, constitutionally called upon to address the problems of its locality, has ignored the complaints made to it over all these years, focusing solely on responding in writing without verifying and executing the corresponding works, in order to resolve the problems that exist with the drainage of these waters. The fact is that even if it is stated that it was in good faith on the part of the developer that this street was asphalted, the Municipality had to guarantee the minimum requirements it must meet to avoid future consequences. The existence of small lagoons or mudholes (zuampos), as SENARA indicates in its report, that form on the vacant lot adjacent to Quintanar, undoubtedly implies a risk from contamination, flooding, and a potential pest crisis, which endangers the right to a healthy and balanced environment, as well as the right to health of the inhabitants. For this reason, without determining whether El Barro Street is a public or private road, its exact location, and boundaries—as this is a matter of pure legality—the fact is that, with the full knowledge of the municipal authorities, asphalt works were carried out on said street that did not contemplate other technical guidelines, which have caused the surface water runoff to the detriment of the neighbors of the Quintanar Urbanization, and that despite having been reported for years, the respondent has not taken precautionary measures nor executed any action leading to a solution, thereby violating Articles 21, 41, and 50 of the Political Constitution. Consequently, the amparo must be granted in regard to this aspect.\n\n b) On the location of the easement for the Puente Mulas Main Pipe and the existence of a spring (naciente). The petitioner claimed that the respondent Municipality has permitted large constructions without delimiting and verifying that, in the event of a rupture of a pipe of this nature, it can eventually be repaired, thereby endangering her life and possessions, as well as the spring (naciente) that passes through her properties. On this point, the respondent Municipality reported that there is a hydrology study of the sector, which determines that stormwater from new projects to be developed in the area must be channeled to the Yeguas Stream on national route No. 310; that no drainage pipe was located on the street in question during the inspection; and that there is no record on the official map of springs (nacientes) of MINAET, nor do its documents prove the existence of a spring (naciente) in the area. In relation to this topic, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados reported that, based on the analysis and study carried out in the jurisdictions of Escazú and Santa Ana, it acknowledges the existence of a spring (naciente) located in the sector of the Quintanar Urbanization, but indicates that it is neither captured nor utilized by this Institute for population supply. It also indicates that, according to an inspection carried out, it was determined that there is a pipeline running northwest-southeast from the Próspero Fernández highway, intersecting the Quintanar Urbanization to the northwest thereof, crossing the block of lots Nos. 24, 25, and 26 and, though not verified, perhaps No. 23, which border the Hotel Real Intercontinental to the south. Also, lot No. 22. It indicates that the pipeline maintains its route in the indicated direction until reaching the restricted-access road of the Grupo Roble office complex, owner of the Multiplaza shopping center. From that road, which is shared with the Hotel parking lot, the route adopts an east-west direction (in the direction of water flow) up to the roundabout of the intermediate road of the indicated hotel and shopping center, and from there adopts a south direction. It notes that in none of the vacant lots 25 and 26 could the existence of demarcation, such as boundary markers or anything of the sort, identifying the existence of the pipeline be verified. In the remaining lots, there are inhabited residences that presumably were built on top of the pipeline easement (servidumbre), and where there are also no boundary markers or signage identifying the pipeline. In the case of the common road of the Hotel Real Intercontinental parking lot and the Grupo Roble offices, an air valve is located inside a planter, which allows identification of the pipeline, relatively consistent with what is indicated in the plans. This valve is located a few meters east of the vertex where the pipeline changes its northwest-southeast alignment within the Quintanar Urbanization to the west-east orientation outside of it. Another planter to the west of this one shows evidence of being built on top of the pipeline. It concludes that from the aspects observed and verified in the field, it is established that the easement (servidumbre)—on the south side of the Hotel Real Intercontinental—is not marked nor protected in its legal dimensions, meaning there is no inalienable strip that keeps the pipeline free of constructions or civil works along its length. Rather, it affirms that the quantity and type of residential and commercial buildings that have been erected on top of it become a physical barrier that impedes, today and in the future, its adequate and timely maintenance and conservation; and that under such circumstances, the pipeline may represent a potential threat to such properties and their occupants. For its part, SENARA, in the report it was requested to render to this Court, concludes that in the area in question, we are not in the presence of a spring (manantial), but rather an accumulation of surface runoff waters (with some evidence of subsurface waters), but not of groundwater; therefore, it does not merit special protection. In conclusion, it is not demonstrated that there is an impact on the spring (naciente) to which the petitioner alludes, although the contradictory reports from ICAA and the respondent Municipality lead the Chamber to presume that, even though the canton of Escazú has a Regulating Plan, the hydrography of the place is not well determined, given that one institution denies and another accepts the existence of the spring (naciente); likewise, there is no reference to the location of this easement (servidumbre), an omission that has irresponsibly allowed constructions on top of this pipeline, without clearly delimiting it, which currently represents a risk to people in the event of an eventual rupture. This undoubtedly violates the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, to life, to health, and to sustainable development, since, as indicated previously, the cantons that, due to their geomorphological characteristics, have lands within their jurisdiction that contain aquifers, recharge and discharge areas thereof, springs (manantiales), springs (nacientes), or water sources for potable use are especially called upon and obligated to regulate and norm, responsibly, efficiently, and effectively, such matters, since at times the groundwater not only provides for the consumption and use of the canton's populations, but also for various cantons, which demonstrates a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of the land and waters derived from the determination and establishment of such protected areas, even as easements (servidumbres), since it is for the benefit of them and of the inhabitants of the other cantons that are supplied with the waters that flow through there, and of future generations. That is why it has been insisted that within the Regulating Plan and the zoning regulation, the Municipalities must identify, in order to regulate, control, and restrict human activities (industrial, urban development, agricultural, etc.), the areas or zones reserved because an aquifer or its recharge or discharge area is located there.\n\nThe point made by the respondent Municipal authority in this amparo action regarding its lack of reliable data on the existence of a spring (naciente) and its failure to ensure the delimitation of the pipeline in question are aspects that undermine the precautionary principle (principio precautorio), which must be safeguarded in protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to health and life, given that this omission has meant the canton has not been properly planned, putting at risk those who live in or pass through the areas where this main pipeline is located, in the event of a rupture. Consequently, the present appeal must also be granted with respect to this matter, and the respondent Municipal authority is ordered to proceed to coordinate with the ICAA, the Water Department of the MINAET, and SENARA, the updating or conducting of a hydrographic study of the area, as well as to proceed to clearly delimit and demarcate the easement (servidumbre) for the passage of the Puente Mulas main pipeline and to anticipate such a situation for future construction permit applications.\n\nc) Regarding the commercial use of a residential lot. The appellant indicates that lots in the urbanization that are for residential use are being used as a commercial warehouse and parking lot, without oversight by the Municipal authority. Even though this Court acknowledges that this matter was dismissed under Resolution No. 2010-0269, in this amparo action, which predates the one processed under case file No. 09-9460-0007-CO, on this matter the respondent authority admitted the alleged conduct and provided notification No. 2786 of May 20, 2009, in which the Municipal authority ordered Grupo Roble that it had to remove the warehouse and parking lot that they built on a temporary basis on the lands of the Quintanar urbanization (folio 169), an action that, for purposes of this study, occurred after notification of the present appeal (see folio 149), meaning that this amparo action must indeed be granted, at least for indemnification purposes, in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nd) Regarding the alleged noise pollution (contaminación sónica). By means of a submission subsequent to the filing of this appeal, the appellant expanded the arguments of the same, indicating that in addition, Grupo Roble was producing noise pollution due to the installation of some fans that remained running 24 hours a day, violating her right to rest. In relation to the allegation, this Court ordered the Ministry of Health to proceed to perform a sonic measurement at the site of the events; however, this could not be carried out because, according to Technical Report URS-RCS-2340-2009 of November 13, 2009, issued by the Central South Regional Health Directorate, it was not possible to locate or coordinate with the complainants. Due to the foregoing, the respondent authority conducted 4 more inspections, which according to official communication URS-RCS-177-2010 of February 2, 2010, signed by the Central South Regional Health Directorate, yielded the following results: a- that on January 23, 2010, at 11:00 p.m., it was not possible to contact the complainants despite multiple attempts, b- that on January 29, 2010, at 9:00 p.m., the complainant parties did not authorize the sonic measurement to be taken because no noise was being generated, for which reason a new phonometry was coordinated for February 1, c- that on February 1, 2010, at 10:00 a.m., upon conducting the inspection, no noise was being produced and it was rescheduled for the same day at 12:00 p.m., d) that on February 1, 2010, at 12:00 p.m., with the fans in operation, Mrs. Olga Shutaleva's spouse objected to the sonic measurement being performed, arguing that only 3 fans were running, when it is usual for 12 to be running. By order of this Court, the Ministry of Health and the respondent Municipal authority appeared on August 16, 2010, at the residence of Mrs. Shutaleva; however, according to Technical Report ARSE-276-10 of August 16, 2010, the sonic measurement was not taken because the fans were turned off at that moment; they further added that the manager of the office center (Oficentro) in question indicated to them that these were installed for the recirculation of air that concentrates in the underground parking lots and to thus prevent the accumulation of CO2 emanating from vehicles, that they also operate on defined schedules, namely from 7:00 a.m. to 9:00 a.m., from 12:00 p.m. to 2:00 p.m., and from 5:00 p.m. to 6:30 p.m., since that is when there is greater vehicular traffic, and that of the 12, a maximum of 5 fans are turned on. Likewise, the Ministry of Health informed the Chamber that it could not conduct the sonic measurement from the residence of Mrs. Virginia Sandí, as no one could advise her location. For its part, the respondent Municipal authority admits that the fans are located 6 meters from Mrs. Shutaleva's residence, but notes that this is due to the fact that those subsidiary properties (fincas filiales) of the condominium were built in the front setback (antejardín) area, which is why it ordered the Territorial Development Process, via official communication AL-621-10, to initiate notification procedures and consequent demolition processes regarding the subsidiary properties that find themselves in that situation. On repeated occasions, this Court has indicated that both the right to health and to an environment free of pollution —without which the former could not be effective— are fundamental rights, such that it is the State's obligation to provide for their protection, whether through general policies to pursue that end, or through specific acts by the administration —see judgment number 1994-1763, handed down at four forty-five p.m. on April thirteen, nineteen ninety-four, reiterated, among others, by judgment of this Chamber number 2008-3659, handed down at four forty-four p.m. on March seven, two thousand eight—. Regarding noise or acoustic pollution (contaminación sónica o acústica), through judgment number 1994-709, of February two, nineteen ninety-four —likewise reiterated by judgment 2008-3659—, the Chamber defined that:\n\n\"[T]he presence in the environment of one or more pollutants, or a combination thereof, in such concentrations and with such duration of permanence, that they cause in said environment negative characteristics for human life, the health or well-being of man, flora or fauna, or produce in the habitat of living beings, air, water, soils, landscapes or natural resources in general, a significant deterioration. To pollute is to introduce substances or elements foreign to the environment at such levels and duration that they produce pollution in the sense described. Conversely, to decontaminate is to reduce the concentration level of pollutants present in the environment to their acceptable values in accordance with specific environmental quality standards.\n\nAn environment free of pollution is, then, the condition in which the environment around us exists, when the alterations produced both by man and by nature in the immediate or distant surroundings do not exceed the maximum permissible limits set by those standards.