{ "id": "nexus-sen-1-0007-711352", "citation": "Res. 05994-2017 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Constitucionalidad del Decreto 37803 que modifica el Reglamento de EIA", "title_en": "Constitutionality of Decree 37803 modifying the EIA Regulation", "summary_es": "La Sala Constitucional rechaza una acción de inconstitucionalidad contra varias disposiciones del Decreto Ejecutivo 37803, que reformó el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Los accionantes alegaban que la definición de actividades de muy bajo impacto ambiental, la exclusión de ciertas actividades del trámite de EIA, la insuficiencia de los sistemas de información geográfica, la ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental y la modificación de umbrales en el Anexo 2 violaban los principios de no regresión, precautorio, objetivación y desarrollo sostenible. La Sala determinó que una definición per se no es inconstitucional; que la exclusión de actividades en operación de muy bajo impacto ambiental no elimina otros controles; que la elección de instrumentos técnicos es competencia administrativa; que la ampliación del plazo de vigencia de 2 a 5 años no implica por sí misma una regresión; y que la determinación de qué actividades requieren EIA corresponde al reglamento, pudiendo cuestionarse su sustento técnico en vía ordinaria.", "summary_en": "The Constitutional Chamber dismisses an unconstitutionality action against several provisions of Executive Decree 37803, which amended the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures. The plaintiffs argued that the definition of very low environmental impact activities, the exclusion of certain activities from EIA, insufficient geographic information systems, extension of environmental viability validity from 2 to 5 years, and changes in Annex 2 thresholds violated the principles of non-regression, precaution, objectivity, and sustainable development. The Chamber held that a definition per se is not unconstitutional; exclusion of very low-impact operating activities does not eliminate other controls; selection of technical tools is an administrative matter; the validity extension does not per se constitute regression; and determining which activities require EIA is for regulations, with technical support reviewable in ordinary courts.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "26/04/2017", "year": "2017", "topic_ids": [ "environmental-law-7554" ], "primary_topic_id": "environmental-law-7554", "es_concept_hints": [ "acción de inconstitucionalidad", "interés difuso", "principio de no regresión", "principio precautorio", "in dubio pro natura", "viabilidad ambiental", "D2", "SIG", "áreas ambientalmente frágiles" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 17", "law": "Ley 7554" }, { "article": "Arts. 3, 4 bis, 13, 46, Anexo 2", "law": "Decreto Ejecutivo 31849" }, { "law": "Decreto Ejecutivo 37803" }, { "article": "Art. 75", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" } ], "keywords_es": [ "acción inconstitucionalidad", "Decreto 37803", "EIA", "impacto ambiental", "principio no regresión", "principio precautorio", "viabilidad ambiental", "SETENA", "D2", "actividades bajo impacto" ], "keywords_en": [ "unconstitutionality action", "Decree 37803", "EIA", "environmental impact", "non-regression principle", "precautionary principle", "environmental viability", "SETENA", "D2 form", "low impact activities" ], "excerpt_es": "De ahí que se pueda concluir que, no cualquier modificación de la normativa ambiental implica necesariamente una disminución de protección del derecho al ambiente. Ello debe sustentarse. De igual forma, no toda modificación, que no sea lo suficientemente amplia, debe interpretarse como una inconstitucionalidad por omisión. Lo deseable no torna en inconstitucional a la norma que no se acerque a ello. En efecto, todas las normas jurídicas son perfectibles, pero el que se acerquen o alejen de un criterio de perfecto o deseable no las hace inconstitucionales.", "excerpt_en": "Hence, it can be concluded that not every modification of environmental regulations necessarily implies a reduction in the protection of the right to the environment. This must be supported. Likewise, not every amendment that is not sufficiently broad should be interpreted as an unconstitutionality by omission. The desirable does not render unconstitutional a norm that does not approach it. Indeed, all legal norms are perfectible, but whether they approach or depart from a criterion of perfection or desirability does not make them unconstitutional.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The unconstitutionality action against Executive Decree 37803 amending the EIA Regulation is dismissed.", "summary_es": "Se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 37803 que modificó el Reglamento de EIA." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "not every modification of environmental regulations necessarily implies a reduction in the protection of the right to the environment. This must be supported.", "quote_es": "no cualquier modificación de la normativa ambiental implica necesariamente una disminución de protección del derecho al ambiente. Ello debe sustentarse." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The conduct of Environmental Impact Assessments stands as a principle that must be duly observed and applied, to the point that gradually and progressively—as befits human rights—the legislation and this Chamber's own case law have underscored the importance and necessity of such evaluations.", "quote_es": "La realización de Estudios de Impacto Ambiental se erige en un principio que debe ser debidamente observado y aplicado, al punto que de manera paulatina y progresiva como corresponde en el ámbito de los derechos humanos- la misma legislación y la propia jurisprudencia de esta Sala, ha perfilado la importancia y necesidad de contar con este tipo de evaluaciones." }, { "context": "Considerando IX", "quote_en": "Regarding the claim of unconstitutionality of Annex 2 of the challenged Regulation, the action must be dismissed, since the determination of when an environmental assessment is required is a matter defined by laws and regulations, and it falls to ordinary courts—not this Jurisdiction—to examine the technical and scientific basis the challenged decree used for such modifications.", "quote_es": "En cuanto al alegato de inconstitucionalidad del anexo 2 del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción, pues la determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, correspondiéndole a la vía ordinaria –y no a esta Jurisdicción-, examinar el sustento técnico y científico que el decreto impugnado utilizó para proceder con dichas modificaciones." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-27738", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7554 Art. 17" }, { "target_id": "norm-53029", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto Ejecutivo 31849 Arts. 3, 4 bis, 13, 46, Anexo 2" }, { "target_id": "norm-75261", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto Ejecutivo 37803" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-711352", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 05994 - 2017\n\nFecha de la Resolución: 26 de Abril del 2017 a las 11:00\n\nExpediente: 13-008478-0007-CO\n\nRedactado por: Fernando Cruz Castro\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nControl constitucional: Sentencia desestimatoria\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencias Relacionadas\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nTema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n005994-17. AMBIENTE. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Artículo 4 bis, el inciso 4) del artículo 3, el artículo 13, el inciso 1) del artículo 46 y el anexo 2, todos del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto ejecutivo No. 31849 – MINAE – S – MOPT – MAG– MEIC de 24 de mayo de 2004, según adición y modificación efectuada por medio del decreto ejecutivo no. 37803 – MINAE – S – MOPT – MAG – MEIC, de 17 de julio de 2013.\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*130084780007CO*\n\nExp: 13-008478-0007-CO\nRes: No. 2017-005994\n \n         SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y cero minutos de veintiséis de abril de dos mil diecisiete.\n         Acción de inconstitucionalidad promovida por Allan Astorga Gättgens, portador de la cédula de identidad No. 3-0252-0451, y Álvaro Sagot Rodríguez, portador de la cédula de identidad No. 02-0365-0227, para que se declare inconstitucional el inciso 4) del artículo 3, el artículo 4 bis, el artículo 13, el inciso 1) del artículo 46 y el anexo 2, todos del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo de 2004, según adición y modificación efectuada por medio del Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, de 17 de julio de 2013 por estimarlos contrario a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como por irrespetar los principios de no regresión en materia ambiental, de progresividad, objetivación, proporcionalidad, desarrollo sustentable y precautorio. Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República, los representantes del Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.\nRESULTANDO:\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:37 horas del 27 de julio de 2013, los accionantes solicitan se declare la inconstitucionalidad del inciso 4) del artículo 3, el artículo 4 bis, el artículo 13, el inciso 1) del artículo 46 y el anexo 2, todos del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo de 2004, según adición y modificación efectuada por medio del Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, de 17 de julio de 2013. Estiman que las normas impugnadas lesionan el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como por irrespetar los principios de no regresión en materia ambiental, de progresividad, objetivación, proporcionalidad, desarrollo sustentable y precautorio. Lo anterior por que se exime de la realización del Estudio de Impacto Ambiental, según el área del proyecto. Por otra parte, la inclusión de la localización espacial de los proyectos, obras o actividades que presentan el Formulario D2 en un Sistema de Información Geográfico (SIG) no es suficiente para garantizar su sostenibilidad ambiental, pues esto no permite tener certeza si el mismo se encuentra en alguna de las áreas ambientalmente frágiles establecidas. Desde su punto de vista, el procedimiento de EIA tal y como se modificó puede estar induciendo que nuevos proyectos de construcción menores de 1000 m2 pueden estar desarrollándose en sitios de riesgo. Paralelamente, señalan que la ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental de 2 a 5 años debilita la eficiencia del proceso de evaluación de impacto ambiental y puede inducir la producción de daños al ambiente, al no realizarse una actualización de los cambios que ocurrieran en el terreno que se piensa desarrollar. Agregan que los cambios en los rangos de definición de los proyectos incluidos en el Anexo 2 del Decreto, disminuyen el control ambiental establecido y debilitan la eficiencia de la evaluación de impacto ambiental; además aseguran que las modificaciones no se justificaron mediante estudios técnicos. Aseguran que la definición de las actividades de muy bajo impacto ambiental potencial, no es precisa y deja abierta a la discrecionalidad y subjetividad el que actividades de mayor impacto sean incluidas como tales, sin que se particularice una lista de cuáles son esas actividades. Por último puntualizan que las actividades descritas como de muy bajo impacto ambiental en el artículo 4º bis no cumplen esa categoría y el hecho de que sean eximidas del trámite de evaluación de impacto ambiental (EIA) debilita la eficiencia del instrumento para prevenir daños ambientales. Añaden que resulta absolutamente ilógico e inconsistente con la realidad que una actividad de operación sea considerada de “muy bajo impacto ambiental”, independientemente de su tamaño, actividad productiva que realiza, condición de generación de contaminación ambiental y el grado de fragilidad ambiental del sitio donde se localiza, por el simple hecho de que se tramitan permisos ante otras entidades diferentes a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, las cuales, argumentan, no tienen un alcance de evaluación de impacto ambiental amplio.\n2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostentan para promover esta acción de inconstitucionalidad, señalan que proviene de del párrafo 2º del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto los accionantes se apersonan en defensa del interés difuso que les asiste, al buscar proteger el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n3.- Por resolución de las 15:03 horas del treinta y uno de octubre de dos mil trece (visible a folio 59 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Ambiente y Energía y a la Secretaría General de la Secretaría Técnica Nacional  Ambiental.\n4.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 238, 239 y 240 del Boletín Judicial, de los días 10, 11 y 12 de diciembre del 2014 (folio 260).\n5.- Presenta escrito, URIEL JUAREZ BALTODANO, en su calidad de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), manifestando al folio 129, solicitando que se permita a la SETENA aplicar durante la tramitación las normas impugnadas, pues de lo contrario se podría producir un grave daño a la Administración y al país (ver folio 143).\n6.- Mediante resolución de esta Sala, no.2013-015290 de las 16:15 horas del 19 de noviembre del 2013, se resolvió: “Por tanto: A efectos de no causar serios trastornos a los procedimientos para el otorgamiento de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, y con el fin de de no afectar la continuidad y eficiencia del servicio público, se dispone excepcionalmente la continuidad de la ejecución las disposiciones impugnadas  hasta tanto no se dicte la resolución final en la presente acción de inconstitucionalidad, bajo la advertencia de que la validez de los actos emitidos queda sujeta a lo que se disponga en la sentencia definitiva, lo que deberá hacer constar la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en las resoluciones correspondientes. Además, respecto del Anexo 2 del Reglamento en cuestión, de oficio se aclara que la acción de inconstitucionalidad se cursó única y exclusivamente por la adición y modificación efectuada mediante el Decreto Ejecutivo No. 37803 – MINAE – S – MOPT – MAG – MEIC, de 17 de julio de 2013, norma que afectó solamente la División F.45 y sus descripciones respectivas. Los Magistrados Cruz y Rueda salvan el voto y optan por la segunda alternativa formulada por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.” (folio 155).\n7.- La Procuraduría General de la República rindió su informe (folio 158). Señala que: a) Sobre la legitimación: señala que los accionantes interponen la acción alegando la tutela del ambiente como interés difuso protegido por el artículo 50 constitucional, y que esta Sala la admitió con base en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; b) Sobre el fondo del asunto:  1. en cuanto a la reforma del inciso 5 del artículo 13 del decreto ejecutivo número 31849 introducida por el decreto impugnado, establece que una vez recibido el formulario D2 por parte de la SETENA esta procederá a registrar la localización espacial del proyecto utilizando los sistemas de información geográfica (SIG).  Indica que no le consta a ese órgano asesor si la SETENA cuenta con una cartografía temática que contenga las áreas ambientalmente a una escala 1:10.000; indica que, su ausencia no implicaría la inconstitucionalidad de la norma. Agrega que se está ante un aspecto técnico relacionado con la metodología y los instrumentos adecuados para ubicar los terrenos en relación con las áreas ambientalmente frágiles, cuya valoración no corresponde a esa jurisdicción, ya que la utilización de una cartografía como la que sugieren los accionantes es una decisión técnica que corresponde a la Administración tomar, lo que no corresponde a esta Sala Constitucional. 2. En relación con la modificación hecha al inciso 1 del artículo 46 del decreto ejecutivo número 31849 por el artículo 3.1 del decreto impugnado, ampliando la vigencia de las viabilidades ambientales de 2 a 5 años, no conlleva necesariamente la inconstitucionalidad de la norma. El principio de no regresión en materia ambiental –ya reconocido por esta Sala en sentencia número 13367-2012 del 21 de setiembre del 2012–  no puede entenderse en términos absolutos. La disminución de un determinado nivel de tutela es posible si hay sustento técnico y científico que garantice que no se produce una desprotección relevante del ambiente, y siempre y cuando se satisfagan los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que esta Sala ha definido en su jurisprudencia. Indique que en el presente caso, la simple ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental de 2 a 5 años no implica necesariamente una disminución del nivel de tutela, aunque el que se cuente con 3 años más para dar inicio a una determinada actividad, haga pensar lo contrario. La modificación en el tiempo de las circunstancias de una determinada actividad que ya tiene viabilidad ambiental puede ser muy distinta según el tipo de actividad. Es decir, para muchas actividades una ampliación en tres años puede no significar una disminución en el nivel de tutela. Los recurrentes no aportan elementos técnicos o científicos que por lo menos hagan pensar que la ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental en tres años sea desproporcionada o irracional. En consecuencia, es opinión de este órgano asesor que la reforma introducida por el artículo 3.1 del decreto ejecutivo número 37803, ampliando la vigencia de las viabilidades ambientales, no es en sí misma violatoria del principio de no regresión, pues no hay elementos técnicos ni científicos que permitan establecer que con ello se disminuye el nivel de tutela ambiental, y porque tampoco haya elementos que indique que se trata de una medida desproporcionada e irracional. 3. En cuanto a los cambios de rango respecto de algunas de las actividades sujetas a viabilidad ambiental. El artículo 4 del decreto impugnado modificó las descripciones de la División F.45 del Anexo 2 del decreto número 31849. En lo que tiene que ver con la modificación del terreno y los movimientos de tierra eximió de una evaluación ambiental a aquellos menores de 200 metros cúbicos. En lo que tiene que ver con la construcción y operación de edificaciones eximió de una evaluación ambiental a aquellas menores a 500 metros cuadrados; y, en el caso de los edificios industriales y de almacenamiento no directamente relacionados con la operación, eximió de evaluación ambiental los menores a 1.000 metros cuadrados. Es decir, que en todos estos casos el decreto impugnado reduce el nivel de tutela ambiental en comparación con lo que establecía la regulación modificada. Ahora bien, ello en sí mismo no es inconstitucional. El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) número 7554 de 4 de octubre de 1995 establece que “…..las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental…”. Además, dispone que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos deberán ser sometidos a una evaluación ambiental. Es decir, el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su potestad reglamentaria, puede determinar cuáles actividades requieren de una evaluación ambiental previa y cuáles no. Se trata de una decisión que debe estar técnica y científicamente fundamentada, así como satisfacer los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad. Pero cuando se trata de aquellas en virtud de las cuales se modifica una decisión previa excluyendo de la evaluación ambiental alguna actividad o categorías de una actividad, la fundamentación técnica y científica, así como su proporcionalidad y razonabilidad, cobran especial importancia. Lo anterior por cuanto al dejar de ejercer un control que antes se ejercía se está reduciendo el nivel de tutela ya dispensado por la norma. Esta Sala en su jurisprudencia ha señalado que la reducción del nivel de tutela ambiental dispensado por la norma tiene que estar sustentada técnica y científicamente de modo tal que haya seguridad de que con ello no se provoquen alteraciones o afectaciones al ambiente, y lo ha dicho, precisamente, a propósito de la evaluación ambiental (vid., entre otras, la sentencia número 2002-1220 de 6 de febrero de 2002). En concordancia con lo dicho, si bien el Poder Ejecutivo tiene la potestad para hacer las anteriores modificaciones, estas deben estar técnica y científicamente fundamentadas y cumplir con los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad. Esto significa que la Sala Constitucional debe valorar la fundamentación técnica y científica, así como la razonabilidad y proporcionalidad, de la decisión adoptada con la modificación introducida por el artículo 4. Como parte de esta valoración, sobre todo en sus aspectos técnicos y científicos, está el considerar si las modificaciones hechas por el artículo 4 del decreto impugnado pueden darse al margen del tipo de terreno. Desde el punto de vista de su razonabilidad y proporcionalidad, es criterio de este órgano asesor que, por la magnitud de las modificaciones, no se quebrantan dichos criterios tomando en cuenta que lo que busca el ejecutivo es excluir del control ambiental ejercido por la SETENA actividades de bajo impacto ambiental que distraen recursos y tiempo de éste órgano. Es decir, se trata desde esta perspectiva de una decisión adoptada en procura de una mayor eficiencia en el ejercicio de las competencias de la SETENA. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, dicha decisión no debe comprometer la integridad del ambiente. Pero, para determinar si ello ocurre o no es indispensable considerar y valorar los aspectos técnicos y científicos involucrados, para lo cual es necesario traer al proceso el material probatorio que permita determinar si hay o no fundamento técnico y científico que sustente la decisión tomada. En este sentido, la Sala Constitucional debe valorar si el proceso de control de constitucionalidad es el más adecuado para ello o si este tema debe analizarse en la vía ordinaria. 4. En cuando a la definición de “actividades de muy bajo impacto ambiental potencial”. El decreto impugnado define en su artículo 5 lo que ha de entenderse por actividades de muy bajo impacto ambiental potencial. Lo que establece este artículo es una simple definición sin asociarle consecuencia jurídica alguna, de allí que, en sí misma, no es inconstitucional. Una eventual inconstitucional no radicaría en este artículo sino en aquél que le asocie una determinada consecuencia jurídica, según lo que esta sea. La norma cuya valoración de constitucionalidad habría que hacer sería la que resulte de la asociación de lo que dispone este artículo y el que establezca una consecuencia jurídica en relación con la definición. Pero, el artículo 5 del reglamento impugnado, en el tanto contiene una simple definición, no puede ser inconstitucional porque no es una expresión deóntica, no hay violación al principios de objetivación. 5. En cuando a las actividades en operación como actividades de muy bajo impacto ambiental potencial, precisamente, el artículo 6 de decreto impugnado establece que las actividades que ya están en operación son actividades de muy bajo impacto ambiental potencial y las exime de la evaluación ambiental a cargo de la SETENA. Este es un caso en que un artículo establece una consecuencia jurídica asociada a la definición del artículo 5 contenida en el decreto impugnado que puede ser valorada desde el punto de vista de conformidad o no con la Constitución. En el sentido anterior, es opinión de este órgano asesor que lo dispuesto en el artículo 4 bis, inciso 1) del decreto número 31849 es inconstitucional por quebrantar los principios contenidos en el artículo 50 constitucional de la debida tutela estatal del ambiente y el principio preventivo. El citado artículo excluye toda actividad que ya está en operación y que, obviamente, no tiene una viabilidad ambiental para operar, aunque lo haga de conformidad con el ordenamiento jurídico. Esto significa que quedarían fuera del control ambiental que ejerce la SETENA actividades que de estarse iniciado hoy en día deberían ser evaluadas ambientalmente. Esta circunstancia implica de por sí la ausencia de cualquier criterio técnico y científico para eximirlas del control ambiental que ejerce la SETENA lo cual, además de contravenir expresamente lo que establece el artículo 17 de la LOA, violenta el principio preventivo contenido en el artículo 50 constitucional, según lo señalado por este Tribunal Constitucional en profuso y reiterada jurisprudencia (vid., entre otras, las sentencia números 2003-6311 de 3 de julio de 2003 y 2008-015760 del 22 de octubre de 2008). Llevan razón los accionantes al señala que lo que corresponde es SETENA realice, respecto de estas actividades, un estudio de diagnóstico ambiental (EDA), de conformidad con lo que esta Sala ha señalado en su jurisprudencia (vid, sentencias números 2003-006324 del 4 de julio del 2003 y 2004-04949 de 6 de mayo de 2004).  A modo de conclusión  del órgano asesor consultado indica que en consecuencia, y de conformidad con lo dicho, este órgano asesor estima que el inciso 1 del artículo 4 bis del decreto 31849 de 24 de mayo de 2004 es inconstitucional. Por otra parte, y también con fundamento en lo dicho, estima que no son inconstitucionales el inciso 5) del artículo 13; el inciso 1 del artículo 46; el inciso 4) del artículo 3; y lo impugnado del Anexo 2, todos del decreto ejecutivo número 31.849 de 24 de mayo de 2004.\n8.- Rinde su informe René Castro Salazar, en su calidad de Ministro de Ambiente y Energía y Uriel Juárez Baltodano, en su calidad de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 220 y 176) señalan ambos: a)  En cuanto al proceso de emisión del Decreto impugnado obedece a un proceso donde participaron funcionarios de la SETENA y miembros de la Comisión Especial para la Modernización de la SETENA, coordinada por la Viceministro de Gestión Ambiental y Energía. A partir de los estudios técnico-jurídico de los instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental vigentes, se determinó que algunos acuerdos de la Comisión Plenaria mediante los cuales se simplificaban los trámites para las actividades de muy bajo impacto ambiental, requerían formalizarse mediante Decreto Ejecutivo, así como los límites para algunas actividades, obras o proyectos de construcción establecidos en el anexo del Decreto impugnado requerían modificarse, según la experiencia de 9 años de implementación ante la SETENA. Indican que para el análisis técnico –legal, tomaron en consideración informes de la Contraloría General de la República, donde ordenó a ese Ministerio a través de SETENA la modificación al Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.  Señalan que partieron de la competencia que tiene la SETENA para ordenar y definir las actividades, obras o proyectos que deberán ser sometidos a su valoración previa, lo cual se fundamenta en el voto número 1220-2002 de la Sala Constitucional. Por lo que llevaron a cabo todo un proceso de análisis y discusión para realizar algunas reformas al Decreto Ejecutivo número 31849-MINAE-MOPT-MAG-MEIC, se llevaron a cabo mediante un grupo de trabajo coordinado pro la Comisión Especial de Modernización y con apoyo del personal técnico y legal de la SETENA, propiciaron espacios de participación ciudadana y esos aportes fueron valorados, indican que todo el proceso de modificación nace de un proceso mesurado y no como fruto de la arbitrariedad o improvisación. b) La modificación se realizó como una recomendación favorable, a las múltiples quejas de las comunidades, asociaciones de desarrollo, municipalidades y empresas privadas contra la duración de los trámites para obtener la vialidad ambiental ante la SETENA, teniendo una duración de hasta cuatro años. El equipo del ICE, y los propios de la SETENA y el MINAE realizando un trabajo exhaustivo. Solicita se declare sin lugar la acción; c) Sobre el inciso 4 del art.3: la definición se ha aplicado al menos desde el año 2004, sin que haya representado una disminución de la capacidad de tutelar el ambiente o perjuicio para el administrado, tal norma lo único que hace es refrendar vía decreto una definición que ya existe y se venía aplicando. Además esa definición fue sometida a valoración del Ministerio de Salud; d) Sobre el art.4 bis: la evaluación de impacto ambiental es un instrumento predictivo, que no debe aplicarse a actividades en operación, pues lo que busca es anticipar, así que no es factible, como lo pretenden los accionantes, que se le exija una evaluación de impacto ambiental a actividades en operación; e) Sobre el art.13: con esta modificación la SETENA está ejecutando una herramienta tecnológica, que le ayuda a evitar que los desarrolladores presenten los proyectos fraccionado. Anular esta norma más bien habría una regresión ambiental. Por otro lado, en ningún momento el decreto dicta que la localización del área del proyecto en un SIG viene a sustituir la información que pueda aportar del desarrollador y mucho menos sustituir alguno de los estudios. La localización espacial del área del proyecto es la única forma de verificar si este se encuentra en un área ambientalmente frágil y la mejor forma es a través del uso de las herramientas de sistemas  de información geográfica. Es cierto que las áreas ambientalmente frágiles no están identificadas para todo el país, y que las que están identificadas es posible que no estén levantadas a escalas de mayor detalle, pero la información con que cuenta la SETENA es la que ha sido entregada por las instituciones como oficiales, y no es función de la SETENA generar o corregir dicha información; f) Sobre el inciso 1 del art.46: el plazo de dos años era insuficiente para que un desarrollador pudiera iniciar las actividades, por lo que se amplía a cinco años, sin que ocurra una disminución en la protección ambiental; g) Sobre el anexo 2: los cambios en el anexo se realizan en concordancia con lo establecido en el marco de la modificación del 3.1 y 4 bis, donde se determinó que un proyecto constructivo de alrededor de 500 m2 conlleva un movimiento de tierras aproximado de 200 m2, lo cual no representa mayores riesgos. Solicita declarar sin lugar la acción.\n9.- Mediante resolución de las 08:32 horas del 22 de enero del 2014 se tuvieron por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Ambiente y Energía y a la Secretaría Ambiental –SETENA- (folio 279).\n10.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.\n11.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.\n         Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\nCONSIDERANDO:\nI.- OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN.- Los accionantes indican que impugnan todas las modificaciones realizadas al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental EIA (Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo de 2004), efectuadas por medio del Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, de 17 de julio de 2013. Sin embargo, conforme a la resolución de curso, se tienen como impugnados únicamente los artículos 3 inciso 4), 4 bis, 13, 46 inciso 1) y anexo 2 del Reglamento mencionado. Los cuales disponen:\n \n“Artículo 3º —Definiciones y abreviaciones. Para los efectos del presente reglamento se utilizan las siguientes definiciones y abreviaciones:\n \n(…)\n \n4. Actividades de Muy bajo impacto ambiental potencial, se refiere a las actividades humanas que, por su naturaleza no provocan alteración negativa del ambiente y que no representan una desmejora de la calidad ambiental del entorno en general o de alguno de sus componentes, ni afectación a la salud de la población, debido a que las emisiones atmosféricas, vertidos de aguas residuales, manejo de residuos ordinarios y especiales y ruido se ajustan a las disposiciones establecidas en la regulación vigente. Además, no se utilizan productos peligrosos y no generan residuos de este tipo.”\n \n \n“Artículo 4° bis. – Actividades, obras o proyectos que por su naturaleza no requieren EIA ante la SETENA\n \n        Las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental, descritos a continuación, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), sin embargo, estarán sujetas a los controles ambientales establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía y otras con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre del 2004, publicado en La Gaceta 217 del 5 de noviembre del 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental:\n \n    1.  Las actividades en operación que requieran renovar sus permisos ante otras autoridades de la administración pública, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y las Municipalidades entre otros.\n \n    2.  Las actividades, obras o proyectos de mejora, reconstrucción y reparación, que se ejecuten en infraestructura pública o privada y las obras menores definidas en las disposiciones Municipales, siempre y cuando no se encuentren localizadas en un área ambientalmente frágil, no impliquen obras constructivas mayores a los 500 m² o movimientos de tierra superiores a los 200 m³, ni manipulen, almacenen o trasieguen productos peligrosos.\n \n    3.  La construcción y operación de edificaciones de menos de 500 m2 y los proyectos de construcción de edificios industriales  y  de  almacenamiento  cuando  no  tengan relación  directa  con  su  operación  de  menos de 1000 m2, siempre y cuando estas obras se ubiquen en un área con uso de suelo conforme a lo dispuesto en la planificación local y no se encuentren en un área ambientalmente frágil.”\n \n \n \n“Artículo 13.—Trámite de la actividad, obra o proyecto, categoría C. El trámite a cumplir por actividades, obras o proyectos de categoría C, es el siguiente:\n \n1.  Entrega, en original y 2 copias, de los requisitos indicados en el Artículo 12 anterior, en las oficinas de la SETENA o bien, en las oficinas de las Áreas de Salud del Ministerio de Salud o de la autoridad ambiental debidamente habilitada por la SETENA, donde se ubicará la actividad, obra o proyecto.\n \n2.  El encargado o funcionario designado de la SETENA o de la oficina del Área de Salud del Ministerio de Salud o de la autoridad ambiental debidamente habilitada por la SETENA, devolverá en el mismo acto, al desarrollador, la copia debidamente sellada, con la asignación del número de solicitud y el CBPA.\n \n3.  El encargado de la SETENA o de la oficina del Área de Salud del Ministerio de Salud o de la autoridad ambiental debidamente habilitada por la SETENA, levantará diariamente una lista de todas las actividades, obras o proyectos recibidos.\n \n4.  Una vez levantada la lista, si la recepción de los documentos no fuere en las oficinas de la SETENA, el encargado o funcionario designado del Área de Salud del Ministerio de Salud o de la autoridad ambiental debidamente habilitada por la SETENA, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, remitirá a la SETENA, por los medios más expeditos disponibles, copia del D2 con sus anexos. El desarrollador tendrá la potestad de enviar a la SETENA, vía fax, el D2 con el correspondiente sello de recibido.\n \n5.- Una vez recibido el D2, la SETENA, por medio del Departamento respectivo, registrará mediante el uso de herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la localización espacial del proyecto, revisará toda la documentación asociada al D2, en un plazo no mayor a diez días hábiles. De no existir errores u omisiones en este documento (D2), procederá a otorgar la viabilidad ambiental, e incluir la actividad en el registro oficial de la SETENA de proyectos con viabilidad otorgadas, lo cual será notificado al Desarrollador por el medio señalado para recibir notificaciones. De existir observaciones o aclaraciones, la SETENA realizará una prevención al desarrollador, por una única vez y por escrito para su cumplimiento, para lo cual le dará un plazo no mayor de diez días hábiles para que complete la información; en caso de no subsanar en el plazo indicado se archivará el expediente. La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la Administración; una vez transcurrido éste, continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver.”\n \n“Artículo 46.—Vigencia de la viabilidad (licencia) ambiental.\n \n1)      La viabilidad (licencia) ambiental, una vez otorgada tendrá una vigencia máxima de cinco años de previo al inicio de la actividad, obra o proyecto.\n \nEn caso de que durante el plazo de vigencia hayan ocurrido variantes evidentes en las condiciones exógenas que se evaluaron al momento de otorgar la viabilidad ambiental, la SETENA podrá solicitar de oficio al desarrollador interesado una actualización de los instrumentos de evaluación ambiental presentados o una certificación de que las condiciones ambientales que fueron evaluadas inicialmente en el proyecto no han variado con respecto a esas condiciones exógenas actuales y que se mantiene vigente la evaluación realizada. Esta certificación será emitida por el regente o un consultor competente con las disciplinas involucradas en la evaluación inicial y deberá presentarse en el plazo de 30 días hábiles, a partir de la notificación de dicha solicitud por parte de la SETENA. En caso de no presentar en el plazo indicado esta certificación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de Administración Pública. La SETENA podrá realizar de oficio las gestiones que estime pertinentes para verificar si ha existido alguna variación de las condiciones exógenas. En caso de que, en los plazos establecidos, no se inicie la fase constructiva ni operativa de las actividades, obras o proyectos que cuenten con Viabilidad Ambiental el desarrollador deberá requerir, de previo al vencimiento del plazo, una prórroga de su vigencia ante la SETENA con justificación de las razones válidas que motiven la solicitud, conforme con los requisitos señalados en el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública. Esta prórroga solo se otorgará si las condiciones exógenas no han variado.\n \n2)      Las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación o cuenten con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente y el presente reglamento, a un proceso de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos en el presente reglamento.”\n \nAdemás impugnan la modificación que el decreto ejecutivo número 37803 en el artículo 4 hace al anexo 2 del decreto ejecutivo número 31849. En general, consideran los accionantes que tales normas lesionan el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los principios de no regresión en materia ambiental, de progresividad, objetivación, proporcionalidad, desarrollo sustentable y precautorio, con fundamento en las siguientes razones:\n \n1) Sobre el art.3 inciso 4 (definición imprecisa de actividades de muy bajo impacto ambiental potencial): Consideran que la definición que hace el decreto impugnado en el inciso 4 de las “actividades de muy bajo impacto ambiental potencial” no es precisa. Alegan, se carece de una lista de tales actividades, lo que da lugar a un ámbito de discrecionalidad administrativa que viola el principio de objetivación en materia ambiental. Sobre este principio, mencionan lo dicho por la Sala en los votos 2005-014293, 2006-017126 y 2009-003684, cuando se dice: “… se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia… con lo cual se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia… en caso de una duda razonable resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente…”.\n \n2) Sobre el art.4 bis (actividades, obras o proyectos que no requieren EIA): Consideran que los cambios de rango respecto de algunas de las actividades sujetas a viabilidad ambiental introducidos por el artículo 4 de decreto impugnado, lesionan el principio de no regresión, así como el precautorio, el de objetivación y el de desarrollo sostenible, por cuanto dichos cambios carecen de estudios técnicos adecuados. Por lo cual consideran que resulta ilógico e inconsistente que, cualquier actividad, al margen de su tamaño, tipo, grado de fragilidad ambiental del terreno en que se ubica, generación de contaminación ambiental, que por alguna circunstancia ya esté en operación sin una viabilidad ambiental, queda exenta de la obligación de realizar una EIA. El control ambiental de estas actividades queda reducido al que se ejerce en razón de los permisos que deban solicitar ante otras entidades y órganos distintos a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). En este sentido, la SETENA debe ejercer el control ambiental de estas actividades utilizando como instrumento el Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA) avalado por esta Sala Constitucional en la sentencia número 2004-4949.\n \n \n3) Sobre el art.13 inciso 5 (carencia de cartografía) : Consideran que, el hecho de que los proyectos de categoría C o de bajo impacto (menores de 1000 m²) presenten simplemente el formulario D2, que es solo una declaración jurada, y el requisito de indicar que el proyecto no se localiza dentro de un área ambientalmente frágil, no es suficiente para cumplir con un efectivo y eficiente proceso de evaluación de impacto ambiental, pues no se dispone de mapas oficiales que permitan verificar esa situación, y el sistema de información geográfico (SIG) utilizado no contiene una cartografía adecuada en el cual consten dichas áreas a una escala que permita apreciar detalles (1:10.000). Todo lo cual quebranta el principio precautorio y lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 constitucionales.\n \n4) Sobre el art.46 inciso 1 (ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental): Consideran que la ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental de 2 a 5 años hecha al modificarse el inciso 1 del artículo 46 del decreto ejecutivo número 31849, quebranta el principio de no regresión. Ello por cuanto tal modificación carece de criterio técnico. Además, dicha ampliación se dio ante la falta de reglamentación de los procedimientos técnicos para tramitar las prórrogas de las viabilidades ambientales.\n \n5) Sobre el anexo 2 (cambios en los rangos de definición de los proyectos) : Consideran que los cambios en los rangos de definición de los proyectos incluidos en el Anexo 2 (Lista de EIA) llevan a la baja en el control establecido, y por tanto debilitan la eficiencia de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) establecida en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Por ello es una violación al principio de no regresión. El hecho de que se libere de control ambiental la actividad de “modificación del terreno” (desmonte o eliminación de cobertura vegetal) puede provocar que se genere un daño ambiental. Igualmente, no es posible que se eximan todos los movimientos de tierra menores de 200 metros sin que se considere el sitio donde se van a desarrollar. En el caso de la actividad “construcción y operación de edificaciones” sucede algo similar a lo anterior, en que de forma arbitraria se libera del trámite EIA.  Con la modificación introducida por el decreto impugnado y la resolución no.583-2008 de SETENA, la construcción de viviendas unipersonales, urbanizaciones y condominios menores a 500 metros cuadrados, al considerarse como de muy bajo impacto ambiental, no requieren la realización del trámite de evaluación de impacto ambiental (EIA). Así se está eximiendo de valoraciones ambientales, únicamente por el área del proyecto. Lo cual es contrario a lo dispuesto por esta Sala en el voto 2003-006311 cuando indica que: “… Un reglamento no puede, sin incurrir en exceso, introducir disposiciones que, con prescindencia del tipo de obra o proyecto concreto que desea realizar el particular, hagan exclusiones genéricas del estudio de impacto ambiental, pues tal proceder implicaría una desconstitucionalización –vía reglamento- de la obligación de vigilancia y tutela que debe cumplir el Estado en el campo ambiental.”\n \nComo se observa, esta acción tiene por objeto determinar si las modificaciones introducidas por el decreto ejecutivo número 37803 de 17 de julio de 2013 al decreto ejecutivo número 31849 de 24 de mayo de 2004, son inconstitucionales por violar los principios constitucionales contenidos en el artículo 50 constitucional.\nII.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LOS ACCIONANTES EN ESTE CASO.- El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. La posibilidad de acudir en defensa de \"intereses difusos\", que son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de \"difusos\", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país, el buen manejo del gasto público, y el derecho a la salud, entre otros. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no es taxativa. A partir de lo dicho en el párrafo anterior, es claro que los actores ostentan legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sin que para ello resulte necesario que cuenten con un asunto previo que les sirva de base a esta acción. Lo anterior porque acuden en defensa de un interés difuso, como lo es el derecho al ambiente, por lo que los actores se encuentran perfectamente legitimados para accionar en forma directa, a la luz de lo que dispone el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se trata, en efecto, de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía. Además, los actores cumplieron los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo del asunto.\nIII.- SOBRE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA ACCIÓN.- Para facilitar el estudio de la normativa impugnada, antes de analizar cada uno de los argumentos expuestos por los accionantes, se procederá a precisar la relación entre el principio precautorio en materia ambiental, con los estudios de impacto ambiental y los alcances del principio de no regresión en material ambiental.\nIV.- EN GENERAL SOBRE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL PRINCIPIO DE NO REGRESIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, Y COMO NO TODA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL DEBE TENERSE COMO VIOLATORIA DE TAL PRINCIPIO.- Antes de examinar cada uno de los argumentos de los accionantes, resulta necesario recordar la relevancia de los Estudios de Impacto Ambiental, y determinar, para este caso concreto de análisis, los alcances del principio de no regresión en materia ambiental, a efectos de concluir que no toda modificación de la normativa ambiental –como parece lo insinúan los accionantes- debe tenerse como violatoria de tal principio. Partiendo del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el artículo cincuenta de la Constitución Política y el principio número quince de la Declaración de Río, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, tal como lo ha examinado esta Sala en jurisprudencia anterior (véase la resolución número 2014-004243), se ha reconocido igualmente el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños de imposible o difícil reparación. De lo anterior resulta que la administración debe contar con una certeza de carácter negativo de que no se afectará el ambiente bajo ningún supuesto, de donde resulta que ante la duda del acaecimiento de un riesgo, la administración tiene la obligación de no autorizar o efectuar actuaciones, o cesar de inmediato, la actividad administrativa que causa el peligro. En otras palabras, si carece de certeza científica sobre la inocuidad de la actividad, la administración debe abstenerse de realizar actividades con impacto ambiental negativo; ante la incertidumbre científica sobre la inocuidad o bondad de las actuaciones, la administración está impedida para otorgar autorizaciones o realizar actos propios que originen situaciones de riesgo ambiental. En este sentido, la realización de Estudios de Impacto Ambiental se erige en un principio que debe ser debidamente observado y aplicado, al punto que de manera paulatina y progresiva como corresponde en el ámbito de los derechos humanos- la misma legislación y la propia jurisprudencia de esta Sala, ha perfilado la importancia y necesidad de contar con este tipo de evaluaciones debidamente realizadas de manera previa a la realización de determinado tipo de obras. Ahora bien, en cuanto al principio de progresividad, que es alegado por los accionantes, en todas sus argumentaciones, véase lo establecido mediante el voto de esta Sala no.2012-013367, cuando se indica:\n \n“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos;  entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación  evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)...”\n \nDe ahí que se pueda concluir que, no cualquier modificación de la normativa ambiental implica necesariamente una disminución de protección del derecho al ambiente. Ello debe sustentarse. De igual forma, no toda modificación, que no sea lo suficientemente amplia, debe interpretarse como una inconstitucionalidad por omisión.  Lo deseable no torna en inconstitucional a la norma que no se acerque a ello. En efecto, todas las normas jurídicas son perfectibles, pero el que se acerquen o alejen de un criterio de perfecto o deseable no las hace inconstitucionales. Con vista en lo anterior, es que se procede al examen de cada uno de los alegatos de los accionantes.\nV.- SOBRE EL ALEGATO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 3 INCISO 4) DEL REGLAMENTO IMPUGNADO (DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DE MUY BAJO IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL).- El inciso 4) del artículo 3 fue adicionado al Reglamento impugnado mediante el decreto 37803 del 25 de junio del 2013, para incluir dentro de las definiciones a “las actividades de muy bajo impacto ambiental potencial”, tal como se observa en el cuadro adjunto:\n \nReglamento General sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA)\nDecreto 31849 del 24 de mayo del 2004\n\tModificaciones\nDecreto 37803 del 25 de junio del 2013\n\nArt.3 inciso 4).\n“Artículo 3º— Definiciones y abreviaciones. Para los efectos del presente reglamento se utilizan las siguientes definiciones y abreviaciones:\n(…) 4. Acreditación: Es el procedimiento por el cual la Administración Pública autoriza a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que cumplen con los requisitos, jurídicos, técnicos y de idoneidad material y profesional exigidos en las normas vigentes, para ejecutar tareas específicas o proveer servicios específicos en el soporte total o parcial del cumplimiento de las obligaciones que impone el Estado.”\n \n \n\tMediante el artículo 5° del decreto ejecutivo N° 37803 del 25 de junio del 2013 se ordena adicionar un inciso 4 al presente artículo, corriendo la numeración en uno de los incisos posteriores, cuyo texto sería:\n\"... 4. Actividades de Muy bajo impacto ambiental potencial, se refiere a las actividades humanas que, por su naturaleza no provocan alteración negativa del ambiente y que no representan una desmejora de la calidad ambiental del entorno en general o de alguno de sus componentes, ni afectación a la salud de la población, debido a que las emisiones atmosféricas, vertidos de aguas residuales, manejo de residuos ordinarios y especiales y ruido se ajustan a las disposiciones establecidas en la regulación vigente. Además, no se utilizan productos peligrosos y no generan residuos de este tipo...\". No obstante mediante el decreto ejecutivo N° 38024 del 19 de noviembre del 2013 se ordena modificar el transitorio único único del decreto N° 37803 estableciéndose lo siguiente: \"...\n \nEn criterio de los accionantes, la definición de las actividades de muy bajo impacto ambiental potencial, no es precisa y deja abierta a la discrecionalidad y subjetividad el que actividades de mayor impacto sean incluidas como tales, sin que se particularice una lista de cuáles son esas actividades. Además que, la carencia de una lista de actividades que se consideren como de muy bajo impacto ambiental potencial provoca la inconstitucionalidad de la definición contenida en el decreto impugnado en el tanto otorga a la Administración un amplio margen de discrecionalidad. Por su parte, la Procuraduría General de la República en su informe indica que lo que establece este artículo es una simple definición sin asociarle consecuencia jurídica alguna, de allí que, en sí misma, no es inconstitucional. Una eventual inconstitucional no radicaría en este artículo sino en aquél que le asocie una determinada consecuencia jurídica, según lo que esta sea. La norma cuya valoración de constitucionalidad habría que hacer sería la que resulte de la asociación de lo que dispone este artículo y el que establezca una consecuencia jurídica en relación con la definición. Pero, el inciso 4) del artículo 3 del reglamento impugnado, en el tanto contiene una simple definición, no puede ser inconstitucional porque no es una expresión deóntica. El artículo impugnado no sólo no otorga discrecionalidad sino que sujeta a la Administración a una definición precisa de lo que deba entenderse por actividades de muy bajo impacto ambiental potencial, de modo tal que cualquier consecuencia jurídica que otro artículo asocie a dicha definición queda sujeta a dicho contenido. La definición es un concepto jurídico indeterminado que corresponde en última instancia al juez determinar. En consecuencia, no hay violación al principio de objetivación. Los representantes del Ministerio de Ambiente y de SETENA, al respecto indican que, la definición se ha aplicado al menos desde el año 2004, sin que haya representado una disminución de la capacidad de tutelar el ambiente o perjuicio para el administrado, tal norma lo único que hace es refrendar vía decreto una definición que ya existe y se venía aplicando. Además esa definición fue sometida a valoración del Ministerio de Salud.\n \nEn criterio de esta Sala, ciertamente no puede considerarse que una definición per se como la que se impugna, torne la norma inconstitucional. El artículo impugnado sujeta a la Administración a una definición de lo que deba entenderse por actividades de muy bajo impacto ambiental potencial, de modo tal que cualquier consecuencia jurídica que otro artículo asocie a dicha definición queda sujeta a dicho contenido. El hecho de que los accionantes consideren que más que una definición debió establecerse una lista de actividades que se consideren como de muy bajo impacto ambiental potencial, es una apreciación que no provoca la inconstitucionalidad de la definición contenida en el decreto impugnado ni tampoco una inconstitucionalidad por omisión, pues no se desprende del Derecho de la Constitución que deba existir tal lista, de forma predeterminada. Así entonces , en cuanto al alegato de inconstitucionalidad del inciso 4 del artículo 3 del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción.\nVI.- SOBRE EL ALEGATO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 4 BIS DEL REGLAMENTO IMPUGNADO (ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EIA ANTE SETENA).- El artículo 4 bis fue adicionado al Reglamento impugnado mediante el decreto 37803 del 25 de junio del 2013, para incluir “Actividades, obras o proyectos que por su naturaleza no requieren EIA ante SETENA”, tal como se observa en el cuadro adjunto:\n \nReglamento General sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA)\nDecreto 31849 del 24 de mayo del 2004\n\tModificaciones\nDecreto 37803 del 25 de junio del 2013\n\nArtículo 4\n \nArtículo 4º—Actividades, obras o proyectos sujetos a la EIA. Las actividades, obras o proyectos nuevos, que están sujetos a trámite de obtención de viabilidad (licencia) ambiental ante la SETENA , según el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, se dividen en:\n \n1. Aquellas actividades, obras o proyectos para los cuales existe una ley específica que ordena el cumplimiento del trámite. El Anexo Nº 1, que forma parte integral de este reglamento, enumera estas actividades, obras o proyectos.\n2. Las demás actividades, obras o proyectos no incluidos en el Anexo Nº 1 del párrafo anterior, aparecen ordenados en la categorización general que se presenta en el Anexo Nº 2 de este reglamento.\n \n\tMediante el artículo 6° del decreto ejecutivo N° 37803 del 25 de junio del 2013 se ordena adicionar un artículo 4 bis al presente reglamento, cuyo texto sería:\n \n\"... Artículo 4° bis. - Actividades, obras o proyectos que por su naturaleza no requieren EIA ante la SETENA\nLas actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental, descritos a continuación, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), sin embargo, estarán sujetas a los controles ambientales establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía y otras con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre del 2004, publicado en La Gaceta 217 del 5 de noviembre del 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental:\n1.            Las actividades en operación que requieran renovar sus permisos ante otras autoridades de la administración pública, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y las Municipalidades entre otros.\n2.            Las actividades, obras o proyectos de mejora, reconstrucción y reparación, que se ejecuten en infraestructura pública o privada y las obras menores definidas en las disposiciones Municipales, siempre y cuando no se encuentren localizadas en un área ambientalmente frágil, no impliquen obras constructivas mayores a los 500 m² o movimientos de tierra superiores a los 200 m³ , ni manipulen, almacenen o trasieguen productos peligrosos.\n3.            La construcción y operación de edificaciones de menos de 500 m2 y los proyectos de construcción de edificios industriales  y  de  almacenamiento  cuando  no  tengan relación  directa  con  su  operación  de  menos de 1000 m2 , siempre y cuando estas obras se ubiquen en un área con uso de suelo conforme a lo dispuesto en la planificación local y no se encuentren en un área ambientalmente frágil...\".\n\n \n\nEn criterio de los accionantes, las actividades descritas como de muy bajo impacto ambiental en el artículo 4 bis no cumplen esa categoría y el hecho de que sean eximidas del trámite de evaluación de impacto ambiental (EIA) debilita la eficiencia del instrumento para prevenir daños ambientales. Consideran que resulta absolutamente ilógico e inconsistente con la realidad que una actividad de operación sea considerada de “muy bajo impacto ambiental”, independientemente de su tamaño, actividad productiva que realiza, condición de generación de contaminación ambiental y el grado de fragilidad ambiental del sitio donde se localiza, por el simple hecho de que se tramitan permisos ante otras entidades diferentes a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, las cuales, argumentan, no tienen un alcance de evaluación de impacto ambiental amplio. Por su parte, en su informe la Procuraduría General de la República considera que, lo dispuesto en tal norma resulta inconstitucional en cuanto excluye toda actividad que ya está en operación, pues ello significa que quedarían fuera del control ambiental que ejerce la SETENA actividades que de estarse iniciado hoy en día deberían ser evaluadas ambientalmente. Esta circunstancia implica de por sí la ausencia de cualquier criterio técnico y científico para eximirlas del control ambiental que ejerce la SETENA lo cual, además de contravenir expresamente lo que establece el artículo 17 de la LOA, violenta el principio preventivo contenido en el artículo 50 constitucional, según lo señalado por este Tribunal Constitucional en profuso y reiterada jurisprudencia (vid., entre otras, las sentencia números 2003-6311 de 3 de julio de 2003 y 2008-015760 del 22 de octubre de 2008), siendo lo que corresponde en estos casos, sería un estudio de diagnóstico ambiental (EDA), de conformidad con lo que esta Sala ha señalado en su jurisprudencia (vid, sentencias números 2003-006324 del 4 de julio del 2003 y 2004-04949 de 6 de mayo de 2004). Los representantes del Ministerio de Ambiente y de SETENA, al respecto indican que, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento predictivo, que no debe aplicarse a actividades en operación, pues lo que busca es anticipar, así que no es factible, como lo pretenden los accionantes, que se le exija una evaluación de impacto ambiental a actividades en operación.\n\nEn criterio de esta Sala se debe hacer la siguiente distinción, respecto de las actividades excluidas, por un lado las indicadas en el inciso 1) y por otro lado, las excluidas en el resto de incisos. Ello por cuanto los argumentos de los accionantes se dirigen particularmente a la impugnación del inciso 1). Encontrándose necesario realizar la siguiente aclaración, debido a lo indicado por la Procuraduría General de la República en su informe. Dicho inciso debe entenderse en concordancia con lo establecido en el párrafo primero de dicho artículo, es decir, se trata de actividades en operación de muy bajo impacto ambiental, que ciertamente no requieren –según la norma- tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pero que, sin embargo, estarán sujetas a otros controles ambientales –como la misma norma indica- tales como los establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía y otras con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre del 2004, publicado en La Gaceta 217 del 5 de noviembre del 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental. Así que la misma norma es la que establece que, aunque no requieran de un EIA ello no significa que queden excluidas de control ambiental. Nótese que los accionantes confunden la definición, no es que por el hecho de ser actividades en operación ello las haga de muy bajo impacto ambiental, sino que, el inciso no se refiere a cualquier tipo de actividad en operación, sino únicamente a aquellas actividades en operación  definidas como de muy bajo impacto ambiental.  Así entonces, en cuanto al alegato de inconstitucionalidad del artículo 4 bis del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción en cuanto al inciso 1 de tal norma.\n\n         VII.- SOBRE EL ALEGATO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO 5 DEL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO IMPUGNADO (CARENCIA DE CARTOGRAFÍA).- El inciso 5) del artículo 13 del Reglamento impugnado fue reformado, tal como se observa en el cuadro adjunto:\n\n \nReglamento General sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA)\nDecreto 31849 del 24 de mayo del 2004\n\tModificaciones\nDecreto 37803 del 25 de junio del 2013\n\nArtículo 13\nArtículo 13.-Trámite de la actividad, obra o proyecto, categoría C. El trámite a cumplir por actividades, obras o proyectos de categoría C, es el siguiente:\n \n \n(…)\n5.  Una vez recibido el D2, la SETENA , por medio del departamento respectivo, revisará la documentación. De no existir errores u omisiones en este documento (D2), momento en el cual se le otorga la viabilidad ambiental. Debe quedar claro al desarrollador que obtendrá tal viabilidad ambiental, en tanto la SETENA , en un plazo máximo de 10 días, contados a partir del momento en que ésta recibe la documentación, no le comunique oficialmente que debe realizar correcciones o aclaraciones, o presentar lo indicado en el Artículo 9 inciso a), cuando la categoría de la actividad, obra o proyecto no corresponde a C. En el caso de que no haya comunicación, el desarrollador deberá verificar, después de transcurridos los plazos indicados, que su actividad, obra o proyecto se encuentre en el registro oficial de la SETENA de proyectos con Viabilidad Ambiental otorgada, a fin de que utilice su número de registro para el trámite de permisos ante otras autoridades.\n\tMediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 37803 del 25 de junio del 2013 se ordena reformar el inciso 5) del presente artículo, cuyo texto sería:\n \n\"... 5.- Una vez recibido el D2, la SETENA , por medio del Departamento respectivo, registrará mediante el uso de herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la localización espacial del proyecto, revisará toda la documentación asociada al D2, en un plazo no mayor a diez días hábiles. De no existir errores u omisiones en este documento (D2), procederá a otorgar la viabilidad ambiental, e incluir la actividad en el registro oficial de la SETENA de proyectos con viabilidad otorgadas, lo cual será notificado al Desarrollador por el medio señalado para recibir notificaciones. De existir observaciones o aclaraciones, la SETENA realizará una prevención al desarrollador, por una única vez y por escrito para su cumplimiento, para lo cual le dará un plazo no mayor de diez días hábiles para que complete la información; en caso de no subsanar en el plazo indicado se archivará el expediente. La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la Administración ; una vez transcurrido éste, continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver...\".\n \n \n \n\nEn criterio de los accionantes, la inclusión de la localización espacial de los proyectos, obras o actividades que presentan el Formulario D2 en un Sistema de Información Geográfico (SIG) no es suficiente para garantizar su sostenibilidad ambiental, pues esto no permite tener certeza si el mismo se encuentra en alguna de las áreas ambientalmente frágiles establecidas y el sistema de información geográfico (SIG) utilizado no contiene una cartografía adecuada en el cual consten dichas áreas a una escala que permita apreciar detalles (1:10.000). Todo lo cual quebranta el principio precautorio y lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 constitucionales. Por su parte, la Procuraduría General de la República en su informe indica que, este es un aspecto técnico, relativo a la metodología e instrumentos adecuados para ubicar los terrenos en relación con áreas ambientalmente frágiles, cuya valoración no corresponde a esta jurisdicción. La utilización de una cartografía  como la sugerida es una decisión técnica que corresponde a la Administración. La norma, cuya inconstitucionalidad se alega, establece un medio e instrumento para localizar especialmente los terrenos donde se van a llevar a cabo los proyectos sujetos a valoración ambiental. Lo cual representa una mejora en relación con la situación anterior a la reforma impugnada. Los representantes del Ministerio de Ambiente y de SETENA, al respecto indican que, anular esta norma más bien habría una regresión ambiental, es cierto que las áreas ambientalmente frágiles no están identificadas para todo el país, y que las que están identificadas es posible que no estén levantadas a escalas de mayor detalle, pero la información con que cuenta la SETENA es la que ha sido entregada por las instituciones como oficiales, y no es función de la SETENA generar o corregir dicha información.\n\n \n\nEsta Sala observa que, el alegato de inconstitucionalidad de los accionantes, no es por lo que la norma dice, sino por lo que no dice. Es decir, se trata de un alegato de inconstitucionalidad por omisión, pues en criterio de los accionantes lo allí dispuesto resulta insuficiente. Se constata que estamos ante un aspecto técnico relacionado con la metodología y los instrumentos adecuados para ubicar los terrenos en relación con las áreas ambientalmente frágiles, cuya precisión o valoración no sólo no corresponde a esta jurisdicción constitucional, sino que, no se desprende del Derecho de la Constitución un determinado sistema de información geográfico. La utilización de una cartografía como la que sugieren los accionantes es una decisión técnica que corresponde a la Administración tomar. Correspondiendo comprobarse, si acaso, en la vía de amparo, si en un determinado caso, dicha decisión técnica no protegió algún área ambientalmente frágil. Tal como lo indica en su informe la Procuraduría, la norma establece un medio y un instrumento  -la utilización de un SIG- para localizar espacialmente los terrenos donde se van a llevar a cabo los proyectos sujetos a valoración ambiental, lo cual, en sí mismo, es una mejora con respecto a la situación anterior a la reforma que se impugna. De allí que carezca de sentido disponer la inconstitucionalidad del inciso 5 del artículo 13 del decreto ejecutivo número 31849, sea para anularlo o sea para indicar cuál es el instrumento que se debe utilizar. Sobre esto último, ordenar a la SETENA la confección o utilización de una cartografía que contenga las áreas ambientalmente frágiles  -si no lo hace ya-  implica tomar una decisión administrativa de contenido claramente técnico, lo que no corresponde a esta Sala Constitucional. Así entonces, en cuanto al alegato de inconstitucionalidad del artículo 13 inciso 5) del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción.\n\nVIII.- SOBRE EL ALEGATO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO IMPUGNADO (AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL.-).- La reforma al artículo 46 del Reglamento impugnado establece variaciones en la vigencia de la vialidad ambiental. Básicamente se amplia la vigencia de las viabilidades ambientales de 2 a 5 años, tal como se observa en el cuadro adjunto:\n\nReglamento General sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA)\nDecreto 31849 del 24 de mayo del 2004\n\tModificaciones\nDecreto 37803 del 25 de junio del 2013\n\nArtículo 46.—Vigencia de la viabilidad (licencia) ambiental.\n \n1) La viabilidad (licencia) ambiental, una vez otorgada tendrá una validez máxima de dos años de previo al inicio de actividades de la actividad, obra o proyecto. En caso de que, en ese plazo, no se inicien las actividades, el desarrollador deberá requerir, de previo al vencimiento, una prórroga de su vigencia ante la SETENA , conforme con el procedimiento que se establecerá en el Manual de EIA.\n(Así reformado el inciso anterior por el artículo 7° del Decreto Ejecutivo N° 32734 del 09 de agosto de 2005).\n2. Las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación, y cuenten con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente y el presente reglamento, a un proceso de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos en el presente reglamento.\n(*)3.  Las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación y que cuente con EIA aprobado, y para los cuales, como producto de su desarrollo deba realizarse un ajuste al diseño original, podrán mantener su viabilidad (licencia) ambiental ya otorgada, siempre y cuando se ajusten a los siguientes términos:\n \na.   Que se presente un informe técnico ambiental, elaborado por un consultor ambiental responsable, de Readecuación Ambiental del Diseño Original, según el formato que la SETENA defina.\n \nb.  Que el ajuste del diseño, no implique cambios sustanciales al diseño original, es decir que tales cambios, no impliquen una modificación de la categoría de Impacto Ambiental Potencial (IAP), aprobado por la SETENA en el proyecto original, tales como el cambio de la actividad, obra o proyecto, cambio del sitio de ubicación del área de proyecto y que el proceso productivo planteado sea similar al que originalmente se planteó.\n \nc.   Que se haga una comparación de los impactos ambientales evaluados y sus medidas y una ampliación necesaria de los mismos, cuando así sea requerido, de forma tal que el proyecto, obra o actividad, mantenga el estatus de equilibrio ambiental que se le otorgó durante la evaluación de impacto ambiental. Además, deberá realizarse el ajuste al Pronóstico Plan de Gestión cuando técnicamente se justifique, con las medidas ambientales producto de dicho análisis.\n \nLa verificación del cambio de estas condiciones será avalada por la Secretaría General con base en una resolución administrativa, en un plazo máximo de diez días hábiles, a efecto de mantener la vigencia de la Licencia Ambiental.\n \n\tMediante el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 37803 del 25 de junio del 2013 se ordena reformar el presente artículo, cuyo texto sería:\n \n\"... Artículo 46.-Vigencia de la viabilidad (licencia) ambiental.\n1)           La viabilidad (licencia) ambiental, una vez otorgada tendrá una vigencia máxima de cinco años de previo al inicio de la actividad, obra o proyecto.\nEn caso de que durante el plazo de vigencia hayan ocurrido variantes evidentes en las condiciones exógenas que se evaluaron al momento de otorgar la viabilidad ambiental, la SETENA podrá solicitar de oficio al desarrollador interesado una actualización de los instrumentos de evaluación ambiental presentados o una certificación de que las condiciones ambientales que fueron evaluadas inicialmente en el proyecto no han variado con respecto a esas condiciones exógenas actuales y que se mantiene vigente la evaluación realizada. Esta certificación será emitida por el regente o un consultor competente con las disciplinas involucradas en la evaluación inicial y deberá presentarse en el plazo de 30 días hábiles, a partir de la notificación de dicha solicitud por parte de la SETENA. En caso de no presentar en el plazo indicado esta certificación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de Administración Pública. La SETENA podrá realizar de oficio las gestiones que estime pertinentes para verificar si ha existido alguna variación de las condiciones exógenas. En caso de que, en los plazos establecidos, no se inicie la fase constructiva ni operativa de las actividades, obras o proyectos que cuenten con Viabilidad Ambiental el desarrollador deberá requerir, de previo al vencimiento del plazo, una prórroga de su vigencia ante la SETENA con justificación de las razones válidas que motiven la solicitud, conforme con los requisitos señalados en el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública. Esta prórroga solo se otorgará si las condiciones exógenas no han variado.\n2)           Las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación o cuenten con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente y el presente reglamento, a un proceso de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos en el presente reglamento...\"\n \n\nEn criterio de los accionantes, la ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental de 2 a 5 años debilita la eficiencia del proceso de evaluación de impacto ambiental y puede inducir la producción de daños al ambiente, al no realizarse una actualización de los cambios que ocurrieran en el terreno que se piensa desarrollar. Por su parte, en su informe la Procuraduría General de la República considera que,  la simple ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental de 2 a 5 años no implica necesariamente una disminución del nivel de tutela, aunque el que se cuente con 3 años más para dar inicio a una determinada actividad, haga pensar lo contrario. La modificación en el tiempo de las circunstancias de una determinada actividad que ya tiene viabilidad ambiental puede ser muy distinta según el tipo de actividad. Es decir, para muchas actividades una ampliación en tres años puede no significar una disminución en el nivel de tutela. El problema es que este es un tema que requiere de información técnica y científica que permita determinar hasta qué punto esta ampliación puede dar lugar a una disminución en el nivel de protección, de la cual se carece en este proceso. Los recurrentes no aportan elementos técnicos o científicos que por lo menos hagan pensar que la ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental en tres años sea desproporcionada o irracional.  En consecuencia, es opinión de ese órgano asesor que la reforma introducida por el artículo 3.1 del decreto ejecutivo número 37803, ampliando la vigencia de las viabilidades ambientales, no es en sí misma violatoria del principio de no regresión, pues no hay elementos técnicos ni científicos que permitan establecer que con ello se disminuye el nivel de tutela ambiental, y porque tampoco haya elementos que indique que se trata de una medida desproporcionada e irracional. Los representantes del Ministerio de Ambiente y de SETENA, al respecto indican que, el plazo de dos años era insuficiente para que un desarrollador pudiera iniciar las actividades, por lo que se amplía a cinco años, sin que ocurra una disminución en la protección ambiental.\n\nPara esta Sala, la Procuraduría lleva razón en su informe, ciertamente se observa que la reforma introducida amplía el plazo de la viabilidad ambiental de dos a cinco años. Sin embargo, de ese simple hecho no puede llegar a concluirse que ello constituya per se una disminución del nivel de tutela ambiental. Además, los accionantes no aportan más que valoraciones, que no contienen elementos técnicos o científicos, que concluyan que la ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental en tres años sea desproporcionada o irracional. Así entonces , en cuanto al alegato de inconstitucionalidad del artículo 46 inciso 1) del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción.\nIX.- SOBRE EL ALEGATO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ANEXO 2 (EXCLUIDOS DE EIA A CONSTRUCCIONES MENORES DE 500 M2).- El artículo 4 del decreto impugnado modificó las descripciones de la División F.45 del Anexo 2 del decreto número 31849. En lo que tiene que ver con la modificación del terreno y los movimientos de tierra eximió de una evaluación ambiental a aquellos menores de 200 metros cúbicos. En lo que tiene que ver con la construcción y operación de edificaciones eximió de una evaluación ambiental a aquellas menores a 500 metros cuadrados; y, en el caso de los edificios industriales y de almacenamiento no directamente relacionados con la operación, eximió de evaluación ambiental los menores a 1.000 metros cuadrados. En criterio de los accionantes, la construcción de viviendas unipersonales, urbanizaciones y condominios menores a 500 metros cuadrados, al considerarse como de muy bajo impacto ambiental, no requieren la realización del trámite de evaluación de impacto ambiental (EIA). Así se está eximiendo de valoraciones ambientales, únicamente por el área del proyecto. Por su parte, la Procuraduría General de la República indica que si bien el Poder Ejecutivo tiene la potestad para hacer las anteriores modificaciones, estas deben estar técnica y científicamente fundamentadas y cumplir con los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad. Esto significa que la Sala Constitucional debe valorar la fundamentación técnica y científica, así como la razonabilidad y proporcionalidad, de la decisión adoptada con la modificación introducida por el artículo 4. Como parte de esta valoración, sobre todo en sus aspectos técnicos y científicos, está el considerar si las modificaciones hechas por el artículo 4 del decreto impugnado pueden darse al margen del tipo de terreno. En este sentido, la Sala Constitucional debe valorar si el proceso de control de constitucionalidad es el más adecuado para ello o si este tema debe analizarse en la vía ordinaria. Los representantes del Ministerio de Ambiente y de SETENA, al respecto indican que, los cambios en el anexo se realizan en concordancia con lo establecido en el marco de la modificación del 3.1 y 4 bis, donde se determinó que un proyecto constructivo de alrededor de 500 m2 conlleva un movimiento de tierras aproximado de 200 m2, lo cual no representa mayores riesgos.\n \nEsta Sala observa que, el decreto 31849 exigía una evaluación ambiental para la modificación del terreno y movimientos de tierra menores a 200 metros cúbicos. En el caso de las construcciones y operación de edificaciones en zonas urbanas, exceptuaba de la evaluación ambiental a las viviendas unifamiliares y las edificaciones menores a 300 metros cuadrados; y, exigía evaluación ambiental para las todas construcciones de edificios industriales y de almacenamiento que no tienen relación directa con la operación. Es decir, que en todos estos casos el decreto impugnado reduce el nivel de tutela ambiental en comparación con lo que establecía la regulación modificada. Sin embargo, ello en sí mismo no es inconstitucional. La determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, bajo el criterio general de que las actividades humanas que deben ser evaluadas ambientalmente son aquellas que alteran el ambiente en un grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria. Correspondiéndole a la vía ordinaria, examinar el sustento técnico y científico que el decreto impugnado utilizó para proceder con dichas modificaciones. Así entonces, en cuanto al alegato de inconstitucionalidad del anexo 2 del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción.\nX.- CONCLUSIONES.- 1) Pese al reconocimiento constitucional del «principio precautorio en materia ambiental», de que esta Sala ha indicado que la realización de Estudios de Impacto Ambiental se erige en un principio que debe ser debidamente observado y aplicado, y de los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental, se pueda concluir que, no cualquier modificación de la normativa ambiental implica necesariamente una disminución de protección del derecho al ambiente, ni toda modificación, que no sea lo suficientemente amplia, debe interpretarse como una inconstitucionalidad por omisión. 2) En cuanto al alegato de inconstitucionalidad del inciso 4 del artículo 3 del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción, pues la consideración de los accionantes en el sentido de que, más que una definición, debió establecerse una lista de actividades que se consideren como de muy bajo impacto ambiental potencial, es una apreciación que no provoca la inconstitucionalidad de la definición contenida en el decreto impugnado ni tampoco una inconstitucionalidad por omisión, pues no se desprende del Derecho de la Constitución que deba existir tal lista, de forma predeterminada. 3) En cuanto al alegato de inconstitucionalidad del artículo 4 bis del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción en cuanto al inciso 1 de tal norma, por cuanto la misma norma establece que, aunque no requieran de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la renovación de sus permisos, quedan sujetas a otros tipos de control ambiental.  4) En cuanto al alegato de inconstitucionalidad del artículo 13 inciso 5) del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción, pues no sólo la norma establece una mejora con respecto a la situación anterior a la reforma que se impugna, sino que, no corresponde a esta Sala ordenarle a SETENA un determinado instrumento técnico para la confección o utilización de una cartografía que contenga las áreas ambientalmente frágiles. Además, en todo caso, quedaría sujeto a control judicial si en un caso concreto, dicha decisión técnica no protegió algún área ambientalmente frágil. 5) En cuanto al alegato de inconstitucionalidad del artículo 46 inciso 1) del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción, pues aunque ciertamente se observa que la reforma introducida amplía el plazo de la viabilidad ambiental de dos a cinco años, ni ello constituye per se una disminución del nivel de tutela ambiental, ni los accionantes aportan elementos técnicos o científicos, que concluyan que la ampliación de la vigencia de la viabilidad ambiental en tres años sea desproporcionada o irracional. 6) En cuanto al alegato de inconstitucionalidad del anexo 2 del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción, pues la determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, correspondiéndole a la vía ordinaria –y no a esta Jurisdicción-, examinar el sustento técnico y científico que el decreto impugnado utilizó para proceder con dichas modificaciones.\nXI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\nPor tanto:\nSe declara SIN lugar la acción.\n \n \n \n\nErnesto Jinesta L.\n\nPresidente\n\n \n\n \n\n         Fernando Cruz C.                                   Nancy Hernández L.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n         Luis Fdo. Salazar A.                       José Paulino Hernández G.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n         Anamari Garro V.                                     Yerma Campos C.\n\n \n\n \n\n                                    \n\n \n\n           \n\nT/03\n\n \n\n \n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:45:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Text of the Resolution**\n\n*130084780007CO*\n\nExp: 13-008478-0007-CO\nRes: No. 2017-005994\n\n**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at eleven hours and zero minutes on the twenty-sixth of April, two thousand seventeen.\n\nAction of unconstitutionality brought by Allan Astorga Gättgens, holder of identity card No. 3-0252-0451, and Álvaro Sagot Rodríguez, holder of identity card No. 02-0365-0227, to have declared unconstitutional subsection 4) of Article 3, Article 4 bis, Article 13, subsection 1) of Article 46, and Annex 2, all of the General Regulation on Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) Procedures, Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, as added and amended by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of July 17, 2013, deeming them contrary to a healthy and ecologically balanced environment, and for disrespecting the principles of non-regression in environmental matters, progressivity, objectification, proportionality, sustainable development, and precaution. Representatives of the Procuraduría General de la República, representatives of the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Secretaría General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental also intervened in the proceedings.\n\n**WHEREAS:**\n\n**1.-** By brief received at the Secretariat of the Chamber at 17:37 hours on July 27, 2013, the petitioners request that the unconstitutionality of subsection 4) of Article 3, Article 4 bis, Article 13, subsection 1) of Article 46, and Annex 2, all of the General Regulation on Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) Procedures, Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, as added and amended by Executive Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of July 17, 2013, be declared. They consider that the challenged rules infringe upon the right to a healthy and ecologically balanced environment and disrespect the principles of non-regression in environmental matters, progressivity, objectification, proportionality, sustainable development, and precaution. The foregoing is because the preparation of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) is exempted based on the project area. On the other hand, the inclusion of the spatial location of projects, works, or activities that submit Form D2 in a Geographic Information System (Sistema de Información Geográfico, SIG) is not sufficient to guarantee their environmental sustainability, as this makes it impossible to be certain whether it is located in any of the established environmentally fragile areas. From their point of view, the EIA procedure as amended may be causing new construction projects smaller than 1000 m2 to be developed in risky sites. In parallel, they point out that the extension of the validity of the environmental viability (viabilidad ambiental) from 2 to 5 years weakens the efficiency of the environmental impact assessment process and may induce environmental damage by not carrying out an update on the changes that occurred on the land intended for development. They add that the changes in the definition ranges of the projects included in Annex 2 of the Decree decrease the environmental control established and weaken the efficiency of the environmental impact assessment; furthermore, they assert that the modifications were not justified through technical studies. They assert that the definition of activities of very low potential environmental impact (actividades de muy bajo impacto ambiental potencial) is not precise and leaves open to discretion and subjectivity the possibility that activities with greater impact are included as such, without specifying a list of what those activities are. Finally, they specify that the activities described as having very low environmental impact in Article 4 bis do not meet that category, and the fact that they are exempted from the environmental impact assessment (EIA) process weakens the instrument's efficiency in preventing environmental damage. They add that it is absolutely illogical and inconsistent with reality that an operating activity is considered to have \"very low environmental impact,\" regardless of its size, the productive activity it carries out, its condition regarding the generation of environmental pollution, and the degree of environmental fragility of the site where it is located, simply because permits are processed before entities other than the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, which, they argue, do not have a broad scope for environmental impact assessment.\n\n**2.-** In order to support the standing they hold to bring this action of unconstitutionality, they point out that it derives from paragraph 2 of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, insofar as the petitioners appear in defense of the diffuse interest that assists them by seeking to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\n**3.-** By a resolution issued at 15:03 hours on October thirty-first, two thousand thirteen (visible on folio 59 of the file), the action was admitted, granting a hearing to the Procuraduría General de la República, the Minister of Ambiente y Energía, and the Secretaría General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental.\n\n**4.-** The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in numbers 238, 239, and 240 of the Boletín Judicial on December 10, 11, and 12, 2014 (folio 260).\n\n**5.-** URIEL JUAREZ BALTODANO, in his capacity as Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), submits a brief, stating on folio 129, requesting that SETENA be allowed to apply the challenged rules during the proceedings, as otherwise severe damage to the Administration and the country could result (see folio 143).\n\n**6.-** By means of resolution No. 2013-015290 of this Chamber, at 16:15 hours on November 19, 2013, it was resolved: \"**Therefore:** In order to avoid serious disruptions to the procedures for granting environmental viability (viabilidad ambiental) by SETENA, and for the purpose of not affecting the continuity and efficiency of public service, it is exceptionally ordered that the execution of the challenged provisions shall continue until such time as a final decision is rendered in this action of unconstitutionality, with the warning that the validity of the acts issued remains subject to what is determined in the final judgment, which the Secretaría Técnica Nacional Ambiental must record in the corresponding resolutions. Furthermore, concerning Annex 2 of the Regulation in question, it is hereby clarified ex officio that the action of unconstitutionality was processed solely and exclusively regarding the addition and modification carried out by Executive Decree No. 37803 – MINAE – S – MOPT – MAG – MEIC of July 17, 2013, a rule that affected only Division F.45 and its respective descriptions. Magistrates Cruz and Rueda dissent and opt for the second alternative formulated by the Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental.\" (folio 155).\n\n**7.-** The Procuraduría General de la República submitted its report (folio 158). It states that: a) Regarding standing: it indicates that the petitioners file the action claiming the protection of the environment as a diffuse interest protected by Constitutional Article 50, and that this Chamber admitted it based on the provisions of the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional; b) On the merits of the matter: 1. Regarding the amendment of subsection 5 of Article 13 of Executive Decree No. 31849 introduced by the challenged decree, it establishes that once SETENA receives Form D2, it shall proceed to record the spatial location of the project using geographic information systems (SIG). It indicates that this advisory body cannot confirm whether SETENA has thematic cartography containing the environmentally fragile areas at a scale of 1:10,000; it points out that its absence would not imply the unconstitutionality of the rule. It adds that this is a technical aspect related to the appropriate methodology and instruments for locating the land in relation to environmentally fragile areas, the assessment of which does not correspond to this jurisdiction, since the use of cartography such as that suggested by the petitioners is a technical decision for the Administration to make, which is not a matter for this Constitutional Chamber. 2. In relation to the amendment made to subsection 1 of Article 46 of Executive Decree No. 31849 by Article 3.1 of the challenged decree, extending the validity of environmental viabilities from 2 to 5 years, this does not necessarily entail the unconstitutionality of the rule. The principle of non-regression in environmental matters – already recognized by this Chamber in judgment No. 13367-2012 of September 21, 2012 – cannot be understood in absolute terms. A decrease in a certain level of protection is possible if there is technical and scientific support guaranteeing that no relevant environmental protection is lost, and provided that the proportionality and reasonableness parameters that this Chamber has defined in its jurisprudence are satisfied. It indicates that in the present case, the simple extension of the validity of the environmental viability from 2 to 5 years does not necessarily imply a decrease in the level of protection, even though having 3 more years to start a given activity might suggest otherwise. The change over time of the circumstances of a given activity that already has environmental viability can differ greatly depending on the type of activity. That is, for many activities, a three-year extension may not mean a decrease in the level of protection. The petitioners do not provide technical or scientific elements that would at least suggest that the three-year extension of the environmental viability's validity is disproportionate or irrational. Consequently, it is the opinion of this advisory body that the amendment introduced by Article 3.1 of Executive Decree No. 37803, extending the validity of environmental viabilities, is not in itself a violation of the principle of non-regression, because there are no technical or scientific elements to establish that the level of environmental protection is thereby decreased, and also because there are no elements to indicate that it is a disproportionate and irrational measure. 3. Regarding the changes in range concerning some of the activities subject to environmental viability. Article 4 of the challenged decree modified the descriptions of Division F.45 of Annex 2 of Decree No. 31849. With regard to land modification and earthworks (movimientos de tierra), it exempted those under 200 cubic meters from an environmental assessment. With regard to the construction and operation of buildings, it exempted those under 500 square meters from an environmental assessment; and, in the case of industrial and storage buildings not directly related to the operation, it exempted those under 1,000 square meters from an environmental assessment. That is, in all these cases, the challenged decree reduces the level of environmental protection compared to what was established in the modified regulation. However, this in itself is not unconstitutional. Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente (LOA) No. 7554 of October 4, 1995, establishes that \"...human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental…\". Furthermore, it provides that laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects must be subjected to an environmental assessment. That is, the Executive Branch, in the exercise of its regulatory power, may determine which activities require a prior environmental assessment and which do not. This is a decision that must be technically and scientifically grounded and satisfy the requirements of reasonableness and proportionality. But when it comes to those by which a previous decision is modified, excluding some activity or categories of an activity from the environmental assessment, the technical and scientific grounding, as well as their proportionality and reasonableness, become particularly important. The foregoing is because, by ceasing to exercise control that was previously exercised, the level of protection already afforded by the rule is being reduced. This Chamber has stated in its jurisprudence that the reduction of the level of environmental protection afforded by the rule must be supported technically and scientifically so as to ensure that no alterations or impacts on the environment are caused, and it has expressly said so regarding environmental assessment (see, among others, judgment No. 2002-1220 of February 6, 2002). In accordance with the foregoing, although the Executive Branch has the power to make the aforementioned modifications, these must be technically and scientifically grounded and comply with the parameters of proportionality and reasonableness. This means that the Constitutional Chamber must assess the technical and scientific grounding, as well as the reasonableness and proportionality, of the decision adopted with the modification introduced by Article 4. As part of this assessment, especially regarding its technical and scientific aspects, is considering whether the modifications made by Article 4 of the challenged decree can occur regardless of the type of terrain. From the standpoint of reasonableness and proportionality, it is the criterion of this advisory body that, given the magnitude of the modifications, these criteria are not breached, taking into account that what the Executive seeks is to exclude from the environmental control exercised by SETENA low environmental impact activities that distract resources and time from this body. That is, from this perspective, it is a decision adopted to achieve greater efficiency in exercising SETENA's powers. However, and despite the foregoing, this decision must not compromise environmental integrity. But, to determine whether this occurs or not, it is essential to consider and assess the technical and scientific aspects involved, for which it is necessary to bring into the process the evidentiary material that allows determining whether or not there is a technical and scientific basis supporting the decision taken. In this regard, the Constitutional Chamber must assess whether the constitutional review process is the most appropriate for this, or whether this issue should be analyzed through ordinary proceedings. 4. Regarding the definition of \"activities of very low potential environmental impact\" (actividades de muy bajo impacto ambiental potencial). The challenged decree defines in its Article 5 what should be understood as activities of very low potential environmental impact. What this article establishes is a simple definition without associating any legal consequence with it; hence, in itself, it is not unconstitutional. A potential unconstitutionality would not lie in this article but in the one that associates a specific legal consequence with it, depending on what that consequence is. The rule whose constitutionality should be assessed would be the one resulting from the association of what is provided in this article and the one that establishes a legal consequence in relation to the definition. However, Article 5 of the challenged regulation, insofar as it contains a simple definition, cannot be unconstitutional because it is not a deontic expression; there is no violation of the principles of objectification. 5. Regarding operating activities as activities of very low potential environmental impact, specifically, Article 6 of the challenged decree establishes that activities already in operation are activities of very low potential environmental impact and exempts them from the environmental assessment under SETENA's responsibility. This is a case where an article establishes a legal consequence associated with the definition in Article 5 contained in the challenged decree, which can be assessed from the point of view of its conformity or not with the Constitution. In the above sense, it is the opinion of this advisory body that the provisions of Article 4 bis, subsection 1) of Decree No. 31849 are unconstitutional for violating the principles contained in Constitutional Article 50 regarding due state protection of the environment and the preventive principle. The cited article excludes any activity that is already in operation and that, obviously, does not have an environmental viability to operate, even if it operates in accordance with the legal system. This means that activities that, if they were starting today, should be environmentally assessed, would fall outside the environmental control exercised by SETENA. This circumstance in itself implies the absence of any technical and scientific criterion for exempting them from the environmental control exercised by SETENA, which, in addition to expressly contravening what Article 17 of the LOA establishes, violates the preventive principle contained in Constitutional Article 50, as this Constitutional Court has indicated in extensive and reiterated jurisprudence (see, among others, judgments No. 2003-6311 of July 3, 2003, and 2008-015760 of October 22, 2008). The petitioners are correct in pointing out that what is appropriate is for SETENA to carry out, regarding these activities, an environmental diagnostic study (estudio de diagnóstico ambiental, EDA), in accordance with what this Chamber has indicated in its jurisprudence (see, judgments No. 2003-006324 of July 4, 2003, and 2004-04949 of May 6, 2004). In conclusion, the consulted advisory body indicates that consequently, and in accordance with the above, this advisory body considers that subsection 1 of Article 4 bis of Decree 31849 of May 24, 2004 is unconstitutional. Furthermore, and also based on the above, it considers that subsection 5) of Article 13; subsection 1 of Article 46; subsection 4) of Article 3; and the challenged portion of Annex 2, all of Executive Decree No. 31.849 of May 24, 2004, are not unconstitutional.\n\n**8.-** René Castro Salazar, in his capacity as Minister of Ambiente y Energía, and Uriel Juárez Baltodano, in his capacity as Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, submit their reports (folio 220 and 176), both stating: a) Regarding the process for issuing the challenged Decree, it resulted from a process involving officials from SETENA and members of the Comisión Especial para la Modernización de la SETENA, coordinated by the Vice-Minister of Gestión Ambiental y Energía. Based on technical-legal studies of the existing Environmental Impact Assessment instruments, it was determined that some agreements of the Plenary Commission, through which procedures for activities of very low environmental impact were simplified, needed to be formalized by Executive Decree, as well as the limits for certain construction activities, works, or projects established in the annex of the challenged Decree needed modification, based on 9 years of implementation experience before SETENA. They indicate that for the technical-legal analysis, they took into consideration reports from the Contraloría General de la República, which ordered that Ministry, through SETENA, to modify the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures. They point out that they started from the competence that SETENA has to order and define the activities, works, or projects that must be submitted for its prior assessment, which is based on vote No. 1220-2002 of the Constitutional Chamber. Therefore, they carried out an entire process of analysis and discussion to make some amendments to Executive Decree No. 31849-MINAE-MOPT-MAG-MEIC, carried out through a working group coordinated by the Comisión Especial de Modernización and with the support of the technical and legal personnel of SETENA, they promoted spaces for citizen participation and those contributions were assessed, indicating that the entire modification process arose from a measured process and not as a result of arbitrariness or improvisation. b) The modification was made as a favorable recommendation in response to numerous complaints from communities, development associations, municipalities, and private companies regarding the duration of procedures to obtain environmental viability before SETENA, which lasted up to four years. The ICE team, and SETENA's and MINAE's own teams, carried out exhaustive work. It is requested that the action be dismissed; c) Regarding subsection 4 of Article 3: the definition has been applied since at least 2004, without representing a decrease in the capacity to protect the environment or prejudice to the administered party; this rule merely endorses via decree a definition that already exists and was being applied. Furthermore, that definition was submitted for assessment to the Ministerio de Salud; d) Regarding Article 4 bis: the environmental impact assessment is a predictive instrument that should not be applied to operating activities, as its purpose is to anticipate, so it is not feasible, as the petitioners intend, to require an environmental impact assessment for operating activities; e) Regarding Article 13: with this modification, SETENA is implementing a technological tool that helps prevent developers from presenting projects in a fragmented manner (fraccionado). Annulling this rule would instead constitute an environmental regression. On the other hand, at no point does the decree dictate that the location of the project area in a SIG replaces the information that the developer may provide, much less substitute any of the studies. The spatial location of the project area is the only way to verify whether it is in an environmentally fragile area, and the best way is through the use of geographic information systems tools. It is true that environmentally fragile areas are not identified for the entire country, and those that are identified may not be mapped at more detailed scales, but the information that SETENA has is what has been provided by the institutions as official, and it is not SETENA's function to generate or correct said information; f) Regarding subsection 1 of Article 46: the two-year period was insufficient for a developer to start activities, so it is extended to five years, without a decrease in environmental protection occurring; g) Regarding Annex 2: the changes in the annex are made in accordance with what is established within the framework of the modification of Articles 3.1 and 4 bis, where it was determined that a construction project of approximately 500 m2 involves approximate earthworks (movimientos de tierra) of 200 m2, which does not represent major risks. It is requested that the action be dismissed.\n\n**9.-** By resolution issued at 08:32 hours on January 22, 2014, the hearing responses submitted by the Procuraduría General de la República, the Minister of Ambiente y Energía, and the Secretaría Ambiental – SETENA – were deemed received (folio 279).\n\n**10.-** The hearing indicated in Articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by Article 9 ibidem, deeming this resolution sufficiently grounded in evident principles and rules, as well as in the jurisprudence of this Court.\n\n**11.-** The proceedings have complied with the prescriptions of law.\n\nDrafted by Magistrate Cruz Castro; and,\n\n**WHEREAS:**\n\n**I.- SUBJECT OF THE CHALLENGE.-** The petitioners indicate that they challenge all modifications made to the General Regulation on Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) Procedures (Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004), carried out by Executive Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of July 17, 2013. However, pursuant to the admission resolution, only Articles 3 subsection 4), 4 bis, 13, 46 subsection 1), and Annex 2 of the mentioned Regulation are considered challenged. These provide:\n\n\"Article 3 —Definitions and abbreviations. For the purposes of this regulation, the following definitions and abbreviations are used:\n\n(…)\n\n4. Activities of Very low potential environmental impact (Actividades de Muy bajo impacto ambiental potencial), refers to human activities that, by their nature, do not cause negative alteration of the environment and that do not represent a deterioration of the environmental quality of the surroundings in general or of any of its components, nor affect the health of the population, because atmospheric emissions, wastewater discharges, management of ordinary and special waste, and noise comply with the provisions established in the current regulations. Furthermore, no hazardous products are used and no waste of this type is generated.\"\n\n\"Article 4 bis. – Activities, works, or projects that by their nature do not require EIA before SETENA\n\nActivities, works, or projects of very low environmental impact, described below, shall not process an Environmental Impact Assessment (EIA) before SETENA; however, they shall be subject to the environmental controls established by the Municipalities, the Ministerio de Salud, the Ministerio de Agricultura y Ganadería, the Ministerio de Obras públicas y Transportes, and the Ministerio de Ambiente y Energía and others with legal competencies; as well as the provisions of the Código de Buenas Prácticas Ambientales, Executive Decree No. 32079 of September 14, 2004, published in La Gaceta 217 of November 5, 2004, or any voluntary mechanism to improve environmental performance:\n\n1. Activities in operation that require renewing their permits before other public administration authorities, such as the Ministerio de Salud, the Ministerio de Agricultura y Ganadería, and the Municipalities, among others.\n\n2. Improvement, reconstruction, and repair activities, works, or projects carried out on public or private infrastructure and minor works defined in Municipal provisions, provided they are not located in an environmentally fragile area, do not involve construction works exceeding 500 m² or earthworks (movimientos de tierra) exceeding 200 m³, and do not handle, store, or transfer hazardous products.\n\n3. The construction and operation of buildings smaller than 500 m2 and industrial and storage building construction projects when they have no direct relationship with their operation smaller than 1000 m2, provided these works are located in an area with land use (uso de suelo) in accordance with local planning provisions and are not located in an environmentally fragile area.\"\n\n\"Article 13.—Procedure for the activity, work, or project, category C. The procedure to be followed for activities, works, or projects of category C is as follows:\n\n1. Submission, in original and 2 copies, of the requirements indicated in Article 12 above, at the SETENA offices or at the offices of the Áreas de Salud (Health Areas) of the Ministerio de Salud or of the environmental authority duly authorized by SETENA, where the activity, work, or project will be located.\n\n2. The person in charge or designated official of SETENA or the office of the Área de Salud of the Ministerio de Salud or of the environmental authority duly authorized by SETENA shall return, in the same act, the duly sealed copy to the developer, with the assignment of the application number and the Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA).\n\n3. The person in charge of SETENA or the office of the Área de Salud of the Ministerio de Salud or of the environmental authority duly authorized by SETENA shall prepare a daily list of all the activities, works, or projects received.\n\n4.\n\nOnce the list is drawn up, if the receipt of the documents does not take place at the SETENA offices, the designated official or officer of the Health Area of the Ministry of Health or of the environmental authority duly authorized by SETENA shall, within a period not exceeding 5 business days, forward to SETENA, by the most expeditious means available, a copy of the D2 with its annexes. The developer shall have the power to send the D2 with the corresponding receipt stamp to SETENA via fax.\n \n5.- Once the D2 is received, SETENA, through the respective Department, shall record, using Geographic Information System (SIG) tools, the spatial location of the project and review all documentation associated with the D2, within a period not exceeding ten business days. If there are no errors or omissions in this document (D2), it shall proceed to grant the environmental feasibility (viabilidad ambiental), and include the activity in SETENA's official registry of projects with granted feasibility, which shall be notified to the Developer through the means indicated for receiving notifications. If there are observations or clarifications, SETENA shall issue a single written prevention (prevención) to the developer for compliance, for which it shall grant a period not exceeding ten business days to complete the information; if not corrected within the indicated period, the file shall be archived. The indicated prevention suspends the Administration's resolution period; once this period has elapsed, the computation of the remaining period provided for resolving shall continue.\"\n \n\"Article 46.—Validity of the environmental feasibility (license) (viabilidad (licencia) ambiental).\n \n1) The environmental feasibility (license), once granted, shall have a maximum validity of five years prior to the start of the activity, work, or project.\n \nIn the event that, during the validity period, evident changes have occurred in the exogenous conditions evaluated at the time of granting the environmental feasibility, SETENA may officially request from the interested developer an update of the environmental assessment instruments (instrumentos de evaluación ambiental) submitted or a certification that the environmental conditions initially evaluated for the project have not varied with respect to those current exogenous conditions and that the evaluation conducted remains valid. This certification shall be issued by the regent (regente) or a competent consultant in the disciplines involved in the initial evaluation and must be submitted within 30 business days from the notification of said request by SETENA. In the event this certification is not submitted within the indicated period, the provisions of Article 264 of the General Public Administration Act (Ley General de Administración Pública) shall apply. SETENA may carry out, officially, the steps it deems pertinent to verify if there has been any variation in the exogenous conditions. Should the construction or operational phase of the activities, works, or projects with Environmental Feasibility not begin within the established periods, the developer must request, prior to the expiration of the period, an extension of its validity before SETENA, with justification of the valid reasons motivating the request, in accordance with the requirements set forth in Article 258 of the General Public Administration Act. This extension shall only be granted if the exogenous conditions have not varied.\n \n2) Activities, works, or projects that are in operation or have an approved EIA shall be subject, in accordance with the provisions of the Organic Environmental Act (Ley Orgánica del Ambiente) and this regulation, to a process of environmental control and follow-up (control y seguimiento ambiental) under the terms established in this regulation.\"\n \nFurthermore, they challenge the modification that Executive Decree number 37803, in Article 4, makes to Annex 2 (Anexo 2) of Executive Decree number 31849. In general, the plaintiffs consider that such norms harm the right to a healthy and ecologically balanced environment, the principles of non-regression (no regresión) in environmental matters, progressivity (progresividad), objectivization (objetivación), proportionality (proporcionalidad), sustainable development (desarrollo sustentable), and precautionary (precautorio), based on the following reasons:\n \n1) Regarding Art. 3, subsection 4 (imprecise definition of activities of very low potential environmental impact): They consider that the definition provided in the challenged decree in subsection 4 for \"activities of very low potential environmental impact (actividades de muy bajo impacto ambiental potencial)\" is not precise. They allege a lack of a list of such activities, which gives rise to a scope of administrative discretion that violates the principle of objectivization in environmental matters. Concerning this principle, they cite what was stated by the Chamber in rulings (votos) 2005-014293, 2006-017126, and 2009-003684, when it is said: \"… it translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies… thereby conditioning the Administration's discretion in this area… in the event of reasonable doubt, it is obligatory to make decisions in favor of the environment…\".\n \n2) Regarding Art. 4 bis (activities, works, or projects that do not require EIA): They consider that the changes in the scope regarding some of the activities subject to environmental feasibility introduced by Article 4 of the challenged decree harm the principle of non-regression, as well as the precautionary, objectivization, and sustainable development principles, because such changes lack adequate technical studies. Therefore, they consider it illogical and inconsistent that any activity, regardless of its size, type, degree of environmental fragility (fragilidad ambiental) of the land on which it is located, or generation of environmental pollution, which for any circumstance is already in operation without environmental feasibility, is exempt from the obligation to conduct an EIA. The environmental control of these activities is reduced to that exercised by virtue of the permits they must apply for before other entities and bodies other than the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). In this regard, SETENA must exercise environmental control of these activities using the Environmental Diagnosis Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental, EDA) endorsed by this Constitutional Chamber in ruling number 2004-4949.\n \n \n3) Regarding Art. 13, subsection 5 (lack of cartography): They consider that the fact that Category C or low-impact projects (under 1000 m²) simply submit the D2 form, which is only a sworn statement (declaración jurada), and the requirement to indicate that the project is not located within an environmentally fragile area, is not sufficient to comply with an effective and efficient environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process, because there are no official maps available to verify this situation, and the geographic information system (SIG) used does not contain adequate cartography at a scale that allows details to be appreciated (1:10,000). All of this violates the precautionary principle and the provisions of Articles 21, 50, and 89 of the Constitution.\n \n4) Regarding Art. 46, subsection 1 (extension of the validity of the environmental feasibility): They consider that the extension of the validity of the environmental feasibility from 2 to 5 years made by modifying subsection 1 of Article 46 of Executive Decree number 31849 violates the principle of non-regression. This is because such a modification lacks a technical criterion. Furthermore, said extension occurred in the absence of regulation of the technical procedures for processing extensions of environmental feasibilities.\n \n5) Regarding Annex 2 (Anexo 2) (changes in the definition scopes of projects): They consider that the changes in the definition scopes of the projects included in Annex 2 (EIA List) lower the established control, and therefore weaken the efficiency of the Environmental Impact Assessment (EIA) established in Article 17 of the Organic Environmental Act. This is therefore a violation of the principle of non-regression. The fact that the activity of \"land modification\" (modificación del terreno) (clearing or elimination of vegetation cover) is freed from environmental control may cause environmental damage. Likewise, it is not possible that all earthworks (movimientos de tierra) under 200 meters are exempted without considering the site where they are to be developed. In the case of the activity \"construction and operation of buildings,\" something similar to the above occurs, where the EIA process is arbitrarily freed. With the modification introduced by the challenged decree and SETENA resolution No. 583-2008, the construction of single-family homes, residential developments (urbanizaciones), and condominiums smaller than 500 square meters, being considered as of very low environmental impact, do not require the environmental impact assessment (EIA) process. Thus, it is exempting these from environmental assessments solely based on the project area. This is contrary to what was ordered by this Chamber in ruling 2003-006311 when it indicates that: \"… A regulation cannot, without incurring excess, introduce provisions that, disregarding the type of specific work or project the individual wishes to carry out, make generic exclusions from the environmental impact study, because such action would imply an unconstitutionalization –via regulation– of the obligation of surveillance and guardianship that the State must fulfill in the environmental field.\"\n \nAs observed, this action aims to determine whether the modifications introduced by Executive Decree number 37803 of July 17, 2013, to Executive Decree number 31849 of May 24, 2004, are unconstitutional for violating the constitutional principles contained in Article 50 of the Constitution.\n \nII.- ON THE STANDING OF THE PLAINTIFFS IN THIS CASE.- Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de la Jurisdicción Constitucional) regulates the prerequisites that determine the admissibility of unconstitutionality actions, requiring the existence of a matter pending resolution in an administrative or judicial venue in which the unconstitutionality is invoked, a requirement that is not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when by the nature of the norm there is no individual or direct harm; when it is based on the defense of diffuse interests (intereses difusos) or those that concern the community as a whole, or when it is filed by the Attorney General (Procurador General de la República), the Comptroller General (Contralor General de la República), the Public Prosecutor (Fiscal General de la República), or the Ombudsman (Defensor de los Habitantes), in these latter cases, within their respective spheres of competence. The possibility of resorting in defense of \"diffuse interests,\" which are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a certain social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a certain personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is found diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualifier of \"diffuse,\" such as the environment, cultural heritage, defense of the country's territorial integrity, proper management of public spending, and the right to health, among others. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is not exhaustive. Based on what was said in the preceding paragraph, it is clear that the plaintiffs have sufficient standing to challenge the unconstitutionality of the contested norms, without it being necessary that they have a prior matter serving as a basis for this action. The foregoing is because they appear in defense of a diffuse interest, such as the right to the environment, and therefore the plaintiffs are perfectly entitled to take direct action, in light of the provisions of paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Act. This is, in effect, a matter whose constitutionality it is appropriate to review through this avenue. Furthermore, the plaintiffs met the requirements stipulated in numerals 78 and 79 of the said Act. In conclusion, this action is admissible, and therefore the object and merits of the matter must be immediately discussed.\n \nIII.- ON THE METHODOLOGY FOR ANALYZING THE ACTION.- To facilitate the study of the challenged regulations, before analyzing each of the arguments presented by the plaintiffs, we shall proceed to clarify the relationship between the precautionary principle in environmental matters, environmental impact studies, and the scope of the principle of non-regression (no regresión) in environmental matters.\n \nIV.- IN GENERAL ON ENVIRONMENTAL IMPACT STUDIES AND THE PRINCIPLE OF NON-REGRESSION IN ENVIRONMENTAL MATTERS, AND HOW NOT EVERY MODIFICATION OF ENVIRONMENTAL REGULATIONS SHOULD BE CONSIDERED A VIOLATION OF SUCH PRINCIPLE.- Before examining each of the plaintiffs' arguments, it is necessary to recall the relevance of Environmental Impact Studies, and to determine, for this specific case of analysis, the scope of the principle of non-regression in environmental matters, in order to conclude that not every modification of environmental regulations –as the plaintiffs seem to imply– should be considered a violation of such principle. Starting from the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article fifty of the Political Constitution and principle number fifteen of the Rio Declaration, United Nations Conference on Environment and Development, as this Chamber has examined in prior jurisprudence (see ruling number 2014-004243), the so-called «precautionary principle in environmental matters (principio precautorio en materia ambiental)» or «principle in dubio pro natura» has also been recognized, the observance of which implies that all actions of the public administration on environmentally sensitive topics must be carried out with the appropriate care to avoid risks and damages of impossible or difficult reparation. From the above it follows that the administration must have a negative certainty that the environment will not be affected under any circumstance, whence it results that when in doubt about the occurrence of a risk, the administration has the obligation not to authorize or carry out actions, or to immediately cease the administrative activity causing the danger. In other words, if it lacks scientific certainty about the innocuousness of the activity, the administration must refrain from carrying out activities with a negative environmental impact; in the face of scientific uncertainty about the innocuousness or benefit of the actions, the administration is prevented from granting authorizations or carrying out its own acts that create situations of environmental risk. In this sense, the conduct of Environmental Impact Studies is established as a principle that must be duly observed and applied, to the point that in a gradual and progressive manner –as corresponds in the realm of human rights– the legislation itself and this Chamber's own jurisprudence have outlined the importance and necessity of having such evaluations duly conducted prior to the execution of certain types of works. Now then, regarding the principle of progressivity (progresividad), which is alleged by the plaintiffs in all their arguments, see what was established through this Chamber's ruling No. 2012-013367, when it indicates:\n \n\"V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to gradually increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, especially those which, like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions from the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, enshrined in numeral 34 of the Magna Carta, the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the status of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility because all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to natural causes, that negatively impact the achievements reached until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, Constitutional Law and the principles under examination oblige justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, for the reduction in levels of protection. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: '…according to the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus then, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot –much less by means of an International Treaty– reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting trade. (Ruling of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it said: 'The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with Constitutional Law, which does not admit a regression to its detriment.' (Ruling of the Constitutional Chamber No. 18702-10)…\"\n \nHence, it can be concluded that not just any modification of environmental regulations necessarily implies a decrease in the protection of the right to the environment. This must be substantiated. Likewise, not every modification that is not sufficiently broad should be interpreted as an unconstitutionality by omission. The desirable does not render the norm that does not approach it unconstitutional. Indeed, all legal norms are perfectible, but the fact that they approach or deviate from a criterion of perfect or desirable does not make them unconstitutional. In view of the above, we now proceed to the examination of each of the plaintiffs' allegations.\n \nV.- ON THE ALLEGATION OF UNCONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 3, SUBSECTION 4) OF THE CHALLENGED REGULATION (DEFINITION OF ACTIVITIES OF VERY LOW POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACT).- Subsection 4) of Article 3 was added to the challenged Regulation by Decree 37803 of June 25, 2013, to include within the definitions \"activities of very low potential environmental impact (actividades de muy bajo impacto ambiental potencial)\", as observed in the attached table:\n \n| General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures | Modifications |\n| --- | --- |\n| Decree 31849 of May 24, 2004 | Decree 37803 of June 25, 2013 |\n| Art. 3, subsection 4). | |\n| “Article 3º—Definitions and abbreviations. For the purposes of this regulation, the following definitions and abbreviations are used: | |\n| (…) 4. Accreditation (Acreditación): It is the procedure by which the Public Administration authorizes natural or legal persons, public or private, who meet the legal, technical, and material and professional suitability requirements demanded in the current norms, to execute specific tasks or provide specific services in the total or partial support of the fulfillment of the obligations imposed by the State.” | By means of Article 5 of Executive Decree No. 37803 of June 25, 2013, it is ordered to add a subsection 4 to the present article, moving the numbering of the subsequent subsections forward by one, whose text would be: |\n| | \"... 4. Activities of Very low potential environmental impact (Actividades de Muy bajo impacto ambiental potencial), refers to human activities that, by their nature, do not cause a negative alteration of the environment and do not represent a degradation of the environmental quality of the surroundings in general or of any of its components, nor an impact on the health of the population, because atmospheric emissions, wastewater discharges, ordinary and special waste management, and noise comply with the provisions established in current regulation. Furthermore, hazardous products are not used and they do not generate this type of waste...\". However, by means of Executive Decree No. 38024 of November 19, 2013, it is ordered to modify the sole transitory provision of Decree No. 37803, establishing the following: \"...\" |\n \nIn the opinion of the plaintiffs, the definition of activities of very low potential environmental impact is not precise and leaves it open to discretion and subjectivity whether higher-impact activities may be included as such, without specifying a list of what those activities are. Furthermore, the lack of a list of activities considered to be of very low potential environmental impact causes the unconstitutionality of the definition contained in the challenged decree, as it grants the Administration a broad margin of discretion. For its part, the Attorney General's Office indicates in its report that what this article establishes is a simple definition without associating any legal consequence to it; hence, in itself, it is not unconstitutional. An eventual unconstitutionality would not reside in this article but in the one that associates a certain legal consequence with it, depending on what that consequence is. The norm whose constitutionality assessment would need to be made would be the one resulting from the association of what this article provides and the one that establishes a legal consequence in relation to the definition. But, subsection 4) of Article 3 of the challenged regulation, insofar as it contains a simple definition, cannot be unconstitutional because it is not a deontic expression. The challenged article not only does not grant discretion but subjects the Administration to a precise definition of what should be understood by activities of very low potential environmental impact, so that any legal consequence that another article associates with said definition is subject to that content. The definition is an indeterminate legal concept whose final determination corresponds to the judge. Consequently, there is no violation of the principle of objectivization (objetivación). The representatives of the Ministry of Environment and SETENA, in this regard, indicate that the definition has been applied at least since the year 2004, without having represented a decrease in the capacity to protect the environment or prejudice to the administered party; such norm merely endorses, via decree, a definition that already exists and has been applied. Additionally, that definition was submitted to the assessment of the Ministry of Health.\n \nIn the opinion of this Chamber, certainly a definition per se, like the one being challenged, cannot be considered to make the norm unconstitutional. The challenged article subjects the Administration to a definition of what should be understood by activities of very low potential environmental impact, so that any legal consequence that another article associates with said definition is subject to that content. The fact that the plaintiffs consider that instead of a definition, a list of activities considered as very low potential environmental impact should have been established is an assessment that does not cause the unconstitutionality of the definition contained in the challenged decree, nor an unconstitutionality by omission, because it does not infer from Constitutional Law that such a list must exist in a predetermined manner. Therefore, regarding the allegation of unconstitutionality of subsection 4 of Article 3 of the challenged Regulation, the action must be declared without merit.\n \nVI.- ON THE ALLEGATION OF UNCONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 4 BIS OF THE CHALLENGED REGULATION (ACTIVITIES, WORKS, OR PROJECTS THAT BY THEIR NATURE DO NOT REQUIRE EIA BEFORE SETENA).- Article 4 bis was added to the challenged Regulation by Decree 37803 of June 25, 2013, to include \"Activities, works, or projects that by their nature do not require EIA before SETENA\", as observed in the attached table:\n \n| General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures | Modifications |\n| --- | --- |\n| Decree 31849 of May 24, 2004 | Decree 37803 of June 25, 2013 |\n| Article 4 | |\n| Article 4º—Activities, works, or projects subject to EIA. The new activities, works, or projects that are subject to the process of obtaining environmental feasibility (license) (viabilidad (licencia) ambiental) before SETENA, according to Article 17 of the Organic Environmental Act (Ley Orgánica del Ambiente), are divided into: | By means of Article 6 of Executive Decree No. 37803 of June 25, 2013, it is ordered to add an Article 4 bis to the present regulation, whose text would be: |\n| 1. Those activities, works, or projects for which there is a specific law that orders the fulfillment of the process. Annex No. 1 (Anexo Nº 1), which forms an integral part of this regulation, lists these activities, works, or projects. | |\n| 2. The other activities, works, or projects not included in Annex No. 1 of the preceding paragraph appear ordered in the general categorization presented in Annex No. 2 (Anexo Nº 2) of this regulation. | |\n| | \"... Article 4 bis. - Activities, works, or projects that by their nature do not require EIA before SETENA |\n| | The activities, works, or projects of very low environmental impact, described below, shall not process an Environmental Impact Assessment (EIA) before SETENA; however, they shall be subject to the environmental controls established by the Municipalities, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Public Works and Transport, and the Ministry of Environment and Energy and others with legal competencies; as well as with what is established in the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales), Executive Decree No. 32079 of September 14, 2004, published in La Gaceta 217 of November 5, 2004, or with any voluntary mechanism to improve environmental performance: |\n| | 1. Activities in operation that require renewing their permits before other public administration authorities, such as the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, and the Municipalities, among others. |\n| | 2. Improvement, reconstruction, and repair activities, works, or projects, that are executed on public or private infrastructure and minor works defined in Municipal provisions, provided they are not located in an environmentally fragile area (área ambientalmente frágil), do not involve construction works greater than 500 m² or earthworks (movimientos de tierra) exceeding 200 m³, nor handle, store, or transfer hazardous products. |\n| | 3. The construction and operation of buildings of less than 500 m² and construction projects for industrial and storage buildings when they have no direct relation to their operation of less than 1000 m², provided these works are located in an area with land use (uso de suelo) in accordance with local planning and are not in an environmentally fragile area...\" |\n \nIn the opinion of the plaintiffs, the activities described as very low environmental impact in Article 4 bis do not meet that category, and the fact that they are exempted from the environmental impact assessment (EIA) process weakens the efficiency of the instrument for preventing environmental damage. They consider it absolutely illogical and inconsistent with reality that an operational activity is considered to have a “very low environmental impact,” regardless of its size, productive activity it performs, condition of generating environmental pollution, and the degree of environmental fragility of the site where it is located, for the simple fact that permits are processed before other entities different from the National Environmental Technical Secretariat, which, they argue, do not have a broad scope for environmental impact assessment. For its part, in its report, the Attorney General's Office considers that what is provided in such norm is unconstitutional insofar as it excludes any activity that is already in operation, because this means that activities which, if started today, should be environmentally evaluated, would remain outside the environmental control exercised by SETENA.\n\nThis circumstance in itself implies the absence of any technical and scientific criteria to exempt them from the environmental control exercised by SETENA which, in addition to expressly contravening the provisions of Article 17 of the LOA, violates the preventive principle contained in Article 50 of the Constitution, as indicated by this Constitutional Court in abundant and reiterated jurisprudence (vid., among others, rulings numbers 2003-6311 of 3 July 2003 and 2008-015760 of 22 October 2008), what would correspond in these cases would be an environmental diagnostic study (estudio de diagnóstico ambiental, EDA), in accordance with what this Chamber has indicated in its jurisprudence (vid., rulings numbers 2003-006324 of 4 July 2003 and 2004-04949 of 6 May 2004). The representatives of the Ministry of Environment and of SETENA indicate in this regard that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) is a predictive instrument that should not be applied to activities in operation, since what it seeks is to anticipate, so it is not feasible, as the plaintiffs intend, for an environmental impact assessment to be required for activities in operation.\n\nIn the opinion of this Chamber, the following distinction must be made regarding the excluded activities: on the one hand, those indicated in subsection 1) and on the other hand, those excluded in the remaining subsections. This is because the plaintiffs' arguments are directed particularly at challenging subsection 1). It is necessary to make the following clarification, due to what was indicated by the Procuraduría General de la República in its report. Said subsection must be understood in accordance with what is established in the first paragraph of said article, that is, it concerns activities in operation of very low environmental impact, which certainly do not require – according to the regulation – processing an Environmental Impact Assessment (EIA) before SETENA, but which, nevertheless, will be subject to other environmental controls – as the same regulation indicates – such as those established by the Municipalities, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Public Works and Transport, and the Ministry of Environment and Energy and others with legal competencies; as well as with what is established in the Code of Good Environmental Practices, Executive Decree No. 32079 of 14 September 2004, published in La Gaceta 217 of 5 November 2004, or with any voluntary mechanism to improve environmental performance. So the regulation itself establishes that, although they do not require an EIA, this does not mean that they are excluded from environmental control. Note that the plaintiffs confuse the definition; it is not that the mere fact of being activities in operation makes them of very low environmental impact, but rather that the subsection does not refer to any type of activity in operation, but solely to those activities in operation defined as having very low environmental impact. Thus, regarding the claim of unconstitutionality of Article 4 bis of the challenged Reglamento, the action must be dismissed with respect to subsection 1 of said regulation.\n\n         VII.- REGARDING THE CLAIM OF UNCONSTITUTIONALITY OF SUBSECTION 5 OF ARTICLE 13 OF THE CHALLENGED REGLAMENTO (LACK OF CARTOGRAPHY).- Subsection 5) of Article 13 of the challenged Reglamento was amended, as observed in the attached table:\n\n \nGeneral Reglamento on environmental impact assessment (EIA) procedures\nDecree 31849 of 24 May 2004\n\tAmendments\nDecree 37803 of 25 June 2013\n\nArticle 13\nArticle 13.-Procedure for the activity, work, or project, category C. The procedure to be followed by category C activities, works, or projects is as follows:\n \n \n(…)\n5. Once the D2 is received, SETENA, through the respective department, will review the documentation. If there are no errors or omissions in this document (D2), at which point environmental viability (viabilidad ambiental) is granted. It must be clear to the developer that they will obtain such environmental viability as long as SETENA, within a maximum period of 10 days, counted from the moment it receives the documentation, does not officially notify them that corrections or clarifications must be made, or present what is indicated in Article 9 subsection a), when the category of the activity, work, or project does not correspond to C. In the event there is no communication, the developer must verify, after the indicated periods have elapsed, that their activity, work, or project is in SETENA’s official registry of projects with Environmental Viability granted, in order to use its registry number for permit processing before other authorities.\n\tBy means of Article 2° of Executive Decree No. 37803 of 25 June 2013, it is ordered to amend subsection 5) of the present article, whose text would be:\n \n\"... 5.- Once the D2 is received, SETENA, through the respective Department, will register, using Geographic Information Systems (GIS) tools, the spatial location of the project, review all documentation associated with the D2, within a period not exceeding ten business days. If there are no errors or omissions in this document (D2), it will proceed to grant environmental viability, and include the activity in SETENA's official registry of projects with viability granted, which will be notified to the Developer by the means indicated for receiving notifications. If there are observations or clarifications, SETENA will issue a prevention to the developer, on a single occasion and in writing for compliance, for which it will give a period not exceeding ten business days to complete the information; if not corrected within the indicated period, the file will be archived. The indicated prevention suspends the Administration's resolution period; once this has elapsed, the computation of the remaining period provided for resolution will continue...\".\n \n \n \n\nIn the plaintiffs' opinion, the inclusion of the spatial location of projects, works, or activities submitting the D2 Form in a Geographic Information System (GIS) is not sufficient to guarantee their environmental sustainability, as this does not allow certainty as to whether it is located in any of the established environmentally fragile areas (áreas ambientalmente frágiles) and the geographic information system (GIS) used does not contain adequate cartography detailing said areas at a scale that allows details to be appreciated (1:10,000). All of which violates the precautionary principle and the provisions of Articles 21, 50, and 89 of the Constitution. For its part, the Procuraduría General de la República indicates in its report that this is a technical aspect, relating to the appropriate methodology and instruments for locating lands in relation to environmentally fragile areas, the assessment of which does not correspond to this jurisdiction. The use of cartography as suggested is a technical decision that corresponds to the Administration. The regulation, whose unconstitutionality is alleged, establishes a means and instrument for spatially locating the lands where projects subject to environmental assessment will be carried out. Which represents an improvement in relation to the situation prior to the challenged amendment. The representatives of the Ministry of Environment and of SETENA indicate in this regard that annulling this regulation would rather represent an environmental regression; it is true that environmentally fragile areas are not identified for the entire country, and those that are identified may not be mapped at more detailed scales, but the information that SETENA has is that which has been delivered by the institutions as official, and it is not SETENA's function to generate or correct said information.\n\n \n\nThis Chamber observes that the plaintiffs' claim of unconstitutionality is not for what the regulation says, but for what it does not say. That is, it is a claim of unconstitutionality by omission, since in the plaintiffs' opinion, what is provided therein is insufficient. It is verified that we are before a technical aspect related to the methodology and appropriate instruments for locating lands in relation to environmentally fragile areas, whose precision or assessment not only does not correspond to this constitutional jurisdiction, but also, a specific geographic information system is not derived from the Constitution's Law. The use of cartography such as that suggested by the plaintiffs is a technical decision that corresponds to the Administration. It being appropriate to verify, if at all, through the amparo process, whether in a specific case said technical decision failed to protect some environmentally fragile area. As indicated in its report by the Procuraduría, the regulation establishes a means and an instrument – the use of a GIS – to spatially locate the lands where projects subject to environmental assessment will be carried out, which, in itself, is an improvement regarding the situation prior to the challenged amendment. Hence, it makes no sense to order the unconstitutionality of subsection 5 of Article 13 of Executive Decree number 31849, whether to annul it or to indicate which instrument must be used. Regarding the latter, ordering SETENA to prepare or use cartography containing environmentally fragile areas – if it does not already do so – implies taking an administrative decision of clearly technical content, which does not correspond to this Constitutional Chamber. Thus, regarding the claim of unconstitutionality of Article 13 subsection 5) of the challenged Reglamento, the action must be dismissed.\n\nVIII.- REGARDING THE CLAIM OF UNCONSTITUTIONALITY OF SUBSECTION 1) OF ARTICLE 46 OF THE CHALLENGED REGLAMENTO (EXTENSION OF THE VALIDITY OF ENVIRONMENTAL VIABILITY.-).- The amendment to Article 46 of the challenged Reglamento establishes variations in the validity of environmental viability. Basically, the validity of environmental viabilities is extended from 2 to 5 years, as observed in the attached table:\n\nGeneral Reglamento on environmental impact assessment (EIA) procedures\nDecree 31849 of 24 May 2004\n\tAmendments\nDecree 37803 of 25 June 2013\n\nArticle 46.—Validity of environmental viability (license).\n \n1) Environmental viability (license), once granted, will have a maximum validity of two years prior to the start of activities of the activity, work, or project. In the event that, within this period, activities do not begin, the developer must request, prior to expiration, an extension of its validity before SETENA, in accordance with the procedure to be established in the EIA Manual.\n(Thus amended the previous subsection by Article 7° of Executive Decree No. 32734 of 09 August 2005).\n2. Activities, works, or projects that are in operation and have an approved EIA will be subject, pursuant to the provisions of the Ley Orgánica del Ambiente and this reglamento, to an environmental control and monitoring process under the terms established in this reglamento.\n(*)3. Activities, works, or projects that are in operation and have an approved EIA, and for which, as a result of their development, an adjustment to the original design must be made, may maintain their already granted environmental viability (license), provided they comply with the following terms:\n \na. That an environmental technical report is submitted, prepared by a responsible environmental consultant, for the Environmental Readjustment of the Original Design, according to the format defined by SETENA.\n \nb. That the design adjustment does not imply substantial changes to the original design, i.e., that such changes do not imply a modification of the Potential Environmental Impact (IAP) category approved by SETENA in the original project, such as changing the activity, work, or project, changing the project area location site, and that the proposed production process is similar to that originally proposed.\n \nc. That a comparison is made of the evaluated environmental impacts and their measures, and a necessary extension thereof, when required, so that the project, work, or activity maintains the environmental balance status granted during the environmental impact assessment. Furthermore, the adjustment to the Management Plan Forecast must be made when technically justified, with the environmental measures resulting from said analysis.\n \nVerification of the change in these conditions will be endorsed by the Secretaría General based on an administrative resolution, within a maximum period of ten business days, in order to maintain the validity of the Environmental License.\n \n\tBy means of Article 3° of Executive Decree No. 37803 of 25 June 2013, it is ordered to amend the present article, whose text would be:\n \n\"... Article 46.-Validity of environmental viability (license).\n1)           The environmental viability (license), once granted, will have a maximum validity of five years prior to the start of the activity, work, or project.\nIn the event that during the validity period there have been evident variations in the exogenous conditions that were evaluated at the time of granting the environmental viability, SETENA may request ex officio from the interested developer an update of the environmental assessment instruments submitted or a certification that the environmental conditions that were initially evaluated in the project have not varied with respect to those current exogenous conditions and that the evaluation carried out remains valid. This certification will be issued by the regent or a consultant competent in the disciplines involved in the initial evaluation and must be submitted within a period of 30 business days, starting from the notification of said request by SETENA. In case of not presenting this certification within the indicated period, the provisions of Article 264 of the Ley General de Administración Pública shall apply. SETENA may carry out ex officio the procedures it deems pertinent to verify if there has been any variation in the exogenous conditions. In the event that, within the established periods, the construction or operational phase of the activities, works, or projects with Environmental Viability has not begun, the developer must request, prior to the expiration of the period, an extension of its validity before SETENA with justification of the valid reasons motivating the request, in accordance with the requirements indicated in Article 258 of the Ley General de la Administración Pública. This extension will only be granted if the exogenous conditions have not varied.\n2)           Activities, works, or projects that are in operation or have an approved EIA will be subject, pursuant to the provisions of the Ley Orgánica del Ambiente and this reglamento, to an environmental control and monitoring process under the terms established in this reglamento...\"\n \n\nIn the plaintiffs' opinion, extending the validity of the environmental viability from 2 to 5 years weakens the efficiency of the environmental impact assessment process and may induce environmental damage by not updating the changes occurring on the land intended for development. For its part, in its report, the Procuraduría General de la República considers that the simple extension of the environmental viability validity from 2 to 5 years does not necessarily imply a reduction in the level of protection, although having 3 more years to start a certain activity might suggest otherwise. The modification over time of the circumstances of a specific activity that already has environmental viability can be very different depending on the type of activity. That is, for many activities, an extension of three years may not mean a reduction in the level of protection. The problem is that this is an issue requiring technical and scientific information to determine to what extent this extension could lead to a reduction in the level of protection, which is lacking in this process. The appellants do not provide technical or scientific elements that at least suggest that the three-year extension of the environmental viability validity is disproportionate or irrational. Consequently, it is the opinion of this advisory body that the amendment introduced by Article 3.1 of Executive Decree number 37803, extending the validity of environmental viabilities, is not in itself a violation of the principle of non-regression, as there are no technical or scientific elements to establish that this reduces the level of environmental protection, and because there are also no elements indicating that it is a disproportionate and irrational measure. The representatives of the Ministry of Environment and of SETENA indicate in this regard that the two-year period was insufficient for a developer to start activities, which is why it is extended to five years, without a reduction in environmental protection occurring.\n\nFor this Chamber, the Procuraduría is correct in its report; it is certainly observed that the introduced amendment extends the term of environmental viability from two to five years. However, from that simple fact, it cannot be concluded that this per se constitutes a reduction in the level of environmental protection. Moreover, the plaintiffs provide no more than assessments lacking technical or scientific elements to conclude that the three-year extension of the environmental viability validity is disproportionate or irrational. Thus, regarding the claim of unconstitutionality of Article 46 subsection 1) of the challenged Reglamento, the action must be dismissed.\nIX.- REGARDING THE CLAIM OF UNCONSTITUTIONALITY OF ANNEX 2 (EXCLUDED FROM EIA FOR CONSTRUCTIONS UNDER 500 M2).- Article 4 of the challenged decree modified the descriptions of Division F.45 of Annex 2 of Decree number 31849. Regarding land modification and earthworks (movimientos de tierra), it exempted those under 200 cubic meters from an environmental assessment. Regarding the construction and operation of buildings, it exempted those under 500 square meters from an environmental assessment; and, in the case of industrial and storage buildings not directly related to the operation, it exempted those under 1,000 square meters from an environmental assessment. In the plaintiffs' opinion, the construction of single-family homes, urbanizations, and condominiums under 500 square meters, by being considered as having very low environmental impact, does not require carrying out the environmental impact assessment (EIA) procedure. Thus, exemptions from environmental assessments are being made solely based on the project area. For its part, the Procuraduría General de la República indicates that although the Executive Branch has the authority to make the aforementioned modifications, these must be technically and scientifically grounded and comply with the parameters of proportionality and reasonableness. This means that the Constitutional Chamber must assess the technical and scientific grounding, as well as the reasonableness and proportionality, of the decision adopted with the modification introduced by Article 4. As part of this assessment, especially in its technical and scientific aspects, is considering whether the modifications made by Article 4 of the challenged decree can be made regardless of the type of terrain. In this sense, the Constitutional Chamber must assess whether the constitutionality control process is the most appropriate for this or whether this issue must be analyzed through the ordinary process. The representatives of the Ministry of Environment and of SETENA indicate in this regard that the changes in the annex are made in accordance with the provisions established within the framework of the modification of 3.1 and 4 bis, where it was determined that a construction project of around 500 m2 entails approximate earthworks of 200 m2, which does not represent major risks.\n \nThis Chamber observes that Decree 31849 required an environmental assessment for land modification and earthworks under 200 cubic meters. In the case of construction and operation of buildings in urban areas, it exempted single-family homes and buildings under 300 square meters from the environmental assessment; and required an environmental assessment for all constructions of industrial and storage buildings not directly related to the operation. That is, in all these cases, the challenged decree reduces the level of environmental protection compared to what the modified regulation established. However, this in itself is not unconstitutional. The determination of when an environmental assessment is appropriate or not is a matter determined by laws and regulations, under the general criterion that human activities that must undergo environmental assessment are those that alter the environment to a significant enough degree to make such assessment necessary. It corresponds to the ordinary process to examine the technical and scientific support that the challenged decree used to proceed with said modifications. Thus, regarding the claim of unconstitutionality of Annex 2 of the challenged Reglamento, the action must be dismissed.\nX.- CONCLUSIONS.- 1) Despite the constitutional recognition of the \"precautionary principle in environmental matters,\" of which this Chamber has indicated that carrying out Environmental Impact Assessments constitutes a principle that must be duly observed and applied, and the principles of progressivity and non-regression of environmental protection, it can be concluded that not every modification of environmental regulations necessarily implies a reduction in the protection of the right to the environment, nor should every modification that is not sufficiently broad be interpreted as unconstitutionality by omission. 2) Regarding the claim of unconstitutionality of subsection 4 of Article 3 of the challenged Reglamento, the action must be dismissed, since the plaintiffs' consideration that, rather than a definition, a list of activities considered as having very low potential environmental impact should have been established, is an assessment that does not cause the unconstitutionality of the definition contained in the challenged decree, nor does it constitute unconstitutionality by omission, since it is not derived from the Constitution's Law that such a list must exist in a predetermined manner. 3) Regarding the claim of unconstitutionality of Article 4 bis of the challenged Reglamento, the action must be dismissed with respect to subsection 1 of said regulation, because the same regulation establishes that, although they do not require an Environmental Impact Assessment (EIA) for the renewal of their permits, they remain subject to other types of environmental control. 4) Regarding the claim of unconstitutionality of Article 13 subsection 5) of the challenged Reglamento, the action must be dismissed, since not only does the regulation establish an improvement regarding the situation prior to the challenged amendment, but also it does not correspond to this Chamber to order SETENA to use a specific technical instrument for the preparation or use of cartography containing environmentally fragile areas. Furthermore, in any case, it would remain subject to judicial control if in a specific case, said technical decision failed to protect some environmentally fragile area. 5) Regarding the claim of unconstitutionality of Article 46 subsection 1) of the challenged Reglamento, the action must be dismissed, since although it is certainly observed that the introduced amendment extends the term of environmental viability from two to five years, neither does this per se constitute a reduction in the level of environmental protection, nor do the plaintiffs provide technical or scientific elements to conclude that the three-year extension of the environmental viability validity is disproportionate or irrational. 6) Regarding the claim of unconstitutionality of Annex 2 of the challenged Reglamento, the action must be dismissed, since the determination of when an environmental assessment is appropriate or not is a matter determined by laws and regulations, it corresponding to the ordinary process – and not to this Jurisdiction – to examine the technical and scientific support that the challenged decree used to proceed with said modifications.\nXI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\nPor tanto:\nThe action is DISMISSED.\n \n \n \n\nErnesto Jinesta L.\n\nPresidente\n\n \n \n\n         Fernando Cruz C. Nancy Hernández L.\n\n \n \n \n \n \n\n         Luis Fdo. Salazar A. José Paulino Hernández G.\n\n \n \n \n \n \n\n         Anamari Garro V. Yerma Campos C.\n\n \n \n           \n\n \n\n           \n\nT/03\n\n \n \n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in onerous form is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 06:45:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }