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  "id": "nexus-sen-1-0007-583694",
  "citation": "Res. 10540-2013 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Inconstitucionalidad de la pesca de camarón con red de arrastre",
  "title_en": "Unconstitutionality of shrimp trawling",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Pesca y Acuicultura que permitían la pesca de camarón con red de arrastre. La sentencia se fundamenta en el grave daño ambiental que esta técnica ocasiona a los ecosistemas marinos, la alta captura incidental de fauna acompañante y la violación de principios constitucionales y del derecho internacional, como el derecho a un ambiente sano, el principio precautorio y el desarrollo sostenible. La Sala ordena la prohibición inmediata de otorgar nuevas licencias y la cancelación de las existentes, instando al Estado a apoyar la reconversión laboral de los pescadores afectados.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber declares unconstitutional the provisions of the Fisheries and Aquaculture Law that allowed shrimp trawling. The ruling is based on the serious environmental damage this technique causes to marine ecosystems, the high bycatch of accompanying fauna, and the violation of constitutional principles and international law, such as the right to a healthy environment, the precautionary principle, and sustainable development. The Chamber orders the immediate prohibition of granting new licenses and the cancellation of existing ones, urging the State to support the labor reconversion of affected fishers.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "07/08/2013",
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    "art-50-constitution"
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    "fauna de acompañamiento (FACA)",
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  "excerpt_es": "En definitiva, confrontando las normas impugnadas con los principios expuestos del derecho internacional y comunitario, se observa una flagrante violación, toda vez que la pesca del camarón con redes de arrastre en el contexto actual costarricense, causa serios daños al ecosistema marino, pone en grave riesgo la existencia y reproducción de especies comerciables y del propio camarón, y atenta contra la supervivencia del sector pesquero artesanal socialmente vulnerable. (...)\n\nMientras el arte de pesca de camarón por arrastre no cuente con dispositivos “eficientes” para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con los que salvan a las tortugas), esa técnica será contraria a los principios y contenidos de ambos Códigos de Ética, especialmente a los establecidos en el artículo 6 de ambos instrumentos, relacionados con la conservación y ordenación efectiva de los recursos acuáticos vivos, el mantenimiento de la diversidad, el desarrollo sostenible y la adopción de un enfoque ecosistémico, que tenga en cuenta las relaciones inter-especies evitar la sobreexplotación, la sobrecapitalización y la aplicación del enfoque precautorio, la obligación del uso de artes selectivas que no dañen el ambiente, la protección y rehabilitación de los hábitat críticos para la pesca.",
  "excerpt_en": "In short, when comparing the challenged norms with the principles of international and community law set forth, a flagrant violation is observed, since shrimp trawling in the current Costa Rican context causes serious damage to the marine ecosystem, gravely endangers the existence and reproduction of commercial species and shrimp itself, and threatens the survival of the socially vulnerable artisanal fishing sector. (...)\n\nAs long as the shrimp trawling gear lacks “efficient” bycatch reduction devices that significantly reduce bycatch (not all have the same effectiveness and those that save turtles are not enough), this technique will be contrary to the principles and contents of both Codes of Ethics, especially those established in Article 6 of both instruments, related to the effective conservation and management of living aquatic resources, the maintenance of diversity, sustainable development and the adoption of an ecosystem approach that takes into account interspecies relationships, avoiding overexploitation, overcapitalization and applying the precautionary approach, the obligation to use selective gear that does not harm the environment, and the protection and rehabilitation of critical fishing habitats.",
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    "summary_en": "The Constitutional Chamber declares unconstitutional the phrases that authorized shrimp trawling and orders the immediate prohibition of this technique, including the cancellation of existing licenses and the abstention from granting new ones.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declara inconstitucionales las frases que autorizaban la pesca de camarón con red de arrastre y ordena la prohibición inmediata de esta técnica, incluyendo la cancelación de licencias existentes y la abstención de otorgar nuevas."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando VI, sobre la violación al derecho internacional",
      "quote_en": "As long as the shrimp trawling gear lacks “efficient” bycatch reduction devices that significantly reduce bycatch (not all have the same effectiveness and those that save turtles are not enough), this technique will be contrary to the principles and contents of both Codes of Ethics, especially those established in Article 6 of both instruments.",
      "quote_es": "Mientras el arte de pesca de camarón por arrastre no cuente con dispositivos “eficientes” para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con los que salvan a las tortugas), esa técnica será contraria a los principios y contenidos de ambos Códigos de Ética, especialmente a los establecidos en el artículo 6 de ambos instrumentos."
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      "context": "Cita del estudio mundial de la FAO sobre pesquerías del camarón",
      "quote_en": "Trawling, including shrimp trawling, has been compared to clearcutting forests, and the waste it causes marks it as the most wasteful fishery in the world.",
      "quote_es": "La pesca de arrastre, incluida la del camarón, se ha comparado a la tala rasa de los bosques, y los despilfarros a que da lugar la señalan como la pesca más dilapidadora del mundo."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 10540 - 2013\n\nFecha de la Resolución: 07 de Agosto del 2013 a las 15:50\n\nExpediente: 12-010016-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nControl constitucional: Sentencia estimatoria\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencias Relacionadas\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA\n\nTema: 089- Protección de bellezas naturales y patrimonio histórico y artístico\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nTema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n“…El concepto de bellezas naturales guarda estrecha relación con el concepto de patrimonio natural. No por casualidad la norma se refiere al patrimonio histórico y artístico, de manera que la norma regula tres tipos de patrimonio esenciales para conservar la identidad de una Nación y su subsistencia física, cultural y social. Dentro del concepto de bellezas naturales se incluyen los recursos hidrobiológicos. La protección de las bellezas naturales comprende velar por la preservación del ambiente y los ecosistemas, porque si estos últimos son destruidos o severamente dañados, irremediablemente se ven perjudicadas las primeras. El concepto de bellezas naturales está estrechamente ligado a un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso de las riquezas naturales y de nuestro patrimonio natural. La finalidad de la norma es proteger, conservar y desarrollar esas tres formas de patrimonio y sujetar la iniciativa privada a esa finalidad constitucional…En virtud de lo expuesto, a diferencia de lo que considera el INCOPESCA en su informe, el deterioro de los ecosistemas marinos a causa de la pesca con red de arrastre y mientras no se cuenta con dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con los que salvan a las tortugas), viola directamente el patrimonio natural protegido en el numeral 69 por medio del concepto de bellezas naturales…” Sentencia 10540-13\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n010540-13. EXTRACCIÓN O PESCA DE CAMARONES CON RED DE ARRASTRE. Artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b), expresamente en lo que se refiere a la extracción de camarón con red de arrastre en la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005. También intervienen en el proceso la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).\n\nRE/CO\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*120100160007CO*\n\nExp: 12-010016-0007-CO\n\nRes. Nº 2013010540\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece.\n\nAcción de inconstitucionalidad promovida por RANDALL ARAUZ VARGAS, cédula de identidad 9-0078-0475 en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA), MANUEL ENRIQUE RAMÍREZ GUIER, cédula de identidad 1-0400-0680, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOPT), JORGE ARTURO JIMÉNEZ RAMON, cédula de identidad número 1-0474-0301, apoderado generalísimo de Fundación Marviva; ÁLVARO LORÍA QUIROS cédula de identidad 1-0552-0108, Apoderado General de Fundación Promar, WAGNER MAURICIO QUIRÓS PEREIRA cédula de identidad 1-1096-0785, apoderado generalísimo de Internacional Students Volunteers Inc. (ISV); MARIO ANDRÉS BOZA LORÍA apoderado generalísimo sin límite de suma de The Leatherback Trust (TLT), para que se declaren inconstitucionales los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b), expresamente en lo que se refiere a la extracción de camarón con red de arrastre en la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005. También intervienen en el proceso la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).\n\nResultando:\n\n\n\n\n1.- .Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 20:41 horas del 30 de julio de 2012, los accionantes refieren que comparecen a interponer acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b), expresamente en lo que se refiere a la extracción de camarón con red de arrastre en la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005.\n\n\n\n\nFundan la legitimación en los párrafos primero y segundo del numeral 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En relación con el primer párrafo, indican un recurso de amparo pendiente de resolver, en el que se alegó la inconstitucionalidad de la norma como medio razonable para amparar el derecho, expediente 12-006906-0007-CO. La Sala Constitucional lo admitió para trámite y les concedió el plazo respectivo para interponer la acción mediante resolución 8552-2012 de las 14:30 horas de 26 de junio de 2012. Fundan también la acción en el concepto de intereses difusos de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de esta Jurisdicción, la defensa de los recursos hidrobiológicos, concretamente de los recursos naturales marinos y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nImpugnan la frase “con red de arrastre” del artículo 2 inciso 27 punto d) de la Ley de Pesca y Acuicultura, No. 8436 de 1º de marzo de 2005: “Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos (…) 27. Pesca comercial: La pesca comercial se realiza para obtener beneficios económicos y se clasifica así: (…) d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones orientadas a la extracción del camarón con red de arrastre, de la sardina y del atún con red de cerco.” La frase que cuestionan de este artículo es “con red de arrastre” en tanto define y permite la pesca semiindustrial del camarón u otras especies utilizando esa técnica dañina, desproporcionada, destructora y carente de todo criterio de sostenibilidad de los recursos marinos.\n\nTambién impugna el artículo 43 inciso d) de la Ley No. 8436, en lo de interés expresa: “Artículo 43.- La pesca comercial se realizará para obtener beneficios económicos y se clasificará en: a) Pequeña escala  (…) b) Mediana escala (…) c) Avanzada (…) d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, utilizando embarcaciones orientadas a la extracción del camarón con red de arrastre, la sardina y el atún con red de cerco. e) Industrial (…)” Se impugna la frase “red de arrastre”.\n\nFinalmente cuestionan las frases “que utilizan artes de pesca, redes de arrastre por el fondo” y “utilizando como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo” del artículo 47 incisos a) y b), respectivamente. “Artículo 47.- Las licencias para capturar camarones con fines comerciales en el océano Pacífico, únicamente se otorgarán a las embarcaciones de bandera y registro nacionales, asimismo, a las personas físicas o jurídicas costarricenses, las cuales se clasifican en tres categorías: a) Categoría A: Embarcaciones con licencias o permisos de pesca de camarón que utilizan como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo; estas podrán capturar recursos camaroneros únicamente en el litoral pacífico, con la condición de que no sean áreas restringidas durante época de veda. b) Categoría B: Embarcaciones con licencias o permisos de pesca, para la captura de camarón Fidel (Solenocera agassizi), camello real (Helerocarpus sp) y otras especies de este recurso, que se pesquen en aguas de profundidad igual o mayor que las especies anteriores, utilizando como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo, únicamente en el litoral pacífico. El camarón Fidel solamente podrá ser capturado en las áreas donde no se encuentre mezclado con especies de menor profundidad tales como camarón blanco, camarón café, camarón rosado y camarón titi. c) Categoría C (…)”\n\nLos accionantes aclaran que no se oponen a la pesca de camarón como actividad económica, lo que cuestionan es la técnica de pesca por arrastre que atenta contra la sostenibilidad del recurso de camarón y del resto de recursos hidrobiológicos.\n\nLas artes legalmente usadas en Costa Rica para la pesca de camarón varían según la especie objetivo y el área de faena. Las más utilizadas son las redes de arrastre que emplean las embarcaciones semiindustriales; las redes de agalleras o trasmallos utilizados por los pescadores artesanales. También, en la actualidad se obtiene camarón por medio de cultivo en estanques (Acuicultura).\n\nAfirman que la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha comparado la pesca con redes de arrastre para capturar camarón, con la tala rasa de un bosque. La red de arrastre es cónica que comprende un cuerpo confeccionado con dos, cuatro o incluso más paneles cerrados por un copo. Está dotada de alas laterales que se extienden desde la abertura hacia su parte trasera. La red se mantiene abierta, horizontalmente, mediante dos paneles de puertas deflectoras (bocas o calones). Las puertas son pesadas pues están hechas de acero, aluminio o madera –o una combinación de estos tres materiales- y pueden tener forma rectangular u ovalada. Además están equipadas con una planta de acero diseñada para establecer un buen contacto con el fondo. Tiene un panel superior amplio (de forma cuadrada) que impide que los peces se escapen nadando hacia arriba y superen la parte superior de la red. La abertura vertical se logra por medio de boyas ubicadas en el borde superior y plomos en la relinga inferior de la boca de la red. La boca de la red está enmarcada por un borde frontal con boyas y por un aparejo de fondo diseñado conforme al perfil del lecho marino. La operación de pesca consiste en arrastrar la red sobre el fondo o lecho marino. Esta se abrirá por efecto de las puertas deflectoras o calones. Una vez abierta, la cadena sujeta a la relinga inferior actúa como lastre y mantiene la red pegada al fondo. En Costa Rica la utilizan embarcaciones tipo Florida que rondan en promedio los 300 caballos de potencia, con una eslora (distancia de proa a popa) máxima de 24 metros. Estas embarcaciones suelen utilizar dos o tres redes que son arrastradas por el fondo marino por periodos de 2 a 5 horas.\n\nLos arrastres para capturar camarón blanco y titi se efectúan en la parte externa del Golfo de Nicoya y del Golfo Dulce y cerca de las salidas de ríos, a lo largo de la costa Pacífica. Los arrastres para capturar camarón Fidel, camello corriente y camello real se llevan a cabo en bancos más profundos.\n\nEsta técnica produce devastadores consecuencias en el ambiente marino. Entre los que se enumeran efectos físicos sobre los hábitat bentónicos y sobre las especies marinas en general y, en particular, sobre la fauna de acompañamiento al camarón. Igualmente, debido a los elevados porcentajes de captura incidental, la pesca de arrastre atenta contra la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos. Aseguran que este tipo de pesca también ha ocasionado en Costa Rica la sobreexplotación de diversas especies de camarón. La destrucción de ambientes y comunidades en el fondo marino incluye la destrucción de pastos, corales y bancos de moluscos, la suspensión de sedimentos en el agua que reducen la penetración de la luz, libera contaminantes que estaban atrapados en los sedimentos y literalmente entierran a los organismos que habitan el fondo marino.\n\nEntre los efectos físicos ocasionados por las redes de arrastre en los habitat bentónicos, la FAO señala los siguientes: Alteraciones a la estructura física, suspensión de sedimentos, alteraciones químicas, cambios en las comunidades bentónicas y cambios en el ecosistema. Con la reiteración de la práctica el daño es superior. Las redes de arrastre son capaces de estropear la epifauna, aplastar los perfiles del lecho marino que limitan la heterogeneidad del fondo y quitar los organismos formadores de estructura, reducir o degradar los componentes estructurales y la complejidad del hábitat y conmocionar gravemente algunas zonas de hábitat vulnerables como la vegetación acuática sumergida, los fondos duros y los arrecifes de coral.\n\nEs un hecho probado, por los estudios científicos y los informes de organismos de las Naciones Unidas como la FAO que la pesca por medio de redes de arrastre ocasionan serios daños al ambiente marino.\n\nAdemás, dados los elevados porcentajes de captura incidental, atenta contra la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y la seguridad alimentaria de la Nación. Por captura incidental se entiende la parte de la captura de especies o conjunto de especies que no son objetivo de la pesca (conocidas como especies no objetivo o fauna de acompañamiento al camarón – FACA). El arrastre es un arte de pesca poco selectivo. La FACA representa la mayor parte de la biomasa capturada y en su mayoría es devuelta al mar sin vida. Estudios nacionales estiman que para extraer un kilo de camarón se sacrifican 7.5 kilos de otras especies. En Costa Rica durante el 2003, se arrojaron al mar aproximadamente 4.180 toneladas métricas de FACA, producto de la faena de 61 embarcaciones de arrastre. Según la FAO entre las especies que se ven afectadas en regiones tropicales y subtropicales están: jureles, pámpanos, salmonetes, lagartos, mojarras, barbudos, motambos dentudos, lenguados, rayas, truchas marinas y corvinas, bagres, pargos, macarelas, lenguas, roncos, barracudas, calamares, sepias, peces sables, agujetas, sardinas, anchoas, sábalos y meros. Concluye la FAO que los descartes comprenden mayoritariamente especies inmaduras de tamaños inferiores a 20 cm. y peso menor a 100g., con perjuicio incluso a la actividad comercial futura de muchas de esas especies. Afirman que en Costa Rica una de las especies más afectadas con esta técnica de pesca es el tiburón, después del pescado sin vísceras que es el grupo más común en los desembarcos de FACA. En 1998 se desembarcaron 15.8 toneladas métricas de tiburón. Algunas especies de tiburón como el martillo se reproducen en la desembocadura del río Tárcoles y El peñón, que son zonas arrastradas por camaroneras. Un estudio todavía reciente (2011) de la Unidad de Investigación Pesquera y Acuicultura de la Universidad de Costa Rica concluyó: “Se recomienda la protección de los hábitat esenciales identificados para tiburones y rayas en este estudio. El sitio de mayor prioridad fue la zona entre la desembocadura de los ríos Térraba y Sierpe y la Isla del Caño. Por lo tanto, se recomienda prohibir la pesca de arrastre entre esta zona y el Parque Nacional marino Ballena (profundidades menores a los 50m).”\n\nEn años recientes se ha observado un declive continuo en la pesca de camarón camello en aguas costarricenses, llegando casi a su desaparición en las capturas de profundidad. No obstante, por el contrario, la captura de FACA ha ido aumentando hasta niveles superiores al 53%. Sin embargo, muestreos más recientes de la Unidad de Investigación Pesquera y Acuicultura del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica, los porcentajes de fauna acompañante ascendieron drásticamente hasta un 91.7% y 99.9%. Con estos datos la seguridad alimentaria de la nación también está en riesgo, sobre todo porque las especies que se descartan son jóvenes o inmaduras comprometiendo seriamente las opciones de desarrollo del país.\n\nEn relación con la seguridad alimentaria y la explotación irracional de los recursos hidrobiológicos, la sala expresó: “Como fácilmente se puede apreciar, se trata de conductas graves que dañan o ponen en riesgo el medio ambiente y la preservación de los recursos hidrobiológicos, con la consecuente afectación de la economía y la seguridad alimentaria nacionales. No estima la Sala que la prohibición de de tales conductas y la previsión de sanciones por su verificación resulte irrazonable” (Sentencia No. 10484-04). Los accionantes afirman que ya la Sala Constitucional tuvo por demostrado el grave daño que sufren estas especies acompañantes del camarón utilizando redes de arrastre (Sentencia No. 9604-09).\n\nCitan investigaciones nacionales que amplían los daños ocasionados por la pesca de camarón con redes de arrastre en el área ambiental y en la socioeconómica: “La pesca de arrastre no es solo un problema ambiental por el daño que hace al ambiente marino, sino que también está generando un problema social y económico en nuestras costas al eliminar el recurso del cual dependen miles de pescadores artesanales.” Se traduce en una menor disponibilidad de individuos para otras pesquerías. La pesca de camarón con redes de arrastre genera únicamente entre 235 y 282 empleos y aporta solo el 0.028% al PIB, mientras que de la pesca artesanal que está siendo perjudicada viven 15.000 (quince mil) personas.\n\nMencionan a su favor, varios criterios de la Procuraduría General de la República, que entre otras cosas ha dicho: “…ha sido considerada como gravemente invasiva y con grandes efectos perjudiciales para el ecosistema marino. (…)” (No. OJ-133-2008 del 15 de diciembre de 2008). “una técnica de pesca que ha sido criticada por autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Consejo Nacional para investigaciones Científicas y Tecnologías (CONICIT) Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y Tecnología (CIENTEC), Universidades  Estatales (UCR, UNA, TEC), institutos de Investigaciones Marinas, organizaciones proteccionistas y demás autoridades competentes en la pesca y recursos naturales, así como, los criterios que en su oportunidad ha emitido este órgano...” Para los accionantes todas las evidencias científicas y los criterios vertidos por organizaciones académicas y autoridades relacionadas con el ambiente son suficientes para demostrar que es una actividad perjudicial que debe ser prohibida.\n\nLos artículos cuestionados violan los artículos 7, 21, 50, 69 y 89 de la Constitución Política. El artículo 7 por cuanto existe normativa internacional suscrita por Costa Rica que obliga a la protección de los recursos naturales, entre ellos, los hidrobiológicos, que garantizan la sostenibilidad de los recursos a través de una racional explotación, y consecuencia de ello la seguridad alimentaria de la población. El artículo 21 por cuanto un atentado contra la seguridad alimentaria de la población, lo es también de la supervivencia de la población nacional. El numeral 50 por cuanto supone la protección de la tierra y la biodiversidad. El artículo 69 en tanto establece un deber ineludible del Estado costarricense de garantizar fuera de toda duda “la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de la riqueza que esta produce”. El numeral 89 protege la belleza escénica marina, que está siendo destruida y convertida en aguas turbia ante la arremetida de la red de arrastre. Citan jurisprudencia de este Tribunal aplicable al caso (Sentencia 3923-07):\n\n“De previo a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la jurisprudencia de la Sala ya había reconocido la protección y preservación del ambiente como un derecho humano (Sentencia número 1993-2233), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la explotación racional de la tierra) y 89 ( protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución, con fundamento en las siguientes consideraciones: “V.)- La vida humana solo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene no solo por alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos de vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: “La vida humana es inviolable.” Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho a la salud y a la obligación del Estado de proteger la vida humana.\n\n“Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y consecución. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, u apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarlo ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco” (sentencia número 1993-3705, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres).\n\n“XIII.- (…) El término “bellezas naturales” era el empleado al momento de promulgarse la Constitución (7 de noviembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una especialidad del derecho; el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma (...)\n\n“De manera que es claro que ya no existe duda sobre la protección constitucional del derecho a la salud jalonado del derecho a la vida y por allí de un derecho al ambiente sano. A manera de ejemplo podemos citar las sentencias 1580-90, 1833-91, 2728-91, 2233-93, 4894-93; que han reconocido el derecho a la salud y a aun ambiente sano, como un derecho individual constitucionalmente protegido (sentencia número 1993-6240…).\n\n“La norma 69, la Carta Política habla de la “explotación racional de la tierra” lo que constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones del orden constitucional aquella protección y preservación, así como la explotación racional de los recursos que se han incluido (sentencia 1993-2233).\n\n“Del artículo 69 de la Carta Fundamental se deriva el principio de explotación racional de la tierra y se impone, tanto a los particulares como al Estado en su acepción más amplia, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables (…)”\n\n“En la jurisprudencia constitucional, el concepto de “ambiente” no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas –como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha extendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto “marco ambiental”, al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros:\n\n(…) Se tiene entonces que la posición asumida por este Tribunal al respecto, se ve confirmada en la actualidad por la reforma constitucional de cita, reforma esta que no es sino reflejo de la concepción de que el hombre si bien tiene derecho a hacer uso del medio ambiente, tiene también la obligación de protegerlo y preservarlo para el disfrute de las generaciones futuras (sentencia número 5668-94 de las dieciocho horas del veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro).\n\n(…) Es así, como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho:\n\n“Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales” (sentencia número 9193-2000, de las dieciséis horas veintiocho minutos del diecisiete de octubre del dos mil).”\n\nAfirman los accionantes que este deber de defensa y preservación del ambiente incluye por supuesto, los recursos naturales marinos, tanto los costeros como los pesqueros (hidrobiológicos). La Sala también se ha referido a este tema:\n\n“III.- La protección de los recursos hidrobiológicos. Diversas razones obligan al Estado a hacer uso de sus mejores esfuerzos con el objeto de tutelar en forma adecuada sus inmensos espacios de mar territorial, de zona económica exclusiva, así como sus aguas internas. Por un lado, tiene un deber ineludible de velar por al preservación del medio ambiente, y ello por supuesto incluye la adopción de aquellas medidas necesarias para evitar daños en los ecosistemas marítimos y acuáticos en general, proteger las especies de seres vivos que habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, así como reaccionar con energía ante las actuaciones que atenten con la integridad del medio ambiente acuático.” (Voto No. 10484-04).”\n\nSe originan problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración. Esta explotación irracional de los recursos conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida (Voto No. 3705-93).\n\nLos recursos marinos han pasado a engrosar la lista de los recursos naturales agotables. El principio precautorio o principio de la evitación prudente (in dubio pro natura) de raigambre constitucional y adoptado en la Declaración de Río sobre ambiente y desarrollo, establece en el principio 15: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”\n\nAseguran que algunos instrumentos internacionales sobre protección de los recursos marinos recogen estos principios: Aprobación del Acuerdo sobre la Aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Tranzonales y de las Poblaciones de Peces Migratorios, Ley número 8059 de 22 de diciembre de 2000 y el Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, Ley No. 7291 de 23 de marzo de 1992. También en la Primera y Segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte (1984 y 1987 respectivamente) y la Declaración Final de la Tercera Conferencia Internacional sobre la protección del Mar del Norte (1990).\n\nYa sea por la evidencia científica expuesta o por el principio precautorio, solicitan se declaren inconstitucionales las normas impugnadas. Asimismo solicitan se ordene a las autoridades competentes procedan a la cancelación de cualquier licencia, autorización o permiso que se haya otorgado para la pesca de camarón por medio de redes de arrastre y que se abstengan en adelante de otorgar nuevas licencias, renovaciones, prorrogas, autorizaciones o permisos para realizar esta dañina actividad.\n\nCon base en las razones de hecho y de Derecho expuestas en la acción, solicitan se examine la constitucionalidad de la frase “con red de arrastre” del artículo 2 inciso 27 punto d), la frase “con red de arrastre” del artículo 43 inciso d), la frases “que utilizan como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo” y “utilizando como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo” del artículo 47 incisos a) y b), respectivamente, todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 del 1º de marzo de 2005, así como cualquier otra norma que por conexidad lo amerite. En consecuencia prohíbase de forma inmediata la pesca de camarón con redes de arrastre. Solicitan también que se ordene a las autoridades competentes que procedan a la cancelación de cualquier licencia, autorización o permiso que se haya otorgado para la pesca de camarón por medio de redes de arrastre y que se abstengan, en adelante, de otorgar nuevas licencias, renovaciones, prórrogas, autorizaciones o permisos para realizar esta dañina actividad.\n\n2.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional a las 16:47 horas de 22 de agosto de 2012, el señor Víctor Mora Elizondo, cédula de identidad 1-0422-0934 y ciento ochenta y ocho firmantes más, intervienen como coadyuvantes activos para que se declaren inconstitucionales los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 inciso a y b, en lo que se refieren a la extracción de camarón con red de arrastre, de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005; acción presentada por la Fundación PRETOMA y otros.\n\nManifiestan que intervienen a favor de la conservación de los recursos naturales marinos y expresan que son pescadores artesanales que se ven directamente afectados por la sobreexplotación de las especies y la pesca sin regulación que hacen las embarcaciones semiindustriales con redes de arrastre. Expresan que debido a la sobreexplotación de las poblaciones de camarón, actualmente la flota camaronera dirige sus artes de pesca a la captura de pescado en grandes cantidades, con una luz de malla diminuta que atrapa todo lo que encuentre a su paso. Lo que produce por un lado, una sobre oferta de los productos de pescado y por otro, escasez en la pesca artesanal. Ambas situaciones traen perjuicio económico y social a los pescadores artesanales.\n\nAdemás, manifiestan que la actividad de los barcos semiindustriales de camarón violentan lo establecido en el Código de Conducta para la pesca responsable de la FAO, aprobado por Costa Rica por Decreto Ejecutivo número 27919-MAG de 16 de diciembre de 1998, entró en vigencia el 14 de junio de 1999, en el cual se reconoce la importante contribución de la pesca artesanal y en pequeña escala al empleo, los ingresos y la seguridad alimentaria, y se obliga a los Estados a proteger apropiadamente el derecho de los trabajadores y pescadores, especialmente aquellos que se dedican a la pesca de subsistencia artesanal y en pequeña escala, a un sustento seguro y justo y proporcionar acceso preferencial, cuando proceda, a los recursos pesqueros que explotan tradicionalmente así como a las zonas tradicionales de pesca en las aguas de su jurisdicción nacional.\n\nNuestro sector sufre de grandes problemas para su desarrollo integral y sostenible, a pesar de los esfuerzos que a través de los años se han venido haciendo de parte de los pescadores artesanales y sus organizaciones, por ejemplo para regular tanto la pesca artesanal como la de los barcos de arrastre, pero no se ha avanzado como se quisiera en la consolidación de acuerdos y soluciones.\n\nAfirman estar legitimados por el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que les asiste, así como el derecho a la justa distribución de la riqueza, ambos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política. Solicitan se declare con lugar la acción.\n\n3.- Mediante resolución de las 14:19 horas de 03 de septiembre de 2012 (visible en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales), se le previene al accionante Manuel Enrique Ramírez Guier, acreditar dentro de tercero día la representación que invocan y aportar los timbres de ley.\n\n4.- Mediante resolución de las 15:31 horas del 06 de septiembre de 2012 (visible en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales), se cursa la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 inciso a y b, en lo que se refieren a la extracción de camarón con red de arrastre, de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005, por estimarlos contrarios a los artículos 7, 21, 50, 69 y 89 de la Constitución Política y al principio de precautorio. La legitimación del accionante en el presente proceso proviene de las diligencias de Amparo que se tramitan bajo el expediente 12-006906-0007-CO. Se le confiere audiencia por 15 días a la Procuraduría General de la República y al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.\n\n5.- Mediante escrito de las 11:18 horas del 06 de septiembre de 2012, Manuel Enrique Ramírez Guier, en su condición de representante de Federación Costarricense de Pesca Turística FECOPT, atendió la prevención hecha por la Sala por resolución de las 14:19 horas del 03 de septiembre de 2012 y aportó al expediente la certificación de personería jurídica que acredita la condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Federación y los timbres de ley.\n\n6.- Mediante escrito presentado en la secretaría de la Sala a las 10:56 horas del 25 de septiembre de 2012, la señora María Eugenia Venegas Renault, cédula de identidad 1-0408-0427, diputada en ejercicio del Partido Acción Ciudadana, presentó coadyuvancia activa dentro del plazo de ley, a favor de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Programa de Restauración de Tortugas Marinas (PRETONA) y otras, para que se declaren inconstitucionales los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 inciso a y b, expresamente en lo que se refieren a la extracción de camarón con red de arrastre, de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005 y manifiesta su conformidad con los alegatos de los accionantes y a la vez agrega que se encuentra legitimada al amparo del artículo 50 constitucional y del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, defensa de intereses difusos como es el manejo de los bienes del dominio público tales como los recursos marinos y pesqueros, como ciudadana y como miembro del primer poder de la República.\n\nTrae a colación el documento “Indicadores macroeconómicos del sector pesquero y acuícola del Istmo Centroamericano, periodo 2000-2007, elaborado por PAPCA-OSPESCA/AECID/XUNTA DE GALICIA y publicado en octubre de 2009, referido a la generación de empleo del sector pesquero y según consta en el documento la pesca industrial participó con 78 naves y generó 365 empleos, la pesca de camarón participó con 73 naves y generó 365 empleos, la pesca artesanal participó con 4.065 naves y generó 16.502 empleos.\n\nExpresa que la pesca mediante redes de arrastre es sumamente destructiva, ocasiona daño ambiental de difícil o imposible reparación a los ecosistemas marinos. Acaban con los ecosistemas bentónicos y generan una gran cantidad de sedimentos que alteran la composición del agua y del suelo del delicado entorno marino.\n\nLos impactos de la pesca de arrastre tienen un efecto acumulativo de agotamiento de los ecosistemas marinos y la fauna, efectos ajenos a los criterios de sostenibilidad de los recursos pesqueros que dispone el ordenamiento jurídico costarricense y que tutela el artículo 50 constitucional.\n\nAfirma que el tamaño de la luz de malla (medida en diagonal de vértice a vértice) de las redes que utilizan las embarcaciones semiindustriales de camarón, no es comparable con las dimensiones de la luz de malla de las redes que utilizan los pescadores artesanales. De conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA No. 137-2008 del 04 de abril de 2008, la flota artesanal que captura camarón en el Golfo de Nicoya debe utilizar una luz de malla de 3.1/4 pulgadas (lo que equivale a 8.25 centímetros). Mientras tanto, el Decreto Ejecutivo N° 17658-MAG del 17 de julio de 1987, reformado por el Decreto Ejecutivo 21533-MAG del 10 de julio de 1992, establece que la longitud de la luz de malla mínima para la flota semiindustrial, en alas y cuerpo, es de 50 mm. (4.4 centímetros o 1.7 pulgadas) para otras especies de camarón y la longitud de la luz mínima en el copo o bolsa es de 37.5 mm. (3.75 centímetros o 1.5 pulgadas).\n\nAlega que los pescadores artesanales que pescan con cuerda y con línea, métodos mas selectivos, se manifiestan afectados porque muchas de las especies que buscan son capturadas por los camaroneros como parte de la fauna de acompañamiento (FACA) cuando aún son sexualmente inmaduros y son desechados por al borda.\n\nLa gran cantidad de pesca incidental o FACA producto de la pesca de arrastre no solo perjudica a los pescadores artesanales, sino que afecta a toda la población en general, al tratarse de un tema de seguridad alimentaria, primero debido al gran desperdicio y segundo debido a la captura de individuos pequeños que no logran reproducirse. El porcentaje de captura incidental en Costa Rica, según datos oficiales de descarga, es superior al 70%.\n\nEn consecuencia, la autorización de redes de arrastre para la captura del camarón por parte del INCOPESCA atenta contra la seguridad alimentaria de la Nación, y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las presentes y futuras generaciones. Asimismo contraviene el principio constitucional que garantiza el uso racional de los recursos naturales.\n\nExpone que las personas que perderán sus trabajos con la necesaria y justificada prohibición de la pesca de arrastre, deberán ser atendidos por el IMAS, el INA y el INCOPESCA, de manera que puedan incursionar en nuevas actividades productivas y/o reconvertir su flota para dedicarse a otras actividades de pesca más selectivas y sostenibles, como la pesca de atún con cuerda. Se requiere sin duda del compromiso del Gobierno, por lo que, como se indicará en la petitoria esta Sala deberá pronunciarse al respecto y ordenar a las instituciones competentes tomar las medidas necesarias para apoyar al sector ante la resolución a favor de los accionantes.\n\nEl espacio marino de Costa Rica representa más de 10 veces el área total de su territorio continental. Es fuente de alimento, biodiversidad, riqueza cultural y desarrollo socioeconómico a través de actividades como la pesca, la investigación, la recreación y el turismo. La falta de una regulación adecuada está comprometiendo seriamente la sostenibilidad de los recursos a corto y mediano plazo y por ende la subsistencia de la familia costarricense que dependen de estos recursos para su subsistencia, principalmente en las provincias costeras, las cuáles arrastran por décadas los mayores índices de pobreza.\n\nEstá demostrado que en Costa Rica las poblaciones de camarón han disminuido drásticamente en los últimos 10 años debido a una sobreexplotación y  a la ausencia de medidas de manejo pesquero. Esto ha provocado que las embarcaciones camaroneras dirijan su pesca hacia especies distintas al camarón para hacer rentable su actividad. Esta situación provoca conflictos constantes entre el sector camaronero y el sector artesanal, impidiéndoles la pesca del congrio, la cabrilla, el pargo, etc. La técnica por redes de arrastre no es selectiva, debido a que la luz de malla es tan pequeña que atrapa a su paso todos los individuos, sin considerar especie, talla o madurez, afectando la sostenibilidad de las especies y salud de los ecosistemas.\n\nManifiesta su preocupación por el sector pesquero artesanal de pequeña y mediana escala, quienes enfrentan una serie de limitaciones para emprender la defensa de sus intereses, sobre todo las relacionadas con la vulnerabilidad de sus organizaciones, el bajo nivel de escolaridad, la dificultad para acceder a puestos de toma de decisiones, el poco apoyo institucional. Todo ello contribuye a que sus demandas no sean atendidas oportunamente por las autoridades respectivas, y como consta en el escrito presentado por un grupo de pescadores artesanales e incorporado a este expediente.\n\nEsta técnica de la pesca del camarón ya ha sido prohibida en el Ecuador y el gobierno elaboró un plan de ayuda a las personas que vieron afectado su empleo por la decisión tomada.\n\nEstima que la destrucción que produce la pesca con red de arrastre por el fondo marino, es violatoria del derecho a un ambiente sano de las presentes y futuras generaciones y transgrede el principio constitucional que garantiza el uso racional de los recursos naturales.\n\nDesde el punto de vista jurídico, funda la coadyuvancia en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y en el principio constitucional de justa distribución de la riqueza contenidos en los numerales 50 y 89 constitucionales. Asimismo, funda su pretensión en la Convención sobre la Diversidad Biológica, firmada en Río de Janeiro en 1992 y ratificada por Costa Rica mediante Ley No. 7416 del 30 de junio de 1994, cuyo objetivo principal es conservar la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado de los recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes. Entre los compromisos adquiridos por el Estado con la firma de este convenio, se encuentra reglamentar y administrar los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible.\n\nTambién funda la coadyuvancia en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), ratificada por Costa Rica mediante Ley No. 7291 del 23 de marzo de 1992, la que determina que los Estados deberán establecer los límites de captura permisible sobre la base de información científica confiable y disponible, debiendo también considerar los efectos sobre las especies asociadas con la especies capturadas o dependientes de ellas.\n\nEn igual sentido, las normas cuestionadas de inconstitucionalidad violan el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, aprobado por Costa Rica por Decreto Ejecutivo número 27919-MAG del 14 de junio de 1999, en el cual se obliga a los Estados a proteger apropiadamente el derecho de los trabajadores y pescadores, especialmente aquellos que se dedican a la pesca de subsistencia, artesanal y en pequeña escala, aun sustento seguro y justo.\n\nFinalmente, señala como violadas la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas, aprobada por Costa Rica mediante Ley No. 7906 del 23 de agosto de 1999, que exige la utilización del dispositivo excluidor de tortugas (DET) a las embarcaciones camaroneras. No  obstante, el INCOPESCA, mediante el AIDIP 151-2009 de 30 de abril de 2009, estableció la obligatoriedad de uso de DET únicamente a las embarcaciones camaroneras de orilla. También cita la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que incluye principios fundamentales de derecho ambiental, tales como el principio preventivo, el principio precautorio y el principio que consagra el derecho al desarrollo de forma que responda a las necesidades de las presentes y futuras generaciones.\n\nSolicita se declare con lugar la acción. Asimismo, solicita se ordene a las autoridades competentes que con base en los principios precautorio y preventivo se prohíba la renovación o prórroga de cualquier licencia, autorización o permiso que se haya otorgado para la pesca de camarón por medio de redes de arrastre. Solicita también que una vez declarada la inconstitucionalidad de las normas, se comisione a las entidades estatales competentes, tales como el MAG, INCOPESCA, INA E IMAS para que faciliten a los trabajadores de la pesca de arrastre la ayuda económica y la capacitación técnica para reconvertir su flota, de manera que incursionen en otra actividad de pesca que utilice métodos extractivos sostenibles y selectivos o que puedan desarrollar otra actividad productiva conforme a sus destrezas, capacidades y experiencias.\n\n7.- Mediante escrito de las 15:48 horas de 26 de septiembre de 2012, presentan coadyuvancia activa los señores: Ramón Loiza Alfaro, cédula de identidad 1-0558-0038, en su condición de representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón Pavones (ASOSINPAP), Ronald Valverde Quirós, cédula de identidad 1-0834-0378, en  representación de la Asociación de Pescadores y Piangueros del Golfo Dulce, Elmer Chavarría Pitti, cédula de identidad 6-0265-0078 en su condición de representante de la Asociación de Pescadores de Pequeña Escala y Turística Zancudo; Cirilo Quintero Quintero, cédula de identidad 6-0153-0268 en calidad de representante de la Asociación de Pescadores para el Desarrollo Sostenible de Puntarenas y Pedro García García, con cédula de identidad 5-0144-0081 representante legal de la Asociación de Pescadores Artesanales Conservacionistas de la Isla Puntarenitas de Golfito; a favor de la acción interpuesta por PRETOMA y otros, para que se declaren inconstitucionales los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 inciso a y b, en lo que se refieren a la extracción de camarón con red de arrastre, de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005.\n\nManifiestan que el sector de pesca artesanal desarrolla un importante papel en al economía nacional, aportan a la seguridad alimentaria y a la conservación de los recursos naturales marinos. Lamentablemente es un sector que ha sido afectado por una reducción de oportunidades educativas, vulnerabilidad de las organizaciones, poco apoyo institucional, conflictos con el sector de pesca de arrastre, dificultad para la comercialización del producto, inequidad de género y desconocimiento de sus derechos, lo que lo convierte en uno de los sectores con mayor vulnerabilidad a nivel nacional. El aporte económico y cultural del sector pesquero artesanal no ha sido reconocido. No se ha avanzado en la soluciones a pesar de los esfuerzos del sector en ese sentido.\n\nEl sector tiene graves obstáculos para su desarrollo, una de las causas consiste en la reducción del recurso pesquero debido a la pesca incontrolada que realiza la flota de arrastre de camarón en a las zonas de pesca; agravándose la situación con el hecho de que ante la sobreexplotación del camarón, la flota camaronera está dirigiendo la pesca a otras especies de peces en una franca competencia desleal con los pescadores artesanales. Dada la escasez del recurso, la flota camaronera está utilizando mallas con luz diminuta que atrapa todo lo que encuentra a su paso, produciendo una sobre oferta de pescado, afectando el precio del pescado que es nuestro principal recurso de comercialización y subsistencia. Con esta conducta se violenta el principio constitucional de justa distribución de la riqueza. Ni el INCOPESCA ni ninguna otra institución le han puesto atención a los efectos en las economías de los pescadores artesanales.\n\nAgregan como hechos el grave problema ocasionado por el uso de artes ilegales, de lo que se le ha informado al INCOPESCA desde el 2005. Que debido al uso de artes ilegales entre el 95% y el 100% del camarón, la corvina  reina, la aguada, la picuda, la colamarilla, la agria y los róbalos capturados en las zonas internas del Golfo de Nicoya, no han alcanzado la talla de primera madurez sexual. Este hecho es alarmante, en poco tiempo nos quedaremos sin recursos marinos y sin el sustento familiar. El INCOPESCA tuvo conocimiento de estos hechos a través del documento DGT-M-153-03-2005, Acuerdo de la Junta Directiva N° 202 de 15 de abril de 2005, donde se verifica que la flota semiindustrial camaronera de orillo utiliza redes con una luz de malla inferior a la autorizada, en consecuencia redes ilegales, por no cumplir con la medida de 2 pulgadas establecida en el Decreto Ejecutivo No. 17658-MAG de 4 de noviembre de 1986 y en su lugar utilizar de 1 pulgada, que solo es autorizada para la pesca de profundidad. La consecuencia directa es que hoy tardamos más horas pescando para capturar la misma cantidad que hace varios años y además, la pesca son peces de menor tamaño y por ende de menor precio. Los barcos camaroneros están pescando en la zona de reproducción del camarón en el Golfo Dulce, impidiendo el ciclo reproductivo, sin que INCOPESCA intervenga regulando la situación, a pesar de que lo han solicitado y han formulado propuestas de diversa índole que tienden a solventar el problema de la pesca de camarón por arrastre y las consecuencias negativas que ocasiona.\n\nAseguran que se encuentran legitimados con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 constitucional, que consagra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y donde se legitima a cualquier persona para accionar en defensa del ambiente, así como la justa distribución de la riqueza, siendo el principal interés el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y pesqueros en el largo plazo, consideran que apoyando esta acción amparan sus derechos. Se apersonan en defensa de intereses difusos de protección al ambiente.\n\nEstiman que las normas impugnadas y la actividad que se realiza a su amparo violan los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. También el artículo 7 de la Constitución por desconocer varios tratados internacionales suscritos por Costa Rica sobre la materia, como la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), ratificada por Costa Rica mediante Ley No. 7991 de 23 de marzo de 1992, la cual determina que los Estados deberán establecer los límites de captura permitida sobre la base de información científica, confiable y disponible; el Código de Conducta para la Pesca responsable de la FAO, aprobado por Costa Rica a través del Decreto Ejecutivo No. 27919-MAG de 14 de junio de 1999, de donde se establecen reglas de protección de la pesca artesanal y la Convención Interamericana para la Protección de la Tortugas marinas, aprobada por Ley No. 7906 del 23 de agosto de 1999.\n\nSolicitan se les tenga como coadyuvantes, se declare con lugar la acción, se anulen las normas cuestionadas y se ordene la cancelación de cualquier licencia, autorización o permiso que se haya otorgado para la pesca de camarón con redes de arrastre y se abstengan en el futuro de otorgar nuevas licencias, renovaciones, prórrogas, autorizaciones o permisos para realizar esta dañina actividad.\n\n8.- Por documento recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:32 horas del 02 de octubre de 2012 (visible en el Sistema de Gestión de Despacho Judiciales), la Procuraduría General de la República rinde su informe. Explica que  los accionantes cuestionan la constitucionalidad de los artículos 2 inciso 27, punto d) y 43 inciso d), en lo referente a la extracción de camarón con red de arrastre, así como el ordinal 47 incisos a) y b), en lo concerniente a las licencias otorgadas a embarcaciones camaroneras que utilicen como arte de pesca las redes de arrastre por el fondo.\n\nAducen los accionantes que las normas impugnadas definen y permiten el otorgamiento de licencias para la pesca semi-industrial del camarón mediante la utilización de redes de arrastre, técnica que constituye un arte de pesca que resulta altamente dañina, desproporcionada y ajena a todo criterio de sostenibilidad en la explotación de los recursos marinos.\n\nSostiene la Procuraduría que la Sala Constitucional a través del voto 1458-07 sostiene la posición respecto de la necesidad de adecuar las actividades humanas hacia un desarrollo sostenible, que asegure la satisfacción de las necesidades presentes sin que ello signifique comprometer la habilidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades, por lo que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado debe ser entendido como un potencial de desarrollo que debe ser utilizado adecuadamente.\n\nSustentan su posición en los estudios de la FAO y con apoyo de varias investigaciones sostienen que la pesca de camarón con redes de arrastre ocasiona un daño ambiental de difícil o imposible reparación en los recursos marinos.\n\nEn relación con el caso, la Procuraduría expresa que los accionantes se encuentran legitimados en la medida que cumplen con lo dispuesto, tanto en el párrafo primero como en el párrafo segundo del numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En el primer caso por la existencia de un recurso de amparo tramitado bajo el expediente 12-006906-0007-CO y en el segundo caso, por la existencia de intereses difusos en la protección del ambiente, fines con los que se encuentran vinculados las organizaciones que representan.\n\nSobre la indivisibilidad e interdependencia de derechos: ambiente, vida, salud y desarrollo sostenible. Existe una simbiosis entre ambiente, vida y salud, por ende, el desarrollo económico debe fundarse en razones de sostenibilidad ambiental. La Ley Orgánica del Ambiente define el ambiente  en el artículo 1, como: “el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano” desde donde se entiende innegable la relación con la vida, la salud y el correcto desarrollo nacional. En el artículo 2 contiene el principio del desarrollo sostenible y establece la obligación del Estado costarricense de propiciar un desarrollo económico que sea ambientalmente amigable, refiriéndose a este como “el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.” El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la nación y su conservación y utilización sostenibles son de utilidad pública y gozan de un interés social (artículo 2 inciso a).\n\nEn el ordinal 4 la Ley Orgánica del Ambiente establece los fines, de los cuales es importante rescatar los siguientes: “a) Fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y su medio, b) Satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones de las generaciones futuras, d) Regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad pública o privada respecto del ambiente, así como las relaciones y las acciones que surjan del aprovechamiento y la conservación ambiental.”\n\nLa Ley de la Biodiversidad también se encarga de regular la materia medio ambiental, y constituye una fórmula que está vinculada con los derechos a la vida, la salud y por supuesto el desarrollo económico y social de nuestro país. En su numeral primero, expone su objeto cual es “conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados.” Estas normas constituyen el desarrollo legal de los artículos 50 y 69 constitucionales.\n\nEn su ordinal segundo, define la biodiversidad como la “variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos acuáticos o en otros complejos ecológicos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, así como entre las especies y los ecosistemas de los que forma parte.”\n\nAsí, la conservación de la biodiversidad depende de manera significativa de su explotación racional, por ello dentro de los objetivos de la ley se encuentra, “integrar la conservación y el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad en el desarrollo de políticas socioculturales, económicas y ambientales”, según prevé su numeral 10 inciso 1) y para lograr tal objetivo, su artículo 11 contiene cuatro criterios desde donde se entiende la protección al ambiente desde la biodiversidad, así como la vida y salud humana.\n\nEn este sentido, los criterios de interés público ambiental y el de integración son elementos en la materia de estudio y expresan: “3.- Criterio de interés público ambiental. El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.  4.- Criterio de integración. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo.”\n\nAfirma la Procuraduría que no es posible separar los temas del desarrollo económico de los temas de sostenibilidad ambiental, la vida, la salud y la dignidad humana. Frente a la devastación ambiental resulta imperativo aplicar políticas de desarrollo sostenible. Desde el derecho a la vida y a la salud integrada con el ambiente se puede lograr una vida más cercana al principio de la dignidad humana.\n\n Cita a favor de su argumentación el voto 1154-96: “La vida solo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene no solo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tendemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva: “la vida humana es inviolable” (…) Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho a la salud y a la obligación del Estado de proteger la vida humana”\n\nLa Sala Constitucional ha resaltado la importancia del ambiente para el ejercicio de otros derechos humanos: “…se dijo en ausencia de un estado de completo bienestar físico, mental y social, que es como se define la salud, y de un ambiente sano, el disfrute del derecho a la vida se vería severamente restringido. Se señaló que el derecho a un ambiente sano supera los intereses meramente recreativos y culturales y se constituye en un requisito fundamental para la salud y la vida misma, entendía esta última en una acepción más amplia que la sola existencia biológica.” (Sentencia de la Sala Constitucional No. 1154-96).\n\nLa Sala también ha desarrollado el principio de explotación racional de los recursos naturales o principio del uso racional de la tierra: “La protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo económico no son desafíos independientes. El desarrollo no puede subsistir en un ambiente de deterioro de la base de recursos y no se puede proteger cuando los planes de crecimiento constantemente hacen caso omiso de ello. Es preciso optar por el desarrollo sostenible, el cual satisface las necesidades del presente sin comprometer nuestra capacidad para hacer frente a las del futuro. Este desarrollo significa reconocer que si deseamos tener acceso continuo a los recursos que posibilitan la vida y si hacemos expandir los beneficios del progreso industrial, tenemos que estar conscientes de las implicaciones y limitaciones que supone tomar ese derrotero.” (Voto 2231-96).\n\nLa Procuraduría cita el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los numerales 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que recogen el derecho a la vida, la salud y la dignidad humana, en absoluta interdependencia con el derecho al ambiente, la alimentación, entre otros, como lo ha dejado claro la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia: “Además, como se desprende de la jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte Europea de Derechos Humanos, existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos. Las formas en que la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático han afectado al goce efectivo de los derechos humanos en el continente ha sido objeto de discusión por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas. También se advierte que un número considerable de Estados Partes de la Convención Americana ha adoptado disposiciones constitucionales reconociendo expresamente el derecho a un medio ambiente sano. Estos avances en el desarrollo de los derechos humanos en el continente han sido recogidos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de san salvador.” (Caso Kawas Fernández vs. Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009).\n\nEn igual sentido la Corte Interamericana expresó: “…este Tribunal considera oportuno resaltar que la defensa de los derechos humanos no solo atiende a los derechos civiles y políticos; esta labor abarca necesariamente las actividades de denuncia, vigilancia y educación sobre derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia reconocidos en la Declaración Americana, al Carta Democrática Interamericana y por este Tribunal en su jurisprudencia.” (Caso Kawas Fernández vs. Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009).\n\nTambién citan la Declaración de Estocolmo en sus principios 2 y 5 que al efecto establecen: “Principio 2.- Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga (…). Principio 5.- Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los beneficios de tal empleo.” Por su parte la Declaración de Río de Janeiro establece: “Principio 1.- Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza (…) Principio 3.- El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras;  Principio 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.” En igual sentido cita las resoluciones 57/253 de 20 de diciembre de 2002, 55/196 y 61/195 de 20 de diciembre de 2006, que destacan la necesidad de alcanzar un desarrollo socio-económico en armonía con el ambiente.\n\nEn relación con las normas cuestionadas de inconstitucionalidad, el Órgano Asesor expresa que desde 1980 a la fecha se han desarrollado estudios científicos, serios y objetivos a nivel nacional e internacional que reflejan la existencia de serios problemas medio ambientales generados por al pesca de camarón con redes de arrastre. Cita dictámenes de la Procuraduría y estudios de la FAO que ponen en relieve los daños que las redes de arrastre ocasionan. Concluye que la regulación de la pesca de camarón con redes de arrastre es lesiva al derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado.\n\n9.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional de las 18:10 horas de 03 de octubre de 2012, informa bajo fe de juramento Luis Gerardo Dobles Ramírez, cédula de identidad 2-0377-0256, en calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y presidente de la Junta Directiva de la Institución y manifiesta:\n\nQue la acción está referida a la autorización u otorgamiento de licencias para pesca semi industrial de camarón en el Pacífico costarricense a embarcaciones que utilizan como artes de pesca la red de arrastre. Según los accionantes, El INCOPESCA no realiza estudios técnicos que determinen el uso del arte, ni el impacto de dichas artes sobre los recursos hidrológicos. También afirman los accionantes que el INCOPESCA no ha exigido la evaluación de impacto ambiental previo al otorgamiento de la licencia y sobre la base de dichas argumentaciones piden se declaren inconstitucionales los artículos 2 inciso 27 punto d) y 43 inciso d) en lo que se refieren a la extracción de camarón con red de arrastre, y 47 inciso a y b, de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005.\n\nManifiesta que al igual que se ha planteado en muchísimas administraciones pesqueras de muchos países del mundo, ninguna pesquera se prohíbe o proscribe, por el contrario, se administra y regula; estableciendo medidas de ordenación y mecanismos suficientes y eficientes que puedan permitir lograr los objetivos del aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos pesqueros.\n\nAsegura que algunas de las organizaciones accionantes no representan intereses difusos sino que hacen de estas gestiones su modus vivendi, para recibir fondos, donaciones y recursos que les permita mantenerse en el tiempo y solventar todas las necesidades económicas. Este es el caso de PRETOMA y MARVIVA. Mientras que FECOPT tampoco defiende un interés difuso sino un interés directo por cuanto se dedican a la actividad pesquera más grande y de mayor riqueza, como es la pesca deportiva, utilizando embarcaciones con costo de miles de millones de dólares y en la que participan personas económicamente poderosas y buscan es eliminar la competencia.\n\nLa pesca semi industrial de camarón con redes de arrastre ha tenido un desarrollo histórico a nivel mundial. Actualmente, se encuentra permitida en muchos países del mundo, la utilizan los países de Europa, Oriente, Latinoamérica y en los Estados Unidos, sometida a regulaciones que también se aplican en Costa Rica. En Costa Rica este arte de pesca se desarrolló hace unos cincuenta años. En nuestro país, llegaron a existir 71 licencias a embarcaciones camaroneras con redes de arrastre de orilla o de profundidad, 10 de esas licencias fueron canceladas administrativamente y un 50% de ellas se encuentran inactivas no pescan o se han hundido, etc., quedando en la actualidad únicamente 38 embarcaciones camaroneras que ejecutan de manera normal las actividades de faena de pesca de camarón con redes de arrastre.\n\nManifiesta que las licencias se han otorgado al amparo de la ley, estamos en presencia de una actividad lícita y una técnica autorizada legalmente. Las competencias del INCOPESCA en la materia encuentran sustento en las leyes que la regulan.\n\nEl INCOPESCA conjuntamente con la Universidad Nacional y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, elaboraron el documento “Presentación de conclusiones y recomendaciones, de septiembre de 2007, en el marco del Proyecto sostenible de la Pesquería para el Golfo de Nicoya, Costa Rica” y concluyeron como objetivo de manejo, a partir de una evaluación de poblaciones, que las embarcaciones con redes de arrastre debían de reducirse a 38 embarcaciones para permitir la recuperación gradual de la pesquería, hasta alcanzar la sostenibilidad. El número de embarcaciones de esta clase, operando en Costa Rica, cumple con las recomendaciones científicas de reducción de la flota para permitir la recuperación gradual de la pesquería.\n\nLos accionantes omiten que la Ley No. 8436 declara de utilidad pública e interés social la actividad pesquera y se declaran de interés nacional el fomento y desarrollo de esa actividad y la industria afín (Art. 5). El aspecto científico es uno de los factores a considerar pero no el único, también hay que considerar aspectos económicos y sociales de conformidad con lo establecido en el numeral 103 de la Ley No. 8436, no se puede pretender que una actividad pesquera que data de 60 o 70 años generadora de riqueza y estabilidad social sea eliminada, porque de prohibirse será materialmente imposible a estas embarcaciones el aprovechamiento del recurso.\n\nExpresa que la legislación vigente regula el otorgamiento de licencias o permisos pero en ningún momento exige un estudio de impacto ambiental, salvo para concesiones o para la autorización de desarrollos de proyectos acuícolas. Las licencias existentes cumplen con los requisitos exigidos por la Ley por cuyo cumplimiento vela el INCOPESCA.\n\nAfirma que para la realización de estudios donde se capturen especies deben contar con los permisos del INCOPESCA de acuerdo con la Ley y ninguno de los estudios que se mencionan en la acción cuenta con esos permisos, por lo que han sido desarrollados de forma ilegal y nulos para efectos probatorios. Ahora bien, todos los estudios referidos a otros países, por tratar realidades distintas a la nuestra, los resultados obtenidos en esas investigaciones no se aplican a Costa Rica. En efecto, la realidad de otros países no es comparable a la nuestra, ni en las condiciones de las aguas marinas, ni en el tamaño, tecnología y equipo de la flota camaronera, la potencia de los motores y equipos mecánicos hidráulicos, etc. Razón por la que no resulta válido extrapolar estudios de otros países y aplicarlos a Costa Rica.\n\nManifiesta el Presidente del INCOPESCA que no se otorgan licencias para la pesca en áreas protegidas o sujetas a regulaciones especiales, como por ejemplo áreas de parques nacionales marinos, monumentos naturales, reservas biológicas en todo el litoral pacífico costarricense, excluidos desde hace muchísimos años del área autorizada de pesca y desde hace dos años toda la zona que comprende el Golfo Dulce; así como en las Áreas Marinas de pesca Responsable, como son las áreas de Palito y Montero de la Isla de Chira, Isla Caballo, Puerto Níspero, así como restricciones espaciales y temporales en el Área Marina de Pesca Responsable de Tárcoles y en el Área Marina Responsable de San Juanillo en Guanacaste. Las licencias están limitadas también por la veda adicional que se establece para el Golfo de Nicoya, veda completa al menos por tres meses al año y que se extiende hasta la desembocadura del río Tempisque en Guanacaste. También están obligados para la permanencia de la licencia a portar y utilizar los dispositivos para la exclusión de la tortuga. En el cumplimiento de este último punto la Autoridades de los Estados Unidos nos han calificado como uno de los mejores programas técnicos a nivel Latinoamericano, comparable al que ejecuta el sistema de pesquerías de su propio país.\n\nEl sector camaronero semi-industrial de arrastre en Costa Rica debe entenderse compuesto, no solo por la realización de actividades pesqueras de esas 38 embarcaciones, sino también por el componente social, laboral y de generación de riqueza que el sector produce. Detrás de un empresario camaronero hay varias familias que viven gracias a la actividad. Se tiene que tener en cuenta que las zonas costeras siguen siendo las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad social.\n\nEn relación con la captura de la llamada “fauna de acompañamiento”, técnicamente significa el aprovechamiento de recursos pesqueros necesariamente asociados con la captura de camarón, que no son la pesca objetivo, pero que es imposible su exclusión. Este fenómeno se debe a que este arte de pesca no es selectivo. Sin embargo, ello no conlleva una violación o incumplimiento de la normativa ambiental o pesquera.\n\nManifiesta que el INCOPESCA ha actuado con apego a la legalidad no solo en el otorgamiento de las licencias, sino también estableciendo restricciones al ejercicio de la actividad al amparo de la Ley y luego, inspeccionando y vigilando su cumplimiento.\n\nInforma que PRETOMA interpuso contra Costa Rica y todas sus autoridades una temeraria denuncia o sumisión ante la Secretaría de Asuntos Ambientales del Tratado de Libre Comercio suscrito entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA). La Secretaría rechazó la denuncia en junio de 2012 por no encontrar violación alguna a la legislación pesquera, ambiental o al contenido del Tratado.\n\nEn relación con la información científica, expresa que no se cuenta con información específica que demuestre cual es el impacto de la pesca de arrastre sobre el ecosistema, a nivel regional y local; distintos investigadores mantienen criterios encontrados en relación con los niveles de afectación e incluso se tiene literatura científica que demuestra efectos positivos sobre el ecosistema (“Impacto de la pesca de arrastre de camarón sobre el ecosistema bentónico frente a las costas de Nayarita, México, www.funprover.org). En igual sentido, un estudio realizado por Sánchez, 2009, publicado en el Boletín de la Sociedad de Geología Mexicana, denominada Geoquímica sedimentaría en áreas de pesca de arrastre y no arrastre de fondo en la costa de Sinaloa, Sonora, Golfo de California, encontraron que los estudios geoquímicas y sedimentológicos realizados para evaluar el efecto de la pesca de arrastre de fondo en México, son prácticamente inexistentes. Se compararon sitios de arrastre y de no arrastre, sorpresivamente las variaciones geoquímicas (carbonato de calcio, carbono y nitrógeno orgánico, la razón C/N y los isótopos estables de carbono y nitrógeno) en ambas áreas (prístinas e impactadas), no fueron estadísticamente diferentes. Manifiesta que tanto la FAO como la PNUMA han financiado y apoyado proyectos de investigación sobre la pesca de arrastre con el afán de hacer más sostenible esta pesquería y no para eliminarla. La FAO también ha apoyado a pescadores de camarón de redes de arrastre, pescadores artesanales locales y a organizaciones de pescadores regionales para introducir diferentes tecnologías de reducción de pesca de descarte, considerando las condiciones e intereses ambiéntales específicos de los países participantes. La FAO está impulsando proyectos y nuevas regulaciones tendientes a la “reducción de la pesca de descarte…sin menos peces jóvenes y especies no deseadas son capturados sin intención, pueden dejarse madurar para el beneficio del pescador, su sustento y para millones de personas en países en desarrollo…” (Proyecto “Reducción de los impactos ambientales de la pesca de arrastre del camarón tropical a través de la introducción de tecnologías para la reducción de pesca de descarte y cambio de su manejo”, 2012). Ese Proyecto involucra varios países del mundo, entre ellos Costa Rica.\n\nSi bien es cierto que la pesca de arrastre como toda actividad humana tiene efectos sobre el ecosistema, no hay estudios científicos que hayan encontrado afectación atribuible a la pesca de camarón por arrastre a poblaciones de corales, fondos de pastos marinos o bancos de moluscos; siendo atribuibles más bien al cambio climático. La afectación en la desembocadura del río Grande de Tárcoles es producto de la sedimentación que se origina en los altos niveles de contaminación que es descargada por el río, proveniente de la meseta central y no por la actividad de pesca de camarón con redes de arrastre.\n\nLa pesca de arrastre efectivamente genera captura de especies juveniles, situación que fue objeto de estudio por parte de varios investigadores y abordado por un estudio realizado por la FAO en coordinación con el INCOPESCA, en el cual se logró realizar exclusiones del orden del 25% de fauna de acompañamiento del camarón y se está en la generación de la segunda fase del proyecto que permitirá introducir medidas de regulación adecuadas, como el uso de dispositivos que permitan excluir ciertas especies de acompañamiento.\n\nNo es cierto que rayas y tiburones alcancen porcentajes importantes en las capturas de fauna de acompañamiento de camarón. Una investigación de campo demostró que la captura de tiburón por las redes de arrastre representaba el 1.15% de la composición total de la fauna de acompañamiento capturada. Las rayas capturadas son regresadas vivas al mar.\n\nUna evidencia de que lo que se requiere es regulación y no prohibición la tenemos en la recuperación de la biodiversidad, en menos de 6 meses, en el Área marina de pesca responsable del Tárcoles, donde se declaró una veda, todavía vigente, lo que permitirá tanto el aprovechamiento sostenible de los recursos como la mejora socioeconómica de pescadores. Lo que demuestra que las medidas de ordenamiento y de regulación que dicta el INCOPESCA están dando resultados.\n\nEn relación con el Derecho alegado, afirman que el artículo 21 constitucional no guarda relación con el tema, salvo porque la actividad de pesquera suministra alimentos a la población y con ello, seguridad alimentaria y salud para los costarricenses. Trabajos directos e indirectos para muchas personas. En relación con el artículo 69 constitucional expresan que no tiene aplicación a esta materia, pues más bien se refiere a actividades económicas que suceden en tierra y no en el mar.  Tampoco guarda relación alguna las bellezas naturales o el patrimonio histórico y artístico protegida en el numeral 89 de la Carta Fundamental con la pesca de camarón por medio de redes de arrastre en los fondos marinos.\n\nEn razón de lo expuesto y pruebas aportadas, solicitan expresamente a esta Sala Constitucional el rechazo en todos sus extremos de la acción interpuesta.\n\n10.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 11:45 horas de 08 de octubre de 2012, interviene como coadyuvante activo Jorge Luis Rojas Montes, cédula de identidad 5-0226-0852, en calidad de representante legal de la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa Bejuco y manifiesta que coadyuva a favor de la acción presentada por PRETOMA y otros, para que se declaren inconstitucionales los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 inciso a y b, expresamente en lo que se refieren a la extracción de camarón con red de arrastre, de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005.\n\nManifiesta que aprueba los hechos y Derecho alegado por los accionantes y agrega lo siguiente: Que los pescadores artesanales se han visto seriamente afectados por la pesca de camarón con redes de arrastre, lo que está sobre explotando algunas especies, impidiendo el ciclo reproductivo y afectando drásticamente la situación económica del sector de pesqueros artesanales. El futuro es sombrío porque la forma en que se está explotando el recurso marino no es sostenible. Estamos en presencia de un sector sumergido en la pobreza, sin oportunidades de desarrollo integral.\n\nAgrega a los hechos, el alto porcentaje de pesca de especies como: congrio, cabrilla, pargo manchado y pargo cola amarilla, capturados por las embarcaciones camaroneras de arrastre en la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Caletas-Ario, en el refugio de Vida Silvestre Camaronal, sin que alcance la talla de primera madurez sexual. Este hecho preocupa a la Asociación coadyuvante porque considera que pronto se quedaran sin que pescar y por ende, sin subsistencia familiar. Dada la escasez del recurso hoy día tienen que invertir en más “alistos” (comida y otros suministros para la tripulación) porque se invierten más horas para pescar lo que hace años se lograba en poco tiempo, lo que antes se pescaba con 400 anzuelos ahora se logra con 1000, se invierte más en combustible. Todo esto está encareciendo los costos de producción. Expone que la pesca de arrastre representa un problema para las tortugas, quedan atrapadas en las redes y mueren de asfixia. Con frecuencia se encuentran tortugas muertas en la playa víctimas de estas embarcaciones.\n\nEstimada que se encuentra legitimado para actuar como coadyuvante  en virtud del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido a toda persona por el artículo 50 constitucional. También fundamenta su legitimación en los intereses difusos que la protección del ambiente supone y en la justa distribución de la riqueza, siendo de especial interés el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y pesqueros en el largo plazo. Finalmente fundamenta su participación en intereses colectivos que como asociación ostenta.\n\nTiene por violadas los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (COVEMAR), el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO y la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas marinas.\n\nAcogen la petitoria de los accionantes y solicita se declare con lugar la acción.\n\n11.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 11:46 horas de 08 de octubre de 2012, interviene como coadyuvante activo Amado Quirós vega, cédula de identidad número 5-0210-0848, en calidad de representante legal de la Asociación de Pescadores de Puerto Coyote de Nandayure de Guanacaste y manifiesta que coadyuva a favor de la acción presentada por PRETOMA y otros, para que se declaren inconstitucionales los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 inciso a y b, expresamente en lo que se refieren a la extracción de camarón con red de arrastre, de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005.\n\nEl contenido del escrito es similar  a los presentados por la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa Bejuco y la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón Pavones (ASOSINPAP) y otros, por lo que se remite a los hechos y derecho alegados por ellos.\n\nFunda su legitimación en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 constitucional, en los intereses difusos que la protección del ambiente supone y en la justa distribución de la riqueza, siendo de especial interés el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y pesqueros en el largo plazo. Así como en intereses colectivos que como agrupación ostentan.\n\nTiene por violados los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política, el principio constitucional de la justa distribución de la riqueza, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (COVEMAR), el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO y la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas marinas. Acogen la petitoria de los accionantes y solicita se declare con lugar la acción.\n\n12.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 14:12 horas del 09 de octubre de 2012, interviene como coadyuvante Eliécer Martínez, cédula de identidad número 5-279-0275 y 22 firmantes más que aseguran son pescadores artesanales de la comunidad de San Juanillo, Cuajiniquil, Guanacaste y manifiestan que participan como coadyuvantes de la acción presentada por PRETOMA y otros, para que se declaren inconstitucionales los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 inciso a y b, expresamente en lo que se refieren a la extracción de camarón con red de arrastre, de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005.\n\nAseguran que son un sector que cumple un importante papel en la economía nacional, que aportan a la seguridad alimentaria del país, brindan oportunidades de empleo en las zonas costeras y contribuyen a la conservación de los recursos naturales marinos. Afirman que representan muchas familias de escasos recursos y que se han visto muy afectados con la pesca semiindustrial del camarón mediante redes de arrastre y con las consecuencias negativas que esa práctica causa sobre los ecosistemas y recursos marinos, lo que los ha colocado en una situación económica y social muy delicada.\n\nCoincide con los otros coadyuvantes representantes de pescadores artesanales que las flotas camaroneras están dirigiendo la pesca a especies como el pargo, congrio y cabrilla y no al camarón, afectando seriamente su actividad económica y la reproducción de las especies, porque están pescando especies sexualmente inmaduras.  Alerta que la flota de camaroneros está pescando con luz de malla diminuta que atrapa todo tipo de peces, no dejando prácticamente nada para los pescadores artesanales.\n\nApoyan su legitimación en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en la defensa del interés difuso de protección al ambiente y en el interés colectivo que ostentan en defensa del sector y en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 constitucional a toda persona.\n\nTiene por violados los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política, el principio constitucional de la justa distribución de la riqueza, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (COVEMAR), el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO y la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas marinas. Solicitan se declare con lugar la acción.\n\n13.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 8:19 minutos del 25 de octubre de 2012, intervienen como adyuvantes Rolando Ramírez Robles, cédula de identidad 1-0550-0861 y Enoc Rizo Rizo, cédula de identidad 9-0045-0019, ambos en calidad de representantes legales, por su orden, de las Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito IV de Quebrada Honda, Puerto Pochote y del Comité Local de Pescadores de Colorado y manifiestan que intervienen como coadyuvantes de la acción presentada por PRETOMA y otros, para que se declaren inconstitucionales los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 inciso a y b, expresamente en lo que se refieren a la extracción de camarón con red de arrastre, de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005.\n\n Se consideran legitimados al amparo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en defensa del interés difuso de protección al ambiente, intereses colectivos que sus representadas defienden y en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 constitucional.\n\nLos hechos que mencionan y la argumentación que realizan son idénticos a lo expuesto por las demás asociaciones de pescadores artesanales que intervienen también como coadyuvantes en este proceso.\n\nTienen por violados los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el principio constitucional de la justa distribución de la riqueza, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (COVEMAR), el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO y la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas marinas. Acogen integralmente la petitoria de los accionantes y solicita se declare con lugar la acción.\n\n14.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 14:58 horas del 01 de noviembre de 2012, intervienen como coadyuvantes pasivos los señores Miguel Chango Wong, cédula de identidad 6-0117-0473, en calidad de representante legal de la Empresa El Mástil S.A., y en su condición personal, Marcial Parra Arias, cédula de identidad 6-0146-0501, en su condición de representante legal de la empresa Sunugal S.A., Grupo Maricultura TICA S.A., empresa Vida y Arte Tres Mil S.A.,  Roy Mauricio Carranza Lostalo, cédula de identidad 6-0299-0178 representante legal de la empresa Camaronera R.C. S.A., de la sociedad Inversiones Calo S.A. y de la Sociedad Importadora y Exportadora Sol Rojo de Oriente S.A., José Bernardo Vega Figueroa, cédula de identidad 1-0102-1199, Luis Guillermo Monge Mata, cédula de identidad 1-0685-0414 representante de la empresa Desarrollos Pesqueros Nacionales S.A., Edgar Carvajal Sánchez, cédula de identidad 6-0112-0167 representante legal de la empresa Morlob S.A., Jamileth Alvarado Soto, cédula de identidad 5-0208-0829, Jorge Gutierrez Vargas, representante legal de la empresa Dismarpa S.A., Enrique Vargas Cascante cédula de identidad número 1-3971-0298, Gerardo Marín Rojas, cédula de identidad 6-01050415, Alfredo Sánchez Sánchez cédula de identidad 5-0131-0474, representante legal Compañía Pesquera Moncharelo S.A., Jorge Antonio Niño Villegas cédula de identidad 6-0088-0404, representante legal de la sociedad PESCANI S.A., Fernando Pérez Carvajal, cédula de identidad 6-0084-0118, representante legal de la empresa Pesquera Ticoco S.A., Joaquín Da Silva Jesús, cédula de identidad 8-0059-0324, representante legal de la sociedad Quinta los Compadres S.A., todos dueños de embarcaciones semiindustriales de pesca de camarón, coadyuvan a favor de la posición sostenida en el proceso por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.\n\nManifiestan que los accionantes no se encuentran legitimados porque representan intereses colectivos y no intereses difusos. La Sala ha rechazado acciones que se presentan en defensa de intereses difusos cuando en realidad de lo que se trata es de intereses colectivos, y así debería de declararse en este caso.\n\nExpresan que las normas impugnadas no tienen roce alguno de constitucionalidad, porque regulan la pesca de camarón admitiendo un arte comúnmente utilizado, aceptado y regulado a nivel mundial. Afirman que la pesca es una actividad debidamente regulada y controlada por instituciones competentes, la pesca con red de arrastre se encuentra históricamente permitida a nivel mundial. Su uso en Costa Rica supera los 50 años. La actividad es desarrollada por familias que por generaciones se han dedicado al negocio. Según datos del INCOPESCA todas las licencias otorgadas a las actuales embarcaciones con redes de arrastre son anteriores a la existencia misma del Instituto. En Costa Rica se han otorgado 69 licencias de esta clase.\n\nActualmente, la pesca de camarón con red de arrastre es ejercida por 38 embarcaciones, lo que representa un 50% de las licencias otorgadas. El Instituto no ha otorgado ninguna licencia nueva de este tipo desde su creación. Estos empresarios han podido mantenerse a pesar de los altos costos y del aumento de restricciones que la autoridad pública impone en procura de la protección del recurso marino. La actividad se ejerce con absoluto apego a la normativa existente y el uso de los mecanismos legalmente exigidos.\n\nCosta Rica posee el aval de los Estados Unidos de América para la adquisición de camarón capturado en nuestras aguas, a través del ejercicio de la pesca de camarón con red de arrastre. En el 2009 el gobierno de los Estados Unidos impuso una restricción exigiendo el dispositivo de exclusión de tortugas (TEDs) y suspendió la importación de camarón silvestre costarricense por incumplimiento de la normativa estadounidense de protección de la tortuga. Una vez hechas las inspecciones correspondientes, el gobierno norteamericano levantó el embargo para que nuestro país nuevamente pudiera exportar camarón capturado con redes de arrastre. Costa Rica fue recertificado y volvió a exportar al mercado norteamericano a partir del 17 de mayo del 2012.\n\nManifiestan que son conscientes de que cualquier actividad del ser humano en la tierra tiene repercusiones ambientales, no obstante para que tenga repercusiones debe ser grave e irreparable como lo dispone la Declaración de Río. La Junta Directiva del INCOPESCA ha tomado una serie de acuerdos orientados a prevenir y preservar el recurso hidrobiológico, específicamente en el campo de las embarcaciones semi-industriales con redes de arrastre, por ejemplo, el acuerdo A.J.D. 241-2009 mediante el cual prohibió el uso de esta técnica en las zonas de mayor vulnerabilidad, dando como resultado la creación de el Área Marina de Pesca Responsable Golfo Dulce.\n\nSobre el impacto socioeconómico, expresan que según la información proporcionada por el INCOPESCA existen en la actualidad 38 embarcaciones autorizadas en Costa Rica para realizar esta actividad. Cada embarcación tiene una tripulación conformada por un capitán, un maquinista, un cocinero y tres marineros, seis personas por embarcación. Cada una de estas personas tiene un hogar conformado usualmente entre cuatro y seis personas. Adicionalmente, existe un personal administrativo conformado por una secretaria, un contador, un administrador y un misceláneo como mínimo. Ahora bien, para ejercer la actividad el empresario camaronero tiene que: asegurar al personal ante la CCSS y ante el INS, pagar al INCOPESCA los cánones respectivos para cada trámite requerido y la renovación de la licencia de pesca cada año, pago de muelle, realizar los pagos de impuestos municipales, patentes e impuestos urbanos, pagar la renta, comprar el combustible a RECOPE.\n\nEn forma indirecta existe un grupo grande de personas y negocios que se benefician con el ejercicio de la actividad de la pesca en general y por ende incluye la pesca de camarón con red de arrastre, entre ellos supermercados, verdulerías, carnicerías, pescaderías, fábricas de hielo, ferreterías, almacenes de materiales y suministros, vendedores de aceites y lubricantes, los rederos (artesanos que tejen las redes), los soldadores, los enfibradores, los carpinteros de rivera, electricistas y encargados de mantenimiento de las embarcaciones, pintores, dueños de diques, médicos, abogados, contadores, mujeres jefas de hogar que se encargan de pelar el camarón, y todos los que intervienen en la actividad comercial. Todos constituyen una cadena de interdependencia donde se estima que se benefician más de cien mil personas, sin perjuicio de que es fuente de divisas para el país.\n\nSe oponen a la comparación que hacen los accionantes de que la pesca con red de arrastre es equivalente a talar un bosque para capturar un ave. Es cierto que se captura una cantidad considerable de fauna de acompañamiento (FACA); sin embargo, para disminuir el impacto, el INCOPESCA ha prohibido que se capture camarón en ciertas zonas declaradas vulnerables. El uso del combustible causa daño al ambiente y no se piensa en declarar inconstitucional su uso. Lo que se hace es introducir regulaciones a la actividad a fin de bajar el impacto al ambiente, sea el uso de combustibles o la pesca con redes de arrastre y ajustar la actividad al desarrollo sostenible. Por otro lado, expresan que el producto que se descarta sirve de alimento a las aves y a otros peces manteniendo el ciclo biológico. Aseguran que los peces que son capturados a través de la red y que también venden en el mercado, lejos de atentar contra la seguridad alimentaria la fortalecen, porque permite que haya más variedad de alimentos para el consumidor costarricense.\n\nAseguran que el único daño o lesión que causará la prohibición de la redes de arrastre en la pesca del camarón será sobre las familias que dependen de esta actividad. Tiene que tenerse en cuenta que en las zonas costeras no hay fuentes de empleo. La prohibición ocasionará mayor desempleo y pobreza en las zonas costeras.\n\nExpresan que no se transgrede el artículo 7 de la Constitución, porque la actividad es respetuosa de los tratados internacionales y la legislación interna. En cumplimiento de esa normativa se utilizan equipos especiales de pesca, dispositivos para excluir las tortugas (TEDs), se han creado zonas de protección del recurso hidrobiológico, se utiliza malla de dos pulgadas. La actividad no pone en peligro la vida humana ni viola el artículo 21 constitucional, al contrario más bien promueve la vida, a través de la alimentación y la sostenibilidad del recurso. Sostienen que los accionantes no explican por qué estiman que se viola la constitución o los tratados internacionales y la razón es sencilla, porque no existe violación alguna. No puede ser inconstitucional una actividad lícita, permitida por el ordenamiento, regulada y controlada por el INCOPESCA.\n\nToda actividad humana causa daño al ambiente y no por ello deben declararse inconstitucionales. No se trata de prohibir sino de regular adecuadamente la actividad. El artículo 50 es una norma amplia donde caben muchas actividades que aunque causen impacto ambiental no violan el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No se violan los artículos 69 y 89 constitucionales, no existe desigualdad en la distribución de la actividad camaronera, donde mas bien el Estado ha abusado en el otorgamiento de licencias para la pesca artesanal. Estiman que los artículos 69 y 89 constitucionales no resultan aplicables al caso en examen. Los accionantes pretenden lograr en la Sala lo que no han logrado en la Asamblea Legislativa. Existe un Proyecto de Ley para prohibir la actividad y no han logrado su aprobación, lo conveniente es esperar a que los señores diputados aprueben o no el Proyecto en discusión.\n\nSolicitan se rechace la acción de inconstitucionalidad y se declare que la actividad de pesca de camarón con redes de arrastre no tiene ningún roce con la Constitución Política.\n\n15.- Mediante resolución de las 14:33 horas del 05 de noviembre de 2012, se le previene a Ramón Loaiza Alfaro, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón, Pavones, a Ronald Valverde Quirós, representante de la Asociación de Pescadores y Piangueros del Golfo Dulce, a Elmer Chavarría Pitti, representante de la Asociación de Pescadores de Pequeña Escala y Turística Zancudo, a Cirilo Quintero Quintero representante de la Asociación de Pescadores para el Desarrollo Sostenible de Puntarenitas y a José García García, representante de la Asociación de Pescadores Arsenales Conservacionistas de la Isla Puntarenitas de Golfito, para que acrediten su representación, bajo apercibimiento de rechazar la solicitud de coadyuvancia interpuesta.\n\n16.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 9:45 horas del 08 de noviembre de 2012, Jorge Arturo Jiménez Ramón, representante de la Fundación MARVIVA, solicita la realización de la vista, porque estima conveniente y necesario exponer oralmente las razones y argumentos técnicos de fondo y visualizar las posiciones de las partes, aspecto que no se logra con la sola lectura de los documentos presentados por las partes.\n\n17.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 13:57 horas de 09 de noviembre de 2012, los coadyuvantes: Ramón Loaiza Alfaro, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón, Pavones; Ronald Valverde Quirós, representante de la Asociación de Pescadores y Piangueros del Golfo Dulce; Elmer Cavaría Pitti, de la Asociación de Pescadores de Pequeña Escala y Turística Zancudo; Cirilo Quintero Quintero, representante de la Asociación de Pescadores para el Desarrollo Sostenible de Puntarenas; y José Pedro García García, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales Conservacionistas de la Isla de Puntarenitas de Golfito, atienden la prevención de la Sala mediante resolución de 14:33 horas de 05 de noviembre de 2012 y presentan las respectivas certificaciones registrales de personería.\n\n18.- Mediante Resolución de esta Sala de las 10:08 horas del 13 de noviembre de 2012, se resuelven las coadyuvancias presentadas de la siguiente manera: Se tienen como coadyuvantes por haber presentado la solicitud dentro del plazo indicado en el numeral 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional Víctor Mora Elizondo y ciento ochenta y ocho pescadores artesanales más, Maria Eugenia Venegas Renauld en su condición de diputada, Ramón Loaiza Alfaro, en su condición de representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón, Pavones, Ronald Valverde Quirós, representante de la Asociación de Pescadores y Piangueros del Golfo Dulce, Elmer Chavarría Pitti en su condición de representante de la asociación de pescadores de Pequeña escala y Turística Zancudo, Cirilo Quintero Quintero, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales Conservacionistas de la Isla Puntarenitas de Golfito, Jorge Luis Rojas Montes, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa Bejuco, Amando Quirós Vega, representante de la Asociación de Pescadores de Puerto Coyote de Nandayure; Eliécer Martínez y otros en su condición de pescadores artesanales de San Juanillo Cuajiniquil, Rolando Ramírez Robles, representante de la Asociación de Pescadores del Distrito IV Quebrada Honda, Pochote y Enoc Rizo Rizo, representante del Comité Local de Pescadores de Colorado. Todas estas coadyuvancias, estima la Sala,  cumplieron lo requisitos estipulados por el numeral 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nSe rechazan por extemporáneas las coadyuvancias solicitadas por Miguel Chanto Wong, Marcial Parra Arias, Mauricio Carranza Lostalo, José Bernardo Vega Figueroa, Luis Guillermo Monge Mata, Edgar Carvajal Sánchez, Jamileth Alvarado Soto, Jorge Gutiérrez Vargas, Enrique Vargas Cascante, Gerardo Marín Rojas, Alfredo Sánchez Sánchez, José Antonio Niño Villegas, Fernando Pérez Carvajal, Joaquín Da Silva Jesús, dado que presentaron la solicitud el 01 de noviembre de 2012, vencidos los 15 días que establece la ley, desde la primera publicación del aviso en el Boletín Judicial.\n\n19.- Mediante escrito presentado en al Secretaría de la Sala a las 10:58 horas del 14 de enero de 2013, Jorge Arturo Jiménez Ramón, representante legal de la Fundación MARVIVA informa de hechos nuevos. Concretamente aporta el informe DFOE-EC-IF-14-2012 de la Contraloría General de la República, mediante el cual expone los resultados de la auditoria especial efectuada al INCOPESCA donde se analiza el cumplimiento de las funciones de la Institución, establecidas en su Ley de Creación y en la Ley de Pesca y Acuicultura.\n\nLa Contraloría encontró serias deficiencias en el manejo del recurso pesquero, entre las que destaca el otorgamiento de licencias, incluyendo las de pesca mediante red de arrastre, a pesar de que es un arte de pesca muy destructivo. Destacan la obligación del INCOPESCA a la luz del ordenamiento jurídico que lo rige de establecer cuáles son las artes de pesca de uso prohibido en el país, pero además se requiere que establezca las tallas de los ejemplares de cada especie, a partir de la cual se consideraría a los individuos como inmaduros y, por tanto, de captura prohibida.\n\nNuevamente mencionan que en el Ecuador, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Acuicultura y Pesca, emitió el acuerdo ministerial 161, 2010, prohibiendo la pesca de arrastre en sus mares. La razón en la que fundan el acuerdo es que se trata de un arte de pesca no selectivo, atrapa todo sin considerar especie y tamaño, produce grandes cantidades de descarte y desperdicia una gran cantidad de individuos de especies no comerciales. Solicita se tenga como prueba el informe DFOE-EC-IF-14-2012 de la Contraloría General de la República.\n\n20.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 194, 195 y 196 del Boletín Judicial, los días 08, 09 y 10 de octubre de 2012 (visible en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales).\n\n21-. Se prescinde de la audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, por considerar que existen suficientes elementos de juicio para resolver esta acción.\n\n\n\n\n22.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.\n\n\n\n\n          Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\n\n\n\nConsiderando:\n\n\n\n\nI.- .Sobre la admisibilidad de la acción y legitimación del accionante. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a efecto de que la Sala pueda conocer el fondo de la impugnación. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contiene los presupuestos de admisibilidad para las acciones  de inconstitucionalidad,  y regula tres situaciones distintas. En el párrafo primero, exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial -en el que se incluyen los recursos de hábeas corpus o de amparo-, o en la administrativa, únicamente en el procedimiento de agotamiento de esta vía, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal. Por su parte, en los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa, aquella que no requiere de asunto base, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) cuando se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto y, c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes en asuntos  de su competencia. En este sentido la Sala ha expresado:\n\n\n\n\n“Esta Sala respecto a la legitimación para interponer una acción de inconstitucionalidad ha considerado que el articulo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos de excepción previstos en los párrafos segundo y tercero de ese articulo, es decir, que por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o sea presentada por el Procurador General de la Republica o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. A partir de lo antes dicho, se tiene que la regla general apunta a la necesidad de contar con un asunto previo, siendo excepcionales las posibilidades de acudir a la Sala Constitucionales forma directa.” (Sentencia de la Sala Constitucional No.  13-778-04)\n\n\n\n\nLos accionantes fundamentan su legitimación no solo en la existencia de un asunto base, contemplado en el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción constitucional, sino también, en lo dispuesto por el segundo párrafo, específicamente en la defensa de intereses difusos.\n\nEn cuanto al primer párrafo alegan que existe un recurso de amparo pendiente de resolver, en el cual se alegó la inconstitucionalidad de la norma como medio razonable para amparar el derecho, expediente 12-006906-0007-CO; la Sala Constitucional lo admitió para trámite y les concedió el plazo respectivo para interponer la acción, mediante resolución 8552-2012 de las 14:30 horas de 26 de junio de 2012. En consecuencia, en relación con este primer requisito de legitimación, los accionantes cumplen las exigencias del párrafo primero del artículo 75 de la Ley de esta Jurisdicción.\n\nPara efectos de la admisibilidad de la acción bastaría el análisis anterior y la verificación del cumplimiento de las demás formalidades estipuladas por la Ley. Empero, los accionantes también alegan que su legitimación encuentra fundamento en el párrafo segundo del artículo 75 de cita, concretamente en los intereses difusos, por tratarse de una acción en defensa de los recursos hidrobiológicos, concretamente de los recursos naturales marinos y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nAtinente a los intereses difusos, esta Sala ha precisado en su jurisprudencia lo siguiente:\n\n“…se prevé la posibilidad de acudir en defensa de “intereses difusos”; este concepto, cuyo  contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal No. 3750-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993 que indico lo siguiente:\n\n“(..) Los intereses difusos, aunque de difícil definición y mas difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley –como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos mas o menos extensos y amorfos de personas que comparten un  interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, mas o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas (…) Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos –por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter (...)”\n\nEn síntesis, los intereses difusos son aquellas cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, es claro que la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2º del articulo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afectan en cuanto tal.\n\n“Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de “difusos”, tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones; por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principió, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de esta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad...” (Sentencia de la Sala Constitucional No.  13-778-04).\n\n       \n\n         Al amparo de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y del Derecho Procesal Constitucional es jurídicamente posible la interposición de una acción, como la presente, a favor de intereses cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, como lo es la protección de los recursos hidrobiológicos marinos y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nFinalmente, la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige el cumplimiento  de  ciertas  formalidades importantes que constituyen requisitos de admisibilidad cuyo cumplimiento es necesario para poder analizar la acción por el fondo. Algunos de esos requisitos son una adecuada fundamentación de los motivos de inconstitucionalidad con cita  concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos (artículo 78), la firma de quienes interponen la acción debidamente autenticada por un profesional en Derecho (artículo 78 ), la acreditación de las condiciones de  legitimación (poderes y certificaciones), y la certificación literal del libelo donde se hizo la reserva de inconstitucionalidad en el asunto previo (artículo 79).\n\nEn definitiva, la acción cumple los requisitos dispuestos tanto el párrafo primero como en el párrafo segundo de la normativa supracitada, concretamente responde a la defensa de intereses difusos y se ajusta a las demás formalidades exigidas por la Ley de la Jurisdicción constitucional, razón por la que procede su admisión.\n\nII.- Sobre las coadyuvancias activas y pasivas. El artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece:\n\n“En los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de esta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa.”\n\nAl amparo de estas normas intervienen como coadyuvantes activos las siguientes personas:\n\nVíctor Mora Elizondo, cédula de identidad 1-0422-0934 y ciento ochenta y ocho firmantes más (Escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 22 de agosto de 2012),  manifiestan que intervienen a favor de acción en defensa de la conservación de los recursos naturales marinos y expresan que son pescadores artesanales que se ven directamente afectados por la sobreexplotación de las especies y la pesca sin regulación que hacen las embarcaciones semiindustriales con redes de arrastre.\n\nMaría Eugenia Venegas Renault, cédula de identidad 1-0408-0427 (Escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 25 de septiembre de 2012), diputada en ejercicio del Partido Acción Ciudadana, en defensa del medio ambiente, los bienes de dominio público y los recursos marinos y pesqueros. Amplía los motivos de inconstitucionalidad y solicita se declare con lugar la acción y además se comisione a las autoridades competentes MAG, INCOPESCA, INA e IMAS para que faciliten a los trabajadores de la pesca de arrastre ayuda económica y la capacitación técnica para reconvertir su flota, de manera que incursionen en otras actividades de pesca que utilice métodos extractivos sostenibles y selectivos o para que puedan desarrollar otra actividad productiva, conforme con las destrezas, capacidades y experiencias.\n\nRamón Loiza Alfaro, cédula de identidad 1-0558-0038, en su condición de representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón Pavones (ASOSINPAP), Ronald Valverde Quirós, cédula de identidad 1-0834-0378, en  representación de la Asociación de Pescadores y Piangueros del Golfo Dulce, Elmer Chavarría Pitti, cédula de identidad 6-0265-0078 en su condición de representante de la Asociación de Pescadores de Pequeña Escala y Turística Zancudo; Cirilo Quintero Quintero, cédula de identidad 6-0153-0268 en calidad de representante de la Asociación de Pescadores para el Desarrollo Sostenible de Puntarenas y Pedro García García, con cédula de identidad 5-0144-0081 representante legal de la Asociación de Pescadores Artesanales Conservacionistas de la Isla Puntarenitas de Golfito (Escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 26 de septiembre de 2012). Manifiestan que el sector tiene graves obstáculos para su desarrollo, una de las causas consiste en la reducción del recurso pesquero debido a la pesca incontrolada que realiza la flota de arrastre de camarón en a las zonas de pesca; agravándose la situación con el hecho de que ante la sobreexplotación del camarón, la flota camaronera está dirigiendo la pesca a otras especies de peces en una franca competencia desleal con los pescadores artesanales.\n\nJorge Luis Rojas Montes, cédula de identidad 5-0226-0852, en calidad de representante legal de la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa Bejuco (Escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 08 de octubre de 2012) y manifiesta que los pescadores artesanales se han visto seriamente afectados por la pesca de camarón con redes de arrastre, lo que está sobre explotando algunas especies, impidiendo el ciclo reproductivo y afectando drásticamente la situación económica del sector de pesqueros artesanales.\n\nAmado Quirós vega, cédula de identidad número 5-0210-0848, en calidad de representante legal de la Asociación de Pescadores de Puerto Coyote de Nandayure de Guanacaste (Escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 08 de octubre de 2012).\n\nEliécer Martines, cédula de identidad número 5-279-0275 y 22 firmantes más, pescadores artesanales de la comunidad de San Juanillo, Cuajiniquil, Guanacaste (Escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 09 de octubre de 2012).\n\nRolando Ramírez Robles, cédula de identidad 1-0550-0861 y Enoc Rizo Rizo, cédula de identidad 9-0045-0019, ambos en calidad de representantes legales, por su orden, de las Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito IV de Quebrada Honda, Puerto Pochote y del Comité Local de Pescadores de Colorado (Escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 25 de octubre de 2012).\n\n          Todos solicitan que se declare con lugar la acción presentada por PRETOMA y otros, y que se declaren inconstitucionales los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 inciso a y b, expresamente en lo relativo a la extracción de camarón con red de arrastre en la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005.\n\nEn el mismo sentido, mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 01 de noviembre de 2012, intervienen como coadyuvantes pasivos los señores Miguel Chango Wong, cédula de identidad 6-0117-0473, en calidad de representante legal de la Empresa El Mástil S.A., y en su condición personal, Marcial Parra Arias, cédula de identidad 6-0146-0501, en su condición de representante legal de la empresa Sunugal S.A., Grupo Maricultura TICA S.A., empresa Vida y Arte Tres Mil S.A.,  Roy Mauricio Carranza Lostalo, cédula de identidad 6-0299-0178 representante legal de la empresa Camaronera R.C. S.A., de la sociedad Inversiones Calo S.A. y de la Sociedad Importadora y Exportadora Sol Rojo de Oriente S.A., José Bernardo Vega Figueroa, cédula de identidad 1-0102-1199, Luis Guillermo Monge Mata, cédula de identidad 1-0685-0414 representante de la empresa Desarrollos Pesqueros Nacionales S.A., Edgar Carvajal Sánchez, cédula de identidad 6-0112-0167 representante legal de la empresa Morlob S.A., Jamileth Alvarado Soto, cédula de identidad 5-0208-0829, Jorge Gutierrez Vargas, representante legal de la empresa Dismarpa S.A., Enrique Vargas Cascante cédula de identidad número 1-3971-0298, Gerardo Marín Rojas, cédula de identidad 6-01050415, Alfredo Sánchez Sánchez cédula de identidad 5-0131-0474, representante legal Compañía Pesquera Moncharelo S.A., Jorge Antonio Niño Villegas cédula de identidad 6-0088-0404, representante legal de la sociedad PESCANI S.A., Fernando Pérez Carvajal, cédula de identidad 6-0084-0118, representante legal de la empresa Pesquera Ticoco S.A., Joaquín Da Silva Jesús, cédula de identidad 8-0059-0324, representante legal de la sociedad Quinta los Compadres S.A., todos dueños de embarcaciones semiindustriales de pesca de camarón. Manifiestan que coadyuvan a favor de la posición sostenida en el proceso por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, dado que su actividad cumple las regulaciones ambientales pertinentes y velan por la sostenibilidad del recurso marino; por ende, solicitan se declare sin lugar la acción.\n\n         De conformidad con lo dispuesto en numeral 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las coadyuvancias deben ser presentadas dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la primera publicación del aviso de la acción en el boletín judicial (art. 81 LJC). De igual manera, los coadyuvantes deben tener un interés legítimo y podrán ampliar los motivos de inconstitucionalidad o la defensa de la constitucionalidad (en el caso de las coadyuvancias pasivas) en relación con el asunto que les interesa.\n\n         En relación con el requisito de ser titulares de un interés legítimo, todos los intervinientes en esta condición lo reúnen, pues la decisión de la Sala les favorece o perjudica según el caso, intereses que también están protegidos por el ordenamiento jurídico (son intereses legítimos). El interés legítimo se puede definir como la “posibilidad o expectativa de obtener una utilidad sustancial del ejercicio de una potestad pública, no exigible en razón del carácter discrecional de la potestad.” (ORTIZ Eduardo, Intereses colectivos y legitimación constitucional IVSTITIA, No. 46, 1990, p. 5). El interés consiste en la expectativa –no garantizada, por la índole discrecional de la potestad- de evitar los daños o de obtener los beneficios derivables de su ejercicio. En el caso que nos ocupa, derivables del ejercicio de la potestad jurisdiccional.\n\n         Sin embargo, en lo referido al plazo de quince días que establece la norma, contado a partir de la primera publicación en el Boletín Judicial, que para el caso concreto, el primer aviso fue publicado el 8 de octubre de 2012, solo aquellas coadyuvancias que fueron presentadas hasta el 30 de octubre de 2012, se interpusieron en tiempo, por el contrario, si fueron presentadas en fecha posterior se rechazan por extemporáneas. Coherente con este principio, la Sala Constitucional, mediante resolución de las 10:08 horas del 13 de noviembre de 2012, admitió todas las coadyuvancias activas en razón de que presentaron su solicitud en tiempo, mientras que rechazó los coadyuvantes pasivos por presentación extemporánea de su solicitud, ya que presentaron su escrito el 1 de noviembre de 2012, cuando ya había vencido el término de ley.\n\nIII.-   Objeto de la acción. Esta acción tiene por objeto determinar la constitucionalidad de la pesca de camarón con redes de arrastre y la consecuente imposibilidad de prorrogar o renovar los permisos, autorizaciones o licencias otorgadas al amparo de las normas que los accionantes consideran inconstitucionales. Concretamente, solicitan  que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2 inciso 27 punto d) y 43 inciso d) y 47 incisos a) y b), exclusivamente en lo relativo a la extracción de camarón con red de arrastre en la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 de 25 de abril de 2005. Aclaran que no se oponen a la pesca de camarón como actividad económica, lo que cuestionan es la técnica de pesca por arrastre que atenta contra la sostenibilidad del recurso de camarón y el resto de recursos hidrobiológicos, lo que produce devastadoras consecuencias en el ambiente marino.\n\nLos artículos cuestionados violan los artículos 7, 21, 50, 69 y 89 de la Constitución Política. El artículo 7, por cuanto existe normativa internacional suscrita por Costa Rica que obliga a la protección de los recursos naturales, entre ellos, los hidrobiológicos, garantizan la sostenibilidad de los recursos a través de una racional explotación, y consecuencia de ello la seguridad alimentaria de la población. El artículo 21 constitucional, porque se atenta contra la seguridad alimentaria y, con ello, la supervivencia de la población. El numeral 50, puesto que cuanto supone la protección de la tierra, la biodiversidad y el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 69, en tanto establece un deber ineludible del Estado costarricense de garantizar fuera de toda duda “la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de la riqueza que esta produce”. Además, el numeral 89 protege la belleza escénica marina, que está siendo destruida y convertida en aguas turbias ante la arremetida de la red de arrastre. Alegan que la pesca por arrastre de camarón atenta contra la seguridad alimentaria, la sostenibilidad de los recursos marinos y los principios precautorio y preventivo.\n\nIV.- Sobre las normas cuestionadas de inconstitucionalidad. Impugnan el artículo 2 inciso 27, punto d) de la Ley de Pesca y Acuicultura, No. 8436 de 1º de marzo de 2005, que al respecto expresa:\n\n “Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos (…) 27. Pesca comercial: La pesca comercial se realiza para obtener beneficios económicos y se clasifica así: (…) d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones orientadas a la extracción del camarón con red de arrastre, de la sardina, de la sardina y del atún con red de cerco.” (Negrita no es del original)\n\nLa frase que cuestionan de este artículo es “con red de arrastre” en tanto define y permite la pesca semiindustrial del camarón u otras especies utilizando esa técnica que los accionantes estiman dañina, desproporcionada, destructora y carente de todo criterio de sostenibilidad de los recursos marinos.\n\nTambién objetan el artículo 43 inciso d) de la Ley No. 8436, que en lo de interés expresa:\n\n“Artículo 43.- La pesca comercial se realizará para obtener beneficios económicos y se clasificará en: a) Pequeña escala  (…) b) Mediana escala (…) c) Avanzada (…) d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, utilizando embarcaciones orientadas a la extracción del camarón con red de arrastre, la sardina y el atún con red de cerco (…)” Se impugna la frase “red de arrastre”.(La negrita no es del original)\n\nDe esta norma impugnan concretamente la frase “con red de arrastre”.\n\n\n\n\nCuestionan el artículo 47 incisos a) y b) de la misma Ley de Pesca y Acuicultura, en lo que expresamente indican:\n\n\n\n\n “Artículo 47.—Las licencias para capturar camarones con fines comerciales en el océano Pacífico, únicamente se otorgarán a las embarcaciones de bandera y registro nacionales; asimismo, a las personas físicas o jurídicas costarricenses, las cuales se clasifican en tres categorías:\n\n\n\n\na) Categoría A: Embarcaciones con licencias o permisos de pesca de camarón que utilizan como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo; estas podrán capturar recursos camaroneros únicamente en el litoral pacífico, con la condición de que no sean áreas restringidas durante época de veda.\n\n\n\n\nb) Categoría B: Embarcaciones con licencias o permisos de pesca, para la captura de camarón fidel (Solenocera agassizi), camello real (Heterocarpus sp) y otras especies de este recurso, que se pesquen en aguas de profundidad igual o mayor que las especies anteriores, utilizando como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo, únicamente en el litoral pacífico.\n\n\n\n\nEl camarón fidel solamente podrá ser capturado en las áreas donde no se encuentre mezclado con especies de menor profundidad, tales como camarón blanco, camarón café, camarón rosado y camarón tití.”\n\n\n\n\nDe las normas citadas señalan la inconstitucionalidad de las frases “que utilizan como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo” del inciso a) del artículo 47 de la Ley de Pesca y Acuicultura y “utilizando como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo” contenida en el inciso b) del mismo ordinal.\n\n\n\n\nV.- Antecedentes jurisprudenciales relacionados con el caso. Como antecedente de importancia, encontramos la sentencia número 1000-97, recaída en un recurso de amparo interpuesto por pescadores artesanales contra el Presidente Ejecutivo del INCOPESCA. La Sala estimó el recurso en cuanto al derecho de petición, pero lo rechazó respecto de las restantes alegaciones, toda vez que no tuvo por probados los hechos alegados; no obstante, se estableció un principio respecto de las competencias de la Sala en lo referido a la determinación de violaciones al recurso marino, cuando se comprueba su explotación irracional o la producción de daños ecológicos serios.\n\n\n\n\n“…no sólo no se ha acreditado que, efectivamente, en el Golfo de Nicoya se esté dando una explotación irracional e indiscriminada del recurso marino por parte de los barcos camaroneros, sino que en el informe rendido bajo juramento se afirma que ello no sucede y que, por el contrario, el Instituto recurrido ha establecido una serie de regulaciones a fin de proteger la riqueza marina del Golfo de Nicoya y garantizar su explotación racional, así como un desarrollo sostenible de la actividad pesquera.  Si bien esta Sala no es la competente para determinar cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que la actividad pesquera se lleve a cabo de modo que se garantice una adecuada protección del ecosistema marino y de los recursos del mar -pues ello es un asunto técnico que debe resolverse en otras instancias- sí lo es para establecer la violación por parte del Estado -y aún de particulares- del recurso marino como derecho fundamental, cuando se compruebe su explotación irracional o la producción de daños ecológicos serios. “(El destacado no es el original).\n\n\n\n\nEn el año 2004, a propósito de la Consulta Legislativa relativa al entonces Proyecto de Ley denominado “Ley de Pesca y Acuicultura” expediente legislativo número 15.065, hoy Ley No. 8436 de 1º de marzo de 2005, la Sala emitió la sentencia número 10484-2004. Sin embargo, ni los artículos que hoy se cuestionan, ni la técnica de pesca de camarón con red de arrastre fueron objeto de la consulta legislativa. Sin embargo, con ocasión de tal consulta, la Sala se pronunció sobre el deber del Estado de proteger los recursos hidrobiológicos (los que definió como patrimonio y bien públicos), evitar el daño al ecosistema marítimo, y garantizar el uso sustentable de los recursos marinos:\n\n\n\n\n“III.- La protección de los recursos hidrobiológicos. Diversas razones obligan al Estado a hacer uso de sus mejores esfuerzos con el objeto de tutelar en forma adecuada sus inmensos espacios de mar territorial, de zona económica exclusiva, así como sus aguas internas. Por un lado, tiene un deber ineludible de velar por la preservación del medio ambiente, y ello por supuesto incluye la adopción de aquellas medidas necesarias para evitar daños en los ecosistemas marítimos y acuáticos en general, proteger las especies de seres vivos que habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, así como reaccionar con energía ante las actuaciones que atenten contra la integridad del medio ambiente acuático. Asimismo, el Estado está igualmente compelido por la Constitución Política a garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos sus habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza generada. En ese contexto, debe la Administración propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente. Los frutos de ese desarrollo no deben quedar en manos de unos pocos actores, sino que debe permitirse a los pequeños y medianos productores beneficiarse del acceso a los medios de subsistencia y enriquecimiento. Entiende la Sala que ese es el espíritu que anima en general el proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura, expediente legislativo número 15.065. Por un lado, se busca tutelar un ecosistema esencial para la sobrevivencia de la biosfera. Al mismo tiempo, reconoce que la actividad pesca y acuicultura constituyen actividades económicas lícitas y de gran importancia para la salud alimentaria de la población y generadoras de considerables beneficios para quienes a ellas se dedican y para el país, pero que por la delicadeza e importancia del medio en que se desarrollan, deben estar sometidas a una estricta regulación. Parte asimismo de la necesidad de defender el patrimonio público, en particular en lo concerniente a los recursos hidrobiológicos que le pertenecen a la Nación en su condición de bienes públicos. En esa inteligencia, el articulado del proyecto pretende actualizar el marco normativo de las actividades pesqueras y acuícola, que actualmente son reguladas –en lo fundamental- por la Ley de Pesca y Caza Marítima, número 190 de veintiocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho, así como por algunas normas especiales.” (Sentencia de la Sala Constitucional No. 10484.04)\n\nEn consecuencia, corresponde al Estado velar por la explotación racional del recurso marino en armonía con el ambiente. También le atañe la obligación derivada del Derecho de la Constitución de proteger los recursos hidrobiológicos, concretamente, el deber de tutelar los inmensos espacios de mar territorial, la zona económica exclusiva y las aguas internas, así como la preservación del ambiente, el resguardo de los ecosistemas marinos y acuáticos en general, la protección de las especies de seres vivos que habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, y, con ello, garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos los habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza y un uso sustentable de los recursos naturales con miras a un desarrollo del país sostenible, que no venga a comprometer de manera desproporcionada el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n La Sala entendió en la sentencia 10484-04 que ese espíritu de protección y respeto al ambiente, el ecosistema marino y la sostenibilidad en el uso de los recursos marinos por la actividad económica de la pesca, era el espíritu que animaba el entonces Proyecto de Ley, hoy convertido en Ley 8436, de la cual se impugnan los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) expresamente en lo que se refieren a la extracción de camarón con red de arrastre, por estimar los accionantes que contravienen ese espíritu de protección y equilibrio ambiental. La finalidad protectora de una ley es dinámica, debe adaptarse a la época de su aplicación, de lo contrario sus rígidas disposiciones pueden contravenir las normas y principios constitucionales por razones sobrevivientes, que corresponde apreciar a la jurisdicción constitucional.\n\n VI.- Sobre el fondo de la acción. En este punto, se examinan cada uno de los alegatos de inconstitucionalidad que sustentan las pretensiones de  los accionantes y coadyuvantes en el proceso.\n\n 6.1.- Violación del artículo 7 constitucional y con él otras normas internacionales suscritas por Costa Rica. Los accionantes alegan que las normas impugnadas violan varios convenios o instrumentos internacionales de protección de la flora y fauna marina, amén que se transgrede el artículo 7 de la Constitución Política, que concede a esos instrumentos valor superior a las leyes, convirtiendo aquellos en parámetro de constitucionalidad. Entre los instrumentos internacionales citados por accionantes y coadyuvantes se encuentran: el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Tranzonales y de las Poblaciones de Peces Migratorios, Ley No. 8059 de 22 de diciembre de 2000, La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada mediante Ley No. 7291 de 23 de marzo de 1992, la Primera y Segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte y la Declaración Final de la Tercera Conferencia Internacional sobre la protección del Mar del Norte, la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas, aprobada por Costa Rica mediante Ley No. 7906 de 23 de agosto de 1999, y el Código de Conducta par la pesca responsable de la FAO, Decreto Ejecutivo número 27919-MAG de 16 de diciembre de 1998.\n\nSin perjuicio de la aplicación del artículo 7, la Sala también advierte una lesión al artículo 6 constitucional, que al efecto expresa:\n\n“El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional.\n\nEjerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios.”\n\n         Se desprende de tal norma constitucional, que toda actividad relativa a la protección, conservación y explotación de los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo marino, dentro de las zonas descritas por la norma y por los tratados internacionales, se regirá por los principios del Derecho Internacional. El propio constituyente incorporó el Derecho Internacional sobre el Mar al ordenamiento jurídico interno; dicho de otra manera, los principios del Derecho Internacional sobre la materia se aplican directamente y la norma o principio internacional tiene el valor de la norma constitucional, incluso superior en caso de insuficiencia o ausencia de esta. Además, el párrafo segundo hace alusión directa al deber del Estado de proteger y conservar todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de la zona de la jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea citada en el párrafo primero. Como se puede apreciar, dos son las excepciones al rango dispensado por el artículo 7 constitucional a las normas y principios del Derecho Internacional: a) el artículo 48 de la Constitución Política en relación con los instrumentos jurídicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reconocido así por la jurisprudencia constitucional; b) lo dispuesto por el artículo 6 en cuanto a la regulación internacional sobre el Derecho del Mar. En consecuencia, en este punto confrontaremos las normas legales impugnadas con las normas y principios del Derecho Internacional sobre el mar, conforme lo establece el artículo 6 constitucional.\n\nLa actividad pesquera ha sido desarrollada por el hombre desde tiempos antiguos. Por esa razón, en el análisis del sub iudice resulta de especial interés hacer un somero repaso de la evolución del Derecho Internacional sobre el mar, dado que en los últimos 30 años este Derecho ha dado un giro de ciento ochenta grados, un cambio de dirección provocado principalmente por el Derecho Internacional Ambiental. Prácticas que otrora se consideraron lícitas y recomendables, hoy se oponen abiertamente a estos nuevos principios.\n\nEn efecto,  hubo un tiempo en el que los mares y océanos del mundo eran de libre acceso y explotación, a excepción de una estrecha franja marítima que constituía las denominadas aguas territoriales. Durante esa época era posible el acceso y la explotación de sus recursos pesqueros por los buques de cualquier nacionalidad y prácticamente con cualquier técnica o arte de pescar. En la época clásica del Derecho Internacional, las flotas pesqueras de altura ejercían su actividad prácticamente sin limitaciones, ya que existía la creencia errónea de que el mar era una fuente inagotable de recursos. Así, la libertad de pesca en alta mar se consagró como norma consuetudinaria de alcance universal. Este régimen pesquero provocó el agotamiento de algunas especies dado el avance de la tecnología pesquera: introducción de fibras sintéticas en la construcción de las redes de pesca, mecanización del manejo de las artes de pesca, motorización de los buques pesqueros, todo lo cual facilitó el desarrollo de la pesca de arrastre en aguas poco profundas o zonas costeras. A este proceso hay que agregarle la introducción de técnicas de congelamiento a bordo y la utilización del sonar para la identificación de bancos pesqueros, lo que permitió la pesca a grandes distancias de la costa. En dicho periodo, se podía pescar cualquier especie comerciable, utilizando todo arte de pesca prácticamente en cualquier lugar del mar, con las salvedades descritas. Es en esta fase que comienza la pesca de camarón con redes de arrastre.\n\nLos Convenios de Ginebra sobre el Derecho del Mar de 1958 confirmaron el principio de la libertad de pesca más allá del mar territorial, con arreglo a tres ideas: el aprovechamiento racional de los recursos, la salvaguardia de los derechos e intereses de los Estados ribereños, y la utilización de un mecanismo obligatorio de solución de controversias, en caso de que las negociaciones emprendidas para lograr los objetivos anteriores no hubieran concluido en un plazo de doce meses. A pesar de la libertad de pesca, propia de la época, se comenzó a evidenciar un incipiente principio de contención y conservación. Empero, con el paso de los años se demostró que este Convenio no era eficaz para la conservación del recurso marino: veinte años después de su vigencia, las capturas mundiales de pesca se habían triplicado y se evidenciaba un empobrecimiento de los recursos marinos. Además, el desarrollo de la pesca industrial trajo consigo un reparto desigual de las capturas a tal grado que a finales de la década de los setenta, seis estados acaparaban el 50% de las capturas mundiales, obtenidas en su mayoría en las aguas cercanas a las costas de los países en desarrollo, los que debían contemplar impotentes el empobrecimiento de los recursos biológicos por obra de buques de otros Estados.\n\nCon la finalidad de asegurar la viabilidad futura de los sectores económicos dedicados a la pesca, se idearon dos tipos de soluciones: por un lado, los Estados ribereños reclamaron la ampliación del reducido mar territorial, un área mayor en la que se reconociese el derecho soberano y exclusivo a explorar, explotar, conservar y administrar los recursos biológicos. En ese momento no se perseguía tanto proteger ecológicamente esos recursos. Tal tipo de valores y principios todavía no habían permeado el Derecho Internacional sobre el mar. Más bien se buscaba asegurar que dichos recursos fueran aprovechados mayoritariamente por los Estados ribereños, incluidos los países en vías de desarrollo, y no por los Estados industrializados con grandes flotas de pesca a distancia. Estos principios fueron incorporados en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Ahora bien, en alta mar se proclamó la obligación genérica de todos los Estados relativa a la conservación de las especies marinas y, de este modo, se empezó a limitar la libertad de pesca. No obstante, en realidad, las medidas indicadas no perseguían la protección de especies marinas, ni regular las artes de pesca. La Convención no se sustentaba en principios de protección ambiental, sino que procuraba regular los intereses económicos y comerciales de los Estados sobre el recurso marino, lo que no obsta para resaltar que aunque fuera por razones económicas y no hubiera mayor profundización, lo cierto es que estaba empezando a introducir la idea de un desarrollo sostenible y sustentable del recurso marino.\n\nDe conformidad con el artículo 61 de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, corresponde al Estado ribereño asegurar la preservación o restablecer las reservas pesqueras a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factores ambientales, científicos y económicos pertinentes:\n\n“Artículo 61.- Conservación de los recursos vivos. 1. El Estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos en su zona económica exclusiva. 2. El Estado ribereño teniendo en cuenta los datos científicos más fidedignos de que disponga, asegurará, mediante medidas adecuadas de conservación y administración, que la preservación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva no se vean amenazada por un exceso de explotación. El Estado ribereño y las organizaciones internacionales competentes, sea subregionales, regionales o mundiales, cooperarán según proceda, con ese fin. 3. Tales medidas tendrá asimismo la finalidad de preservar o restablecer las poblaciones de las especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factores ambientales y económicos pertinentes, incluidas las necesidades especiales de los Estados en desarrollo y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca, la interdependencia de las poblaciones y cualquiera otros estándares mínimos internacionales generalmente recomendados, sean subregionales, regionales o mundiales. 4. Al tomar tales medidas, el Estado ribereño tendrá en cuenta sus efectos sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas, con miras a preservar o restablecer las poblaciones de tales especies asociadas o dependientes por encima de los niveles en que su reproducción pueda verse gravemente amenazada (…)”\n\nDe la norma se infieren varias obligaciones para los Estados, también para Costa Rica, entre las que destacamos las siguientes: a) la administración del Estado de los recursos marinos existentes en esa zona, con arreglo a los siguientes principios y finalidades; b) conservación de los recursos vivos marinos; c) impedir la sobreexplotación; d) velar por una explotación dentro del marco de desarrollo sostenible, es lo que quiere decir la frase: “preservar o restablecer las poblaciones de las especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factores ambientales y económicos pertinentes, incluidas las necesidades especiales de los Estados en desarrollo y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca”; e) para lograr esos objetivos, el Estado tomará medidas en relación con las “modalidades de la pesca”, f) esas medidas tienen que tomar en cuenta los efectos sobre las especies asociadas o dependientes por encima de los niveles en que su reproducción pueda verse gravemente amenazada.\n\nHasta aquí, se aprecia una separación entre el Derecho del Mar y el Derecho Ambiental. Este último, ciertamente, es un límite externo del Derecho del Mar; sin embargo, todavía no regula sus actividades.\n\nEl punto principal de inflexión en el planteamiento clásico de la pesca se encuentra en la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982. Desde su Preámbulo hace referencia a la necesidad de utilizar los recursos naturales en forma tal que se preserven las especies y los ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Entre sus principios generales se establece el mantenimiento de todas las especies a un grado por lo menos suficiente para garantizar su supervivencia y sin que se amenace la viabilidad genética de la tierra. Además, se prevé expresamente que estos principios de conservación no solo se aplican en la tierra, sino también en el mar, con la añadidura de que se concederá una protección especial a los ejemplares representativos de todas las diferentes tipos de ecosistemas y a los hábitat de las especies escasas o en peligro, amén que se establece que los recursos y los ecosistemas deben administrarse de forma que se consiga una productividad óptima, sin poner en peligro la integridad de otros ecosistemas y especies con los que coexisten.\n\n“I. Principios generales: 1. Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales. 2. No se amenazará la viabilidad genética en la tierra; la población de todas las especies, silvestres y domesticadas, se mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para garantizar su pervivencia; asimismo, se salvaguardarán los hábitat necesarios para este fin. 3. Estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie terrestre, tanto en la tierra como en el mar; se concederá protección especial a aquellas de carácter singular, a los ejemplares representativos de todos los diferentes grupos de ecosistemas y al hábitat de las especies escasas o en peligro. 4. Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que son utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr y mantener su productividad óptima y continua sin por ello poner en peligro la integridad de los otros ecosistemas y especies con los que coexisten (…). II. Funciones. 6. En los procesos de adopción de decisiones se reconocerá que no es posible satisfacer las necesidades de todos a menos que se asegure el funcionamiento adecuado de los sistemas naturales y se respeten los principios enunciados en la presente Carta. 7. En la planificación y realización de las actividades de desarrollo social y económico, se tendrá debidamente en cuenta el hecho de que la conservación de la naturaleza es parte integrante de esas actividades.”\n\nCon posterioridad a su adopción comenzaron a multiplicarse los tratados internacionales con finalidades proteccionistas del ambiente, en los que se adopta un planteamiento global y omnicomprensivo de resguardo de la naturaleza en procura de superar las limitaciones del método de conservación adoptado en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Estos tratados contenían medidas correctoras que consideraban por primera vez las relaciones existentes entre todas las especies y los hábitat en que viven, integrando el ecosistema marino en su conjunto. Dichas medidas tendían hacia la utilización sostenible de todos sus componentes, planteamiento que pretendía integrar el logro del desarrollo económico con la necesidad de proteger el ambiente, visualizando el ambiente marino como un todo integrado. De este modo, se fueron acercando progresivamente dos sectores del ordenamiento jurídico internacional que habían nacido separados: el relativo a la pesca como explotación comercial y el referido a la protección al ambiente marino.\n\nEste proceso culminó con la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro (1992). En la Declaración de Río se reconoce la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra (Preámbulo) y se establece el principio de conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad de su ecosistema en un marco de responsabilidades comunes pero diferentes (Principio 7). Se señala que los Estados deben recudir y eliminar los sistemas de producción y consumo insostenibles (Principio 8). Asimismo, el Programa 21 consagra su Capítulo 17 a la protección de todos los océanos y mares del mundo, así como los recursos vivos marinos. Afirma que el Estado reconoce la necesidad de desarrollar y aumentar el potencial de los recursos marinos vivos para satisfacer necesidades de nutrición de los seres humanos, así como para alcanzar los objetivos sociales, económicos y de desarrollo. Se alude también a la obligación de mantener o restablecer las poblaciones de especies marinas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a factores ambientales y económicos pertinentes, teniendo en consideración las relaciones entre las especies. A partir de estos principios se empieza a promover y estatuir la creación y uso de artes de pesca selectivas y la adopción de prácticas que reduzcan al mínimo las pérdidas de las especies que se desea pescar y las capturas incidentales de otras especies; asimismo, se tiene que resaltar la obligación de proteger y reponer las especies marinas en peligro y conservar los hábitat y otras zonas ecológicamente expuestas.\n\nLos principios sobre diversidad biológica y el Convenio sobre ese tema adoptado en Río en 1992 se aplican también a los mares. En ese sentido, el artículo del Convenio sobre Diversidad Biológica establece entre sus objetivos (artículo 1):\n\n“…la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.”\n\nEsta norma fue desarrollada por la legislación nacional. Precisamente, en el artículo 1 de la Ley de Biodiversidad, Ley número 7788 de 30 de abril de 1998, se expresa:\n\n“El objeto de la presente ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados.”\n\nEl Convenio se aplica igualmente con respecto a la naturaleza marina, puesto que constituye una regulación directa a toda actividad humana que incida en los recursos marinos. En ese sentido, el artículo 2 del Convenio expresa:\n\nPor \"diversidad biológica\" se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.”\n\n\n\n\nEl Convenio se inclina por el principio de sostenibilidad en el uso de los recursos y obliga a los Estados Partes ha implementar medidas para la efectiva realización de tal principio. Al respecto, el artículo 10 del Convenio estatuye:\n\n\n\n\n“Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones; b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica; c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible; d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos.”\n\n\n\n\nEstos principios están plenamente desarrollados en nuestro ordenamiento jurídico infraconstitucional. Así, la Ley de Biodiversidad dispone en el artículo 11 cuatro criterios que afectan toda actividad pública o privada susceptible de lesionar  el ambiente:\n\n\n\n\n“Criterios para aplicar esta ley Son criterios para aplicar esta ley:\n\n1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.\n\n\n\n\n2.-  Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.\n\n3.-  Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.\n\n4.-  Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo.”\n\nEstos principios, provenientes del Derecho Ambiental Internacional, son directamente aplicables a la actividad humana sobre el mar, entre las que destaca la actividad pesquera, que a partir de entonces vino a quedar sometida a tales disposiciones por cuyo cumplimiento corresponde velar a los Estados.\n\n\n\n\nDentro de este marco normativo es que debe entenderse el principio de pesca responsable, y que obliga a los Estados a ajustar su legislación y políticas públicas a ese conjunto de principios, valores y normas en constante evolución, dada la finalidad proteccionista y conservacionista de la normativa supra citada, en el marco de la cual el ser humano asume responsabilidad por la supervivencia y calidad de vida de las generaciones futuras, así como por garantizar un desarrollo sostenible, democrático y solidario.\n\n\n\n\nDesde la Carta Mundial de la Naturaleza y con mayor influencia a partir de la Declaración de Río, los principios del Derecho Ambiental cumplen la función transversal de informar y regular la actividad económica sobre el mar. Esta rama del derecho deja de ser un mero límite externo, puesto que en adelante, toda actividad económica, social y cultural relacionada con el mar y sus riquezas naturales queda sujeta de forma creciente al Derecho Ambiental.\n\nEn el marco de estos nuevos principios, progresivamente se ha reglamentado la actividad pesquera, a la que se le ha impuesto la obligación de utilizar artes y prácticas de pesca selectivas. Se ha entendido que las artes de pesca no selectivas son un problema de dimensión mundial por el peligro para la conservación de los recursos marinos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado por consenso diversas resoluciones en un esfuerzo por poner fin a esa modalidad pesquera, como las resoluciones 46/215 de 20 de diciembre de 1991 y 57/142 de 12 de diciembre de 2002. En esta última, la Organización de la Naciones Unidas expresa esta preocupación:\n\n“por la cantidad considerable de capturas incidentales, en particular de peces jóvenes, y descartes en la pesca en varias de las pesquerías del mundo, y reconociendo que el desarrollo y la utilización de aparejos y técnicas de pesca selectivos que sean ecológicamente idóneos y eficaces en función de los costos serán importantes para reducir o eliminar las capturas incidentales y los descartes en la pesca, y destacando el efecto que esta actividad puede tener en los esfuerzos encaminados a conservar y ordenar las poblaciones de peces, incluido el restablecimiento de algunas poblaciones a niveles sostenibles.”\n\nFruto de esta nueva corriente jurídico normativa es el Convenio para la prohibición de la pesca con redes de enmalle y deriva en el Pacífico Meridional (1989), el cual, aunque se refiere a la pesca a gran escala, prohíbe la utilización de estas redes en la zona sometida a la jurisdicción de los Estados. Con este mismo sentido protector se aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativa a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios (1995), el cual, pese a que se aplica a la pesca en alta mar, lo cierto es que contempla los principios generales (art. 5), el principio precautorio (art. 6) y la compatibilidad de las medidas de conservación y de ordenación (art. 7), aplicables a todos los Estados dentro de las zonas sometidas a su jurisdicción, a lo que se debe añadir la Convención Interamericana para la Protección  y Conservación de las Tortugas Marinas y el Código de Conducta para la pesca responsable de la FAO.\n\nEste último instrumento internacional transita por el camino de protección al ambiente y la protección y conservación de los ecosistemas marinos en su conjunto, a partir del principio de la pesca responsable. El Código pretende la utilización sostenible de los recursos pesqueros de manera armónica con el ambiente, así como el uso de prácticas de captura y acuicultura que no dañen los ecosistemas, los recursos o su calidad. La pesca responsable debe llevarse a cabo tanto en las zonas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, como en alta mar. En este último supuesto, el principio fundamental consiste en que el derecho a pescar en estas aguas no significa una total y absoluta libertad de pesca como en antaño. El Código se enmarca dentro de la tendencia ya descrita de permeabilidad del Derecho Internacional Ambiental al Derecho del Mar.\n\nEl Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable, adoptado por la Conferencia de la FAO en octubre de 1995, considera la pesca como una actividad de gran relevancia para la humanidad. En efecto, destaca la importancia de la pesca como fuente de alimento, empleo, recreo, comercio y bienestar económico, tanto para las generaciones presentes como para las futuras. Por ello, impone una práctica responsable de la pesca, que respete los ecosistemas y la diversidad biológica. La idea es sujetar la pesca a los aspectos biológicos, técnicos, sociales, económicos y comerciales pertinentes (art. 2). Por otra parte, pretende abarcar todos los aspectos relacionados con la conservación y ordenación de las pesquerías. Así, no solamente cubre la actividad extractiva en sí misma considerada, sino también la elaboración y comercialización del pescado, la acuicultura, la investigación pesquera, etc. (Art. 13).\n\nAdemás, el Código no solo se aplica a los Estados, sean o no miembros de la FAO, y a las organizaciones de pesca interesados, sino también a las personas físicas que entren a formar parte de alguna manera en el proceso de manipulación de los productos marinos (art. 12). Entre el amplio listado de principios generales cabe destacar la obligación de pescar en forma responsable para asegurar la conservación y ordenación efectiva de los recursos acuáticos vivos (Art. 6.1); el mantenimiento de la diversidad, el desarrollo sostenible y la adopción de un enfoque ecosistémico, que tenga en cuenta las relaciones inter-especies (art. 6.2); evita la sobreexplotación, la sobrecapitalización y el exceso de capacidad pesquera (art. 6.3); aplica el enfoque precautorio (Art. 6.5); señala el uso de artes selectivas que no dañen el ambiente (art. 6.6); promueve la protección y rehabilitación de los hábitat críticos para la pesca (art. 6.8); subraya el control eficaz del Estado sobre los buques que enarbolen su pabellón (art. 6.11); fomenta la cooperación internacional para promover la ordenación y la conservación de los recursos acuáticos vivos en toda su zona de distribución y el establecimiento de medidas compatibles y coordinadas, tanto dentro como fuera de las zonas sometidas a jurisdicción nacional (art. 6.12); determina la adopción de prácticas y políticas pesqueras que no supongan un obstáculo a dicho comercio, ni tengan efectos de degradación ambiental (art. 6.14); entre muchas otras regulaciones. En lo que interesa, el artículo 6 expresa:\n\n“6.1 Los Estados y los usuarios de los recursos acuáticos vivos deberían conservar los ecosistemas acuáticos. El derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo de forma responsable a fin de asegurar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos.\n\n6.2 La ordenación de la pesca debería fomentar el mantenimiento de la calidad, la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros en cantidad suficiente para las generaciones presentes y futuras, en el contexto de la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza, y el desarrollo sostenible. Las medidas de ordenación deberían asegurar la conservación no sólo de las especies objetivo, sino también de aquellas especies pertenecientes al mismo ecosistema o dependientes de ellas o que están asociadas con ellas.\n\n6.3 Los Estados deberían evitar la sobreexplotación, y el exceso de capacidad de pesca y deberían aplicar medidas de ordenación con el fin de asegurar que el esfuerzo de pesca sea proporcionado a la capacidad de producción de los recursos pesqueros y al aprovechamiento sostenible de los mismos. Los Estados deberían tomar medidas para rehabilitar las poblaciones en la medida de lo posible y cuando proceda (…)\n\n6.5 Los Estados y las organizaciones subregionales y regionales de ordenación pesquera deberían aplicar ampliamente el criterio de precaución en la conservación, la ordenación y la explotación de los recursos acuáticos vivos con el fin de protegerlos y de preservar el medio ambiente acuático, tomando en consideración los datos científicos más fidedignos disponibles. La falta de información científica adecuada no debería utilizarse como razón para aplazar o dejar de tomar medidas para conservar las especies que son objeto de la pesca, las especies asociadas o dependientes y aquéllas que no son objeto de la pesca, así como su medio ambiente.\n\n6.6 Deberían continuar perfeccionándose y aplicándose, en la medida de lo posible, artes y prácticas de pesca selectivas y ambientalmente seguras a fin de mantener la biodiversidad y conservar la estructura de las poblaciones, los ecosistemas acuáticos y la calidad del pescado. Donde existan adecuados artes y prácticas de pesca selectiva y ambientalmente segura, las mismas deberían ser reconocidas y debería asignárseles una prioridad al establecerse medidas de conservación y ordenación aplicables a las pesquerías. Los Estados y los usuarios de los ecosistemas acuáticos deberían reducir al mínimo el desperdicio de las capturas tanto de las especies que son el objeto de la pesca como de las que no lo son, de peces y otras especies así como los efectos sobre las especies asociadas o dependientes, la captura incidental de especies no utilizadas y de otros recursos vivos. (…)\n\n6.17 Los Estados deberían velar porque las instalaciones y equipos de pesca, así como todas las actividades pesqueras, ofrezcan condiciones de trabajo y de vidas seguras, sanas y justas y cumplan las normas internacionalmente acordadas adoptadas por las organizaciones internacionales pertinentes.\n\n6.18 Reconociendo la importante contribución de la pesca artesanal y en pequeña escala al empleo, los ingresos y la seguridad alimentaria, los Estados deberían proteger apropiadamente el derecho de los trabajadores y pescadores, especialmente aquellos que se dedican a la pesca de subsistencia, artesanal y en pequeña escala, a un sustento seguro y justo, y proporcionar acceso preferencial, cuando proceda, a los recursos pesqueros que explotan tradicionalmente así como a las zonas tradicionales de pesca en las aguas de su jurisdicción nacional.\n\n6.19 Los Estados deberían considerar a la acuicultura, incluidas las pesquerías basadas en el cultivo, como una forma de promover una diversificación en el ingreso y la dieta. Al hacerlo, los Estados deberían velar por que los recursos sean usados de forma responsable y los impactos adversos sobre el ambiente y las comunidades locales sean minimizados.\"\n\nSe debe resaltar que los contenidos de este Código de conducta suponen un paso trascendental en la protección de los recursos marinos vivos, al introducir la noción de responsabilidad en la pesca y, por tanto, la obligación para todos los Estados de responder por el cumplimiento de esa obligación.\n\nAprobado por la Reunión de Ministros Competentes de las Actividades Pesqueras y Acuícolas del Istmo Centroamericano, integrantes de OPESCA (Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano,  del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) mediante Resolución número cuatro: Reglamento OSP-04-11 relativo al Código de Ética para la Pesca y Acuicultura Responsable en los Estados del Istmo Centroamericano, suscrita en San Salvador el 27 de abril de 2011, vigente a partir del 01 de julio de 2011.\n\nEn los considerando del Código se expresa que el objetivo es garantizar “la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas”, para ello se fundan en los principios de “precaución y prevención” contenidos en el ordenamiento jurídico de los Estados Centroamericanos y en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y complementariamente en las disposiciones de la Alianza para el desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALDES); los objetivos de la Cumbre del Milenio; la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.\n\nAhora bien, respecto del Istmo Centroamericano existe norma especial: el Código de Ética para la Pesca y Acuicultura Responsable en los Estados del Istmo Centroamericano, instrumento ciertamente de aplicación voluntaria para los Estados Parte, según lo dispone el artículo 1, pero que sin duda constituye un marco jurídico de referencia relevante en virtud de su incidencia en una adecuada protección al ambiente. El Código alcanza a los Estados Parte del SICA, las organizaciones pertinentes del SICA y las personas físicas y jurídicas que desarrollan las actividades y procesos de la pesca y acuicultura (art. 2). El ámbito espacial de aplicación se extiende a toda zona territorial o marítima, donde los Estados Parte ejerzan soberanía o jurisdicción. El ámbito material se circunscribe a la conservación, ordenación y desarrollo sostenible de las pesquerías, cultivo y reproducción de especies de uso acuícola en todas sus fases, incluyendo la extracción, transformación, procesamiento, comercio interno y externo de productos pesqueros y acuícolas hasta llegar al consumidor final, así como la investigación científica y tecnológica y las medidas de sanidad e inocuidad (art. 3). Tiene por finalidad “Establecer, promover, inculcar y divulgar valores, conductas y principios éticos y morales que propicien el manejo, aprovechamiento y utilización sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.”  El artículo 6 enumera los valores, conductas y principios éticos morales que informan la actividad pesquera en el Istmo Centroamericano, en lo que interesa expresa:\n\n“6.1. Reconocer el valor de los conocimientos y prácticas tradicionales de los pescadores artesanales y las comunidades  indígenas que propicien la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas.\n\n6.2. Realizar las actividades de la pesca y la acuicultura de manera responsable, garantizando  la  sostenibilidad  y disponibilidad, para las generaciones actuales y futuras, de los recursos pesqueros y acuícolas.\n\n6.3. Promover acciones y actividades alternativas en el sector pesquero y acuícola, que contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional, la protección y el acceso a la biodiversidad, la reducción de la pobreza y las metas que se ha fijado la región en ALIDES, los Objetivos de la Cumbre del Milenio, así como el Código de Conducta para la Pesca Responsable de FAO (…)\n\n6.5. Cooperar en el marco de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera, de las cuales participen los Estados del Istmo Centroamericano.\n\n6.6. Promover el respeto a las leyes nacionales, a las normativas centroamericanas y al derecho internacional aplicable, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Convenciones pertinentes de la OIT en las que los Estados sean Parte (…)\n\n6.10.  Promover sistemas de protección de los ecosistemas, incluyendo las medidas necesarias para prevenir la contaminación y combatir los efectos negativos del cambio climático en las actividades de la pesca y acuicultura.\n\n6.11. Promover la elaboración y utilización de artes, aparejos, métodos de pesca que protejan el hábitat marino y disminuyan la pesca incidental, así como sistemas de producción de acuicultura, que garanticen el desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas (…)\n\n6.13.  Los principios contenidos en la Política de Integración de  Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano, dentro de  los que se destacan: La Sostenibilidad, la Precaución, la Integración Centroamericana, la Responsabilidad Regional, la Participación Ciudadana, la Solidaridad Regional y la Buena Vecindad (…).” (El subrayado no es del original)\n\nDel artículo 6 se infieren los siguientes principios centrales de la Pesca y Acuicultura en los Estados del Istmo Centroamericano: el principio de desarrollo sostenible y más específicamente el principio de desarrollo sostenible democrático, los principios de prevención y precaución, el principio de solidaridad y de justicia social, y el principio de responsabilidad en la actividad pesquera y de acuicultura. En virtud del primero, le corresponde a Costa Rica (actividad pública y privada relacionada con la Pesca) entre otras acciones, utilizar las artes o métodos de pesca que permitan aprovechar racionalmente los recursos marinos presentes, sin comprometer el pleno desarrollo de las generaciones futuras. Para lograrlo, deben hacer uso de los principios precautorio y preventivo, en aras de los cuales se tiende a disminuir o incluso eliminar el riesgo que para el logro de ese objetivo pueda ocasionar una actividad económica como la pesca del camarón por arrastre; para ello, deben atender a los conocimientos científicos disponibles y en caso de ausencia, considerar las medidas precautorias necesarias para garantizar a las generaciones futuras el pleno desarrollo. En la realización de esta actividad económica se tiene que tener presente la erradicación de la pobreza, por tanto la distribución justa del ingreso proveniente de la actividad, la eliminación de discriminaciones fundadas en el género, y la generación de empleo decente donde se garantice la calidad de vida del sector (principio de solidaridad y justicia social). La unión del primero y del tercer principio, es lo que esta Sala denomina “principio del desarrollo sostenible democrático”, a partir cual no solo se trata de garantizar el aprovechamiento de los recursos existentes por las presentes generaciones, y de asegurar la subsistencia de las futuras, sino que para lograrlo, también se debe asegurar que el acceso a esos recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas relacionadas con la pesca y acuicultura se distribuya equitativamente en la Sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el progreso solidario de las familias que componen ese sector social y productivo. La responsabilidad es el principio que garantiza la efectiva aplicación de los otros.\n\nEstas obligaciones derivadas de los principios que informan los instrumentos del Derecho Internacional sobre el Mar y el Ambiente y del Derecho Comunitario no solo son de aplicación por las Administraciones Públicas o por los particulares como en este caso, también informan la actividad del juez constitucional a la luz de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: “La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional y Comunitario vigente en la República…”.\n\nEn definitiva, confrontando las normas impugnadas con los principios expuestos del derecho internacional y comunitario, se observa una flagrante violación, toda vez que la pesca del camarón con redes de arrastre en el contexto actual costarricense, causa serios daños al ecosistema marino, pone en grave riesgo la existencia y reproducción de especies comerciables y del propio camarón, y atenta contra la supervivencia del sector pesquero artesanal socialmente vulnerable.\n\nMientras el arte de pesca de camarón por arrastre no cuente con dispositivos “eficientes” para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con los que salvan a las tortugas), esa técnica será contraria a los principios y contenidos de ambos Códigos de Ética, especialmente a los establecidos en el artículo 6 de ambos instrumentos, relacionados con la conservación y ordenación efectiva de los recursos acuáticos vivos, el mantenimiento de la diversidad, el desarrollo sostenible y la adopción de un enfoque ecosistémico, que tenga en cuenta las relaciones inter-especies evitar la sobreexplotación, la sobrecapitalización y la aplicación del enfoque precautorio, la obligación del uso de artes selectivas que no dañen el ambiente, la protección y rehabilitación de los hábitat críticos para la pesca.\n\nLos Códigos de Ética en cuestión refieren a formas de “proteger, conservar y explotar” “los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo” marino, a los que también aludo el ordinal 6 constitucional, razón por la cual las normas y principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO sirven para la interpretación de la norma constitucional, máxime que su contenido concuerda con los principios del Derecho Internacional del Mar y el Derecho Internacional Ambiental y del Derecho Comunitario, incorporados a nuestro ordenamiento por el Derecho de la Constitución, lo que fomenta la pesca responsable y la protección al ambiente marino.\n\nDentro de este marco de principios recogidos por los instrumentos internacionales, tanto del Derecho del Mar como del Derecho Ambiental y Comunitario, es que debe leerse la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. En el artículo 1, este cuerpo legal dispone:\n\n“La presente Ley tiene por objeto fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas, correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas. Se garantizan la conservación, la protección y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y aptos que aseguren su permanencia para el uso de las generaciones actuales y futuras y para las relaciones entre los diversos sujetos o agentes vinculados con la actividad.”\n\nDestaca el sometimiento de la actividad económica de marras a principios ambientales, que específicamente garantizan la conservación, la protección y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, para cuyo efecto se deben utilizar “métodos adecuados y aptos” que garanticen la permanencia de las generaciones actuales y futuras.\n\nLamentablemente, no todas las normas y técnicas, métodos o artes de pesca satisfacen esas exigencias ambientales internacionales y constitucionales. Algunas actividades legalmente protegidas siguen ancladas a épocas y principios anteriores, todavía divorciados de los principios del Derecho Ambiental. Un ejemplo de ello es el arte de pesca de camarón con redes de arrastre que no cuenta con dispositivos “eficientes” para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con los que salvan a las tortugas). La Sala observa como ciertas técnicas, artes o prácticas de pesca, válidas a la luz de otra cultura jurídica y fines sociales, quienes las utilizan y practican no han sabido adaptarse al tenor de los nuevos tiempos y se han quedado anclados en el pasado. Preocupa que el Estado y sus instituciones con mayor conocimiento de los avances jurídicos internacionales, no hayan ajustado sus programas y políticas a esos nuevos principios y, en virtud de ellos, hubieran fomentado la reconversión de estos sectores productivos para adaptarlos a técnicas selectivas compatibles con el Derecho Internacional y el Derecho de la Constitución.\n\nEn el expediente se citan estudios de organismos internacionales como la FAO, así como estudios de instituciones universitarias y de investigadores nacionales ligados a la academia, que ponen de manifiesto el daño que la pesca de camarón con redes de arrastre ocasiona al ecosistema marino.\n\nPor ejemplo, en un estudio del año 2011 realizado por la Unidad de Investigación Pesquera y Acuicultura de la Universidad de Costa Rica, se determinó que la pesca de camarón con red de arrastre pone en peligro los hábitat de tiburones y rayas, por lo que se emitió la siguiente recomendación: \"Se recomienda la protección de los hábitat esenciales identificados para tiburones y rayas en este estudio. El sitio de mayor prioridad fue la zona entre la desembocadura de los ríos Térraba y Sierpe y la Isla del Caño. Por tanto, se recomienda prohibir la pesca de arrastre entre esta zona y el Parque Nacional Marino Ballena.”\n\nDe otro lado, en un estudio reciente de la FAO, denominado “Estudio Mundial sobre las Pesquerías del Camarón” (Roma, 2010), este organismo de las Naciones Unidas pone de manifiesto los múltiples daños que la pesca del camarón con redes de arrastre causa al lecho marino, el ecosistema, la economía y la vida social de las costas. Sobre el particular, la FAO resalta:\n\n“Efectos sobre las especies consideradas singularmente. Si junto con las capturas incidentales del camarón se remueve una gran proporción de la abundancia de individuos de una determinada especie, el efecto resultante es el mismo que si esa especie fuese la buscada. Más allá de un cierto nivel de remoción, aquella especie puede verse amenazada. Por ejemplo, en los decenios de 1980 y 1990, se reconoció que las capturas incidentales de pargos juveniles en la pesca de arrastre del camarón en el Golfo de México eran la causa de que el pargo, especie comercialmente valiosa, no consiguiera recuperase de los efectos de las obre pesca (Casvorbi, 2004b). Los tiburones y rayas son especies asociadas comunes en la captura de arrastre del camarón y particularmente vulnerables.\n\n.Efectos sobre especies en peligro. El efecto antes descrito es muy preocupante cuando una especie que ya está en peligro es objeto de pesca o es amenazada por la contaminación o la destrucción de las playas de anidamiento. La mortalidad de las tortugas en las redes camaroneras es un fenómeno bien conocido (véase a continuación la sección, «Problemas relacionados con las capturas incidentales en la pesca de arrastre del camarón en aguas templadas»), pero otras especies amenazadas o carismáticas, como los delfines, caballitos de mar, dugones, albatros y pingüinos6, también sufren impactos.\n\n.Efectos en el ecosistema. Si de resultas de las capturas incidentales la abundancia de las especies clave llegase a sufrir merma, la cadena alimentaria podría alterarse de forma grave e impredecible. La intensidad de este impacto sería análoga, ya sea que la remoción fuese producto de la captura objetivo o de capturas incidentales (...)\n\n.Repercusiones en las aves necrófagas. Se sabe que las aves marinas y delfines consumen el pescado que es descartado en la pesca del camarón; el índice de reproducción de estos animales puede por consiguiente aumentar, pero también puede ocurrir que los animales se vuelvan dependientes de los descartes o sufran heridas al agarrar las piezas.\n\n.Descomposición de los descartes. Las repercusiones que puedan tener los descartes en los deglutidores de detritus presentes en el fondo marino y en la fauna microbiana no son suficientemente conocidas. La comunidad bentónica puede verse afectada por el agotamiento del oxígeno que ocurre cuando los descartes se hunden en un fondo poco profundo en zonas litorales con escasas corrientes.\n\n.Conflictos causados por las capturas incidentales. Los descartes que tienen lugar en la pesca camaronera de arrastre en gran escala se componen de juveniles y adultos de especies importantes para las pesquerías en pequeña escala; y esto puede traducirse en una menor disponibilidad de dichos individuos para estas últimas pesquerías. La situación es motivo de particulares controversias.” (Pág. 54).\n\nEspecíficamente sobre el impacto de este tipo de arte de pesca, siguiendo a Johnson (2000), en el estudio se propone la siguiente categorización:\n\n• Alteraciones de la estructura física. Los efectos físicos de los artes de pesca pueden incluir el rascado y arado de la superficie marina, el enterramiento de montículos, el suavizado de las ondulaciones de la arena, la remoción de piedras o el dragado y volteado de rocas, la eliminación de los taxones que producen organismos estructurados, y la remoción o trituración de la vegetación acuática sumergida.\n\n• Suspensión de sedimentos. La resuspensión de los sedimentos es consecuencia del arrastre de los artes por el fondo marino. Los efectos de la suspensión de sedimentos pueden incluir: la reducción de la luz disponible para los organismos fotosintéticos; el enterramiento de la biota bentónica; el recubrimiento de las áreas de puesta; y efectos negativos sobre la tasa de nutrición y la tasa metabólica de los organismos.\n\n• Alteraciones químicas. Los artes de pesca pueden determinar cambios en la composición química tanto de los sedimentos como de la masa de las aguas superpuestas debido a la mezcla de sedimentos subterráneos con aguas intersticiales. Este proceso podría facilitar la movilización de las sustancias contaminantes.\n\n• Cambios en las comunidades bentónicas. Las comunidades bentónicas se ven afectadas por los artes de pesca debido a los daños que éstos causan al benton en la senda por donde transitan y a perturbaciones al lecho marino hasta una profundidad de 30 cm. Muchos animales epibentónicos son aplastados o enterrados, mientras que la infauna es excavada quedando expuesta sobre el lecho marino, habiendo ya a menudo sido dañada.\n\n• Cambios en el ecosistema. El uso de algunos tipos de artes de pesca puede afectar a la composición y hábitat de la comunidad bentónica. Es posible que, a nivel de la comunidad, estos cambios tengan a su vez consecuencias en las poblaciones cosechadas y en el ecosistema.” (Pág. 104).\n\nEn relación con las capturas incidentales y el descarte de especies de acompañamiento (FACA), la FAO arriba a la conclusión que la pesca de camarón por arrastre es la más dilapidadora del mundo y compara la pesca por arrastre a la tala rasa de un bosque:\n\n“Un estudio reciente de la FAO (Kelleher, 2005) ha mostrado que la pesquería del camarón de arrastre suele tener altas tasas de descartes que representan más del 27 por ciento del total estimado de los descartes de todas las pesquerías marinas mundiales, y equivalen a unos 1,8 millones de toneladas al año. La pesca de arrastre, incluida la del camarón, se ha comparado a la tala rasa de los bosques, y los despilfarros a que da lugar la señalan como la pesca más dilapidadora del mundo.” (Pág. 25).\n\nEntre las especies que la FAO señala como seriamente afectadas por la pesca incidental y el descarte están: jureles, pámpanos, salmonetes, lagartos, mojarras, barbudos, motambos dentudos, lenguados, rayas, truchas marinas y corvinas, bagres, pargos, macarelas, lenguas, roncos, barracudas, calamares, sepias, peces sables, agujetas, sardinas, anchoas, sábalos y meros (pág. 63). Concluye la FAO que los descartes comprenden mayoritariamente especies inmaduras de tamaños inferiores a 20 cm. y peso menor a 100g., con perjuicio incluso a la actividad comercial futura de muchas de esas especies.\n\nEn un estudio anterior (2006), la FAO había advertido de las consecuencias de la captura incidental por la pesca de camarón:\n\n“La captura de ejemplares jóvenes de especies cotizadas antes de que tengan oportunidad de reproducirse supone una amenaza para la salvaguarda de las reservas ícticas. Por otro lado, la eliminación a gran escala de peces capturados de forma accidental también amenaza la biodiversidad marina, con impacto sobre la productividad pesquera.”\n\nConcordante con las investigaciones de la FAO, múltiples estudios por país y zonales confirman los daños que las redes de arrastre ocasionan al ecosistema marino. En este sentido, el Instituto Nacional de Pesca de México determinó en un trabajo de junio de 2010 que:\n\n“El proceso de captura de camarón con el sistema de arrastre en el litoral del Océano Pacífico se caracteriza por el alto porcentaje de capturas incidentales denominada bycatch, con valores promedio de 89.2 %; así también, por el bajo nivel de captura de camarón, cuyo promedio global es de 9.9 %; el resto 0.9 % se registra como Fauna de Acompañamiento Fina o Comercial. Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias sustanciales por efecto de la zona de pesca y conforme avanza la temporada de pesca.” (Dictamen “Incorporación de aditamentos selectivos a las redes de arrastre camaroneras en el Océano pacifico mexicano”, junio, 2010).\n\nEn idéntico sentido, la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente del Ecuador describe los inconvenientes de la pesca de camarón con redes de arrastre en su país y menciona que a la pesca por arrastre se le denomina “la barrera de la muerte” por el daño que ocasiona a las demás especies marinas.\n\n“La flota arrastrera captura gran diversidad y cantidad de  fauna acompañante. Esto es un marcado problema para el mantenimiento de  los stocks de los peces demersales (e.g., corvina, róbalo, pargos, camotillos) por la reducción en el reclutamiento de juveniles y daños al fondo marino. Little & Herrera (1991) estimaron que entre Marzo y Noviembre de 1991 la flota camaronera capturó ca., 15700 t de pesca acompañante, de las cuales se descartó al mar el 75 %. A la pesca de arrastre se le ha denominado \"la barrera de la muerte\", porque captura todo lo que encuentran las redes en su camino.” (La pesquería de arrastre camaronero en Ecuador. Análisis situacional, 17 de febrero de 2012, Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Gestión Marina y Costera).\n\nEn ese mismo informe, el Ministerio de Ambiente de Ecuador hace mención a la lesión que la pesca por arrastre causa al fondo y ecosistema marinos.\n\n“Intervención del lecho marino. Cuando las pesadas redes y puertas son arrastradas a lo largo del lecho marino, todo en su paso es intervenido o destruido incluyendo pastos marinos, arrecifes, o lechos rocosos donde los peces se esconden de sus depredadores. Así como importantes alteraciones de las comunidades bentónicas.”\n\n“No sólo se ve afectada la macro fauna, sino que también existen organismos que son microscópicos, tales como bacterias, fitoplancton (algas microscópicas), zooplancton (estadios larvales de peces y otras especies marinas), y la meiofauna (pequeños invertebrados que habitan en el suelo oceánico) cuya importancia es el mantener el equilibrio ecológico encargándose del flujo de materia y energía en el ecosistema global mediante la remineralización de la materia orgánica y la regeneración de nutrientes. Este ecosistema en particular, es el más afectado directamente por la remoción del fondo marino a causa de las cadenas y redes de arrastre.”\n\nLos datos sobre descartes, menciona otro trabajo, son alarmantes:\n\n“En promedio 20 millones de toneladas de capturas de pesca marina son desechadas a nivel mundial cada año. Los pescadores prefieren desechar estas especies antes de guardarlas porque estas toman el espacio que puede ser usado por las más valiosas. La preocupación no es acerca de los desechos, sino de la conservación de individuos potencialmente sensibles” (Horsten y Kirkegaard, 2002).\n\nCosta Rica no es la excepción, los estudios demuestran que la fauna de acompañamiento que está siendo capturada por las redes de arrastre es también sexualmente inmadura, aspecto que confirma el propio INCOPESCA en su informe. A todas luces, esta técnica es incompatible con el desarrollo sostenible de los recursos marinos, está ocasionando problemas serios de agotamiento del recurso, a tal punto que citan estudios realizados por esa entidad en conjunto con la Universidad Nacional de Costa Rica, en los que se concluyó la necesidad de reducir las embarcaciones con redes de arrastre para permitir la recuperación gradual de la especies en el Golfo de Nicoya hasta alcanzar la sostenibilidad. Esa no es la única área afectada, el INCOPESCA ha tenido que excluir de la pesca ciertas zonas o áreas marinas en aras de su recuperación, por ejemplo, el Golfo Dulce, la desembocadura del río Tárcoles convertida en área de pesca responsable, al igual que las zonas de Palito y Montero en la Isla de Chira, Isla Caballos y Puerto Níspero, así como el área marina de San Juanillo Guanacaste.\n\nEn el “Estudio Mundial sobre las Pesquerías del Camarón” del 2010, la FAO menciona varias medidas de ordenación, algunas de ellas han sido ensayadas en un país y otras han sido implementadas por otros, tratando de ajustar, aunque por lo general con escaso éxito, las medidas a su situación particular. Entre las medidas se citan la imposición de límites de captura, reducción del esfuerzo de pesca, (restricción de la oferta), restringiendo o limitando el número de embarcaciones, elevando la tasa por concepto de licencia (restricciones de acceso), vedas temporales, aumento de la luz de malla, uso obligatorio de dispositivos para exclusión de especies en peligro de extinción, límites  a  la  captura  incidental de  ciertas especies, restricción en el uso de ciertos aparejos, proclamando áreas cerradas, los planes de zonificación (restricciones técnicas). También se han  lanzado campañas de concientización de los pescadores, planes nacionales de ordenación pesquera y planes específicos sobre la pesquería del camarón con el claro propósito de disminuir los efectos ambientales negativos que ocasiona la actividad.\n\nDado el impacto ambiental producido por la pesca por arrastre del camarón, la preocupación internacional por minimizarlos o reducirlos se incrementa, intentando una diversidad de medidas para lograrlo.\n\n“El impacto del arrastre efectuado por las redes camaroneras ha sido un tema de gran relevancia y preocupación en el ámbito internacional y nacional y se han hecho y se siguen haciendo diversos intentos para tratar de minimizar los impactos adversos.” (LÓPEZ MARTÍNEZ Juana y otros, Efectos ecológicos de la pesca de arrastre de camarón en el Golfo de California. Estado del arte de desarrollo tecnológico de las artes de pesca, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste)\n\nDentro de este esfuerzo también se encuentra Costa Rica. Las medidas enunciadas por la FAO se han venido ensayando en el ámbito nacional. El Presidente Ejecutivo del INCOPESCA cita la negativa a otorgar licencias de pesca en áreas protegidas o sujetas a regulaciones especiales, como por ejemplo áreas de parques nacionales marinos, monumentos naturales, reservas biológicas en todo el litoral pacífico costarricense, excluidos desde hace muchísimos años del área autorizada de pesca, y desde hace dos años toda la zona que comprende el Golfo Dulce; así como en las Áreas Marinas de pesca Responsable, como son las áreas de Palito y Montero de la Isla de Chira, Isla Caballo, Puerto Níspero. Igualmente refiere restricciones espaciales y temporales en el Área Marina de Pesca Responsable de Tárcoles y en el Área Marina Responsable de San Juanillo en Guanacaste. Las licencias están limitadas también por la veda adicional que se establece para el Golfo de Nicoya, veda temporal completa al menos por tres meses al año y que se extiende hasta la desembocadura del río Tempisque en Guanacaste. Los camaroneros con redes de arrastre están obligados para mantener su licencia, a portar y utilizar los dispositivos para la exclusión de la tortuga, exigidos primeramente por las autoridades de los Estados Unidos y luego por la reglamentación interna.\n\nTambién, en el marco de la cooperación internacional, el INCOPESCA participa en un estudio más amplio que elabora la FAO, denominado “Proyecto de reducción de los impactos ambientales de la pesca de arrastre del camarón tropical a través de la introducción de tecnologías para la reducción de pesca de descarte y cambio de manejo” del 2012, todavía en ejecución.\n\nSin embargo, son muy escasos los países donde las medidas de ordenación han dado resultado (Australia, por ejemplo), mientras que son más aquellos donde a pesar de las medidas, continúa la presencia de significativos problemas, como márgenes de captura incidental superiores al 50% -incluyendo la pesca de otras especies importantes- y el consecuente impacto ambiental (Estados Unidos, México, Kuwait, Nigeria, Madagascar, Trinidad y Tobago, etc.). Según la FAO “En muchos países, los fracasos en la ordenación son causados por la inoperancia de los organismos pesqueros, la carencia de voluntad política y un marco normativo inapropiado.” (Pág. 23 y problemas detectados en esos países en los capítulos específicos del citado estudio).\n\nCon respecto a Costa Rica, algunas autores afirman que a pesar de las medidas tomadas, la recuperación de las especies resulta difícil:\n\n“Curiosamente, un crucero de investigación llevado a cabo en marzo de 2011, cubriendo toda la costa pacífica de Costa Rica, reveló la presencia masiva de sifonóforos en las redes de arrastre que pescaban en profundidades entre los 150 y 350 metros. Este descubrimiento puede indicar cambios significantes en este ecosistema, donde la pesca de arrastre pudo haber eliminado comederos de filtros y detritos, aumentando la escasez de organismo que se alimentan de fitoplancton y nieve marina. Se especula que esa condición pudo favorecer el brote de sifonóforos observado en la costa pacífica de Costa Rica.” (Wehrtmann, I.; Nielsen-Muñoz, V. The deepwater fishery along the Pacific coast of Costa Rica, Central America. Latin American Journal of Aquatic Research, 37(3): 543-554, 2009, p. 507, traducción libre).\n\nEn igual sentido este mismo autor expresa:\n\n“Probablemente como consecuencia de la falta de regulaciones apropiadas de pesca, la pesca profunda está a punto de colapsar en Costa Rica (…). Sin embargo, aun si se implementaran planes de manejo, la falta de mecanismos eficientes de control parece ser un problema típico de los países en desarrollo.” (p. 526)\n\n“La situación de las tres especies de agua profunda comercialmente explotadas ( H. affinis ,  H. vicarius, and  S. agassizii ) es alarmante en Costa Rica. Actualmente, la pesca comercial de dos de los camarones pandálidos, H. affinis y H. vicarius, se ha detenido. Esto no ha sido producto de un adecuado y consecuente plan de manejo, sino que está relacionado a la casi completa desaparición de estos recursos en los actuales suelos pesqueros, lo que ha forzado al sector pesquero a seguir adelante con otros recursos o abandonar la pesca, provocando consecuencias sociales y económicas importantes.” (p. 551)\n\nOtros autores afirman que en Costa Rica, la pesquería de camarón es la que tiene el mayor volumen de captura incidental, lo que resulta concordante con los datos de la FAO, sobre este tipo de pesquerías a nivel mundial. Al respecto, Trujillo, P.; Cisneros-Montemayor y otros sostienen:\n\n“La pesquería de camarón tiene el mayor número de captura incidental de cualquier sector pesquero de Costa Rica. Dado el hecho de que la captura incidental en la pesca de arrastre de camarón de agua profunda se descarta completamente, es particularmente preocupante la cantidad de captura incidental relativa a los camarones. En 2008, por ejemplo, la captura anual de esta pesquería consistía en aproximadamente 5% del camarón meta (casi exclusivamente S. agassizzi), 55% estomatópodos y 40% pescado, descartándose los dos últimos”. (Trujillo, P.; Cisneros-Montemayor, A.; Harper, S.; Zeller, D. Reconstruction of Costa Rica’s marine fisheries catches (1950-2008). Working paper # 2012-03, Fisheries Centre, University of British Columbia. 2012, p. 6. Traducción libre).\n\nEn las conclusiones del estudio de Trujillo y otros, cuyo análisis llegó hasta el año 2008, se indicó que la pesca de arrastre de camarón había sido la fuente más significativa de la mortalidad por pesca en el ecosistema marino de Costa Rica. Más aún, la tendencia visible en aquel entonces, de pasar progresivamente de las aguas costeras poco profundas a las aguas profundas en alta mar sin que hubiera recuperaciones visibles en las poblaciones de camarón, evidenciaba que no había ningún lugar nuevo para ir. Ponen de manifiesto en dicho estudio, que el camarón de arrastre en Costa Rica era muy impopular entre los pescadores artesanales, no empleaba una gran cantidad de personas, había tenido impactos ambientales significativos sobre las poblaciones y los hábitat marinos, y había agotado las poblaciones de camarón al punto que su importancia comercial se veía comprometida. El estudio urgía a la reforma de la pesquería. (ver pág. 14).\n\nDado el fracaso prácticamente generalizado de las medidas de ordenación, varios países han optado por prohibiciones con diferente alcance, llegando incluso a la prohibición total de la actividad de pesca del camarón con redes de arrastre. Entre los países que ha implementado prohibiciones a la actividad se encuentran Indonesia, Hong Kong, Ecuador, Venezuela, Belice, Palaos; otros implementan prohibiciones solo en ciertas zonas, como Estados Unidos (costas de Hawai y Alaska, los Consejos de Administración Pesquera del Pacífico y Pacífico Norte de Estados como la Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur prohibieron la pesca de arrastre de fondo en más de 840.000 millas cuadradas de fondo marino en el Pacífico, Mar de Bering y el Ártico. California prohibió la pesca de arrastre de fondo de camarón a fin de reducir el descarte y aumentar la captura de camarones para los pescadores que utilizan equipo más selectivo; también el Consejo de Administración Pesquera del Pacífico Occidental prohibió la pesca de arrastre de fondo en 1.5 millones de millas cuadradas alrededor de Hawai y otras islas del pacífico en aguas estadounidenses. La pesca de arrastre de fondo también está prohibida en más de 330.000 millas cuadradas de las islas del pacífico, de Samoa a las Fosas de las Marianas, lo que se protege como monumento nacional.), Canadá, Brasil y Malasia. En similar sentido: Azores, Madeira y las Islas Canarias (La pesca de arrastre de fondo está prohibida en más de 500.000 millas cuadradas de aguas atlánticas que rodean las Islas Canarias, Madeira y las Azores); Nueva Zelanda (El gobierno de Nueva Zelanda prohibió la pesca de arrastre de fondo en grandes áreas de montes submarinos y respiraderos hidrotérmicos); Europa y África del Norte (La Comisión General Pesquera del Mediterráneo prohibió la pesca de arrastre de fondo en aproximadamente 630.000 millas cuadradas de aguas marinas profundas). (Sobre estos temas puede consultarse Stiler, M.; Stockbridge, J.; Lande, M.; Hirshfield, M. Impacts of Bottom Trawling on Fisheries, Tourism, and the Marine Environment. OCEANA, 2010).\n\nPor otra lado, el año pasado, la Comisión Europea presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de “Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones específicas aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas en el atlántico Nordeste y disposiciones relativas a la pesca en aguas internacionales del Atlántico Nordeste, y se deroga el Reglamento (CE) No. 2347/2002”. La Comisión recomienda la paulatina erradicación de las artes de arrastre de fondo debido al impacto destructivo que causan: “A fin de reducir el impacto destructivo que tiene en el ecosistema marino, debe erradicarse paulatinamente la utilización de redes de arrastre de fondo en esta pesquería, pues son las que más daño ocasionan a los ecosistemas marinos vulnerables, además de generar elevados niveles de capturas no deseadas de especies de aguas profundas. Las restricciones transitorias para las redes de enmalle de fondo en las pesquerías por debajo de los 600 m de profundidad y en la franja batimétrica comprendida entre los 200 y los 600 m deben complementarse con la prohibición de la pesca dirigida a las especies de aguas profundas.” “De entre los distintos artes de pesca utilizados en la pesca en aguas profundas, las redes de arrastre de fondo son las que representan el mayor riesgo para los ecosistemas marinos vulnerables y generan los mayores porcentajes de capturas no deseadas de especies de aguas profundas. Por consiguiente, las redes de arrastre de fondo deben prohibirse permanentemente en la pesca dirigida a especies de aguas profundas.” En consecuencia propone: “Las autorizaciones de pesca mencionadas en el artículo 4, apartado 1, para buques que utilicen redes de arrastre de fondo o redes de enmalle de fondo expirarán, a más tardar, dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento. Después de esa fecha, ya no se expedirán ni renovarán las autorizaciones de pesca dirigida a especies de aguas profundas con utilización de esos artes.” (Art. 9). Las recomendaciones tienen por objetivo “garantizar la explotación sostenible de las especies de aguas profundas, minimizando al mismo tiempo el impacto en el ambiente marino…” (art. 1 inciso a). Se funda para ello en que: “Las medidas adoptadas hasta ahora no han resultado eficaces para resolver los problemas principales de la pesquería, a saber: 1) la gran vulnerabilidad a la pesca de estas poblaciones; muchas de ellas únicamente pueden soportar una presión pesquera baja a lo largo de un periodo más prolongado, lo que no resulta viable económicamente; 2) las redes de arrastre de fondo son el arte que representa el mayor riesgo de destrucción, como consecuencia de la pesca, de ecosistemas marinos vulnerables e insustituibles; se desconoce el alcance de la destrucción que ya se ha producido; 3) la pesca de especies de aguas profundas con artes de arrastre genera unos niveles altos de capturas no deseadas de especies de aguas profundas (en promedio, entre el 20 y el 40 % en peso, con picos individuales muy superiores); 4)  la determinación, sobre la base de los dictámenes científicos, del nivel sostenible de la presión pesquera resulta especialmente difícil.” Estas medidas se sugieren y en el propio preámbulo del Reglamento se reconoce la insuficiencia del conocimiento sobre el tema regulado: “Es probable que los datos biológicos de los estudios científicos sigan siendo insuficientes en los próximos años para permitir que se realice una evaluación analítica completa de las poblaciones.” De manera que aun en países desarrollados se han tenido que tomar medidas contundentes contra el arte de pesca por arrastre, todo lo cual haya pleno sustento en los principios precautorio y preventivo.\n\nLa FAO en el Estudio del año 2010, de reiterada cita, comenta la experiencia de Indonesia, país que padecía un fuerte conflicto social entre la flota industrial y semiindustrial con los pescadores artesanales que se fue agravando en la década de los 70. Para mitigarlo se establecieron limitaciones y regulaciones intensas, que no dieron el resultado esperado al punto que surgieron conflictos con pérdida de vidas humanas. Esto llevó a Indonesia a la prohibición total de la pesca por arrastre desde 1980.  Como consecuencia de tal prohibición, en un inicio Indonesia perdió 25 mil empleos y dejó de percibir más de 13 millones de dólares anuales por concepto de ingresos generados por la actividad. Empero, el gobierno de ese país implementó programas de ayuda a la pesca artesanal, la cual se encargó de suplir el vacío dejado por las grandes embarcaciones tanto en empleo como en divisas.\n\n“Pareciera que una lección importante sacada de la prohibición de la pesca de arrastre impuesta en Indonesia ha sido que las regulaciones que limitan el acceso a los arrastreros a ciertas zonas son mucho más difíciles de imponer que las vedas totales, cuyo cumplimiento en algunos pocos puertos pesqueros puede ser controlado por las autoridades costeras. Una prohibición del uso de los aparejos de pesca es factible, pero su implantación requiere gran voluntad política. Ningún otro país ha demostrado una determinación o facultad comparables a la de Indonesia para reasignar a los pequeños pescadores el acceso a un recurso importante. La segunda lección aprendida es que las poblaciones demersales en los trópicos parecieran tener la capacidad de reconstituirse tras haber sido sobreexplotadas. La tercera lección es que la eliminación de los arrastreros no significa necesariamente que a largo plazo los desembarques o las exportaciones hayan de declinar. Los pequeños pescadores que utilizan unos artes relativamente simples son igualmente duchos que los pescadores de arrastre en aprovechar plenamente los recursos demersales. Esta habilidad es, por cierto, una espada de doble filo, ya que no se conseguirá poner orden en los recursos eliminando los arrastreros. La necesidad de que el desarrollo rural y nacional atraiga mano de obra y capital, desviándolos del sector de la pesca, sigue en pie.” Fuente: Bailey, 1997. (FAO, 2010, p. 130).\n\nLa prohibición de la pesca del camarón por arrastre en Indonesia llevó al desarrollo de la pesca artesanal, que hoy representa el 95% de los desembarques en este campo. El consumidor no fue desatendido en el mediano plazo, mejoró la distribución del ingreso, se redujeron los conflictos sociales y se protegió mejor el ambiente, aunque señalan como factores determinantes la voluntad política, la implementación de políticas públicas dirigidas a los pescadores artesanales, y el fortalecimiento de las instituciones de vigilancia, requisitos ineludibles para alcanzar el éxito y evitar que prácticas antiguas se introduzcan a través de la flota artesanal.\n\n“Las pesquerías en pequeña escala son sumamente importantes en Indonesia. Alrededor del 94,6 por ciento de los desembarques marinos totales son realizados por pescadores que pescan en zonas costeras utilizando líneas, trampas, chinchorros de playa o redes elevadoras, con cañas y  líneas, con curricanes y redes de enmalle pequeñas para atún y  peces  pelágicos  menudos  (Flewwelling  y  Hosch,  2004a).” (Pág. 272 Estudio de la FAO)\n\nComo se indicó supra, varios países han seguido el camino de la prohibición de la pesca del camarón con redes de arrastre.\n\nEl Ministerio del Ambiente de Ecuador, después de un análisis situacional sobre la pesquería de arrastre camaronero en ese país (17 de febrero de 2012), concluyó:\n\n“A nivel mundial, y no solo en Ecuador, se ha demostrado que la Pesca de Arrastre de Camarón:\n\n- Es un tipo de pesca no selectiva, es decir atrapa todo por donde pasa sin considerar especie, tamaño.\n\n- Produce grandes cantidades de descarte (75%), que incluye peces de  tamaño no comercial o juveniles que no alcanzaran edad reproductiva, es decir se desperdicia una gran cantidad de individuos de especies no comerciales e individuos juveniles de especies comerciales que afectan a otras pesquerías. Causa conflictos con otros sectores pesqueros nacionales.\n\n- Las capturas de camarón blanco, rojo y café presenta un gran porcentaje de camarones juveniles o solo  juveniles (Rojo y Café) en sus capturas, indicación que la pesca no es sostenible.\n\n- Ingresa dentro de las Áreas Protegidas y dentro la milla de protección de forma Ilegal a realizar sus actividades de pesca,  de  lo cual existen los informes pertinentes.”\n\nConforme a las conclusiones sobre la situación antedichas, se emitió la siguiente recomendación:\n\n“Por lo expuesto, el Ministerio del Ambiente recomienda que se viabilice la actual propuesta de prohibir la Pesca de Arrastre de Camarón”\n\nDe la literatura consultada se desprende un mayor consenso de diversas organizaciones internacionales, universidades, institutos de investigación, sociedad civil y científicos sobre la necesidad de prohibir la pesca con redes de arrastre por los graves daños que causa al ecosistema, la reproducción de las especies, la sostenibilidad del recurso marino y las relaciones sociales entre pescadores. El daño que estas artes de pesca causan al ambiente está fehacientemente comprobado. Estamos en presencia de un arte de pesca no selectivo que arrasa con todo lo que encuentra a su paso, capturando múltiples especies que no son objetivo de la pesca, afectando la reproducción de múltiples especies merced a una pesca incidental cargada de especies inmaduras, y causando daños severos en el fondo marino. Señala la FAO:\n\n\"La pesca del camarón ocupa un lugar de excepción por la cantidad de controversias que ha podido generar. Un estudio reciente de la FAO (Kelleher, 2005) ha mostrado que la pesquería del camarón de arrastre suele tener altas tasas de descartes que representan más del 27 por ciento del total estimado de los descartes de todas las pesquerías marinas mundiales, y equivalen a unos 1,8 millones de toneladas al año. La pesca de arrastre, incluida la del camarón, se ha comparado a la tala rasa de los bosques, y los despilfarros a que da lugar la señalan como la pesca más dilapidadora del mundo. Garcia (1989) observa que, en las zonas tropicales, las pesquerías del camarón son las que hacen brotar el mayor número de conflictos y problemas.\"\n\nEn consecuencia, la pesca de camarón con redes de arrastre, mientras no se cuenta con dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con lo que salvan a las tortugas), se opone a los principios consagrados en los instrumentos internacionales sobre los recursos marinos, aplicables en nuestro medio de forma directa al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 como ya se dijo, sin perjuicio de la aplicación supletoria y subsidiaria del artículo 7 constitucional. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, los principios del Derecho Internacional se aplican directamente, de manera que los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) de la Ley 8436 de 1º de marzo de 2005, en cuanto reconoce como lícita el arte de pesca de camarón con redes de arrastre, resultan violatorios de esta norma constitucional y de los principios del Derecho Internacional sobre la materia que la norma reconoce y que exigen la adopción de técnicas de pesca selectivas, la conservación del recurso y ecosistemas marinos, prohíben la sobreexplotación e imponen la aplicación de principios de técnicas y prácticas de pesca y comerciales acordes con la sostenibilidad de recurso y los principios precautorio y preventivo propios del Derecho Ambiental, entre ellos: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar de 1982, la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, La Convención sobre Diversidad Biológica y la Declaración de Río.\n\n6.2.- Violación del artículo 21 constitucional y los derechos a la vida y la salud. El numeral expresa: “La vida humana es inviolable”. De esta norma, la Sala ha derivado el derecho a la salud, como derecho conexo:\n\n“...si bien nuestra Constitución Política no contempla en forma expresa ese derecho -aunque sí se preocupa de regular expresamente los aspectos con ella relacionados, catalogados como parte de los derechos constitucionales sociales, como el derecho a la seguridad social-, no se puede negar su existencia, por ser derivado directo del derecho a la vida protegido en el artículo 21 de nuestra Constitución, ya que éste -el derecho a la vida- es la razón de ser y explicación última del derecho a la salud. La conexión existente entre ambos es innegable, el derecho a la salud tiene como propósito fundamental hacer efectivo el derecho a la vida, porque éste no protege únicamente la existencia biológica de la persona, sino también los demás aspectos que de ella se derivan. Se dice con razón, que el ser humano es el único ser de la naturaleza con conducta teleológica, porque vive de acuerdo a sus ideas, fines y aspiraciones espirituales, en esa condición de ser cultural radica la explicación sobre la necesaria protección que, en un mundo civilizado, se le debe otorgar a su derecho a la vida en toda su extensión, en consecuencia a una vida sana. Si dentro de las extensiones que tiene éste derecho está, como se explicó, el derecho a la salud o de atención a la salud ello incluye el deber del Estado de garantizar la prevención y tratamiento de las enfermedades\" (sentencia No. 6061-96)” Sentencia de la Sala Constitucional No. 2001-927.\n\n\n\n\nEl INCOPESCA estima que la interpretación del artículo 21 constitucional a la luz del caso concreto es distinta a la que hacen los accionantes, toda vez que las embarcaciones de camarón traen alimento a la mesa de los costarricenses y por medio de la alimentación contribuyen a la vida humana.\n\nSin embargo, la Sala entiende que no basta traer alimento a la mesa y contribuir con la alimentación de la población para que una actividad sea conforme al derecho a la vida, la salud y el ambiente; además, se requiere que la actividad sea en sí misma respetuosa de la vida y contribuya a la subsistencia, alimentación y salud de la población tanto en el presente como en el futuro, de lo contrario la actividad en cuestión compromete la seguridad alimentaria de las nuevas generaciones.\n\nEn ese sentido, la pesca de camarón con redes de arrastre deviene violatoria de los derechos a la vida y la salud consagrados en el ordinal 21 constitucional, toda vez que la evidencia científica, aportada por los organismos internacionales encargados de la materia y los órganos de investigación universitarios, demuestra que esa técnica no selectiva compromete los ecosistemas marinos, la sostenibilidad del recurso marino y atenta directamente contra la seguridad alimentaria de la población y su supervivencia futura, razón por la que debe ser declarada inconstitucional mientras no se cuenta con dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con los que salvan a las tortugas).\n\n6.3.- Violación del artículo 50 constitucional, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el desarrollo sostenible y la justa distribución de la riqueza. Los accionantes invocan la violación de la norma y principios contenidos en el artículo 50 constitucional.\n\n\"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”\n\nLa vida humana solo es posible en solidaridad con la naturaleza. El artículo 50 reconoce un modelo de desarrollo económico y social absolutamente respetuoso y coherente con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, la Sala Constitucional ha dicho en su jurisprudencia:\n\n“La accionante invoca la violación del principio constitucional de desarrollo sostenible derivado del artículo 50 de la Carta Magna (…) Para la Sala no es casualidad que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se haya regulado en el artículo 50 constitucional, numeral que le otorga al legislador las potestades para la organización y estímulo de la producción y para el más adecuado reparto de la riqueza, potestades que de conformidad con la norma deben ser ejercidas en procura de un fin definido constitucionalmente: el mayor bienestar de todos los habitantes. Dentro del término “mayor bienestar” encontramos no solo una política orientada a un mayor desarrollo económico, sino también una política redistributiva, dirigida a lograr la distribución de la riqueza producto de la cooperación social. Tanto la una como la otra, deben realizarse con absoluto respeto al equilibrio ecológico y la sanidad ambiental, sólo así, la vida y toda actividad humana serán posibles. En ese sentido, el principio 8 de la Declaración de Río de 1992, establece que “Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas” (Sentencia de la Sala Constitucional No. 1594-2013)\n\nAl amparo de lo dispuesto en el numeral 50 constitucional, la jurisprudencia de la Sala y el Derecho Internacional Ambiental, es obligación imperativa del Estado reducir o eliminar toda modalidad de producción que atente contra el desarrollo sostenible.\n\nSiguiendo ese orden de ideas, la Declaración de Río de Janeiro (1992), dispone:\n\n“Principio 1.- Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza (…) Principio 3.- El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras; Principio 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. (…) Principio 8. Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras. (…) Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución…”\n\nUno de los elementos esenciales para el desarrollo sostenible es la prevención. Los daños ambientales son de difícil o imposible reparación. De esta forma, en caso de que exista certeza acerca de un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente, se deben adoptar medidas de prevención, que incluso pueden significar la prohibición de una actividad comercial, toda vez que en materia ambiental resulta ineficaz la coacción a posteriori, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables o de muy difícil reparación. Esas también son formas de cumplimiento del Estado de los deberes de defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 50 constitucional.\n\n“V.- El deber del Estado en la tutela del ambiente. A partir de la reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 21, 69 y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho.”(Sentencia 2013-008341 de las 9:10 horas del 21 de junio de 2013).\n\nEn el marco del ordinal 50 de la Constitución Política destaca la relación entre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el desarrollo sostenible. Conforme lo dispone el principio 8 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, es deber de los Estados para alcanzar ese nivel de desarrollo y calidad de vida “…reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles...” De ahí que la pesca de camarón con redes de arrastre sea contraria al principio de desarrollo sostenible, toda vez que el deterioro del ecosistema marino que causa, resulta superior a su regeneración, lo que pone en grave riesgo la seguridad alimentaria de las generaciones futuras. Queda demostrado en el expediente que este arte de pesca no selectivo captura indiscriminadamente enormes cantidades de especies que no son objeto de la pesca que luego son desechadas y devueltas al mar. En el caso de Costa Rica, la mayoría de esas especies son sexualmente inmaduras, impidiendo la reproducción de las especies marinas. Del informe del INCOPESCA se deduce que esta técnica, mientras que no cuente con dispositivos “eficientes” para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con los que salvan a las tortugas), es incompatible con el desarrollo sostenible de los recursos marinos. Estudios realizados por esa dependencia en conjunto con la Universidad Nacional concluyen en la necesidad de reducir las embarcaciones con redes de arrastre para permitir la recuperación gradual de la especies en el Golfo de Nicoya hasta alcanzar la sostenibilidad. En igual sentido, informan acerca de cómo han venido estableciendo zonas o áreas excluidas de este tipo de pesca para permitir su recuperación. El mismo informe expresa claramente que la captura de la llamada fauna de acompañamiento se debe a que el arte de pesca no es selectivo. Informa el INCOPESCA que la FAO ha apoyado a pescadores de camarón de redes de arrastre, pescadores artesanales locales y a organizaciones de pescadores de diversos países para introducir diferentes tecnologías selectivas para reducir la pesca de descarte, expresa en el informe que la FAO está impulsando proyectos y nuevas regulaciones tendientes a “reducir de la pesca de descarte…sin menos peces jóvenes y especies no deseadas son capturados sin intención, pueden dejarse madurar para el beneficio del pescador, su sustento y para millones de personas en países en desarrollo…” (Proyecto de “reducción de los impactos ambientales de la pesca de arrastre del camarón tropical a través de la introducción de tecnologías para la reducción de pesca de descarte y cambio de manejo” 2012). El INCOPESCA también acepta que la pesca de arrastre genera captura de especies juveniles. Por consiguiente, se observa que organismos internacionales, universidades e investigadores privados concuerdan con que el arte de pesca por arrastre constituye una técnica no selectiva que ocasiona grave daño al ecosistema marino, la sostenibilidad de los recursos marinos y, con ello, a la seguridad alimentaria y economía de subsistencia de los habitantes de las costas que pescan artesanalmente. Con respecto a esto último, resulta de utilidad extender el concepto de \"desarrollo sostenible\", que tiene asidero en el artículo 50 constitucional, al de “desarrollo sostenible democrático”.\n\nEn efecto, hasta ahora, al tratar temas ecológicos, usualmente se hace énfasis en la escasez de los recursos naturales, la necesidad de reducir el consumo de los recursos no renovables, el aumento la producción de los renovables, y el manejo de los desechos contaminantes producidos por la sociedad. De ahí que el término que se mantuvo en boga durante las últimas décadas fue el de desarrollo sostenible, que se centra en el manejo de las variables anteriormente citadas y otras más, a fin de propiciar un desarrollo que no riña con el ambiente. El concepto hasta entonces elaborado abarcaba un componente ambiental -la protección del ambiente-, uno económico -el desarrollo económico basado en la explotación sustentable del ambiente-, y uno social –se consideraba que el desarrollo económico y la conservación del ambiente conllevaban automáticamente el bienestar social. Sin embargo, el énfasis del concepto “desarrollo sostenible” se centraba en los primeros dos elementos, el económico y el ambiental. El tercero, como se dijo, era una consecuencia casi natural de los dos anteriores. En años más recientes, la evolución del término de desarrollo sostenible ha llevado a poner nuevamente énfasis en el elemento social que se encuentra en él y que, en el fondo, viene a servir de contrapeso al elemento económico predominante hasta hoy. No se pretende afirmar que el elemento social sea un avance novedoso del término desarrollo sostenible. Por el contrario, se puede apreciar que ese ha sido un factor que constantemente ha estado presente en la discusión, pero que ha sido relegado en la práctica a un segundo plano ante la preponderancia de los otros elementos citados. Así, por ejemplo, el informe rendido en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ante las Naciones Unidas señaló que el desarrollo sostenible implica satisfacer las necesidades básicas de todas las personas y proveer a todos de la oportunidad de aspirar a una mejor vida, pues un mundo en el que la pobreza sea endémica será siempre propenso a catástrofes ecológicas y de otro tipo. La satisfacción de las necesidades básicas -nos dice el informe- significa no solo una nueva era de crecimiento económico, sino también asegurarles a las personas en pobreza que van a obtener una parte justa de los recursos requeridos para mantener el crecimiento.\n\nEl elemento social del desarrollo sostenible se verifica también en el componente de justicia social propio del Estado de Derecho y que ha sido recogido por nuestra Constitución Política. En efecto, el artículo 50 constitucional establece que: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” En un mismo artículo, el legislador constitucional ha incluido los tres elementos del desarrollo sostenible: la estimulación de la producción (elemento económico), el ambiente ecológicamente equilibrado (elemento ecológico) y, además, el reparto más adecuado de la riqueza y el ambiente sano (elemento social). La lectura del artículo también debe hacerse en conjunto con el artículo 74 de la Constitución, que explícitamente establece el deber de procurar una política permanente de solidaridad nacional con asidero en el principio cristiano de justicia social. Ya en la resolución número 1441-92 de las 15:45 horas del 2 de junio de 1992, la Sala observó en ambos artículos la base del Estado Social de Derecho costarricense:\n\n\"El principio general básico de la Constitución Política está plasmado en el artículo 50, al disponer que \"el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza\" lo que unido a la declaración de adhesión del Estado costarricense al principio cristiano de justicia social, incluido en el artículo 74 ibídem, determina la esencia misma del sistema político y social que hemos escogido para nuestro país y que lo definen como un Estado Social de Derecho\".\n\nEsos postulados constitucionales han sido desarrollados a su vez en la legislación nacional. De ahí que en materia ambiental se hayan promulgado la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Forestal, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad, entre muchas otras. De hecho, esta última también contiene un desarrollo del elemento social del desarrollo sostenible. En su artículo 9 se lee lo siguiente:\n\n“ARTÍCULO 9.- Principios Generales Constituyen principios generales para los efectos de la aplicación de esta ley, entre otros, los siguientes:\n\n(…)\n\n4.- Equidad intra e intergeneracional. El Estado y los particulares velarán porque la utilización de los elementos de la biodiversidad se utilicen en forma sostenible, de modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de manera justa para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.”\n\nComo se ve, el elemento democrático del desarrollo sostenible, que se encuentra amparado en los numerales 50 y 74 de la Constitución Política, conlleva intrínsecamente la distribución justa tanto de los beneficios como de las cargas ambientales. En el Estado Social de Derecho, esto implica la preservación de la naturaleza para las generaciones futuras y el aprovechamiento solidario del ambiente.\n\nCon base en lo expuesto, emergen las siguientes objeciones a la pesca de arrastre que carece de dispositivos “eficientes” para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que “significativamente” disminuyan la captura incidental. Por un lado, el desgaste ecológico insostenible que implica ese tipo de pesca, lo que se ha discutido profusamente en otras secciones de esta resolución y, por otro, el irrespeto total al elemento democrático y solidario del desarrollo sostenible. En cuanto a este último punto,  en el estudio \"Indicadores macroeconómicos del sector pesquero y acuícola del istmo centroamericano. Periodo 2000 - 2007\" OSPESCA 2009), se estableció que la pesca industrial de camarón comprendía en ese entonces 73 naves, lo que generaba 365 empleos, mientras que la pesca artesanal se extendía a 4.065 naves con un total de 16.502 empleos. De otro lado, con base en el censo nacional de 2011, con datos que no toman en cuenta la generación indirecta de empleos, se tiene que 6.899 personas de 15 años o más se encuentran dedicados a la pesca y acuicultura. Tal cantidad es considerablemente superior a la que emplea el arte de pesca por arrastre. En efecto, los mismos empresarios del camarón expresan en el escrito de solicitud de coadyuvancia que cada embarcación requiere una tripulación de 6 personas. Tomando en cuenta que INCOPESCA informa que en la actualidad solo existen 38 licencias vigentes, se obtiene un total de 224 empleos directos generados por este tipo de industria. Si a ese total se le suma el personal en tierra, que según su propio escrito no supera las cuatro personas por barco, tenemos que la generación máxima de empleos directos por el sector sería de 380. Por consiguiente, resulta evidente que el empleo generado por la pesca artesanal es mucho mayor que el generado por la pesca por arrastre. Así las cosas, deviene claro que la explotación de recursos marinos mediante la pesca por arrastre significa la captura indiscriminada de las especies marinas que las redes de arrastre encuentran en su camino; esto vulnera las posibilidades laborales de los pescadores artesanales y su derecho a participar en los beneficios de la explotación sostenible del ambiente. El método utilizado en la pesca de arrastre de camarón, al capturar todo tipo de especie marina, no solo afecta los intereses de las personas dedicadas a la pesca artesanal de camarón, sino también los intereses de todos los pescadores artesanales. Así no se logra un desarrollo sostenible democrático, uno al que todos tengan acceso real; menos aún se puede hablar de un desarrollo sostenible solidario, puesto que el beneficio de unos pocos afecta severamente a una gran mayoría de pescadores. Adviértase que cuanto el artículo 5 de la Ley de Pesca y Acuicultura declara la actividad pesquera de utilidad pública e interés social, y de interés nacional, el fomento y desarrollo de esa actividad y de la industria afín, lo hace bajo el contexto de que democráticamente todas las personas pueden tener acceso en un régimen de equidad a los beneficios de tal actividad. De esta manera, los efectos negativas de la pesca de camarón por arrastre en el estado actual contravienen abiertamente los artículos 50 y 74 de la Constitución Política. Debe subrayarse que la experiencia de Indonesia, ya comentada, pone de manifiesto que tras la prohibición, la pesca artesanal se desarrolló a tal grado que se pudo llenar el vacío dejado por al industrial, generando el empleo y las divisas requeridas por el sector y el país.\n\nPor consiguiente, los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) de la Ley de Pesca y Acuicultura, No. 8436 de 1º de marzo de 2005, específicamente las frases que se refieren a la pesca con redes de arrastre, mientras no se cuenta con dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con los que salvan a las tortugas), son contrarios al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al principio de desarrollo sostenible y al principio de desarrollo sostenible democrático, que se deduce de la interpretación sistémica y sistemática de los numerales 50, 69 y 89, y al principio de justa distribución de la riqueza derivado de los artículos 50, 74 y 89 de la Carta Fundamental del Estado costarricense.\n\n6.4.- Violación del artículo 89 de la Constitución Política. Esta norma constitucional dispone en lo que interesa: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales...” Respecto de esta norma, el INCOPESCA afirma que no guarda relación alguna con la pesca de camarón por medio de redes de arrastre en los fondos marinos. Los accionantes, por su parte, estiman que la belleza escénica marina está siendo destruida y convertida en aguas turbias por la arremetida de la red de arrastre.\n\nLa Sala concuerda con esta última apreciación. La belleza natural no se limita al entorno que aprecian nuestros ojos ni mucho menos a la faz externa de la tierra. Belleza natural no se reduce a un concepto estético. Como bien lo ha puesto de relieve la Sala a través de una interpretación material y evolutiva en su jurisprudencia, el concepto de bellezas naturales utilizado por los constituyentes de 1949 está comprendido en la requerida protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado:\n\n“XIII.- (…) El término “bellezas naturales” era el empleado al momento de promulgarse la Constitución (7 de noviembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una especialidad del derecho; el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma (...) (Sentencia 9193-2000 de las 16:28 horas del 17 de octubre de 2000).\n\nEl concepto de bellezas naturales guarda estrecha relación con el concepto de patrimonio natural. No por casualidad la norma se refiere al patrimonio histórico y artístico, de manera que la norma regula tres tipos de patrimonio esenciales para conservar la identidad de una Nación y su subsistencia física, cultural y social. Dentro del concepto de bellezas naturales se incluyen los recursos hidrobiológicos. La protección de las bellezas naturales comprende velar por la preservación del ambiente y los ecosistemas, porque si estos últimos son destruidos o severamente dañados, irremediablemente se ven perjudicadas las primeras. El concepto de bellezas naturales está estrechamente ligado a un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso de las riquezas naturales y de nuestro patrimonio natural. La finalidad de la norma es proteger, conservar y desarrollar esas tres formas de patrimonio y sujetar la iniciativa privada a esa finalidad constitucional.\n\nEn virtud de lo expuesto, a diferencia de lo que considera el INCOPESCA en su informe, el deterioro de los ecosistemas marinos a causa de la pesca con red de arrastre y mientras no se cuenta con dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con los que salvan a las tortugas), viola directamente el patrimonio natural protegido en el numeral 69 por medio del concepto de bellezas naturales.\n\nVII.- Corolario. En mérito de lo expuesto, corresponde declarar con lugar esta acción de inconstitucionalidad, toda vez que de la confrontación de las normas impugnadas con el Derecho de la Constitución, se constató la vulneración del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la obligación de  proteger las bellezas naturales, así como de los principios al desarrollo sostenible democrático y el principio preventivo, lo que implica una lesión a los numerales 6, 7, 21, 50, 69 y 89 constitucionales y a los principios contenidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (1982) y su desarrollo posterior, el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Tranzonales y de la Población de Peces Migratorios, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, La Declaración de Río de Janeiro aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y el Código Internacional de Conducta para  la Pesca Responsable de la FAO (1995).\n\nEn consecuencia se declara inconstitucional la frase “del camarón con red de arrastre,” del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. En consecuencia, a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre. En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas. Adviértase que una sentencia de inconstitucional debe respetar los derechos adquiridos de buena fe (art. 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), lo que constituye una excepción de acatamiento obligatorio a los efectos ex tunc de las sentencias declarativas de inconstitucionalidad, cuestión que no se advierte en el voto parcialmente disidente de los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro.  Literalmente, el numeral 91 señala: “La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.” (Lo destacado no corresponde al original). En igual sentido, el numeral 93 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional estatuye que, entre otros casos, la disposición contenida en el artículo 91 no se aplicará respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas, cuya reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe. Estas normas se sustentan en principios elementales de justicia y seguridad jurídica, puesto que los pescadores de camarón con redes de arrastre previamente obtuvieron sus licencias al amparo de una legislación vigente, incurriendo en inversiones dada las expectativas que ese ordenamiento les generaba; además, la declaratoria de nulidad de tales licencias a partir de la notificación de esta sentencia, ocasionaría dislocaciones en la paz social, toda vez que un grupo relevante de familias se vería seria y repentinamente afectadado si no se respetan los derechos adquiridos. Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar la acción. En consecuencia se declara inconstitucional la frase “del camarón con red de arrastre,” del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de las normas citadas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En consecuencia, a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre. En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas. Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta Digital. Los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto en cuanto al dimensionamiento de los efectos de esta sentencia y anulan los permisos, autorizaciones y licencias vigentes. El magistrado Castillo Víquez declara sin lugar la acción y considera que la norma no es inconstitucional, siempre y cuando el uso de las técnicas de arrastre sean aquellas admitidas por organismos internacionales de reconocido prestigio, tales como la FAO. Notifíquese.\n\n\n\n\nGilbert Armijo S.\n\nPresidente a.i\n\nErnesto Jinesta L.                                                           Fernando Cruz C.\n\nFernando Castillo V.                                                            Paul Rueda L.\n\nAracelly Pacheco S.                                       Jose Paulino Hernández G.\n\nLOS MAGISTRADOS ARMIJO SANCHO Y CRUZ CASTRO SALVAN EL VOTO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO:\n\nLos suscritos magistrados, aunque concurren con la mayoría de la Sala en la estimatoria de la acción, disienten de los efectos del voto de mayoría, en cuanto dispone que:\n\nEn consecuencia, a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre. Se dimensionan los efectos de esta sentencia, en el sentido que los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción a las regulaciones legales, reglamentarias y administrativas que se dicten sobre la materia; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas.\n\nLo anterior, porque en nuestro sistema de control de constitucionalidad, las normas inconstitucionales son nulas desde su origen. Esa nulidad “ex tunc” está prevista en el párrafo primero del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que dispone:\n\nLa declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.\n\n Es decir, las normas inconstitucionales son inconstitucionales desde que fueron dictadas y, por esa razón, su anulación acarrea la de todos los actos o contratos dictados con fundamento en esas normas y en el tanto las apliquen en el sentido en que fueron impugnadas, porque tienen el mismo vicio de inconstitucionalidad desde su nacimiento. Por esto, el párrafo el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que:\n\nLa sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma de ley o disposición general, declarará también la de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra ley o disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia, así como la de los actos de aplicación cuestionados.\n\nEs decir, que los actos de aplicación de una norma inconstitucional, cuestionados, son tan nulos como la norma y, en consecuencia, en principio, no puede alegarse derechos adquiridos al respecto.-\n\nEl párrafo segundo del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que:\n\nLa sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales.\n\nSin embargo, si bien es cierto que la sentencia anulatoria puede graduar y dimensionar en el espacio, tiempo o materia su efecto retroactivo, los sucritos magistrados discrepan de que la graduación o dimensionamiento equivalgan a que la sentencia no se haya dictado, o a que el derecho o interés lesionados que dan lugar a la interposición de la acción queden desprotegidos, más aún cuando se trata de materia ambiental.  Esta acción de inconstitucionalidad se formuló para la protección del ambiente, que goza de una especial y fortísima tutela constitucional expresada en el artículo 50. El voto de mayoría, al establecer que “los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas” no está graduando ni dimensionando en el tiempo el efecto retroactivo de la anulación, sino prácticamente eliminando su carácter declarativo y retroactivo. Discrepan los sucritos de una lógica que conduce a que la sentencia estimatoria no sea tal, en la medida en que los permisos, autorizaciones y licencias actualmente vigentes conservan su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas pues esto equivale a que la sentencia hubiera sido desestimatoria. No hay, pues, graduación ni dimensionamiento, donde las cosas se dejan en el mismo estado que antes del dictado de la sentencia. No se debe confundir la improcedencia de invocar derechos adquiridos en este caso, con la imposibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios, que sería lo procedente, en este caso. Los daños ambientales son, generalmente, irreparables y a menudo deben pasar varias generaciones hasta que se consiga la recuperación.\n\nLa Sala ha anulado numerosos actos declarativos de derechos otorgados a particulares, por violatorios del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, incluso en recursos de amparo, donde naturalmente, la sentencia también debe respetar derechos adquiridos, legítimamente, si los hay; así, por ejemplo, en materia de protección de acuíferos, en casos en que particulares contaban con las autorizaciones de SETENA, permisos municipales y demás requisitos (v. entre otras, la sentencia número 2004-01923 de las 14:55 hrs. de 25 de febrero de 2004); o la anulación de todos los permisos de construcción otorgados a propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento (banda de 500 metros) del Parque Nacional Marino Las Baulas sin que tuvieran la viabilidades ambientales (sentencia 2008-018529 de ocho horas y cincuenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho). Ese carácter declarativo y retroactivo, frente al cual no se pueden invocar derechos adquiridos, también ha sido aplicado en casos con situaciones patrimoniales consolidadas, incluso interlocutoriamente; así, por ejemplo, madera talada al amparo de actos anulados por violar el derecho al ambiente que la Sala no ha permitido siquiera la movilización ni aprovechamiento alguno por parte de los permisionarios de una explotación forestal (v. por ejemplo, la sentencia 6466-2002 de 2 de julio de 2002 y su aclaración y adición por voto 2003-02862 de nueve de abril del dos mil tres). \n\nAsí, no se violan derechos adquiridos cuando están en contra del derecho al ambiente y, específicamente, cuando un derecho presuntamente adquirido se enfrenta a un derecho ambiental de naturaleza colectiva; si el primero pone en peligro la conservación o sostenibilidad del segundo, la Constitución protege el derecho ambiental, por razón de los daños irreparables al ambiente. Se trata de un ejercicio normal de las potestades de la Sala y conteste con toda la doctrina elaborada en materia ambiental a lo largo de los años. Nadie ha discutido la adopción, incluso, de medidas preventivas, en forma interlocutoria, que ordenan la suspensión de obras o actividades cuando afectan el ambiente, aunque las obras y actividades hayan contado con todos los permisos y el respaldo legales formales. Así, la lógica de las cosas, del proceso y de los principios constitucionales conduce a que lo que procede, en estos casos, es la posibilidad de indemnizar a quienes gozaban de licencias o permisos para la pesca con red de arrastre, por quedar sin efecto con la anulación de la norma.\n\nPor otra parte, es obvio que el INCOPESCA no puede renovar permisos, autorizaciones ni licencias, ni extender su plazo por ningún mecanismo jurídico administrativo una vez vencidas, porque carece de autorización legal, al desaparecer la norma.\n\n          La Sala tiene la potestad y, acaso, el deber de dictar las reglas necesarias para evitar que el efecto retroactivo de la sentencia constitucional produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales; sin embargo, el ejercicio de esa potestad debe fundamentarse, tanto como la sentencia misma. En el caso que se analiza no se fundamentan las graves dislocaciones de la seguridad, la justicia ni la paz sociales; toda la fundamentación de la sentencia se dirige a censurar la grave “dislocación” al ambiente producida por las normas anuladas pero al dimensionar en el tiempo el efecto retroactivo de la sentencia, prácticamente desaparece ese efecto. Nuestro sistema de justicia constitucional tiene un propósito que está claramente definido en el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: “garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”. En virtud de ese fin se construyó todo el sistema previsto en la Ley, tanto en cuanto a los mecanismos de control de constitucionalidad cuanto al amparo y el hábeas corpus. El dimensionamiento de la sentencia debilita peligrosamente esa supremacía de las normas y principios constitucionales al reconocer, tácitamente, derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas al amparo de normas inconstitucionales desde su origen\n\nGilbert Armijo S.                                                           Fernando Cruz C.\n\n                                                                             \n\nVoto salvado del magistrado Castillo Víquez\n\nMe decanto por declarar sin lugar la acción y considero que la norma no es inconstitucional, siempre y cuando el uso de las técnicas de arrastre sean aquellas admitidas por organismos internacionales de reconocido prestigio, tales como la FAO. Coincido con el voto de mayoría de que hay abundante evidencia científica del daño que se causa al medio ambiente con ciertas técnicas de arrastre. En este punto no hay mayor discusión.  Donde el tema sí es debatible, es si se debe prohibir del todo esta técnica, tal y como lo han hecho algunos Estados, o si es factible su uso, siempre y cuando  tengan un menor impacto ambiental. En esta dirección, la FAO, en el Estudio Mundial sobre la Pesquería de Camarón del 2010, no aboga por la prohibición de la pesca de arrastre, sino por su ordenación. Sobre el particular, en su resumen, se indica lo siguiente:\n\n“Este informe resume los resultados de un estudio mundial del desarrollo y estado actual de las pesquerías del camarón, y se enfoca hacia las repercusiones sociales, económicas y ambientales directas e indirectas de dichas pesquerías. El estudio pasa en revista la situación presente, problemas y cuestiones, así como las soluciones que se han encontrado y las compensaciones recíprocas por que se ha optado. Los temas importantes relacionados con las pesquerías del camarón se examinan en diez países representativos de varias regiones geográficas y en diversas condiciones de pesca significativas. Los diez países seleccionados son: Australia, Camboya, Estados Unidos de América, Indonesia, Kuwait, Madagascar, México, Nigeria, Noruega y Trinidad y Tobago. Los resultados de los estudios nacionales, combinados con estudios especializados sobre temas importantes relacionados con las pesquerías del camarón, han dado origen a las principales conclusiones del estudio general. Las capturas mundiales recientes de camarón ascienden a alrededor de 3,4 millones de toneladas por año, siendo Asia el área de pesca del camarón más relevante. La producción camaronera mundial, tanto de captura como de criadero, es de aproximadamente 6 millones de toneladas, de las cuales alrededor del 60 por ciento entra en el mercado mundial. En términos de valor, el camarón es hoy el producto pesquero comercializado internacionalmente más importante. En muchos países tropicales en desarrollo es el producto de exportación pesquero más valioso; y su efecto en el empleo también es considerable. La importancia económica del camarón debe ser conciliada con las grandes preocupaciones que despierta el impacto ambiental ocasionado por su pesca. Las observaciones que se formulan en este estudio acerca de las pesquerías del camarón cubren muchos aspectos, e incluyen el desarrollo de la pesca camaronera; la estructura de las pesquerías; las especies objetivo; las capturas y el esfuerzo de pesca; la contribución económica de la pesca; el comercio; la captura incidental; el combustible; los aspectos biológicos; los impactos en el ambiente físico; las repercusiones de la pesca del camarón en gran escala en las pesquerías en pequeña escala; la ordenación; la observancia de las normas; la investigación; y las repercusiones del cultivo de camarón en la pesca del camarón. Una de las principales conclusiones a las que se llega en el estudio es que existen mecanismos, instrumentos y modelos que permiten mitigar eficazmente muchas de las dificultades asociadas con la pesca del camarón cuando se adopta un enfoque precautorio y ecosistémico. Se deduce de ello que, existiendo una capacidad de implementación apropiada, la pesca del camarón, incluida la de arrastre, puede, en efecto, ser objeto de ordenación. Sin embargo, en muchos países, la debilidad de los organismos encargados de la pesca, la falta de voluntad política y de una base jurídica adecuada han sido los factores responsables del fracaso de las actuaciones de ordenación. El informe formula recomendaciones específicas sobre algunos asuntos clave: la ordenación de las pesquerías de camarón en pequeña escala, la reducción de la capacidad y el acceso a la pesquería”. (Las negritas no corresponden al original). Por su parte, en el informe de la FAO del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura del 2012, se resalta la necesidad de recurrir a la pesca de arrastre inteligente, como un medio para reducir los daños causados al lecho marino por la pesca de arrastre de fondo. Ergo, si la FAO no aboga por la prohibición absoluta de las técnicas de arrastre, no encuentro razón alguna para declarar inconstitucional la norma, máxime de que hay técnicas de arrastre que son compatibles con una explotación racional de los recursos naturales, lo que es acorde con el principio del desarrollo sostenible.\n\nComo es bien sabido, el principio de desarrollo sostenible fue recogido en la Declaración de Río sobre el medio. La idea central es que las actividades económicas satisfagan las necesidades de la presente generación, sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones. Este principio ha sido reconocido, de forma reiterada, por la Sala Constitucional. En efecto, no es casualidad que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se haya regulado en el artículo 50 constitucional, numeral que le otorga al legislador las potestades para la organización y estímulo de la producción y para el más adecuado reparto de la riqueza, potestades que de conformidad con la norma deben ser ejercidas en procura de un fin definido constitucionalmente: el mayor bienestar de todos los habitantes. Dentro del término “mayor bienestar” encontramos no solo una política orientada a un mayor desarrollo económico, sino también una política redistributiva, dirigida a lograr la distribución de la riqueza producto de la cooperación social. Tanto la una como la otra, deben realizarse con absoluto respeto al equilibrio ecológico y la sanidad ambiental, sólo así, la vida y toda actividad humana serán posibles. En ese sentido, el principio 8 de la Declaración de Río de 1992, establece que: “Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas”.\n\nEn otro orden de ideas, pero estrechamente relacionado con lo que venimos afirmando, no podemos dejar de lado el hecho de que la provincia de Puntarenas tiene, según datos del último censo nacional, un desempleo de 12.5% del total de la población económica activa –es la tasa de desempleo más alta del país-, y hay un 23.6% de los hogares puntarenenses que viven en la pobreza, por lo que una prohibición absoluta, en un futuro no muy lejano –cuando venzan los permisos según el dimensionamiento de la sentencia-, podría agravar aún más el problema. Son muchas las personas que de forma directa o indirecta dependen de la pesca del camarón, incluso muchas mujeres jefas de familia que se dedican a las labores de pelar los camarones. Por otra parte, no hay evidencia científica que la técnica de arrastre sea la causa del agotamiento del recurso marino y, debido a esta, se reduzca el empleo en la pesca artesanal. Dicho de otra forma, no hay un estudio serio que permita concluir que al prohibirse las técnicas de arrastre la consecuencia será un mayor empleo en la actividad de pesca artesanal.\n\nDicho lo anterior, si es posible el uso de técnicas de arrastre que permiten un menor impacto ambiental y la explotación racional de un recurso natural, y ante la necesidad que tiene la provincia de Puntarenas de preservar la fuentes de empleo, pues la prohibición de esta técnica creará mayor desempleo en esa región, no encuentro razón alguna para prohibirla,  por lo que me inclino por salvar el voto y declarar sin lugar la acción.\n\n\n\n\nFernando Castillo Víquez\n\nMagistrado\n\nEXPEDIENTE N° 12-010016-0007-CO\n\n\n\n\nTeléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:46:10.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Constitucional\n\nResolution No. 10540 - 2013\n\nDate of Resolution: August 7, 2013 at 15:50\n\nCase File: 12-010016-0007-CO\n\nDrafted by: Paul Rueda Leal\n\nType of matter: Unconstitutionality action\n\nConstitutional review: Upholding judgment\n\nAnalyzed by: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\nJudgment with Dissenting Vote\n\nRelevance Indicators\n\nRelevant judgment\n\nRelated Judgments\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE\n\nTopic: 089- Protection of natural beauties and historical and artistic heritage\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\nTopic: UNCONSTITUTIONALITY ACTION\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\n\"…The concept of natural beauties is closely related to the concept of natural heritage. It is no coincidence that the provision refers to historical and artistic heritage, so that the provision regulates three types of heritage essential to conserving the identity of a Nation and its physical, cultural, and social subsistence. Included within the concept of natural beauties are hydrobiological resources. The protection of natural beauties includes ensuring the preservation of the environment and ecosystems, because if the latter are destroyed or severely damaged, the former are irremediably harmed. The concept of natural beauties is closely linked to a model of sustainable development, respectful of natural riches and our natural heritage. The purpose of the provision is to protect, conserve, and develop those three forms of heritage and to subject private initiative to that constitutional purpose…By virtue of the foregoing, contrary to what INCOPESCA considers in its report, the deterioration of marine ecosystems caused by trawling (pesca con red de arrastre) and as long as there are no devices for the reduction of incidental catch (Bycatch Reduction Devices) that significantly reduce incidental catch (not all have the same effectiveness and those that save turtles are not sufficient), directly violates the natural heritage protected in numeral 69 through the concept of natural beauties…\" Judgment 10540-13\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY REVIEW\n\nTopic: ENVIRONMENT\n\nSubtopics:\n\nNOT APPLICABLE.\n\n010540-13. EXTRACTION OR FISHING OF SHRIMP WITH TRAWL NETS. Article 2 subsection 27 point d), Article 43 subsection d), and Article 47 subsections a) and b), expressly with regard to the extraction of shrimp with trawl nets in the Ley de Pesca y Acuicultura, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005. Also intervening in the proceeding are the Procuraduría General de la República and the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).\n\nRE/CO\n\n... See more\nText of the resolution\n\n*120100160007CO*\n\nExp: 12-010016-0007-CO\n\nRes. No. 2013010540\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fifteen hours and fifty minutes on August seventh, two thousand thirteen.\n\nUnconstitutionality action filed by RANDALL ARAUZ VARGAS, identity card 9-0078-0475, in his capacity as unlimited general proxy of the Asociación Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA); MANUEL ENRIQUE RAMÍREZ GUIER, identity card 1-0400-0680, in his capacity as unlimited general proxy of the Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOPT); JORGE ARTURO JIMÉNEZ RAMON, identity card number 1-0474-0301, general proxy of Fundación Marviva; ÁLVARO LORÍA QUIROS, identity card 1-0552-0108, general proxy of Fundación Promar; WAGNER MAURICIO QUIRÓS PEREIRA, identity card 1-1096-0785, unlimited general proxy of International Students Volunteers Inc. (ISV); MARIO ANDRÉS BOZA LORÍA, unlimited general proxy of The Leatherback Trust (TLT), in order that Articles 2 subsection 27 point d), 43 subsection d) and 47 subsections a) and b), expressly with regard to the extraction of shrimp with trawl nets in the Ley de Pesca y Acuicultura, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005, be declared unconstitutional. Also intervening in the proceeding are the Procuraduría General de la República and the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).\n\nWhereas:\n\n\n\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Sala at 20:41 hours on July 30, 2012, the plaintiffs state that they appear to file an unconstitutionality action against Articles 2 subsection 27 point d), 43 subsection d) and 47 subsections a) and b), expressly with regard to the extraction of shrimp with trawl nets in the Ley de Pesca y Acuicultura, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005.\n\n\n\n\nThey base standing on the first and second paragraphs of numeral 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Regarding the first paragraph, they indicate a pending amparo appeal, in which the unconstitutionality of the provision was alleged as a reasonable means to protect the right, case file 12-006906-0007-CO. The Sala Constitucional admitted it for processing and granted them the respective deadline to file the action through resolution 8552-2012 at 14:30 hours on June 26, 2012. They also base the action on the concept of diffuse interests in accordance with the second paragraph of Article 75 of the Law of this Jurisdiction, the defense of hydrobiological resources, specifically marine natural resources, and the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nThey challenge the phrase \"con red de arrastre\" (with trawl net) of Article 2 subsection 27 point d) of the Ley de Pesca y Acuicultura, No. 8436 of March 1, 2005: \"Article 2.- For the purposes of this Law, the following terms are defined (…) 27. Commercial fishing: Commercial fishing is carried out to obtain economic benefits and is classified as follows: (…) d) Semi-industrial: Fishing carried out by natural or legal persons, aboard vessels aimed at the extraction of shrimp con red de arrastre, sardines, and tuna with purse seine.\" The phrase they challenge from this article is \"con red de arrastre\" insofar as it defines and allows semi-industrial fishing of shrimp or other species using that harmful, disproportionate, destructive technique lacking any criterion of sustainability of marine resources.\n\nThey also challenge Article 43 subsection d) of Law No. 8436, which in relevant part states: \"Article 43.- Commercial fishing shall be carried out to obtain economic benefits and shall be classified as: a) Small-scale (…) b) Medium-scale (…) c) Advanced (…) d) Semi-industrial: Fishing carried out by natural or legal persons, using vessels aimed at the extraction of shrimp con red de arrastre, sardines, and tuna with purse seine. e) Industrial (…)\" The phrase \"red de arrastre\" (trawl net) is challenged.\n\nFinally, they challenge the phrases \"que utilizan artes de pesca, redes de arrastre por el fondo\" (that use fishing gear, bottom trawl nets) and \"utilizando como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo\" (using as fishing gear, bottom trawl nets) of Article 47 subsections a) and b), respectively. \"Article 47.- Licenses to capture shrimp for commercial purposes in the Pacific Ocean shall only be granted to vessels of national flag and registry, and to Costa Rican natural or legal persons, which are classified into three categories: a) Category A: Vessels with shrimp fishing licenses or permits que utilizan como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo; these may capture shrimp resources only in the Pacific coast, provided they are not restricted areas during closed season. b) Category B: Vessels with fishing licenses or permits for the capture of Fidel shrimp (Solenocera agassizi), royal camel shrimp (Helerocarpus sp) and other species of this resource, fished in waters of depth equal to or greater than the previous species, utilizando como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo, only in the Pacific coast. Fidel shrimp may only be captured in areas where it is not mixed with species of shallower depth such as white shrimp, brown shrimp, pink shrimp, and titi shrimp. c) Category C (…)\"\n\nThe plaintiffs clarify that they do not oppose shrimp fishing as an economic activity; what they challenge is the trawling (pesca por arrastre) technique that threatens the sustainability of the shrimp resource and the rest of the hydrobiological resources.\n\nThe gear legally used in Costa Rica for shrimp fishing varies according to the target species and the fishing area. The most used are trawl nets employed by semi-industrial vessels; gillnets or trammel nets used by artisanal fishermen. Also, shrimp is currently obtained through pond farming (Aquaculture).\n\nThey state that the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has compared fishing with trawl nets to capture shrimp to the clearcutting of a forest. The trawl net is conical, comprising a body made of two, four, or even more panels closed by a codend. It is equipped with lateral wings that extend from the opening towards its rear. The net is kept open horizontally by two panels of deflector doors (bocas or calones). The doors are heavy as they are made of steel, aluminum, or wood—or a combination of these three materials—and can be rectangular or oval. They are also equipped with a steel shoe designed to establish good contact with the bottom. It has a wide upper panel (square-shaped) that prevents fish from escaping by swimming upward and surpassing the top of the net. The vertical opening is achieved by means of floats located on the upper edge and weights on the lower footrope of the net mouth. The mouth of the net is framed by a front edge with floats and by a ground gear designed according to the seabed profile. The fishing operation consists of dragging the net over the bottom or seabed. It opens by the effect of the deflector doors or calones. Once open, the chain attached to the lower footrope acts as ballast and keeps the net glued to the bottom. In Costa Rica, they use Florida-type vessels averaging around 300 horsepower, with a maximum length overall (eslora, distance from bow to stern) of 24 meters. These vessels usually use two or three nets that are dragged along the seabed for periods of 2 to 5 hours.\n\nThe trawls to capture white and titi shrimp are carried out in the outer part of the Gulf of Nicoya and Golfo Dulce and near river mouths, along the Pacific coast. The trawls to capture Fidel shrimp, current camel shrimp, and royal camel shrimp are carried out in deeper banks.\n\nThis technique produces devastating consequences on the marine environment. Among these are enumerated physical effects on benthic habitats and on marine species in general and, in particular, on the shrimp bycatch fauna. Likewise, due to the high percentages of incidental catch (captura incidental), trawling threatens the sustainability of hydrobiological resources. They assert that this type of fishing has also caused in Costa Rica the overexploitation of various shrimp species. The destruction of environments and communities on the seabed includes the destruction of seagrasses, corals, and shellfish banks, the suspension of sediments in the water that reduce light penetration, releases pollutants that were trapped in the sediments, and literally bury the organisms that inhabit the seabed.\n\nAmong the physical effects caused by trawl nets on benthic habitats, the FAO notes the following: Alterations to the physical structure, suspension of sediments, chemical alterations, changes in benthic communities, and changes in the ecosystem. With the repetition of the practice, the damage is greater. Trawl nets are capable of damaging the epifauna, flattening the seabed profiles that limit bottom heterogeneity and removing structure-forming organisms, reducing or degrading the structural components and complexity of the habitat, and severely disturbing some vulnerable habitat areas such as submerged aquatic vegetation, hard bottoms, and coral reefs.\n\nIt is a proven fact, through scientific studies and reports from United Nations bodies such as the FAO, that fishing by means of trawl nets causes serious damage to the marine environment.\n\nFurthermore, given the high percentages of incidental catch, it threatens the sustainability of hydrobiological resources and the food security of the Nation. Incidental catch (captura incidental) is understood as the part of the catch of species or group of species that are not the target of the fishing activity (known as non-target species or shrimp bycatch fauna – FACA). Trawling is a poorly selective fishing gear. FACA represents the majority of the captured biomass and is mostly returned to the sea dead. National studies estimate that for every kilogram of shrimp extracted, 7.5 kilograms of other species are sacrificed. In Costa Rica during 2003, approximately 4,180 metric tons of FACA were thrown back into the sea, as a result of the operations of 61 trawling vessels. According to the FAO, among the species affected in tropical and subtropical regions are: jacks, pompanos, goatfishes, lizardfishes, mojarras, sea catfishes, longfin lookdowns, soles, rays, sea trout and corvinas, catfishes, snappers, mackerels, tongues, grunts, barracudas, squids, cuttlefish, cutlassfishes, needlefishes, sardines, anchovies, shad, and groupers. The FAO concludes that discards (descartes) mainly comprise immature species of sizes smaller than 20 cm and weight less than 100g, harming even the future commercial activity of many of those species. They state that in Costa Rica, one of the species most affected by this fishing technique is the shark, after gutted fish which is the most common group in FACA landings. In 1998, 15.8 metric tons of shark were landed. Some shark species, such as the hammerhead, reproduce at the mouth of the Tárcoles River and El Peñón, which are areas trawled by shrimp vessels. A still recent study (2011) from the Unidad de Investigación Pesquera y Acuicultura of the University of Costa Rica concluded: \"The protection of essential habitats identified for sharks and rays in this study is recommended. The site of highest priority was the area between the mouth of the Térraba and Sierpe rivers and Caño Island. Therefore, it is recommended to prohibit trawling (pesca de arrastre) between this area and the Ballena National Marine Park (depths less than 50m).\"\n\nIn recent years, a continuous decline has been observed in the fishing of camel shrimp in Costa Rican waters, almost reaching its disappearance in deep-water catches. However, conversely, the capture of FACA has been increasing to levels exceeding 53%. However, more recent samplings by the Unidad de Investigación Pesquera y Acuicultura of the Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) of the University of Costa Rica, the percentages of bycatch fauna drastically rose to 91.7% and 99.9%. With these data, the nation's food security is also at risk, especially because the species discarded are young or immature, seriously compromising the country's development options.\n\nIn relation to food security and the irrational exploitation of hydrobiological resources, the Sala stated: \"As can easily be appreciated, these are serious conducts that damage or put at risk the environment and the preservation of hydrobiological resources, with the consequent impact on the national economy and food security. The Sala does not consider that the prohibition of such conducts and the provision for sanctions upon their verification is unreasonable\" (Judgment No. 10484-04). The plaintiffs state that the Sala Constitucional has already deemed the serious damage suffered by these shrimp bycatch species using trawl nets to be demonstrated (Judgment No. 9604-09).\n\nThey cite national research that expands on the damage caused by shrimp fishing with trawl nets in the environmental and socioeconomic areas: \"Trawling (pesca de arrastre) is not only an environmental problem due to the damage it causes to the marine environment, but it is also generating a social and economic problem on our coasts by eliminating the resource upon which thousands of artisanal fishers depend.\" It translates into a lower availability of individuals for other fisheries. Shrimp fishing with trawl nets generates only between 235 and 282 jobs and contributes only 0.028% to the GDP, while 15,000 (fifteen thousand) people depend on the artisanal fishing that is being harmed.\n\nThey mention in their favor various opinions of the Procuraduría General de la República, which among other things has stated: \"…has been considered as seriously invasive and with significant harmful effects on the marine ecosystem. (…)\" (No. OJ-133-2008 of December 15, 2008). \"a fishing technique that has been criticized by authorities of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), the Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnologías (CONICIT), Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y Tecnología (CIENTEC), State Universities (UCR, UNA, TEC), Marine Research institutes, protectionist organizations, and other competent authorities in fishing and natural resources, as well as the opinions that this body has issued in due course...\" For the plaintiffs, all the scientific evidence and the opinions expressed by academic organizations and authorities related to the environment are sufficient to demonstrate that it is a harmful activity that should be prohibited.\n\nThe challenged articles violate Articles 7, 21, 50, 69, and 89 of the Political Constitution. Article 7 in that there exists international regulations subscribed to by Costa Rica that obligate the protection of natural resources, among them, hydrobiological resources, which guarantee the sustainability of resources through rational exploitation, and consequently the food security of the population. Article 21 in that an attack on the food security of the population is also an attack on the survival of the national population. Numeral 50 in that it entails the protection of the land and biodiversity. Article 69 in that it establishes an inescapable duty of the Costa Rican State to guarantee beyond any doubt \"the rational exploitation of the land and the equitable distribution of the wealth it produces.\" Numeral 89 protects marine scenic beauty, which is being destroyed and turned into turbid waters by the onslaught of the trawl net. They cite jurisprudence of this Court applicable to the case (Judgment 3923-07):\n\n\"Prior to the reform of Article 50 of the Political Constitution, the Sala's jurisprudence had already recognized the protection and preservation of the environment as a human right (Judgment number 1993-2233), deriving it from the provisions of Articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for the rational exploitation of the land), and 89 (protection of natural beauties), all of the Constitution, based on the following considerations: \"V.)- Human life is only possible in solidarity with nature that sustains us and supports us not only for physical nourishment, but also for psychic well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in a contamination-free environment, which is the foundation of a just and productive society. It is thus that Article 21 of the Political Constitution states: 'Human life is inviolable.' It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being undeniably emerges, a human right that is inextricably linked to the right to health and the State's obligation to protect human life.\n\n\"Likewise, from a psychic and intellectual point of view, mood also depends on nature, so that as the landscape becomes a useful space for rest and leisure, its preservation and achievement are an obligation. This last aspect is protected in Article 89 of the Constitution, which literally states: 'Among the cultural ends of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress.' Protecting nature from an aesthetic point of view is not commercializing it or transforming it into merchandise; it is educating the citizen to learn to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value\" (judgment number 1993-3705, at fifteen hours on July thirtieth, nineteen ninety-three).\n\n\"XIII.- (…) The term 'natural beauties' was the one used at the time the Constitution was promulgated (November 7, 1949) which today has developed as a specialty of law; environmental law which recognizes the need to preserve the environment not only as a cultural end, but as a vital necessity of every human being. In this sense, the concept of the right to a healthy environment surpasses recreational or cultural interests which are also important aspects of life in society, but also constitutes a crucial requisite for life itself (...)\n\n\"So it is clear that there is no longer any doubt about the constitutional protection of the right to health derived from the right to life and through it, a right to a healthy environment. By way of example, we can cite judgments 1580-90, 1833-91, 2728-91, 2233-93, 4894-93; which have recognized the right to health and to a healthy environment as an individual right constitutionally protected (judgment number 1993-6240…).\n\n\"Provision 69, the Political Charter speaks of the 'rational exploitation of the land' which constitutes a fundamental principle. Consequently, that protection and preservation, as well as the rational exploitation of the resources included, are canons of constitutional order (judgment 1993-2233).\n\n\"From Article 69 of the Fundamental Charter derives the principle of rational exploitation of the land, and it imposes, on both private parties and the State in its broadest sense, the obligation to protect and preserve renewable natural resources (…)\"\n\n\"In constitutional jurisprudence, the concept of 'environment' has not been limited to the primary elements of nature, be they soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework is formed, without which basic demands—such as food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible. It is important to highlight that this term has been extended in a more comprehensive manner, establishing a concept of 'environmental framework,' by also including aspects related to the economy, the generation of foreign exchange through tourism, agricultural exploitation, and others:\n\n(…) It follows then that the position assumed by this Court in this regard is now confirmed by the aforementioned constitutional reform, a reform which is nothing but a reflection of the conception that while mankind has the right to make use of the environment, it also has the obligation to protect and preserve it for the enjoyment of future generations (judgment number 5668-94 at eighteen hours on September twenty-eighth, nineteen ninety-four).\n\n(…) It is thus that the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right:\n\n\"Prima facie, to guarantee is to ensure and protect the right against some risk or need, to defend is to forbid, prohibit, and impede any activity that threatens the right, and to preserve is an action aimed at sheltering the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of doing and not doing; on one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must assume the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements\" (judgment number 9193-2000, at sixteen hours twenty-eight minutes on October seventeenth, two thousand).\"\n\nThe plaintiffs state that this duty of defense and preservation of the environment includes, of course, marine natural resources, both coastal and fishery (hydrobiological). The Sala has also referred to this topic:\n\n\"III.- The protection of hydrobiological resources. Various reasons compel the State to make its best efforts in order to adequately safeguard its vast areas of territorial sea, exclusive economic zone, as well as its internal waters. On one hand, it has an inescapable duty to ensure the preservation of the environment, and this of course includes the adoption of those measures necessary to prevent damage to marine and aquatic ecosystems in general, protect the species of living beings that inhabit such environments, prevent the contamination of seas and internal waters, and react vigorously to actions that threaten the integrity of the aquatic environment.\" (Vote No. 10484-04).\"\n\nEnvironmental problems arise when the modalities of natural resource exploitation lead to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity. This irrational exploitation of resources leads to large sectors of the population being harmed and generates a high environmental and social cost, resulting in a deterioration of quality of life (Vote No. 3705-93).\n\nMarine resources have swelled the list of exhaustible natural resources. The precautionary principle or principle of prudent avoidance (in dubio pro natura), of constitutional basis and adopted in the Rio Declaration on Environment and Development, establishes in Principle 15: \"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.\"\n\nThey assert that some international instruments on the protection of marine resources incorporate these principles: Approval of the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, Law number 8059 of December 22, 2000, and the United Nations Convention on the Law of the Sea, Law No. 7291 of March 23, 1992. Also in the First and Second International Conferences on the Protection of the North Sea (1984 and 1987 respectively) and the Final Declaration of the Third International Conference on the Protection of the North Sea (1990).\n\nWhether by the scientific evidence presented or by the precautionary principle, they request that the challenged provisions be declared unconstitutional. Likewise, they request that the competent authorities be ordered to proceed with the cancellation of any license, authorization, or permit that may have been granted for shrimp fishing by means of trawl nets and that they henceforth refrain from granting new licenses, renewals, extensions, authorizations, or permits to carry out this harmful activity.\n\nBased on the factual and legal reasons set forth in the action, they request that the constitutionality be examined of the phrase \"con red de arrastre\" of Article 2 subsection 27 point d), the phrase \"con red de arrastre\" of Article 43 subsection d), the phrases \"que utilizan como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo\" and \"utilizando como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo\" of Article 47 subsections a) and b), respectively, all of the Ley de Pesca y Acuicultura, Law No. 8436 of March 1, 2005, as well as any other provision that connectedly warrants it. Consequently, immediately prohibit shrimp fishing with trawl nets.\n\nThey also request that the competent authorities be ordered to proceed with the cancellation of any license, authorization, or permit that has been granted for shrimp fishing by means of trawl nets and that they abstain, henceforth, from granting new licenses, renewals, extensions, authorizations, or permits to carry out this harmful activity.\n\n2.- By means of a written submission received at the Secretariat of the Constitutional Chamber at 4:47 p.m. on August 22, 2012, Mr. Víctor Mora Elizondo, identity card number 1-0422-0934, and one hundred eighty-eight additional signatories, intervene as active coadjuvants so that Articles 2, subsection 27, point d), 43, subsection d), and 47, subsections a and b, are declared unconstitutional, insofar as they refer to the extraction of shrimp with trawl nets, of the Fisheries and Aquaculture Law, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005; an action filed by the Foundation PRETOMA and others.\n\nThey state that they intervene in favor of the conservation of marine natural resources and express that they are artisanal fishers who are directly affected by the overexploitation of species and the unregulated fishing carried out by semi-industrial vessels with trawl nets. They express that due to the overexploitation of shrimp populations, the shrimp fleet currently directs its fishing gear toward capturing fish in large quantities, with a tiny mesh size that traps everything in its path. This produces, on one hand, an oversupply of fish products and, on the other, a scarcity in artisanal fishing. Both situations bring economic and social harm to artisanal fishers.\n\nFurthermore, they state that the activity of semi-industrial shrimp vessels violates what is established in the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, approved by Costa Rica by Executive Decree number 27919-MAG of December 16, 1998, which entered into force on June 14, 1999, in which the important contribution of artisanal and small-scale fisheries to employment, income, and food security is recognized, and States are obligated to appropriately protect the right of workers and fishers, especially those engaged in subsistence, artisanal, and small-scale fisheries, to a secure and just livelihood and to provide preferential access, where appropriate, to the fishery resources they traditionally exploit as well as to traditional fishing grounds in the waters under their national jurisdiction.\n\nOur sector suffers from great problems for its integral and sustainable development, despite the efforts that over the years have been made by artisanal fishers and their organizations, for example, to regulate both artisanal fishing and that of trawl vessels, but progress has not been made as desired in the consolidation of agreements and solutions.\n\nThey affirm being legitimized by the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment that assists them, as well as the right to the just distribution of wealth, both enshrined in Article 50 of the Political Constitution. They request that the action be declared with merit.\n\n3.- By means of a resolution at 2:19 p.m. on September 3, 2012 (visible in the Judicial Dispatch Management System), the petitioner Manuel Enrique Ramírez Guier is warned to accredit within three days the representation they invoke and to provide the legal stamps.\n\n4.- By means of a resolution at 3:31 p.m. on September 6, 2012 (visible in the Judicial Dispatch Management System), the action of unconstitutionality is processed against Articles 2, subsection 27, point d), 43, subsection d), and 47, subsections a and b, insofar as they refer to the extraction of shrimp with trawl nets, of the Fisheries and Aquaculture Law, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005, considering them contrary to Articles 7, 21, 50, 69, and 89 of the Political Constitution and to the precautionary principle. The standing of the petitioner in the present process comes from the Amparo proceedings being processed under case file 12-006906-0007-CO. A hearing is granted for 15 days to the Office of the Attorney General of the Republic and to the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture.\n\n5.- By means of a written submission at 11:18 a.m. on September 6, 2012, Manuel Enrique Ramírez Guier, in his capacity as representative of the Costa Rican Federation of Sport Fishing FECOPT, responded to the warning issued by the Chamber by resolution at 2:19 p.m. on September 3, 2012, and provided to the case file the certification of legal status accrediting the condition of general attorney-in-fact without limit of sum of the Federation and the legal stamps.\n\n6.- By means of a written submission presented at the Secretariat of the Chamber at 10:56 a.m. on September 25, 2012, Ms. María Eugenia Venegas Renault, identity card number 1-0408-0427, sitting deputy of the Partido Acción Ciudadana, presented an active coadjuvancy within the legal term, in favor of the action of unconstitutionality filed by the Association Programa de Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA) and others, so that Articles 2, subsection 27, point d), 43, subsection d), and 47, subsections a and b, are declared unconstitutional, expressly insofar as they refer to the extraction of shrimp with trawl nets, of the Fisheries and Aquaculture Law, Law No. 8436 of March 1, 2005, and expresses her conformity with the arguments of the petitioners and at the same time adds that she is legitimized under Article 50 of the Constitution and Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, defense of diffuse interests such as the management of public domain assets such as marine and fishery resources, as a citizen and as a member of the first power of the Republic.\n\nShe brings up the document \"Macroeconomic indicators of the fisheries and aquaculture sector of the Central American Isthmus, period 2000-2007,\" prepared by PAPCA-OSPESCA/AECID/XUNTA DE GALICIA and published in October 2009, referring to the generation of employment in the fisheries sector and according to the document, industrial fishing participated with 78 vessels and generated 365 jobs, shrimp fishing participated with 73 vessels and generated 365 jobs, artisanal fishing participated with 4,065 vessels and generated 16,502 jobs.\n\nShe expresses that fishing by means of trawl nets is extremely destructive, causing environmental damage of difficult or impossible repair to marine ecosystems. They destroy benthic ecosystems and generate a large quantity of sediments that alter the composition of the water and the soil of the delicate marine environment.\n\nThe impacts of trawl fishing have a cumulative effect of depletion of marine ecosystems and fauna, effects alien to the sustainability criteria for fishery resources provided for in the Costa Rican legal system and protected by Article 50 of the Constitution.\n\nShe affirms that the size of the mesh size (light) (measured diagonally from vertex to vertex) of the nets used by semi-industrial shrimp vessels is not comparable with the dimensions of the mesh size (light) of the nets used by artisanal fishers. In accordance with the Agreement of the Board of Directors of INCOPESCA No. 137-2008 of April 4, 2008, the artisanal fleet that captures shrimp in the Gulf of Nicoya must use a mesh size (light) of 3 1/4 inches (equivalent to 8.25 centimeters). Meanwhile, Executive Decree No. 17658-MAG of July 17, 1987, amended by Executive Decree 21533-MAG of July 10, 1992, establishes that the minimum mesh size (light) length for the semi-industrial fleet, in wings and body, is 50 mm (4.4 centimeters or 1.7 inches) for other shrimp species and the minimum light length in the codend or bag is 37.5 mm (3.75 centimeters or 1.5 inches).\n\nShe alleges that artisanal fishers who fish with handline and with line, more selective methods, are affected because many of the species they seek are captured by shrimpers as part of the bycatch (fauna de acompañamiento, FACA) when they are still sexually immature and are discarded overboard.\n\nThe large quantity of incidental catch or bycatch (FACA) resulting from trawl fishing not only harms artisanal fishers, but also affects the entire population in general, as it is a matter of food security, first due to the great waste and second due to the capture of small individuals that do not manage to reproduce. The percentage of incidental catch in Costa Rica, according to official landing data, is greater than 70%.\n\nConsequently, the authorization of trawl nets for shrimp capture by INCOPESCA threatens the food security of the Nation, and the right to a healthy and ecologically balanced environment of present and future generations. It also contravenes the constitutional principle that guarantees the rational use of natural resources.\n\nShe states that the people who will lose their jobs with the necessary and justified prohibition of trawl fishing must be attended to by the IMAS, the INA, and INCOPESCA, so that they can venture into new productive activities and/or reconvert their fleet to dedicate themselves to other more selective and sustainable fishing activities, such as tuna fishing with handline. The commitment of the Government is undoubtedly required, so, as will be indicated in the prayer for relief, this Chamber must rule on the matter and order the competent institutions to take the necessary measures to support the sector in the event of a resolution in favor of the petitioners.\n\nThe marine space of Costa Rica represents more than 10 times the total area of its continental territory. It is a source of food, biodiversity, cultural wealth, and socioeconomic development through activities such as fishing, research, recreation, and tourism. The lack of adequate regulation is seriously compromising the sustainability of resources in the short and medium term and therefore the subsistence of the Costa Rican families who depend on these resources for their livelihood, mainly in the coastal provinces, which have suffered the highest poverty rates for decades.\n\nIt is demonstrated that in Costa Rica, shrimp populations have drastically decreased in the last 10 years due to overexploitation and the absence of fisheries management measures. This has caused shrimp vessels to direct their fishing toward species other than shrimp to make their activity profitable. This situation causes constant conflicts between the shrimp sector and the artisanal sector, preventing them from fishing for congrio, cabrilla, pargo, etc. The technique of trawl nets is not selective, because the mesh size is so small that it traps all individuals in its path, without considering species, size, or maturity, affecting the sustainability of species and the health of ecosystems.\n\nShe expresses her concern for the small-scale and medium-scale artisanal fishing sector, who face a series of limitations in undertaking the defense of their interests, especially those related to the vulnerability of their organizations, the low level of education, the difficulty in accessing decision-making positions, and the lack of institutional support. All this contributes to their demands not being attended to in a timely manner by the respective authorities, and as recorded in the written submission presented by a group of artisanal fishers and incorporated into this case file.\n\nThis technique of shrimp fishing has already been prohibited in Ecuador, and the government developed an aid plan for the people who saw their employment affected by the decision taken.\n\nShe considers that the destruction produced by bottom trawl net fishing violates the right to a healthy environment of present and future generations and transgresses the constitutional principle that guarantees the rational use of natural resources.\n\nFrom a legal standpoint, she bases the coadjuvancy on the right to a healthy and ecologically balanced environment and on the constitutional principle of just distribution of wealth contained in Articles 50 and 89 of the Constitution. Likewise, she bases her claim on the Convention on Biological Diversity, signed in Rio de Janeiro in 1992 and ratified by Costa Rica through Law No. 7416 of June 30, 1994, whose main objective is to conserve biological diversity, the sustainable use of its components, and the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources, through appropriate access to resources and appropriate transfer of relevant technologies. Among the commitments acquired by the State with the signing of this convention is to regulate and manage biological resources important for the conservation of biological diversity, whether within or outside protected areas, to guarantee their conservation and sustainable use.\n\nShe also bases the coadjuvancy on the United Nations Convention on the Law of the Sea (CONVEMAR), ratified by Costa Rica through Law No. 7291 of March 23, 1992, which determines that States shall establish the allowable catch limits on the basis of reliable and available scientific information, also having to consider the effects on species associated with or dependent upon the harvested species.\n\nIn the same vein, the norms questioned as unconstitutional violate the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, approved by Costa Rica by Executive Decree number 27919-MAG of June 14, 1999, in which States are obligated to appropriately protect the right of workers and fishers, especially those engaged in subsistence, artisanal, and small-scale fisheries, to a secure and just livelihood.\n\nFinally, she points out as violated the Inter-American Convention for the Protection of Sea Turtles, approved by Costa Rica through Law No. 7906 of August 23, 1999, which requires the use of the turtle excluder device (TED) on shrimp vessels. However, INCOPESCA, through AIDIP 151-2009 of April 30, 2009, established the mandatory use of TEDs only for inshore shrimp vessels. She also cites the Rio Declaration on Environment and Development, which includes fundamental principles of environmental law, such as the preventive principle, the precautionary principle, and the principle that enshrines the right to development in a way that meets the needs of present and future generations.\n\nShe requests that the action be declared with merit. Likewise, she requests that the competent authorities be ordered, based on the precautionary and preventive principles, to prohibit the renewal or extension of any license, authorization, or permit that has been granted for shrimp fishing by means of trawl nets. She also requests that once the unconstitutionality of the norms is declared, the competent state entities, such as the MAG, INCOPESCA, INA, and IMAS, be commissioned to provide trawl fishing workers with economic aid and technical training to reconvert their fleet, so that they may venture into another fishing activity that uses sustainable and selective extractive methods or that they may develop another productive activity according to their skills, capacities, and experiences.\n\n7.- By means of a written submission at 3:48 p.m. on September 26, 2012, the following persons present an active coadjuvancy: Mr. Ramón Loiza Alfaro, identity card number 1-0558-0038, in his capacity as representative of the Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón Pavones (ASOSINPAP), Mr. Ronald Valverde Quirós, identity card number 1-0834-0378, representing the Asociación de Pescadores y Piangueros del Golfo Dulce, Mr. Elmer Chavarría Pitti, identity card number 6-0265-0078, in his capacity as representative of the Asociación de Pescadores de Pequeña Escala y Turística Zancudo; Mr. Cirilo Quintero Quintero, identity card number 6-0153-0268, in his capacity as representative of the Asociación de Pescadores para el Desarrollo Sostenible de Puntarenas, and Mr. Pedro García García, identity card number 5-0144-0081, legal representative of the Asociación de Pescadores Artesanales Conservacionistas de la Isla Puntarenitas de Golfito; in favor of the action filed by PRETOMA and others, so that Articles 2, subsection 27, point d), 43, subsection d), and 47, subsections a and b, are declared unconstitutional, insofar as they refer to the extraction of shrimp with trawl nets, of the Fisheries and Aquaculture Law, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005.\n\nThey state that the artisanal fishing sector plays an important role in the national economy, contributing to food security and the conservation of marine natural resources. Unfortunately, it is a sector that has been affected by a reduction in educational opportunities, vulnerability of organizations, little institutional support, conflicts with the trawl fishing sector, difficulty in marketing the product, gender inequity, and lack of knowledge of their rights, which makes it one of the sectors with the greatest vulnerability at the national level. The economic and cultural contribution of the artisanal fishing sector has not been recognized. Progress has not been made on solutions despite the sector's efforts in that regard.\n\nThe sector has serious obstacles to its development; one of the causes consists of the reduction of the fishery resource due to the uncontrolled fishing carried out by the shrimp trawl fleet in the fishing zones; the situation is aggravated by the fact that, given the overexploitation of shrimp, the shrimp fleet is directing fishing toward other fish species in open unfair competition with artisanal fishers. Given the scarcity of the resource, the shrimp fleet is using nets with a tiny mesh size (light) that traps everything in its path, producing an oversupply of fish, affecting the price of fish, which is our main resource for commercialization and subsistence. This conduct violates the constitutional principle of the just distribution of wealth. Neither INCOPESCA nor any other institution has paid attention to the effects on the economies of artisanal fishers.\n\nThey add as facts the serious problem caused by the use of illegal gear, which INCOPESCA has been informed of since 2005. That due to the use of illegal gear, between 95% and 100% of the shrimp, corvina reina, aguada, picuda, colamarilla, agria, and róbalos captured in the internal zones of the Gulf of Nicoya have not reached the size at first sexual maturity. This fact is alarming; in a short time, we will be left without marine resources and without family sustenance. INCOPESCA had knowledge of these facts through document DGT-M-153-03-2005, Agreement of the Board of Directors No. 202 of April 15, 2005, where it is verified that the inshore semi-industrial shrimp fleet uses nets with a mesh size (light) smaller than authorized, consequently illegal nets, for not complying with the 2-inch measure established in Executive Decree No. 17658-MAG of November 4, 1986, and instead using 1-inch mesh, which is only authorized for deep-sea fishing. The direct consequence is that today we spend more hours fishing to capture the same quantity as several years ago, and furthermore, the catch consists of smaller fish and therefore of lower price. The shrimp boats are fishing in the shrimp reproduction zone in the Gulf of Dulce, preventing the reproductive cycle, without INCOPESCA intervening to regulate the situation, despite the fact that they have requested it and have formulated proposals of various kinds aimed at solving the problem of shrimp trawl fishing and the negative consequences it causes.\n\nThey assert that they are legitimized based on the provisions of Article 50 of the Constitution, which enshrines the right to a healthy and ecologically balanced environment and where any person is legitimized to take action in defense of the environment, as well as the just distribution of wealth, the main interest being the sustainable use of marine and fishery resources in the long term; they consider that by supporting this action they protect their rights. They appear in defense of diffuse interests of environmental protection.\n\nThey consider that the challenged norms and the activity carried out under their protection violate Articles 50 and 89 of the Political Constitution. Also Article 7 of the Constitution for disregarding various international treaties signed by Costa Rica on the matter, such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (CONVEMAR), ratified by Costa Rica through Law No. 7991 of March 23, 1992, which determines that States shall establish allowable catch limits on the basis of reliable and available scientific information; the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, approved by Costa Rica through Executive Decree No. 27919-MAG of June 14, 1999, from which rules for the protection of artisanal fishing are established; and the Inter-American Convention for the Protection of Sea Turtles, approved by Law No. 7906 of August 23, 1999.\n\nThey request to be admitted as coadjuvants, that the action be declared with merit, that the questioned norms be annulled, and that the cancellation of any license, authorization, or permit that has been granted for shrimp fishing with trawl nets be ordered, and that they abstain in the future from granting new licenses, renewals, extensions, authorizations, or permits to carry out this harmful activity.\n\n8.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 3:32 p.m. on October 2, 2012 (visible in the Judicial Dispatch Management System), the Office of the Attorney General of the Republic renders its report. It explains that the petitioners question the constitutionality of Articles 2, subsection 27, point d), and 43, subsection d), in regard to the extraction of shrimp with trawl nets, as well as Article 47, subsections a) and b), concerning the licenses granted to shrimp vessels that use bottom trawl nets as fishing gear.\n\nThe petitioners argue that the challenged norms define and permit the granting of licenses for semi-industrial shrimp fishing through the use of trawl nets, a technique that constitutes fishing gear that is highly harmful, disproportionate, and alien to any criterion of sustainability in the exploitation of marine resources.\n\nThe Attorney General's Office maintains that the Constitutional Chamber, through ruling 1458-07, upholds the position regarding the need to adapt human activities toward sustainable development, which ensures the satisfaction of present needs without compromising the ability of future generations to satisfy their own needs, for which reason a healthy and ecologically balanced environment must be understood as a development potential that must be used adequately.\n\nThey base their position on FAO studies and, with the support of various investigations, maintain that shrimp fishing with trawl nets causes environmental damage of difficult or impossible repair to marine resources.\n\nIn relation to the case, the Attorney General's Office expresses that the petitioners are legitimized insofar as they comply with the provisions of both the first paragraph and the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction. In the first case, due to the existence of an amparo remedy processed under case file 12-006906-0007-CO, and in the second case, due to the existence of diffuse interests in the protection of the environment, purposes with which the organizations they represent are linked.\n\nOn the indivisibility and interdependence of rights: environment, life, health, and sustainable development. A symbiosis exists between environment, life, and health; therefore, economic development must be based on reasons of environmental sustainability. The Organic Law of the Environment defines the environment in Article 1 as: \"the system constituted by the different natural elements that integrate it and their interactions and interrelations with the human being,\" from which the undeniable relationship with life, health, and correct national development is understood. Article 2 contains the principle of sustainable development and establishes the obligation of the Costa Rican State to promote economic development that is environmentally friendly, referring to it as \"development that satisfies basic human needs, without compromising the options of future generations.\" The environment is the common heritage of all the inhabitants of the nation, and its conservation and sustainable use are of public utility and enjoy a social interest (Article 2, subsection a).\n\nIn Article 4, the Organic Law of the Environment establishes the purposes, of which it is important to highlight the following: \"a) Foster and achieve harmony between the human being and their environment, b) Satisfy basic human needs, without limiting the options of future generations, d) Regulate human conduct, individual or collective, and public or private activity regarding the environment, as well as the relations and actions that arise from environmental use and conservation.\"\n\nThe Biodiversity Law is also responsible for regulating environmental matters and constitutes a formula that is linked to the rights to life, health, and, of course, the economic and social development of our country. In its Article 1, it sets out its object, which is \"to conserve biodiversity and the sustainable use of resources, as well as to distribute in a just manner the benefits and costs derived.\" These norms constitute the legal development of Articles 50 and 69 of the Constitution.\n\nIn its Article 2, it defines biodiversity as the \"variability of living organisms from any source, whether they are found in terrestrial, aerial, marine, aquatic ecosystems, or in other ecological complexes. It comprises the diversity within each species, as well as between species and the ecosystems of which they are a part.\"\n\nThus, the conservation of biodiversity depends significantly on its rational exploitation; therefore, among the objectives of the law is \"to integrate the conservation and sustainable use of the elements of biodiversity into the development of sociocultural, economic, and environmental policies,\" as provided for in its Article 10, subsection 1), and to achieve this objective, its Article 11 contains four criteria from which environmental protection is understood from the perspective of biodiversity, as well as human life and health.\n\nIn this sense, the criteria of environmental public interest and integration are elements in the subject matter under study and express: \"3.- Criterion of environmental public interest. The use of the elements of biodiversity shall guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of human health, and the improvement of the quality of life of citizens. 4.- Criterion of integration. The conservation and sustainable use of biodiversity shall be incorporated into plans, programs, activities, and sectoral and intersectoral strategies, for the purposes of integrating them into the development process.\"\n\nThe Attorney General's Office affirms that it is not possible to separate the issues of economic development from the issues of environmental sustainability, life, health, and human dignity. In the face of environmental devastation, it is imperative to apply sustainable development policies. From the right to life and to health integrated with the environment, a life closer to the principle of human dignity can be achieved.\n\nIt cites in favor of its argument ruling 1154-96: \"Life is only possible in solidarity with the nature that sustains us and supports us, not only for physical nourishment, but also for psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in an environment free of contamination, which is the basis of a just and productive society: 'human life is inviolable' (...) It is from this constitutional principle from which undeniably derives the right to health, to physical, mental, and social well-being, a human right that is indissolubly linked to the right to health and to the State's obligation to protect human life.\"\n\nThe Constitutional Chamber has highlighted the importance of the environment for the exercise of other human rights: \"...it was said that in the absence of a state of complete physical, mental, and social well-being, which is how health is defined, and of a healthy environment, the enjoyment of the right to life would be severely restricted. It was pointed out that the right to a healthy environment surpasses merely recreational and cultural interests and constitutes a fundamental requirement for health and life itself, the latter understood in a broader sense than mere biological existence.\" (Judgment of the Constitutional Chamber No.\n\n(1154-96).\n\nThe Chamber has also developed the principle of rational exploitation of natural resources or the principle of rational land use: \"The protection of the environment and the promotion of economic development are not independent challenges. Development cannot subsist in an environment of deterioration of the resource base, nor can it be protected when growth plans constantly disregard it. It is necessary to opt for sustainable development, which meets the needs of the present without compromising our ability to meet those of the future. This development means recognizing that if we wish to have continued access to the resources that make life possible and if we expand the benefits of industrial progress, we must be aware of the implications and limitations involved in taking that path.\" (Voto 2231-96).\n\nThe Procuraduría cites Article 1 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 4 of the American Convention on Human Rights, Article 6.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and numerals 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which embody the right to life, health, and human dignity, in absolute interdependence with the right to the environment, food, among others, as the Inter-American Court of Human Rights has made clear in its jurisprudence: \"Furthermore, as emerges from the jurisprudence of this Court and the European Court of Human Rights, there is an undeniable relationship between the protection of the environment and the realization of other human rights. The ways in which environmental degradation and the adverse effects of climate change have affected the effective enjoyment of human rights in the continent have been the subject of discussion by the General Assembly of the Organization of American States and the United Nations. It is also noted that a considerable number of States Parties to the American Convention have adopted constitutional provisions expressly recognizing the right to a healthy environment. These advances in the development of human rights in the continent have been incorporated in the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, Protocol of San Salvador.\" (Caso Kawas Fernández vs. Honduras, judgment of April 3, 2009).\n\nIn the same vein, the Inter-American Court stated: \"...this Court considers it opportune to highlight that the defense of human rights does not only attend to civil and political rights; this work necessarily encompasses the activities of denunciation, monitoring, and education on economic, social, and cultural rights, in accordance with the principles of universality, indivisibility, and interdependence recognized in the American Declaration, the Inter-American Democratic Charter, and by this Court in its jurisprudence.\" (Caso Kawas Fernández vs. Honduras, judgment of April 3, 2009).\n\nThey also cite the Stockholm Declaration in its Principles 2 and 5, which state: \"Principle 2.- The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate (...). Principle 5.- The non-renewable resources of the earth must be employed in such a way as to guard against the danger of their future exhaustion and to ensure that all mankind shares in the benefits of such employment.\" For its part, the Rio de Janeiro Declaration establishes: \"Principle 1.- Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature (...) Principle 3.- The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations; Principle 4.- In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.\" In the same sense, it cites resolutions 57/253 of December 20, 2002, 55/196 and 61/195 of December 20, 2006, which highlight the need to achieve socio-economic development in harmony with the environment.\n\nIn relation to the norms challenged as unconstitutional, the Advisory Body states that from 1980 to date, serious and objective scientific studies have been developed at the national and international level reflecting the existence of serious environmental problems generated by shrimp fishing with trawl nets. It cites opinions of the Procuraduría and studies by the FAO that highlight the damage caused by trawl nets. It concludes that the regulation of shrimp fishing with trawl nets is harmful to the right to enjoy a healthy and balanced environment.\n\n9.- By means of a brief filed in the Secretariat of the Constitutional Chamber at 18:10 hours on October 3, 2012, Luis Gerardo Dobles Ramírez, identity card 2-0377-0256, reports under oath in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) and president of the Board of Directors of the Institution, and states:\n\nThat the action refers to the authorization or granting of licenses for semi-industrial shrimp fishing in the Costa Rican Pacific to vessels that use trawl nets as fishing gear (artes de pesca). According to the plaintiffs, INCOPESCA does not carry out technical studies that determine the use of the gear, nor the impact of such gear on hydrological resources. The plaintiffs also affirm that INCOPESCA has not required an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) prior to the granting of the license, and based on these arguments they request that Articles 2, subsection 27, point d), and 43, subsection d), insofar as they refer to the extraction of shrimp with trawl nets, and 47, subsections a and b, of the Ley de Pesca y Acuicultura, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005, be declared unconstitutional.\n\nHe states that, as has been raised in many fishery administrations in many countries of the world, no fishery is prohibited or proscribed; on the contrary, it is managed and regulated; establishing management measures and sufficient and efficient mechanisms that can allow achieving the objectives of responsible and sustainable use of fishery resources.\n\nHe asserts that some of the plaintiff organizations do not represent diffuse interests but rather make these efforts their modus vivendi, to receive funds, donations, and resources that allow them to sustain themselves over time and meet all economic needs. This is the case of PRETOMA and MARVIVA. Meanwhile, FECOPT also does not defend a diffuse interest but a direct interest since they are engaged in the largest and wealthiest fishing activity, which is sport fishing, using vessels costing billions of dollars in which economically powerful people participate, and they seek to eliminate competition.\n\nSemi-industrial shrimp fishing with trawl nets has had a historical development worldwide. Currently, it is permitted in many countries of the world; it is used by countries in Europe, the East, Latin America, and the United States, subject to regulations that are also applied in Costa Rica. In Costa Rica, this fishing gear (arte de pesca) was developed about fifty years ago. In our country, there came to be 71 licenses for shrimp vessels with inshore or deep-water trawl nets; 10 of those licenses were administratively canceled and 50% of them are inactive—they do not fish or have sunk, etc.—leaving currently only 38 shrimp vessels that normally carry out shrimp fishing operations with trawl nets.\n\nHe states that the licenses have been granted under the protection of the law; we are in the presence of a lawful activity and a legally authorized technique. INCOPESCA's competencies in the matter find support in the laws that regulate it.\n\nINCOPESCA, together with the Universidad Nacional and the Japan International Cooperation Agency, prepared the document \"Presentation of Conclusions and Recommendations, September 2007, within the framework of the Sustainable Fishery Project for the Gulf of Nicoya, Costa Rica\" and concluded as a management objective, based on a population assessment, that the vessels with trawl nets should be reduced to 38 vessels to allow the gradual recovery of the fishery, until achieving sustainability. The number of vessels of this class operating in Costa Rica complies with the scientific recommendations for fleet reduction to allow the gradual recovery of the fishery.\n\nThe plaintiffs omit that Law No. 8436 declares fishing activity to be of public utility and social interest, and the promotion and development of that activity and the related industry are declared to be of national interest (Art. 5). The scientific aspect is one of the factors to consider but not the only one; economic and social aspects must also be considered in accordance with the provisions of numeral 103 of Law No. 8436. One cannot claim that a fishing activity dating back 60 or 70 years, which generates wealth and social stability, be eliminated, because if it is prohibited it will be materially impossible for these vessels to utilize the resource.\n\nHe expresses that the current legislation regulates the granting of licenses or permits but at no time requires an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), except for concessions or for the authorization of aquaculture project developments. The existing licenses comply with the requirements demanded by the Law, compliance with which is overseen by INCOPESCA.\n\nHe affirms that for conducting studies where species are captured, they must have permits from INCOPESCA in accordance with the Law, and none of the studies mentioned in the action have those permits, so they have been developed illegally and are null for evidentiary purposes. Now, all the studies referring to other countries, because they deal with realities different from ours, the results obtained in those investigations do not apply to Costa Rica. Indeed, the reality of other countries is not comparable to ours, neither in the conditions of the marine waters, nor in the size, technology, and equipment of the shrimp fleet, the power of the engines and hydraulic mechanical equipment, etc. For this reason, it is not valid to extrapolate studies from other countries and apply them to Costa Rica.\n\nThe President of INCOPESCA states that licenses are not granted for fishing in protected areas or areas subject to special regulations, such as areas of marine national parks, natural monuments, biological reserves along the entire Costa Rican Pacific coastline, excluded for many years from the authorized fishing area, and for two years all the area comprising the Golfo Dulce; as well as in the Responsible Fishing Marine Areas, such as the areas of Palito and Montero of Isla de Chira, Isla Caballo, Puerto Níspero, as well as spatial and temporal restrictions in the Responsible Fishing Marine Area of Tárcoles and in the Responsible Marine Area of San Juanillo in Guanacaste. The licenses are also limited by the additional closure (veda) established for the Gulf of Nicoya, a complete closure for at least three months a year and extending to the mouth of the Tempisque River in Guanacaste. They are also obligated, for the continuance of the license, to carry and use turtle excluder devices. In compliance with this last point, the Authorities of the United States have rated us as one of the best technical programs at the Latin American level, comparable to that executed by the fisheries system of their own country.\n\nThe semi-industrial shrimp trawling sector in Costa Rica must be understood to be composed not only of the fishing activities of those 38 vessels, but also of the social, labor, and wealth-generating component that the sector produces. Behind a shrimp entrepreneur are several families who live thanks to the activity. It must be taken into account that coastal zones continue to be the zones of greatest risk and social vulnerability.\n\nIn relation to the capture of so-called \"bycatch (fauna de acompañamiento),\" it technically means the utilization of fishery resources necessarily associated with the shrimp catch, which are not the target fishery, but whose exclusion is impossible. This phenomenon is due to the fact that this fishing gear (arte de pesca) is not selective. However, this does not entail a violation or breach of environmental or fisheries regulations.\n\nHe states that INCOPESCA has acted in accordance with legality, not only in the granting of licenses, but also by establishing restrictions on the exercise of the activity under the protection of the Law and subsequently, inspecting and monitoring compliance.\n\nHe reports that PRETOMA filed a reckless complaint or submission against Costa Rica and all its authorities before the Secretariat for Environmental Affairs of the Free Trade Agreement signed between the United States, Central America, and the Dominican Republic (CAFTA). The Secretariat rejected the complaint in June 2012 for not finding any violation of fishing legislation, environmental legislation, or the content of the Treaty.\n\nIn relation to scientific information, he expresses that there is no specific information demonstrating what the impact of trawling is on the ecosystem, at the regional and local level; different researchers hold conflicting opinions regarding the levels of impact, and there is even scientific literature showing positive effects on the ecosystem (\"Impacto de la pesca de arrastre de camarón sobre el ecosistema bentónico frente a las costas de Nayarita, México, www.funprover.org\"). In a similar sense, a study by Sánchez, 2009, published in the Bulletin of the Mexican Geological Society, called Sedimentary Geochemistry in Trawl and Non-Trawl Bottom Fishing Areas on the Coast of Sinaloa, Sonora, Gulf of California, found that geochemical and sedimentological studies conducted to evaluate the effect of bottom trawling in Mexico are practically non-existent. Trawling and non-trawling sites were compared; surprisingly, the geochemical variations (calcium carbonate, organic carbon and nitrogen, the C/N ratio, and the stable isotopes of carbon and nitrogen) in both areas (pristine and impacted) were not statistically different. He states that both FAO and UNEP have financed and supported research projects on trawling with the aim of making this fishery more sustainable and not to eliminate it. FAO has also supported shrimp trawl fishers, local artisanal fishers, and regional fisher organizations to introduce different bycatch reduction technologies, considering the specific environmental conditions and interests of the participating countries. FAO is promoting projects and new regulations aimed at \"reducing bycatch... fewer juvenile fish and unwanted species are unintentionally caught, they can be left to mature for the benefit of the fisher, their livelihood, and for millions of people in developing countries...\" (Project \"Reduction of environmental impacts of tropical shrimp trawling through the introduction of bycatch reduction technologies and change of management,\" 2012). That Project involves several countries in the world, including Costa Rica.\n\nWhile it is true that trawling, like all human activity, has effects on the ecosystem, there are no scientific studies that have found impacts attributable to shrimp trawling on coral populations, seagrass beds, or mollusk banks; these are rather attributable to climate change. The impact at the mouth of the Río Grande de Tárcoles is a product of the sedimentation originating from the high levels of pollution discharged by the river, coming from the central plateau, and not from shrimp fishing activity with trawl nets.\n\nTrawling effectively generates catch of juvenile species, a situation that was the subject of study by various researchers and addressed by a study conducted by FAO in coordination with INCOPESCA, in which exclusions of shrimp bycatch (fauna de acompañamiento) on the order of 25% were achieved, and the second phase of the project is being generated that will allow introducing adequate regulation measures, such as the use of devices that allow excluding certain bycatch species.\n\nIt is not true that rays and sharks reach significant percentages in the catches of shrimp bycatch (fauna de acompañamiento). Field research demonstrated that the shark catch by trawl nets represented 1.15% of the total composition of the bycatch (fauna de acompañamiento) caught. The rays caught are returned alive to the sea.\n\nEvidence that what is required is regulation and not prohibition can be seen in the recovery of biodiversity, in less than 6 months, in the Responsible Fishing Marine Area of Tárcoles, where a closure (veda) was declared, still in force, which will allow both the sustainable use of resources and the socioeconomic improvement of fishers. This demonstrates that the management and regulation measures dictated by INCOPESCA are yielding results.\n\nIn relation to the alleged Law, they affirm that Article 21 of the Constitution is not related to the issue, except because the fishing activity supplies food to the population and thereby, food security and health for Costa Ricans. Direct and indirect jobs for many people. In relation to Article 69 of the Constitution, they express that it has no application to this matter, as it rather refers to economic activities that occur on land and not at sea. Nor is there any relationship between the natural beauties or the historical and artistic heritage protected in numeral 89 of the Fundamental Charter and shrimp fishing by means of trawl nets on the seafloor.\n\nBy reason of the foregoing and the evidence provided, they expressly request this Constitutional Chamber to reject the filed action in all its extremes.\n\n10.- By means of a brief filed in the Secretariat of the Chamber at 11:45 hours on October 8, 2012, Jorge Luis Rojas Montes, identity card 5-0226-0852, intervenes as active coadjuvant in his capacity as legal representative of the Asociación de Pescadores Artesanales de Playa Bejuco and states that he coadjuvates in favor of the action filed by PRETOMA and others, so that Articles 2, subsection 27, point d), 43, subsection d), and 47, subsections a and b, expressly insofar as they refer to the extraction of shrimp with trawl nets, of the Ley de Pesca y Acuicultura, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005, be declared unconstitutional.\n\nHe states that he approves the facts and Law alleged by the plaintiffs and adds the following: That artisanal fishers have been seriously affected by shrimp fishing with trawl nets, which is overexploiting some species, preventing the reproductive cycle, and drastically affecting the economic situation of the artisanal fishing sector. The future is bleak because the way in which the marine resource is being exploited is not sustainable. We are in the presence of a sector submerged in poverty, without opportunities for integral development.\n\nHe adds to the facts the high percentage of catch of species such as: conger eel, cabrilla, spotted snapper, and yellowtail snapper, captured by shrimp trawl vessels in the area of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Caletas-Ario, in the Refugio de Vida Silvestre Camaronal, without reaching the size at first sexual maturity. This fact worries the coadjuvant Association because it considers that soon they will be left with nothing to fish and therefore, without family subsistence. Given the scarcity of the resource, today they have to invest more in \"supplies (alistos)\" (food and other provisions for the crew) because more hours are invested to fish what years ago was achieved in little time; what was previously fished with 400 hooks is now achieved with 1000; more is invested in fuel. All this is making production costs more expensive. He explains that trawling represents a problem for turtles; they become trapped in the nets and die of asphyxiation. Dead turtles are frequently found on the beach, victims of these vessels.\n\nHe considers that he is legitimated to act as coadjuvant by virtue of the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized to every person by Article 50 of the Constitution. He also bases his standing on the diffuse interests that the protection of the environment entails and on the fair distribution of wealth, the sustainable long-term use of marine and fishery resources being of special interest. Finally, he bases his participation on the collective interests that he holds as an association.\n\nHe considers Articles 7, 50, and 89 of the Political Constitution, the United Nations Convention on the Law of the Sea (COVEMAR), the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, and the Inter-American Convention for the Protection of Marine Turtles to have been violated.\n\nHe accepts the petition of the plaintiffs and requests that the action be granted.\n\n11.- By means of a brief filed in the Secretariat of the Chamber at 11:46 hours on October 8, 2012, Amado Quirós Vega, identity card number 5-0210-0848, intervenes as active coadjuvant in his capacity as legal representative of the Asociación de Pescadores de Puerto Coyote de Nandayure de Guanacaste and states that he coadjuvates in favor of the action filed by PRETOMA and others, so that Articles 2, subsection 27, point d), 43, subsection d), and 47, subsections a and b, expressly insofar as they refer to the extraction of shrimp with trawl nets, of the Ley de Pesca y Acuicultura, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005, be declared unconstitutional.\n\nThe content of the brief is similar to those filed by the Asociación de Pescadores Artesanales de Playa Bejuco and the Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón Pavones (ASOSINPAP) and others, so he refers to the facts and law alleged by them.\n\nHe bases his standing on the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in Article 50 of the Constitution, on the diffuse interests that the protection of the environment entails, and on the fair distribution of wealth, the sustainable long-term use of marine and fishery resources being of special interest. As well as on the collective interests that they hold as a group.\n\nHe considers Articles 7, 50, and 89 of the Political Constitution, the constitutional principle of the fair distribution of wealth, the United Nations Convention on the Law of the Sea (COVEMAR), the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, and the Inter-American Convention for the Protection of Marine Turtles to have been violated. He accepts the petition of the plaintiffs and requests that the action be granted.\n\n12.- By means of a brief filed in the Secretariat of the Chamber at 14:12 hours on October 9, 2012, Eliécer Martínez, identity card number 5-279-0275, and 22 more signatories who assert they are artisanal fishers from the community of San Juanillo, Cuajiniquil, Guanacaste, intervene as coadjuvants and state that they participate as coadjuvants of the action filed by PRETOMA and others, so that Articles 2, subsection 27, point d), 43, subsection d), and 47, subsections a and b, expressly insofar as they refer to the extraction of shrimp with trawl nets, of the Ley de Pesca y Acuicultura, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005, be declared unconstitutional.\n\nThey assert that they are a sector that plays an important role in the national economy, that they contribute to the country's food security, provide employment opportunities in coastal areas, and contribute to the conservation of marine natural resources. They affirm that they represent many families of scarce resources and that they have been greatly affected by semi-industrial shrimp fishing using trawl nets and by the negative consequences that this practice causes on marine ecosystems and resources, which has placed them in a very delicate economic and social situation.\n\nThey agree with the other coadjuvant representatives of artisanal fishers that the shrimp fleets are directing fishing to species such as snapper, conger eel, and cabrilla and not to shrimp, seriously affecting their economic activity and the reproduction of the species, because they are fishing sexually immature species. They warn that the shrimp fleet is fishing with a tiny mesh size that catches all kinds of fish, leaving practically nothing for artisanal fishers.\n\nThey support their standing in the provisions of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in the defense of the diffuse interest of environmental protection and in the collective interest they hold in defense of the sector and in the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized to every person by Article 50 of the Constitution.\n\nThey consider Articles 7, 50, and 89 of the Political Constitution, the constitutional principle of the fair distribution of wealth, the United Nations Convention on the Law of the Sea (COVEMAR), the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, and the Inter-American Convention for the Protection of Marine Turtles to have been violated. They request that the action be granted.\n\n13.- By means of a brief filed in the Secretariat of the Chamber at 8:19 minutes on October 25, 2012, Rolando Ramírez Robles, identity card 1-0550-0861, and Enoc Rizo Rizo, identity card 9-0045-0019, both in their capacity as legal representatives, respectively, of the Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito IV de Quebrada Honda, Puerto Pochote, and the Comité Local de Pescadores de Colorado, intervene and state that they intervene as coadjuvants of the action filed by PRETOMA and others, so that Articles 2, subsection 27, point d), 43, subsection d), and 47, subsections a and b, expressly insofar as they refer to the extraction of shrimp with trawl nets, of the Ley de Pesca y Acuicultura, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005, be declared unconstitutional.\n\nThey consider themselves legitimated under Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in defense of the diffuse interest of environmental protection, the collective interests that their represented parties defend, and the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in Article 50 of the Constitution.\n\nThe facts they mention and the argumentation they make are identical to that set forth by the other artisanal fisher associations that also intervene as coadjuvants in this process.\n\nThey consider Articles 7, 50, and 89 of the Political Constitution, the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the constitutional principle of the fair distribution of wealth, the United Nations Convention on the Law of the Sea (COVEMAR), the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, and the Inter-American Convention for the Protection of Marine Turtles to have been violated. They fully accept the petition of the plaintiffs and request that the action be granted.\n\n14.- By means of a brief filed in the Secretariat of the Chamber at 14:58 hours on November 1, 2012, the following intervene as passive coadjuvants: Mr. Miguel Chango Wong, identity card 6-0117-0473, in his capacity as legal representative of the company El Mástil S.A., and in his personal capacity, Marcial Parra Arias, identity card 6-0146-0501, in his capacity as legal representative of the company Sunugal S.A., Grupo Maricultura TICA S.A., empresa Vida y Arte Tres Mil S.A., Roy Mauricio Carranza Lostalo, identity card 6-0299-0178, legal representative of the company Camaronera R.C. S.A., of the company Inversiones Calo S.A.\n\nand of Sociedad Importadora y Exportadora Sol Rojo de Oriente S.A., José Bernardo Vega Figueroa, identity card 1-0102-1199, Luis Guillermo Monge Mata, identity card 1-0685-0414, representative of the company Desarrollos Pesqueros Nacionales S.A., Edgar Carvajal Sánchez, identity card 6-0112-0167, legal representative of the company Morlob S.A., Jamileth Alvarado Soto, identity card 5-0208-0829, Jorge Gutierrez Vargas, legal representative of the company Dismarpa S.A., Enrique Vargas Cascante, identity card number 1-3971-0298, Gerardo Marín Rojas, identity card 6-01050415, Alfredo Sánchez Sánchez, identity card 5-0131-0474, legal representative of Compañía Pesquera Moncharelo S.A., Jorge Antonio Niño Villegas, identity card 6-0088-0404, legal representative of the company PESCANI S.A., Fernando Pérez Carvajal, identity card 6-0084-0118, legal representative of the company Pesquera Ticoco S.A., Joaquín Da Silva Jesús, identity card 8-0059-0324, legal representative of the company Quinta los Compadres S.A., all owners of semi-industrial shrimp fishing vessels, coadyuvate in favor of the position held in the proceeding by the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).\n\nThey state that the plaintiffs lack standing because they represent collective interests and not diffuse interests. The Chamber has rejected actions brought in defense of diffuse interests when they actually involve collective interests, and that is how it should be declared in this case.\n\nThey express that the challenged norms have no touch of unconstitutionality whatsoever, because they regulate shrimp fishing by allowing an art commonly used, accepted, and regulated worldwide. They affirm that fishing is an activity duly regulated and controlled by competent institutions; bottom trawling has historically been permitted worldwide. Its use in Costa Rica exceeds 50 years. The activity is carried out by families who have dedicated themselves to the business for generations. According to INCOPESCA data, all licenses granted to the current vessels using bottom trawls predate the very existence of the Institute. In Costa Rica, 69 licenses of this class have been granted.\n\nCurrently, shrimp trawling is practiced by 38 vessels, representing 50% of the licenses granted. The Institute has not granted any new license of this type since its creation. These business owners have been able to survive despite the high costs and the increase in restrictions that the public authority imposes in pursuit of protecting the marine resource. The activity is carried out in absolute compliance with existing regulations and the use of legally required mechanisms.\n\nCosta Rica has the endorsement of the United States of America for the acquisition of shrimp caught in our waters through the exercise of shrimp trawling. In 2009, the United States government imposed a restriction requiring the turtle excluder device (TED) and suspended the importation of Costa Rican wild shrimp for non-compliance with U.S. turtle protection regulations. Once the corresponding inspections were carried out, the U.S. government lifted the embargo so that our country could once again export shrimp caught with bottom trawls. Costa Rica was recertified and resumed exporting to the U.S. market as of May 17, 2012.\n\nThey state that they are aware that any human activity on earth has environmental repercussions; however, for it to have repercussions, it must be serious and irreparable as provided by the Rio Declaration. The Board of Directors of INCOPESCA has taken a series of agreements aimed at preventing and preserving the hydrobiological resource, specifically in the field of semi-industrial vessels with bottom trawls, for example, agreement A.J.D. 241-2009, through which it prohibited the use of this technique in the most vulnerable zones, resulting in the creation of the Golfo Dulce Responsible Fishing Marine Area.\n\nRegarding the socioeconomic impact, they state that according to information provided by INCOPESCA, there are currently 38 vessels authorized in Costa Rica to carry out this activity. Each vessel has a crew composed of a captain, a mechanic, a cook, and three sailors—six people per vessel. Each of these people has a household usually composed of between four and six people. Additionally, there is administrative staff composed of at least a secretary, an accountant, an administrator, and a janitor. Now, to carry out the activity, the shrimp business owner must: insure the staff with the CCSS and the INS, pay INCOPESCA the respective fees for each required procedure and the annual renewal of the fishing license, pay dock fees, make municipal tax payments, business licenses and urban taxes, pay income tax, and buy fuel from RECOPE.\n\nIndirectly, there is a large group of people and businesses that benefit from the exercise of fishing activity in general, and therefore it includes shrimp trawling, among them supermarkets, greengrocers, butcher shops, fishmongers, ice factories, hardware stores, material and supply warehouses, sellers of oils and lubricants, the net makers (artisans who weave the nets), welders, fiberglass workers, riverbank carpenters, electricians and those in charge of vessel maintenance, painters, dry dock owners, doctors, lawyers, accountants, female heads of household who are in charge of peeling the shrimp, and all those involved in the commercial activity. All constitute a chain of interdependence where it is estimated that more than one hundred thousand people benefit, without prejudice to the fact that it is a source of foreign currency for the country.\n\nThey oppose the comparison made by the plaintiffs that fishing with a bottom trawl is equivalent to felling a forest to capture a bird. It is true that a considerable amount of bycatch (fauna de acompañamiento, FACA) is captured; however, to reduce the impact, INCOPESCA has prohibited shrimp capture in certain zones declared vulnerable. The use of fuel causes damage to the environment, and no one thinks of declaring its use unconstitutional. What is done is to introduce regulations to the activity in order to reduce the impact on the environment, whether the use of fuels or trawling, and to adjust the activity to sustainable development. On the other hand, they state that the discarded product serves as food for birds and other fish, maintaining the biological cycle. They assert that the fish that are caught through the net and also sold in the market, far from threatening food security, strengthen it, because it allows for more variety of food for the Costa Rican consumer.\n\nThey assure that the only damage or injury that the prohibition of bottom trawls in shrimp fishing will cause will be on the families that depend on this activity. It must be taken into account that in coastal zones there are no sources of employment. The prohibition will cause greater unemployment and poverty in the coastal zones.\n\nThey state that Article 7 of the Constitution is not transgressed, because the activity respects international treaties and internal legislation. In compliance with this regulation, special fishing equipment is used, devices to exclude turtles (TEDs), protection zones for the hydrobiological resource have been created, and a two-inch mesh is used. The activity does not endanger human life nor violate Article 21 of the Constitution; on the contrary, it rather promotes life, through food and the sustainability of the resource. They maintain that the plaintiffs do not explain why they believe the constitution or international treaties are violated, and the reason is simple, because there is no violation whatsoever. A licit activity, permitted by the legal system, regulated and controlled by INCOPESCA, cannot be unconstitutional.\n\nEvery human activity causes damage to the environment, and they should not be declared unconstitutional for this reason. It is not a matter of prohibiting but of adequately regulating the activity. Article 50 is a broad norm where many activities fit that, although they cause environmental impact, do not violate the right to a healthy and ecologically balanced environment. Articles 69 and 89 of the Constitution are not violated; there is no inequality in the distribution of the shrimp fishing activity, where the State has rather abused the granting of licenses for artisanal fishing. They believe that Articles 69 and 89 of the Constitution are not applicable to the case under examination. The plaintiffs seek to achieve in the Chamber what they have not achieved in the Legislative Assembly. There is a Bill to prohibit the activity and they have not achieved its approval; the advisable thing is to wait for the deputies to approve or not the Bill under discussion.\n\nThey request that the action of unconstitutionality be rejected and that it be declared that the activity of shrimp trawling has no friction with the Political Constitution.\n\n15.- By resolution at 2:33 p.m. on November 5, 2012, Ramón Loaiza Alfaro, representative of the Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón, Pavones, Ronald Valverde Quirós, representative of the Asociación de Pescadores y Piangueros del Golfo Dulce, Elmer Chavarría Pitti, representative of the Asociación de Pescadores de Pequeña Escala y Turística Zancudo, Cirilo Quintero Quintero, representative of the Asociación de Pescadores para el Desarrollo Sostenible de Puntarenitas, and José García García, representative of the Asociación de Pescadores Arsenales Conservacionistas de la Isla Puntarenitas de Golfito, are warned to prove their representation, under warning of rejecting the coadyuvancy request filed.\n\n16.- By brief filed in the Secretariat of the Chamber at 9:45 a.m. on November 8, 2012, Jorge Arturo Jiménez Ramón, representative of the MARVIVA Foundation, requests the holding of the hearing, because he considers it convenient and necessary to orally present the reasons and technical arguments on the merits and to visualize the positions of the parties, an aspect that is not achieved by the mere reading of the documents submitted by the parties.\n\n17.- By brief filed in the Secretariat of the Chamber at 1:57 p.m. on November 9, 2012, the coadyuvants: Ramón Loaiza Alfaro, representative of the Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón, Pavones; Ronald Valverde Quirós, representative of the Asociación de Pescadores y Piangueros del Golfo Dulce; Elmer Cavaría Pitti, of the Asociación de Pescadores de Pequeña Escala y Turística Zancudo; Cirilo Quintero Quintero, representative of the Asociación de Pescadores para el Desarrollo Sostenible de Puntarenas; and José Pedro García García, representative of the Asociación de Pescadores Artesanales Conservacionistas de la Isla de Puntarenitas de Golfito, comply with the Chamber's warning by resolution at 2:33 p.m. on November 5, 2012, and present the respective registry certifications of legal capacity.\n\n18.- By Resolution of this Chamber at 10:08 a.m. on November 13, 2012, the coadyuvancies filed are resolved as follows: The following are accepted as coadyuvants for having filed the request within the period indicated in numeral 83 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional: Víctor Mora Elizondo and one hundred and eighty-eight more artisanal fishers, Maria Eugenia Venegas Renauld in her capacity as deputy, Ramón Loaiza Alfaro, in his capacity as representative of the Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón, Pavones, Ronald Valverde Quirós, representative of the Asociación de Pescadores y Piangueros del Golfo Dulce, Elmer Chavarría Pitti in his capacity as representative of the Asociación de Pescadores de Pequeña Escala y Turística Zancudo, Cirilo Quintero Quintero, representative of the Asociación de Pescadores Artesanales Conservacionistas de la Isla Puntarenitas de Golfito, Jorge Luis Rojas Montes, representative of the Asociación de Pescadores Artesanales de Playa Bejuco, Amando Quirós Vega, representative of the Asociación de Pescadores de Puerto Coyote de Nandayure; Eliécer Martínez and others in their capacity as artisanal fishers of San Juanillo Cuajiniquil, Rolando Ramírez Robles, representative of the Asociación de Pescadores del Distrito IV Quebrada Honda, Pochote, and Enoc Rizo Rizo, representative of the Comité Local de Pescadores de Colorado. All these coadyuvancies, the Chamber estimates, met the requirements stipulated by numeral 83 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nThe coadyuvancies requested by Miguel Chanto Wong, Marcial Parra Arias, Mauricio Carranza Lostalo, José Bernardo Vega Figueroa, Luis Guillermo Monge Mata, Edgar Carvajal Sánchez, Jamileth Alvarado Soto, Jorge Gutiérrez Vargas, Enrique Vargas Cascante, Gerardo Marín Rojas, Alfredo Sánchez Sánchez, José Antonio Niño Villegas, Fernando Pérez Carvajal, Joaquín Da Silva Jesús, are rejected as extemporaneous, given that they filed the request on November 1, 2012, after the 15 days established by law had expired, counting from the first publication of the notice in the Boletín Judicial.\n\n19.- By brief filed in the Secretariat of the Chamber at 10:58 a.m. on January 14, 2013, Jorge Arturo Jiménez Ramón, legal representative of the MARVIVA Foundation, reports new facts. Specifically, he provides report DFOE-EC-IF-14-2012 from the Contraloría General de la República, through which he presents the results of the special audit conducted on INCOPESCA where the fulfillment of the Institution's functions, established in its Creation Law and in the Ley de Pesca y Acuicultura, is analyzed.\n\nThe Contraloría found serious deficiencies in the management of the fishery resource, among which the granting of licenses stands out, including those for trawl fishing, despite it being a very destructive fishing art. They highlight the obligation of INCOPESCA, in light of the legal system that governs it, to establish which are the prohibited fishing arts in the country, but it is also required that it establish the sizes of the specimens of each species, from which individuals would be considered immature and, therefore, of prohibited catch.\n\nThey again mention that in Ecuador, the Ministry of Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fisheries issued ministerial agreement 161, 2010, prohibiting trawl fishing in its seas. The reason on which the agreement is based is that it is a non-selective fishing art, it catches everything regardless of species and size, produces large amounts of discard, and wastes a large number of individuals of non-commercial species. They request that report DFOE-EC-IF-14-2012 from the Contraloría General de la República be admitted as evidence.\n\n20.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in numbers 194, 195, and 196 of the Boletín Judicial, on October 8, 9, and 10, 2012 (visible in the Judicial Dispatch Management System).\n\n21-. The oral and public hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 ibidem, because it is considered that there are sufficient elements of judgment to resolve this action.\n\n22.- In the proceedings, the prescriptions of law have been complied with.\n\n          Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,\n\nConsidering:\n\nI.- .On the admissibility of the action and the plaintiff's standing. The action of unconstitutionality is a process with certain formalities, which must be satisfied so that the Chamber can hear the merits of the challenge. Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional contains the admissibility requirements for actions of unconstitutionality, and regulates three different situations. In the first paragraph, it requires the existence of a pending matter to be resolved, either in a judicial venue—which includes appeals of habeas corpus or amparo—or in an administrative venue, only in the procedure for exhausting this route, in which the unconstitutionality of the challenged norm is invoked as a reasonable means of protecting the right that is considered injured in the main matter. For its part, the second and third paragraphs regulate the direct action, that which does not require a base matter, in the following cases: a) when due to the nature of the matter there is no individual and direct injury; b) when it involves the defense of diffuse interests, or those that concern the community as a whole, and c) when the action is brought by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, and the Defensor de los Habitantes in matters within their competence. In this regard, the Chamber has stated:\n\n“Regarding the standing to file an action of unconstitutionality, this Chamber has considered that Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates the requirements that determine the admissibility of actions of unconstitutionality, requiring the existence of a pending matter to be resolved in an administrative or judicial venue in which the unconstitutionality is invoked, a requirement that is not necessary in the exceptional cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when due to the nature of the norm there is no individual or direct injury; it is based on the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole, or it is filed by the Procurador General de la República or the Defensor de los Habitantes, in these latter cases, within their respective areas of competence. From the foregoing, it is understood that the general rule points to the need to have a prior matter, with the possibilities of directly resorting to the Constitutional Chamber being exceptional.” (Judgment of the Constitutional Chamber No. 13-778-04)\n\nThe plaintiffs base their standing not only on the existence of a base matter, contemplated in the first paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción constitucional, but also on the provisions of the second paragraph, specifically on the defense of diffuse interests.\n\nRegarding the first paragraph, they allege that there is an amparo appeal pending resolution, in which the unconstitutionality of the norm was alleged as a reasonable means to protect the right, file 12-006906-0007-CO; the Constitutional Chamber admitted it for processing and granted them the respective period to file the action, through resolution 8552-2012 at 2:30 p.m. on June 26, 2012. Consequently, in relation to this first standing requirement, the plaintiffs meet the demands of the first paragraph of Article 75 of the Law of this Jurisdiction.\n\nFor purposes of the admissibility of the action, the foregoing analysis and the verification of compliance with the other formalities stipulated by the Law would suffice. However, the plaintiffs also allege that their standing finds basis in the second paragraph of Article 75 cited, specifically in diffuse interests, as it is an action in defense of hydrobiological resources, specifically marine natural resources and the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nRegarding diffuse interests, this Chamber has specified in its jurisprudence the following:\n\n“…the possibility of appearing in defense of 'diffuse interests' is foreseen; this concept, whose content has been gradually delineated by the Chamber, could be summarized in the terms used in the judgment of this court No. 3750-93, at 3:00 p.m. on July 30, 1993, which indicated the following:\n\n'(..) Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law – as this Chamber has already stated – merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in relation to them, specific persons, or personalized groups, are identified or easily identifiable, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones that concern a community as a whole. It is therefore a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of people who share an interest and, therefore, receive a harm, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that it is a matter of equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them (...) That is, diffuse interests share a dual nature, since they are at once collective – because they are common to a generality – and individual, which is why they can be claimed in such capacity (...)'”\n\nIn summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a certain social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a certain personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is distributed, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, it is clear that the challenge that a member of one of these sectors could make, protected by paragraph 2 of Article 75, must necessarily refer to provisions that affect them as such.\n\n“This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualification of 'diffuse,' such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the proper management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made; on one hand, the referred goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; an environmental harm does not just affect the neighbors of a region or the consumers of a product, but rather injures or puts at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity...” (Judgment of the Constitutional Chamber No. 13-778-04).\n\nUnder the protection of the jurisprudence of the Constitutional Chamber and Constitutional Procedural Law, it is legally possible to file an action, like the present one, in favor of interests whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a certain social need, such as the protection of marine hydrobiological resources and the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nFinally, the Ley de la Jurisdicción Constitucional requires compliance with certain important formalities that constitute admissibility requirements, the fulfillment of which is necessary to be able to analyze the merits of the action. Some of those requirements are an adequate substantiation of the grounds for unconstitutionality with a specific citation of the constitutional norms and principles that are considered infringed (Article 78), the signature of those who file the action duly authenticated by a legal professional (Article 78), the accreditation of the conditions of standing (powers of attorney and certifications), and the literal certification of the brief where the reservation of unconstitutionality was made in the prior matter (Article 79).\n\nIn short, the action meets the requirements provided in both the first paragraph and the second paragraph of the aforementioned regulations; specifically, it addresses the defense of diffuse interests and conforms to the other formalities required by the Ley de la Jurisdicción constitucional, which is why its admission proceeds.\n\nII.- On the active and passive coadyuvancies. Article 83 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes:\n\n“Within the fifteen days following the first publication of the notice referred to in the second paragraph of Article 81, the parties who appear in the matters pending as of the date of filing the action, or those with a legitimate interest, may appear within it, in order to coadyuvate in the allegations that might justify its appropriateness or inappropriateness, or to expand, where applicable, the grounds for unconstitutionality in relation to the matter that concerns them.”\n\nUnder the protection of these norms, the following persons intervene as active coadyuvants:\n\nVíctor Mora Elizondo, identity card 1-0422-0934, and one hundred and eighty-eight more signatories (Brief filed in the Secretariat of the Chamber on August 22, 2012), state that they intervene in favor of the action in defense of the conservation of marine natural resources and express that they are artisanal fishers who are directly affected by the overexploitation of the species and the unregulated fishing carried out by semi-industrial vessels with bottom trawls.\n\nMaría Eugenia Venegas Renault, identity card 1-0408-0427 (Brief filed in the Secretariat of the Chamber on September 25, 2012), sitting deputy of the Partido Acción Ciudadana, in defense of the environment, public domain goods, and marine and fishery resources. She expands the grounds for unconstitutionality and requests that the action be declared with merit and, in addition, that the competent authorities MAG, INCOPESCA, INA, and IMAS be commissioned to provide economic aid and technical training to trawl fishing workers to reconvert their fleet, so that they may engage in other fishing activities that use sustainable and selective extractive methods or so that they may develop another productive activity, in accordance with their skills, capacities, and experience.\n\nRamón Loiza Alfaro, identity card 1-0558-0038, in his capacity as representative of the Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón Pavones (ASOSINPAP), Ronald Valverde Quirós, identity card 1-0834-0378, representing the Asociación de Pescadores y Piangueros del Golfo Dulce, Elmer Chavarría Pitti, identity card 6-0265-0078, in his capacity as representative of the Asociación de Pescadores de Pequeña Escala y Turística Zancudo; Cirilo Quintero Quintero, identity card 6-0153-0268, in his capacity as representative of the Asociación de Pescadores para el Desarrollo Sostenible de Puntarenas, and Pedro García García, identity card 5-0144-0081, legal representative of the Asociación de Pescadores Artesanales Conservacionistas de la Isla Puntarenitas de Golfito (Brief filed in the Secretariat of the Chamber on September 26, 2012). They state that the sector has serious obstacles to its development; one of the causes consists of the reduction of the fishery resource due to the uncontrolled fishing carried out by the shrimp trawl fleet in the fishing zones; the situation is aggravated by the fact that, given the overexploitation of shrimp, the shrimp fleet is directing fishing to other species of fish, in open unfair competition with artisanal fishers.\n\nJorge Luis Rojas Montes, identity card 5-0226-0852, in his capacity as legal representative of the Asociación de Pescadores Artesanales de Playa Bejuco (Brief filed in the Secretariat of the Chamber on October 8, 2012), and states that artisanal fishers have been seriously affected by shrimp trawling, which is overexploiting some species, preventing the reproductive cycle, and drastically affecting the economic situation of the artisanal fishing sector.\n\nAmado Quirós vega, identity card number 5-0210-0848, in his capacity as legal representative of the Asociación de Pescadores de Puerto Coyote de Nandayure de Guanacaste (Brief filed in the Secretariat of the Chamber on October 8, 2012).\n\nEliécer Martines, identity card number 5-279-0275, and 22 more signatories, artisanal fishers from the community of San Juanillo, Cuajiniquil, Guanacaste (Brief filed in the Secretariat of the Chamber on October 9, 2012).\n\nRolando Ramírez Robles, identity card 1-0550-0861, and Enoc Rizo Rizo, identity card 9-0045-0019, both in their capacities as legal representatives, in their order, of the Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito IV de Quebrada Honda, Puerto Pochote, and of the Comité Local de Pescadores de Colorado (Brief filed in the Secretariat of the Chamber on October 25, 2012).\n\nAll request that the action filed by PRETOMA and others be declared with merit, and that Articles 2, subsection 27, point d), 43, subsection d), and 47, subsections a and b, be declared unconstitutional, expressly regarding the extraction of shrimp by bottom trawl in the Ley de Pesca y Acuicultura, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the official newspaper La Gaceta No.\n\nNo. 78 of April 25, 2005.\n\nIn the same vein, through a brief filed with the Secretariat of the Chamber on November 1, 2012, the following individuals intervene as passive coadjuvants: Mr. Miguel Chango Wong, identity card 6-0117-0473, in his capacity as legal representative of the company El Mástil S.A., and in his personal capacity, Marcial Parra Arias, identity card 6-0146-0501, in his capacity as legal representative of the company Sunugal S.A., Grupo Maricultura TICA S.A., the company Vida y Arte Tres Mil S.A., Roy Mauricio Carranza Lostalo, identity card 6-0299-0178, legal representative of the company Camaronera R.C. S.A., of the company Inversiones Calo S.A., and of the company Importadora y Exportadora Sol Rojo de Oriente S.A., José Bernardo Vega Figueroa, identity card 1-0102-1199, Luis Guillermo Monge Mata, identity card 1-0685-0414, representative of the company Desarrollos Pesqueros Nacionales S.A., Edgar Carvajal Sánchez, identity card 6-0112-0167, legal representative of the company Morlob S.A., Jamileth Alvarado Soto, identity card 5-0208-0829, Jorge Gutierrez Vargas, legal representative of the company Dismarpa S.A., Enrique Vargas Cascante, identity card number 1-3971-0298, Gerardo Marín Rojas, identity card 6-01050415, Alfredo Sánchez Sánchez, identity card 5-0131-0474, legal representative of Compañía Pesquera Moncharelo S.A., Jorge Antonio Niño Villegas, identity card 6-0088-0404, legal representative of the company PESCANI S.A., Fernando Pérez Carvajal, identity card 6-0084-0118, legal representative of the company Pesquera Ticoco S.A., Joaquín Da Silva Jesús, identity card 8-0059-0324, legal representative of the company Quinta los Compadres S.A., all owners of semi-industrial shrimp fishing vessels. They state that they coadjuvate in favor of the position held in the proceeding by the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, given that their activity complies with the pertinent environmental regulations and they ensure the sustainability of the marine resource; therefore, they request that the action be declared without merit.\n\nIn accordance with the provisions of numeral 83 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, coadjuvancies must be filed within the period of 15 business days following the first publication of the notice of the action in the judicial bulletin (Art. 81 LJC). Likewise, the coadjuvants must have a legitimate interest and may expand the grounds for unconstitutionality or the defense of constitutionality (in the case of passive coadjuvancies) in relation to the matter that concerns them.\n\nRegarding the requirement of holding a legitimate interest, all interveners in this capacity meet it, since the Chamber's decision favors or harms them depending on the case, interests that are also protected by the legal system (they are legitimate interests). Legitimate interest can be defined as the \"possibility or expectation of obtaining a substantial benefit from the exercise of a public power, not demandable due to the discretionary nature of the power.\" (ORTIZ Eduardo, Intereses colectivos y legitimación constitucional IVSTITIA, No. 46, 1990, p. 5). The interest consists of the expectation –not guaranteed, due to the discretionary nature of the power– of avoiding damages or obtaining the benefits derivable from its exercise. In the case at hand, derivable from the exercise of jurisdictional power.\n\nHowever, regarding the fifteen-day period established by the norm, counted from the first publication in the Boletín Judicial, which for this specific case, the first notice was published on October 8, 2012, only those coadjuvancies that were filed up to October 30, 2012, were filed in time; on the contrary, if they were filed on a later date, they are rejected as untimely. Consistent with this principle, the Constitutional Chamber, through a resolution at 10:08 a.m. on November 13, 2012, admitted all active coadjuvancies because they submitted their request in time, while it rejected the passive coadjuvants for untimely filing of their request, as they filed their brief on November 1, 2012, when the legal term had already expired.\n\nIII.- Purpose of the action. This action aims to determine the constitutionality of shrimp fishing with trawl nets and the consequent impossibility of extending or renewing the permits, authorizations, or licenses granted under the norms that the plaintiffs consider unconstitutional. Specifically, they request that the unconstitutionality of Articles 2, subsection 27, point d), and 43, subsection d), and 47, subsections a) and b) be declared, exclusively regarding shrimp extraction with trawl nets in the Ley de Pesca y Acuicultura, Law No. 8436 of March 1, 2005, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 25, 2005. They clarify that they do not oppose shrimp fishing as an economic activity; what they question is the trawling fishing technique that threatens the sustainability of the shrimp resource and the rest of the hydrobiological resources, which produces devastating consequences for the marine environment.\n\nThe challenged articles violate Articles 7, 21, 50, 69, and 89 of the Political Constitution. Article 7, because there are international regulations signed by Costa Rica that require the protection of natural resources, including hydrobiological ones, guaranteeing the sustainability of the resources through rational exploitation, and as a consequence, the food security of the population. Constitutional Article 21, because it threatens food security and, with it, the survival of the population. Numeral 50, since it entails the protection of the land, biodiversity, and the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 69, as it establishes an unavoidable duty of the Costa Rican State to guarantee beyond any doubt \"the rational exploitation of the land and the equitable distribution of the wealth it produces.\" Furthermore, numeral 89 protects marine scenic beauty, which is being destroyed and turned into turbid waters by the onslaught of the trawl net. They allege that shrimp trawling threatens food security, the sustainability of marine resources, and the precautionary and preventive principles.\n\nIV.- Regarding the norms challenged as unconstitutional. They challenge Article 2, subsection 27, point d) of the Ley de Pesca y Acuicultura, No. 8436 of March 1, 2005, which in this regard states:\n\n\"Article 2.- For the purposes of this Law, the following terms are defined (...) 27. Commercial fishing: Commercial fishing is carried out to obtain economic benefits and is classified as follows: (...) d) Semi-industrial: Fishing carried out by individuals or legal entities, aboard vessels oriented to the extraction of shrimp with trawl nets, sardines, sardines, and tuna with purse seine nets.\" (Bold not in the original)\n\nThe phrase they challenge in this article is \"with trawl nets,\" as it defines and allows semi-industrial fishing for shrimp or other species using that technique, which the plaintiffs consider harmful, disproportionate, destructive, and lacking any criterion of sustainability of marine resources.\n\nThey also object to Article 43, subsection d) of Law No. 8436, which in relevant part states:\n\n\"Article 43.- Commercial fishing shall be carried out to obtain economic benefits and shall be classified as: a) Small-scale (...) b) Medium-scale (...) c) Advanced (...) d) Semi-industrial: Fishing carried out by individuals or legal entities, using vessels oriented to the extraction of shrimp with trawl nets, sardines, and tuna with purse seine nets (...)\" The phrase \"trawl nets\" is challenged. (The bold is not from the original)\n\nFrom this norm, they specifically challenge the phrase \"with trawl nets.\"\n\nThey challenge Article 47, subsections a) and b) of the same Ley de Pesca y Acuicultura, which expressly state:\n\n\"Article 47.—Licenses to catch shrimp for commercial purposes in the Pacific Ocean shall only be granted to vessels of national flag and registry; likewise, to Costa Rican individuals or legal entities, which are classified into three categories:\n\na) Category A: Vessels with shrimp fishing licenses or permits that use bottom trawl nets as fishing gear; these may capture shrimp resources only on the Pacific coast, on the condition that they are not restricted areas during the closed season.\n\nb) Category B: Vessels with fishing licenses or permits for the capture of fidel shrimp (Solenocera agassizi), royal camel shrimp (Heterocarpus sp), and other species of this resource, fished in waters of equal or greater depth than the previous species, using bottom trawl nets as fishing gear, only on the Pacific coast.\n\nFidel shrimp may only be captured in areas where it is not mixed with species from shallower depths, such as white shrimp, brown shrimp, pink shrimp, and titi shrimp.\"\n\nFrom the cited norms, they point out the unconstitutionality of the phrases \"that use bottom trawl nets as fishing gear\" from subsection a) of Article 47 of the Ley de Pesca y Acuicultura and \"using bottom trawl nets as fishing gear\" contained in subsection b) of the same article number.\n\nV.- Jurisprudential background related to the case. As an important precedent, we find judgment number 1000-97, rendered in an amparo appeal filed by artisanal fishermen against the Executive President of INCOPESCA. The Chamber upheld the appeal regarding the right to petition but rejected it regarding the remaining allegations, since it did not consider the alleged facts proven; however, a principle was established regarding the Chamber's competence in determining violations of the marine resource, when its irrational exploitation or the production of serious ecological damage is verified.\n\n\"…not only has it not been proven that, effectively, in the Gulf of Nicoya there is irrational and indiscriminate exploitation of the marine resource by shrimp boats, but the report rendered under oath affirms that this does not occur and that, on the contrary, the respondent Institute has established a series of regulations in order to protect the marine wealth of the Gulf of Nicoya and guarantee its rational exploitation, as well as sustainable development of fishing activity. Although this Chamber is not competent to determine what requirements must be met for fishing activity to be carried out in a way that guarantees adequate protection of the marine ecosystem and sea resources—since this is a technical matter to be resolved in other instances—it is competent to establish the violation by the State—and even by individuals—of the marine resource as a fundamental right, when its irrational exploitation or the production of serious ecological damage is verified.\" (The highlighting is not from the original).\n\nIn 2004, regarding the Legislative Consultation concerning the then Bill called \"Ley de Pesca y Acuicultura,\" legislative file number 15,065, today Law No. 8436 of March 1, 2005, the Chamber issued judgment number 10484-2004. However, neither the articles challenged today nor the technique of shrimp fishing with trawl nets were the subject of the legislative consultation. Nevertheless, on the occasion of that consultation, the Chamber ruled on the State's duty to protect hydrobiological resources (which it defined as public heritage and goods), prevent damage to the maritime ecosystem, and guarantee the sustainable use of marine resources:\n\n\"III.- The protection of hydrobiological resources. Diverse reasons oblige the State to make its best efforts in order to adequately protect its immense spaces of territorial sea, exclusive economic zone, as well as its internal waters. On the one hand, it has an unavoidable duty to ensure the preservation of the environment, and this of course includes the adoption of those necessary measures to avoid damage to maritime and aquatic ecosystems in general, protect the species of living beings that inhabit such environments, prevent the contamination of the seas and internal waters, as well as react vigorously against actions that threaten the integrity of the aquatic environment. Likewise, the State is equally compelled by the Political Constitution to guarantee decent and sufficient means of subsistence for all its inhabitants, seeking an adequate distribution of the generated wealth. In this context, the Administration must promote sustainable use of natural resources, thereby allowing the country to develop economically without compromising the integrity of the environment. The fruits of that development should not remain in the hands of a few actors, but small and medium producers must be allowed to benefit from access to the means of subsistence and enrichment. The Chamber understands that this is the spirit that generally animates the Bill for the Ley de Pesca y Acuicultura, legislative file number 15,065. On the one hand, it seeks to protect an ecosystem essential for the survival of the biosphere. At the same time, it recognizes that fishing and aquaculture activities constitute lawful economic activities of great importance for the dietary health of the population, generating considerable benefits for those dedicated to them and for the country, but that due to the delicateness and importance of the environment in which they are developed, they must be subject to strict regulation. It also starts from the need to defend public heritage, particularly concerning hydrobiological resources that belong to the Nation in their condition of public goods. In that sense, the articles of the bill aim to update the regulatory framework for fishing and aquaculture activities, which are currently regulated –in essence– by the Ley de Pesca y Caza Marítima, number 190 of September twenty-eighth, nineteen hundred forty-eight, as well as by some special regulations.\" (Judgment of the Constitutional Chamber No. 10484.04)\n\nConsequently, it is the State's responsibility to ensure the rational exploitation of the marine resource in harmony with the environment. It also bears the obligation derived from Constitutional Law to protect hydrobiological resources, specifically, the duty to protect the immense spaces of the territorial sea, the exclusive economic zone, and internal waters, as well as the preservation of the environment, the safeguarding of marine and aquatic ecosystems in general, the protection of the species of living beings that inhabit such environments, prevent the contamination of the seas and internal waters, and, thereby, guarantee decent and sufficient means of subsistence for all inhabitants, seeking an adequate distribution of wealth and sustainable use of natural resources with a view to sustainable development of the country, which does not disproportionately compromise the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nThe Chamber understood in judgment 10484-04 that this spirit of protection and respect for the environment, the marine ecosystem, and sustainability in the use of marine resources by the economic activity of fishing was the spirit that animated the then Bill, now converted into Law 8436, from which Articles 2, subsection 27, point d), 43, subsection d), and 47, subsections a) and b) are challenged, expressly regarding the extraction of shrimp with trawl nets, as the plaintiffs consider that they contravene that spirit of protection and environmental balance. The protective purpose of a law is dynamic; it must adapt to the time of its application, otherwise its rigid provisions may contravene constitutional norms and principles for supervening reasons, which falls to the constitutional jurisdiction to assess.\n\nVI.- On the merits of the action. At this point, each of the allegations of unconstitutionality that support the claims of the plaintiffs and coadjuvants in the proceeding is examined.\n\n6.1.- Violation of constitutional Article 7 and, with it, other international norms signed by Costa Rica. The plaintiffs allege that the challenged norms violate various international conventions or instruments for the protection of marine flora and fauna, in addition to violating Article 7 of the Political Constitution, which grants those instruments a value superior to laws, making them a parameter of constitutionality. Among the international instruments cited by the plaintiffs and coadjuvants are: the Agreement on the Application of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, Law No. 8059 of December 22, 2000, the United Nations Convention on the Law of the Sea, approved by Law No. 7291 of March 23, 1992, the First and Second International Conference on the Protection of the North Sea and the Final Declaration of the Third International Conference on the Protection of the North Sea, the Inter-American Convention for the Protection of Sea Turtles, approved by Costa Rica through Law No. 7906 of August 23, 1999, and the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, Executive Decree number 27919-MAG of December 16, 1998.\n\nWithout prejudice to the application of Article 7, the Chamber also notes an injury to constitutional Article 6, which to this effect states:\n\n\"The State exercises complete and exclusive sovereignty in the airspace of its territory, in its territorial waters to a distance of twelve miles from the low-water line along its coasts, on its continental shelf, and on its insular shelf in accordance with the principles of International Law.\n\nIt also exercises a special jurisdiction over the seas adjacent to its territory to an extent of two hundred miles from the same line, in order to protect, conserve, and exclusively exploit all natural resources and wealth existing in the waters, the soil, and the subsoil of those zones, in conformity with those principles.\"\n\nIt follows from such constitutional norm that all activity related to the protection, conservation, and exploitation of the natural resources and wealth existing in the waters, the soil, and the marine subsoil, within the zones described by the norm and by international treaties, shall be governed by the principles of International Law. The constituent legislator itself incorporated International Law of the Sea into the domestic legal system; in other words, the principles of International Law on the matter apply directly, and the international norm or principle has the value of a constitutional norm, even superior in case of insufficiency or absence thereof. Furthermore, the second paragraph makes direct reference to the State's duty to protect and conserve all natural resources and wealth existing in the waters, the soil, and the subsoil of the special jurisdiction zone over the seas adjacent to its territory to an extent of two hundred miles from the same line cited in the first paragraph. As can be seen, there are two exceptions to the rank granted by constitutional Article 7 to the norms and principles of International Law: a) Article 48 of the Political Constitution in relation to the legal instruments of International Human Rights Law, recognized thus by constitutional jurisprudence; b) the provisions of Article 6 regarding international regulation on the Law of the Sea. Consequently, at this point we will compare the challenged legal norms with the norms and principles of International Law of the Sea, as established by constitutional Article 6.\n\nFishing activity has been carried out by mankind since ancient times. For this reason, in the analysis of the sub iudice, a brief review of the evolution of International Law of the Sea is of special interest, given that in the last 30 years this Law has taken a one-hundred-and-eighty-degree turn, a change of direction caused mainly by International Environmental Law. Practices that were once considered lawful and recommendable are now openly opposed to these new principles.\n\nIndeed, there was a time when the seas and oceans of the world were freely accessible and exploitable, with the exception of a narrow maritime strip that constituted the so-called territorial waters. During that era, access to and exploitation of its fishery resources was possible by vessels of any nationality and practically with any fishing technique or gear. In the classical era of International Law, deep-sea fishing fleets carried out their activity practically without limitations, since there was the mistaken belief that the sea was an inexhaustible source of resources. Thus, freedom of fishing on the high seas was enshrined as a customary norm of universal scope. This fishing regime caused the depletion of some species given the advancement of fishing technology: introduction of synthetic fibers in the construction of fishing nets, mechanization of fishing gear handling, motorization of fishing vessels, all of which facilitated the development of trawling in shallow waters or coastal areas. To this process must be added the introduction of on-board freezing techniques and the use of sonar for identifying fish banks, which allowed fishing at great distances from the coast. In that period, any tradable species could be fished, using any fishing gear practically anywhere in the sea, with the exceptions described. It is in this phase that shrimp fishing with trawl nets begins.\n\nThe 1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea confirmed the principle of freedom of fishing beyond the territorial sea, in accordance with three ideas: the rational use of resources, the safeguarding of the rights and interests of coastal States, and the use of a mandatory dispute settlement mechanism, in case the negotiations undertaken to achieve the previous objectives had not concluded within a period of twelve months. Despite the freedom of fishing, characteristic of the era, an incipient principle of restraint and conservation began to appear. However, over the years it was demonstrated that this Convention was not effective for the conservation of the marine resource: twenty years after its entry into force, world fishery catches had tripled, and an impoverishment of marine resources was evident. Furthermore, the development of industrial fishing brought with it an unequal distribution of catches to such a degree that by the end of the seventies, six states monopolized 50% of world catches, obtained mostly in waters near the coasts of developing countries, which had to watch impotently as biological resources were impoverished by vessels from other States.\n\nIn order to ensure the future viability of the economic sectors dedicated to fishing, two types of solutions were devised: on the one hand, coastal States claimed the extension of the reduced territorial sea, a larger area in which the sovereign and exclusive right to explore, exploit, conserve, and administer biological resources was recognized. At that time, the aim was not so much to ecologically protect those resources. Such types of values and principles had not yet permeated International Law of the Sea. Rather, it sought to ensure that these resources were mainly used by coastal States, including developing countries, and not by industrialized States with large distant-water fishing fleets. These principles were incorporated into the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. However, on the high seas, the generic obligation of all States regarding the conservation of marine species was proclaimed, and, in this way, freedom of fishing began to be limited. Nevertheless, in reality, the indicated measures did not pursue the protection of marine species, nor the regulation of fishing gear. The Convention was not based on environmental protection principles but rather sought to regulate the economic and commercial interests of States over the marine resource, which does not prevent highlighting that although it was for economic reasons and without much depth, the truth is that it was beginning to introduce the idea of sustainable and lasting development of the marine resource.\n\nIn accordance with Article 61 of the 1982 Convention on the Law of the Sea, it is the coastal State's responsibility to ensure the preservation or restore fishery stocks to levels that can produce the maximum sustainable yield according to the pertinent environmental, scientific, and economic factors:\n\n\"Article 61.- Conservation of the living resources. 1. The coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone. 2. The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure, through proper conservation and management measures, that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation. The coastal State and competent international organizations, whether subregional, regional, or global, shall cooperate, as appropriate, to this end. 3. Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the special requirements of developing States, and taking into account fishing patterns, the interdependence of stocks, and any generally recommended international minimum standards, whether subregional, regional, or global. 4. In taking such measures the coastal State shall take into consideration the effects on species associated with or dependent upon harvested species with a view to maintaining or restoring populations of such associated or dependent species above levels at which their reproduction may become seriously threatened (…)\"\n\nSeveral obligations for States, also for Costa Rica, are inferred from the norm, among which we highlight the following: a) the State's management of the marine resources existing in that zone, in accordance with the following principles and purposes; b) conservation of marine living resources; c) preventing overexploitation; d) ensuring exploitation within a framework of sustainable development, which is what the phrase means: \"maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the special requirements of developing States, and taking into account fishing patterns\"; e) to achieve those objectives, the State shall take measures in relation to \"fishing patterns\"; f) those measures must take into account the effects on associated or dependent species above levels at which their reproduction may become seriously threatened.\n\nUp to this point, a separation between the Law of the Sea and Environmental Law is observed. The latter, certainly, is an external limit of the Law of the Sea; however, it does not yet regulate its activities.\n\nThe main turning point in the classical approach to fishing is found in the 1982 World Charter for Nature. From its Preamble, it refers to the need to use natural resources in such a way that species and ecosystems are preserved for the benefit of present and future generations. Among its general principles, the maintenance of all species to a degree at least sufficient to ensure their survival and without threatening the genetic viability of the earth is established. Furthermore, it is expressly provided that these principles of conservation apply not only on land but also at sea, with the addition that special protection shall be given to unique areas, to representative samples of all the different types of ecosystems, and to the habitats of rare or endangered species, in addition to establishing that resources and ecosystems shall be managed to achieve and maintain optimum sustainable productivity, but not in such a way as to endanger the integrity of those other ecosystems or species with which they coexist.\n\n\"I. General Principles: 1. Nature shall be respected and its essential processes shall not be impaired. 2.\n\nGenetic viability on land shall not be threatened; the population of all species, wild and domesticated, shall be maintained at a level at least sufficient to guarantee their survival; likewise, the habitats necessary for this purpose shall be safeguarded. 3. These conservation principles shall apply to all parts of the earth's surface, both on land and in the sea; special protection shall be granted to those of a unique character, to representative examples of all the different groups of ecosystems, and to the habitat of rare or endangered species. 4. Ecosystems and organisms, as well as the terrestrial, marine, and atmospheric resources used by man, shall be managed in such a way as to achieve and maintain their optimum and continuous productivity without thereby endangering the integrity of the other ecosystems and species with which they coexist (…). II. Functions. 6. In decision-making processes, it shall be recognized that it is not possible to satisfy the needs of all unless the proper functioning of natural systems is ensured and the principles set forth in this Charter are respected. 7. In the planning and execution of social and economic development activities, due account shall be taken of the fact that the conservation of nature is an integral part of those activities.\"\n\nFollowing its adoption, international treaties with environmental protectionist purposes began to multiply, adopting a global and all-encompassing approach to safeguarding nature in an effort to overcome the limitations of the conservation method adopted in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. These treaties contained corrective measures that considered, for the first time, the existing relationships among all species and the habitats in which they live, integrating the marine ecosystem as a whole. These measures tended toward the sustainable use of all its components, an approach that sought to integrate the achievement of economic development with the need to protect the environment, viewing the marine environment as an integrated whole. In this way, two sectors of international legal order that had been born separate progressively drew closer: that relating to fishing as commercial exploitation and that referring to marine environment protection.\n\nThis process culminated with the holding of the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro (1992). The Rio Declaration recognizes the integral and interdependent nature of the Earth (Preamble) and establishes the principle of conserving, protecting, and restoring the health and integrity of its ecosystem within a framework of common but differentiated responsibilities (Principle 7). It is stated that States should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption (Principle 8). Likewise, Agenda 21 devotes its Chapter 17 to the protection of all the world's oceans and seas, as well as marine living resources. It affirms that the State recognizes the need to develop and increase the potential of marine living resources to meet the nutritional needs of human beings, as well as to achieve social, economic, and development objectives. Reference is also made to the obligation to maintain or restore populations of marine species to levels that can produce maximum sustainable yield according to relevant environmental and economic factors, taking into consideration the relationships among species. Based on these principles, the creation and use of selective fishing gear and methods begins to be promoted and established, along with the adoption of practices that minimize the loss of target species and the incidental catch of other species; likewise, the obligation to protect and restore endangered marine species and to conserve habitats and other ecologically sensitive areas must be highlighted.\n\nThe principles on biological diversity and the Convention on this subject adopted in Rio in 1992 also apply to the seas. In that sense, the article of the Convention on Biological Diversity establishes among its objectives (Article 1):\n\n\"…the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding.\"\n\nThis norm was developed by national legislation. Precisely, Article 1 of the Biodiversity Law, Law number 7788 of April 30, 1998, states:\n\n\"The purpose of this law is to conserve biodiversity and the sustainable use of resources, as well as to distribute in a fair manner the derived benefits and costs.\"\n\nThe Convention applies equally with respect to marine nature, since it constitutes a direct regulation of all human activity that affects marine resources. In that sense, Article 2 of the Convention states:\n\n\"Biological diversity\" means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems.\"\n\nThe Convention leans towards the principle of sustainability in the use of resources and obliges States Parties to implement measures for the effective realization of this principle. In this regard, Article 10 of the Convention establishes:\n\n\"Sustainable Use of Components of Biological Diversity. Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: (a) Integrate consideration of the conservation and sustainable use of biological resources into national decision-making; (b) Adopt measures relating to the use of biological resources to avoid or minimize adverse impacts on biological diversity; (c) Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements; (d) Support local populations to develop and implement remedial action in degraded areas where biological diversity has been reduced; and (e) Encourage cooperation between its governmental authorities and its private sector in developing methods for sustainable use of biological resources.\"\n\nThese principles are fully developed in our sub-constitutional legal order. Thus, the Biodiversity Law provides in Article 11 four criteria that affect all public or private activity likely to harm the environment:\n\n\"Criteria for applying this law. The criteria for applying this law are:\n\n1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats.\n\n2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures.\n\n3.- Criterion of public environmental interest: The use of the elements of biodiversity shall guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of human health, and the improvement of the quality of life of citizens.\n\n4.- Criterion of integration: The conservation and sustainable use of biodiversity shall be incorporated into plans, programs, activities, and sectoral and intersectoral strategies, for the purpose of integrating them into the development process.\"\n\nThese principles, originating from International Environmental Law, are directly applicable to human activity on the sea, among which fishing activity stands out, which from then on came to be subject to such provisions, the enforcement of which falls to the States.\n\nIt is within this normative framework that the principle of responsible fishing must be understood, obliging States to adjust their legislation and public policies to this set of constantly evolving principles, values, and norms, given the protectionist and conservationist purpose of the aforementioned norms, within the framework of which human beings assume responsibility for the survival and quality of life of future generations, as well as for guaranteeing sustainable, democratic, and supportive development.\n\nSince the World Charter for Nature, and with greater influence starting from the Rio Declaration, the principles of Environmental Law fulfill the transversal function of informing and regulating economic activity on the sea. This branch of law ceases to be a mere external limit, since from now on, all economic, social, and cultural activity related to the sea and its natural riches is increasingly subject to Environmental Law.\n\nWithin the framework of these new principles, fishing activity has been progressively regulated, being imposed the obligation to use selective fishing gear and practices. It has been understood that non-selective fishing gear is a problem of global dimension due to the danger to the conservation of marine resources. The General Assembly of the United Nations has adopted by consensus various resolutions in an effort to put an end to that fishing modality, such as resolutions 46/215 of December 20, 1991, and 57/142 of December 12, 2002. In the latter, the United Nations expresses this concern:\n\n\"over the substantial amount of incidental catch, in particular of juvenile fish, and discards in several of the world's fisheries, and recognizing that the development and use of selective, environmentally sound and cost-effective fishing gear and techniques will be important in reducing or eliminating such incidental catch and discards, and stressing the effect that this activity can have on efforts to conserve and manage fish stocks, including the restoration of some stocks to sustainable levels.\"\n\nFruit of this new legal-normative current is the Convention for the Prohibition of Fishing with Long Driftnets in the South Pacific (1989), which, although it refers to large-scale fishing, prohibits the use of these nets in the area subject to the jurisdiction of States. With this same protective sense, the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (1995) was approved, which, despite applying to high seas fishing, contemplates general principles (art. 5), the precautionary principle (art. 6), and the compatibility of conservation and management measures (art. 7), applicable to all States within areas subject to their jurisdiction, to which must be added the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles and the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries.\n\nThis last international instrument travels the path of protecting the environment and the protection and conservation of marine ecosystems as a whole, based on the principle of responsible fishing. The Code seeks the sustainable use of fishery resources in harmony with the environment, as well as the use of capture and aquaculture practices that do not harm ecosystems, resources, or their quality. Responsible fishing must be carried out both in maritime areas subject to national jurisdiction and on the high seas. In the latter case, the fundamental principle is that the right to fish in these waters does not mean a total and absolute freedom of fishing as in the past. The Code is framed within the already described trend of permeability of International Environmental Law to the Law of the Sea.\n\nThe International Code of Conduct for Responsible Fisheries, adopted by the FAO Conference in October 1995, considers fishing as an activity of great relevance to humanity. Indeed, it highlights the importance of fishing as a source of food, employment, recreation, trade, and economic well-being, for both present and future generations. Therefore, it imposes a responsible practice of fishing, which respects ecosystems and biological diversity. The idea is to subject fishing to relevant biological, technical, social, economic, and commercial aspects (art. 2). Furthermore, it aims to cover all aspects related to the conservation and management of fisheries. Thus, it not only covers the extractive activity in itself, but also the processing and commercialization of fish, aquaculture, fisheries research, etc. (Art. 13).\n\nFurthermore, the Code applies not only to States, whether or not members of FAO, and to interested fishing organizations, but also to natural persons who become involved in any way in the marine products handling process (art. 12). Among the broad list of general principles, it is worth highlighting the obligation to fish responsibly to ensure the effective conservation and management of living aquatic resources (Art. 6.1); the maintenance of diversity, sustainable development, and the adoption of an ecosystem approach that takes into account inter-species relationships (art. 6.2); avoiding overexploitation, overcapitalization, and excess fishing capacity (art. 6.3); applying the precautionary approach (Art. 6.5); indicating the use of selective gear that does not harm the environment (art. 6.6); promoting the protection and rehabilitation of critical habitats for fisheries (art. 6.8); underlining effective State control over vessels flying their flag (art. 6.11); fostering international cooperation to promote the management and conservation of living aquatic resources throughout their range and the establishment of compatible and coordinated measures, both within and outside areas subject to national jurisdiction (art. 6.12); determining the adoption of fishing practices and policies that do not constitute an obstacle to such trade or have environmental degradation effects (art. 6.14); among many other regulations. Of interest, Article 6 states:\n\n\"6.1 States and users of living aquatic resources should conserve aquatic ecosystems. The right to fish carries with it the obligation to do so in a responsible manner to ensure the effective conservation and management of living aquatic resources.\n\n6.2 Fisheries management should promote the maintenance of the quality, diversity and availability of fishery resources in sufficient quantities for present and future generations in the context of food security, poverty alleviation, and sustainable development. Management measures should ensure the conservation not only of target species but also of species belonging to the same ecosystem or dependent upon or associated with the target species.\n\n6.3 States should prevent overexploitation and excess fishing capacity and should implement management measures to ensure that fishing effort is commensurate with the productive capacity of the fishery resources and their sustainable utilization. States should take measures to rehabilitate populations as far as possible and when appropriate (…)\n\n6.5 States and subregional and regional fisheries management organizations should apply widely the precautionary approach to the conservation, management and exploitation of living aquatic resources in order to protect them and preserve the aquatic environment, taking account of the best scientific evidence available. The absence of adequate scientific information should not be used as a reason for postponing or failing to take measures to conserve target species, associated or dependent species and non-target species and their environment.\n\n6.6 Selective and environmentally safe fishing gear and practices should be further developed and applied, to the extent practicable, in order to maintain biodiversity and to conserve the population structure, aquatic ecosystems and fish quality. Where proper selective and environmentally safe fishing gear and practices exist, they should be recognized and accorded priority in establishing conservation and management measures applicable to fisheries. States and users of aquatic ecosystems should minimize the waste of catch of both target and non-target species, fish and other species, as well as effects on associated or dependent species, the incidental catch of non-utilized species and other living resources. (…)\n\n6.17 States should ensure that fishing facilities and equipment, as well as all fishing activities, provide safe, healthy and fair working and living conditions and meet internationally agreed standards adopted by relevant international organizations.\n\n6.18 Recognizing the important contributions of artisanal and small-scale fisheries to employment, income and food security, States should appropriately protect the right of fishers and fishworkers, particularly those engaged in subsistence, artisanal and small-scale fisheries, to a secure and just livelihood, and provide preferential access, where appropriate, to the fishery resources they traditionally exploit as well as to traditional fishing grounds in waters under their national jurisdiction.\n\n6.19 States should consider aquaculture, including culture-based fisheries, as a means to promote diversification of income and diet. In so doing, States should ensure that resources are used responsibly and adverse impacts on the environment and local communities are minimized.\"\n\nIt must be highlighted that the contents of this Code of Conduct represent a transcendental step in the protection of living marine resources, by introducing the notion of responsibility in fishing and, therefore, the obligation for all States to answer for the fulfillment of that obligation.\n\nApproved by the Meeting of Competent Ministers for Fisheries and Aquaculture Activities of the Central American Isthmus, members of OPESCA (Fisheries and Aquaculture Sector Organization for the Central American Isthmus, of the Central American Integration System (SICA)) through Resolution number four: Regulation OSP-04-11 regarding the Code of Ethics for Responsible Fisheries and Aquaculture in the Central American Isthmus States, signed in San Salvador on April 27, 2011, effective as of July 1, 2011.\n\nIn the considerandos of the Code, it is stated that the objective is to guarantee \"the sustainability of fishery and aquaculture resources,\" for which they are based on the principles of \"precaution and prevention\" contained in the legal order of the Central American States and in the Code of Conduct for Responsible Fisheries of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and, complementarily, in the provisions of the Alliance for Sustainable Development of Central America (ALIDES); the objectives of the Millennium Summit; the Universal Declaration of Human Rights, and the American Convention on Human Rights.\n\nNow, regarding the Central American Isthmus, there is a special norm: the Code of Ethics for Responsible Fisheries and Aquaculture in the Central American Isthmus States, an instrument certainly of voluntary application for the States Parties, according to the provisions of Article 1, but which undoubtedly constitutes a relevant legal reference framework by virtue of its impact on adequate environmental protection. The Code reaches the States Parties of SICA, the relevant organizations of SICA, and the natural and legal persons who carry out the activities and processes of fisheries and aquaculture (art. 2). The spatial scope of application extends to any territorial or maritime zone where the States Parties exercise sovereignty or jurisdiction. The material scope is limited to the conservation, management, and sustainable development of fisheries, cultivation, and reproduction of species for aquaculture use in all its phases, including the extraction, transformation, processing, internal and external trade of fishery and aquaculture products up to the final consumer, as well as scientific and technological research and health and safety measures (art. 3). Its purpose is \"To establish, promote, instill, and disseminate values, conducts, and ethical and moral principles that foster the management, harnessing, and sustainable use of fishery and aquaculture resources.\" Article 6 lists the ethical and moral values, conducts, and principles that inform fishing activity in the Central American Isthmus. Of interest, it states:\n\n\"6.1. Recognize the value of the traditional knowledge and practices of artisanal fishers and indigenous communities that foster the sustainability of fishery and aquaculture resources.\n\n6.2. Carry out fisheries and aquaculture activities responsibly, guaranteeing the sustainability and availability of fishery and aquaculture resources for current and future generations.\n\n6.3. Promote alternative actions and activities in the fisheries and aquaculture sector that contribute to food and nutritional security, the protection of and access to biodiversity, poverty reduction, and the goals set by the region in ALIDES, the Millennium Development Goals, as well as the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (…)\n\n6.5. Cooperate within the framework of Regional Fisheries Management Organizations, in which the Central American Isthmus States participate.\n\n6.6. Promote respect for national laws, Central American regulations, and applicable international law, including the Universal Declaration of Human Rights, the American Convention on Human Rights, and the relevant ILO Conventions to which the States are Party (…)\n\n6.10. Promote ecosystem protection systems, including the necessary measures to prevent pollution and combat the negative effects of climate change on fisheries and aquaculture activities.\n\n6.11. Promote the development and use of fishing gear, devices, and methods that protect the marine habitat and reduce incidental fishing, as well as aquaculture production systems that guarantee the sustainable development of fishery and aquaculture resources (…)\n\n6.13. The principles contained in the Fisheries and Aquaculture Integration Policy in the Central American Isthmus, among which the following stand out: Sustainability, Precaution, Central American Integration, Regional Responsibility, Citizen Participation, Regional Solidarity, and Good Neighborliness (…).\" (The underline is not from the original)\n\nFrom Article 6, the following central principles of Fisheries and Aquaculture in the Central American Isthmus States are inferred: the principle of sustainable development and, more specifically, the principle of democratic sustainable development, the principles of prevention and precaution, the principle of solidarity and social justice, and the principle of responsibility in fishing and aquaculture activity. By virtue of the first, Costa Rica (public and private activity related to Fisheries) is responsible, among other actions, for using fishing gear or methods that allow the rational utilization of present marine resources, without compromising the full development of future generations. To achieve this, they must make use of the precautionary and preventive principles, for the sake of which there is a tendency to reduce or even eliminate the risk that an economic activity like shrimp trawling may cause to the achievement of that objective; to do this, they must attend to the available scientific knowledge and, in case of absence, consider the necessary precautionary measures to guarantee future generations full development. In carrying out this economic activity, the eradication of poverty must be kept in mind, therefore the fair distribution of income from the activity, the elimination of discrimination based on gender, and the generation of decent employment where the quality of life of the sector is guaranteed (principle of solidarity and social justice). The combination of the first and third principles is what this Chamber calls the \"principle of democratic sustainable development,\" based on which it is not only about guaranteeing the use of existing resources by present generations and ensuring the subsistence of future ones, but also, in order to achieve this, ensuring that access to these resources and the wealth generated by economic activities related to fisheries and aquaculture is distributed equitably in Society, so that it reaches the greatest possible number of people and allows the supportive progress of the families that make up that social and productive sector. Responsibility is the principle that guarantees the effective application of the others.\n\nThese obligations derived from the principles that inform the instruments of International Law on the Sea and the Environment and Community Law are not only applicable by Public Administrations or by individuals, as in this case; they also inform the activity of the constitutional judge in light of the provisions of Article 1 of the Constitutional Jurisdiction Law: \"This law has the purpose of regulating constitutional jurisdiction, whose object is to guarantee the supremacy of the constitutional norms and principles and of the International and Community Law in force in the Republic…\".\n\nIn short, confronting the challenged norms with the exposed principles of international and community law, a flagrant violation is observed, since shrimp trawling in the current Costa Rican context causes serious damage to the marine ecosystem, puts the existence and reproduction of marketable species and the shrimp itself at serious risk, and threatens the survival of the socially vulnerable artisanal fishing sector.\n\nAs long as the art of shrimp trawling does not have \"efficient\" devices for the reduction of incidental catch (Bycatch Reduction Devices) that significantly reduce incidental catch (not all have the same effectiveness and those that save turtles are not sufficient), that technique will be contrary to the principles and contents of both Codes of Ethics, especially those established in Article 6 of both instruments, related to the effective conservation and management of living aquatic resources, the maintenance of diversity, sustainable development, and the adoption of an ecosystem approach that takes into account inter-species relationships, avoiding overexploitation, overcapitalization, and the application of the precautionary approach, the obligation to use selective gear that does not harm the environment, and the protection and rehabilitation of critical habitats for fisheries.\n\nThe Codes of Ethics in question refer to ways of \"protecting, conserving, and exploiting\" \"the natural resources and wealth existing in the waters, the soil, and the subsoil\" of the sea, which constitutional numeral 6 also alluded to, which is why the norms and principles of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries serve for the interpretation of the constitutional norm, especially since its content agrees with the principles of International Law of the Sea and International Environmental Law and Community Law, incorporated into our order by Constitutional Law, which promotes responsible fishing and the protection of the marine environment.\n\nIt is within this framework of principles gathered by international instruments, both of the Law of the Sea and of Environmental and Community Law, that the Fisheries and Aquaculture Law, Law 8436 of March 1, 2005, must be read.\n\nIn Article 1, this legal body provides:\n\n“The purpose of this Law is to promote and regulate fishing and aquaculture activity in its different stages, corresponding to the capture, extraction, processing, transportation, commercialization, and sustainable use of aquatic species. The conservation, protection, and sustainable development of hydrobiological resources are guaranteed, through adequate and suitable methods that ensure their permanence for the use of current and future generations and for the relations among the various subjects or agents linked to the activity.”\n\nThe submission of this economic activity to environmental principles is notable, principles that specifically guarantee the conservation, protection, and sustainable development of hydrobiological resources, for which purpose “adequate and suitable methods” must be used that guarantee permanence for current and future generations.\n\nRegrettably, not all regulations and techniques, methods, or fishing gear satisfy these international and constitutional environmental requirements. Some legally protected activities remain anchored to earlier times and principles, still divorced from the principles of Environmental Law. An example of this is the shrimp fishing gear of trawl nets that lack “efficient” devices for the reduction of incidental catch (Bycatch Reduction Devices) that significantly decrease incidental catch (not all have the same effectiveness and those that save turtles are not sufficient). The Chamber observes how certain fishing techniques, gear, or practices, valid in light of another legal culture and social purposes, have not been adapted by those who use and practice them to the tenor of the new times and have remained anchored in the past. It is concerning that the State and its institutions with greater knowledge of international legal advances have not adjusted their programs and policies to these new principles and, by virtue of them, have fostered the reconversion of these productive sectors to adapt them to selective techniques compatible with International Law and Constitutional Law.\n\nThe case file cites studies by international organizations such as the FAO, as well as studies by university institutions and national researchers linked to academia, which highlight the damage that shrimp trawling causes to the marine ecosystem.\n\nFor example, in a 2011 study conducted by the Fishing and Aquaculture Research Unit of the Universidad de Costa Rica, it was determined that shrimp trawling endangers the habitats of sharks and rays, leading to the following recommendation: “The protection of the essential habitats identified for sharks and rays in this study is recommended. The highest priority site was the zone between the mouth of the Térraba and Sierpe rivers and Isla del Caño. Therefore, it is recommended to prohibit trawling between this zone and the Parque Nacional Marino Ballena.”\n\nOn the other hand, in a recent FAO study, called “World Study on Shrimp Fisheries” (Rome, 2010), this United Nations body highlights the multiple damages that shrimp trawling causes to the seabed, the ecosystem, the economy, and the social life of the coasts. On this matter, the FAO emphasizes:\n\n“Effects on individually considered species. If a large proportion of the abundance of individuals of a given species is removed along with shrimp incidental catches, the resulting effect is the same as if that species were the target. Beyond a certain level of removal, that species may become threatened. For example, in the 1980s and 1990s, it was recognized that the incidental catches of juvenile snappers in the shrimp trawl fishery in the Gulf of Mexico were the reason that the snapper, a commercially valuable species, failed to recover from the effects of overfishing (Casvorbi, 2004b). Sharks and rays are common associated species in shrimp trawl catches and are particularly vulnerable.\n\n.Effects on endangered species. The effect described above is very worrying when a species that is already endangered is fished or is threatened by pollution or the destruction of nesting beaches. Turtle mortality in shrimp nets is a well-known phenomenon (see the section below, ‘Problems related to incidental catches in shrimp trawling in temperate waters’), but other threatened or charismatic species, such as dolphins, seahorses, dugongs, albatrosses, and penguins6, also suffer impacts.\n\n.Effects on the ecosystem. If, as a result of incidental catches, the abundance of key species were to suffer a decrease, the food chain could be seriously and unpredictably altered. The intensity of this impact would be similar, whether the removal was the product of the target catch or of incidental catches (...)\n\n.Repercussions on scavenging birds. Seabirds and dolphins are known to consume the fish that is discarded in shrimp fishing; the reproduction rate of these animals may therefore increase, but it may also happen that the animals become dependent on the discards or suffer injuries when grabbing the pieces.\n\n.Decomposition of discards. The repercussions that discards may have on detritus feeders present on the seabed and on microbial fauna are not sufficiently known. The benthic community may be affected by the oxygen depletion that occurs when discards sink into a shallow bottom in coastal areas with scarce currents.\n\n.Conflicts caused by incidental catches. The discards that occur in large-scale shrimp trawling are composed of juveniles and adults of species important to small-scale fisheries; and this can result in a lower availability of said individuals for these latter fisheries. The situation is a source of particular controversies.” (P. 54).\n\nSpecifically regarding the impact of this type of fishing gear, following Johnson (2000), the study proposes the following categorization:\n\n• Alterations of the physical structure. The physical effects of fishing gear may include scratching and plowing of the marine surface, burial of mounds, smoothing of sand ripples, removal of stones or the dragging and overturning of rocks, elimination of taxa that produce structured organisms, and the removal or crushing of submerged aquatic vegetation.\n\n• Sediment suspension. The resuspension of sediments is a consequence of the dragging of gear along the seabed. The effects of sediment suspension may include: the reduction of light available to photosynthetic organisms; the burial of benthic biota; the covering of spawning areas; and negative effects on the feeding rate and metabolic rate of organisms.\n\n• Chemical alterations. Fishing gear can cause changes in the chemical composition of both the sediments and the overlying water mass due to the mixing of subsurface sediments with interstitial waters. This process could facilitate the mobilization of contaminating substances.\n\n• Changes in benthic communities. Benthic communities are affected by fishing gear due to the damage they cause to the benthos in the path where they travel and to disturbances to the seabed up to a depth of 30 cm. Many epibenthic animals are crushed or buried, while the infauna is excavated and exposed on the seabed, often having already been damaged.\n\n• Changes in the ecosystem. The use of some types of fishing gear can affect the composition and habitat of the benthic community. It is possible that, at the community level, these changes may in turn have consequences for harvested populations and the ecosystem.” (P. 104).\n\nIn relation to incidental catches and the discarding of bycatch species (FACA), the FAO reaches the conclusion that shrimp trawling is the most wasteful fishery in the world and compares trawling to the clear-cutting of a forest:\n\n“A recent FAO study (Kelleher, 2005) has shown that the shrimp trawl fishery usually has high discard rates representing more than 27 percent of the total estimated discards of all global marine fisheries, equivalent to approximately 1.8 million tons per year. Trawling, including shrimp trawling, has been compared to the clear-cutting of forests, and the waste to which it gives rise marks it as the most wasteful fishery in the world.” (P. 25).\n\nAmong the species that the FAO identifies as seriously affected by incidental catch and discarding are: jacks, pompanos, red mullets, lizardfish, mojarras, threadfin breams, toothy mojarras, soles, rays, sea trout and corvinas, catfish, snappers, mackerels, tongues, grunts, barracudas, squids, cuttlefish, scabbardfish, needlefish, sardines, anchovies, shad, and groupers (p. 63). The FAO concludes that the discards mostly comprise immature species of sizes less than 20 cm and weight less than 100g, harming even the future commercial activity of many of these species.\n\nIn a previous study (2006), the FAO had warned of the consequences of incidental catch from shrimp fishing:\n\n“The capture of juvenile specimens of valuable species before they have the opportunity to reproduce poses a threat to the safeguarding of fish stocks. On the other hand, the large-scale elimination of accidentally caught fish also threatens marine biodiversity, with an impact on fishery productivity.”\n\nConsistent with the FAO’s research, multiple per-country and zonal studies confirm the damage that trawl nets cause to the marine ecosystem. In this regard, the Instituto Nacional de Pesca of Mexico determined in a June 2010 paper that:\n\n“The process of shrimp capture with the trawl system on the coast of the Pacific Ocean is characterized by the high percentage of incidental catches called bycatch, with average values of 89.2%; also, by the low level of shrimp capture, whose overall average is 9.9%; the remaining 0.9% is recorded as Fine or Commercial Bycatch Fauna. The results obtained show that there are substantial differences due to the effect of the fishing zone and as the fishing season progresses.” (Report “Incorporation of selective devices into shrimp trawl nets in the Mexican Pacific Ocean,” June 2010).\n\nIn the same vein, the Undersecretariat of Marine and Coastal Management of the Ministerio del Ambiente of Ecuador describes the drawbacks of shrimp trawling in its country and mentions that trawling is called “the barrier of death” due to the damage it causes to other marine species.\n\n“The trawler fleet captures a great diversity and quantity of bycatch fauna. This is a marked problem for the maintenance of demersal fish stocks (e.g., corvina, snook, snappers, camotillos) due to the reduction in the recruitment of juveniles and damage to the seabed. Little & Herrera (1991) estimated that between March and November 1991 the shrimp fleet captured ca., 15,700 t of bycatch, of which 75 % was discarded into the sea. Trawling has been called ‘the barrier of death,’ because it captures everything the nets find in their path.” (The shrimp trawl fishery in Ecuador. Situational analysis, February 17, 2012, Ministerio del Ambiente, Undersecretariat of Marine and Coastal Management).\n\nIn that same report, the Ministerio de Ambiente of Ecuador mentions the injury that trawling causes to the seabed and marine ecosystem.\n\n“Intervention of the seabed. When the heavy nets and doors are dragged along the seabed, everything in their path is intervened or destroyed including seagrasses, reefs, or rocky beds where fish hide from their predators. As well as significant alterations of the benthic communities.”\n\n“Not only is the macro fauna affected, but there are also organisms that are microscopic, such as bacteria, phytoplankton (microscopic algae), zooplankton (larval stages of fish and other marine species), and meiofauna (small invertebrates that inhabit the ocean floor) whose importance lies in maintaining the ecological balance by managing the flow of matter and energy in the global ecosystem through the remineralization of organic matter and the regeneration of nutrients. This ecosystem in particular is the most directly affected by the removal of the seabed caused by the chains and trawl nets.”\n\nThe data on discards, another work mentions, are alarming:\n\n“On average, 20 million tons of marine fishery catches are discarded worldwide each year. Fishermen prefer to discard these species rather than keep them because they take up space that could be used by more valuable ones. The concern is not about the waste, but about the conservation of potentially sensitive individuals” (Horsten and Kirkegaard, 2002).\n\nCosta Rica is no exception; studies show that the bycatch fauna being caught by trawl nets is also sexually immature, an aspect confirmed by INCOPESCA itself in its report. Clearly, this technique is incompatible with the sustainable development of marine resources and is causing serious problems of resource depletion, to such an extent that they cite studies carried out by that entity together with the Universidad Nacional de Costa Rica, which concluded the need to reduce vessels with trawl nets to allow the gradual recovery of species in the Golfo de Nicoya until sustainability is achieved. That is not the only affected area; INCOPESCA has had to exclude certain marine zones or areas from fishing for the sake of their recovery, for example, the Golfo Dulce, the mouth of the Tárcoles River converted into a responsible fishing area, as well as the zones of Palito and Montero on Isla de Chira, Isla Caballos and Puerto Níspero, and the marine area of San Juanillo Guanacaste.\n\nIn the 2010 “World Study on Shrimp Fisheries,” the FAO mentions several management measures, some of which have been tested in one country and others have been implemented by others, trying to adjust, although generally with little success, the measures to their particular situation. Among the measures cited are the imposition of catch limits, reduction of fishing effort (supply restriction) by restricting or limiting the number of vessels, raising the license fee (access restrictions), temporal closures, increase in mesh size, mandatory use of devices for the exclusion of endangered species, limits on the incidental catch of certain species, restriction on the use of certain gear, proclaiming closed areas, and zoning plans (technical restrictions). Awareness-raising campaigns for fishermen, national fishery management plans, and specific plans on the shrimp fishery have also been launched with the clear purpose of reducing the negative environmental effects caused by the activity.\n\nGiven the environmental impact produced by shrimp trawling, international concern to minimize or reduce them is increasing, trying a diversity of measures to achieve it.\n\n“The impact of trawling carried out by shrimp nets has been a topic of great relevance and concern at the international and national level, and various attempts have been made and continue to be made to try to minimize the adverse impacts.” (LÓPEZ MARTÍNEZ Juana et al., Ecological effects of shrimp trawling in the Gulf of California. State of the art of technological development of fishing gear, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste)\n\nCosta Rica is also part of this effort. The measures outlined by the FAO have been tested at the national level. The Executive President of INCOPESCA cites the refusal to grant fishing licenses in protected areas or areas subject to special regulations, such as areas of national marine parks, natural monuments, biological reserves along the entire Costa Rican Pacific coast, excluded for many years from the authorized fishing area, and for the last two years the entire zone comprising the Golfo Dulce; as well as in the Responsible Fishing Marine Areas, such as the areas of Palito and Montero on Isla de Chira, Isla Caballo, Puerto Níspero. Likewise, he refers to spatial and temporal restrictions in the Responsible Fishing Marine Area of Tárcoles and in the Responsible Marine Area of San Juanillo in Guanacaste. Licenses are also limited by the additional closure established for the Golfo de Nicoya, a complete temporal closure for at least three months a year and which extends to the mouth of the Tempisque River in Guanacaste. Shrimpers with trawl nets are obliged, to maintain their license, to carry and use turtle exclusion devices, first required by United States authorities and later by domestic regulations.\n\nAlso, within the framework of international cooperation, INCOPESCA participates in a broader study being prepared by the FAO, called the “Project for reducing the environmental impacts of tropical shrimp trawling through the introduction of technologies for reducing discard fishing and management change” of 2012, still under execution.\n\nHowever, there are very few countries where management measures have yielded results (Australia, for example), while there are more where, despite the measures, significant problems continue, such as incidental catch margins exceeding 50%—including the fishing of other important species—and the consequent environmental impact (United States, Mexico, Kuwait, Nigeria, Madagascar, Trinidad and Tobago, etc.). According to the FAO, “In many countries, management failures are caused by the ineffectiveness of fishery agencies, a lack of political will, and an inappropriate regulatory framework.” (P. 23 and problems detected in those countries in the specific chapters of the cited study).\n\nRegarding Costa Rica, some authors claim that despite the measures taken, the recovery of species is difficult:\n\n“Interestingly, a research cruise carried out in March 2011, covering the entire Pacific coast of Costa Rica, revealed the massive presence of siphonophores in trawl nets fishing at depths between 150 and 350 meters. This discovery may indicate significant changes in this ecosystem, where trawling may have eliminated filter and detritus feeders, increasing the scarcity of organisms that feed on phytoplankton and marine snow. It is speculated that this condition may have favored the bloom of siphonophores observed on the Pacific coast of Costa Rica.” (Wehrtmann, I.; Nielsen-Muñoz, V. The deepwater fishery along the Pacific coast of Costa Rica, Central America. Latin American Journal of Aquatic Research, 37(3): 543-554, 2009, p. 507, free translation).\n\nIn the same vein, this same author states:\n\n“Probably as a consequence of the lack of appropriate fishing regulations, deep-sea fishing is on the verge of collapse in Costa Rica (…). However, even if management plans were implemented, the lack of efficient control mechanisms seems to be a typical problem of developing countries.” (p. 526)\n\n“The situation of the three commercially exploited deepwater species (H. affinis, H. vicarius, and S. agassizii) is alarming in Costa Rica. Currently, the commercial fishing of two of the pandalid shrimp, H. affinis and H. vicarius, has halted. This has not been the result of an adequate and consistent management plan but is related to the almost complete disappearance of these resources from current fishing grounds, which has forced the fishing sector to move on to other resources or abandon fishing, causing significant social and economic consequences.” (p. 551)\n\nOther authors claim that in Costa Rica, the shrimp fishery has the highest volume of incidental catch, which is consistent with FAO data on this type of fishery worldwide. In this regard, Trujillo, P.; Cisneros-Montemayor and others maintain:\n\n“The shrimp fishery has the highest number of incidental catch of any Costa Rican fishing sector. Given the fact that the incidental catch in deepwater shrimp trawling is completely discarded, the amount of incidental catch relative to the shrimp is particularly concerning. In 2008, for example, the annual catch of this fishery consisted of approximately 5% of the target shrimp (almost exclusively S. agassizzi), 55% stomatopods, and 40% fish, with the latter two being discarded.” (Trujillo, P.; Cisneros-Montemayor, A.; Harper, S.; Zeller, D. Reconstruction of Costa Rica’s marine fisheries catches (1950-2008). Working paper # 2012-03, Fisheries Centre, University of British Columbia. 2012, p. 6. Free translation).\n\nIn the conclusions of the study by Trujillo et al., whose analysis extended to the year 2008, it was indicated that shrimp trawling had been the most significant source of fishing mortality in the marine ecosystem of Costa Rica. Moreover, the trend visible at that time, of progressively moving from shallow coastal waters to deep offshore waters without visible recoveries in shrimp populations, showed that there was no new place to go. They highlight in said study that shrimp trawling in Costa Rica was very unpopular among artisanal fishermen, did not employ a large number of people, had had significant environmental impacts on marine populations and habitats, and had depleted shrimp populations to the point that their commercial importance was compromised. The study urged reform of the fishery. (see p. 14).\n\nGiven the practically generalized failure of management measures, several countries have opted for prohibitions with different scopes, even reaching the total prohibition of shrimp trawling activity. Among the countries that have implemented prohibitions on the activity are Indonesia, Hong Kong, Ecuador, Venezuela, Belize, Palau; others implement prohibitions only in certain zones, such as the United States (coasts of Hawaii and Alaska, the Pacific and North Pacific Fishery Management Councils and states such as Florida, Georgia, North Carolina, and South Carolina prohibited bottom trawling in more than 840,000 square miles of seabed in the Pacific, Bering Sea, and Arctic. California prohibited bottom shrimp trawling in order to reduce discarding and increase shrimp catches for fishermen using more selective equipment; also, the Western Pacific Fishery Management Council prohibited bottom trawling in 1.5 million square miles around Hawaii and other Pacific islands in U.S. waters. Bottom trawling is also prohibited in more than 330,000 square miles of Pacific islands, from Samoa to the Mariana Trench, protected as a national monument.), Canada, Brazil, and Malaysia. Similarly: Azores, Madeira, and the Canary Islands (Bottom trawling is prohibited in more than 500,000 square miles of Atlantic waters surrounding the Canary Islands, Madeira, and the Azores); New Zealand (The New Zealand government prohibited bottom trawling in large areas of seamounts and hydrothermal vents); Europe and North Africa (The General Fisheries Commission for the Mediterranean prohibited bottom trawling in approximately 630,000 square miles of deep-sea waters). (On these topics, see Stiler, M.; Stockbridge, J.; Lande, M.; Hirshfield, M. Impacts of Bottom Trawling on Fisheries, Tourism, and the Marine Environment. OCEANA, 2010).\n\nOn the other hand, last year, the European Commission presented to the European Parliament and the Council a proposal for a “Regulation of the European Parliament and of the Council establishing specific conditions applicable to fishing for deep-sea stocks in the Northeast Atlantic and provisions relating to fishing in international waters of the Northeast Atlantic, and repealing Regulation (EC) No. 2347/2002”. The Commission recommends the gradual eradication of bottom trawl gear due to the destructive impact they cause: “In order to reduce the destructive impact it has on the marine ecosystem, the use of bottom trawl nets in this fishery must be gradually eradicated, as they are the ones that cause the most damage to vulnerable marine ecosystems, in addition to generating high levels of unwanted catches of deep-sea species. The transitional restrictions for bottom-set gillnets in fisheries below 600 m depth and in the bathymetric strip between 200 and 600 m must be complemented by the prohibition of directed fishing for deep-sea species.” “Among the different fishing gears used in deep-sea fishing, bottom trawl nets are the ones that represent the greatest risk to vulnerable marine ecosystems and generate the highest percentages of unwanted catches of deep-sea species. Therefore, bottom trawl nets must be permanently prohibited in directed fishing for deep-sea species.” Consequently, it proposes: “The fishing authorizations mentioned in Article 4(1) for vessels using bottom trawl nets or bottom-set gillnets will expire, at the latest, two years after the entry into force of this Regulation. After that date, fishing authorizations for directed fishing for deep-sea species using this gear will no longer be issued or renewed.” (Art. 9). The recommendations aim to “ensure the sustainable exploitation of deep-sea species, while minimizing the impact on the marine environment…” (art. 1(a)). It is based on the following: “The measures adopted so far have not proved effective in resolving the main problems of the fishery, namely: 1) the great vulnerability to fishing of these stocks; many of them can only withstand low fishing pressure over a prolonged period, which is not economically viable; 2) bottom trawl nets are the gear that represents the greatest risk of destruction, as a result of fishing, of vulnerable and irreplaceable marine ecosystems; the extent of the destruction already caused is unknown; 3) deep-sea species fishing with trawl gear generates high levels of unwanted catches of deep-sea species (on average, between 20 and 40 % by weight, with individual peaks much higher); 4) determining, on the basis of scientific advice, the sustainable level of fishing pressure is especially difficult.” These measures are suggested, and the preamble of the Regulation itself recognizes the insufficiency of knowledge on the regulated subject: “It is likely that biological data from scientific studies will remain insufficient in the coming years to allow a complete analytical assessment of stocks to be carried out.” So that even in developed countries, forceful measures have had to be taken against trawl fishing gear, all of which finds full support in the precautionary and preventive principles.\n\nThe FAO, in its repeatedly cited 2010 Study, comments on the experience of Indonesia, a country that suffered intense social conflict between the industrial and semi-industrial fleet and artisanal fishermen, which worsened in the 1970s. To mitigate it, intense limitations and regulations were established, which did not yield the expected result, to the point that conflicts arose with loss of human lives. This led Indonesia to a total prohibition of trawling since 1980. As a consequence of this prohibition, Indonesia initially lost 25,000 jobs and ceased to receive more than 13 million dollars annually in income generated by the activity.\n\nHowever, the government of that country implemented aid programs for artisanal fishing, which took on the task of filling the void left by the large vessels in terms of both employment and foreign currency.\n\n\"It would seem that an important lesson drawn from the trawl fishing ban imposed in Indonesia has been that regulations limiting trawler access to certain areas are much harder to enforce than total closures, whose compliance in a few fishing ports can be controlled by coastal authorities. A prohibition on the use of fishing gear is feasible, but its implementation requires great political will. No other country has demonstrated a determination or capability comparable to Indonesia's to reassign access to an important resource to small-scale fishers. The second lesson learned is that demersal stocks in the tropics appear to have the capacity to rebuild after having been overexploited. The third lesson is that the elimination of trawlers does not necessarily mean that landings or exports will decline in the long term. Small-scale fishers using relatively simple gear are equally skilled as trawl fishers in fully exploiting demersal resources. This ability is, of course, a double-edged sword, since order in the resources will not be achieved simply by eliminating trawlers. The need for rural and national development to attract labor and capital, diverting them from the fishing sector, remains.\" Source: Bailey, 1997. (FAO, 2010, p. 130).\n\nThe prohibition on shrimp trawling in Indonesia led to the development of artisanal fishing, which today represents 95% of landings in this field. The consumer was not neglected in the medium term, income distribution improved, social conflicts were reduced, and the environment was better protected, although they point to political will, the implementation of public policies directed at artisanal fishers, and the strengthening of surveillance institutions as determining factors, unavoidable requirements for achieving success and preventing old practices from being introduced through the artisanal fleet.\n\n\"Small-scale fisheries are extremely important in Indonesia. Around 94.6 percent of total marine landings are made by fishers who fish in coastal areas using lines, traps, beach seines or lift nets, with rods and lines, with trolling lines and small gillnets for tuna and small pelagic fish (Flewwelling and Hosch, 2004a).\" (FAO Study, p. 272)\n\nAs indicated above, several countries have followed the path of prohibiting shrimp fishing with trawl nets.\n\nThe Ministry of the Environment of Ecuador, after a situational analysis of the shrimp trawl fishery in that country (February 17, 2012), concluded:\n\n\"At a global level, and not only in Ecuador, it has been demonstrated that Shrimp Trawl Fishing:\n\n- Is a non-selective type of fishing, meaning it catches everything in its path regardless of species or size.\n\n- Produces large quantities of bycatch (discard) (75%), which includes fish of non-commercial size or juveniles that will not reach reproductive age, meaning a large quantity of individuals of non-commercial species and juvenile individuals of commercial species are wasted, affecting other fisheries. It causes conflicts with other national fishing sectors.\n\n- Catches of white, red, and brown shrimp show a large percentage of juvenile shrimp or only juveniles (Red and Brown) in their catches, an indication that the fishing is not sustainable.\n\n- Illegally enters Protected Areas and within the one-mile protection zone to carry out its fishing activities, for which there are pertinent reports.\"\n\nIn accordance with the aforementioned conclusions on the situation, the following recommendation was issued:\n\n\"Based on the foregoing, the Ministry of the Environment recommends that the current proposal to prohibit Shrimp Trawl Fishing be made viable.\"\n\nFrom the literature consulted, a greater consensus emerges among various international organizations, universities, research institutes, civil society, and scientists on the need to prohibit fishing with trawl nets due to the serious damage it causes to the ecosystem, the reproduction of species, the sustainability of the marine resource, and social relations among fishers. The damage that this fishing gear causes to the environment is conclusively proven. We are in the presence of a non-selective fishing gear that devastates everything in its path, capturing multiple species that are not the target of the fishery, affecting the reproduction of multiple species through bycatch (pesca incidental) loaded with immature species, and causing severe damage to the seabed. The FAO notes:\n\n\"Shrimp fishing occupies an exceptional place due to the amount of controversy it has been able to generate. A recent FAO study (Kelleher, 2005) has shown that the shrimp trawl fishery tends to have high discard rates, representing more than 27 percent of the total estimated discards from all world marine fisheries, equivalent to about 1.8 million tons per year. Trawl fishing, including shrimp trawling, has been compared to clear-cutting forests, and the waste it generates marks it as the most wasteful fishing in the world. Garcia (1989) notes that, in tropical zones, shrimp fisheries are those that give rise to the greatest number of conflicts and problems.\"\n\nConsequently, shrimp fishing with trawl nets, as long as there are no bycatch reduction devices (Bycatch Reduction Devices) that significantly reduce bycatch (not all have the same effectiveness and those that save turtles are not enough), opposes the principles enshrined in international instruments on marine resources, applicable in our environment directly under the protection of the provisions of Article 6 as already stated, without prejudice to the supplementary and subsidiary application of Article 7 of the Constitution. Indeed, in accordance with the provisions of Article 6 of our Magna Carta, the principles of International Law are applied directly, so that Article 2, subsection 27, point d), Article 43, subsection d), and Article 47, subsections a) and b) of Law 8436 of March 1, 2005, insofar as they recognize shrimp fishing gear with trawl nets as lawful, are violative of this constitutional norm and of the principles of International Law on the matter that the norm recognizes, which require the adoption of selective fishing techniques, the conservation of the resource and marine ecosystems, prohibit overexploitation, and impose the application of principles of fishing and commercial techniques and practices consistent with the sustainability of the resource and the precautionary and preventive principles inherent to Environmental Law, among them: the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, the Inter-American Convention for the Protection of Sea Turtles, the 1982 World Charter for Nature, the Convention on Biological Diversity, and the Rio Declaration.\n\n6.2.- Violation of Article 21 of the Constitution and the rights to life and health. The numeral states: \"Human life is inviolable.\" From this norm, this Chamber has derived the right to health, as a related right:\n\n\"...although our Political Constitution does not expressly contemplate this right—though it does concern itself with expressly regulating aspects related to it, cataloged as part of social constitutional rights, such as the right to social security—its existence cannot be denied, as it is a direct derivative of the right to life protected in Article 21 of our Constitution, since the latter—the right to life—is the raison d'être and ultimate explanation of the right to health. The connection between the two is undeniable; the right to health has the fundamental purpose of making the right to life effective, because life protects not only the biological existence of the person but also the other aspects derived from it. It is rightly said that the human being is the only being in nature with teleological conduct, because they live according to their ideas, purposes, and spiritual aspirations; in this condition of a cultural being lies the explanation for the necessary protection that, in a civilized world, must be granted to their right to life in all its extension, consequently to a healthy life. If within the extensions that this right has, as explained, is the right to health or health care, this includes the State's duty to guarantee the prevention and treatment of diseases\" (ruling No. 6061-96).\" Ruling of the Constitutional Chamber No. 2001-927.\n\nINCOPESCA considers that the interpretation of Article 21 of the Constitution in light of the specific case is different from that made by the plaintiffs, since the shrimp vessels bring food to the table of Costa Ricans and, through nutrition, contribute to human life.\n\nHowever, this Chamber understands that bringing food to the table and contributing to the population's nutrition is not sufficient for an activity to be in conformity with the right to life, health, and the environment; furthermore, it is required that the activity itself be respectful of life and contribute to the subsistence, nutrition, and health of the population both in the present and in the future; otherwise, the activity in question compromises the food security of new generations.\n\nIn this sense, shrimp fishing with trawl nets becomes violative of the rights to life and health enshrined in Article 21 of the Constitution, since the scientific evidence, provided by the international organizations in charge of the matter and university research bodies, demonstrates that this non-selective technique compromises marine ecosystems, the sustainability of the marine resource, and directly threatens the population's food security and its future survival, which is why it must be declared unconstitutional as long as there are no bycatch reduction devices (Bycatch Reduction Devices) that significantly reduce bycatch (not all have the same effectiveness and those that save turtles are not enough).\n\n6.3.- Violation of Article 50 of the Constitution, the right to a healthy and ecologically balanced environment, sustainable development, and the just distribution of wealth. The plaintiffs invoke the violation of the norm and principles contained in Article 50 of the Constitution.\n\n\"The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe on that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.\"\n\nHuman life is only possible in solidarity with nature. Article 50 recognizes a model of economic and social development that is absolutely respectful and coherent with a healthy and ecologically balanced environment. In this sense, the Constitutional Chamber has stated in its jurisprudence:\n\n\"The plaintiff invokes the violation of the constitutional principle of sustainable development derived from Article 50 of the Magna Carta... For this Chamber, it is no coincidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment was regulated in Article 50 of the Constitution, a numeral that grants the legislator the powers for the organization and stimulation of production and for the most adequate distribution of wealth, powers that in accordance with the norm must be exercised in pursuit of a constitutionally defined goal: the greatest well-being of all inhabitants. Within the term 'greatest well-being,' we find not only a policy oriented towards greater economic development but also a redistributive policy, aimed at achieving the distribution of the wealth produced by social cooperation. Both must be carried out with absolute respect for ecological balance and environmental health; only then will life and all human activity be possible. In this sense, principle 8 of the 1992 Rio Declaration states that 'To achieve sustainable development and a better quality of life for all people, States should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate demographic policies' (Ruling of the Constitutional Chamber No. 1594-2013)\n\nUnder the provisions of Article 50 of the Constitution, the jurisprudence of this Chamber, and International Environmental Law, it is an imperative obligation of the State to reduce or eliminate any mode of production that threatens sustainable development.\n\nFollowing this line of thought, the Rio de Janeiro Declaration (1992) provides:\n\n\"Principle 1.- Human beings are at the center of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature... Principle 3.- The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations; Principle 4.- In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it... Principle 8. To achieve sustainable development and a better quality of life for all people, States should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and the transfer of technologies, including new and innovative technologies... Principle 15. In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States...\"\n\nOne of the essential elements for sustainable development is prevention. Environmental damages are difficult or impossible to repair. Thus, if there is certainty about a risk of serious or irreversible damage to the environment, prevention measures must be adopted, which may even mean the prohibition of a commercial activity, since in environmental matters, ex post facto coercion is ineffective, because if the damage has occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable or very difficult to repair. These are also forms of State compliance with the duties of defense and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment as provided in the third paragraph of Article 50 of the Constitution.\n\n\"V.- The State's duty in the protection of the environment. Following the reform of Article 50 of the Constitution, in which the environmental right was expressly enshrined as a fundamental right, the State's obligation to guarantee, defend, and protect this right was also established—in a conclusive manner—making the State the guarantor in the protection and guardianship of the environment and natural resources. It is by virtue of this provision, in relation to Articles 21, 69, and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a protective and governing function in this matter was derived, as provided by the constitutional norm under discussion itself, a function that environmental legislation develops. It is thus that the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right.\" (Ruling 2013-008341 of 9:10 a.m. on June 21, 2013).\n\nWithin the framework of Article 50 of the Political Constitution, the relationship between the right to a healthy and ecologically balanced environment and sustainable development stands out. As provided by principle 8 of the 1992 Rio de Janeiro Declaration, it is the duty of States to achieve that level of development and quality of life \"...to reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption...\" Hence, shrimp fishing with trawl nets is contrary to the principle of sustainable development, since the deterioration of the marine ecosystem it causes is greater than its regeneration, seriously endangering the food security of future generations. It is demonstrated in the case file that this non-selective fishing gear indiscriminately captures enormous quantities of species that are not the target of the fishery, which are then discarded and returned to the sea. In the case of Costa Rica, the majority of these species are sexually immature, preventing the reproduction of marine species. From INCOPESCA's report, it is deduced that this technique, as long as it does not have \"efficient\" bycatch reduction devices (Bycatch Reduction Devices) that significantly reduce bycatch (not all have the same effectiveness and those that save turtles are not enough), is incompatible with the sustainable development of marine resources. Studies carried out by that agency together with the National University conclude on the need to reduce vessels using trawl nets to allow the gradual recovery of species in the Gulf of Nicoya until sustainability is achieved. In the same vein, they report on how they have been establishing zones or areas excluded from this type of fishing to allow their recovery. The same report clearly states that the capture of the so-called bycatch fauna (fauna de acompañamiento) is due to the fact that the fishing gear is not selective. INCOPESCA reports that the FAO has supported shrimp trawlers, local artisanal fishers, and fisher organizations from various countries to introduce different selective technologies to reduce discard fishing; the report states that the FAO is promoting projects and new regulations aimed at \"reducing discard fishing...where fewer young fish and unwanted species are unintentionally caught, they can be left to mature for the benefit of the fisher, their livelihood, and for millions of people in developing countries...\" (Project on \"reduction of environmental impacts of tropical shrimp trawl fishing through the introduction of technologies for discard reduction and management change,\" 2012). INCOPESCA also accepts that trawl fishing generates the capture of juvenile species. Consequently, it is observed that international organizations, universities, and private researchers agree that trawl fishing gear constitutes a non-selective technique that causes serious damage to the marine ecosystem, the sustainability of marine resources, and, with it, to the food security and subsistence economy of coastal inhabitants who fish artisanally. Regarding this last point, it is useful to extend the concept of \"sustainable development,\" which has its basis in Article 50 of the Constitution, to that of \"democratic sustainable development.\"\n\nIndeed, until now, when addressing ecological issues, the emphasis is usually placed on the scarcity of natural resources, the need to reduce the consumption of non-renewable resources, increase the production of renewable ones, and manage the polluting waste produced by society. Hence, the term that remained in vogue during the last decades was sustainable development, which focuses on managing the aforementioned variables and others, in order to foster development that does not conflict with the environment. The concept developed up to that point encompassed an environmental component—environmental protection—an economic one—economic development based on the sustainable exploitation of the environment—and a social one—it was considered that economic development and environmental conservation automatically brought about social well-being. However, the emphasis of the \"sustainable development\" concept was centered on the first two elements, the economic and the environmental. The third, as stated, was an almost natural consequence of the first two. In more recent years, the evolution of the term sustainable development has led to placing emphasis once again on the social element found within it, which, deep down, serves as a counterbalance to the predominantly economic element up to now. It is not intended to assert that the social element is a novel advance in the term sustainable development. On the contrary, it can be seen that this has been a factor constantly present in the discussion but has been relegated in practice to a secondary plane due to the preponderance of the other cited elements. Thus, for example, the report rendered in 1987 by the World Commission on Environment and Development before the United Nations pointed out that sustainable development implies meeting the basic needs of all people and providing everyone the opportunity to aspire to a better life, since a world in which poverty is endemic will always be prone to ecological and other catastrophes. Meeting basic needs—the report tells us—means not only a new era of economic growth but also ensuring that people in poverty obtain a fair share of the resources required to sustain that growth.\n\nThe social element of sustainable development is also verified in the social justice component inherent to the Rule of Law, which has been incorporated into our Political Constitution. Indeed, Article 50 of the Constitution establishes that: \"The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment.\" In a single article, the constitutional legislator has included the three elements of sustainable development: the stimulation of production (economic element), the ecologically balanced environment (ecological element), and, in addition, the most adequate distribution of wealth and a healthy environment (social element). The reading of the article must also be done in conjunction with Article 74 of the Constitution, which explicitly establishes the duty to pursue a permanent policy of national solidarity based on the Christian principle of social justice. Already in Resolution No. 1441-92 of 3:45 p.m. on June 2, 1992, this Chamber observed in both articles the basis of Costa Rica's Social Rule of Law:\n\n\"The basic general principle of the Political Constitution is embodied in Article 50, which provides that 'the State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth,' which, together with the declaration of the Costa Rican State's adherence to the Christian principle of social justice, included in Article 74 ibidem, determines the very essence of the political and social system we have chosen for our country and defines it as a Social Rule of Law.\"\n\nThese constitutional postulates have been developed in turn in national legislation. Hence, in environmental matters, the Wildlife Conservation Law, the Forestry Law (Ley Forestal), the Organic Environmental Law, and the Biodiversity Law have been enacted, among many others. In fact, the latter also contains a development of the social element of sustainable development. In Article 9, the following is read:\n\n\"ARTICLE 9.- General Principles The following, among others, constitute general principles for the purposes of the application of this law:\n\n(...)\n\n4.- Intra and intergenerational equity. The State and individuals shall ensure that the elements of biodiversity are used sustainably, so that the possibilities and opportunities for their use and their benefits are guaranteed in a just manner for all sectors of society and to meet the needs of future generations.\"\n\nAs can be seen, the democratic element of sustainable development, which is protected under Articles 50 and 74 of the Political Constitution, intrinsically entails the just distribution of both environmental benefits and burdens. In the Social Rule of Law, this implies the preservation of nature for future generations and the shared utilization of the environment.\n\nBased on the foregoing, the following objections emerge to trawl fishing lacking \"efficient\" bycatch reduction devices (Bycatch Reduction Devices) that \"significantly\" reduce bycatch. On the one hand, the unsustainable ecological degradation implied by this type of fishing, which has been discussed extensively in other sections of this resolution, and, on the other, the total disrespect for the democratic and solidarity-based element of sustainable development. Regarding this last point, in the study \"Macroeconomic Indicators of the Fishing and Aquaculture Sector of the Central American Isthmus. Period 2000-2007\" (OSPESCA, 2009), it was established that industrial shrimp fishing at that time comprised 73 vessels, generating 365 jobs, while artisanal fishing extended to 4,065 vessels with a total of 16,502 jobs. On the other hand, based on the national census of 2011, with data that do not take into account the indirect generation of employment, it is found that 6,899 people aged 15 or older are dedicated to fishing and aquaculture. This number is considerably higher than that employed by the trawl fishing gear. Indeed, the shrimp business owners themselves state in their joinder motion that each vessel requires a crew of 6 people. Taking into account that INCOPESCA reports that currently only 38 licenses are valid, a total of 224 direct jobs generated by this type of industry is obtained. If the land-based personnel are added to this total, which according to their own writing does not exceed four people per boat, we have that the maximum direct employment generation by the sector would be 380. Consequently, it is evident that the employment generated by artisanal fishing is much greater than that generated by trawl fishing. As matters stand, it becomes clear that the exploitation of marine resources through trawl fishing means the indiscriminate capture of the marine species that trawl nets encounter in their path; this violates the labor opportunities of artisanal fishers and their right to participate in the benefits of the sustainable exploitation of the environment. The method used in shrimp trawl fishing, by capturing all types of marine species, not only affects the interests of persons dedicated to artisanal shrimp fishing but also the interests of all artisanal fishers. Thus, democratic sustainable development, one to which everyone has real access, is not achieved; even less can we speak of solidarity-based sustainable development, since the benefit of a few severely affects a vast majority of fishers. Note that when Article 5 of the Fisheries and Aquaculture Law declares fishery activity to be of public utility and social interest, and the promotion and development of that activity and the related industry to be of national interest, it does so under the context that democratically all people can have access, in a regime of equity, to the benefits of such activity. In this way, the negative effects of shrimp trawling in its current state openly contravene Articles 50 and 74 of the Political Constitution. It should be emphasized that the experience of Indonesia, already discussed, shows that following the prohibition, artisanal fishing developed to such a degree that it was able to fill the void left by industrial fishing, generating the employment and foreign currency required by the sector and the country.\n\nConsequently, Article 2, subsection 27, point d), Article 43, subsection d), and Article 47, subsections a) and b) of the Fisheries and Aquaculture Law, No. 8436 of March 1, 2005, specifically the phrases that refer to fishing with trawl nets, as long as there are no bycatch reduction devices (Bycatch Reduction Devices) that significantly reduce bycatch (not all have the same effectiveness and those that save turtles are not enough), are contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, to the principle of sustainable development, and to the principle of democratic sustainable development, which is deduced from the systemic and systematic interpretation of Articles 50, 69, and 89, and to the principle of just distribution of wealth derived from Articles 50, 74, and 89 of the Fundamental Charter of the Costa Rican State.\n\n6.4.- Violation of Article 89 of the Political Constitution. This constitutional norm provides, in relevant part: \"Among the cultural ends of the Republic are: to protect natural beauties...\" Regarding this norm, INCOPESCA affirms that it bears no relation whatsoever to shrimp fishing by means of trawl nets on marine bottoms.\n\nThe plaintiffs, for their part, believe that the marine scenic beauty is being destroyed and turned into murky waters by the onslaught of the trawl net.\n\nThe Chamber agrees with this latter assessment. Natural beauty is not limited to the surroundings that our eyes appreciate, much less to the external face of the earth. Natural beauty is not reduced to an aesthetic concept. As the Chamber has rightly highlighted through a material and evolutionary interpretation in its jurisprudence, the concept of natural beauties used by the 1949 constitutional framers is included within the required protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment:\n\n“XIII.- (…) The term ‘natural beauties’ was the one employed at the time the Constitution was enacted (November 7, 1949) which today has developed into a legal specialty; environmental law, which recognizes the need to preserve the environment not merely as a cultural end, but as a vital necessity for every human being. In this sense, the concept of the right to a healthy environment surpasses recreational or cultural interests, which are also important aspects of life in society, but it also constitutes a fundamental requirement for life itself (...) (Judgment 9193-2000 at 16:28 hours on October 17, 2000).\n\nThe concept of natural beauties is closely related to the concept of natural heritage. It is no coincidence that the rule refers to historical and artistic heritage, so that the rule regulates three types of heritage essential to conserve the identity of a Nation and its physical, cultural, and social subsistence. Within the concept of natural beauties, hydrobiological resources are included. The protection of natural beauties encompasses ensuring the preservation of the environment and ecosystems, because if the latter are destroyed or severely damaged, the former are irremediably harmed. The concept of natural beauties is closely linked to a model of sustainable development, respectful of natural riches and our natural heritage. The purpose of the rule is to protect, conserve, and develop these three forms of heritage and to subject private initiative to that constitutional purpose.\n\nBy virtue of the foregoing, unlike what INCOPESCA considers in its report, the deterioration of marine ecosystems due to shrimp trawling and as long as devices for the reduction of incidental catch (Bycatch Reduction Devices) that significantly reduce incidental catch are not available (not all have the same effectiveness, and those that save turtles are not sufficient), directly violates the natural heritage protected in Article 69 through the concept of natural beauties.\n\nVII.- Corollary. As a result of the foregoing, it is appropriate to grant this unconstitutionality action, since from the comparison of the challenged norms with Constitutional Law, a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment and of the obligation to protect natural beauties was verified, as well as of the principles of democratic sustainable development and the preventive principle, which implies an injury to Articles 6, 7, 21, 50, 69, and 89 of the Constitution and to the principles contained in the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) and its subsequent development, the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, the World Charter for Nature of 1982, the Rio de Janeiro Declaration adopted at the United Nations Conference on Environment and Development (1992), and the FAO International Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995).\n\nConsequently, the phrase “de camarón con red de arrastre,” (for shrimp using a trawl net) is declared unconstitutional from point d) subsection 27 of Article 2 and from subsection d) of Article 43, as well as subsections a) and b) of Article 47, all of the Law on Fishing and Aquaculture, Law 8436 of March 1, 2005. Consequently, from the notification of this judgment, INCOPESCA may not grant any new permit, authorization, or license, renew those expired, or reactivate those inactive, for shrimp fishing with trawl nets. In consideration of rights acquired in good faith, the valid permits, authorizations, and licenses shall retain their validity and force until the expiration of the term granted to each of them, provided that their holders carry out the activity in full compliance with the legal system enacted on the matter and conditioned upon adopting, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies possible under the supervision of INCOPESCA; once the term of validity expires, they may not be extended. It should be noted that a judgment of unconstitutionality must respect rights acquired in good faith (Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction), which constitutes an exception of mandatory compliance to the ex tunc effects of declaratory judgments of unconstitutionality, a matter that is not observed in the partially dissenting vote of Judges Armijo Sancho and Cruz Castro. Literally, Article 91 states: “The declaration of unconstitutionality shall have declaratory and retroactive effect to the date the act or norm came into force, all without prejudice to rights acquired in good faith.” (The highlighting does not correspond to the original). In the same vein, Article 93 of the Law of Constitutional Jurisdiction provides that, among other cases, the provision contained in Article 91 shall not apply to those legal relationships or situations whose reversal would seriously affect rights acquired in good faith. These rules are based on elementary principles of justice and legal certainty, since shrimp fishermen using trawl nets previously obtained their licenses under the protection of legislation in force, incurring investments given the expectations that that legal system generated for them; furthermore, the annulment of such licenses as of the notification of this judgment would cause dislocations in social peace, since a relevant group of families would be seriously and suddenly affected if acquired rights are not respected. The foregoing does not preclude, through the corresponding legal reform, the possibility of re-establishing the annulled categories A and B in the future, conditioned upon making express reference to the obligation to use devices for the reduction of incidental catch (Bycatch Reduction Devices), regarding which, prior to a legal reform and with the corresponding scientific and technological backing, a significant reduction of said incidental catch compatible with democratic sustainable development is demonstrated. In this regard, it must be noted that in the current state of technology, not all such devices meet this requirement or have the same effectiveness.\n\nTherefore:\n\nThe action is granted. Consequently, the phrase “del camarón con red de arrastre,” from point d) subsection 27 of Article 2 and from subsection d) of Article 43, as well as subsections a) and b) of Article 47, all of the Law on Fishing and Aquaculture, Law 8436 of March 1, 2005, is declared unconstitutional. In accordance with Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, this judgment is declaratory and retroactive to the date the cited norms came into force, without prejudice to rights acquired in good faith. Consequently, from the notification of this judgment, INCOPESCA may not grant any new permit, authorization, or license, renew those expired, or reactivate those inactive, for shrimp fishing with trawl nets. In consideration of rights acquired in good faith, the valid permits, authorizations, and licenses shall retain their validity and force until the expiration of the term granted to each of them, provided that their holders carry out the activity in full compliance with the legal system enacted on the matter and conditioned upon adopting, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies possible under the supervision of INCOPESCA; once the term of validity expires, they may not be extended. The foregoing does not preclude, through the corresponding legal reform, the possibility of re-establishing the annulled categories A and B in the future, conditioned upon making express reference to the obligation to use devices for the reduction of incidental catch (Bycatch Reduction Devices), regarding which, prior to a legal reform and with the corresponding scientific and technological backing, a significant reduction of said incidental catch compatible with democratic sustainable development is demonstrated. In this regard, it must be noted that in the current state of technology, not all such devices meet this requirement or have the same effectiveness. Let it be published in full in the Judicial Bulletin and summarized in the Official Gazette La Gaceta Digital. Judges Armijo Sancho and Cruz Castro dissent regarding the scaling of the effects of this judgment and annul the valid permits, authorizations, and licenses. Judge Castillo Víquez denies the action and considers that the norm is not unconstitutional, provided that the use of trawling techniques are those admitted by internationally recognized prestigious organizations, such as the FAO. Notify.\n\nGilbert Armijo S.\n\nActing President\n\nErnesto Jinesta L. Fernando Cruz C.\n\nFernando Castillo V. Paul Rueda L.\n\nAracelly Pacheco S. Jose Paulino Hernández G.\n\nJUDGES ARMIJO SANCHO AND CRUZ CASTRO DISSENT, WITH THE OPINION DRAFTED BY THE FORMER:\n\nThe undersigned judges, although concurring with the majority of the Chamber in granting the action, dissent from the effects of the majority vote, insofar as it provides that:\n\nConsequently, from the notification of this judgment, INCOPESCA may not grant any new permit, authorization, or license, renew those expired, or reactivate those inactive, for shrimp fishing with trawl nets. The effects of this judgment are scaled, in the sense that the valid permits, authorizations, and licenses shall retain their validity and force until the expiration of the term granted to each of them, provided that their holders carry out the activity in full compliance with the legal, regulatory, and administrative regulations enacted on the matter; once the term of validity expires, they may not be extended.\n\nThis is because, in our system of constitutionality control, unconstitutional norms are null and void from their origin. This nullity “ex tunc” is provided for in the first paragraph of Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, which states:\n\nThe declaration of unconstitutionality shall have declaratory and retroactive effect to the date the act or norm came into force, all without prejudice to rights acquired in good faith.\n\nThat is, unconstitutional norms are unconstitutional from the moment they were enacted and, for that reason, their annulment entails the annulment of all acts or contracts issued based on those norms and insofar as they apply them in the sense in which they were challenged, because they bear the same vice of unconstitutionality from their inception. For this reason, Article 89 of the Law of Constitutional Jurisdiction provides that:\n\nThe judgment declaring the unconstitutionality of a legal norm or general provision shall also declare the unconstitutionality of the other precepts thereof, or of any other law or provision whose annulment is evidently necessary by connection or consequence, as well as the challenged application acts.\n\nThat is, the application acts of an unconstitutional norm, when challenged, are as null as the norm and, consequently, in principle, rights acquired in this regard cannot be claimed.\n\nThe second paragraph of Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction provides that:\n\nThe constitutional judgment of annulment may grade and scale in space, time, or subject matter its retroactive effect, and shall dictate the necessary rules to prevent it from producing serious dislocations of social security, justice, or peace.\n\nHowever, while it is true that the annulment judgment can grade and scale in space, time, or subject matter its retroactive effect, the undersigned judges disagree that grading or scaling is equivalent to the judgment not having been issued, or to the injured right or interest giving rise to the filing of the action being left unprotected, even more so when environmental matters are involved. This unconstitutionality action was filed for the protection of the environment, which enjoys special and very strong constitutional protection expressed in Article 50. The majority vote, by establishing that “the valid permits, authorizations, and licenses shall retain their validity and force until the expiration of the term granted to each of them,” is not grading or scaling the retroactive effect of the annulment in time, but practically eliminating its declaratory and retroactive character. The undersigned disagree with a logic that leads to the granting judgment not being such, to the extent that the currently valid permits, authorizations, and licenses retain their validity and force until the expiration of the term granted to each of them, because this is equivalent to the judgment having been dismissive. There is, then, no grading or scaling, where things are left in the same state as before the issuance of the judgment. The inadmissibility of invoking acquired rights in this case should not be confused with the impossibility of claiming compensation for damages, which would be appropriate in this case. Environmental damages are generally irreparable, and several generations must often pass before recovery is achieved.\n\nThe Chamber has annulled numerous declaratory acts granting rights to private individuals for violating a healthy and ecologically balanced environment, even in amparo proceedings, where naturally, the judgment must also respect legitimately acquired rights, if any; thus, for example, in matters of aquifer protection, in cases where private individuals had SETENA authorizations, municipal permits, and other requirements (see, among others, judgment number 2004-01923 at 14:55 hrs. on February 25, 2004); or the annulment of all construction permits granted to properties located within the buffer zone (500-meter band) of the Las Baulas National Marine Park without having the environmental feasibility approvals (judgment 2008-018529 at eight hours and fifty-eight minutes on December sixteen, two thousand eight). That declaratory and retroactive character, against which acquired rights cannot be invoked, has also been applied in cases with consolidated patrimonial situations, even interlocutorily; thus, for example, timber felled under the protection of acts annulled for violating the right to the environment, which the Chamber has not even allowed to be mobilized or utilized in any way by the permit holders of a forestry operation (see, for example, judgment 6466-2002 of July 2, 2002, and its clarification and addition by vote 2003-02862 of April nine, two thousand three).\n\nThus, acquired rights are not violated when they are against the right to the environment and, specifically, when an allegedly acquired right confronts a collective environmental right; if the former endangers the conservation or sustainability of the latter, the Constitution protects the environmental right, due to the irreparable damages to the environment. This is a normal exercise of the Chamber’s powers and consistent with all the doctrine developed in environmental matters over the years. No one has disputed the adoption, even of preventive measures, in an interlocutory manner, that order the suspension of works or activities when they affect the environment, even if the works and activities had all the formal legal permits and backing. Thus, the logic of things, of the process, and of constitutional principles leads to the conclusion that what is appropriate in these cases is the possibility of compensating those who held licenses or permits for trawl fishing, as they become ineffective with the annulment of the norm.\n\nFurthermore, it is obvious that INCOPESCA cannot renew permits, authorizations, or licenses, nor extend their term by any administrative legal mechanism once expired, because it lacks legal authorization, as the norm disappears.\n\nThe Chamber has the power and, perhaps, the duty to dictate the necessary rules to prevent the retroactive effect of the constitutional judgment from producing serious dislocations of social security, justice, or peace; however, the exercise of that power must be substantiated, just as the judgment itself. In the case under analysis, the serious dislocations of social security, justice, or peace are not substantiated; all the substantiation of the judgment is directed at censuring the serious “dislocation” to the environment produced by the annulled norms, but by scaling in time the retroactive effect of the judgment, that effect practically disappears. Our constitutional justice system has a purpose that is clearly defined in Article 1 of the Law of Constitutional Jurisdiction: “to guarantee the supremacy of constitutional norms and principles and of International or Community Law in force in the Republic, their uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in the international human rights instruments in force in Costa Rica.” By virtue of that end, the entire system provided for in the Law was built, regarding both the mechanisms of constitutionality control and amparo and habeas corpus. The scaling of the judgment dangerously weakens that supremacy of constitutional norms and principles by tacitly recognizing patrimonial rights acquired or consolidated legal situations under the protection of norms unconstitutional from their origin.\n\nGilbert Armijo S. Fernando Cruz C.\n\nDissenting vote of Judge Castillo Víquez\n\nI lean towards dismissing the action and consider that the norm is not unconstitutional, provided that the use of trawling techniques are those admitted by internationally recognized prestigious organizations, such as the FAO. I agree with the majority vote that there is abundant scientific evidence of the damage caused to the environment by certain trawling techniques. On this point, there is little discussion. Where the issue is debatable is whether this technique should be completely prohibited, as some States have done, or whether its use is feasible, provided they have a lower environmental impact. In this direction, the FAO, in its 2010 World Study on Shrimp Fisheries, does not advocate for the prohibition of trawling, but for its management. On this matter, its summary states the following:\n\n“This report summarizes the results of a global study of the development and current status of shrimp fisheries, and focuses on the direct and indirect social, economic, and environmental impacts of these fisheries. The study reviews the present situation, problems, and issues, as well as the solutions that have been found and the reciprocal trade-offs that have been made. The important topics related to shrimp fisheries are examined in ten representative countries from various geographic regions and under diverse, significant fishing conditions. The ten selected countries are: Australia, Cambodia, United States of America, Indonesia, Kuwait, Madagascar, Mexico, Nigeria, Norway, and Trinidad and Tobago. The results of the national studies, combined with specialized studies on important topics related to shrimp fisheries, have given rise to the main conclusions of the general study. Recent global shrimp catches amount to around 3.4 million tonnes per year, with Asia being the most relevant shrimp fishing area. World shrimp production, both from capture and farming, is approximately 6 million tonnes, of which around 60 percent enters the global market. In terms of value, shrimp is today the most important internationally traded fishery product. In many developing tropical countries, it is the most valuable fishery export product; and its effect on employment is also considerable. The economic importance of shrimp must be reconciled with the great concerns raised by the environmental impact caused by its fishing. The observations made in this study about shrimp fisheries cover many aspects, and include the development of shrimp fishing; the structure of the fisheries; target species; catches and fishing effort; the economic contribution of fishing; trade; incidental catch; fuel; biological aspects; impacts on the physical environment; the repercussions of large-scale shrimp fishing on small-scale fisheries; management; enforcement of regulations; research; and the repercussions of shrimp farming on shrimp fishing. One of the main conclusions reached in the study is that mechanisms, instruments, and models exist that allow many of the difficulties associated with shrimp fishing to be effectively mitigated when a precautionary and ecosystem-based approach is adopted. It follows from this that, with an appropriate implementation capacity, shrimp fishing, including trawling, can, in effect, be managed. However, in many countries, the weakness of the bodies responsible for fishing, the lack of political will, and of an adequate legal framework have been the factors responsible for the failure of management actions. The report makes specific recommendations on some key issues: the management of small-scale shrimp fisheries, the reduction of capacity, and access to the fishery.” (Bold text does not correspond to the original). In turn, the FAO report on the State of World Fisheries and Aquaculture 2012 highlights the need to resort to intelligent trawling, as a means to reduce the damages caused to the seabed by bottom trawling. Ergo, if the FAO does not advocate for the absolute prohibition of trawling techniques, I find no reason to declare the norm unconstitutional, especially since there are trawling techniques that are compatible with a rational exploitation of natural resources, which is consistent with the principle of sustainable development.\n\nAs is well known, the principle of sustainable development was embodied in the Rio Declaration on the Environment. The central idea is that economic activities satisfy the needs of the present generation without compromising the possibilities of future generations. This principle has been repeatedly recognized by the Constitutional Chamber. Indeed, it is no coincidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment was regulated in Article 50 of the Constitution, a numeral that grants the legislature the powers for the organization and encouragement of production and for the most adequate distribution of wealth, powers that, in accordance with the norm, must be exercised in pursuit of a constitutionally defined end: the greatest well-being of all inhabitants. Within the term “greatest well-being,” we find not only a policy oriented towards greater economic development but also a redistributive policy aimed at achieving the distribution of wealth resulting from social cooperation. Both must be carried out with absolute respect for ecological balance and environmental health; only then will life and all human activity be possible. In that sense, Principle 8 of the 1992 Rio Declaration establishes that: “To achieve sustainable development and a better quality of life for all people, States should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate demographic policies.”\n\nIn another order of ideas, but closely related to what we have been stating, we cannot overlook the fact that the province of Puntarenas has, according to data from the last national census, an unemployment rate of 12.5% of the total economically active population – it is the highest unemployment rate in the country – and 23.6% of Puntarenas households live in poverty, so an absolute prohibition, in the not too distant future – when the permits expire according to the scaling of the judgment – could further aggravate the problem. Many people directly or indirectly depend on shrimp fishing, including many female heads of household who work peeling shrimp. On the other hand, there is no scientific evidence that the trawling technique is the cause of the depletion of marine resources and that, because of it, employment in artisanal fishing is reduced. Stated differently, there is no serious study that allows concluding that prohibiting trawling techniques will result in greater employment in the artisanal fishing activity.\n\nHaving said the above, if the use of trawling techniques that allow for a lower environmental impact and the rational exploitation of a natural resource is possible, and given the need of the province of Puntarenas to preserve sources of employment, since the prohibition of this technique will create greater unemployment in that region, I find no reason to prohibit it, therefore I incline to dissent and dismiss the action.\n\nFernando Castillo Víquez\n\nJudge\n\nEXPEDIENTE N° 12-010016-0007-CO\n\nTelephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Building Supreme Court of Justice, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 06:46:10.\n\nSCIJ of the Treasury\nSCIJ of the Attorney General’s Office of the Republic"
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