\"\n\nIII.- In matters of acoustic pollution, although it is true that different regulations exist that set maximum permitted limits for noise exposure to which persons within industries or other workplaces may be subjected, other aspects must also be taken into consideration, such as, for example, the location where said companies are situated, whether in areas strictly classified as industrial, or rather, mixed-use, commercial, or residential zones, as well as the effect their sound emissions produce externally, that is, on the neighbors of those establishments. It is undeniable that nuisance noises exist in some sectors, which logically causes considerable harm to those who, like the appellant in this action, have the right to live peacefully, free of acoustic pollution, in accordance with the guarantee that this Chamber has repeatedly upheld: the right that every human being has to a healthy environment, free of pollution, a right that does not admit interruptions, as is the case with those that force one to endure, for several hours, entire days, and even at night, pollution that, like auditory pollution, we have held to be contrary to the right to health, which is an absolute right, as it is based on human dignity. Although it is true that the productive process generates waste and pollution of different sorts, it is evident that man has, through technological development, come to master and control his environment and, consequently, it is imperative that there must be a balance between a country's economic development and the right of its inhabitants to have a healthy environment, free of pollution. It must be borne in mind that the exercise of commerce, under any of its forms, cannot be so unlimited as to disturb the right of inhabitants to restorative rest, peace, and tranquility, or that implies a deterioration of the neighbors' health, as integral parts of the right to life.\"\n\nIn the case under study, it proved impossible to carry out a measurement that would verify the noise pollution alleged by the appellant and the amparo claimant, despite the attempts made, and even though an Ocular Inspection was conducted with the participation of technicians from the Ministry of Health. On the contrary, the evidence brought to the case file through this Chamber's own diligence shows that the fans are situated at a different distance from that initially indicated by the Municipality of Escazú, that those fans indeed have different dimensions, amperages, and horsepowers, which evidently affects the noise they might produce, and that technically, ordinary legislation lacks parameters determining the standards that would allow the use of these artifacts to be regulated, such that the Chamber would be acting improperly in attempting to define situations that technically have not yet been addressed. In this regard, lacking evidence that proves the existence of noise pollution, the appeal must be dismissed with respect to this matter.\n\ne) Regarding the environmental variable of the Escazú Regulating Plan (Plan Regulador de Escazú). In a submission subsequent to the filing of this amparo action, the appellant also objected to the Regulating Plan of this canton, indicating that it did not include the environmental variable at the time of its approval and that it had not included the Quintanar Urbanization within it. Regarding this issue, this Chamber already had the opportunity to rule on the matter in judgment No. 2005-9765, in the following sense:\n\n\"IV.- As to the violation of Article 50 of the Constitution (Constitución Política). It is also evident from the case records that the Escazú Regulating Plan was approved by the Municipal Council of Escazú in Extraordinary Session number 59, held on December seventeen, two thousand four, Agreement AC-396-04, which was published on February three, two thousand five, in the Official Gazette (Diario Oficial La Gaceta), and subsequently an errata was published, communicated through the same official medium on Thursday, March seventeen of the following year, in La Gaceta number 54. The respondent Municipal authority argues, and so demonstrates in the records, that since May of two thousand four it sent the draft of the Regulating Plan to SETENA together with other documents, that is, before the obligation set forth in the Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) dated June twenty-eight, two thousand four, was in force; however, no response whatsoever was received from SETENA. It was thus that, given that Secretariat's omission, the Municipal authority continued with the procedures that culminated in the approval of the Regulating Plan, which, according to what is asserted under oath with the consequences of law, does integrate the environmental impact variable even though it did not undergo the environmental viability process by SETENA prior to its approval, for the reason previously indicated. SETENA, for its part, reports that it has not carried out the assessment of the Regulating Plan of the canton of Escazú nor of any other canton, because the procedures manual for carrying out the strategic environmental assessment has not been issued. In this context, the Chamber considers that while it is true that the respondent Municipal authority is not correct in stating that SETENA's silence can be taken as having completed the environmental viability process required by article 67 of the Regulation on EIA Procedures, it is also true that it is evident from the evidence brought to the case file that this municipal entity has made a great effort to issue the necessary regulations aimed at the planning of the urban development of the canton of Escazú and that, to that effect, it issued the Regulating Plan before us with the participation of the community, as legally required, apart from the fact that during the processing, it sought constant coordination with SETENA, to the point that it not only sent an invitation for them to send a representative to the public hearing scheduled for May fifteen, two thousand four, but also sent them the requested information regarding the environmental regulations included in the Regulating Plan, as well as the document itself. In that regard, it is also considered proven that the Liaison Coordinator of the Escazú Regulating Plan Working Commission attended the hearing convened for October thirteen, two thousand four, by the Plenary Commission of SETENA, in which the topic of introducing the environmental variable into the Proposed Regulating Plan for the canton of Escazú was addressed, and, likewise, that via official communication CTPRE/86-04 of October twenty, two thousand four, Mr. Angel Barrantes R., Liaison Coordinator of the Escazú Regulating Plan Working Commission, wrote to Licda. Patricia Campos, Secretary General of SETENA, sending her a diskette with the Proposed Project of the Escazú Regulating Plan, as well as two 'CDS' (sic) with the zoning and land use maps, roadways, potential hazards, and the districts map, in order to fulfill the request made by the Plenary Commission at the hearing held on Wednesday, October thirteen, two thousand four. In this context, in the judgment of this Constitutional Chamber, there is no merit to grant this appeal against the Municipality of Escazú regarding this matter, not only because the omission noted is due to reasons beyond its control, but also because, as the respondent authority alleges, the Regulating Plan of that canton can be reviewed a posteriori by SETENA, as it must do in the case of all regulating plans in force before the enactment of the Regulation of June twenty-eight, two thousand four. Moreover, the annulment of the approved Regulating Plan, as sought by the appellant, would in no way represent greater protection for the fundamental right enshrined in Article 50 of the Constitution, since, as the respondent Mayor alleges, '...the urban growth of the canton had been proceeding very rapidly and there was no uniform regulation adapted to its reality, which means that the environmental damage being caused to the canton and to the Escazú community in general was more severe without the existence of the Plan than with its enactment.' The regulatory content of any regulating plan in such important aspects as construction, roadways, subdivision (fraccionamiento), and zoning is also kept in mind, in whose regulation there would be a gap that, far from benefiting the inhabitants of the canton of Escazú, could bring them harm if the recently published Regulating Plan were annulled. However, as ordered in the operative part of this resolution, immediately after SETENA publishes the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process, the Municipality of Escazú must submit the Regulating Plan that is the subject of this amparo action to the environmental viability process, so that without any delay it may make the adjustments that SETENA determines.\n\nLikewise, in judgment No. 2007-15000, this Court was able to verify that currently, said Regulating Plan has environmental viability:\n\n\"VI.- Finally, the Chamber observes that the Escazú Regulating Plan was received at SETENA on December eighteen, two thousand six, incorporating the Environmental Fragility Indices regulated in Decreto Ejecutivo 32967-MINAE of May four, two thousand six. At the time the Regulating Plan was received, it was in the analysis phase, in order to determine whether it is appropriate to approve the environmental fragility indices provided, granting the respective environmental viability to the Regulating Plan. However, SETENA was firm in clarifying to this Court that this secretariat does not have the competence to determine what type of development should be implemented in each zone established in a regulating plan, for example, whether it is commercial or residential, nor what activities should be developed in them, as that is the direct competence of each municipality, in accordance with the provisions of Article 169 of the Constitution. It falls to the municipalities, through their autonomy, to regulate the planning of their territory; it is they who ultimately decide on the development of their cantons.\"\n\nBy virtue of the cited background, it is thus established that the Escazú Regulating Plan currently has environmental viability and that it is not for this Court to determine whether the Municipal authority should or should not include a specific urbanization or zone in the Regulating Plan, as this is a matter pertaining to its municipal autonomy, without losing sight of, of course, that it must safeguard the fundamental rights of the inhabitants of its canton. Given these facts, the appeal with respect to these allegations must be dismissed.\n\nVI.- Regarding the demolition proceeding. The Chamber observes that having become aware that the rear part of the Los Olivos Condominium was built outside the building line, the Municipality of Escazú ordered the commencement of the procedure aimed at its demolition, an action which, as a precautionary measure, was halted by the Chamber for the conduct of the evidentiary measures for a better resolution that were ordered. Once this is resolved, it must be indicated to the Municipal authority that in carrying out any procedure aimed at construction regulation in the canton, it must first observe compliance with all established requirements, from which it follows that it must assess the administrative action itself due to the Corporation's duty to authorize and monitor that constructions are carried out properly and in accordance with validly issued permits. It follows from the foregoing that within the procedure that the Municipal authority has indicated it will initiate, it must afford the neighbors full respect for due process, while at the same time assessing the compliance with municipal competences at the time of controlling or supervising the erection of a works that, years later, it considers to be improperly built, so that responsibilities that might pertain to the municipal action or omission itself are not transferred to the neighbors.\"\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine Related Judgments\nText of the resolution\n\nExp: 09-006673-0007-CO\n\nRes. No. 2011001745\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifty-nine minutes on February eleven, two thousand eleven.\n\nAn amparo action processed under case file number 09-006673-0007-CO, filed by MARÍA ELENA MORA ABARCA, with identity card number 0103780255; on behalf of ALLAN FLORES SANDÍ, CARLOS CASTRO HERRERA, CARLOS CASTRO MORA, GRETTCHEN FLORES SANDÍ, IVETH PICHARDO CÁRCAMO, MARIO ZÚÑIGA CASTRO, MICHAEL LÓPEZ POVEDA, NATALIA CASTRO MORA, SARA HAUSER KUNS, and VIRGINIA SANDÍ DELGADO; against the MUNICIPALITY OF ESCAZÚ.\n\nFindings\n\n1.- By submission received at the Secretariat of the Chamber at seven hours and fifty-seven minutes on May 4, 2009, the appellant files an amparo action against the Municipality of Escazú and states that the works that Grupo Roble and Grupo Meridiano have been carrying out on Calle El Barro —a public street that separates the Quintanar Urbanization from said projects— have been seriously affecting them, given that they raised the ground level, filled with ballast, and then laid a layer of asphalt right up against the rear walls of their houses, disregarding the sidewalk zone. That the walls of their houses cracked, and fracturing can be seen in the internal walls due to the weight and vibration of the machinery. That during winter, water will run toward the walls of those houses, as they were not made to withstand water currents. That in previous years, this urbanization has already had flooding problems, which were aggravated by the asphalt. That due to the manner in which the works are being carried out, access via that street to the dwellings facing that street will be limited. That a hydrographic and topographical study of the entire area must be conducted in order to channel the water properly. That in addition to this, they have doubts that the rainwater coming from Grupo Roble and Torre Meridiano is being pumped toward Calle Matapalo, as was approved by that Municipal authority, since behind their house there is a pipe that drains directly onto Calle El Barro. That, moreover, the vacation of the warehouse located in their urbanization must be ordered, as since two thousand six several lots were taken under the pretext that it was a temporary parking lot; however, said parking lot was converted into a warehouse and remains so to this day, despite this being prohibited in residential zones. Requests that the Chamber grant the appeal with the consequences of law.\n\n2.- Reports under oath MARCO ANTONIO SEGURA SECO, in his capacity as Mayor of the Municipality of Escazú (folio 154 of the case file), that upon inspection of Calle El Barro, it was determined that it is a public road under cantonal administration and borders the Quintanar Urbanization to the east and several properties to the west that also front onto another street called Calle Matapalo. States that the improvements to the road surface (asphalt) of this street were made at the northern end of the road, for approximately 270 meters in length, as part of the half-road improvements that condominium project developers must build, in this case the Grupo El Roble Condominium project; the Meridiano Project on its frontage to Calle El Barro has not made improvements to the road to date. Indicates that it is not true that the ground level of the street was raised and that since the project is under the condominium figure, it falls to the Developer to proceed at its cost with the mandatory half-road improvements, works which, as in this case, rather the interested party, Grupo Roble, proceeded in good faith with the construction of the full right-of-way, except for the sidewalks of the properties bordering this street to the west, which are the sole responsibility of each property owner; however, the construction of sidewalks on the west side of this road is indeed pending, which is why the neighbors will be notified immediately of their obligation to construct the sidewalks, and in case of noncompliance, the Municipal authority will proceed with their construction and corresponding charge. Regarding the alleged damages, indicates that these would have been avoided from the start, but due to the omission on the part of the property owners in not constructing the sidewalk, this situation arises, so there is no cause-and-effect relationship due to the compaction of the asphalt layer material placed on that route. Points out that what the appellant stated is not true, as according to the video and photos provided, one can observe that there is no impediment to access due to the street level to the properties located bordering said street. No type of work is being carried out by the Municipal authority, nor by third parties, that would lead one to presume that access to the properties fronting onto Calle El Barro will be limited; all works carried out will maintain the current ground level. With respect to the issue of rainwater runoff waters (shallow rainwater on undeveloped land), these are currently being channeled via an open channel located in the middle of the street, in such a way that it prevents overflow onto private properties. There is also a hydrology study of the sector, which determines that rainwater from new projects to be developed in the zone must be channeled to Quebrada Yeguas on National Route No. 310. On the issue of rainwater from the Torre Meridiano and Grupo El Roble Condominium projects, both construction processes fronting onto Calle Matapalo channel their rainwater into the storm sewer system on that public road, which can be verified through the construction plans of both projects; no drain pipe was located on the street in question during the inspection. There is no record on the official MINAET spring map, nor in its documents, that proves the existence of a spring in the area. States that the Municipal authority has not been remiss in channeling rainwater from new projects in the sector (projects outside the Quintanar Urbanization); all construction permits have been approved, and the construction of works verified through works completion certificates (recepciones de obra) demonstrating that the rainwater channeling has been carried out by means of storm sewer systems outside the Quintanar Urbanization; those projects approved and executed within the Quintanar Urbanization do discharge their waters into that urbanization's system, as the original designs of the urbanization so contemplated. With respect to the warehouse, indicates that Grupo El Roble has already been notified to remove the warehouse and parking lot they built on a temporary basis on the lands of the Quintanar urbanization; it is estimated that within a maximum period of 15 days this infrastructure will be removed. Indicates that by official communication PTD-376-09-EXTERNO, a response was given to the neighbors' questions last April. Requests that the appeal be dismissed.\n\n3.- By submission filed on October 6, 2009, by the appellant at folio 96, she reports problems with Calle El Barro in Guachipelín by the Quintanar Urbanization, as Grupo El Roble has closed the gate connecting Calle El Barro with the Multiplaza roundabout, and the prohibition of traveling along that street. Indicates that Quintanar deeply regrets that dialogue occurs in one direction only, Municipality-Grupo El Roble, and not with the affected neighbors. Asks that pedestrian access be respected and the safety of persons traveling through there be guaranteed.\n\n4.- By resolution issued at thirteen hours and twenty-five minutes on November six, two thousand nine (folio 234), as an evidentiary measure for a better resolution, the Chamber ordered the ICAA to render a report for the purpose of indicating whether an easement for the main water pipe transporting drinking water from the Puente de Mulas station runs through the lands of the Quintanar Urbanization, located in Guachipelín de Escazú, near the south side of the Hotel Real Intercontinental. Likewise, whether this easement is signposted and protected, or whether, on the contrary, there is any type of physical barrier that currently prevents or could prevent in the future its adequate and timely maintenance or conservation.\n\n5.- By resolution issued at thirteen hours and fifty minutes on November six, two thousand nine (folio 235), as an evidentiary measure for a better resolution, the Chamber ordered the Minister of Health to render a report, for the purpose of indicating whether in the Quintanar Urbanization, located in Guachipelín de Escazú, specifically in the Los Olivos Condominium and in the residences of Mrs. Olga Shutaleva and Mrs. Virginia Sandí, they are affected by the noise produced by the fans installed at the rear of the Grupo El Roble building, which are placed six meters from the dwellings and often run twenty-four hours a day, including weekends.\n\nSpecifically, the Ministry of Health is requested to carry out the corresponding sonic measurement to determine the decibels produced by the operation of such fans and to inform this Chamber of the results of the measurement taken, as well as the relationship between the decibels recorded and the decibels permitted under the regulation governing the matter.\n\n6.- By resolution issued at one fifty in the afternoon on November sixth, two thousand nine (folio 236), as evidence for better resolution the Chamber ordered the ICAA, the Director of the Department of Waters of MINAET, and SENARA to submit a report indicating whether in any sector of the Quintanar Urbanization, located in Guachipelín de Escazú, west side of Plaza Roble, there is a water spring (naciente) located on a vacant lot that causes water runoff; should it be determined that a spring does exist, to certify the use being made of it, the state it is in, whether it deserves any type of protection and of what type.\n\n7.- By brief filed on November 13, 2009, the Directorate of Legal Affairs of the Ministry of Health informed this Court that it could not carry out the requested sonic measurement, since it was not possible to locate the complainant at her residence (folio 245).\n\n8.- On November 16, 2009, Ricardo Sancho Chavarría, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) (folio 246), reported that from the analysis and studies carried out in the jurisdictions of Escazú and Santa Ana, it is determined that the spring located in the sector of the Quintanar Urbanization is neither captured nor used by this Institute for population supply. He recommends that this Chamber request a technical report from SENARA on any measure to be taken in this regard. That according to an inspection carried out, it was determined that there is a pipeline running in a northwest-southeast direction from the Próspero Fernández highway, intersecting the Quintanar urbanization to its northwest, crossing the block of Lots Nos. 24, 25 and 26 and, unverified, perhaps No. 23, which are adjacent to the south of the Hotel Real Intercontinental. Likewise Lot No. 22. The pipeline maintains its route (trazado) in the indicated direction until reaching the restricted access street of the office complex of Grupo Roble, owner of the Multiplaza shopping center. From that street, which is shared with the Hotel parking lot, the route takes an east-west direction (in the direction of water flow) up to the roundabout of the intermediate street of the indicated hotel and shopping center, and from there it takes a south direction. In none of the vacant lots 25 and 26 could the existence of demarcation be verified, such as boundary markers (mojones) or anything similar that identifies the existence of the pipeline. In the rest of the lots there are inhabited residences that presumably were built on top of the pipeline easement (servidumbre) and where there are also no boundary markers or signage identifying the pipeline. In the case of the common street of the Hotel Real Intercontinental parking lot and the Grupo Roble offices, inside a planter there is an air valve that allows identification of the pipeline, relatively consistent with that indicated in plans. This valve is located a few meters east of the vertex where the pipeline changes its northwest-southeast alignment within the Quintanar urbanization to an east-west direction outside of it. Another planter west of this one shows evidence of being built on top of the pipeline. As conclusions from the aspects observed and verified in the field, it is established that the easement—on the south side of the Hotel Real Intercontinental—is not signposted, nor safeguarded in its legal dimensions, meaning there is no inalienable strip that keeps the pipeline free of constructions or civil works along its length. Rather, it can be affirmed that the quantity and type of residential and commercial edifices that have been built on top of it become a physical barrier that impedes, today and in the future, its adequate and timely maintenance and conservation. And under these circumstances the pipeline may represent a potential threat against such properties and their occupants.\n\n9.- On November 17, 2009, José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Head of the Department of Waters of MINAET (folio 259), reports that in the Quintanar Urbanization there are two properties of which only one presents water problems, this according to the security service of said urbanization, since on the property there is a diffuse outcrop of water originating from sub-surface waters coming from the properties on the upper slope, that is, the east side thereof; he further emphasizes that said terrain presents problems with the water table (nivel freático), so the only outflow for the same would be the west sector where the outcrop occurs, given that on the north and south sides there are constructions that obstruct the sub-surface flow. From the foregoing he concludes that said outcrop does not originate a public-domain watercourse, so Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) and Article 149 of the Water Law (Ley de Aguas) would not apply. He points out that from the site in question there is a tributary of the Yeguas stream (quebrada), which is located approximately 50 meters from the terrain in a south direction; said source would be the watercourse through which the waters of said sector naturally flow if there were no surrounding constructions; said stream is located at coordinates Latitude: 213790-213900 and Longitude: 519432-519300 in L.C.R.N. He requests that the appeal be declared without merit.\n\n10.- On November 18, 2009, Bernal Soto Zúñiga, in his capacity as Manager of the National Service for Subterranean Waters, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) at folio 268, reports that on November 17, 2009, they carried out the inspection, from which it was obtained that the relief of the zone is somewhat irregular with slopes between 5% and 8% and is within the watershed area of the right bank of a nameless stream that flows in a southeast-northwest direction and discharges into the Yeguas stream. The surface runoff waters of that sector have a northeast-southwest direction and are intercepted by an artificial guard channel (earth ditch without any lining) oriented almost perpendicularly to the aforementioned direction. This channel is located for the most part along Calle El Barro, which borders the Quintanar Urbanization to the northeast. It has a variable depth, averaging about 0.3 meters. However, it is insufficient to prevent the presence of water on the vacant lot fronting on a paved public street, oriented almost parallel to Calle El Barro. This area is located on rocks of the Ardiente Avalanche Deposits Formation (Fm. Depósitos de Avalancha Ardiente). This formation is the product of pyroclastic volcanic materials, which include tuffs and ignimbrites rich in obsidian and pumice. The cover is clayey (a product of the alteration of the ashy matrix) and is dark brown to black in color. It presents much plasticity, being classified as very poorly permeable. He indicates that the presence of water on this site is due to rainwater falling directly on the lot, coupled with surface runoff water (and partly sub-surface water manifested by topographic gradient) that flows down the natural watershed toward the nameless stream and is not efficiently intercepted by the guard channel, accumulating in the low-relief areas of the lot, forming a kind of small lagoon or large puddle (laguneta or charco grande or zuampo), with a clayey floor that retards water infiltration, especially now that we are in winter, being expected to diminish or disappear in the summer season. He concludes that we are not in the presence of a spring (manantial) but rather an accumulation of surface runoff waters (with some evidence of sub-surface waters), but not of subterranean waters. For the foregoing, it does not merit special protection.\n\n11.- By brief filed on January 27, 2010, the complainant submits a brief in which she reiterates her allegations. Likewise, she points out that the north part of Calle El Barro was paved by Grupo El Roble without any infrastructure for basic public services. In contrast, on the west side of her urbanization (rear part of the Catholic church of Guachipelín), Grupo Ext. Promociones S.A. is being required to build them. She points out that what worries her is that the pipes being laid do not meet the requirements of law and they are making them discharge into the rivulet formed by the spring, which will flood the nearby houses and contaminate the entire environment, since there is no watercourse in summer. She states that through the lots existing to the west of her urbanization runs the main pipe from Puente de Mulas and at this moment the easement is being threatened. She indicates that none of the protected parties was notified of the inspections to be carried out by the respondent authorities. She clarifies, among other things, that in October 2009 a pipe was placed crossing the street at the entrance to the urbanization with two culverts. They broke the asphalt of the freshly made street, which remains as ballast, causing the formation of an increasingly larger step with danger of damage to automobiles, which will increase with winter. The culverts were closed with construction rebar, which are already destroyed, becoming a deadly trap for pedestrians, especially children. Likewise, she takes issue with the report rendered by the respondent Municipality. She claims that in Guachipelín, green areas have not been enforced to allow temperature reduction and water filtration to deeper layers. She requests the Chamber to conduct an inspection of the construction model of the Grupo El Roble consortium that is located in Multiplaza del Oeste, for several years already, and in which two or three lots of her urbanization are taken over by them. She refers that they have had two cases of dengue in her urbanization and the flooding formed by all types of water on lots 5, 6, and 7 constitutes a threat to public health. Both cases were duly reported to the Ebais of Guachipelín. She indicates that in official communication 03147-2002-DHR and on page 0124 of this appeal, she clarifies that what she reported by telephone is that feces were no longer seen coming out, not that the Municipality had done work to prevent it. On this aspect, the Ombudsman's Office has not followed up on the case.\n\n12.- On May 17, 2010, the complainant files a brief at folio 300 in which she indicates that the respondent Municipality has practically converted the area into a commercial zone, without respecting the residential character of her urbanization. She claims that the 2005 Regulatory Plan (Plan Regulador) was approved without the environmental variable from SETENA, and is therefore illegal.\n\n13.- By resolution issued at four minutes past four in the afternoon on August eleventh, two thousand ten, the Chamber accepted the expansion of the facts of this amparo (amparo) regarding the accused noise pollution (contaminación sónica) in the dwelling houses of the protected parties Olga Shutaleva and Virginia Sandí from the noise produced by the fans of the Grupo El Roble Building (folio 402).\n\n14.- By brief filed on August 17, 2010, Marta Gabriela Calvo Venegas, in her condition as interim Alcaldesa of the Municipality of Escazú (folio 408), states that she coordinated with officials of the Ministry of Health and with administrative personnel of the condominium to carry out the corresponding inspection on August 16, 2010. She points out that those fans were placed for air recirculation that concentrates in the underground parking lots, to thus avoid the accumulation of CO2 emanating from the vehicles. She indicates that according to collaborators of that office center, the fans initiate operation only in the early morning hours, at midday, and at the end of the work day, since at those times there is greater vehicular transit and due to the electrical consumption they imply. She refers that a complaint already existed before the Ministry of Health regarding these same facts, and that the sonic measurements could not be carried out because access to the properties was not permitted by the complainants, who behaved aggressively and offensively toward the officials, so the closure and archiving of the complaint was ordered. As for the distance of the fans, it is indeed 6 meters, but this is so because the branch (filiales) of the Los Olivos condominium did not respect the front setback line (línea de antejardín). She indicates that no complaint has been filed in this regard at the Municipality. That by virtue of these irregularities detected in situ, the Alcaldía ordered the Territorial Development Process by official communication AL-621-10 to initiate the notification procedures and subsequent demolition processes regarding the branch properties that are in the situation indicated above.\n\n15.- By brief filed on August 17, 2010, María Luisa Ávila Agüero, in her condition as Minister of Health (folio 414), states that on November 11, 2009, by order of the Chamber, a sonic measurement was requested for these reasons, which according to technical report URS-RCS-2430-2009 of November 13, 2009, could not be carried out because it was not possible to locate or coordinate with the complainants. On January 13, 2010, by official communication ARSE-D-017-2010, a new sonic measurement was requested. On February 2, 2010, by official communication URS-RCS-177-2010, it is indicated that the conclusions of the 4 visits for sonic measurement had the following results: a-on January 23, 2010, at 23:00 hours, it was not possible to contact the complainants despite multiple attempts; b-on January 29, 2010, at 21:00 hours, the complaining parties did not authorize the sonic measurement to be carried out because no noise was being generated, for which reason a new fonometry was coordinated for February 1; c-on February 1, 2010, at 10:00 hours, upon making the inspection, noise was not being produced, and it was rescheduled for that same day at 12:00; d) on February 1, 2010, at 12:00 hours, and with the fans operating, the spouse of Mrs. Olga Shutaleva opposed the carrying out of the sonic measurement, arguing that only 3 fans were operating, when the usual is for 12 to operate. The Ministry of Health officials went to the accused establishment, where they were attended by the Maintenance Manager; the existence of three panels with four air extractors each is confirmed, with only one fan per panel operating. The administrator indicated to them that they operate on defined schedules, namely from 7:00 to 9:00 hours, from 12:00 to 14:00 hours, and from 17:00 to 18:30 hours, since at those times there is greater vehicular transit and due to the electrical consumption they imply. Faced with this situation, Mr. Tsafrir prevents the technician from carrying out the measurement until the 12 fans are operating, for which reason the case was archived and closed. By Resolution No. 2010-269, the Chamber declared the amparo appeal without merit in this regard. Subsequently, in a meeting with Mr. Tsafrir, the health authorities agreed that this gentleman would define the time and date of his convenience; however, he has not done so. According to technical report ARSE-276-10 of August 16, 2010, officials of the Ministry of Health and the Municipality of Escazú went to carry out the corresponding inspection, where the manager of the office center indicated to them that those fans were placed for the recirculation of air that concentrates in the underground parking lots to thus avoid the accumulation of CO2 emanating from the vehicles. They state that the inspection could not be carried out from the dwelling house of Mrs. Virginia Sandí, since no one gave an account of her location, so they remain waiting for this information. They request that the appeal be declared without merit.\n\n16.- By copy of a note dated August 17, 2010, received at the Secretariat of the Chamber at eight twenty-nine in the morning on August 24, 2010 (folio 439), Mr. Shon Tsafrir attaches a complaint filed before the Rector Health Area of Escazú regarding the operation of the industrial fans in the Grupo Roble Condominium.\n\n17.- By resolution of this Chamber, at seven forty-two in the morning on August 26, 2010 (folio 441), an Ocular Inspection and a sonic measurement are ordered to be carried out in the dwellings of Mrs. Virginia Sandí and Mrs. Olga Shutaleva, in the Quintanar Urbanization.\n\n18.- At folio 455, the Record of the Ocular Inspection carried out at eight fifty in the morning on August 26, 2010, is recorded.\n\n19.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at eleven twenty-two in the morning on August 31, 2010 (folio 473), María Luisa Ávila Agüero, Minister of Health, refers to the notification of the resolution by which the ocular inspection was scheduled.\n\n20.- At ten thirty-five in the morning on September 2, 2010 (folio 475), an Environmental Noise Measurement Report prepared by a consulting company is provided, as well as a cost report for damages to the dwelling house of Mr. Shon Tsafrir.\n\n21.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at nine fifty-eight in the morning on September 6, 2010 (folio 492), Marco Antonio Segura Seco, Municipal Alcalde of Escazú, states the impossibility of attending the scheduled Ocular Inspection, therefore suggesting that a new date and time be set to carry out the proceeding.\n\n22.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at ten o'clock in the morning on September 7, 2010 (folio 502), Álvaro Porras Vega, Acting Director of Water of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, refers to the scheduling of the Ocular Inspection carried out, indicating that this matter is the competence of the Directorate of Environmental Quality of the Ministry.\n\n23.- By resolution of this Chamber, at nine ten in the morning on September 8, 2010 (folio 503), evidence for better resolution is requested from the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial), regarding the mechanical conditions of the air extractors and the distances between the buildings of the Plaza Roble Condominium and the Los Olivos Condominium.\n\n24.- By resolution at nine forty-eight in the morning on September 8, 2010 (folio 504), a precautionary measure (medida cautelar) is issued ordering the Municipality of Escazú to suspend all actions tending toward the notification and demolition process that may be generated regarding the branches of the Los Olivos Condominium.\n\n25.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at two fifty-eight in the afternoon on September 13, 2010 (folio 510), Jorge Arturo Ruiz Ramos, Head of the Forensic Engineering Section of the Judicial Investigation Agency, requests an extension of the deadline to render the requested report as evidence for better resolution.\n\n26.- By documentation received at the Secretariat of the Chamber at nine twenty-five in the morning on September 21, 2010 (folio 512), the Forensic Engineering Section of the Judicial Agency presents the requested report as evidence for better resolution. It refers to the conditions and mechanical differences, in dimension and operation, of the air extractors located in the Plaza Roble Condominium, as well as the existing distances between the extractors of this Condominium and the rear part of the Los Olivos Condominium.\n\n27.- By resolution of this Chamber, at eight fifty-two in the morning on October 27, 2010 (folio 518), evidence for better resolution is requested from the Minister of Health and the Municipal Alcalde of Escazú.\n\n28.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at three ten in the afternoon on November 4, 2010 (folio 519), Marco Antonio Segura Seco, Municipal Alcalde of Escazú, reports, pointing out that the distance between the fans of the Grupo Roble Condominium and the Los Olivos Condominium is nine meters in one stretch and eleven meters in another, but he assures that this distance should be greater because the branches of the latter condominium are built out of line, not having respected the front setback area (área de antejardín), while the Ofecentro did conform to what was authorized.\n\n29.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at four eleven in the afternoon on November 8, 2010 (folio 549), María Luisa Ávila Agüero, Minister of Health, reports, sending a copy of the report prepared by the Regional Directorate of Health Stewardship of Central South.\n\n30.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Mora Mora; and,\n\nConsidering\n\nI.- Proven facts. As facts of relevance to resolve this matter, the following are taken as proven:\n\n1- On January 31, 2007, the complainant requested the respondent Municipal Alcalde in writing to send an inspector to determine the use being given to a street that connected her residential area to the roundabout and the Multiplaza entrance; she also requested to be informed what category Calle El Barro holds and what is projected for the future regarding it, since it lacked minimum conditions for maintenance or rainwater collection (folio 28).\n\n2- On May 29, 2007, the protected parties reiterated before the respondent Municipality their complaint regarding problems with Calle El Barro. (folio 12)\n\n3- On June 12, 2007, by official communication JDU EXT-07-07, the Municipality of Escazú granted Grupo El Roble permission to place a barrier (pluma) on the gate located between the Quintanar Urbanization and the private street north of the Plaza Roble Ofecentro, the possibility of installing a sign indicating private property and closing at night, as well as the transit of heavy machinery (6 heavy vehicles per week) along the route starting at Plaza Mundo and connecting to the Ruta Nacional of Guachipelín. (folio 62)\n\n4- By official communication CTPRE/051-07 of June 18, 2007, the Office of the Regulatory Plan of the Municipality of Escazú answered the complainant, regarding Calle El Barro, that she must detail the location of said street better in order to answer her concerns. (folio 71)\n\n5- On June 19, 2009, the complainant sent a note to the respondent authority indicating the location of Calle El Barro. (folio 72)\n\n6- On July 5, 2009, the complainant, as representative of the Quintanar urbanization, reiterated her allegations and the lack of response from the respondent Municipality. (folio 74)\n\n7- On April 24, 2008, by official communication CTPR-INT-95-08, the Office of the Regulatory Plan of the Municipality of Escazú answered the complainant, regarding Calle El Barro, that the official road map of the Regulatory Plan makes no reference to street names, so it was unable to refer to the matter, and she should present some cadastral plan. (folio 78)\n\n8- On March 31, 2009, the complainant, representing the Quintanar urbanization, accused before the respondent Municipality that Calle El Barro had been paved, raising it two meters and touching her wall, without any drainage or drain whatsoever, which meant a risk of flooding, as well as problems with the machinery passing by due to breaks in the stucco and stones falling on the wall. (folio 84)\n\n9- By official communication PDT-376-09-EXTERNO of April 20, 2009, the Department of Engineering and Works of the Municipality of Escazú answered the protected party that Calle El Barro is an existing, already consolidated road that maintains the topographic level of the adjacent properties to said road; that an inspector would be sent to the site; that the construction permit was for making improvements to the half-road of the condominium and that it was the interested party's goodwill to pave the entire road, except for the sidewalks of the adjacent properties to the west, as they are the responsibility of each owner; that the infrastructure is already adequate for the conveyance of rainwater that runs off the unbuilt terrains, since on the properties where buildings exist, the stormwater pumping system was consolidated that discharges toward Calle Matapalo, so the water that may be captured in said channel is the same or less than what was previously conveyed. (folio 85)\n\n10- Once Calle El Barro was inspected by the respondent Municipality, it was determined that it is a public road under cantonal administration, bordering the Quintanar Urbanization to the east and various properties to the west that also front onto another street called Matapalo. (folio 154)\n\n11- The improvements to the running surface (asphalt) of Calle El Barro were carried out at the northern end of the road, approximately 270 meters in length, as part of the half-road improvements that developers of condominium projects must build, in this case the Grupo El Roble Condominium project; the Meridiano Project on its frontage to Calle El Barro has not to date carried out improvements on the road. (folios 154 and 155)\n\n12- The construction of sidewalks on the west side of Calle El Barro is currently pending. (folio 155)\n\n13- Neither the respondent Municipality nor third parties are carrying out any type of work that limits access to the properties that front onto Calle El Barro. (folio 155)\n\n14- Surface rainwater on the currently unbuilt terrain is being channeled by means of an open channel, located in the middle of the street, in a manner that prevents overflow onto private properties. (folio 156)\n\n15- The rainwater from the Torre Meridiano and Grupo El Roble Condominium projects, both fronting onto Calle Matapalo, channel their stormwater to the storm sewer system that said public road has. (folio 156)\n\n16- On May 20, 2009, the respondent Municipality notified Grupo El Roble that it must eliminate the temporary warehouse and parking lot they built on the terrains of the Quintanar urbanization. (folio 169)\n\n17- On June 18, 2009, the Coordinator of the Territorial Development Process of the respondent Municipality communicated to Eng. Sandra Blanco, Director of MIDT, by official communication PDTJ-INT-53-09, that the road between the Multiplaza roundabout and Calle El Barro west of the Plaza Roble Ofecentro is private in nature given that it is under the horizontal property regime; however, on different occasions the gate giving access toward Calle El Barro has been kept open for long periods and at other times closed, for which reason, by virtue of the latest complaints, it was ordered to open and remove the no-trespassing sign that the Municipality had requested from Grupo Roble; it is a road that de facto is publicly transited, but de jure is private and belongs to Grupo Roble. (folio 205)\n\n18- In the jurisdictions of Escazú and Santa Ana, there exists a spring located in the sector of the Quintanar Urbanization that is not captured or used by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for population supply. (folio 248)\n\n19- According to an inspection carried out by the ICAA in the month of November 2009, it was determined that there exists a pipeline running in a northwest-southeast direction from the Próspero Fernández highway, intersecting the Quintanar urbanization to the northwest thereof, crossing the block of Lots Nos. 24, 25 and 26 and, unverified, perhaps No. 23, which are adjacent to the south of the Hotel Real Intercontinental, likewise Lot No. 22. The pipeline maintains its route in the indicated direction until reaching the restricted access street of the office complex of Grupo Roble, owner of the Multiplaza shopping center. From that street, which is shared with the Hotel parking lot, the route takes an east-west direction (in the direction of water flow) up to the roundabout of the intermediate street of the indicated hotel and shopping center, and from there it takes a south direction. (folio 249)\n\n20- In the vacant lots 25 and 26 of the Quintanar Urbanization, there is no demarcation, such as boundary markers or anything else that identifies the existence of the pipeline easement that transports water from the Puente Mulas pumping station; in the rest of the lots, there are inhabited residences that presumably were built on top of the pipeline easement and where there are also no boundary markers or signage identifying the pipeline. In the case of the common street of the Hotel Real Intercontinental parking lot and the Grupo Roble offices, inside a planter there is an air valve that allows identification of the pipeline, relatively consistent with that indicated in plans. This valve is located a few meters east of the vertex where the pipeline changes its northwest-southeast alignment within the Quintanar urbanization to an east-west direction outside of it. Another planter west of this one shows evidence of being built on top of the pipeline. (folios 248 and 249)\n\n21- The easement—on the south side of the Hotel Real Intercontinental—of the pipeline is not signposted, nor safeguarded in its legal dimensions, meaning there is no inalienable strip that keeps the pipeline free of constructions or civil works along its length. (folio 250)\n\n22- The quantity and type of residential and commercial edifices that have been built in Guachipelín de Escazú on top of the pipeline easement that transports water from the Puente Mulas pumping station become a physical barrier that impedes, today and in the future, its adequate and timely maintenance and conservation; and under these circumstances the pipeline may represent a potential threat against such properties and their occupants.\n\n(folio 250)\n\n23- In the Quintanar Urbanization there is a diffuse outcrop of water that originates in the sub-surface waters coming from the properties on the upper slope, i.e., the east side of the urbanization; in addition, there are problems with the water table (nivel freático), such that the only outlet for this water would be the west sector where the outcrop occurs, since on the north and south sides there are constructions that obstruct the sub-surface flow. (folio 260)\n\n24- There is a tributary of the Yeguas ravine 50 meters south of the Quintanar Urbanization, which would be the channel through which the waters of that sector would naturally flow if there were no nearby constructions. (folio 260)\n\n25- On November 17, 2009, SENARA conducted an inspection in the sector that is the subject of the amparo and concluded that the relief of the zone is somewhat irregular with slopes between 5% and 8% and is within the area of the right-bank watershed of an unnamed ravine, which flows in a southeast-northwest direction and discharges into the Yeguas ravine; it also determined that the surface runoff waters (aguas de escorrentía superficial) of that sector have a northeast-southwest direction and are intercepted by an artificial guard channel (earthen ditch without any lining) oriented almost perpendicularly to the aforementioned direction. (folios 268 and 269)\n\n26- The artificial guard channel that intercepts the surface runoff waters in the area subject to amparo is located largely along Calle El Barro, which borders the Quintanar Urbanization to the northeast; it has a variable depth, averaging about 0.3 meters; however, it is insufficient to prevent the presence of water on the vacant lot fronting on a paved public street, oriented almost parallel to Calle El Barro. (folio 269)\n\n27- The presence of water at the site in question is due to rainwater falling directly on the vacant lot, combined with surface runoff water (and partly sub-surface water manifested by topographic gradient) that flows down the natural watershed toward the unnamed ravine and is not efficiently intercepted by the guard channel, accumulating in the low-relief areas of the lot, forming a kind of small lagoon or large puddle or zuampo, with a clayey floor that retards water infiltration, mainly in winter. (folio 269)\n\n28- In the zone in question there is no spring (manantial), but rather an accumulation of surface runoff waters (with some evidence of sub-surface waters), but not of groundwater, so it does not merit special legal protection. (folio 269)\n\n29- According to technical report URS-RCS-2340-2009 of November 13, 2009, issued by the Central South Regional Health Directorate, they could not carry out the sonic measurement ordered by the Chamber as evidence for better resolution because it was not possible to locate or coordinate with the complainants. (folio 55 of the attached administrative file)\n\n30.- On February 2, 2010, by official note URS-RCS-177-2010 signed by the Central South Regional Health Directorate, it is indicated that the conclusions of the 4 visits made to the place of the events to carry out the sonic measurement had the following results: a-on January 23, 2010 at 11:00 p.m. it was not possible to contact the complainants despite multiple attempts; b-on January 29, 2010 at 9:00 p.m., the complainant parties did not authorize the sonic measurement to be carried out because no noise was being generated, for which reason a new sound measurement was coordinated for February 1; c-on February 1, 2010 at 10:00 a.m., when making the inspection, no noise was being produced and it was rescheduled for that same day at 12:00 p.m.; d) on February 1, 2010 at 12:00 p.m., with the fans in operation, the spouse of Mrs. Olga Shutaleva opposed the sonic measurement being carried out, arguing that only 3 fans were operating, when it is usual for 12 to operate. (folio 40 of the attached administrative file)\n\n31.- According to technical report ARSE-276-10 of August 16, 2010, personnel from the Ministry of Health and the Municipality of Escazú appeared to carry out the sonic measurement ordered by this Court; however, it was not carried out because the fans were turned off at that time and the manager of the office center indicated to them that these were installed for recirculating the air that accumulates in the underground parking lots and thus preventing the accumulation of CO2 emanating from vehicles, and that they also operate on defined schedules, namely from 7:00 a.m. to 9:00 a.m., from 12:00 p.m. to 2:00 p.m., and from 5:00 p.m. to 6:30 p.m., since at those times there is greater vehicular traffic, and that at most 5 of the 12 fans are turned on. (folio 8 of the attached administrative file)\n\n32.- The Ministry of Health could not carry out the sonic measurement from the home of Mrs. Virginia Sandí, since no one gave an account of her location. (folio 417)\n\n33.- In the Ocular Inspection carried out on the property of the amparo petitioner and of the Grupo de Roble Condominium on August 26, 2010 (folio 455).\n\n34.- The Criminalistic Analysis Opinion of the Forensic Engineering Section of the Judicial Investigation Organization, number 1173-ING-2010, of September 20, 2010, certifies the differences in size, amperage, horsepower, and speed of the fans installed in the basements of the Grupo Roble Condominium, as well as the distances between these fans and the center of the street and the building line of the Los Olivos Condominium (folio 512).\n\n35.- By Report of the Regional Directorate of Health Stewardship of Central South, Ministry of Health, number URS-RCS-2387-10, of November 4, 2010, it is certified that the current health regulations do not establish standards to regulate the use of devices in ventilation and gas extraction systems (folios 550 and 551).\n\nII.- Subject matter of the amparo. The petitioner alleges that, with the works carried out by Grupo Roble Internacional de Costa Rica and Grupo Meridiano de Centroamérica on Calle El Barro, which borders the Quintanar Urbanization, they raised the ground level by filling it with asphalt, without taking the necessary precautions for water drainage, since it has a sidewalk on only one side and the other sector affects her walls by the water that flows; likewise, access via that street to the homes fronting on it is limited. She points out that she has requested construction permits, plans, permits for elevation and earthworks (movimientos de tierra), without having received any response. She states that the easement (servidumbre) of the Puente Mulas mother pipe is not demarcated, so she is concerned about what would happen in the event of its eventual rupture. She indicates that lots in the urbanization that are for residential use are being used as commercial warehouses and parking lots, without the Municipality inspecting this, nor has it proceeded to include the Quintanar Urbanization in the Regulating Plan as a residential zone or to include the environmental variable.\n\nIII.- Regarding environmental protection. This Court has repeatedly stated that the right to a healthy environment contained in Article 50 of the Political Constitution has a broad content that equates to the aspiration of improving the human being's living environment, such that it goes beyond natural conservation criteria to be located within every sphere in which the person develops, whether family, work, or the environment in which they live. Hence, it is affirmed that it is a transversal right, that is, it moves throughout the entire legal system, shaping and reinterpreting its institutions. For this reason, our Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right, i.e., ensure and protect the right against any risk or need, prohibit and prevent any activity that threatens the right, and protect the right in advance from possible dangers. Consequently, the State must assume a dual behavior of doing and not doing; on the one hand, it must refrain from itself harming the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must undertake the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements (see judgment No. 2002-10340).\n\nIV.- Regarding municipal competencies. In accordance with Article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, the municipalities are responsible for the administration of local services and interests, in order to promote the comprehensive development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, that pursues the efficient and harmonious development of urban centers and that guarantees -at least- efficient electrification and communication services; good potable water supply and wastewater evacuation systems, through adequate aqueduct and sewer systems; modern lighting and city beautification systems; efficient construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; and in general, concrete and practical plans to make the life of the population comfortable and safe. Thus, the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1968), grounded in Article 169 of the Political Constitution, imposed on them the duty to enact a regulating plan to plan and control urban development and the related urban development regulations (Articles 15 et seq.). Within that regulating plan and the zoning regulations, the Municipalities must identify, for the purpose of regulating, controlling, and restricting human activities (industrial, urban development, agricultural, etc.), the areas or zones reserved because an aquifer or its recharge or discharge area is located there. This is because, in application of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution), to human life and health (Article 21 ibid.), and for the sake of sustainable development, cantons that, due to their geomorphological characteristics, have lands within their jurisdiction that harbor aquifers, recharge and discharge areas thereof, springs (manantiales), and of these are especially called upon and obligated to regulate and norm, responsibly, efficiently, and effectively, such matters, since at times, groundwater not only supplies the consumption and use of the canton's populations, but various cantons, which demonstrates a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of land and water derived from the determination and establishment of such protected areas, since it is for the benefit of them and of the inhabitants of the other cantons that are supplied with the waters that flow through the aquifer and that outcrop or discharge in other cantons and, of course, for future generations (judgment No. 2004-1923). Local interests and services have been defined by the Chamber as indeterminate legal concepts where the law does not precisely resolve their content for application to specific cases, so it is necessary to resort to value and experience criteria, by the party responsible for applying them, to determine their content. The creation of adequate drainage means within a community in order not to cause damage to property, health, or environmental problems to its neighbors, for example, is within the terms indicated by the Political Constitution, as a matter of interest to the canton and is undoubtedly part of the services that the Municipality is obligated to provide. In this same vein, Article 285 of the General Health Law establishes that rainwater (aguas pluviales) must be disposed of adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of vector breeding sites and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity and quality (judgment No. 2004-1840). For this reason, the Municipalities are obligated to assume a certain behavior to satisfy their purposes, taking the required measures to provide communities with an efficient drainage system for wastewater and rainwater (aguas pluviales), which implies that the Municipality must build the necessary infrastructure to make those waters flow adequately, in order to guarantee the right to health and to an environment free of contamination, without harming third parties.\n\nV- Regarding the petitioner's allegations. As these are various arguments, they will be resolved separately, as indicated below:\n\na) Regarding Calle El Barro. On this aspect, the petitioner alleges that, with the works carried out by Grupo Roble Internacional de Costa Rica and Grupo Meridiano de Centroamérica on Calle El Barro, which borders the Quintanar Urbanization, where the amparo petitioners live, the ground level was raised by filling it with asphalt, without taking the necessary precautions for water drainage, since it has a sidewalk on only one side and the other sector affects their walls by the water that flows. She also alleges that access to the homes fronting on that street is limited. On this particular issue, the respondent authority states in the report rendered under oath that Calle El Barro is a public road under cantonal administration, which borders the Quintanar Urbanization to the east and several properties to the west that also front on another street called Matapalo. It accepts that improvements to the road surfaces (asphalt) of this street were indeed carried out at the north end of the road, approximately 270 meters in length, as part of the mid-road improvements that condominium project developers must build, in this case the Grupo Roble Condominium project, although the Meridiano Project on its frontage on Calle El Barro has not carried out the corresponding improvements to date. It reports that it is not true that the ground level of the street was raised and that, because the project falls under the condominium figure, it is the developer's responsibility to proceed at its own cost with the mandatory mid-road improvements, works which, as in this case, the interested party Grupo Roble instead proceeded, in good will, with the construction of the complete right-of-way, except for the sidewalks of the properties bordering this street to the west, which are the sole responsibility of each owner; however, the construction of sidewalks on the west side of this road is indeed pending, such that it will be immediately notifying the neighbors of their obligation to build the sidewalks and, in case of non-compliance, would proceed with their construction and corresponding collection. Regarding the alleged damages and injuries, it indicates that these would have been avoided from the beginning, but due to the omission by the property owners of not building the sidewalk, this situation arises, so there is no cause-and-effect relationship due to the compaction of the asphalt layer material placed on that route. The report states that what the petitioner says is not true, since, according to the submitted video and photos, it can be observed that there is no access impediment due to the street level to the properties located bordering said street. No type of work is being carried out by the Municipality, or by third parties, that would make one presume that access is limited to the properties fronting on Calle El Barro, and that any work carried out will maintain the current ground level. However, despite what is stated in the report by the Municipality, in official note of June 18, 2009, the Coordinator of the Territorial Development Process of the respondent Municipality informed Eng. Sandra Blanco, MIDT Director, by official note PDTJ-INT-53-09, that the road between the Multiplaza roundabout and Calle El Barro to the west of the Plaza Roble Office Center is private in nature since it is under a horizontal property regime; however, on different occasions, the gate that provides access to Calle El Barro has been kept open for long periods and closed at others, such that, by virtue of the latest complaints, it was ordered to open it and remove the no-entry sign that the Municipality had requested from Grupo Roble; that it is a road that is in fact used publicly, but that by right is private and belongs to Grupo Roble (folio 205). Thus, and in light of the existence of contradictory evidence in this case file, and given that the amparo is a summary proceeding, it is not possible to elucidate in this jurisdiction what the true nature of this street is in each exact boundary and where access to that road should or should not be permitted, which must be discussed, if the parties see fit, in the corresponding legality venue. Now, regardless of the nature of the street, the truth is that asphalt works were carried out on this road without it being recorded in any resolution of the respondent Municipality in the case file, the technical requirements for carrying it out and without foreseeing coordinated actions with the other neighboring developers, without which the work would remain unfinished, and thereby producing the current problem, which is that it lacks ditches (cunetas), a sewer system, and that indeed, being asphalted, it affects its height (see photo at folio 133 of the case file) and the runoff (escorrentía) of waters, since they will no longer be absorbed by the earth that previously existed, as the asphalt will cause them to flow uncontrolled. Regarding the issue, the respondent authority states in its report that the rainwater runoff waters (surface rainwater on unbuilt land) are currently being channeled by an open channel, located in the middle of the street, in such a way that it does not allow overflow onto private properties. It indicated that the municipality has not been negligent in channeling rainwater (aguas pluviales) from new projects in the sector (projects outside the Quintanar Urbanization), since all construction permits have been approved and the construction of works has been verified through works reception, which demonstrate that the channeling of rainwater has been carried out through rainwater sewer systems outside the Quintanar Urbanization; those projects approved and executed within the Quintanar Urbanization do discharge their waters into the system of that urbanization, since the original designs of the urbanization contemplated it as such. However, in accordance with the inspection carried out by SENARA on November 17, 2009, in response to this amparo, it was possible to determine that in the sector under discussion, the relief of the zone is somewhat irregular with slopes between 5% and 8% and is within the area of the right-bank watershed of an unnamed ravine, which flows in a southeast-northwest direction and discharges into the Yeguas ravine; it also determined that the surface runoff waters (aguas de escorrentía superficial) of that sector have a northeast-southwest direction and are intercepted by an artificial guard channel (earthen ditch without any lining) oriented almost perpendicularly to the aforementioned direction (folios 268 and 269). It also concluded that the artificial guard channel that intercepts the surface runoff waters in the area subject to amparo is located largely along Calle El Barro, which borders the Quintanar Urbanization to the northeast; it has a variable depth, averaging about 0.3 meters; however, it is insufficient to prevent the presence of water on the vacant lot fronting on a paved public street, oriented almost parallel to Calle El Barro (folio 269). Thus, the presence of water at the site in question is due to rainwater falling directly on the vacant lot, combined with surface runoff water (and partly sub-surface water manifested by topographic gradient) that flows down the natural watershed toward the unnamed ravine and is not efficiently intercepted by the guard channel, accumulating in the low-relief areas of the lot, forming a kind of small lagoon or large puddle, with a clayey floor that retards water infiltration, mainly in winter (folio 269), which is consistent with the photo provided at folio 82, especially in the winter season. Added to the above, the Municipality's argument that the petitioners are also responsible for not having built the sidewalk that corresponds to them is not acceptable, given that it is recorded in several filings since 2007 that the amparo petitioners requested complete information about this street and reported the risks and problems that were approaching and would increase with the arrival of winter; however, in the majority of the response filings, the respondent authority stated that it was unaware of the location of that street, although concurrently it authorized the company El Roble to use it for transporting heavy machinery. Let us see: from the case file, there is a filing presented on January 31, 2007, by the petitioner in which she asked the respondent Mayor to send an inspector to determine the use being made of a street that connected her residential development with the roundabout and the entrance to Multiplaza; she also requested to be informed what category Calle El Barro has and what was planned for it in the future, since it lacked the minimum conditions for maintenance, or for rainwater collection (folio 28). On May 29, 2007, the amparo petitioners reiterated before the respondent Municipality their complaint about problems with Calle El Barro (folio 12). On June 12, 2007, by official note JDU EXT-07-07, the Municipality of Escazú granted permission to Grupo El Roble to place a barrier at the gate located between the Quintanar Urbanization and the private street to the north of the Plaza Roble Office Center, the possibility of installing a sign indicating private property and closing at night, as well as the transit of heavy machinery (6 heavy vehicles per week) via the route that begins at Plaza Mundo and connects with National Route of Guachipelín (folio 62). By official note CTPRE/051-07 of June 18, 2007, the Regulating Plan Office of the Municipality of Escazú replied to the petitioner, regarding Calle El Barro, that she must detail its location better in order to answer her concerns (folio 71). On June 19, 2009, the petitioner sent the respondent authority a note indicating the location of Calle El Barro (folio 72). On July 5, 2009, the petitioner, as representative of the Quintanar urbanization, reiterated her allegations and the lack of response from the respondent Municipality (folio 74). On April 24, 2008, by official note CTPR-INT-95-08, the Regulating Plan Office of the Municipality of Escazú replied to the petitioner, regarding Calle El Barro, that the official road map of the Regulating Plan makes no reference to street names, so it was unable to address the matter, and she must present some cadastral plan (folio 78). On March 31, 2009, the petitioner, representing the Quintanar urbanization, complained before the respondent Municipality that Calle El Barro had been asphalted, raising it two meters and abutting her wall, without any drain or drainage whatsoever, which meant a flood risk, as well as problems with the machinery passing by due to cracking in the stucco and falling stones from the wall (folio 84). By official note PDT-376-09-EXTERNO of April 20, 2009, the Engineering and Works Department of the Municipality of Escazú replied to the amparo petitioner that Calle El Barro is an existing, consolidated road that maintains the topographic level of the properties bordering said road, that an inspector would be sent to the site, that the construction permit was for carrying out mid-road improvements for the condominium, and that it was the good will of the interested party to asphalt the entire road, except for the sidewalks of the bordering properties to the west, as they are the responsibility of each owner; that, in any case, the infrastructure is adequate for the conveyance of rainwater (aguas pluviales) that flows over the unbuilt land, since on the properties where buildings exist, the rainwater pumping system that discharges toward Calle Matapalo has been consolidated, such that the water captured in said channel is the same as or less than what was previously conveyed (folio 85). From the foregoing, it is evident that it was not negligence by the petitioners not to have proceeded to build the sidewalk, if on the occasions when they attempted to obtain information, they were told that they could not be given it, as if they were unaware of it. In any case, if the Municipality confirmed that the sidewalk had not been built by the Condominium's developer, as it rightly indicates in its report, it should have proceeded to build it and then collect the cost; however, it is unacceptable to this Court that a Municipal Government, constitutionally called upon to address the problems of its locality, has ignored the complaints made to it over all these years, merely responding in writing without verifying and executing the corresponding works, in order to resolve the problems with the drainage of these waters. The truth is that even if it is said that the asphalting of this street was done in good faith by the developer, the Municipality had to guarantee the minimum requirements it must have in order to avoid future consequences. The existence of small lagoons or zuampos as indicated by SENARA in its report, which form on the vacant lot adjacent to Quintanar, undoubtedly implies a risk from contamination, flooding, and a potential pest crisis, which puts the right to a healthy and balanced environment, as well as the right to health of the inhabitants, at risk. For this reason, without entering into determining whether Calle El Barro is a public or private road, its exact location and boundaries—since this is a matter of mere legality—the truth is that, with full knowledge of the municipal authorities, asphalt works were carried out on said street, which did not contemplate other technical guidelines, which have caused surface waters to flow to the detriment of the neighbors of the Quintanar Urbanization, and despite having been reported as such for years, the respondent has not taken precaution or executed any action leading to its solution, which has harmed Articles 21, 41, and 50 of the Political Constitution, so the amparo must be granted on this aspect.\n\n b) Regarding the location of the easement (servidumbre) of the Puente Mulas Mother Pipe and the existence of a spring (naciente). The petitioner alleged that the respondent Municipality has allowed large constructions without demarcating and verifying that, in the event of rupture of a pipe of this nature, it could eventually be repaired, thereby putting her life and possessions, as well as the spring (naciente) that passes through her property, at risk. On this particular, the respondent Municipality reported that there is a hydrological study of the sector, which determines that rainwater (aguas pluviales) from new projects to be developed in the zone must be channeled to the Yeguas Ravine on national route No. 310; that no drain pipe was located on the street in question during the inspection; and that there is no record in the official map of MINAET of springs, nor in its documents is the existence of a spring (naciente) in the zone accredited. Regarding this issue, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers reported that from the analysis and study carried out in the jurisdictions of Escazú and Santa Ana, it recognizes the existence of a spring (naciente) located in the Quintanar Urbanization sector, but indicates that it is neither captured nor used by this Institute for population supply. It also indicates that, according to the inspection carried out, it was determined that there is a pipeline running in a northwest-southeast direction from the Próspero Fernández highway, intersecting the Quintanar urbanization to the northwest, crossing the block of Lots Nos. 24, 25, and 26, and, unverified, perhaps No. 23, which border the Hotel Real Intercontinental to the south. Likewise, Lot No. 22. It points out that the pipeline maintains its route in the indicated direction until it reaches the restricted-access street of the Grupo Roble office complex, owner of the Multiplaza shopping center. From that street, which is shared with the Hotel's parking lot, the route adopts a west-east direction (in the direction of water flow) up to the roundabout of the intermediate street of the indicated hotel and shopping center, and from there adopts a southerly direction. It states that in none of the vacant Lots 25 and 26 could the existence of demarcation, such as boundary markers or the like, be verified that identifies the existence of the pipeline. In the rest of the lots, there are inhabited residences that presumably were built on top of the pipeline easement (servidumbre) and where there are also no boundary markers, nor signage identifying the pipeline.\n\nRegarding the common street for the parking lot of the Hotel Real Intercontinental and the Grupo Roble offices, inside a planter box there is an air valve that allows identification of the pipeline, relatively consistent with what is indicated in the plans. This valve is located a few meters east of the vertex where the pipeline changes its northwest-southeast alignment inside the Quintanar residential subdivision (urbanización) to a west-east direction outside it. Another planter box to the west of this one shows evidence of being built on top of the pipeline. It concludes that from the aspects observed and verified in the field, it is established that the easement (servidumbre) – on the south side of the Hotel Real Intercontinental – is neither marked nor protected in its legal dimensions; that is, there is no inalienable strip that keeps the pipeline free of constructions or civil works along its length; rather, it states that the number and type of residential and commercial buildings that have been erected on top of it constitute a physical barrier that impedes, today and in the future, its adequate and timely maintenance and conservation; and that under such circumstances the pipeline may represent a potential threat to those properties and their occupants. For its part, SENARA, in the report it was requested to submit to this Court, concludes that in the area in question we are not in the presence of a spring (manantial), but rather an accumulation of surface runoff water (with some evidence of sub-surface water), but not groundwater, and therefore it does not merit special protection. In conclusion, it is not demonstrated that there is an impact on the spring (naciente) to which the petitioner alludes, although the contradictory reports from ICAA and the respondent Municipality lead the Chamber to presume that even though the canton of Escazú has a Regulating Plan (Plan Regulador), the hydrography of the place is not well determined, since one institution denies and another accepts the existence of the spring, nor is the location of this easement referred to, an omission that has irresponsibly allowed constructions over this pipeline, without clearly delimiting it, which currently represents a risk to persons in the event of an eventual rupture. This undoubtedly injures the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, to life, to health, and to sustainable development, since, as previously indicated, cantons that, due to their geomorphological characteristics, have within their jurisdiction lands that contain aquifers, recharge and discharge areas thereof, springs (manantiales), springs (nacientes), or sources of water for potable use, are especially called upon and obligated to regulate and govern, responsibly, efficiently, and effectively, such matters, since, on occasion, groundwater not only supplies the consumption and use of the populations of the canton but also of various cantons, which demonstrates a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of the land and waters derived from the determination and designation of such protected areas, including as easements, since it is for the benefit of them and of the inhabitants of the other cantons that are supplied with the waters that flow there, and of future generations. That is why it has been insisted that within the Regulating Plan and the zoning regulation (reglamento de zonificación), the Municipalities must identify, for the purpose of regulating, controlling, and restricting human activities (industrial, urban development, agricultural, etc.), the areas or zones reserved because an aquifer or its recharge or discharge area is located there. What was indicated by the respondent Municipality in this amparo proceeding, by not having reliable data regarding the existence of a spring and the omission to ensure the delimitation of the pipeline in question, are aspects that injure the precautionary principle (principio precautorio) that must be safeguarded in protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to health and to life, since with this omission the canton has not been adequately planned, putting at risk persons who live in or transit through the places where this main pipeline is located, in the event of an eventual breakage. Consequently, it is appropriate to grant the present appeal also with regard to this point and to order the respondent Municipality to proceed to coordinate with ICAA, the Water Department of MINAET, and SENARA, the updating or completion of a hydrographic study of the zone, as well as to proceed to delimit and clearly demarcate the right-of-way easement (servidumbre de paso) of the main pipeline from Puente Mulas and to provide for such situation in the face of future requests for construction permits.\n\nc) Regarding the commercial use given to a residential lot. The petitioner indicates that lots in the subdivision that are for residential use are being used as a commercial warehouse and parking lot, without the Municipality inspecting this. Even though this Court recognizes that this aspect was dismissed by resolution No. 2010-0269, in this amparo proceeding, which is prior to the one processed under file No. 09-9460-0007-CO, on this aspect the respondent authority accepted the accusation and provided notification No. 2786 of May 20, 2009, in which the Municipality ordered Grupo Roble that it had to eliminate the warehouse and the parking lot that they built temporarily on the lands of the Quintanar subdivision (folio 169), an action that occurred, for the purposes of this study, after the notification of the present appeal (see folio 149), which implies that the present amparo must indeed be granted, at least for indemnification purposes, in accordance with article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nd) Regarding the alleged noise pollution (contaminación sónica). By a writing subsequent to the filing of this appeal, the protected party expanded the allegations thereof, indicating that, additionally, Grupo Roble produced noise pollution from the placement of some fans that remained on for 24 hours, which injured her right to rest. In relation to what was alleged, this Court ordered the Ministry of Health to proceed to carry out a noise measurement at the place of the events; however, this could not be carried out because, according to technical report URS-RCS-2340-2009 of November 13, 2009, issued by the Dirección Regional Central Sur de Salud, it was not possible to locate or coordinate with the complainants. As a result of the foregoing, the respondent authority carried out 4 more inspections, which according to official communication URS-RCS-177-2010 of February 2, 2010, signed by the Dirección Regional Central Sur de Salud, had the following results: a- that on January 23, 2010, at 11:00 p.m., it was not possible to contact the complainants despite multiple attempts, b- that on January 29, 2010, at 9:00 p.m., the complaining parties did not authorize the noise measurement to be carried out because noise was not being generated, for which reason a new noise measurement was coordinated for February 1, c- that on February 1, 2010, at 10:00 a.m., upon making the inspection, noise was not being produced and it was rescheduled for that same day at 12:00 p.m., d) that on February 1, 2010, at 12:00 p.m., and with the fans in operation, the spouse of Mrs. Olga Shutaleva opposed the performance of the noise measurement, with the argument that only 3 fans were operating, when the usual number operating is 12. By order of this Court, the Ministry of Health and the respondent Municipality appeared on August 16, 2010, at the residence of Mrs. Shutaleva; however, according to technical report ARSE-276-10 of August 16, 2010, the noise measurement was not carried out because the fans were turned off at that moment; they further added that the administrator of the office center (Oficentro) in question indicated to them that these were installed for the recirculation of air that accumulates in the underground parking lots and thus to avoid the accumulation of CO2 that emanates from vehicles; that they also operate on defined schedules, namely from 7:00 to 9:00 a.m., from 12:00 to 2:00 p.m., and from 5:00 to 6:30 p.m., since at those times there is greater vehicular traffic; and that at most 5 of the 12 fans are turned on. Likewise, the Ministry of Health informed the Chamber that it could not carry out the noise measurement from the residence of Mrs. Virginia Sandí, since no one could provide information on her whereabouts. For its part, the respondent Municipality admits that the fans are located 6 meters from the residence of Mrs. Shutaleva; nevertheless, it states that this is because those subsidiary properties of the condominium were built in the front setback area (área de antejardín), for which reason it ordered the Process of Territorial Development (Proceso de Desarrollo Territorial) by official communication AL-621-10 to initiate the notification procedures and consequent demolition processes for the subsidiary properties that are in that situation. On repeated occasions this Court has indicated that both the right to health and to an environment free of contamination – without which the former could not be made effective – are fundamental rights, so it is the obligation of the State to provide for their protection, whether through general policies to achieve that end, or through specific acts by the administration – see judgment number 1994-1763, of four forty-five p.m. on April thirteenth, nineteen ninety-four, reiterated, among others, by judgment of this Chamber number 2008-3659, of four forty-four p.m. on March seventh, two thousand eight. Regarding noise or acoustic pollution, through judgment number 1994-709, of February second, nineteen ninety-four – equally reiterated by judgment 2008-3659 – the Chamber defined that:\n\n\"[T]he presence in the environment of one or more pollutants, or a combination thereof, in such concentrations and with such duration, that they cause in said environment negative characteristics for human life, health, or human well-being, flora or fauna, or produce in the habitat of living beings, air, water, soils, landscapes, or natural resources in general, a significant deterioration. To contaminate is to introduce substances or elements foreign to the environment at levels and with a duration such that they produce pollution in the sense described. Conversely, to decontaminate is to reduce the level of concentration of pollutants present in the environment to their acceptable values according to specific environmental quality standards.\n\nEnvironment free of contamination is, then, the condition in which the environment that surrounds us is found, when the alterations produced both by man and by nature in the nearby or distant surroundings do not exceed the maximum permissible limits set by those standards.\"\n\nIII.- Regarding acoustic pollution, although it is true that there are different regulations that set maximum permitted limits for noise exposure to which those who are inside industries or other workplaces may be subjected, other aspects must also be taken into consideration, such as, for example, the location where said companies are situated, whether in zones strictly classified as industrial, or mixed, commercial, or residential zones, as well as the effect that their sound emissions produce to the outside, that is, on the neighbors of said establishments. It is undeniable that annoying noises exist in some sectors, which logically notably harms those who, like the appellant in this proceeding, have the right to live peacefully, free from acoustic contamination, according to the guarantee that this Chamber has repeatedly upheld: the right that every human being has to a healthy environment, free from contamination, which does not admit interruptions, such as those that force one to have to endure for several hours, entire days, and even at night, contaminations that, like auditory contamination, we have held to be contrary to the right to health, which is an absolute right, since it is based on the dignity of the human being. Although it is true that the productive process generates waste and pollution of different types, it is evident that man has come, through technological development, to subdue and control his environment and, consequently, to the imperative that there must be a balance between the economic development of a country and the right of its inhabitants to have a healthy environment, free from contamination. It must be kept in mind that the exercise of commerce, under any of its forms, cannot be so unlimited that it may disturb the right of inhabitants to restful repose, to peace and tranquility, or that it implies a deterioration of the health of neighbors, as components of the right to life.”\n\nIn the case under study, it was impossible to carry out a measurement that would verify the noise pollution alleged by the petitioner and the protected party, despite the attempts made, and even though an Ocular Inspection was carried out with the participation of technicians from the Ministry of Health. On the contrary, the evidence brought to the file by this Chamber’s own efforts demonstrates that the fans are located at a different distance from that initially indicated by the Municipality of Escazú, that indeed those fans have different dimensions, amperages, and horsepower, which evidently affects the noise they might produce, and that technically, ordinary legislation lacks parameters that determine the standards allowing regulation of the use of these devices; therefore, the Chamber would be wrong to try to define situations that technically have not yet been addressed. In this sense, in the absence of proof verifying the existence of noise pollution, the appeal must be dismissed regarding this point.\n\ne) Regarding the environmental variable of the Regulating Plan of Escazú. In a writing subsequent to the filing of this amparo, the petitioner also objected to the Regulating Plan of this canton, indicating that it did not include the environmental variable at the time of its approval and that it had not included the Quintanar subdivision in it. Regarding this issue, this Chamber already had the opportunity to rule on this matter in judgment No. 2005-9765, in the following sense:\n\n“IV.- Regarding the violation of article 50 of the Political Constitution. It also emerges from the record that the Regulating Plan of Escazú was approved by the Municipal Council of Escazú in extraordinary session number 59, held on December seventeenth, two thousand four, Agreement AC-396-04, which was published on February third, two thousand five, in the Official Gazette La Gaceta, and subsequently a list of errata was published, which was communicated through the same official medium on the following Thursday, March seventeenth, in La Gaceta number 54. The respondent Municipality argues, and so proves in the record, that since May two thousand four it sent the draft of the Regulating Plan to SETENA together with other documents, that is, before the obligation set forth in the Regulation on the Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), dated June twenty-eighth, two thousand four, was in force; however, no response was received from SETENA. Thus, given the omission of that Secretariat, the Municipality continued with the procedures that led to the approval of the Regulating Plan, which, according to what is affirmed under oath with the consequences of law, does integrate the environmental impact variable although it did not go through the environmental viability (viabilidad ambiental) process before SETENA prior to its approval, for the reason stated above. SETENA, for its part, reports that it has not carried out the evaluation of the Regulating Plan of the canton of Escazú or any other canton because the procedures manual for carrying out the strategic environmental assessment has not been issued. In this context, the Chamber considers that although it is true that the respondent Municipality is not correct in saying that SETENA's silence can be taken as completion of the environmental viability process required by article 67 of the Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, it is also true that it emerges from the evidence brought to the file that this municipal entity has made a great effort to issue the necessary regulations aimed at the ordering of the urban development of the canton of Escazú and that, to this effect, it issued the Regulating Plan that concerns us with the participation of the community, as required by law, apart from the fact that during the processing it sought constant coordination with SETENA, to the point that it not only sent it an invitation to send its representation to the public hearing scheduled for May fifteenth, two thousand four, but also sent it the information requested regarding the environmental regulations included in the Regulating Plan, as well as the document itself. In that sense, it is also proven that the Liaison Coordinator of the Escazú Regulating Plan Working Commission attended the hearing convened for October thirteenth, two thousand four, by the Plenary Commission of SETENA, in which the issue of the introduction of the environmental variable into the Proposed Regulating Plan for the canton of Escazú was discussed, and, similarly, that through official communication CTPRE/86-04 of October twentieth, two thousand four, Mr. Angel Barrantes R., Liaison Coordinator of the Escazú Regulating Plan Working Commission, addressed Licda. Patricia Campos, Secretary General of SETENA, sending her a diskette with the Draft Project of the Regulating Plan of Escazú, as well as two \"CDS\" (sic) with the maps of zoning and land uses, roadways, potential threats, and of districts, in order to comply with the request made by the Plenary Commission at the hearing held on Wednesday, October thirteenth, two thousand four. In this context, in the judgment of this Constitutional Court, no merit is found to grant this appeal with regard to the Municipality of Escazú, as far as this point is concerned, not only because the omission noted is due to reasons beyond its control but also because, as the respondent authority alleges, the Regulating Plan of that canton can be reviewed a posteriori by SETENA, as it must do in the case of all Regulating Plans in force before the promulgation of the Regulation of June twenty-eighth, two thousand four. Moreover, the annulment of the approved Regulating Plan, as the petitioner seeks, would in no way represent greater protection of the fundamental right enshrined in article 50 of the Constitution, since, as the respondent Mayor alleges, '…the urban growth of the canton had been very rapid and there was no uniform regulation adapted to its reality, which means that the environmental damage being caused to the canton and the community of Escazú in general was more serious without the existence of the Plan than with its promulgation.' The normative content of any Regulating Plan in such important aspects as construction, roadways, subdivision (fraccionamiento), and zoning is also taken into account, in the regulation of which a gap would remain that, far from benefiting the inhabitants of the canton of Escazú, could bring them harm if the recently published Regulating Plan were annulled. However, as ordered in the operative part of this resolution, immediately after SETENA publishes the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process, the Municipality of Escazú must submit the Regulating Plan that is the subject of this amparo to the environmental viability process, so that without any delay it may carry out the adjustments that SETENA determines.\n\nLikewise, in judgment No. 2007-15000, this Court was able to verify that currently said Regulating Plan has environmental viability:\n\n“VI.- Finally, the Chamber verifies that the Regulating Plan of Escazú was received by SETENA on December eighteenth, two thousand six, incorporating the environmental fragility indices regulated in Executive Decree 32967-MINAE (Decreto Ejecutivo 32967-MINAE), of May fourth, two thousand six. At the time the Regulating Plan was received, it was in the analysis phase, in order to determine whether it is appropriate to approve the environmental fragility indices provided, granting the respective environmental viability to the Regulating Plan. However, SETENA was firm in clarifying to this Court that this secretariat does not have the competence to determine what type of development should be implemented in each zone established in a Regulating Plan, for example, whether it is commercial or residential, nor what activities should be developed therein, since that is the direct competence of each municipality, in accordance with the provisions of article 169 of the Political Constitution. It corresponds to the municipalities, through their autonomy, to regulate the planning of their territory, and therefore they are the ones who ultimately decide on the development of their cantons.”\n\nBy virtue of the cited background, it is therefore established that the Regulating Plan of Escazú currently has environmental viability and that it is not for this Court to determine whether the Municipality must or must not include a subdivision or a specific zone in the Regulating Plan, as it is a matter pertaining to its municipal autonomy, without losing sight of, of course, that it must ensure the fundamental rights of the inhabitants of its canton. This being the case, the appeal must be dismissed regarding these allegations.\n\nVI.- Regarding the demolition proceeding. The Chamber notes that having become aware that the rear part of the Los Olivos Condominium was built outside the construction line, the Municipality of Escazú ordered the initiation of the procedure aimed at its demolition, an action that, as a precautionary measure, was halted by the Chamber for the performance of the ordered additional evidence taking. Once this was resolved, the Municipality must be advised that for the execution of any procedure aimed at construction regulation in the canton, it must first ensure compliance with all established requirements, whence it follows that it must assess its own administrative action given the Corporation's duty to authorize and monitor that constructions are carried out properly and according to validly issued permits. From the foregoing, it follows that within the procedure that the Municipality has indicated it will initiate, it must grant the neighbors full respect for due process, while at the same time assessing the compliance given to municipal competencies at the time of controlling or supervising the erection of a work that years later it deems to be inadequately built, so that responsibilities that might be attributable to the same municipal action or omission are not transferred to the neighbors.\n\nTherefore\n\nThe appeal is granted for violation of articles 21, 41, and 50 of the Constitution, only insofar as the Municipality of Escazú did not foresee and order the technical requirements under which Calle El Barro could have been improved, for the purpose of avoiding the ponding that the lack of an adequate surface water drainage channel produced, as well as the inertia of this Municipality in resolving the complaints filed by the petitioner, as well as in reestablishing the residential zones of the Subdivision and its omission in delimiting and protecting relevant water resources such as the easement of the pipeline coming from Puente Mulas, by having authorized various constructions without provision for it in case of emergency. Consequently, it is ordered that Marco Antonio Segura Seco, in his capacity as Municipal Mayor of Escazú, or whoever holds the office, immediately upon notification of this judgment, proceed to issue the orders that are within the scope of his powers and competencies, in order to guarantee that, within a period of three months from the notification of this judgment, Calle El Barro complies with the necessary technical requirements so that the surface and subsurface waters that pass over it may flow adequately. Likewise, he must immediately coordinate with ICAA, the Water Department of MINAET, and SENARA, the updating or completion of a hydrographic study of the zone, as well as proceed, within the same three-month period indicated above, to delimit and clearly demarcate the right-of-way easement of the main pipeline from Puente Mulas and take the necessary precautions in the face of future requests for construction permits. The Mayor of the Municipality of Escazú is warned that, in accordance with article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The Municipality of Escazú is condemned to pay for the damages and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction. As for the remaining points, the appeal is dismissed. Let this resolution be communicated and notified to Marco Antonio Segura Seco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Escazú, as well as to the representatives of MINAET, ICAA, and SENARA.\n\nAna Virginia Calzada M.\n\nPresident\n\nLuis Paulino Mora M.\n\nFernando Cruz C.\n\nFernando Castillo V.\n\nRoxana Salazar C.\n\nRosa María Abdelnour G.\n\nJorge Araya G.\n\nClassification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-22-2026 06:36:36.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }