{ "id": "nexus-sen-1-0007-541168", "citation": "Res. 06514-2012 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Vulneración del derecho al agua potable y ambiente sano por movimientos de tierra no autorizados", "title_en": "Violation of right to potable water and healthy environment by unauthorized earthworks", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Administradora del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí contra el Ministerio de Salud, el MINAE y la Municipalidad de Aserrí. El recurrente alegó que se realizaron movimientos de tierra sin permisos en terrenos aledaños a una captación de agua y un tanque de abastecimiento, lo que generó sedimentación y riesgo de contaminación del agua potable. Aunque las autoridades actuaron paralizando las obras y ordenando estudios, la Sala determinó que persistía la desprotección de las captaciones y la amenaza al derecho fundamental al agua potable. Con base en el principio preventivo y el derecho a un ambiente sano, la Sala declaró con lugar el recurso y ordenó a las entidades involucradas coordinar una solución definitiva para garantizar la protección de las captaciones de agua. El Magistrado Piza Rocafort salvó el voto por considerar que el asunto era de mera legalidad y no competencia de la jurisdicción constitucional, debiendo resolverse en la vía contencioso-administrativa ordinaria.", "summary_en": "The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by the Communal Aqueduct Association of Poás de Aserrí against the Ministry of Health, the Ministry of Environment (MINAE), and the Municipality of Aserrí. The petitioner alleged that unauthorized earthworks were carried out near a water intake and supply tank, causing sedimentation and threatening drinking water quality. Although the authorities halted the works and ordered studies, the Chamber found that the water intakes remained unprotected and that the fundamental right to potable water was at risk. Applying the preventive principle and the right to a healthy environment, the Chamber granted the amparo and ordered the involved agencies to coordinate a definitive solution to protect the water intakes. Justice Piza Rocafort dissented, arguing the case involved mere legality issues and should have been decided by the ordinary administrative contentious jurisdiction.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "18/05/2012", "year": "2012", "topic_ids": [ "water-law", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "principio preventivo", "captación de agua", "zona de protección", "Ley Forestal 7575 Art. 33", "derecho al agua potable", "Sala Constitucional", "voto salvado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 33 inciso b", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "Art. 31", "law": "Ley de Aguas" }, { "article": "Arts. 264-268", "law": "Ley General de Salud" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "derecho al agua potable", "principio preventivo", "ambiente sano", "movimientos de tierra", "captación de agua", "sedimentación", "Sala Constitucional", "Ley Forestal", "zona de protección" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "right to potable water", "preventive principle", "healthy environment", "earthworks", "water intake", "sedimentation", "Constitutional Chamber", "Forestry Law", "protection zone" ], "excerpt_es": "En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo requiere que cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante debe ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables. Este principio se puede aplicar cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero existen elementos suficientes para preveer eventuales impactos negativos.\n\n[...]\n\nTomando en consideración ese elenco de hechos probados, estima la Sala que se debe acoger el amparo [...] a efectos de que las autoridades recurridas en coordinación con la Asociación amparada, procedan a dar una solución definitiva a la situación verificada en este asunto, concretamente respecto al hecho de que las captaciones de agua que se localizan en el sector denunciado por el recurrente, no cuentan con protección alguna y, por ende, son susceptibles a cualquier tipo de contaminación en cualquier momento.", "excerpt_en": "In this line of thought, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle requires that when there is certainty of possible environmental harm, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when risks are clearly defined and identified as at least probable. This principle may be applied when no technical reports or administrative permits guarantee the sustainability of an activity, but sufficient elements exist to foresee eventual negative impacts.\n\n[...]\n\nTaking into consideration this set of proven facts, the Chamber deems that the amparo must be granted [...] so that the respondent authorities, in coordination with the protected Association, proceed to provide a definitive solution to the situation verified in this matter, specifically regarding the fact that the water intakes located in the area reported by the petitioner lack any protection and, therefore, are susceptible to any type of contamination at any time.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The amparo is granted due to violation of the right to a healthy environment and to potable water, ordering authorities to coordinate definitive protection of the water intakes.", "summary_es": "Se declara con lugar el amparo por vulneración del derecho a un ambiente sano y al agua potable, ordenando a las autoridades coordinarse para proteger definitivamente las captaciones de agua." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "The preventive principle requires that when there is certainty of possible environmental harm, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements.", "quote_es": "El principio preventivo requiere que cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante debe ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "This Chamber has concluded that, as part of Constitutional Law, there is a fundamental right to the supply of potable water.", "quote_es": "Esta Sala ha concluido que, como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable." }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "The conditions found on site (…) cannot be overlooked by this Chamber, as that would be tantamount to disregarding the preventive principle governing environmental matters.", "quote_es": "Las condiciones encontradas en el lugar (…) no pueden ser pasadas por alto por esta Sala, pues ello sería equivalente a desconocer el principio preventivo que rige en materia ambiental." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Forestal 7575 Art. 33 inciso b" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-541168", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 06514 - 2012\n\nFecha de la Resolución: 18 de Mayo del 2012 a las 10:30\n\nExpediente: 12-004466-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Recurso de amparo\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: Precautorio\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n“:..En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo requiere que cuando haya\n\ncerteza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante debe ser prohibida, limitada, o condicionada al\n\n  cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente\n\n definidos e identificados al menos como probables…” Sentencia 6514-12\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\nExp: 12-004466-0007-CO\n\nRes. Nº 2012006514\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil doce.\n\nRecurso de amparo interpuesto por M.A.M.Z, portador de  la  cédula  de  identidad  número […];  a  favor  de  la  Asociación Administradora  del  Acueducto  Comunal  de  Poás  de  Aserrí;  contra  la Municipalidad de Aserrí, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.\n\nResultando\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:56 horas del 09 de abril de 2012, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Aserrí, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y manifiesta que el 26 de marzo de 2012, varios funcionarios del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí, se percataron que en las inmediaciones de la captación Ofelia, ubicada en Barrio San José de la Montaña, y del tanque de abastecimiento ubicado  en la Quebrada  Títaro, específicamente en los terrenos propiedad  del  señor  L.A.S,  se  estaban  llevando  a  cabo movimiento de tierra con un tractor propiedad de una empresa privada, para lo cual no se contaba con los respectivos permisos, según lo dispuesto en la notificación municipal emitida por el Departamento de Inspecciones, número 0101 del 26 de marzo de 2012. Refiere que en días anteriores, el Acueducto Comunal de Poás de Aserrí dio mantenimiento adicional a la captación Ofelia, debido a que la estructura fue afectada por una gran cantidad de sedimentos, provocando que el nivel de turbiedad de las aguas aumentara a un grado mayor de lo recomendado para el agua destinada al consumo humano. Indica que, además, observaron varias casas ubicadas  al margen norte de la quebrada  Títaro y dentro de la zona de protección de captación y tanque del acueducto, el cual desde los años 90 abastece a la Urbanización San Antonio. Señala que se interpuso ante las autoridades recurridas una denuncia en relación con los hechos descritos; sin embargo, a la fecha de interposición del amparo, no ha sido atendida. Solicita a la Sala que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.\n\n2.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:01 horas del 19 de abril de 2012, informa bajo juramento Carlos Vinicio Cordero Valverde, Director del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que según informe número […], la denuncia aludida por el recurrente sí fue atendida. Refiere que en esa ocasión se explicó que: ³en atención a lo solicitado por el Acueducto  de Poás, en la cual nos pidieron una inspección en el lugar de Poás de Aserrí, propiamente  en la propiedad  del señor L.A.S., en las siguientes coordenadas […] y […], se pudo comprobar que en ese sitio se limpió un lote y se realizó una terraza de 70 metros de largo y 20 metros de ancho, estos trabajos fueron contratados por el señor E.A.V.  Vecino del lugar, al realizar la inspección se pudo comprobar la existencia de una quebrada y sobre esta se instaló una toma de agua, la cual según información del Acueducto, se encuentra en uso y brinda servicio a una urbanización de ese lugar, pero por la pendiente que se pasa del 40% de pendiente,  estos trabajos no se debieron realizar, ya que en lo que estipula la Ley Forestal 7575 en su artículo 33, inciso b), el cual dice textualmente: en una franja de 15 metros en zona rural y de 10 metros en zona urbana, medidas de forma horizontal a ambos lados, esto si el terreno es plano, y de 50 metros medidos de forma horizontal, esto si el terreno es quebrado como en este caso particular. En algunos tramos de este inmueble se realizaron unos taludes  de 3 metros de altura por 50 metros de largo, y en algunos sectores de la propiedad son de 12 metros de largo y de 2 metros de altura, también se le puso en conocimiento al señor Arias Vargas que por realizar estos trabajos se le iba a interponer formal denuncia por los trabajos realizados. Indica que estos terrenos le pertenecen al señor Liborio Arias Sánchez, pero esta persona falleció años atrás. Señala que mediante inspección se comprobó que en la parte norte de la propiedad, la cual colinda con la quebrada, existe un tanque de captación de agua y un cauce de origen permanente, por lo que se deben respetar dichas áreas de protección, según lo estipulado en el artículo 33 de la Ley Forestal 7575. Afirma que dentro de los recursos hídricos existentes, se da la presencia de un cuerpo de agua o quebrada, el cual se ubica en la parte norte de esta propiedad. Sostiene que una de las recomendaciones es que se le aplique lo estipulado en el artículo 33, inciso b), de la Ley Forestal, y la Ley de Aguas, artículo 31. Explica que también se interpondrá formal denuncia contra Estiven Arias Vargas, vecino del lugar, quien fue el que compró el lote en mención y pagó para que se realizaran los trabajos en áreas de protección de la quebrada, así como de la toma de agua, la cual pertenece al Acueducto de Poás. Solicita a la Sala que se declare sin lugar el recurso.\n\n3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:16 horas del 25 de abril de 2012, informa bajo juramento Carolina Umaña Cisneros, Directora del Área Rectora de Salud de Aserrí del Ministerio de Salud, que el 29 de marzo de 2012, se recibió en el Área Rectora de Salud de Aserrí la denuncia número […], planteada por el señor M.A.M.Z, contra el señor L.A.S., por movimientos de tierra. Aclara que en fecha 09 de abril de 2012, se realizó inspección ocular a la propiedad del señor Arias Sánchez, según consta en Acta de Inspección  número  […],  lográndose  comprobar  que  se  realizó movimiento de tierra. Alega que en ese momento en el terreno no permanecía persona alguna, por lo que se trató de localizar al señor Arias Sánchez pero no se les dio información sobre el lugar de residencia. Aduce que el 18 de abril de 2012, se  emitió  el  informe  técnico  número […],  en el cual quedó evidenciado que en la denuncia se indicó que existe contaminación de la Quebrada Títaro, por lo que se procedió a localizarla por parte de esa Área Rectora, ya que se desconocía de su existencia. Expresa que dicha quebrada se encuentra al pie de la  propiedad  del  señor  Arias  Sánchez,  se  observó  un  pequeño  tanque  de almacenamiento ubicado a unos 30 metros de la vía pública, y luego a unos 15 metros se encuentra la captación, la cual es de agua superficial. Manifiesta que en el momento de la valoración no se observó arrastre de material erosionado a raíz del movimiento de tierra. Refiere que dicha captación no cuenta con protección alguna y está expuesta al vandalismo, situación que podría causar daño a la población. Indica que con base en lo anterior, el 25 de abril de 2012, se giró la orden sanitaria número […], en contra del señor L.A.S., propietario del terreno en el cual se están realizando los movimientos de tierra, por medio de la cual se le ordenó la suspensión de los movimientos de tierra, así como abstenerse de realizar construcción alguna hasta tanto cuente con los permisos respectivos. Señala que como la captación de la quebrada está expuesta y proviene de agua superficial, además de que no cuenta con ninguna protección que impida contaminación por animales, humanos, sedimentos, entre otros, esa Área Rectora solicitó  mediante  correo  electrónico  del 25  de  abril  de 2012,  dirigido  al Laboratorio de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el apoyo para realizar los análisis químicos y microbiológicos para determinar si existe contaminación, y de esta forma solicitar las medidas correctivas lo antes posible. Afirma que mediante oficio número […] del 25 de abril de 2012, se comunicó a la Asociación Administradora del Acueducto de Poás y Barrio Corazón de Jesús, lo actuado por el Área Rectora de Salud. Sostiene que esa Área ha brindado y sigue brindando la atención a la denuncia número […], la cual fue interpuesta el 29 de marzo de 2012 por el recurrente. Explica que tal y como lo regula el artículo 268 de la Ley General de Salud, es competencia de ese Ministerio garantizar la calidad del agua que se suministra a la población. Aclara que las aseveraciones del recurrente, al indicar que la gran cantidad de sedimentos provoca que el nivel de turbiedad de las aguas aumentara a un grado mayor de lo recomendado,  solo  podría  quedar  demostrado a  través  de  los  análisis especializados en los cuales se determine si existe o no la contaminación señalada. Menciona que una vez que se cuente con los resultados de los análisis de laboratorio por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, podrá esa autoridad emitir los actos administrativos correspondientes y solicitar las medidas correctivas. Alega que en cuanto a la existencia de viviendas ubicadas al margen norte de la quebrada  Títaro, y dentro de la zona de protección de captación y tanque del acueducto, ello escapa al ámbito de competencias de esa Área. Solicita a la Sala que se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:54 horas del 02 de mayo de 2012, informan bajo juramento Víctor Morales Mora, y Leticia Castro Moreno, por su orden Alcalde y Presidenta del Concejo Municipal de Aserrí, que el 26 de marzo de 2012 se recibió una llamada en el Departamento de Inspección de  esa  Municipalidad,  por  parte  de  un  representante  de  la  Asociación Administradora del Acueducto  Comunal de Poás de Aserrí, indicando que se estaba realizando un movimiento de tierras en el sector de San José de la Montaña, en Poás de Aserrí. Expresan que se verificó en la Dirección de Gestión Urbano y Rural, que no se había extendido ninguna licencia municipal para realizar tales obras. Manifiestan que de inmediato se le encomendó al Inspector Municipal para que se apersonara al lugar indicado y practicara un reconocimiento e inspección administrativa. Refieren que se logró comprobar en la práctica de la diligencia que en la finca número […], propiedad del señor L.A.S., se habían iniciado los movimientos de tierra para la construcción de terrazas sin contar con los permisos municipales respectivos. Indican que en el inmueble se observó que estaban dispuestos para ser utilizados diversos materiales, tales como sacos de cemento, piedra, y tubería. Señalan que en ese mismo acto, el Inspector Municipal procedió a ordenar a los trabajadores presentes la suspensión inmediata de las obras que se estaban ejecutando sin autorización municipal, y se practicó la notificación  correspondiente.  Afirman  que  el  Inspector  Municipal  informó verbalmente que en el sitio existe una toma de captación y una quebrada, y que a una cierta distancia existen algunas pocas viviendas que, en apariencia, no afectan el tanque de almacenamiento de agua ni la quebrada, y aunque no se pudo precisar la distancia exacta, el Inspector Municipal estimó que esas edificaciones tienen por lo menos 20 años de haberse construido. Solicitan a la Sala que se declare sin lugar el recurso.\n\n5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\nRedacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\n \n\nConsiderando\n\nI.- Objeto del recurso. El recurrente alega que el 26 de marzo de 2012, funcionarios del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí observaron que cerca de la captación denominada Ofelia, ubicada en Barrio San José de la Montaña, y del tanque de abastecimiento ubicado en la Quebrada Títaro, se estaban realizando movimientos de tierra con un tractor sin contar con los respectivos permisos, de manera que se interpuso ante las autoridades  recurridas una denuncia en ese sentido; sin embargo, a la fecha no había sido atendida, lo cual vulnera el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, porque así han sido acreditados: a) el 29 de marzo de 2012, el Área Rectora de Salud de Aserrí recibió la denuncia número […], planteada por el recurrente contra el señor L.A.S, por movimientos de tierra realizados sin permisos, en la propiedad de este último (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por la Directora del Área Rectora de Salud de Aserrí del Ministerio de Salud, y prueba aportada al expediente); b) en fecha 09 de abril de 2012, el Área Rectora de Salud de Aserrí realizó inspección ocular al lugar de los hechos, según consta en Acta de Inspección número […],  lográndose comprobar  los movimientos de tierra (ver manifestaciones  rendidas bajo juramento por la Directora del Área Rectora de Salud de Aserrí del Ministerio de Salud, y prueba aportada al expediente); c) mediante informe técnico número […] del 18 de abril de 2012, el Área Rectora  de Salud recurrida, indicó que la quebrada  en mención se encuentra al pie de la propiedad del señor L.A.S., donde se observó un pequeño tanque de almacenamiento ubicado a unos 30 metros de la vía pública, y luego a unos 15 metros se encuentra la captación, la cual es de agua superficial; al momento de la valoración no se observó arrastre de material erosionado a raíz del movimiento de tierra; sin embargo,  dicha captación no cuenta con protección alguna y está expuesta al vandalismo, situación que podría causar daño a la población (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por la Directora del Área Rectora de Salud de Aserrí del Ministerio de Salud, y prueba aportada al expediente); d) el 25 de abril de 2012, se giró la orden sanitaria número […], en contra del propietario Liborio Arias Sánchez, ordenándose la suspensión de los movimientos de tierra, así como abstenerse de realizar construcción  alguna  hasta  tanto  cuente  con  los  permisos  respectivos (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por la Directora del Área Rectora  de Salud de Aserrí del Ministerio de Salud, y prueba aportada  al expediente); e) mediante correo electrónico del 25 de abril de 2012, dirigido al Laboratorio de Aguas del Instituto Costarricense  de Acueductos  y Alcantarillados, el Área Rectora de Salud recurrida, solicitó el apoyo de esa dependencia para realizar los análisis químicos y microbiológicos y así determinar si existe contaminación en esos lugares (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por la Directora del Área Rectora de Salud de Aserrí del Ministerio de Salud, y prueba aportada al expediente); f) mediante oficio número […] del 25 de abril de 2012,  el  Área  Rectora  de  Salud  accionada  comunicó  a  la  Asociación Administradora del Acueducto de Poás y Barrio Corazón de Jesús, lo actuado en el caso denunciado (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por la Directora del Área Rectora de Salud de Aserrí del Ministerio de Salud, y prueba aportada al expediente); g) el 26 de marzo de 2012, el Departamento de Inspección de la Municipalidad  de  Aserrí,  recibió  una  denuncia  telefónica  por  parte  de  un representante de la Asociación Administradora del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí, indicando que se estaban realizando movimientos de tierras en el sector de San José de la Montaña, en Poás de Aserrí, sin contar con permisos (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y la Presidenta del Concejo Municipal de Aserrí, y prueba aportada al expediente); h) mediante visita del 26 de marzo de 2012, el Inspector Municipal se apersonó al lugar y comprobó que en la finca número […], propiedad de Liborio Arias Sánchez, se habían iniciado movimientos de tierra para la construcción de terrazas sin contar con los permisos municipales (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y la Presidenta del Concejo Municipal de Aserrí, y prueba aportada al expediente); i) mediante acta municipal número 101 del 26 de marzo de 2012, el Inspector Municipal ordenó a los trabajadores presentes la suspensión inmediata de las obras que se estaban ejecutando sin autorización municipal, y se practicó la notificación correspondiente (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y la Presidenta del Concejo Municipal de Aserrí, y prueba aportada al expediente); j) mediante informe número […],  el Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, explicó que en el sitio denunciado por la Asociación amparada, se limpió un lote y se realizó una terraza de 70 metros de largo y 20 metros de ancho; además, se comprobó la existencia de una quebrada y una toma de agua, donde existe una pendiente del 40%, por lo que estos trabajos no se debieron realizar (ver manifestaciones rendidas bajo juramento por el Director del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y prueba aportada al expediente).\n\nIII.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho  a un ambiente sano y equilibrado obliga al Estado  a procurar  una protección adecuada  al ambiente, esto es, a tomar las medidas necesarias  para evitar que las alteraciones producidas por la actividad humana constituyan una lesión al ambiente. De esa forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente -o una duda fundada al respecto-, los principios rectores del Derecho al Ambiente exigen medidas de prevención o precaución para que esa afectación no se produzca o se posponga la actividad de que se trate, por cuanto de producirse las consecuencias  biológicas y sociales nocivas, una resolución a posteriori resultaría ineficaz y se limitaría a una trascendencia  moral. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo requiere que cuando  haya certeza de posibles  daños al ambiente, la actividad afectante debe ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos.  En  general,  este  principio  aplica  cuando  existen  riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables. Este principio se puede aplicar cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen  la sostenibilidad  de una actividad,  pero existen elementos suficientes para preveer eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio se refiere a los casos en los que, según el principio 15 de la Declaración de Río, existe falta de certeza científica sobre los riesgos y sus impactos de cierta actividad. En general, se indica que la diferencia entre el principio preventivo y precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra genere. El principio precautorio solo aplica si existe tal estado de duda resultado de determinada información científica, estudios técnicos, etc., que estén disponibles o se hayan realizado. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a velar y a adoptar las medidas que garanticen la  defensa  y  preservación  efectiva  del  medio  ambiente.  El  Derecho  a  la Constitución exige utilizar todos los medios disponibles  sean estos jurídicos o fácticos- para preservar el ambiente. En materia ambiental, tanto la Administración como la ciudadanía en general tienen la obligación de velar por su protección, de forma  que  un  funcionario  no  se  puede  limitar  simplemente  a  declararse incompetente. El artículo 50 constitucional obliga al Estado y demás instituciones públicas a intervenir activamente en la protección del ambiente (ver sentencia número 2011-010889 de las 15:22 horas del 16 de agosto del 2011).\n\nIV.-  Sobre el derecho fundamental al agua  potable.  Este  Tribunal Constitucional también ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la vida y a la salud son derechos fundamentales cuyo goce exige el acceso al agua potable. Para que el ser humano disfrute de salud requiere que se le garanticen un conjunto  de  condiciones  mínimas  necesarias  para  alcanzar  un  adecuado  y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental, así como para impedir el surgimiento de disfunciones que alteren su pleno crecimiento y desarrollo. Una de esas condiciones  es precisamente  el suministro de agua apta para el consumo humano. Por lo que esta Sala ha concluido que, como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable. Así, en sentencia número 2003-04654 de las 15:44 hrs. del 27 de mayo del 2003, esta Sala resolvió:\n\n («)  La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental  al agua potable, derivado  de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación  y  la  vivienda  digna, entre  otros, tal  como  ha  sido reconocido también en instrumentos internacionales  sobre Derechos Humanos aplicables  en Costa Rica: así, figura  explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24);  además, se enuncia  en la Conferencia Internacional  sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos  del Derecho Internacional Humanitario.  En nuestro Sistema Interamericano  de Derechos Humanos,  el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1  del  Protocolo  Adicional  a  la  Convención  Americana  sobre Derechos Humanos  en Materia  de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (\"Protocolo de San Salvador\" de 1988), el cual dispone que:\n\nArtículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente  sano y a contar con servicios públicos básicos.\n\nAdemás,  recientemente,  el  Comité  de  Derechos  Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que,  además de ser imprescindible para  llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.\n\nVI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales  ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para  que el Estado  le suministre  el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo:\n\nLos  Estados  Partes  en  el  presente  Protocolo  Adicional  a  la Convención Americana  sobre Derechos Humanos  se comprometen  a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.\n\nEn consonancia con lo anterior, el artículo 264 de la Ley General de Salud dispone  claramente: El agua constituye un bien de utilidad pública y su utilización para el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. Mientras que en el artículo 266 se agrega: \"Los abastecimientos de agua del país deberán llenar los requisitos de estructura y funcionamiento  fijados por las normas y especificaciones técnicas que el Poder Ejecutivo dicte, en consulta con el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado\". Finalmente, en el artículo 267 se establece: ³Todo sistema de abastecimiento de agua, destinada al uso y consumo de la población, deberá suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente o para satisfacer las necesidades  de las personas y con presión necesaria  para permitir el correcto funcionamiento  de los artefactos sanitarios en uso (ver sentencia número 2011-005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011).\n\nV.- Sobre el caso concreto. El recurrente acusa que el 26 de marzo de 2012, funcionarios del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí observaron que cerca de la captación denominada ³Ofelia´, ubicada en Barrio San José de la Montaña, y del tanque de abastecimiento ubicado en la Quebrada Títaro, se estaban realizando movimientos de tierra con un tractor sin contar con los respectivos permisos, de manera que se interpuso ante las autoridades  recurridas una denuncia en ese sentido; sin embargo, a la fecha no había sido atendida. Al respecto, en cuanto a las actuaciones  del Ministerio de Salud, la Sala tiene acreditado  que el 29 de marzo de 2012, el Área Rectora de Salud de Aserrí recibió la denuncia número […], planteada por el recurrente contra el señor L.A.S., por movimientos de tierra realizados sin permisos, en la propiedad de este último. En fecha 09 de abril de 2012, el Área Rectora de Salud de Aserrí realizó inspección ocular al lugar de los hechos, según consta en Acta de Inspección número […], lográndose comprobar los movimientos de tierra. Posteriormente, por informe técnico número […] del 18 de abril de 2012, el Área Rectora de Salud recurrida, indicó que la quebrada en mención se encuentra al pie de la propiedad del señor L.A.S., donde se observó un pequeño tanque de almacenamiento ubicado a unos 30 metros de la vía pública, y luego a unos 15 metros se encuentra la captación, la cual es de agua superficial; al momento de la valoración no se observó arrastre de material erosionado a raíz del movimiento de tierra; sin embargo, dicha captación no cuenta con protección alguna y está expuesta al vandalismo, situación que podría causar daño a la población. Por su parte, el 25 de abril de 2012, se giró la orden sanitaria número […], en contra del propietario L.A.S., ordenándose la suspensión de los movimientos de tierra, así como abstenerse de realizar construcción alguna hasta tanto cuente con los permisos respectivos. Mediante correo electrónico del 25 de abril de 2012, dirigido al Laboratorio  de Aguas del Instituto Costarricense  de Acueductos y Alcantarillados, el Área Rectora  de Salud recurrida, solicitó el apoyo de esa dependencia para realizar los análisis químicos y microbiológicos y así determinar si existe contaminación en esos lugares, resultados que a la fecha no se han remitido al Área Rectora de Salud recurrida. Finalmente, mediante oficio número […] del 25 de abril de 2012, el Área Rectora de Salud accionada comunicó a la Asociación Administradora  del Acueducto  de Poás y Barrio Corazón de Jesús, lo actuado en el caso denunciado.\n\nVI.- Por su parte, en lo atinente a la Municipalidad de Aserrí, este Tribunal tiene por acreditado que el 26 de marzo de 2012, el Departamento de Inspección de la Municipalidad de Aserrí, recibió una denuncia telefónica por parte de un representante de la Asociación Administradora del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí, indicando que se estaban realizando movimientos de tierras en el sector de San José de la Montaña, en Poás de Aserrí, sin contar con permisos. Mediante visita del 26 de marzo de 2012, el Inspector Municipal se apersonó al lugar y comprobó   que en la finca número […], propiedad  de Liborio Arias Sánchez, se habían iniciado movimientos de tierra para la construcción de terrazas sin contar con los permisos  municipales. Por último, mediante acta municipal número 101 del 26 de marzo de 2012, el Inspector  Municipal ordenó a los trabajadores presentes la suspensión inmediata de las obras que se estaban ejecutando  sin  autorización  municipal,  y  se  practicó  la  notificación correspondiente.\n\nVII.- Tomando en consideración ese elenco de hechos probados, estima la Sala que se debe acoger el amparo por las siguientes razones: primero, si bien tanto el Área Rectora de Salud de Aserrí como la Municipalidad de Aserrí actuaron diligentemente una vez recibidas las denuncias en alusión, e incluso paralizaron las obras de movimientos de tierras debido a que no contaban con los permisos respectivos, informando a la Asociación amparada sobre lo actuado, lo cierto es que la principal preocupación del recurrente y, en consecuencia, de la Asociación Administradora del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí, a la fecha no ha sido resuelta. Es claro que la intención del recurrente con la presentación, tanto de las denuncias como de este amparo, no era per se- la paralización de las obras en los terrenos aledaños a la captación de agua que existe en la zona de Barrio San José de la Montaña, y del tanque de abastecimiento ubicado  en la Quebrada  Títaro,  sino  que  evidentemente  la  preocupación  expuesta  por  el recurrente era referida al peligro que pueden generar esos movimientos de tierra respecto de las captaciones de agua en cuestión. En ese sentido, hay dos elementos probatorios lo suficientemente claros como  para que esta Sala deba acoger el amparo. En primer término, mediante informe número […], el Área  de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación explicó que en el sitio denunciado por la Asociación amparada, se limpió un lote y se realizó una terraza de 70 metros de largo y 20 metros de ancho; además, se comprobó la existencia de una quebrada y una toma de agua, donde existe una pendiente del 40%, y tomando en consideración el porcentaje de pendiente que existe en ese lugar, estos trabajos no se debieron realizar. Por otra parte, el informe técnico número […]  del 18 de abril de 2012, emitido por el Área Rectora  de Salud recurrida,  indicó que en la quebrada en mención se observó un pequeño tanque de almacenamiento ubicado a unos 30 metros de la vía pública, y luego a unos 15 metros se encuentra la captación, la cual es de agua superficial; también se informó que al momento de la valoración no se observó arrastre de material erosionado a raíz del movimiento de tierra; sin embargo, fueron claros al establecer que dicha captación no cuenta con protección alguna y está expuesta al vandalismo, situación que podría causar daño a la población. En concordancia con lo anterior, y recordando el principio preventivo que rige en materia ambiental (explicado en el considerando III de esta sentencia), así como el derecho fundamental al agua potable que le asiste a todos los vecinos de la zona en conflicto, estima la Sala que se debe acoger el amparo, a efectos de que las autoridades recurridas en coordinación con la Asociación amparada, procedan a dar una solución definitiva a la situación verificada en este asunto, concretamente respecto al hecho de que las captaciones de agua que se localizan en el sector denunciado por el recurrente, no cuentan con protección alguna y, por ende, son susceptibles a cualquier tipo de contaminación en cualquier momento. Si bien este Tribunal reconoce el esfuerzo realizado por el Área Rectora de Salud recurrida, al solicitar las correspondientes pruebas microbiológicas y químicas al Laboratorio de Aguas del AyA, lo cierto es que las condiciones encontradas en el lugar e, incluso, constatadas personalmente por los propios funcionarios de las instancias recurridas, no pueden ser pasadas por alto por esta Sala, pues ello sería equivalente a desconocer el principio preventivo que rige en materia ambiental, al que la jurisprudencia constitucional le ha otorgado un valor importante. Así las cosas,  en  atención al principio de coordinación interinstitucional que debe prevalecer en la Administración Pública, lo correspondiente es acoger el amparo, para que las instancias involucradas brinden una solución efectiva al problema encontrado.\n\nVIII.- Voto salvado del Magistrado  Piza Rocafort,  con base en la redacción  original  del  Magistrado  Jinesta  Lobo.  El  artículo 50  de  la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el párrafo 2° como  un derecho fundamental expreso  y claramente tipificado el que tiene Toda persona de gozar a  un  ambiente  sano  y  ecológicamente  equilibrado.   Este  derecho fundamental,  antes  de  la  reforma  constitucional  de 1994,  fue  ampliamente desarrollado  por  una  jurisprudencia  progresista  y  tuitiva  de  este  Tribunal Constitucional, todo con fundamento  en la normativa existente en el Derecho Internacional  de  los  Derechos  Humanos,  lo  que  propició  y  estableció  las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso,  amplio y prolijo marco  normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso  que ³El Estado  garantizará,  defenderá  y  preservará  ese  derecho;  imperativos  y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas  leyes,  reglamentos  y  decretos  ejecutivos,  los  que  se  encargan  de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento  jurídico  sub  constitucional,  ha  establecido  una  organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI).\n\nTambién destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos  de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control  y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias  por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos.\n\nIX.- El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad,  tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción  Constitucional,  concepto  que  comprende  a  la  acción  de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control  de constitucionalidad  y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)  así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes:  a)  El  carácter  transversal  del  derecho  a  un  ambiente  sano  y ecológicamente  equilibrado  que  penetra  todas  las  capas  o  estratos  del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso  de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción  ordinaria.  Empero,  pueden  establecerse  algunos  criterios,  con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,  que permiten delimitar el proceso  de amparo de otros procesos  jurisdiccionales ordinarios.  Así,  cuando  respecto  de  una  actividad,  obra  o  proyecto  haya intervenido un poder público ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada  ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional.  Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el  ordenamiento  jurídico  infra  constitucional  sea  de  naturaleza  legal  o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias  de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho  a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia  y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones  y deberes  que desarrolla el ordenamiento  jurídico infra constitucional, el tema tampoco  debe ser conocido  por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en  especial la contencioso-administrativa,  tiene  competencia  suficiente  para  fiscalizar  las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un  poder  público  ha  intervenido  ejerciendo  sus  competencias  legales  y reglamentarias, sustanciando un procedimiento serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando  actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad,  lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo  y  rápido.  Consecuentemente,  cuando  es  menester  revisar  diversas actuaciones administrativas ±procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto,  debe acudirse  a un proceso  de cognición plenaria, sea un proceso  de  conocimiento  pleno  que  solo  es  posible  sustanciarlo  ante  la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento  jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso  ordinario de cognición plena ( ordinariarlo ), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas  por las partes interesadas,  rendido informes, emitiendo resoluciones  administrativas,  permisos,  licencias  o  cualquier  otro  acto administrativo formal o, en general, sustanciando  uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco,  este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos  en sede administrativa (régimen sancionador,  quejas, el Tribunal  Ambiental  Administrativo)  y,  en  último  término,  una  jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal.\n\nX.- Por lo expuesto, estimo que el presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, estimo que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarme en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a  la  jurisdicción  ordinaria,  en  particular,  a  la  contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nPor tanto\n\nSe declara con lugar el recurso.  En consecuencia,  se ordena a Carolina Umaña Cisneros, Directora del Área Rectora de Salud de Aserrí del Ministerio de Salud, y a Víctor Morales Mora, y Leticia Castro Moreno, por su orden Alcalde y Presidenta del Concejo  Municipal de Aserrí, o a quienes ocupen esos cargos, que dentro del plazo de 15 DÍAS contado  a partir de la notificación de esta sentencia, en coordinación con la Asociación Administradora del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí, brinden una solución efectiva y definitiva al problema de la falta de protección en las captaciones  de agua ubicadas en el sector denunciado por el recurrente. Se advierte a los recurridos que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Aserrí al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán  en  ejecución  de  sentencia  de  lo  contencioso  administrativo.  El Magistrado Piza Rocafort salva el voto y declara sin lugar el recurso. Notifíquese la presente resolución a Carolina Umaña Cisneros, Directora del Área Rectora de Salud de Aserrí del Ministerio de Salud, y a Víctor Morales Mora, y Leticia Castro Moreno, por su orden Alcalde y Presidenta del Concejo Municipal de Aserrí, o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. Comuníquese.\n\n \n\n \n\nGilbert Armijo S.\n\nPresidente a.i\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Cruz C.                                            Fernando Castillo V.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.                                                  Aracelly Pacheco  S.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRosa María Abdelnour                                    Rodolfo E. Piza R.G.\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:12:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber\n\nResolution No. 06514 - 2012\n\nDate of Resolution: May 18, 2012 at 10:30\n\nCase File: 12-004466-0007-CO\n\nDrafted by: Paul Rueda Leal\n\nType of Matter: Amparo action\n\nAnalyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: Precautionary\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\n\"..:In this regard, specialized doctrine has indicated that the preventive principle requires that when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on the fulfillment of certain requirements. In general, this principle applies when there are risks clearly defined and identified as at least probable...\" Judgment 6514-12\n\n... See more\nText of the resolution\n\nCase File: 12-004466-0007-CO\n\nRes. No. 2012006514\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and thirty minutes on May eighteenth, two thousand twelve.\n\nAmparo action filed by M.A.M.Z, holder of identity card number […]; in favor of the Asociación Administradora del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí; against the Municipalidad de Aserrí, the Ministerio de Salud and the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.\n\nWhereas\n\n1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 08:56 hours on April 9, 2012, the petitioner files an amparo action against the Municipalidad de Aserrí, the Ministerio de Salud and the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, and states that on March 26, 2012, several officials of the Acueducto Comunal de Poás de Aserrí noticed that in the vicinity of the Ofelia intake, located in Barrio San José de la Montaña, and the supply tank located in the Quebrada Títaro, specifically on the lands owned by Mr. L.A.S, earthworks (movimiento de tierra) were being carried out with a tractor owned by a private company, for which the respective permits were not in place, as provided in the municipal notification issued by the Department of Inspections, number 0101 of March 26, 2012. He states that in previous days, the Acueducto Comunal de Poás de Aserrí gave additional maintenance to the Ofelia intake, because the structure was affected by a large amount of sediment, causing the turbidity level of the waters to increase to a degree higher than that recommended for water intended for human consumption. He indicates that, in addition, they observed several houses located on the north bank of the Quebrada Títaro and within the protection zone of the intake and tank of the aqueduct, which since the 1990s has supplied the San Antonio Urbanization. He points out that a complaint regarding the described events was filed before the respondent authorities; however, as of the date of filing the amparo action, it has not been addressed. He requests the Chamber to declare the action with merit, with the consequences of law.\n\n2.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 13:01 hours on April 19, 2012, Carlos Vinicio Cordero Valverde, Director of the Central Pacific Conservation Area of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, reports under oath, that according to report number […], the complaint alluded to by the petitioner was indeed addressed. He states that on that occasion it was explained that: \"in response to the request of the Acueducto de Poás, in which they asked us for an inspection at the site of Poás de Aserrí, specifically on the property of Mr. L.A.S., at the following coordinates […] and […], it was possible to verify that at that site a lot was cleared and a terrace 70 meters long and 20 meters wide was constructed. These works were contracted by Mr. E.A.V., a neighbor of the place. Upon carrying out the inspection, it was possible to verify the existence of a creek (quebrada) and over this a water intake was installed, which according to information from the Acueducto, is in use and provides service to an urbanization in that place. However, due to the slope, which exceeds 40% gradient, these works should not have been carried out, as stipulated in the Ley Forestal 7575 in its article 33, subsection b), which reads textually: in a strip of 15 meters in a rural zone and 10 meters in an urban zone, measured horizontally on both sides, if the terrain is flat, and of 50 meters measured horizontally, if the terrain is broken as in this particular case. In some sections of this property, some slopes (taludes) of 3 meters high by 50 meters long were created, and in some sectors of the property they are 12 meters long and 2 meters high. Mr. Arias Vargas was also informed that due to carrying out these works, a formal complaint would be filed against him for the works carried out.\" He indicates that these lands belong to Mr. Liborio Arias Sánchez, but this person died years ago. He points out that through an inspection, it was verified that on the northern part of the property, which borders the creek (quebrada), there is a water collection tank and a permanent source watercourse, therefore these protection areas must be respected, as stipulated in article 33 of the Ley Forestal 7575. He affirms that among the existing water resources, there is the presence of a body of water or creek (quebrada), located in the northern part of this property. He maintains that one of the recommendations is to apply what is stipulated in article 33, subsection b), of the Ley Forestal, and the Ley de Aguas, article 31. He explains that a formal complaint will also be filed against Estiven Arias Vargas, a neighbor of the place, who was the one who bought the mentioned lot and paid for the works to be carried out in protection areas of the creek (quebrada), as well as the water intake, which belongs to the Acueducto de Poás. He requests the Chamber to declare the action without merit.\n\n3.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 16:16 hours on April 25, 2012, Carolina Umaña Cisneros, Director of the Health Governing Area of Aserrí of the Ministerio de Salud, reports under oath that on March 29, 2012, complaint number […], filed by Mr. M.A.M.Z, against Mr. L.A.S., for earthworks (movimientos de tierra), was received at the Health Governing Area of Aserrí. She clarifies that on April 9, 2012, an ocular inspection was carried out on Mr. Arias Sánchez's property, as recorded in Inspection Report number […], confirming that earthworks (movimiento de tierra) had been carried out. She alleges that at that moment no person was present on the land, so attempts were made to locate Mr. Arias Sánchez but they were not given information about his place of residence. She argues that on April 18, 2012, technical report number […] was issued, in which it was evidenced that the complaint indicated there was contamination of the Quebrada Títaro, so this Health Governing Area proceeded to locate it, as its existence was unknown. She states that said creek (quebrada) is located at the foot of Mr. Arias Sánchez's property, a small storage tank was observed located about 30 meters from the public road, and then about 15 meters further is the intake, which is a surface water intake. She states that at the time of the assessment, no drag of eroded material was observed as a result of the earthworks (movimiento de tierra). She indicates that said intake lacks any protection and is exposed to vandalism, a situation that could cause harm to the population. She reports that based on the above, on April 25, 2012, sanitary order number […] was issued against Mr. L.A.S., owner of the land on which the earthworks (movimientos de tierra) are being carried out, ordering the suspension of the earthworks, as well as to refrain from carrying out any construction until the respective permits are obtained. She points out that as the creek (quebrada) intake is exposed and comes from surface water, and also lacks any protection to prevent contamination by animals, humans, sediment, among others, this Health Governing Area requested, via email on April 25, 2012, addressed to the Water Laboratory of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, support to carry out chemical and microbiological analyses to determine if contamination exists, and thus request corrective measures as soon as possible. She affirms that through official letter number […] of April 25, 2012, the Asociación Administradora del Acueducto de Poás y Barrio Corazón de Jesús was notified of the actions taken by the Health Governing Area. She maintains that this Area has provided and continues to provide attention to complaint number […], which was filed on March 29, 2012, by the petitioner. She explains that as regulated by article 268 of the Ley General de Salud, it is the competence of that Ministry to guarantee the quality of the water supplied to the population. She clarifies that the petitioner's assertions, when indicating that the large amount of sediment causes the turbidity level of the waters to increase above the recommended level, could only be demonstrated through specialized analyses that determine whether the indicated contamination exists or not. She mentions that once the results of the laboratory analyses are received from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, this authority may issue the corresponding administrative acts and request corrective measures. She argues that regarding the existence of dwellings located on the north bank of the Quebrada Títaro, and within the protection zone of the aqueduct intake and tank, this falls outside the scope of this Area's competencies. She requests the Chamber to declare the action without merit.\n\n4.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 12:54 hours on May 2, 2012, Víctor Morales Mora, and Leticia Castro Moreno, in their order Mayor and President of the Municipal Council of Aserrí, report under oath that on March 26, 2012, a call was received in the Inspection Department of that Municipality, from a representative of the Asociación Administradora del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí, indicating that earthworks (movimiento de tierras) were being carried out in the sector of San José de la Montaña, in Poás de Aserrí. They state that it was verified with the Urban and Rural Management Directorate that no municipal license had been issued to carry out such works. They state that the Municipal Inspector was immediately tasked to appear at the indicated place and conduct an administrative survey and inspection. They report that during the execution of the procedure, it was verified that on farm number […], owned by Mr. L.A.S., earthworks (movimientos de tierra) had begun for the construction of terraces without the respective municipal permits. They indicate that on the property, various materials such as bags of cement, stone, and piping were observed, ready for use. They point out that at that same time, the Municipal Inspector proceeded to order the suspended workers to immediately stop the works being executed without municipal authorization, and the corresponding notification was issued. They affirm that the Municipal Inspector verbally reported that an intake and a creek (quebrada) exist on the site, and that at some distance there are a few dwellings that, apparently, do not affect the water storage tank or the creek (quebrada), and although the exact distance could not be determined, the Municipal Inspector estimated that those buildings were constructed at least 20 years ago. They request the Chamber to declare the action without merit.\n\n5.- In the processing of the case, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Judge Rueda Leal; and,\n\nConsidering\n\nI.- Object of the action. The petitioner claims that on March 26, 2012, officials of the Acueducto Comunal de Poás de Aserrí observed that near the intake called Ofelia, located in Barrio San José de la Montaña, and the supply tank located in the Quebrada Títaro, earthworks (movimientos de tierra) were being carried out with a tractor without the respective permits, and that a complaint in that regard was filed before the respondent authorities; however, to date it had not been addressed, which violates the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, as they have been accredited: a) on March 29, 2012, the Health Governing Area of Aserrí received complaint number […], filed by the petitioner against Mr. L.A.S., for earthworks (movimientos de tierra) carried out without permits on the latter's property (see statements made under oath by the Director of the Health Governing Area of Aserrí of the Ministerio de Salud, and evidence provided to the case file); b) on April 9, 2012, the Health Governing Area of Aserrí conducted an ocular inspection of the place where the events occurred, as recorded in Inspection Report number […], confirming the earthworks (movimientos de tierra) (see statements made under oath by the Director of the Health Governing Area of Aserrí of the Ministerio de Salud, and evidence provided to the case file); c) through technical report number […] of April 18, 2012, the respondent Health Governing Area indicated that the creek (quebrada) in question is located at the foot of Mr. L.A.S.'s property, where a small storage tank was observed located about 30 meters from the public road, and then about 15 meters further is the intake, which is a surface water intake; at the time of the assessment, no drag of eroded material was observed as a result of the earthworks (movimiento de tierra); however, said intake lacks any protection and is exposed to vandalism, a situation that could cause harm to the population (see statements made under oath by the Director of the Health Governing Area of Aserrí of the Ministerio de Salud, and evidence provided to the case file); d) on April 25, 2012, sanitary order number […] was issued against the owner Liborio Arias Sánchez, ordering the suspension of the earthworks (movimientos de tierra), as well as to refrain from carrying out any construction until the respective permits are obtained (see statements made under oath by the Director of the Health Governing Area of Aserrí of the Ministerio de Salud, and evidence provided to the case file); e) via email of April 25, 2012, addressed to the Water Laboratory of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the respondent Health Governing Area requested the support of that agency to conduct chemical and microbiological analyses to determine if contamination exists in those places (see statements made under oath by the Director of the Health Governing Area of Aserrí of the Ministerio de Salud, and evidence provided to the case file); f) through official letter number […] of April 25, 2012, the sued Health Governing Area notified the Asociación Administradora del Acueducto de Poás y Barrio Corazón de Jesús of the actions taken in the reported case (see statements made under oath by the Director of the Health Governing Area of Aserrí of the Ministerio de Salud, and evidence provided to the case file); g) on March 26, 2012, the Inspection Department of the Municipalidad de Aserrí received a telephone complaint from a representative of the Asociación Administradora del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí, indicating that earthworks (movimientos de tierras) were being carried out in the sector of San José de la Montaña, in Poás de Aserrí, without permits (see statements made under oath by the Mayor and the President of the Municipal Council of Aserrí, and evidence provided to the case file); h) through a visit on March 26, 2012, the Municipal Inspector appeared at the place and verified that on farm number […], owned by Liborio Arias Sánchez, earthworks (movimientos de tierra) had begun for the construction of terraces without municipal permits (see statements made under oath by the Mayor and the President of the Municipal Council of Aserrí, and evidence provided to the case file); i) by municipal act number 101 of March 26, 2012, the Municipal Inspector ordered the suspended workers to immediately stop the works being executed without municipal authorization, and the corresponding notification was issued (see statements made under oath by the Mayor and the President of the Municipal Council of Aserrí, and evidence provided to the case file); j) through report number […], the Central Pacific Conservation Area of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación explained that at the site reported by the protected Association, a lot was cleared and a terrace 70 meters long and 20 meters wide was constructed; furthermore, the existence of a creek (quebrada) and a water intake was verified, where there is a 40% slope, therefore these works should not have been carried out (see statements made under oath by the Director of the Central Pacific Conservation Area of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and evidence provided to the case file).\n\nIII.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. The right to a healthy and balanced environment obliges the State to ensure adequate protection of the environment, that is, to take the necessary measures to prevent the alterations produced by human activity from constituting an injury to the environment. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage to the environment -or a well-founded doubt in that regard-, the guiding principles of Environmental Law require preventive or precautionary measures so that this impact does not occur or the activity in question is postponed, because if the harmful biological and social consequences were to occur, a subsequent resolution would be ineffective and would be limited to a moral significance. In this regard, specialized doctrine has indicated that the preventive principle requires that when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on the fulfillment of certain requirements. In general, this principle applies when there are risks clearly defined and identified as at least probable. This principle can be applied when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but sufficient elements exist to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle refers to cases in which, according to principle 15 of the Rio Declaration, there is a lack of scientific certainty about the risks and their impacts from a certain activity. In general, it is indicated that the difference between the preventive and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work generates. The precautionary principle only applies if such a state of doubt exists, resulting from specific scientific information, technical studies, etc., that are available or have been conducted. Thus, the Costa Rican state is obligated to ensure and adopt the measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment. The Right of the Constitution requires using all available means -whether legal or factual- to preserve the environment. In environmental matters, both the Administration and the citizenry in general have the obligation to ensure its protection, so that an official cannot simply limit themselves to declaring incompetence. Article 50 of the Constitution obligates the State and other public institutions to intervene actively in environmental protection (see judgment number 2011-010889 of 15:22 hours on August 16, 2011).\n\nIV.- On the fundamental right to drinking water. This Constitutional Tribunal has also recognized in its jurisprudence that the right to life and health are fundamental rights whose enjoyment requires access to drinking water. For human beings to enjoy health, a set of minimum necessary conditions must be guaranteed to achieve an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance, as well as to prevent the emergence of dysfunctions that alter their full growth and development. One of those conditions is precisely the supply of water suitable for human consumption. Therefore, this Chamber has concluded that, as part of the Right of the Constitution, there is a fundamental right to the supply of drinking water. Thus, in judgment number 2003-04654 of 15:44 hrs. on May 27, 2003, this Chamber resolved:\n\n(«) The Chamber recognizes, as part of the Right of the Constitution, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); in addition, it is stated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and it is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (\"Protocol of San Salvador\" of 1988), which provides that:\n\nArticle 11. Right to a healthy environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.\n\nFurthermore, recently, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights reiterated that having access to water is a human right that, in addition to being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights.\n\nVI.- From the above normative framework, a series of fundamental rights are derived, linked to the State's obligation to provide basic public services, which implies, on the one hand, that persons cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of drinking water, the ownership of an enforceable right for any individual cannot be sustained so that the State supplies the public service of drinking water, immediately and wherever it may be, but rather, in the manner provided in the same Protocol of San Salvador, this class of rights obligates the States to adopt measures, as provided in article one of the same Protocol:\n\nThe States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through cooperation among the States, especially economic and technical, to the maximum of available resources and taking into account their degree of development, in order to progressively achieve, and in accordance with domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol.\n\nIn line with the above, article 264 of the Ley General de Salud clearly provides: Water constitutes a public utility good and its use for human consumption shall have priority over any other use. While article 266 adds: \"The water supplies of the country must meet the structural and operational requirements set by the norms and technical specifications that the Executive Branch dictates, in consultation with the Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado.\" Finally, article 267 establishes: \"Every water supply system, intended for the use and consumption of the population, must supply drinking water, continuously, in sufficient quantity to satisfy the needs of persons and with the necessary pressure to allow the correct functioning of the sanitary fixtures in use (see judgment number 2011-005457 of 11:32 hours on April 29, 2011).\n\nV.- On the specific case. The petitioner claims that on March 26, 2012, officials of the Acueducto Comunal de Poás de Aserrí observed that near the intake called \"Ofelia,\" located in Barrio San José de la Montaña, and the supply tank located in the Quebrada Títaro, earthworks (movimientos de tierra) were being carried out with a tractor without the respective permits, and that a complaint in that regard was filed before the respondent authorities; however, to date it had not been addressed. In this regard, concerning the actions of the Ministerio de Salud, the Chamber has accredited that on March 29, 2012, the Health Governing Area of Aserrí received complaint number […], filed by the petitioner against Mr. L.A.S., for earthworks (movimientos de tierra) carried out without permits on the latter's property. On April 9, 2012, the Health Governing Area of Aserrí conducted an ocular inspection of the place where the events occurred, as recorded in Inspection Report number […], confirming the earthworks (movimientos de tierra). Subsequently, through technical report number […] of April 18, 2012, the respondent Health Governing Area indicated that the creek (quebrada) in question is located at the foot of Mr. L.A.S.'s property, where a small storage tank was observed located about 30 meters from the public road, and then about 15 meters further is the intake, which is a surface water intake; at the time of the assessment, no drag of eroded material was observed as a result of the earthworks (movimiento de tierra); however, said intake lacks any protection and is exposed to vandalism, a situation that could cause harm to the population. Meanwhile, on April 25, 2012, sanitary order number […] was issued against the owner L.A.S., ordering the suspension of the earthworks (movimientos de tierra), as well as to refrain from carrying out any construction until the respective permits are obtained. Via email of April 25, 2012, addressed to the Water Laboratory of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the respondent Health Governing Area requested the support of that agency to conduct chemical and microbiological analyses to determine if contamination exists in those places, results that to date have not been sent to the respondent Health Governing Area. Finally, through official letter number […] of April 25, 2012, the sued Health Governing Area notified the Asociación Administradora del Acueducto de Poás y Barrio Corazón de Jesús of the actions taken in the reported case.\n\nVI.- For its part, regarding the Municipalidad de Aserrí, this Tribunal has accredited that on March 26, 2012, the Inspection Department of the Municipalidad de Aserrí received a telephone complaint from a representative of the Asociación Administradora del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí, indicating that earthworks (movimientos de tierras) were being carried out in the sector of San José de la Montaña, in Poás de Aserrí, without permits. Through a visit on March 26, 2012, the Municipal Inspector appeared at the place and verified that on farm number […], owned by Liborio Arias Sánchez, earthworks (movimientos de tierra) had begun for the construction of terraces without municipal permits. Finally, by municipal act number 101 of March 26, 2012, the Municipal Inspector ordered the suspended workers to immediately stop the works being executed without municipal authorization, and the corresponding notification was issued.\n\nVII.- Taking this list of proven facts into consideration, the Chamber deems that the amparo action must be granted for the following reasons: first, although both the Health Governing Area of Aserrí and the Municipalidad de Aserrí acted diligently once the alluded complaints were received, and even halted the earthworks because they lacked the respective permits, informing the protected Association of the actions taken, the fact is that the main concern of the petitioner and, consequently, of the Asociación Administradora del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí, has not to date been resolved.\n\nIt is clear that the petitioner’s intention in filing both the complaints and this amparo was not, per se, to halt the works on the lands adjacent to the water intake (captación de agua) that exists in the Barrio San José de la Montaña area and the supply tank located at the Quebrada Títaro, but rather that the concern raised by the petitioner was evidently related to the danger that these earthworks (movimientos de tierra) could pose to the water intakes in question. In this regard, there are two evidentiary elements sufficiently clear for this Chamber to grant the amparo. First, through report number […], the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central) of the National System of Conservation Areas (SINAC) explained that at the site reported by the protected Association, a lot was cleared and a terrace 70 meters long and 20 meters wide was created; furthermore, the existence of a stream and a water intake was verified, where there is a 40% slope, and considering the slope percentage at that location, these works should not have been carried out. Second, technical report number […] of April 18, 2012, issued by the respondent Rector Health Area (Área Rectora de Salud), indicated that in the aforementioned stream, a small storage tank was observed located about 30 meters from the public road, and then about 15 meters further is the intake, which is a surface water intake; it was also reported that at the time of the assessment, no erosion material dragged as a result of the earthwork was observed; however, they were clear in establishing that said intake lacks any protection and is exposed to vandalism, a situation that could cause harm to the population. In accordance with the foregoing, and recalling the preventive principle that governs environmental matters (explained in Considerando III of this judgment), as well as the fundamental right to potable water which assists all residents of the area in conflict, this Chamber finds that the amparo must be granted, so that the respondent authorities, in coordination with the protected Association, proceed to provide a definitive solution to the situation verified in this matter, specifically regarding the fact that the water intakes located in the sector reported by the petitioner lack any protection and, therefore, are susceptible to any type of contamination at any time. While this Court recognizes the effort made by the respondent Rector Health Area in requesting the corresponding microbiological and chemical tests from the AyA Water Laboratory, the truth is that the conditions found at the site and even personally verified by the officials of the respondent entities themselves cannot be overlooked by this Chamber, as doing so would be equivalent to ignoring the preventive principle that governs environmental matters, to which constitutional case law has granted significant value. Thus, in attention to the principle of inter-institutional coordination that must prevail in the Public Administration, the appropriate course is to grant the amparo, so that the involved entities provide an effective solution to the problem encountered.\n\nVIII.- Dissenting Vote of Judge Piza Rocafort, based on the original draft of Judge Jinesta Lobo. Article 50 of the 1949 Constitution, in the year 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce in the 2nd paragraph, as an express and clearly defined fundamental right, that every person has the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. This fundamental right, before the constitutional reform of 1994, was extensively developed by progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing norms of International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution. After the partial reform of Article 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and extensive infra-constitutional regulatory framework has been developing for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the 3rd paragraph provided that \"The State shall guarantee, defend, and preserve that right\"; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive infra-constitutional regulatory structure expressed in various laws, regulations, and executive decrees, which address substantive and formal matters for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this sub-constitutional legal system has established an extensive and complex administrative organization to implement the constitutional imperatives and obligations contained in the 3rd paragraph of Article 50 of the Constitution. Within this block or parameter of legality, created to develop Article 50 of the Constitution, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 of October 4, 1995, stands out, which, among other points, develops and regulates top-priority issues such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) (Chapter IV), protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial planning and environmental protection (Chapter VI), protected wild areas (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forest and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Article XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI).\n\nAlso notable in this dense and vast legislative structure are the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms, the Phytosanitary Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997, the Law on Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law on Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998, and, more recently, the Law for Integrated Waste Management, No. 8839 of June 24, 2010. On the other hand, even before the partial reform of Article 50 of the Constitution, there were already sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment, such as the Water Law (Ley de Aguas), No. 276 of August 27, 1942, and its reforms, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms, the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992, and its reforms, the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994, and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994. The regulatory framework, at the infra-legal level, is even more abundant with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, as an example, Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, stands out, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) that meticulously regulates all aspects of environmental impact assessment procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or injury to the environment, its review and environmental viability, its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, compliance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Executive Decree No. 34136 of June 20, 2007, also stands out, which is the Procedural Regulation of the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), responsible for hearing and resolving complaints regarding the threat of infringement or effective violation of environmental and natural resources protective legislation, and for establishing compensation for damages or injuries to these resources.\n\nIX.- The dense regulatory framework or infra-constitutional legal system that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment contemplated in Article 50 of the Constitution and that seeks its guarantee, protection, and preservation, compels this Constitutional Court to have to delineate, in the matter, the orbit of constitutionality control from the sphere of legality control. In the case of the mechanisms or issues of constitutionality, as Title IV of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) terms it—a concept that includes the action of unconstitutionality and the legislative and judicial consultation of constitutionality—the delimitation between constitutionality control and legality control is clear and unequivocal, because, without a doubt, it is incumbent upon this Constitutional Court to hear and resolve such matters exclusively and preclusively (Articles 10 of the Constitution, 1, 2, subsection b), 73 to 108 of the Law of Constitutional Jurisdiction), as, for example, when it is alleged that a legal or regulatory norm is unconstitutional for violating Article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the values and principles underlying it. The real problem in delimiting both spheres of control arises regarding the amparo remedy or process, for several evident reasons, which are the following: a) The cross-cutting nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which penetrates all layers or strata of the legal system; b) the open texture of constitutional norms, whereby any grievance can appear to be constitutional in nature; and c) the tendency to use the amparo process as a substitute route for the ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that allow the amparo process to be delimited from other ordinary jurisdictional processes. Thus, when a public power—an administrative entity or body—has intervened regarding an activity, work, or project, carrying out studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, by application of the dense and vast infra-constitutional legal system, it is clear that the matter must be placed before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same applies when a public power has failed to comply with the obligations imposed upon it, in terms of environmental and natural resources protection, by the infra-constitutional legal system, whether of a legal or regulatory nature. Under this understanding, this Constitutional Court must hear and resolve a matter in the amparo process only when no public power has intervened exercising its oversight or authorization powers, and conduct that is potentially or currently harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment is being developed; additionally, it must be a violation of that right that is evident and manifest, or easily verifiable without major production or examination of evidence, and, moreover, it must be of great relevance or transcendence and be serious. If a public power has breached the obligations and duties developed by the infra-constitutional legal system, the matter should also not be heard by the constitutional jurisdiction, because, in addition to the complaint mechanisms provided for at the administrative level, the ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative jurisdiction, has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities. From the moment a public power has intervened exercising its legal and regulatory powers, substantiating a procedure—a concatenated series of administrative actions—and issuing administrative acts, the matter will be outside the orbit of constitutionality control, and likewise if it breaches or omits its legal and regulatory obligations. The amparo remedy is, essentially, a summary process governed by simplicity, or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and rapid. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions—procedures and formal acts that are translated and materialized in an administrative file—the matter ceases to be a subject for amparo, because a full-cognition process must be resorted to, that is, a full-knowledge process that can only be substantiated before the ordinary jurisdiction. The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria rendered in light of the infra-constitutional legal system, or to introduce new evidentiary elements to contrast those contained in an administrative file that has been processed over prolonged periods and in a measured way. The amparo process, in short, cannot be converted into a full-cognition ordinary process (\"ordinariarlo\"), because this denatures and perverts its aims and purposes; hence, when a public power has intervened, carrying out studies, endorsing or homologating expert reports presented by the interested parties, rendering reports, issuing administrative decisions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or, in general, substantiating one or more administrative procedures, the amparo process is not the proper route to oversee such actions, but rather the contentious-administrative process. The administrative intervention that can be verified or proven is decisive for considering whether the matter is situated on the plane or level—itself abstract and open—of constitutionality, or on the denser plane of legality. Nor should this Constitutional Court proceed to hear and resolve non-compliance with the obligations imposed by the legal or regulatory framework, since, for that purpose, powerful and efficient instruments exist at the administrative level (sanctioning regime, complaints, the Administrative Environmental Tribunal) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of administrative function (Article 49 of the Constitution), within which legal or regulatory, material or formal omissions are included, an ordinary jurisdiction that now, with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.\n\nX.- For the reasons stated, I believe that the present amparo should have been rejected outright ad limine litis for involving a matter belonging to legality control; however, this not having been the case, I believe it should be declared without merit, without my ruling on the merits of the matter, because it falls to the ordinary jurisdiction, in particular, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct displayed (active or omissive) in the sub-lite conform or do not conform, substantially, to the infra-constitutional legal system for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nPor tanto\n\nThe amparo is declared with merit. Consequently, Carolina Umaña Cisneros, Director of the Rector Health Area of Aserrí (Área Rectora de Salud de Aserrí) of the Ministry of Health, and Víctor Morales Mora and Leticia Castro Moreno, in their order Mayor and President of the Municipal Council of Aserrí, or whoever holds those positions, are ordered, within a period of 15 DAYS counted from the notification of this judgment, in coordination with the Asociación Administradora del Acueducto Comunal de Poás de Aserrí, to provide an effective and definitive solution to the problem of the lack of protection at the water intakes (captaciones de agua) located in the sector reported by the petitioner. The respondents are warned that, according to Article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not subject to a more severe penalty. The State and the Municipality of Aserrí are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in enforcement of the sentence in the contentious-administrative jurisdiction. Judge Piza Rocafort dissents and declares the appeal without merit. Let this resolution be notified personally to Carolina Umaña Cisneros, Director of the Rector Health Area of Aserrí of the Ministry of Health, and to Víctor Morales Mora and Leticia Castro Moreno, in their order Mayor and President of the Municipal Council of Aserrí, or to whoever holds those positions. Let it be communicated.\n\n \n \n\nGilbert Armijo S.\n\nPresidente a.i\n\n \n \n\n \n \n\nFernando Cruz C. Fernando Castillo V.\n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPaul Rueda L. Aracelly Pacheco S.\n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nRosa María Abdelnour Rodolfo E. Piza R.G.\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in an onerous manner is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:12:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }