{ "id": "nexus-sen-1-0007-748547", "citation": "Res. 18360-2017 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Constitucionalidad de la reducción de franja de fumigación aérea a 30 metros", "title_en": "Constitutionality of reducing aerial spray buffer to 30 meters", "summary_es": "La Sala Constitucional conoce una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGPSP, que reformó el artículo 70 del Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola. La norma impugnada permite reducir de 100 a 30 metros la distancia entre el cultivo fumigado y centros de población, siempre que exista una zona de amortiguamiento y se cumplan condiciones técnicas. El accionante alegó violación a los artículos 7, 21 y 50 constitucionales, al principio precautorio y al de no regresión ambiental. La Sala declaró sin lugar la acción por mayoría, al estimar que la reforma se sustenta en estudios técnicos y científicos que justifican la reducción sin desproteger los derechos a la salud y al ambiente, y que las alegadas situaciones de incumplimiento de la norma deben ventilarse en vía de legalidad, no constitucional. Un magistrado salvó el voto considerando que la medida mantiene un retroceso similar al previamente declarado inconstitucional.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed a constitutional challenge against Article 1 of Executive Decree 34202, which amended the Agricultural Aviation Regulations by allowing the buffer zone for aerial pesticide spraying to be reduced from 100 to 30 meters when a vegetative barrier and technical conditions are met. The petitioner argued violations of Articles 7, 21, and 50 of the Constitution, the precautionary principle, and non-regression. The Chamber dismissed the action by majority, holding that the reform is based on scientific and technical studies justifying the reduction without undermining health or environmental rights, and that alleged non‑compliance must be addressed through ordinary courts. One justice dissented, finding the same unconstitutional regression as in a prior ruling.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "15/11/2017", "year": "2017", "topic_ids": [ "art-50-constitution", "environmental-law-7554" ], "primary_topic_id": "environmental-law-7554", "es_concept_hints": [ "fumigación aérea", "zona de amortiguamiento", "principio precautorio", "no regresión ambiental", "deriva", "intereses difusos", "control de constitucionalidad", "Sala Constitucional" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 7, 21, 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 75", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 70", "law": "Decreto Ejecutivo 31520-MS-MAG-MOPT-MGPSP" }, { "article": "Art. 1", "law": "Decreto Ejecutivo 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGPSP" } ], "keywords_es": [ "fumigación aérea", "zona de amortiguamiento", "principio precautorio", "no regresión ambiental", "derecho a la salud", "artículo 50 constitucional", "plaguicidas", "deriva", "control de constitucionalidad", "Sala Constitucional", "Decreto Ejecutivo 34202", "Decreto Ejecutivo 31520", "aviación agrícola", "intereses difusos", "rito de ayuno" ], "keywords_en": [ "aerial spraying", "buffer zone", "precautionary principle", "environmental non-regression", "right to health", "Article 50 Constitution", "pesticides", "drift", "constitutional review", "Constitutional Chamber", "Executive Decree 34202", "Executive Decree 31520", "agricultural aviation", "diffuse interests", "fasting rite" ], "excerpt_es": "De modo que, el Decreto impugnado cuenta con un estudio científico que lo respalda, el cual no cabe cuestionar en esta vía, ni siquiera a través de otro estudio técnico que pusiera en cuestionamiento sus conclusiones. Esa divergencia tendría que ser, irremediablemente, zanjada en la vía de legalidad. Además, en el expediente de la acción, se han aportado una diversidad de estudios e información en relación con la fumigación aérea de plaguicidas y el tema de la posible deriva… En todos estas investigaciones, se concluye, en definitiva, que la deriva que produce la fumigación aérea de plaguicidas, se puede reducir casi a cero y evitar que llegue a las viviendas o centros de población aledaños al cultivo objeto de la fumigación, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, tales como la existencia de una zona de amortiguamiento sembrada con árboles de mayor altura que el cultivo y se utilicen tecnologías de punta en la fumigación, la cual, también, deberá realizarse bajo determinadas condiciones climáticas científica y técnicamente establecidas. En estas condiciones, la reducción de la distancia entre el cultivo y las viviendas o centros de población a solo treinta metros no implica ninguna desprotección al derecho a la salud de los habitantes del lugar ni afectación al derecho al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelados en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política.", "excerpt_en": "Thus, the challenged Decree is supported by a scientific study that cannot be questioned through this channel, not even by another technical study that calls its conclusions into doubt. Any such disagreement would inevitably have to be resolved through the ordinary courts. Moreover, the case file contains numerous studies and information on aerial pesticide spraying and possible drift… All these investigations ultimately conclude that drift from aerial pesticide spraying can be reduced to near zero and prevented from reaching homes or population centers adjacent to the sprayed crop, provided certain requirements are met, such as the existence of a buffer zone planted with trees taller than the crop and the use of state‑of‑the‑art spraying technology, which must also be carried out under certain scientifically and technically established weather conditions. Under these conditions, reducing the distance between the crop and homes or population centers to just thirty meters does not imply any under‑protection of the right to health of local residents or any violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, protected by Articles 21 and 50 of the Political Constitution.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Constitutional Chamber dismissed the constitutional challenge to the reduction of the aerial spray buffer to 30 meters, finding it technically justified and not a regression in the protection of health and environmental rights.", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra la reducción de la franja de fumigación aérea a 30 metros, al considerar que cuenta con fundamento técnico y no implica regresión en la protección de los derechos a la salud y al ambiente." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "The reduction of the protection zone to thirty meters is not, in itself, unconstitutional, but only insofar as it lacks a technical and scientific basis showing that such reduction does not imply less protection—or under‑protection—of the fundamental rights to health and a healthy and ecologically balanced environment.", "quote_es": "La reducción a treinta metros de la zona de protección no es, en sí misma considerada, inconstitucional, sino en el tanto no cuente con un fundamento técnico y científico que determine que esa reducción no implica una menor protección -o desprotección- a los derechos fundamentales a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "Today, technological advances allow very efficient drift control so that, under certain circumstances —regulated in the Decree at issue— and with the use of new technologies available in the country, aerial pesticide applications can be carried out with such precision that a thirty‑meter distance may be even more protective than one hundred meters.", "quote_es": "Hoy por hoy, los avances tecnológicos permiten un control muy eficiente de la deriva a tal punto que, bajo determinadas circunstancias —reguladas en el Decreto en cuestión—, y con el uso de nuevas tecnologías disponibles en el país, es posible realizar aplicaciones aéreas de plaguicidas en forma precisa al punto que, incluso, una distancia de treinta metros resulte más protectora aún que una de cien metros." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "Therefore, there is no regression in this area, because the distance reduction is contingent upon compliance with several conditions (no‑spray zone plus vegetative cover barrier area), all of which is reasonable.", "quote_es": "Por lo que no existe regresividad en esta materia, pues la reducción de la distancia está condicionada al cumplimiento de una serie condiciones (zona de no aplicación más área de barrera vegetativa de cobertura), todo lo cual resulta razonable." }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "But by the same token, it is not appropriate in this venue to assess the conclusions reached by the researchers who carried out the study “Management of drift in aerial fungicide applications on farms with buffer zones.”", "quote_es": "Pero tampoco, por la misma razón, corresponde en esta vía entrar en valoraciones sobre las conclusiones a que llegaron los investigadores que realizaron el estudio denominado “Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de plaguicidas en fincas con zonas de amortiguamiento”." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-52129", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto Ejecutivo 31520-MS-MAG-MOPT-MGPSP Art. 70" }, { "target_id": "norm-62128", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto Ejecutivo 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGPSP Art. 1" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-748547", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 1, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 18360 - 2017\n\nFecha de la Resolución: 15 de Noviembre del 2017 a las 10:50\n\nExpediente: 14-011759-0007-CO\n\nRedactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nControl constitucional: Sentencia estimatoria\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD\n\nTema: PODER EJECUTIVO.\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nTema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n018360-17. AMBIENTE. FUMIGACION AEREA, CAMBIO DE DISTANCIA DE 100 A 30 METROS. Decreto Ejecutivo No. 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP. Reforma al artículo 70 del Decreto Ejecutivo No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Reglamanto para las actividades de Aviación Agrícola de 16 de octubre de 2003.\n\nTexto de la resolución\n\n*140117590007CO*\n\nExp: 14-011759-0007-CO\n\nRes. Nº 2017018360\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y cincuenta minutos de quince de noviembre de dos mil diecisiete.\n         Acción de inconstitucionalidad promovida por Marco Levy Virgo, conocido como Marco Machore Virgo, mayor de edad, soltero, con cédula de identidad número 0700690314,contra el artículo 1°, del Decreto Ejecutivo Nº 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, del 21 de mayo de 2007, que, a su vez, reforma el artículo 70, del Decreto Ejecutivo Nº 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, del 16 de octubre de 2003. Intervienen en el proceso la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Gobernación y Policía y Seguridad Pública. Participan también, el Director General de la Dirección General de Aviación Civil y el Presidente del Consejo de Aviación Civil y, como coadyuvantes pasivos, Jorge Arturo Sauma Aguilar, en su condición de Gerente General de Corporación Bananera Nacional S.A. (CORBANA) y Jorge Arturo Osborne Escalante, en su condición de Presidente y representante judicial de la Asociación Cámara Nacional de Bananeros (CONABA).\nResultando:\n         1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9:40 horas del 24 de julio de 2014, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1°, del Decreto Ejecutivo Nº 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, del 21 de mayo de 2007, que, a su vez, reforma el artículo 70, del Decreto Ejecutivo Nº 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, del 16 de octubre de 2003, por estimarlo contrario a los artículos 7, 21 y 50, de la Constitución Política; al principio 7, de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y a los principios de no regresión en materia ambiental, al precautorio y al de desarrollo sostenible. Alega, que con la norma impugnada, se pretende reducir la distancia para las aplicaciones aéreas de plaguicidas, respecto a centros de población y granjas, pasando de cien a treinta, si se dispone de una zona de amortiguamiento y se cumple una serie de requisitos que se señalan en ese Decreto. Menciona, que con ese Decreto, se pretende implementar esa medida, aduciendo que, con los estudios realizados y la adición al artículo 70, del Decreto Ejecutivo impugnado, así como los requisitos ahí enumerados, se viene a solventar la situación que la Sala Constitucional, mediante Voto N° 2006-16276, había reconocido como riesgo para la salud de los habitantes de las zonas afectadas por las aplicaciones aéreas de plaguicidas, dirigidas, sobre todo, a plantaciones bananeras, y como perjudicial para el ambiente, en especial para el recurso hídrico, en razón de lo cual derogó la segunda parte del Artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, en cuanto establecía la posibilidad de disminuir el área de aplicación de cien metros a tan solo treinta metros, si existía la zona de amortiguamiento. Sostiene que, por el contrario, la situación de riesgo para la salud de los habitantes de la zona de Matina, especialmente, la contaminación del aire y del recurso hídrico, se mantiene a la fecha, en abierta violación a los artículos 21 y 50, de la Constitución Política. Aduce, que las zonas de amortiguamiento a las que se hace referencia, no existen en la mayoría de los casos de las fincas bananeras, como tampoco existen las distancias que por ley deben mediar entre las nacientes de agua, quebradas o riachuelos, y el área ocupada para las plantaciones agrícolas. Desde esa perspectiva, no puede un decreto agregar una serie de requisitos que deben cumplir las empresas fumigadoras en forma explícita y considerar que con ello se solventa el problema, cuando en la realidad las condiciones no han variado y el riesgo para la salud de los habitantes y el daño al ambiente se mantiene igual. Refiere, que el Decreto Ejecutivo N° 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, incurre en una abierta y flagrante violación al artículo 7, Constitucional, al violentar el principio de no regresión ambiental, el cual enuncia que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si eso implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad, pues tiene la finalidad de evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya que, en muchas ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a tener como consecuencia daños ambientales irreversibles o de difícil reparación. En consecuencia, la principal obligación que implica su correcta aplicación es la de no retroceder, la de no afectar los umbrales y estándares de protección ambiental ya adquiridos, la de no derogar o modificar normativa vigente en la medida que esto signifique disminuir, menoscabar, o de cualquier forma, afectar negativamente el nivel actual de protección. Alega, que el Decreto Ejecutivo impugnado violenta el principio de no regresión al retrotraer, en forma negativa, la protección a un derecho fundamental como lo es la salud, protegido en el artículo 21, Constitucional. Lo anterior, debido a que el cambio de distancia de cien a treinta metros, sin que se hayan ejecutado las condiciones que la Sala ordenó en el Voto N° 2006-016276, resultan violatorios de dichos derechos, así como de una serie de tratados y convenios internacionales que el país ha suscrito y aceptado como parte de la legislación. Aduce, que la jurisprudencia constitucional no solo ha reconocido la función de integración, delimitación e interpretación del bloque de legalidad ambiental por parte de los principios rectores del derecho ambiental derivados tanto de la Constitución Política, como del Derecho Internacional Ambiental, sino que, además, les ha otorgado rango de principios constitucionales, elevándolos por encima de todo el ordenamiento jurídico e, incluso, utilizándolos como parámetros para el control de constitucionalidad. Uno de esos principios, es el de no regresión, que aboga porque la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad, ya que las regresiones pueden llegar a tener como consecuencias daños ambientales irreversibles o de difícil reparación, o bien, daños a la salud de los habitantes de las comunidades en donde se está provocando el daño ambiental, como es el caso de la comunidad de Matina y zonas aledañas, donde la contaminación del agua, del aire y de los alimentos, provoca efectos nocivos y mortales a los habitantes de esas zonas, que durante décadas han sufrido la contaminación por agroquímicos producto de las fumigaciones aéreas que en forma indiscriminada se producen cerca de sus hogares, escuelas, centros de salud y otros. Incluso, en una publicación del periódico La Nación, se informó que un estudio del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, detectó la presencia de químicos que se esparcen en fumigaciones aéreas, en la orina de mujeres embarazadas que viven en las zonas bananeras. La disminución en la distancia que debe respetarse para las fumigación de cien a treinta metros, sin protección alguna para las comunidades, significa una violación al derecho a la salud que tienen los habitantes de las comunidades afectadas por la fumigación aérea, en contra del principio de no regresión en materia de protección ambiental y, en consecuencia, en flagrante violación del artículo 7, de la Constitución Política, en cuanto a la supremacía de los tratados y convenios de carácter ambiental y sobre derechos humanos incorporados a la legislación costarricense. Asimismo, alega que la idea de desarrollo sostenible va sumamente ligada al principio de no regresión en materia ambiental. Arguye, que numerosos tratados y convenios suscritos por nuestro país, han definido el desarrollo sostenible como aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin menoscabar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades; y, derivado de ese precepto, nace el de equidad inter-generacional recogido en el principio 7, de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Alega, que al modificarse o derogarse una norma que protege el medio ambiente para reducir su grado de protección, se le está imponiendo a las generaciones futuras un medio ambiente más degradado a través de una norma jurídica con contenido regresivo, lo que resulta contrario al principio de equidad inter-generacional. Asimismo, sostiene que los principios de prevención y precaución, también contenidos en la Declaración de Río, contemplan el principio de no regresión en la medida que buscan adelantarse al daño ambiental y, así, evitar situaciones irreversibles, incluso, en aquellos supuestos donde no existe aún plena certeza científica. Solicita se declare con lugar la acción en todos sus extremos y se anule, por inconstitucional, el artículo 1°, del Decreto Ejecutivo Nº 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, del 21 de mayo de 2007, que reforma el artículo 70, del Decreto Ejecutivo Nº 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, del 16 de octubre de 2003.\n         2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que acude en defensa de intereses difusos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2°, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por tratarse de la protección ambiental y de la salud pública.\n         3.- Por resolución de las 9:43 horas del 2 de octubre de 2014, la Presidencia de la Sala dio curso a la acción y confirió audiencia a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de Gobernación y Policía y Seguridad Pública y al Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional.\n         4.- En escrito presentado a las 10:37 horas del 22 de octubre de 2014, María Elena López Núñez, en su condición de Ministra de Salud, rindió el informe solicitado, en el que manifestó, que de conformidad con el informe N° DRPIS-UNC-ESJ-2287-10-2014, de fecha 14 de octubre de 2014, elaborado por la Licenciada Elizabeth Solórzano Jiménez, funcionaria de la Unidad de Normalización y Control-DRPIS, y el Ingeniero Ricardo Morales Vargas, funcionario de la UNSSAH-Dirección Protección al Ambiente Humano, queda claro que los problemas ambientales y de salud que acusa el recurrente no solo no se producen, sino que lo que él plantea es un asunto de legalidad, ya lo que se reclama es el supuesto incumplimiento de la normativa establecida en el Decreto Ejecutivo en cuestión, aspecto que es ajeno al control de constitucionalidad que ejerce la Sala. Agrega, que el Ministerio de Salud es el ente rector en materia sanitaria y tiene la obligación de garantizar la mejor calidad en la salud de toda la población, de manera tal que, si el Decreto Ejecutivo impugnado contuviera yerros en perjuicio de la salud de la población, ese Ministerio no habría sido parte de él. Sostiene, que el Decreto Ejecutivo N° 34202-S-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP, mantiene una distancia de cien metros de no aplicación aérea, si no se cuenta con zona de amortiguamiento (similar al artículo 75, del Decreto Ejecutivo N° 15846-MOPT-MAG, del 6 de noviembre de 1984) y hace la excepción de una distancia de treinta metros de no aplicación aérea, siempre y cuando se cuente, con base en estudios técnicos, con zonas debidamente reforestadas y funcionales, y se cumpla con la altura de vuelo establecida, el tamaño de gota, longitud de los aspersores de la aeronave, GPS, cierre automático de aspersores, condiciones meteorológicas al momento de la aplicación (velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad relativa), entre otros. Esto quiere decir, que existe evidencia científica de que la distancia de treinta metros, como zona de no aplicación, tiene una justificación técnica y que, además, el articulo 70, cuestionado, adiciona una zona buffer funcional; ambos elementos, actuando en conjunto, son suficientes para que la deriva no se produzca. Por lo que no existe una regresividad en esta materia, pues la reducción de la distancia no puede realizarse por parte de los productores sin cumplir con las regulaciones antes señaladas (zona de no aplicación, más barrera área vegetativa de cobertura). Solicita se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad planteada, por no contener, el Decreto Ejecutivo atacado, los vicios de inconstitucionalidad que se acusan, ni existir desprotección alguna de derechos constitucionalmente tutelados, ya que, por el contrario, queda demostrado, científica y técnicamente que, la reducción de las áreas o zonas de retiro, no implica un mayor riesgo para la salud o el ambiente.\n         5.- La Procuraduría General de la República rindió su informe en escrito presentado a las 11:44 horas del 24 de octubre de 2014, en el que señaló que el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se reconoce de manera expresa y claramente individualizado (Voto N° 1394- 1994) mediante la reforma introducida al artículo 50, Constitucional, por la Ley N° 7412 de 3 de junio de 1994. Ese derecho se relaciona con el numerales 21: “La vida humana es inviolable”, derivando de allí el derecho a la salud, para la cual es un presupuesto necesario la protección del ambiente: “la Salud de las personas depende en gran medida a las condiciones ambientales que lo rodean” (Voto N° 180-1998); y, con el artículo 69, del cual se deriva el principio de explotación racional de la tierra, imponiendo, tanto a los particulares como al Estado, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables (Votos N° 2233-1993, 4818-2003 y 6322-2003). Este derecho se consagra también en el numeral 11, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), suscrito en 1988 y aprobado mediante Ley N° 7907 de 3 de setiembre de 1999. Manifiesta, que el vínculo entre la protección del ambiente y el derecho a la salud (también consagrado en el artículo 46, Constitucional, y el numeral 10, del Protocolo de San Salvador) y la calidad de vida -la calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida (Votos N° 3705-1993, 2219-1999, 6716- 2002, 4818-2003,6322-2003 y 16276-2006), es particularmente estrecho tratándose de este tema, según lo ha establecido la Sala en los Votos N° 3705-1993 y 3341-1996. Ambos derechos se manifiestan en una doble vertiente: de derecho subjetivo de las personas y configuración como meta o fin de la acción del Estado (Votos N° 644-1999, 9193-2000 y 6322-2003), que tiene la obligación de garantizarlos, defenderlos y tutelarlos. Se demanda del Estado un papel garante del adecuado uso de los plaguicidas y la evitación de sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente. Así, en el Voto N° 13968-2004, por medio del cual ser rechazó el recurso de amparo interpuesto contra el informe N° FOE-AM-19/2004, efectuado por el Área de Servicios Agropecuarios y de Medio Ambiente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República (sobre la evaluación de la gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas agrícolas), la Sala Constitucional califica al empleo de sustancias químicas en las actividades agrícolas como “uno de los problemas ambientales más apremiantes que debe resolver el país” y destaca la “ necesidad de que el Estado intervenga ejerciendo una función reguladora sobre el uso de agroquímicos, que garantice... la protección de la salud de la ciudadanía en general y el derecho de ésta a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Asimismo, al evacuar la consulta legislativa de constitucionalidad del proyecto de “Aprobación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes” presentes en algunos plaguicidas, la Sala, en Sentencia N° 9565-2006, enfatizó el deber de Estado costarricense “de actuar en forma eficaz y anticipada para evitar la ocurrencia de eventos que degraden el medio ambiente y comprometan su sostenibilidad”. Criterio que reiteró la Sala al evacuar la consulta legislativa de constitucionalidad el proyecto de “Aprobación del Convenio de Rotterdam para la aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto del Comercio Internacional” (Sentencia N° 018207-2008), así como al acoger los reparos de inconstitucionalidad contra el Reglamento sobre registro, uso y control de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes y sustancias afines de uso agrícola (Sentencia N° 16937-2011). En el Voto N° 12394-2012, la Sala indicó que la materia ambiental y la preservación del derecho a la salud y a la vida son de interés público y el Estado tiene la responsabilidad ineludible de actuar en protección de esos derechos, por lo que le asiste la potestad de producir reglamentos con el fin de anticiparse a los posibles efectos negativos e impactos que las diferentes actividades que desarrollan las personas puedan ocasionar. En este sentido, el Estado puede exigir el cumplimiento de nuevos requisitos o condiciones que aseguren la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con prevalencia del interés público en materia ambiental y de protección al derecho a la salud y a la vida sobre el interés particular de un individuo a desarrollar una determinada actividad. Manifiesta, que la jurisprudencia constitucional se ha referido a la responsabilidad del Estado de prevenir la contaminación por plaguicidas y de velar para que la salud de las personas no sufra daños por parte de terceros, en la actividad de aplicación aérea de esas sustancias (Votos N° 4463-1999, N° 17992-2006, N° 12094-2009, N° 12692-2009 y N° 2720-2014, entre otros). El principio de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, se reconoce, a su vez, como principio constitucional que condiciona la actuación del Estado en la protección del ambiente (Voto N° 6322-2003), el cual se relaciona con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad (Voto N° 2410-2007). Lo anterior, guarda estrecha relación con el principio de interdicción de la arbitrariedad, en los términos en que lo definió la Sala en Voto N° 11155-2007. Por su parte, en Voto N° 13367-2012, el Tribunal Constitucional desarrolló el principio de progresividad y no regresión de la protección ambiental. De igual modo, dado que los daños al entorno suelen tener secuelas graves, acumulativas y, generalmente, irreversibles, adquiere trascendental relevancia su evitación, teniendo el Derecho Ambiental un énfasis preventivo, el cual se materializa en uno de sus principios básicos: el precautorio, mediante el cual se establece una especie de presunción en favor del ambiente, de modo que, cuando no exista certeza científica sobre los efectos negativos que una actuación pueda generar, se prohíba su realización, se le impongan limitaciones o se adopten medidas protectoras, principio enunciado en el artículo 11, de la Ley de Biodiversidad. Este principio introduce una inversión en el proceso de la carga de la prueba, que se consagra en el artículo 109, de la citada ley, de conformidad con lo cual la carga de la prueba de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponde a quien solicite una aprobación o permiso. En el ámbito de los instrumentos internacionales, la idea de precaución se contempló en el Principio 11, de la Carta Mundial de la Naturaleza. Por su parte, la Sala, en su jurisprudencia, ha reconocido este principio, al que le ha otorgado rango constitucional (entre otros, Votos N° 5893-1995, 2219-1999, 5048-2001 y 2515-2002). El principio precautorio o principio de la evitación prudente, se relaciona estrechamente con el de prevención, el cual también está contenido en el artículo 11, de la Ley de Biodiversidad. La Sala, en los últimos votos citados, así como en el Voto N° 13367-2012, puso de manifiesto el vínculo existente entre estos dos principios. La importancia de estos principios, en relación con los plaguicidas que se esparcen o diseminan al ambiente producto de la aplicación aérea (durante o después de la misma), se evidencia en el estudio \"Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentiourea en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”, realizado en el cantón de Matina, Limón, por investigadores del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), coordinado por Berna van Wendel de Joode, en colaboración con investigadores de la Universidad de Lund y el Instituto Karolinska (Suecia), de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá) y la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos), publicado el 8 de setiembre de 2014 en la revista “Environmental Health Perspectives”. Se trata de un estudio que realizó mediciones para detectar residuos de plaguicidas en la orina de mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones agrícolas con fumigación aérea, encontrando residuos de Mancozeb, el cual puede alterar la función tiroidea, esencial para el desarrollo fetal del cerebro. Sus hallazgos indican que la normativa vigente en materia de actividades de fumigación aérea de plaguicidas no protege a las mujeres embarazadas y los fetos de la exposición a ETU (residuo del Mancozeb). Señalan la sustitución de la aplicación aérea por técnicas de aplicación menos dispersivas y la implementación de medidas técnicas adicionales para reducir la deriva fuera del objetivo, como útiles para disminuir la exposición ambiental y ocupacional a esa sustancia. Para reducir la contaminación a los hogares, recomiendan, como mínimo, aumentar la distancia entre las plantaciones bananeras y las áreas residenciales y el establecimiento de barreras naturales. Señala que, el Decreto N° 34202, según el considerando 8°, se basa en el documento “Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de plaguicidas en fincas con zonas de amortiguamiento”, publicado por CORBANA S.A. en el 2007 y efectuado por Roberto Valenciano Mora de Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A., Sergio Laprade Coto de CORBANA S.A., Álvaro Fournier Leiva de CARIBANA S.A. y Eduardo Trejos Obando de Standard Fruit Co. Según su texto, el objetivo de ese documento es “detallar los principales aspectos técnicos que se deben considerar en la aplicación aérea de plaguicidas, a fin de minimizar la deriva en fincas bananeras que poseen zonas de amortiguamiento de al menos 30 metros de ancho”. En criterio de la Procuraduría, la primera interrogante que surge sobre el fundamento técnico del decreto es si pueden extrapolarse los resultados de este documento, hecho por miembros de la industria bananera, a otros tipos de cultivo, como lo hace el decreto. Así, por ejemplo, respecto a la altura de vuelo, el documento indica: “Para el caso del cultivo de banano, se recomienda una altura no mayor a 5 metros sobre el nivel de la plantación”, que es la misma altura adoptada por el decreto. Asimismo, sobre el tamaño de las gotas de la mezcla, el documento menciona: “Por otra parte, gotas de tamaño muy grande no logran un [sic] adecuada cobertura del plaguicida sobre el follaje, por lo que el combate de la Sigatoka negra [señalada allí mismo como el principal problema fitosanitario en las plantaciones bananeras] se dificulta. Estudios realizados por la Industria Bananera en Costa Rica, (Washington, et al, 2001) concuerdan con lo señalado por la literatura mundial, y se recomienda trabajar con un tamaño de gota entre 200 y 300 µm” (p.5). Este es el mismo tamaño de gotas requerido por el decreto. Con respecto a las zonas de amortiguamiento, el documento especifica: “Estudios realizados en Costa Rica indican que bajo las condiciones en que se aplican los plaguicidas en banano, la deriva no es mayor a los 26 metros... Se recomienda que las zonas de amortiguamiento sean reforestadas preferiblemente con especies nativas, y tengan un ancho mínimo de 30 metros.” (p.8), anchura exigida por el decreto. De igual modo, el decreto copia textualmente la recomendación del documento en el sentido de que la velocidad del viento no sea mayor a 15 km/h “cuando se asperjen las zonas de cultivo aledañas a las áreas de amortiguamiento”, lo que, en criterio de la Procuraduría, genera inseguridad debido a la imprecisión de la palabra “aledañas”, por ejemplo, ¿cuánto miden las zonas aledañas?, y, además, entra en contradicción con el artículo 63, del Reglamento que se reforma, el cual dispone que el límite máximo de la velocidad del viento debe ser de 15 km/h para aspersiones (sobre toda el área cultivada). La segunda interrogante que plantea la Procuraduría sobre el fundamento técnico del Decreto, es en relación con las partes de la norma que difieren del documento base. Por ejemplo, mientras el documento señala que la humedad relativa debe ser superior al 60%, el Decreto dispone que debe ser superior al 70%, y mientras el documento indica que “si la aplicación se realiza perpendicularmente a la zona de amortiguamiento, adicionalmente se debe dejar una franja de cuarenta metros dentro del cultivo, en la que no se deberá asperjar plaguicidas para reducir el efecto del arrastre”, el decreto dispone que esa distancia deberá dejarse cuando la aplicación se realice con avión, lo que deja la duda de si, a contrario sensu, con helicóptero no habría que dejar esa franja, y que “[l]a franja de no aplicación de productos podrá omitirse en caso de vías o caminos internos de uso exclusivo para el cultivo y mientras no existan viviendas”, con lo cual se reduce la franja de 40 metros que recomienda el estudio, a distancias incluso de 6 metros que pueden medir los caminos internos. Además, se podrían generar dudas sobre la objetividad científica de un documento patrocinado y realizado por miembros de la industria bananera, quienes podrían verse influidos por el interés particular del sector; también surgen interrogantes sobre la debida fundamentación técnica del decreto al extrapolar los resultados de este documento a otros tipos de cultivo; y, finalmente, están los cuestionamientos respecto de las partes del decreto que innovan en relación con el estudio que le sirve de base. Todo lo cual hace incierta la razonabilidad de la norma en lo que respecta a su idoneidad para alcanzar los fines de protección al medio ambiente y a la salud humana que se propone, en los términos en los que lo ha establecido la Sala en Sentencias N° 6322-2003, N° 3933-1998, N° 11013-2000, N° 3445-2000, N° 8744-2000, N° 6678-2001, N° 12953-2001 y N° 2569-2012, entre otras, toda vez que, el objetivo del artículo 70, del Reglamento para las actividades de la aviación agrícola es “que no se contaminen personas, animales, casas, poblados, carreteras, pastizales, fuentes de agua, abrevaderos y los cultivos o fincas... por efectos de la deriva o el arrastre de plaguicidas”. Aduce, que en Voto N° 16276-2006, se declaró inconstitucional la reducción de la franja de no aplicación aérea por estimarse que violaba una serie de parámetros y principios constitucionales en materia de protección al medio ambiente y a la salud de las personas. Señala la Procuraduría que existe duda sobre si las condiciones meteorológicas durante el tiempo de aplicación requeridas por el decreto, pueden ser controladas por la autoridad pública en el ejercicio del poder de policía, en los términos del Voto N° 16276-2006, o, incluso, por los pilotos responsables de la aplicación de los plaguicidas. Hace notar que no se trata de medir las condiciones imperantes en el aeródromo agrícola o pista o campo de aterrizaje, que pueden estar a varios kilómetros del cultivo a fumigar, sino que se trata de medir las condiciones imperantes en las zonas aledañas a las áreas de amortiguamiento. En este sentido, señala que, por ejemplo, en internet se encuentran publicaciones de un Sistema Mesoamericano de Monitoreo Agroclimático (MAWMS) del WWF (World Wild Life o Fondo Mundial para la Naturaleza) con estaciones meteorológicas en campos agrícolas hondureños y beliceños que permiten el uso de los datos meteorológicos en tiempo real como un instrumento para elegir el momento adecuado de la aplicación de plaguicidas según el estado del tiempo y los microclimas; y sobre una red de estaciones meteorológicas instaladas en veintinueve provincias argentinas productoras de arroz, sin que en Costa Rica se pueda encontrar algo similar. Para responder a esta interrogante, la Procuraduría, en su condición de Órgano Asesor de esta Sala, considera oportuno que este Tribunal Constitucional solicite el criterio del Consejo Técnico de Aviación Civil sobre el uso generalizado de los instrumentos y estaciones de medición de las condiciones meteorológicas que el decreto exige controlar antes y durante el rociado de plaguicidas en las zonas aledañas a las áreas de amortiguamiento. El Decreto N° 34202, además, tiene vacíos que hacen cuestionarse sobre la suficiencia de la norma para evitar la contaminación por causa de la deriva o arrastre de plaguicidas sobre las fuentes y cursos de agua, casas, escuelas, cultivos, etc., ubicados a menos de cien metros de las plantaciones objeto de aplicación aérea de estas sustancias. Uno de ellos es la inversión térmica -que no se menciona-, reconocida como una de las causas de la deriva en aplicación aérea de plaguicidas, que condicionan la posibilidad de realizar esa actividad, al punto que las Guías sobre buenas prácticas para la aplicación aérea de plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2002) disponen que el “rociado no debe llevarse a cabo en donde hay movimiento ascendente del aire o donde la inversión de temperatura impide el asentamiento de la nube en el área tratada”. Apunta, que otro vacío es el referente a las características de la zona de amortiguamiento que garanticen efectivamente su utilidad “como barreras para reducir la deriva de las aplicaciones aéreas”, puesto que, por ejemplo, en el Informe Técnico “ Zonas de amortiguamiento para conservación: lineamientos para diseño de zonas de amortiguamiento, corredores y vías verdes”, de la Estación de Investigación Sur del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el acápite 5.3, Zonas de amortiguamiento y deriva de pesticidas, se recomienda proveer una barrera con densidad de 40 a 50% y de una altura al menos dos veces mayor que el cultivo, usando vegetación con hojas finas, tolerante a la sustancia química a aplicar, dispuesta en varias hileras y en una mezcla de formas de planta para asegurarse que no haya claros. Finalmente, indica que en el Considerando 4°, del Decreto N° 34202, y en el documento “Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de plaguicidas en fincas con zonas de amortiguamiento”, se cita el avance de la ciencia y de la técnica en la navegación aérea y en la aspersión aérea como justificaciones de la norma; sin embargo, la reforma introducida por el Decreto N° 34202 no coincide con normas ambientales más recientes de otros países -con mayor o igual acceso a tecnologías que el nuestro-, tales como Paraguay, Chile y España, ya que en el caso de los dos primeros países, el área de la franja mínima de seguridad para la aplicación aérea de plaguicidas se establece en doscientos metros, en tanto en el último, en cien metros. Considera la Procuraduría, que es a esta Sala a la que corresponde, con base en los elementos y justificación técnica que suministren los ministerios a los cuales se les confirió audiencia, determinar si la norma cuestionada cumple con el principio de razonabilidad en cuanto a su sustento técnico e idoneidad. De no haber certeza científica y técnica de que esta disminución de la franja de no aplicación aérea no implica un mayor riesgo para la salud o para el ambiente, la disposición impugnada sería inconstitucional frente al principio constitucional que establece el deber estatal de su tutela y protección, el principio precautorio, y el principio de no regresión de la protección ambiental. De tal suerte, que corresponde a este Tribunal Constitucional constatar la existencia del fundamento técnico y científico, así como su razonabilidad. Por ello, recomienda a la Sala Constitucional estimar la acción en caso de que constate que el Decreto Ejecutivo N° 34202 no cumple con el principio de razonabilidad en cuanto a su sustento técnico e idoneidad.\n         6.- Edgar E. Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, en escrito presentado a las 7:48 horas del 27 de octubre de 2014, contestó la audiencia conferida y manifestó que el accionante no aclara que, la reducción de la distancia para las aplicaciones aéreas de plaguicidas respecto a centros de población y granjas, de cien a treinta metros, si se dispone de una zona de amortiguamiento y se cumplen una serie de requisitos que se señalan en el artículo l, del Decreto impugnado, es solo en casos de excepción, ya que el mismo artículo 70, del Decreto, en el párrafo primero, señala como regla que se debe dejar “una franja de no aplicación aérea no menor de 100 metros, de tal manera que no se contaminen personas, animales, casas, poblados, carreteras, pastizales, fuentes de agua, abrevaderos y los cultivos o fincas (…) por efectos de la deriva o el arrastre de plaguicidas”. Tampoco se viola el principio de no regresión ambiental, ya que si se revisó y cambió lo consignado en el anterior artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP, por el actual artículo 1, del Decreto Ejecutivo N° 34202-MS-MAG-MOPT-MGSP, fue, precisamente, para cumplir con lo ordenado por la Sala Constitucional, en la Resolución N° 2006-16276, que indicó que no había fundamento ni técnico ni científico que justificara la disminución de la franja. Por lo que, a través del Decreto Ejecutivo N° 34202-MS-MAG-MOPT-MGSP, se está indicando, en su parte considerativa, el fundamento técnico y científico que justifica la disminución del área para la aspersión. Aduce que, por medio del estudio Manejo de la Deriva en las Aplicaciones Áreas de Fungicidas, en fincas que posean zonas de amortiguamiento (Revista de investigaciones CORBANA, San José, 2007, Separata Número 1), realizado por Roberto Valenciano Mora, Sergio Laprade Coto, Álvaro Fournier Leiva y Eduardo Trejos Obando, se evidenció que, la disminución del área de amortiguamiento hasta un máximo de treinta metros, se encuentra justificada en que los avances tecnológicos han minimizado los impactos de la aspersión área, al punto de no menoscabar el derecho a la vida, la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y que los aspectos más relevantes relacionados con una aplicación área segura consistían en la precisión de la aplicación y el manejo de esta. Por ello, en el artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG- MINAE-MOPT-MGSP, reformado por el artículo 1, del Decreto Ejecutivo N° 34202- MS-MAG-MOPT-MGSP, se indica de manera expresa cuáles son aquellas condiciones necesarias para que se deje una distancia de treinta metros de área de no aspersión, respecto a centros de población o granjas. Esos requisitos condicionan el ejercicio de la actividad, en aras de proteger la salud humana y el ambiente. Arguye, que toda aplicación aérea de un plaguicida debe ir acompañada de una receta profesional, extendida por un miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos, inscrito y autorizado para tal fin, por cuadruplicado, en la que se consigna el producto(s), dosis y método de aplicación y, por medio del cual, ese profesional se responsabiliza por la recomendación de la aplicación del plaguicida en el área específica establecida al efecto, y, adicionalmente, dichos productos deben estar registrados en el Servicio Fitosanitario del Estado. Asimismo, el artículo 66, prohíbe el uso de banderilleros (personas); en su lugar, se indica que estos son sustituidos por marcas o señales temporales, o por el sistema de señalamiento electrónico. Además, el artículo 68, del mismo cuerpo normativo, prohíbe la aspersión y polvoreo de plaguicidas en zonas acuíferas. Por lo anterior, no existen razones legales ni técnicas suficientes para declarar inconstitucional el artículo 1, del Decreto Ejecutivo N° 34202- MS-MAG-MOPT-MGSP, que reforma el artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP, toda vez que aquel no contraviene lo dispuesto en los artículos 7, 21 y 50, de la Constitución Política, el principio 7, de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el Principio de no Regresión en materia ambiental, el principio precautorio y de desarrollo sostenible, más si se analizan las condiciones específicas del artículo 70 y del resto de regulaciones consignadas en el Decreto Ejecutivo N° 31520- MS-MAG-MINAE-MOPT- MGPSP. Indica lo que sí es necesario es revisar la efectiva ejecución de las disposiciones, que a nivel de fiscalización se le asignan a las instituciones indicadas en el Reglamento, así como la individualización de tareas y responsabilidades, en aras de cumplir con todas y cada una de ellas, y que no existan vacíos o dudas a la hora de identificar cuál o cuáles instituciones resultan responsables o si existe traslape de competencias. Solicita se declare sin lugar la acción.\n         7.- Mauricio González Quesada, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, en escrito presentado a las 10:33 horas del 27 de octubre de 2014, contestó la audiencia conferida e indicó que el accionante impugna, únicamente, el artículo 1°, del Decreto Ejecutivo N° 34202-IWAG-S-MINAE- MOPT-G- MSP del 21 de mayo del 2007, publicado en La Gaceta N° 8 del 11 de enero del 2008, mediante el cual se reformó el artículo 70,del Decreto Ejecutivo N° 31520- MP-MAG-MOPT-MGSP y, específicamente, la impugnación se limita al párrafo primero, de ese artículo 1°, en cuanto permite la reducción de la zona de amortiguamiento de cien a treinta metros. De la lectura de dicho artículo, se aprecia que se trata de una norma básicamente técnica y que si bien reduce la distancia establecida en el Decreto original, ahora de cien a treinta metros, su emisión tuvo un amplio asidero técnico, con fijación de las condiciones objetivas dentro de las cuales podía aplicarse dicha reducción, destacándose como aspecto privilegiado la preocupación por la tutela al ambiente, en consonancia con lo estipulado por el artículo 50, de nuestra Constitución Política y los tratados internacionales suscritos al efecto. Lo anterior se hace patente con la lectura de los considerandos que motivan la emisión de ese Decreto Ejecutivo y que el accionante omite transcribir en su escrito. De modo tal que la reforma introducida por el artículo 1°, del Decreto Ejecutivo N° 34202-MAG-MS-MINAER-MOPT-G-MSP, lejos de ser un acto normativo arbitrario o carente de motivación contiene, por el contrario, una efectiva tutela al medio ambiente y a la salud. Señala que el accionante afirma, sin fundamento en estudio técnico alguno, que las condiciones no han variado y que el riesgo para la salud de los habitantes y el daño al ambiente se sigue manteniendo igual, contrario a lo que señalan, con pleno asidero, los considerandos del Decreto Ejecutivo en cuestión. De igual modo, considera que el petente invoca el principio de no regresión ambiental para inferir, también sin apoyo en estudio técnico alguno, que con la reforma introducida mediante dicho Decreto, en su artículo 1°, se marca un retroceso en materia de protección al ambiente, debido al cambio en la distancia de cien a treinta metros. Al respecto, indica que está fuera de discusión lo concerniente al tema de la protección al ambiente y la salud, así como la necesidad de asumir las mejores medidas para que, efectivamente, se tutelen estos bienes jurídicos esenciales, por cuanto ese Despacho comparte, plenamente, los criterios jurídico-constitucionales en materia de tutela a los bienes jurídicos esenciales, tales como la vida, la seguridad, la salud, el ambiente sano, etc., así como la aplicación de los principios jurídicos correspondientes. Aduce, que en la especie se trata, fundamentalmente, de un alegato que concierne esencialmente tanto a la materia ambiental así como a la de salud, con motivo de la promulgación de una reforma a un Decreto Ejecutivo. De ahí, que resulten esenciales, a los efectos del análisis de fondo, los informes que particularmente rindan, para el caso concreto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente. En lo conducente a ese Despacho, manifiesta que, en su oportunidad, suscribió el proyecto de reforma en referencia que dio lugar al artículo 1°, ahora cuestionado, ya que así le correspondía suscribirlo desde el punto de vista de la competencia por ley otorgada en el ámbito de las actividades de aviación, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley General de Aviación Civil, pero sobre la base de los criterios técnicos establecidos al efecto en la reforma implementada, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Salud, y que se reflejan en los considerandos del mencionado Decreto. Argumenta que los alegatos del accionante carecen de sustento en un estudio técnico que demuestre que, por ejemplo, del año 2007 (cuando se promulgó la norma cuya constitucionalidad ahora reclama), a la fecha en que se interpone la acción -siete años después-, se ha venido generando una desmejora real (y no hipotética) al ambiente y a las comunidades con motivo de la susodicha fumigación, de la misma forma que tampoco el recurrente refuta ni demuestra, con la documentación idónea (estudios, etc.), que haya inexactitud en las justificaciones técnicas que motivaron la reforma en cuestión y que se enuncian en la parte considerativa del respectivo Decreto; más aún, omite referirse a estas. Por lo anterior, considera que, en este caso, los alegatos del accionante carecen de todo sustento técnico, por lo que constituyen meras opiniones o presunciones, fundamentadas en criterios y principios jurídicos constitucionales en materia de protección al ambiente y la salud -que no están en discusión-, pero que su incumplimiento no puede deducirse por la simple afirmación de la existencia de tales normas y principios rectores o de su supuesta violación, sino que resulta fundamental la demostración concreta y específica de su infracción real o inminente, lo cual no ocurre en la especie. Solicita se declare sin lugar en todos sus extremos la acción planteada contra del artículo 1°, del Decreto Ejecutivo N° 34202-MAG-MS-MINAER-MOPT-G-MSP, por carecer esta acción de inconstitucionalidad de fundamentación técnica alguna que demuestre la violación real y efectiva a normas y principios con rango constitucional, a pesar de haber transcurrido muchos años desde la promulgación de dicha normativa, tiempo suficiente para detectar y demostrar cualquier situación real y no hipotética que afecte bienes jurídicos esenciales como la salud y la tutela al ambiente sano.\n         8.- En escrito presentado ante la Sala a las 15:03 horas del 27 de octubre de 2014, Celso Gamboa Sánchez, en su condición de Ministro de Seguridad Pública, contestó la audiencia conferida e indicó que la inconformidad del accionante radica en la pretensión de reducir las distancias para las aplicaciones aéreas de plaguicidas, respecto a centros de población y granjas, pasando de cien a tan solo treinta metros, si se dispone de una zona de amortiguamiento y se cumple una serie de requisitos que se señalan en ese Decreto, solventando de esta forma, lo que ya la Sala Constitucional había señalado y reconocido como un riesgo para la salud en el Voto N° 2006-16276, para los habitantes de las zonas afectadas por las aplicaciones con plaguicidas en las plantaciones bananeras, además de perjudicar el ambiente, en especial el recurso hídrico, al no respetar las distancias que por ley deben mediar en las nacientes, quebradas o riachuelos y el área ocupada por las plantaciones agrícolas. Según el accionante, no puede un Decreto agregar requisitos en forma explícita y considerar que con eso se soluciona el problema, cuando las condiciones no han variado y el riesgo para la salud de los habitantes y el daño ambiental se mantiene igual, violentando el artículo 7, de la Constitución Política. Argumenta el Ministro de Seguridad Pública, que la legislación cuestionada se sustenta en el estudio técnico señalado en los considerandos contenidos en el Decreto Ejecutivo N° 34202-MAG-S-MINAE-MOPT-G-MSP, solventando lo que, en su momento, refirió la Sala Constitucional en el Voto N° 2006-16276 del 08 de noviembre del 2006, en cuanto a la falta de fundamentos técnicos y científicos para la reducción de las áreas de fumigación para la aspersión de cien a treinta metros, en aquellas plantaciones que exista una zona de amortiguamiento que asegure que la deriva -aspersión a la hora de fumigar- no se extienda más allá de esa distancia, con aplicación de las condiciones detalladas en el numeral 1°, del Decreto que reforma el artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP. Considera esa representación, que los criterios utilizados escapan a la verificación real por parte de esa Cartera, al no contar con el recurso profesional y material que las corrobore, máxime que la competencia asignada al Ministerio que representa, se avoca, conforme lo estable el artículo 98, del Decreto Ejecutivo N° 31520, a dar la colaboración a los funcionarios de los Ministerios que les corresponde cumplir las disposiciones fijadas en la normativa que nos ocupa; bajo esa óptica, cuando alguna autoridad requiere de los servicios del Ministerio de Seguridad Pública para el cumplimento de las disposiciones cuestionadas de inconstitucionalidad, se parte del hecho de que esa actuación se encuentra conforme al bloque de juridicidad y no quebranta los principios defendidos por el accionante. Con respecto al antecedente jurisprudencial aportado por el accionante, Voto N° 2010-18202, sobre los principios de prevención y precaución contenidos en la Declaración de Río, complementarios al principio de no regresión en la medida que buscan adelantarse al daño ambiental y evitar situaciones irreversibles, estima que, al realizar un estudio exegético del contenido del voto en mención, se puede concluir que, en la medida en que exista certeza científica de que el cambio -en este caso, las distancias de fumigación y demás características que contiene el artículo 1°, del Decreto Ejecutivo N° 34202-MAG-S-MINAE- MOPT-G-MSP- no causan o causarían un daño al medio ambiente, amparados en el estudio técnico referido, ni tampoco genera duda razonable o incerteza, no tendría sentido dudar de su aplicabilidad con fundamento en la doctrina que conforman los principios de legalidad, racionalidad y razonabilidad; situación diferente se presentaría en caso de que la Sala Constitucional encuentre problemas de constitucionalidad en la normativa cuestionada, ante lo cual, esa Cartera, de inmediato, acogería lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, estima que hasta tanto no se materialice la situación descrita, prevalece el criterio técnico ya citado que sustenta la normativa cuestionada, cuadro fáctico que no resulta lesivo de los principios precautorio y de progresividad del ámbito de tutela de los derechos fundamentales atacados de inconstitucionalidad por parte del accionante. Manifiesta, que de conformidad con la prueba solicitada al Ministerio de Agricultura y Ganadería, existe criterio técnico que con rigor científico sustenta lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo cuestionado, de conformidad con el cual se descarta el daño a las personas y al medio ambiente donde se ubican las plantaciones que utilizan fumigación aérea, de tal forma que se aplique la tecnología que permita un desarrollo sostenible; consecuentemente, esa representación considera que la legislación en cuestión, no reviste, ni en la forma ni en el fondo, una amenaza, violación, o restricción de los derechos fundamentales que demanda el accionante. Solicita se declare sin lugar la acción.\n9.- En escrito presentado a las 15:30 horas del 27 de octubre de 2014, Luis Felipe Arauz Cavallini, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, contestó la audiencia conferida e indicó que, de conformidad con los considerandos 7 y 8, del Decreto Ejecutivo impugnado, queda claro que el Poder Ejecutivo realizó, previo a la promulgación de la nueva regulación, un conjunto de estudios científicos y técnicos conducentes a fundamentar el estado actual de la ciencia y la técnica aérea de aspersión, que demuestran que la reducción de la distancia entre el cultivo y los lugares poblados, de cien a treinta metros cuando hayan zonas de amortiguamiento, no va a afectar el medio ambiente, ni la salud, ni la vida de las personas, e, igualmente, procedió a fijar requisitos para la ejecución de actividades de aspersión aérea para el correcto control y fiscalización. Aduce que el estudio elaborado por Roberto Valenciano Mora, Sergio Laprade Coto, Álvaro Fournier Leiva y Eduardo Trejos Obando “Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de fungicidas en fincas que poseen zonas de amortiguamiento” (Revista Investigaciones CORBANA, San José, 2007, Separata N° 1), evidencia que la disminución del área de amortiguamiento hasta 30 metros, se encuentra justificada en razón de que los avances tecnológicos han minimizado el impacto de la aspersión aérea, al punto de no menoscabar el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Señala, que los aspectos más relevantes relacionados con una aplicación aérea segura consisten en la precisión de la aplicación y en el manejo de la deriva. El término deriva se define como el movimiento, fuera del área de cultivo, de partículas líquidas en el aire en la forma de gotas o vapor al momento de la aplicación. A pesar de que existe vasta información científica y técnica sobre el tema, como la emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Agenda para la Protección del Ambiente (EPA) de California, Estados Unidos, la Asociación Nacional de Aviación Agrícola (NAAA), así como un conglomerado de asociaciones expertas en el tema (Spray Drift Task Force), un grupo de expertos costarricenses realizó estudios con el objetivo de validar la información de esos organismos, el cual profundiza en la realidad costarricense en aspectos como la utilización de productos de toxicidad a lo sumo moderada que garantizan, en gran medida, el respeto a la salud y la vida de las personas, lo que hace a la actividad bananera acreedora de certificaciones de tipo ambiental sin las cuales no podría exportar a los mercados internacionales. Igualmente, destacan que desde el año 2000 se puede asperjar mediante técnicas de carácter satelital y digital, mediante GPS (Global Position System), o bien, el software que se utiliza en aspersión aérea se ha desarrollado y perfeccionado, lo que permite que se abran y se cierren los aspersores en los límites establecidos para la zona de aplicación aéreas, inhabilitando al piloto a asperjar fuera de estos, con un margen promedio de error de 0.9 metros, con lo cual se reduce, significativamente, el riesgo para el ambiente, para la vida y la salud humana y minimiza los costos. Los estudios demostraron la necesidad de actualizar la legislación acorde con los avances tecnológicos, los cuales han venido a proporcionar un sistema de guía de precisión y un mejor manejo de la deriva, en donde interactúan varios factores como las técnicas adecuadas de aplicación, uso adecuado del equipo, condiciones meteorológicas idóneas durante la aplicación, tipo de formulación de producto y el establecimiento de zonas de amortiguamiento. Con ello, se garantizan las medidas necesarias para minimizar el riesgo por error humano. Manifiesta que, para la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, se consideraron los cambios y transformaciones en los procedimientos y las tecnologías empleadas para la aplicación aérea de agroquímicos en plantaciones agrícolas, tales como el uso de sistemas de posicionamiento geográfico, uso de boquillas adecuadas, válvulas de cierre positivo en cada aspersor, con el fin de ajustar la normativa, considerando que las políticas en materia de protección del medio ambiente deben ser tomadas en cuenta a los efectos normativos del caso, lo que se demuestra con los estudios técnicos y científicos respectivos y que garantizan que una zona de amortiguamiento de treinta metros, sembrada de árboles, de mayor altura que el cultivo, es uno de los mejores métodos para minimizar la deriva, ya que actúan como una barrera al traslado de plaguicidas fuera del campo de aplicación. En el estudio se tomó en cuenta el tamaño de la gota para lo cual se consideró una dimensión que no sea inferior a doscientos micras. Con respecto al sistema de posicionamiento satelital en las aplicaciones aéreas, indica que el avance de la tecnología permite que estas sean más precisas y obedecen a un polígono predeterminado que impide la aspersión fuera de las áreas determinadas del cultivo. Aduce que esos informes técnicos dan fe a lo dicho y demuestran que la normativa se emite con fundamento técnico y científico, cumpliendo así con lo establecido con el artículo 16, de la LGAP, y los principios rectores del derecho ambiental, derivados tanto de la Constitución Política como del Derecho Internacional Ambiental. Solicita se declare sin lugar la acción.\n10.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 81, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fueron publicados en los números 206, 207 y 208  del Boletín Judicial, de los días 27, 28 y 29 de octubre de 2014, respectivamente.\n         11.- En escrito presentado a las 11:19 horas de 11 de noviembre de 2014, Jorge Arturo Sauma Aguilar, en su condición de Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima (CORBANA), solicita se le tenga como coadyuvante pasivo en esta acción.\n         12.- Por escrito presentado a las 15:08 horas del 17 de noviembre de 2014, Jorge Arturo Osborne Escalante, en su condición de Presidente y representante judicial de la Asociación Cámara Nacional de Bananeros (CANABA), solicita ser tenido como coadyuvante pasivo en esta acción.\n         13.- Por resolución de la Presidencia de la Sala, de las 14:08 horas del 18 de noviembre de 2014, y como prueba para mejor resolver, se confirió audiencia al Director General de la Dirección General de Aviación Civil y al Presidente del Consejo de Aviación Civil, por el término de quince días, a fin de que indicaran si en cada uno de los aeropuertos o zonas de despegue de las aeronaves para fumigación área, existe un técnico de aviación que verifique las condiciones meteorológicas y de los sistemas a los que hace referencia el artículo 1°, del Decreto Ejecutivo N° 34202 del 21 de mayo del 2007, que reforma el artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG- MOPT-MGSP, “Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola ”, que se impugna en esta acción, específicamente, en cuanto a velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, sistemas de señalamiento satelital, altura y calibración de equipo de aplicación. Asimismo, se les solicitó indicar si todas esas condiciones son verificables.\n         14.- En escrito presentado ante la Sala a las 11:12 horas del 03 de diciembre de 2014, Álvaro Vargas Segura, en su condición de Director General de la Dirección General de Aviación Civil, y Carlos Segnini Villalobos, en su condición de Presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil, informaron que, en las operaciones de aplicación aérea, no se cuenta con un “técnico de aviación como tal que verifique las condiciones meteorológicas del campo o finca a tratar, ya que, en el caso particular, se cuenta con la figura del “Supervisor de Campo” o “Supervisor de Riego”, que es la persona encargada de realizar las observaciones referentes a viento, temperatura, visibilidad, techo de nubes y otras condiciones que puedan afectar la aplicación. Esta persona, generalmente, es un funcionario de la finca o propietario del cultivo a tratar, quien, basado en su experiencia y conocimiento del lugar de la aplicación, emite el respectivo reporte de las condiciones al piloto para que este último inicie el vuelo desde su aeropuerto. Usualmente, esos funcionarios cuentan con un anemómetro portátil con el cual realizan las lecturas sobre los datos específicos de velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad relativa. Aducen que los operadores agrícolas, en sus Manuales de Operaciones, establecen las obligaciones y responsabilidades de dicho personal, tal y como se establece en el artículo 54.2.3, del Reglamento de Actividades Agrícolas. Por otro lado, estas verificaciones también se realizan por medio de la Unidad de Operaciones Aeronáuticas a través de los Inspectores, quienes realizan inspecciones regulares de las operaciones agrícolas, de conformidad con el Plan Anual de Vigilancia. Con respecto a los sistemas de señalamiento satelital, altura y calibración de equipos de aplicación, manifiestan que estos son sistemas automatizados, que se ajustan desde la cabina del piloto, donde el piloto ingresa en el sistema las coordenadas de la finca a tratar y los valores de la aplicación, tales como los galones que se quieren aplicar por hectárea, y el sistema, al ser automatizado, realiza los ajustes necesarios para mantener la aplicación deseada. En cuanto la calibración de los equipos, estos vienen calibrados de fábrica y, a la vez, el operador agrícola cuenta con procedimientos específicos para realizar dichas calibraciones, ya sea por requerimiento del cliente (finca) o por su programa de mantenimiento; estos procedimientos, igualmente, se encuentran establecidos en su Manual de Operaciones.\n         15.- En escrito presentado por el accionante, recibido en esta Sala a las 10:05 horas del 4 de diciembre de 2014, solicita a esta Sala se dé audiencia a la Defensoría de los Habitantes, a fin de que se manifieste en relación con el Decreto Ejecutivo N° 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, que es Reforma al artículo 70, del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG- MOPT-MGSP, “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola ”, del 16 de octubre del 2003, impugnado en esta acción.\n         16.- Por resolución de Presidencia de las 11:19 horas del 4 de diciembre de 2014, se tuvo como coadyuvantes pasivos en esta acción a Jorge Arturo Sauma Aguilar, en su condición de Gerente General de Corporación Bananera Nacional S.A. (CORBANA), y a Jorge Arturo Osborne Escalante, en su condición de Presidente y representante judicial de la Asociación Cámara Nacional de Bananeros (CONABA). Asimismo, se tuvo por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República, a la Ministra de Salud, al Ministro de Agricultura y Ganadería, al Ministro de Obras Públicas y Transportes, al Ministro de Ambiente y Energía y al Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública, en la resolución de las 09:43 horas del 2 de octubre del 2014, y por no contestada la audiencia conferida, en la misma resolución, al Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. También se tuvo por contestada la audiencia conferida al Director General de Aviación Civil y al Presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil, en la resolución de prueba para mejor resolver de las 14:08 horas del 18 de noviembre del 2014. Además, se tuvo por hechas las manifestaciones del accionante en el escrito presentado el 4 de diciembre del 2014, el cual se reservó para ser resuelto en el momento procesal oportuno. Finalmente, se turnó esta acción de inconstitucionalidad al Magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, a quien por turno correspondió su estudio de fondo.\n         17.- Por resolución del Magistrado Instructor, de las 12:27 horas del 23 de agosto de 2017, y por así haberlo dispuesto el Pleno de esta Sala, como prueba para mejor resolver, se solicitó al Procurador General de la República, copia traducida al español del estudio denominado “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentiourea en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”, realizado en el cantón de Matina, Limón, por investigadores del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) y publicado, en versión final, el 1° de diciembre de 2014 en la revista “Environmental Health Perspectives”, al cual hizo referencia esa Procuraduría en el informe que rindió a esta Sala, en su momento, en relación con esta acción de inconstitucionalidad.\n18.- Por escrito presentado a las 14:16 horas del 11 de setiembre de 2017, el Procurador General de la República, en cumplimiento de lo ordenado por esta Sala en resolución de las 12:27 horas del 23 de agosto de 2017, aportó al expediente traducción al español del estudio “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etileno Tiourea (ETU) en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”, realizado en el cantón de Matina, Limón, por investigadores del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), en colaboración con investigadores de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos), de la Universidad de Lund y el Instituto Karolinska (Suecia), y de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá); y publicado el 8 de setiembre de 2014 (Avance de publicación) y el 1° de diciembre del mismo año (Publicación Final) en la revista “Environmental Health Perspectives”.\n19.- Por resolución del Magistrado Instructor, de las 16:05 horas del 25 de setiembre de 2017, se puso en conocimiento de las partes y de los coadyuvantes el estudio denominado “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etileno Tiourea (ETU) en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”, cuya traducción al idioma español fue aportada por la Procuraduría General de la República, para lo que a bien tuvieran manifestar.\n20.- En escrito presentado a las 11:43 horas del 4 de octubre de 2017, Mariano Jiménez Zeledón, apoderado judicial de la empresa Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima, coadyuvante pasiva en esta acción, en atención a la audiencia conferida por resolución del Magistrado Instructor de las 16:05 horas del 25 de setiembre de 2017, sobre el estudio denominado “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etileno Tiourea (ETU) en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”, manifestó que la reforma reglamentaria cuestionada en esta acción, se realizó con base en un estudio científico sobre la deriva y las zonas de amortiguamiento, lo que constituye el fundamento técnico de ese acto administrativo general. Afirma, además, que el estudio sobre el cual se dio audiencia, no puede servir de fundamento para determinar, científicamente, si la distancia y las variables de aplicación del Decreto representan un riesgo para la salud, ya que en nada descalifica la abundante prueba científica que indica que con la nueva regulación del artículo 1, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, se evitaría la caída de partículas fuera del perímetro de la plantación y, con ello, la reducción de la deriva, siempre y cuando, por supuesto se cumplan las condiciones de ese Decreto. Señala, que dicho incumplimiento no es un asunto de constitucionalidad, sino de verificación de parte de las instituciones competentes que se cumpla con lo establecido en el decreto citado. Aclara, que la investigación del IRET-UNA tenía como objetivos evaluar las concentraciones urinarias de un metabolito en mujeres embarazadas; sin embargo, se sale de su objetivos originales y enfoques y sugiere, sin mayor prueba, que la reglamentación de aviación agrícola no protege a esa población, afirmación que no se fundamenta en ningún hecho o evaluación científica dentro del estudio, sino que se expresa como una percepción de alguno de los autores del estudio. Agrega, que señalar que quienes viven cerca de campos agrícolas con fumigación aérea tienen mayores concentraciones urinarias medias de ETU, estableciendo una relación causal con la fumigación, basados solo en la afirmación que “las aplicaciones aéreas han sido percibidas como riesgosas por las poblaciones que viven cerca de campos agrícolas y las distancias de fumigación a veces no son respetadas”, implica establecer una relación causa efecto sin base científica. Insiste en que el tema del no respeto de las distancias, no es un tema de inconstitucionalidad, sino, eventualmente, de incumplimiento de las reglas establecidas en el Decreto. Continúa indicando, que en ese estudio se afirma que “la reglamentación vigente sobre las actividades de fumigación aérea de pesticidas no protege a las mujeres embarazadas”, lo cual se plantea de una forma emotiva, pero lo que debe analizarse es si estamos ante un tema de mala o inadecuada reglamentación o ante un tema de no cumplimiento de las normas vigentes. Asimismo, en dicho estudio se indica que “la principal fuente de exposición es PROBABLE...’’, con lo cual se relativiza su propia conclusión, dado que el estudio se focaliza en las concentraciones de ETU en mujeres embarazadas, pero no contiene una hipótesis, una metodología para, determinar la causa o causas de las diferencias, por lo cual termina con una percepción o presunción. Afirma, que el alcance del estudio no permite concluir, de forma alguna, que la distancia de treinta metros, o las barreras de protección y los requerimientos de aplicación sean insuficientes para salvaguardar la salud de las personas, es decir, no sirve para ayudar a la Sala a valorar y dirimir, con base en elementos y justificación técnica, la razonabilidad de la norma cuestionada. Considera, que la inocuidad para el ambiente con la nueva medida está acreditada de forma abundante con los estudios e investigaciones aportados tanto por los coadyuvantes como por las instituciones y ministerios implicados en el proceso. En abono a su tesis, aduce que la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) remitió, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por oficio GG-505-2014 del 16 de octubre de 2014, un análisis acerca del estudio de IRET, en el cual hizo una serie de observaciones con respecto a los errores metodológicos en que se incurre en dicho estudio. Señala, que a pesar de que el estudio indica superficialmente que la reglamentación no protege a la población objeto de dicho estudio, materialmente el Ministerio de Salud ha desestimado denuncias de colindantes por temas de deriva. Agrega, que no solo no estamos frente a un tema de inconstitucionalidad, sino que, además, desde un punto de cumplimiento de las normas, el Ministerio de Salud ha actuado en forma diligente y ha revisado que se cumpla con la normativa establecida por el Poder Ejecutivo para regular esta materia. Lo anterior, aunado a la conclusión del análisis del Dr. Freddy Arias Mora, Toxicólogo de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, en el sentido de que los resultados del estudio no son válidos por errores técnicos contenidos en este, deja claro que no es posible afirmar una posible afectación a la salud de las personas derivada de la reducción de la distancia dispuesta en el artículo impugnado y, por ende, no debería ser tomado en cuenta por la Sala como parte de la justificación técnica para determinar la razonabilidad de la norma cuestionada. Finalmente, indica que, según el informe técnico que aporta, con los resultados de un estudio llevado a cabo por la Comisión Ambiental Bananera (CAB), en coordinación con CORBANA, suscrito por el Ing. Sergio Laprade, Coordinador de la CAB, acerca de la valoración de efectividad de las zonas de amortiguamiento en las fincas, se concluye que una barrera es una medida efectiva para minimizar la deriva; que se debe respetar la altura del vuelo, de acuerdo a lo que señala el Reglamento para las actividades de aviación agrícola; que la barrera debe tener una altura mayor al cultivo; que la barrera vegetal debe tener los 30 metros de ancho y ser lo suficientemente densa, sin aberturas, de manera que cumpla su función de capturar la posible deriva; que según se pudo comprobar, en el caso en que el viento esté saliendo perpendicularmente del área de cultivo, la deriva donde finaliza la barrera vegetal no superó el 0,8% del volumen aplicado, lo que reafirma la efectividad de dicha barrera; y que en varios vuelos no hubo deriva después de la barrera. A su juicio, con estas pruebas de deriva, se confirma que los términos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSB, Reglamento para las actividades de aviación agrícola, son técnicamente razonables, se mantienen vigentes y son suficientes para garantizar la salud de las personas y el medio ambiente. Cuando las barreras no funcionan es, precisamente, en los casos que no se cumple con las propias reglas establecidas en el Decreto sobre altura de vuelo de los aviones o condiciones de clima; y, aún en esas condiciones, la deriva es mínima.\n21.- En escrito presentado el 9 de octubre de 2017, Mariano Jiménez Zeledón, en su condición de apoderado general judicial de la empresa Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima (CORBANA), coadyuvante pasiva en esta acción, solicita que esta Sala tenga el informe técnico entregado por su representada en este asunto, denominado Resumen Estudios de deriva en fincas bananeras, no solo como una respuesta dada por su representa al informe sobre el que se le dio audiencia, sino también como prueba para mejor resolver, dado que los resultados de este estudio demuestran la efectividad de las zonas de amortiguamiento en las fincas, con lo que se comprueba que los términos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP Reglamento para las actividades de aviación agrícola, son técnicamente razonables, se mantienen vigentes y son suficientes para garantizar la salud de las personas y el medio ambiente.\n22.- En escrito presentado ante esta Sala a las 17:41 horas del 9 de noviembre de 2017, Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud, en atención a la audiencia conferida por resolución del Magistrado Instructor de las 16:05 horas del 25 de setiembre de 2017, sobre el estudio denominado “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etileno Tiourea (ETU) en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”, indicó que ese Ministerio no tiene ningún argumento nuevo que aportar con respecto a dicho estudio.\n23.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.\n         24.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.\n         Redactael Magistrado Salazar Alvarado; y,\nConsiderando:\n\n         I.- Sobre la admisibilidad. El accionante acude en esta Sala en resguardo de intereses difusos por defensa del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelados en los artículos 21 y 50, respectivamente, de la Constitución Política. En estos casos, esta Sala ha reconocido que se trata de la protección de intereses difusos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, motivo por el cual cualquier habitante de la República puede acudir directamente a esta vía, sin necesidad de un asunto previo que le legitime para ello. En efecto, al respecto ha dicho este Tribunal:\n\n“…numerosos pronunciamientos de esta Sala reconocen que la protección de la salud pública y del equilibrio ambiental constituyen típicos casos de interés difuso para los efectos de la interposición directa de acciones de inconstitucionalidad, al amparo del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (ver, por ejemplo, sentencias número 2009-009201 de las 9:07 horas del 12 de junio del 2009 y 2011-002699 de las 15:06 horas del 2 de marzo del2011)”. (Voto N° 16937-2011).\n\nTambién, en Voto N° 8239-01 de las 16:07 horas del 14 de agosto de 2001, sobre los intereses difusos, dijo:\n\n“(…) De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. (...) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de intereses difusos (...) Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. (...) En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc.(…)”.\n\nDado que en este asunto, el accionante fundamenta su legitimación por vía del control de constitucionalidad abstracto e invoca la defensa de intereses difusos, toda vez que, acude en protección de la salud y del ambiente, tales circunstancias configuran a su favor una legitimación directa para la interposición de este proceso por invocar la defensa de intereses que atañen a la colectividad nacional en su conjunto, tal y como lo son los derechos a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelados, respectivamente, en los artículos 21 y 50, de la Carta Magna, como ya se dijo. Por lo anterior, resulta admisible esta acción de inconstitucionalidad para su conocimiento y resolución por el fondo.\n         II.- Objeto de la acción. El accionante considera que la reforma operada en el artículo 70, del Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP del 16 de octubre del 2003, reformado por el artículo 1°, del Decreto Ejecutivo N° 34202 del 21 de mayo del 2007, en cuanto permite reducir de cien a treinta metros la distancia o franja existente entre el campo objeto de aplicación aérea de plaguicidas y cualquier carretera, centros de población, casas de habitación, edificios donde permanezca personal laborando, fuentes de agua y cultivos aledaños o fincas vecinas susceptibles a efectos negativos derivados del plaguicida aplicado, es inconstitucional por violar los artículos 7, 21 y 50, de la Constitución Política\n\nIII.- Normativa impugnada. El artículo 1°, del Decreto Ejecutivo N° 34202 del 21 de mayo del 2007, que reforma el artículo 70, del Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP del 16 de octubre del 2003, adiciona al párrafo primero, del último artículo citado, lo siguiente:\n\n“Artículo 1°. Se reforma el artículo 70 del Decreto Ejecutivo Nº 31520-MS-MAG-MOPT-MGPSP, “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola”, del 16 de octubre del 2003, para adicionar al primer párrafo el siguiente:\nLa distancia podrá reducirse de 100 hasta 30 metros si se dispone de una zona de amortiguamiento y se cumplen las siguientes condiciones:\na) Zonas de amortiguamiento.  Estas zonas deberán ser áreas reforestadas con árboles de especies preferiblemente nativas con una altura mayor al cultivo y un ancho mínimo de 30 metros, para servir como barreras para reducir la deriva de las aplicaciones aéreas, si la aplicación se lleva a cabo en dirección paralela a la zona de amortiguamiento. Si la aplicación se realizara con avión y en forma perpendicular a la línea de cultivo, adicionalmente se deberá dejar una franja de 40 metros dentro del cultivo, en la que no se deberá asperjar para reducir el efecto del arrastre. La autoridad administrativa competente podrá aumentar esta distancia mediante resolución razonada cuando en el área por asperjar existan situaciones particulares y objetivas que requieran una mayor distancia a pesar de la existencia de la zona de amortiguamiento. La franja de no aplicación de productos podrá omitirse en caso de vías o caminos internos de uso exclusivo para el cultivo y mientras no existan viviendas.\nb) Altura de vuelo.  Debe ser igual o inferior a 5 metros sobre dosel de la plantación, para que la concentración de partículas que pueden ser arrastradas por la influencia del viento, se reduzcan para minimizar la deriva y evaporación del producto asperjado.\nc) Tamaño de las gotas de la mezcla.  Se debe trabajar con un tamaño de gota promedio entre 200 y 300 micras (µm) para minimizar la deriva con una aplicación más lenta en su velocidad de caída libre y de más fácil evaporación.\nd) Calibración sistemática de equipo de aplicación.  Para garantizar una aplicación efectiva y la dosis adecuada de los productos, un técnico capacitado en la materia deberá verificar el tamaño de las gotas y el flujo de los aspersores con la siguiente frecuencia: 1) Flujo boquillas: semestral, 2) Número de gotas: semestral, 3) Dosificación: diaria. Antes y después de las aplicaciones aéreas un técnico deberá realizar una revisión que asegure el buen estado del sistema de mangueras, aspersores, válvulas, el sistema de señalamiento satelital y del Medidor Automático de Flujo.\ne) Sistemas de señalamiento satelital.  Todas las aeronaves deben contar con un sistema de señalamiento satelital para ofrecer la posibilidad de asegurar una adecuada aplicación de los productos en las áreas de cultivo, así como de disponer de una evidencia gráfica de esta. Los gráficos generados por el sistema de señalamiento satelital deben ser mantenidos por la empresa aspersora, por un mínimo de dos años. En todas las aeronaves que asperjen en fincas que poseen zonas de amortiguamiento deben instalar en el plazo de un año, un sistema automático de cierre de aspersores.\nf)  Longitud de la barra de aspersión (boom).  La longitud efectiva de la barra no debe exceder el 80% de la longitud de cada ala del avión.\ng) Condiciones meteorológicas de aplicación:  1) Velocidad y dirección del viento: la velocidad del viento no puede ser mayor a 15 kilómetros por hora cuando se asperjen las zonas de cultivo aledañas a las áreas de amortiguamiento y la dirección del viento debe ser contraria a la zona de amortiguamiento o zonas sensibles, 2) Temperatura: las aplicaciones en zonas aledañas a las áreas de amortiguamiento no podrán realizarse si la temperatura es superior a los 29 ºC, y, 3) Humedad relativa: debe ser superior al 70%.\n\nh) Tipos de productos.  En las fincas que poseen zonas de amortiguamiento sólo se podrán aplicar vía aérea los productos inscritos y autorizados de conformidad con el artículo 69 de este reglamento. Dichos productos deben ser de moderada toxicidad”.\n\n         IV.- Sobre el fondo. El accionante plantea, en términos generales, dos clases de reparos de constitucionalidad: unos, relativos a cuestiones de hecho por una serie de incumplimientos de la normativa vigente, con efectos o consecuencias negativas sobre la salud humana y el medio ambiente; y otros, propiamente de derecho, relacionados con el concreto contenido de la norma cuestionada y su alegada contradicción con el Derecho de la Constitución. En cuanto a las cuestiones de hecho que alega el accionante, tales como la inexistencia de las zonas de amortiguamientos en la mayoría de las fincas bananeras; distancias menores a las que exige la ley debe mediar entre las nacientes de agua, quebradas o riachuelos y el área de cultivo objeto de la fumigación aérea; inobservancia por parte de empresas, particulares e instituciones involucrados en las fumigaciones aéreas de lo que prescribe la normativa aplicable al respecto y de las obligaciones de control y vigilancia que pesan sobre las administraciones competentes en la materia; la revisión o constatación de las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la fumigación de los cultivos, principalmente, de banano; así como el impacto negativo que producen las fumigaciones áreas sobre el recurso hídrico, no son propias de ser conocidas en esta vía, toda vez que la acción de inconstitucionalidad se trata de una discusión de puro derecho, o lo que es lo mismo, de un análisis estrictamente jurídico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, y siguientes, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el que se examina el contenido de una norma y su contradicción o no con el Derecho de la Constitución, pero no argumentos que aluden a situaciones fácticas. Las cuestiones de hecho, en este sentido, son, en principio, ajenas a la vía de la acción de inconstitucionalidad, ya que son propias del recurso de amparo, en su caso, o de la vía de legalidad. De modo, que el análisis de esta Sala se circunscribe al contraste entre el contenido de la norma impugnada y el Derecho de la Constitución, con prescindencia de los aspectos de hecho alegados. Es decir, este Tribunal centrará su análisis, únicamente, en los aspectos de derecho invocados, en concreto, en si la norma en cuestión implica, o no, una desprotección al derecho a la salud, a la vida y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en relación con la normativa anterior objeto de la reforma, que signifique un retroceso en la protección y tutela de esos derechos fundamentales por carecer de un fundamento técnico y científico que haga racional la reforma, con violación del principio de no regresión en esta materia.\nV.- Antecedentes de la Sala sobre el tema planteado. En dos oportunidades anteriores, esta Sala se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la norma aquí cuestionada, a saber:\na) Sentencia N° 2006-016276 de las 14:56 horas del 8 de noviembre de 2006. En esta sentencia, este Tribunal declaró parcialmente con lugar acción de inconstitucionalidad N° 04-012567-0007-CO, presentada por el aquí accionante, entre otros, contra el artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, en cuanto permitía reducir hasta un mínimo de treinta metros la distancia entre el campo objeto de aplicación aérea del plaguicida y los poblados, casas, carreteras, pastizales, abrevaderos y otros. En cuanto a lo que, específicamente, interesa a los efectos de resolver el fondo de esta acción, en aquella ocasión expresó esta Sala:\n“V.- El actual contenido del artículo 70 del Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola constituye un menor nivel de protección en relación al artículo 75 del  Reglamento anterior que establecía una franja de no aplicación de 100 a 200 metros, de acuerdo con la toxicidad del plaguicida, la altura del vuelo, el tamaño de las partículas y la velocidad del viento, indicando, de manera genérica “de tal forma que no se contaminen casas, poblados, carreteras, pastizales, abrevaderos y otros”. Si bien es cierto que el artículo 70 establece una franja de no aplicación aérea de 100 metros, permite, sin embargo, que la franja se reduzca a 30 metros, si entre el campo a fumigar y las casas, poblados y otros existen zonas de amortiguamiento reforestadas con especies nativas, siempre y cuando se apliquen plaguicidas de moderada toxicidad y la aplicación se realice en condiciones de altura de vuelo, tamaño de la partícula y velocidad del viento que permitan la reducción de la deriva y de que la aeronave disponga de implementos para ese fin y vuele en forma paralela a la zona de amortiguamiento. La Sala ha considerado que en estos casos debe aplicarse el principio precautorio (v. entre otras, la sentencia número 7294-98), sobre todo, tomando en cuenta que no hay un fundamento científico ni técnico que justifique la disminución de la franja. El Reglamento impugnado no indica los porcentajes de deriva del plaguicida admitidos y establece la posibilidad de reducir la franja de aplicación a 30 metros, sujeta a unas condiciones del tóxico, climáticas y del vuelo, que ni siquiera pueden ser previamente controladas por la autoridad pública, con lo cual, pone en peligro los derechos fundamentales a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, porque se trata de una actividad contaminante, con sustancias tóxicas, en la cual no es admisible reducir los niveles de protección establecidos en la anterior regulación.  En este aspecto, la Sala declara la inconstitucionalidad del artículo 70 impugnado, en la frase que dispone:\n“Dicha franja podrá ser reducida hasta un mínimo de 30 metros, si entre el campo a tratar y los sitios indicados, existen zonas de amortiguamiento reforestadas preferiblemente con especies nativas, siempre y cuando además se apliquen plaguicidas de moderada toxicidad a lo sumo, y la aplicación se realice bajo condiciones adecuadas de altura de vuelo, tamaño de la partícula, velocidad del viento que en conjunto permitan la reducción de la deriva y que la aeronave disponga de implementos adecuados para ese fin y que se vuele en forma paralela a la zona de amortiguamiento.\n\nEn caso de que la aplicación se realice en forma perpendicular a dicha zona, deberá dejarse además una franja no menor de 40 metros dentro del cultivo, en la que no se podrán aplicar plaguicidas por avión para reducir el efecto del arrastre, pudiéndose aplicar el área respectiva con helicóptero u otro medio que asegure el control del arrastre. La franja de no aplicación de plaguicidas podrá omitirse en caso de vías o caminos internos de uso exclusivo para el cultivo que se va a tratar y en el tanto no existan viviendas ni se produjeren ninguno de los supuestos a que se refiere el párrafo primero del presente artículo”.\n\nDe la lectura de esta sentencia, salta a la vista, que la Sala consideró que aquella reforma al artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP, Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, resultaba contraria al Derecho de la Constitución por implicar un retroceso en materia de protección de derechos fundamentales, toda vez que no había un fundamento científico ni técnico que justificara la disminución de la franja y, además, ese reglamento no indicaba los porcentajes de deriva del plaguicida admitidos y establecía la posibilidad de reducir la franja de aplicación a treinta metros, sujeta a unas condiciones del tóxico, climáticas y del vuelo, que ni siquiera podían ser, previamente, controladas por la autoridad pública, lo cual, en criterio de esta Sala, ponía en peligro los derechos fundamentales a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, porque se trata de una actividad contaminante, con sustancias tóxicas, en la cual no es admisible reducir los niveles de protección establecidos en la anterior regulación. Queda claro, entonces, que la reducción a treinta metros de la zona de protección no es, en sí misma considerada, inconstitucional, sino en el tanto no cuente con un fundamento técnico y científico que determine que esa reducción no implica una menor protección -o desprotección- a los derechos fundamentales a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siempre y cuando, además, las condiciones del tóxico, climáticas y del vuelo, a que esté sujeta esa actividad pueden ser, previamente, controladas por la autoridad pública. Esto es así, por cuanto, en caso de no existir certeza científica de que esa reducción no implica una disminución en la protección que la legislación venía dando al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en esta materia, entraría a aplicarse el principio precautorio, de conformidad con el cual, en caso de duda, se debe mantener la regulación más protectora, lo cual está íntimamente relacionado con el principio de que en tema de tutela de derechos fundamentales no puede haber regresión.\n         b) Sentencia N° 2012-011064 de las 16:31 horas del 14 de agosto de 2012. Más recientemente, la Sala se pronunció sobre la constitucionalidad de la reforma aquí impugnada. En efecto, en Sentencia N° 2012-011064, esta Sala conoció de la acción de inconstitucionalidad que se tramitó en expediente N° 11-013664-0007-CO, en la cual se impugnó la misma norma objeto de este proceso. En esa ocasión, este Tribunal consideró:\n“IV.- SOBRE EL FUNDAMENTO TÉCNICO DE LA REDUCCIÓN DE DISTANCIA PARA REALIZAR APLICACIONES AÉREAS DE PLAGUICIDAS Y LA PRESUNTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD Y AL AMBIENTE. En primer término, los accionantes aducen que, sin fundamento técnico alguno y, en claro quebranto a los derechos fundamentales consagrados en los ordinales 21 y 50 de la Constitución Política, el artículo 1° del Decreto Ejecutivo No. 34202 de 21 de mayo de 2007, redujo la distancia que debe existir -entre el campo a tratar y cualquier carretera, centros de población, casas de habitación, edificios donde permanezca personal laboral, fuentes de agua y cultivos aledaños o fincas vecinas-, de 100 hasta 30 metros, a efecto de realizar aplicaciones áreas de plaguicidas. Sostienen los gestionantes que el decreto en cuestión posee las mismas carencias que el anterior numeral 70 del Decreto Ejecutivo No. 31520 de 16 de octubre de 2003, cuyo contenido fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional según el Voto No. 16276-2006, en virtud de haberse determinado que no se contaba con fundamento técnico o científico alguno que justificara la reducción de la distancia de 100 a 30 metros para llevar a cabo las mencionadas fumigaciones aéreas. No obstante lo anterior, este Tribunal Constitucional no estima que, en la especie, lleven razón los interesados. Del análisis del Decreto Ejecutivo No. 34202 de 21 de mayo de 2007, se logra desprender, con meridiana claridad, que la reducción de la distancia en cuestión para efectuar fumigaciones aéreas de plaguicidas, sea, de 100 hasta 30 metros, sí se encuentra fundamentada y justificada en criterios y estudios técnicos y científicos llevados a cabo al efecto. Así, nótese que, dentro de los considerandos del Decreto Ejecutivo en cuestión, se indicó, de modo expreso, lo siguiente:\n“(…) 6º —Que debido a una falta de fundamentos técnicos y científicos de la reducción del área para la aspersión, la Sala Constitucional mediante el voto 2006-16276 del 8 de noviembre 2006 contra (sic) los artículos 24, 54, 68, 70 y 71 del Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Decreto Ejecutivo Nº 31520-MS-MAG-MOPT-MGPSP, del 16 de octubre del 2003, declaró parcialmente con lugar la acción y anuló el parcialmente (sic) el artículo 70, dejando vigente solo el primer párrafo, no así el segundo y tercero. El fundamento del fallo es que tratándose del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 constitucional cualquier tipo de reducción debe estar fundada en criterios científicos y técnicos que demuestren la inocuidad al ambiente con la nueva medida.\n7º—Que desde el momento mismo de la presentación de la acción de inconstitucionalidad, sin que se hubiere dictado ninguna sentencia, CORBANA y el Poder Ejecutivo, en cumplimiento del Principio Precautorio contemplado en el ordenamiento jurídico costarricense y previsto por en la (sic) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, denominada Declaración de Río, por el cual la prevención pretende anticiparse a los efectos negativos de la actividad humana, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, decidió iniciar un conjunto de estudios científicos y técnicos conducentes a fundamentar el estado actual de la ciencia y la técnica aérea de aspersión, y que la reducción de esta de 100 a 30 metros cuando hayan zonas de amortiguamiento no va a afectar el medio ambiente, ni la salud, ni la vida de las personas, e igualmente a fijar requisitos para la ejecución de actividades de aspersión aérea para el correcto control y fiscalización.\n8º—Que en cumplimiento del principio precautorio del Derecho ambiental en este año 2007 se terminó un estudio científico iniciado desde que se presentó la Acción de Inconstitucionalidad identificado así: Roberto Valenciano Mora, Sergio Laprade Coto, Álvaro Fournier Leiva y Eduardo Trejos Obando “Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de fungicidas en fincas que poseen zonas de amortiguamiento” (Revista Investigaciones CORBANA, San José, 2007, Separata Nº 1). Los autores son reconocidos investigadores, científicos, y conocedores de la materia a nivel latinoamericano. La investigación evidencia que la disminución del área de amortiguamiento hasta 30 metros, se encuentra justificada en razón de que los avances tecnológicos han minimizado el impacto de la aspersión aérea, al punto de no menoscabar el derecho a la vida, la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los aspectos más relevantes relacionados con una aplicación aérea segura consiste (sic) en la precisión de la aplicación y en el manejo de la deriva. El término deriva se define como el movimiento, fuera del área de cultivo, de partículas líquidas en el aire en la forma de gotas o vapor al momento de la aplicación. A pesar de que existe vasta información científica y técnica sobre el tema, como la emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Agencia de Protección del Ambiente (EPA) de Estados Unidos, el Estado de California, la Asociación Nacional de Aviación Agrícola (NAAA), y de un conglomerado de asociaciones expertas en el tema (SPRAY DRIFT TASK FORCE), un grupo de expertos costarricenses realizó estudios con el objetivo de validar la información de estos Organismos.\n9º—Que este estudio profundiza en la realidad costarricense en aspectos como la utilización de productos de toxicidad moderada a lo sumo, garantizan en gran medida el respeto a la salud y la vida de las personas, lo que hace a la actividad bananera acreedora de certificaciones de tipo ambiental sin las cuales no podría exportar a los mercados internacionales. Igualmente destacan que desde el 2000 se puede asperjar mediante técnicas de carácter satelital y digital, mediante GPS (Global Position System) o bien el software que se utiliza en aspersión aérea se ha sofisticado y perfeccionado, permitiendo que se abran y se cierren los aspersores en los límites establecidos para la zona de aplicación aéreas, inhabilitando al piloto a asperjar fuera de estos, y presentando un margen promedio de error de 0.9 metros reduce significativamente el riesgo para el ambiente, para la vida y la salud humana y minimiza los costos. Los estudios demostraron la necesidad de actualizar la legislación acorde con los avances tecnológicos, los cuales han venido a proporcionar un sistema de guía de precisión y un mejor manejo de la deriva, en donde interactúan varios factores como las técnicas adecuadas de aplicación, uso adecuado del equipo, condiciones meteorológicas idóneas durante la aplicación, tipo de formulación de producto y el establecimiento de zonas de amortiguamiento. Por lo anterior, prácticamente se garantizan las medidas necesarias para minimizar el riesgo por error humano.\n10.—Que el Poder Ejecutivo, con fundamento en los avances de la ciencia y de la técnica, debidamente acreditados en estudios e investigaciones, ha decidido reglamentar la actividad de aspersión aérea, adicionando el artículo 70 del Decreto Ejecutivo Nº 31520-MS-MAG-MOPT-MGPSP, “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola”, del 16 de octubre del 2003, en los términos señalados por la Sala Constitucional para cumplir con el principio del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por medio de la exigencia del uso de técnicas adecuadas de aplicación, de manera que se evite la caída de partículas fuera del perímetro de la plantación, para reducir el peligro potencial de la deriva se encuentran: altura de vuelo, velocidad del vuelo, tamaño de gotas, tipo de boquillas, calibración del equipo, equipos de señalamiento satelital, longitud de barra de aspersión, manejo de condiciones meteorológicas, tipo de productos y zonas de amortiguamiento, para garantizar la actividad productiva agraria en armonía con el medio ambiente y los derechos constitucionales de las personas, para garantizarles su salud, su vida, y su entorno. (…)”.\nDe otra parte, conviene destacar que el referido estudio denominado “Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de fungicidas en fincas que poseen zonas de amortiguamiento” -el cual fue adjuntado a los autos-, en sus conclusiones, indica, expresamente, lo siguiente:\n“1. Existe suficiente información a nivel nacional y mundial que señalan que el manejo de la deriva en las aplicaciones de plaguicidas se debe hacer por medio de prácticas de aplicación y no por distancias exclusivamente.\n2. Las técnicas de aplicación y las prácticas asociadas a reducir la deriva en las plantaciones de banano en Costa Rica cumplen y superan las recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), del “Spray Drift Task Force (SDTF)”, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).\n3. La deriva se debe manejar por medio de adecuadas condiciones climáticas como la velocidad del viento que no debe ser mayor a 15 km/h y su dirección debe ser contraria a zonas sensibles.\n4. El tamaño de la gota de la mezcla de aplicación, debe ser en promedio de 200 y 300 um.\n5. La altura de vuelo no debe ser mayor de 5 m sobre el dosel del cultivo y la longitud de la barra de aspersión no debe exceder el 80%  de la longitud del ala.\n6. Una zona de amortiguamiento de 30 metros, sembrada de árboles, de mayor porte que el cultivo, es uno de los mejores métodos para minimizar la deriva, ya que actúan como una barrera al traslado de plaguicidas fuera del campo de aplicación.\n7. La tecnología disponible en Costa Rica, permite realizar aplicaciones aéreas de plaguicidas en forma precisa, dirigida al cultivo objetivo, con la certeza de que no se afecte a las personas, ni al ambiente.”\n\nDe ahí que, en criterio de esta Sala, las omisiones y carencias de estudios técnicos y científicos que, ciertamente, fueron apuntadas por esta jurisdicción constitucional en el Voto No. 16276-2006 de las 14:56 hrs. de 8 de noviembre de 2006, con respecto a dicha reducción de distancia que se estableció mediante el hoy anulado numeral 70 del Decreto Ejecutivo No. 31520 de 16 de octubre de 2003, actualmente, han sido subsanadas a través del Decreto Ejecutivo No. 34202. Al estar fundamentando el Decreto Ejecutivo No. 34202 en estudios científicos que justifican la reducción de distancia en cuestión, este Tribunal Constitucional no observa violentados los derechos fundamentales a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.\n\n         De acuerdo con lo resuelto por esta Sala en esta última sentencia, la norma aquí cuestionada es el resultado de estudios técnicos y científicos que respaldan la reforma y reducción de la zona de amortiguamiento de cien a treinta metros, motivo por el cual, a través del Decreto Ejecutivo N° 34202, se subsanaron las omisiones y carencias de estudios técnicos y científicos que, en su momento, señaló esta jurisdicción constitucional en el Voto N° 16276-2006 de las 14:56 hrs. del 8 de noviembre de 2006, con respecto a la reducción de la distancia que se estableció mediante el numeral 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520 de 16 de octubre de 2003, lo que motivó su anulación por inconstitucional. No obstante, en vista de este nuevo cuestionamiento, procede la Sala a reexaminar el asunto.\n         VI.- Revisión del problema. Según lo dicho en el considerando anterior, esta Sala ya examinó la norma aquí cuestionada y determinó que está basada en criterios técnicos y científicos que garantizan una adecuada protección al derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en los términos de los artículos 21 y 50, Constitucionales. Sobre este tema, la Sala ha reconocido el principio de la objetivación de la tutela ambiental, o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, en relación de la actuación del Estado en la protección del ambiente. Así, en Sentencia N° 2006-17126 de las 15:05 horas del 28 de noviembre de 2006, expresó:\n\n“4.- De la objetivación de la tutela ambiental : (,,,) tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos horas del diecinueve de octubre del dos mil cinco, es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o principio de la evitación prudente], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la \"vinculación a la ciencia y a la técnica\", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una \"duda razonable\" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente”.\n\n         Precisamente, conforme lo resolvió esta Sala, la reforma operada en el artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520, de 16 de octubre de 2003, Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, se basa en criterios técnicos y científicos que justifican la medida o decisión adoptada de reducir la distancia en cuestión de 100 a 30 metros, es decir, existen razones objetivas para ello, con lo cual se cumple el principio de vinculación a la ciencia y la técnica, siempre y cuando, por supuesto, se observen los criterios técnicos que la norma contiene. En torno a esto, la Sala ha establecido que el Estado debe tener un papel de garante con respecto al uso adecuado de plaguicidas y la evitación de sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente. En este sentido, en Sentencia N° 2004-13968 de las 11:35 horas del 3 de diciembre de 2014, indicó:\n\n“III.- Ese informe [FOE-AM-19/2004 del 20 de octubre del 2004, efectuado por el Área de servicios agropecuarios y de medio ambiente de la División de fiscalización operativa y evaluativa de la Contraloría General de la República, sobre la evaluación de la gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas agrícolas] se originó por la necesidad de fiscalizar el proceso administrativo relacionado con uno de los problemas ambientales más apremiantes que debe resolver el país, que es el empleo de sustancias químicas, biológicas o afines en las actividades agrícolas, y ante la necesidad de que el Estado intervenga ejerciendo una función reguladora sobre el uso de agroquímicos, que garantice a los agricultores la disponibilidad en el mercado de productos eficaces para el combate de las plagas y, a la vez, la protección de la salud de la ciudadanía en general y el derecho de ésta a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se indicó en el informe que ese control lo ejerce principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado, quien debe trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Energía, en cuanto al control sobre los impactos en la salud y el ambiente, así como con el Ministerio de Hacienda respecto a la importación y exoneración de tales productos. Su objetivo general fue evaluar la gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas utilizados en actividades agrícolas y su efecto sobre el ambiente y la salud humana, principalmente el accionar del Servicio Fitosanitario del estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); y los objetivos específicos del estudio fueron: a) evaluar las políticas nacionales y la rectoría en el campo del control sobre el uso de plaguicidas, identificando las instituciones participantes y sus competencias, b) evaluar el proceso de registro de plaguicidas en el país y la normativa asociada, c) evaluar el proceso de exoneración e importación de plaguicidas en el país y, d) evaluar la fiscalización y monitoreo sobre el uso de plaguicidas. \n\nIV.- En ese informe concluyó la Contraloría que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) no cumple sus objetivos de creación con eficiencia y apego al principio de legalidad, que lo llaman a regular, ejecutar y fiscalizar el registro y uso de agroquímicos, en el marco de una actividad agrícola en armonía con la naturaleza y con fiel cumplimiento de los principios constitucionales de derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano. Determinó que, por el contrario, el accionar de dicho órgano se orienta a facilitar el registro y comercialización de tales sustancias, justificado en un supuesto interés de mejorar la competitividad de los productores agrícolas, pero más bien, esos objetivos parecen dirigirse a fomentar la competencia en el mercado de los plaguicidas, por encima de los derechos constitucionales de los mismos agricultores y de los principios ambientales y de salud de las personas. Concluyó que las empresas más beneficiadas con la función facilitadora del SFE, han sido las empresas que se dedican a la venta de agroquímicos, especialmente a los denominados genéricos, en detrimento de los productores y consumidores de bienes agrícolas. Aclaró que ello no significa que no puedan registrarse en el país, plaguicidas de este tipo, sino más bien que su registro se debe hacer respetando la normativa y asegurando a la población costarricense la protección de su salud y el derecho fundamental que tiene a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y protegerle al agricultor nacional su derecho a contar con insumos de buena calidad; sin perjuicio de las necesarias acciones que el Estado debe ejecutar para buscar la paulatina reducción del uso de plaguicidas y el fomento de mecanismos alternativos. Estas consideraciones motivaron a la Contraloría General de la República a dictar una serie de disposiciones finales dirigidas al Presidente de la República y a los Ministros de Planificación Nacional y Política Económica, Agricultura y Ganadería, Salud, Ambiente y Energía, y Economía, Industria y Comercio, así como al Auditor Interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.\n\n         De igual modo, en Voto N° 2006-09565 de las 16:08 horas del 5 de julio de 2006, este Tribunal consideró:\n\n“(…) es evidente que el Estado costarricense está en el deber de actuar en forma eficaz y anticipada, para evitar la ocurrencia de eventos que degraden el medio ambiente y comprometan su sostenibilidad\".\n\n         Y, en Sentencia N° 2011-016937 de las 14:36 horas del 7 de diciembre de 2011, indicó:\n\n“V.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Esta Sala ha reconocido de forma reiterada que, como parte de las obligaciones primarias y fundamentales del Estado, está el deber de respetar,  proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud de sus habitantes (P. ej.: sentencias 1992-1915 de las 14:12 horas del 22 de julio de  1992, 2004-10039 de las 14:39 horas del 13 de setiembre del 2004 y 2008-001003 de las 14:56 horas del 23 de enero del 2008). Recientemente, con el fin de garantizar un nivel más elevado de protección, la Sala ha reconocido al derecho fundamental a la salud su carácter de derecho fundamental autónomo (Se puede citar, al efecto, la sentencia número 2011-02932 de las 15:47 horas de 22 de marzo de 2011. En este mismo sentido, sentencias número 2011-007768 de las 19:54 horas del 14 de junio del dos mil once y número 2011-008876 de las 15:01 horas del 5 de julio del 2011). Por otra parte, esta Sala también ha reconocido y garantizado un nivel elevado de protección al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Incluso, antes que se reformara el artículo 50 de la Constitución Política. Mediante Ley de reforma constitucional número 7412 del 3 de junio de 1994, se adicionaron dos párrafos al artículo 50 de la Constitución Política, a fin de reconocer expresamente el derecho fundamental de todo persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber del Estado costarricense de garantizar, defender y preservar ese derecho. (En cuanto al contenido y alcances del referido derecho fundamental, véase la sentencia número 2006-17126 de las 15:05 horas del 28 de noviembre del 2006). Finalmente, debe reiterarse la indisoluble relación que se plantea entre la protección al medio ambiente y la efectiva garantía de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y, en general, a la posibilidad del ser humano de desarrollar una existencia en concordancia con su dignidad intrínseca (Sentencia Nº 5691-98 de las 17:15 horas del 5 de agosto de 1998). El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado otorga una protección especial a la biodiversidad y las aguas subterráneas, razón por la cual y en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, las actividades económicas con impacto ambiental deben ser autorizadas cuando exista certeza científica de que ese impacto no implique un riesgo o amenaza de daño permanente e irreversible al ambiente. Es por esta razón que la administración debe realizar en los casos que así se amerite, la evaluación ambiental mediante los instrumentos que estime pertinentes, evaluación que debe ser compartida públicamente con la población afectada, para que luego de un análisis riguroso y detallado la administración emita de manera fundamentada la viabilidad ambiental correspondiente. La desatención e inobservancia de estos aspectos definidos normativa y jurisprudencialmente, deviene en la vulneración del referido derecho a un ambiente sano, por lo que las actuaciones administrativas así dispuestas resultan igualmente violatorias de este derecho fundamental (Ver, entre otras, sentencias de esta Sala números 5893-95, 5445-99, 2001-6503, 2003-6322, 2004-13414, 2006-7994, 2010-6922). Se concluye, de esta forma, que del Derecho de la Constitución se deriva, de forma incontestable, el poder-deber del Estado costarricense de procurar por la tutela efectiva y oportuna de la salud pública y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, elevando el nivel de vida de la población”.\n\n                   En esa misma sentencia expresó, además:\n“VIII.- SOBRE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE REGISTRO DE LOS PLAGUICIDAS. El uso adecuado de los plaguicidas puede resultar útil para el control y eliminación de las plagas, en beneficio de la seguridad alimentaria de la población  y de la actividad económica sustentada en la producción agrícola. Sin embargo, debe reconocerse el riesgo potencial que puede implicar para la salud humana y el ambiente el uso de tales sustancias. Lo que incluso ha motivado la adopción de instrumentos internacionales con el objetivo expreso de proteger la salud humana -incluida la salud de los consumidores y de los trabajadores- y el medio ambiente frente a los posibles efectos perjudiciales de los plaguicidas, como es el caso del Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto del Comercio Internacional, que fue aprobado por Costa Rica, por medio de Ley No. 8705 del 13 de febrero del 2009.\n\n(…) este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.\n\n         En criterio de este Tribunal, los estudios técnicos y científicos que están a la base de la reforma reglamentaria que aquí se impugna -y que se encuentran debidamente relacionados en los considerandos del Decreto Ejecutivo en cuestión-, son garantía del cumplimiento, por parte del Estado, de su obligación de protección del derecho a la salud y al ambiente. En efecto, a los autos se ha aportado copia del estudio denominado “Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de fungicidas en fincas que poseen zonas de amortiguamiento”, el cual contiene las siguientes conclusiones:\n“1. Existe suficiente información a nivel nacional y mundial que señalan que el manejo de la deriva en las aplicaciones de plaguicidas se debe hacer por medio de prácticas de aplicación y no por distancias exclusivamente.\n2. Las técnicas de aplicación y las prácticas asociadas a reducir la deriva en las plantaciones de banano en Costa Rica cumplen y superan las recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), del “Spray Drift Task Force (SDTF)”, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).\n3. La deriva se debe manejar por medio de adecuadas condiciones climáticas como la velocidad del viento que no debe ser mayor a 15 km/h y su dirección debe ser contraria a zonas sensibles.\n4. El tamaño de la gota de la mezcla de aplicación, debe ser en promedio de 200 y 300 µm.\n5. La altura de vuelo no debe ser mayor de 5 m sobre el dosel del cultivo y la longitud de la barra de aspersión no debe exceder el 80%  de la longitud del ala.\n6. Una zona de amortiguamiento de 30 metros, sembrada de árboles, de mayor porte que el cultivo, es uno de los mejores métodos para minimizar la deriva, ya que actúan como una barrera al traslado de plaguicidas fuera del campo de aplicación.\n\n7. La tecnología disponible en Costa Rica, permite realizar aplicaciones aéreas de plaguicidas en forma precisa, dirigida al cultivo objetivo, con la certeza de que no se afecte a las personas, ni al ambiente”.\n\n         Con lo anterior, queda establecido que la reforma en cuestión no adolece de las omisiones y carencia de estudios técnicos y científicos que afectaban al hoy anulado artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520 del 16 de octubre de 2003, y que motivaron que esta Sala, por Sentencia N° 2006-016276 de las 14:56 horas del 8 de noviembre de 2006, lo declarara inconstitucional. Existen, entonces, fundamentos científicos y técnicos que justifican la reducción de la distancia que debe mediar entre el terreno en el que se realizan las aplicaciones aéreas de plaguicidas y los centros de población y otros. Al respecto, debe tener claro el accionante, que la reducción en cuestión, por sí sola, no es inconstitucional, ni, necesariamente, implica un retroceso en la protección del derecho a la salud o al medio ambiente. Se debe tener presente, en primer lugar, que el principio general es que debe mediar una distancia de cien metros entre el cultivo objeto de la fumigación aérea y la carretera, centros de población, casas de habitación, edificios donde permanezca personal laborando, fuentes de agua y cultivos aledaños o fincas vecinas susceptibles a efectos negativos derivados del plaguicida aplicado (artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520). La reducción de esa distancia a treinta metros es por vía de excepción y, para ello, es indispensable el cumplimiento de una serie de requisitos que prevé la misma norma, requisitos que tienen un asidero científico y técnico y, por ende, no resultan arbitrarios ni antojadizos, lo que hace razonable la norma, en relación con los objetivos de protección al derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entre las conclusiones a las que arriba el estudio anteriormente citado, está que el manejo de la deriva en la aplicación de plaguicidas no depende solo de la distancia, sino más bien de las prácticas de aplicación. Hoy por hoy, los avances tecnológicos permiten un control muy eficiente de la deriva a tal punto que, bajo determinadas circunstancias -reguladas en el Decreto en cuestión-, y con el uso de nuevas tecnologías disponibles en el país, es posible realizar aplicaciones aéreas de plaguicidas en forma precisa al punto que, incluso, una distancia de treinta metros resulte más protectora aún que una de cien metros, si se cumplen, claro está, los demás requisitos técnicos que permiten garantizar que la deriva no traspasará la zona de protección y que la norma en cuestión contiene. La distancia no es un factor determinante de la mayor o menor protección al derecho a la salud y al ambiente, sino que esta depende, más bien, del uso de recursos tecnológicos que permiten una mayor precisión en las labores de fumigación, con una deriva casi nula. No obstante, la Procuraduría General de la República, como órgano asesor de este Tribunal, hizo algunas observaciones, en su informe, con respecto al estudio técnico y científico que sirve de base al Decreto cuestionado, las cuales es importante revisar.\n\nV.- Sobre la posición de la Procuraduría General de la República en torno al fondo de esta acción. La Procuraduría señala que el Decreto N° 34202, según el considerando 8°, se basa en el documento “Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de plaguicidas en fincas con zonas de amortiguamiento”, publicado por CORBANA S.A. en el 2007 y efectuado por Roberto Valenciano Mora, de Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A.; Sergio Laprade Coto, de CORBANA S.A.; Álvaro Fournier Leiva, de CARIBANA S.A. y Eduardo Trejos Obando, de Standard Fruit Co., lo cual, a juicio del órgano asesor, plantea una serie de dudas sobre el fundamento técnico que permita extrapolar los resultados de ese documento, hecho por miembros de la industria bananera, a otros tipos de cultivo, tal y como lo hace el Decreto impugnado. Además, señala que la norma difiere del documento que le da sustento científico y técnico en algunos aspectos, ya que mientras el documento señala que la humedad relativa debe ser superior al 60%, el Decreto dispone que debe ser superior al 70%, y mientras el documento indica que “si la aplicación se realiza perpendicularmente a la zona de amortiguamiento, adicionalmente se debe dejar una franja de 40 metros dentro del cultivo, en la que no se deberá asperjar plaguicidas para reducir el efecto del arrastre”, el decreto dispone que esa distancia deberá dejarse cuando la aplicación se realice con avión, lo que deja la duda de si, a contrario sensu, con helicóptero no habría que dejar esa franja, y que “La franja de no aplicación de productos podrá omitirse en caso de vías o caminos internos de uso exclusivo para el cultivo y mientras no existan viviendas”, con lo cual se reduce la franja de cuarenta metros que recomienda el estudio, a distancias incluso de seis metros que pueden medir los caminos internos. Por último, también cuestiona la objetividad científica del estudio que da fundamento al Decreto impugnado, ya que fue patrocinado y realizado por miembros de la industria bananera, quienes podrían verse influidos por el interés particular del sector. Los aspectos que señala la Procuraduría General obligarían, necesariamente, a esta Sala, a entrar a revisar y valorar los fundamentos técnicos y científicos del Decreto en cuestión, lo que es inviable, ya que esta Sala Constitucional no es un órgano técnico en la materia, por lo que carece de competencia para analizar por el fondo los referidos criterios técnicos y científicos y, de ese modo, determinar, si con fundamento en los mismos, resulta procedente o no, entre otros aspectos, la reducción de la distancia establecida para realizar las aplicaciones aéreas de plaguicidas. Lo anterior, ya fue señalado por este Tribunal en Sentencia N° 14948-2007 de las 14:58 horas de 16 de octubre de 2007, que al respecto indicó:\n\n“(…) A) Sobre la incompetencia de la Sala Constitucional para determinar el número de principios activos a los que se deben someter a pruebas de bioequivalencia: El tema planteado es que exigir a sólo siete de los principios activos de los productos de los medicamentos multiorigen de riesgo sanitario las pruebas de equivalencia terapéutica es poco, y que deben ser más o todos. Al respecto, la pretensión no es admisible en esta instancia constitucional, pues este Tribunal no tiene competencia para determinar si deben ser siete, treinta o cuarenta. Además, las autoridades de Salud no señalan que el número o cantidad de principios activos a someter a pruebas de bioequivalencia implique un peligro la salud, básicamente porque la lista se debe ir ampliando progresivamente. Así entonces, a esta Sala no le corresponde determinar si solamente siete de los productos farmacéuticos multiorigen de riesgo sanitario, y por tanto, los únicos productos farmacéuticos multiorigen (medicamentos genéricos) a los cuales cabe exigírseles pruebas de equivalencia antes de procederse a su inscripción, implica un riesgo sanitario o un peligro a la salud de las personas. Además, observa esta Sala que, según el artículo 29 del citado decreto n°28466-S –y conforme con los criterios de la OMS- existen tres grupos de medicamentos genéricos, que por sus características, merecen un trato diferenciado. Los que requieren estudios de equivalencia terapéutica in vivo, como requisito para ser registrados; los que sin requerir estudios in vivo sí requieren comprobar la equivalencia terapéutica in vitro; y finalmente los que no requieren demostrar su equivalencia terapéutica; sin que se pueda valorar y determinar en esta instancia constitucional cuáles medicamentos genéricos corresponden a una u otra categoría. Por estas razones, debido a que el criterio del ente especializado y políticamente responsable del tema ha establecido los siete productos como lo razonable, este Tribunal Constitucional no pueda verter un pronunciamiento positivo o negativo al respecto, porque no es un órgano técnico en la materia, ni se cuenta con los elementos probatorios que concluyan ciertamente que entre mayores sean los principios activos a los que se les exige pruebas de bioequivalencia mayor sea la protección al derecho a la salud, o a la inversa, entre menores sean los principios activos a los que se les exige pruebas de bioequivalencia menor es la protección al derecho a la salud. Tal como se dijo, la determinación del número responde a criterio de oportunidad, asumiendo que tal determinación no pone en peligro la salud, en virtud de lo manifestado por las autoridades. Nótese que no se cuenta con un parámetro universalmente aceptado con qué comparar la lista en cuestión, pues los recurrentes dicen que con el anexo n°9 del 34° Informe del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas de 1996, apéndice I contiene no menos de 188 productos que son sometidos en Alemania, Canadá y EEUU a estudios de equivalencia terapéutica de previo a autorizar su venta; pero los recurridos dicen que a nivel Latinoamericano vamos más rápido que otros países y que requiere de estudios individualizados y mucha capacitación, y que en Argentina sólo existen 12 principios activos. Así entonces, este tema es responsabilidad política de los recurridos, y esta Sala no puede emitir criterio sobre la decisión de cuáles o cuántos medicamentos deben someterse a pruebas. Ciertamente, la Sala ya estableció (véase el voto 2001-12226) que la inscripción de medicamentos multiorigen de riesgo sanitario, sin estudios de equivalencia terapéutica, es inconstitucional; pero no podría afirmarse ahora que es igualmente inconstitucional que se establezcan únicamente siete medicamentos como de riesgo sanitario y por tanto, que únicamente esos siete deban someterse a dichas pruebas de equivalencia terapéutica, pues no se puede discutir en esta instancia el número de sustancias que requieren la prueba para asegurar la salud. En el voto anterior la acción se declaró con lugar porque no se realizaba ninguna prueba, pero ahora que se determinó que eran siete los principios activos que deben ser sometidos a pruebas, el análisis constitucional no puede ir más allá, pues ¿con qué criterios, más que una simple presunción a contrario sensu de lo indicado por las autoridades competentes, puede decir la Sala que el establecimiento de solamente siete principios activos (únicos a los que se someten a pruebas de equivalencia terapéutica) es insuficiente? De esta forma, como no se cuentan con criterios determinantes para decir que deben ser siete, catorce, veintiuno, o más -salvo el criterio del órgano políticamente responsable, quien ya determinó que eran siete- no es posible verter pronunciamiento alguno al respecto. Finalmente no corresponde tampoco valorar la falta o no de fundamentación del decreto en cuestión. En conclusión, esta Sala Constitucional no es la instancia a la que corresponde definir un tema tan técnico como el que está en discusión, ni cuenta con el criterio suficiente como para concluir que la reducción a siete productos sea lesivo del derecho a la salud”.\n\n         De lo anterior, queda claro que esta Sala no tiene competencia para revisar los criterios técnicos y científicos que sirven de base al Decreto impugnado en esta vía, ni decidir sobre distintos criterios técnicos que pudieran darse al respecto (en este mismo sentido, puede consultarse lo señalado por esta Sala en Sentencias N° 11114-2001 de las 12:53 horas del 26 de octubre de 2001, N° 14349-2005 de las 09:14 horas del 21 de octubre de 2005, N° 11343-2007 de las 09:36 horas del 10 de agosto de 2007, N° 3216-2009 de las 10:08 horas del 27 de febrero de 2009 y N° 12282-2011 de las 11:23 horas del 9 de septiembre de 2011). De igual forma, en cuanto a los aspectos en los cuales el Decreto Ejecutivo en cuestión se separa o contiene regulaciones diferentes en relación con el estudio que le sirve de base -y que apunta la Procuraduría General de la República en su informe-, cabe indicar, que no solo esos aspectos no fueron cuestionados por el accionante -y, por ende, no son objeto de esta acción-, sino que, además, son aspectos que deberán, en su caso, ser revisados en la vía de legalidad. Por otra parte, el hecho de que el estudio base del Decreto cuestionado haya sido elaborado por científicos que pertenecen a la industria bananera, no es motivo suficiente para invalidarlo, pues ello constituiría, así planteado, una falacia ad hominem circunstancial, ya que el argumento invalidante se basaría, únicamente, en las condiciones que rodean a los científicos que elaboraron el estudio -su pertenencia a la industria bananera-, pero no a cuestionamientos concretos sobre la objetividad y veracidad de conclusiones a las que se arribó en el estudio. De modo, que a juicio de esta Sala, la norma impugnada resulta racional como medio idóneo para alcanzar los fines de protección al medio ambiente y a la salud humana que se propone como objetivo, habida cuenta de su fundamento técnico y científico, fines establecidos en el artículo 70, del Reglamento, sea, evitar la contaminación de carreteras, centros de población, casas de habitación, edificios donde permanezca personal laborando, fuentes de agua y cultivos aledaños o fincas vecinas por efecto de la deriva o arrastre de plaguicidas. No solo, existe evidencia científica de que la distancia de treinta metros como zona de no aplicación tiene una justificación técnica, siempre y cuando se dé en las condiciones y requisitos técnicos que prevé la normativa cuestionada, sino que, además, esa normativa adiciona una zona buffer o de protección funcional; ambos elementos en conjunto resultan suficientes para que la deriva no se produzca, según los estudios técnicos y científicos llevados a cabo. Por lo que no existe regresividad en esta materia, pues la reducción de la distancia está condicionada al cumplimiento de una serie condiciones (zona de no aplicación más área de barrera vegetativa de cobertura), todo lo cual resulta razonable. Es gracias a los avances tecnológicos, que se logra un mayor y mejor control de la deriva, lo cual permite reducir la distancia existente entre el área de cultivo objeto de la fumigación aérea y los centros de población y otros, de cien a treinta metros, sin que, con esa medida, se reduzca el grado de protección que se había venido dando, antes de la reforma, al derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Más aún, puede considerarse, que con la aplicación de los avances tecnológicos, hoy por hoy, es posible una mayor protección a esos derechos que la que se había venido dando, pese a la reducción de la citada distancia. Por lo demás, es claro que los avances tecnológicos a los que hace referencia el estudio científico que da fundamento al Decreto aquí cuestionado, no son exclusivos para el cultivo del banano, aún cuando el estudio se refiere, específicamente, a ese tipo de cultivo. Lo que se hace es aplicar los avances tecnológicos en materia de fumigación aérea a ese tipo de cultivo. Esto queda claro en el resumen del estudio que da base al decreto impugnado, en el que se consigna: “El presente trabajo presenta un análisis de la última tecnología disponible y la experiencia generada en Costa Rica, en el campo de las aplicaciones aéreas de plaguicidas”. De modo, que, este estudio no se limita al cultivo del banano, sino que trata, en general, de las aplicaciones aéreas de plaguicidas, con independencia del cultivo de que se trate.  Por lo cual, las reservas que manifiesta la Procuraduría General en relación con este punto, no tienen razón de ser (ver, en este sentido, el Informe Técnico sobre Aplicaciones Aéreas y Zonas de Amortiguamiento N° CAAA-008-2014 del 24 de octubre de 2014, elaborado para esta acción por el Ingeniero Emmanuel Villalobos Sánchez, Presidente de la Comisión Asesora para el Control y la Regulación de las Actividades de la Aviación Agrícola). De igual modo, la espesura que debe tener la zona de amortiguamiento, así como la altura de los árboles, son aspectos técnicos que no cabe revisar en esta sede.\n         VI.- Sobre el control de las condiciones meteorológicas al momento de la fumigación. En cuanto al control de las condiciones meteorológicas imperantes al momento de realizar la aplicación aérea de plaguicidas, de acuerdo con el informe rendido por el Director General de la Dirección General de Aviación Civil y el Presidente del Consejo de Aviación Civil, solicitado como prueba para mejor resolver, se tiene que, en las operaciones de aplicación aérea, no se cuenta con un “técnico de aviación” como tal, que verifique las condiciones meteorológicas del campo o finca a tratar, sino con la figura del “Supervisor de Campo” o “Supervisor de Riego”, que es la persona encargada de realizar las observaciones referentes a viento, temperatura, visibilidad, techo de nubes y otras condiciones que puedan afectar la aplicación. Esta persona, por lo general, es un funcionario de la finca o propietario del cultivo a tratar, quien, basado en su experiencia y conocimiento del lugar de la aplicación, emite el respectivo reporte de las condiciones al piloto para que este último inicie el vuelo desde su aeropuerto. Usualmente, dichos funcionarios cuentan con un anemómetro portátil con el cual realizan las lecturas sobre los datos específicos de velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad relativa. Además, los operadores agrícolas, en sus Manuales de Operaciones, establecen las obligaciones y responsabilidades de dicho personal, tal y como se establece en el artículo 54.2.3, del Reglamento de Actividades Agrícolas.\nAsimismo, esas verificaciones también se realizan por medio de la Unidad de Operaciones Aeronáuticas, a través de los Inspectores, quienes realizan inspecciones regulares de las operaciones agrícolas, de conformidad con el Plan Anual de Vigilancia. Con respecto a los sistemas de señalamiento satelital, altura y calibración de equipos de aplicación, en su informe, el Director General de la Dirección General de Aviación Civil y el Presidente del Consejo de Aviación Civil indicaron que son sistemas automatizados que se ajustan desde la cabina del piloto y en el cual el piloto ingresa las coordenadas de la finca a tratar, así como los valores de la aplicación, tales como los galones que se quieren aplicar por hectárea. El sistema, al ser automatizado, realiza los ajustes necesarios para mantener la aplicación deseada. En cuanto a la calibración de los equipos, estos vienen calibrados de fábrica y, a la vez, el operador agrícola cuenta con procedimientos específicos para realizar dichas calibraciones, ya sea por requerimiento del cliente (finca) o por su programa de mantenimiento; dichos procedimientos, igualmente, se encuentran establecidos en su Manual de Operaciones. Con lo cual, estima esta Sala, existe un adecuado control, a la hora de la realización de la fumigación aérea, de las condiciones meteorológicas necesaria para evitar la deriva más allá de la zona de amortiguamiento, en relación con la verificación de la velocidad y dirección del viento, la temperatura, la humedad relativa, los sistemas de señalamiento satelital, la altura del vuelo y calibración del equipo de aplicación, condiciones todas que, entiende esta Sala, son debidamente verificadas y fiscalizadas, en su momento, por las autoridades competentes, en resguardo de la salud de las personas.\n         VII.- Sobre el estudio de afectación a la salud de mujeres en estado de embarazo en Matina debido a la fumigación aérea. Tanto el accionante, como la Procuraduría General de la República, hacen referencia al estudio del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET) y otros denominado “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentourea (ETU) en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”. En este estudio, se detectó la presencia de químicos que se esparcen en fumigaciones aéreas, en la orina de mujeres embarazadas que viven en las zona bananera de Matina, lo que implica un grave problema de salud. Al respecto, en ese estudio se concluye que “[l]as concentraciones urinarias medidas de ETU de las mujeres eran más de cinco veces mayores que las reportadas para otra poblaciones en general (…). Las concentraciones urinarias de ETU en las mujeres embarazadas son preocupantes, y es posible que la fuente principal de exposición sea la fumigación de mancozeb por vía aérea”. Esta Sala, no pone en tela de duda las graves consecuencias que sobre la salud de las mujeres embarazadas se está presentando en la zona bananera de Matina y que la causa probable es la fumigación aérea de esos cultivos. Esta sola probabilidad, es suficiente para que este Tribunal, en aplicación del principio precautorio en materia ambiental y de salud humana, en vía de amparo, tutele esos derechos fundamentales. Sin embargo, en vía de acción de inconstitucionalidad, se debe determinar, que existe una relación de causa a efecto entre la promulgación de la normativa cuestionada y la afectación al derecho a la salud y al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se aduce. Es decir, es necesario, además, establecer que, ciertamente, con la promulgación del Decreto Ejecutivo impugnado, por medio del cual se reduce la distancia entre el cultivo objeto de la aplicación aérea de sustancias y las viviendas o centros de población, se ha causado una desprotección a esos derechos fundamentales que implique un retroceso inadmisible en esta materia. Es de notar que, por una parte, el accionante no demuestra que la reducción de la zona de amortiguamiento, de cien a treinta metros, con el cumplimiento de las condiciones que la norma impugnada establece al efecto, sea la causa de ese problema de salud y, que el problema no se deba, más bien, a la inobservancia de la normativa vigente al efecto y al incumplimiento de las obligaciones de control y vigilancia que, al respecto, pesan sobre autoridades administrativas competentes.\n         Como se dijo anteriormente, esta Sala carece de competencia para revisar los criterios técnicos que sirven de base el Decreto Ejecutivo en cuestión, así como para determinar, entre distintos criterios divergentes, cuál es el que debe aplicarse o prevalecer. Le corresponde verificar que la decisión de reducir la distancia entre la zona objeto de fumigación y las viviendas o centros de población tenga asidero en un criterio científico y técnico. Si este criterio es erróneo o si el método utilizado presenta inconsistencias, esto es un asunto que debe discutirse en la vía ordinaria, ya que allí, con amplitud de pruebas, podrá revisarse el criterio y establecerse cuál es el correcto. En todo caso, los criterios técnicos y científicos representan verdades contingentes y provisionales, siempre sometidas a revisión. Claro está también que nuevos avances científicos y tecnológicos podrían aportar nuevos elementos para mejorar la regulación vigente. Pero esa posibilidad de mejora no implica que la norma sea inconstitucional, sino solo en el tanto y en el cuanto resulte contraria al Derecho de la Constitución como, por ejemplo, que en materia de tutela de derechos fundamentales, la nueva normativa implique una menor protección a la ya alcanzada.\n         En este orden de ideas, tampoco le corresponde a esta Sala revisar si la metodología empleada en el estudio sobre mujeres embarazada de Matina tiene errores metodológicos que falsean las conclusiones a las que se arribó. Así, no cabría, en esta vía, cuestionar los hallazgos y conclusiones de ese estudio, con base en los reparos que sobre aspectos metodológicos se señalan en el Oficio N° GG-505-2014, del 16 de octubre de 2014, suscrito por el Ing. Jorge A. Sauma A., Gerente General de Corbana S.A., y el Ing. Sergio Laprade Coto, Coordinador de la Comisión Ambiental Bananera, y los que se hacen en el informe N° DRPIS-UNC-ESJ-2287-10-2014, de fecha 14 de octubre de 2014, elaborado por la Licda. Elizabeth Solórzano Jiménez, funcionaría de la Unidad de Normalización y Control-DRPIS, y el Ing. Ricardo Morales Vargas, funcionario de la UNSSAH- Dirección Protección al Ambiente Humano, ambos del Ministerio de Salud, toda vez que esa discusión es propia de la vía de legalidad. Es en esa vía, donde podrá establecerse si, efectivamente, el estudio citado adolece de una serie de errores metodológicos que ponen en entredicho sus conclusiones, tales como la inexistencia de una población blanco o testigo ajena a la actividad del banano que sirva de comparación, con lo cual no se discriminan otras variables como puede ser la ingesta de alimentos, dado que el mancozeb se utiliza en muchísimos cultivos de consumo humano directo y procesado en la dieta de la población, razón por la cual la suposición que toda la exposición se deba a la aplicación aérea de plaguicidas no es contundente. Asimismo, el estudio sugiere que la posible presencia de ETU es por aplicaciones aéreas, pero no se considera la genética, las aplicaciones en otros cultivos de la zona, ni el origen de las personas, como otras variables, ya que, por ejemplo, de determinó que los migrantes presentaban mayor ETU que las mujeres costarricenses. De igual modo, se  indica que el manejo y análisis de las muestras no es claro, no se conoce la cadena de custodia, ni se utiliza un laboratorio con ensayos acreditados en buenas prácticas (GLP). Se señala que en el estudio no se presenta el r 2, que sirve para determinar el grado en el que están relacionadas la variables, para la relación entre la distancia de la vivienda y los niveles de ETU en las personas, ya que esto es un indicativo de que es muy pequeño y, por ende, utilizar la distancia de las fincas con las viviendas y los niveles de ETU no es un predictor de exposición correcto. Tampoco se demuestra el daño en las personas y se señala que el producto es cancerígeno, obviando lo que indica la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (AIRC) de la Organización Mundial de la Salud al respecto. También se señala que se utilizan parámetros de toxicológicos desfasados en el tiempo, de 1996, siendo el parámetro de ingesta, al momento de la elaboración del informe, del 2013, el cual invalida las conclusiones del estudio, ya que al comparar la ingesta diaria estimada (EDI) obtenida en el estudio, con los niveles de la dosis de referencia diaria (RfD) del 2013, se encuentra quince veces por debajo del valor permitido, lo que varía totalmente las conclusiones de estudio. Asimismo, el Doctor Freddy Arias Mora, Toxicólogo de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica al analizar el estudio sobre la concentración de ETU en mujeres embarazadas de Matina, concluye que la fórmula matemática para determinar la posible concentración en sangre del ETU tiene un error debido a una falla en el modelo toxicocinético utilizado y que los datos no representan la dosis por exposición crónica al fungicida mancozeb, ni su metabolito ETU, por cuanto el modelo toxicocinético tiene errores de cálculo, lo cual aunado a que no se consideró la dinámica de absorción y eliminación de la sustancia, así como la influencia del tiempo de exposición al plaguicida, los resultados no son válidos, por lo que no es posible afirmar una posible afectación a la salud de las personas.\nTodos esos cuestionamientos metodológicos que se hacen al estudio “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentourea (ETU) en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)” y que ponen en entredicho las conclusiones a que se arribó en dicho estudio, no son propias de ser conocidos en esta vía, ya que es la vía de legalidad la competente para analizar el fondo del asunto y determinar si las conclusiones en cuestión se pueden mantener o no. Pero tampoco, por la misma razón, corresponde en esta vía entrar en valoraciones sobre las conclusiones a que llegaron los investigadores que realizaron el estudio denominado “Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de plaguicidas en fincas con zonas de amortiguamiento”. En este último trabajo de investigación se concluye, entre otros aspectos, que existe suficiente información a nivel nacional y mundial que señalan que el manejo de la deriva en las aplicaciones de plaguicidas se debe hacer por medio de prácticas de aplicación y no por distancias exclusivamente y que una zona de amortiguamiento de treinta metros, sembrada de árboles de mayor altura que el cultivo, es uno de los mejores métodos para minimizar la deriva, pues los árboles actúan como una barrera al traslado de plaguicidas fuera del campo de aplicación. Este estudio se basa en las leyes de la física que son universales y en determinadas técnicos, de manera que si la fumigación se lleva a cabo con la tecnología adecuada y con el cumplimiento de ciertos requisitos científica y técnicamente establecidos -los cuales recoge el Decreto Ejecutivo impugnado- se puede tener certeza científica que la deriva será casi nula y que una zona de amortiguamiento de treinta metros, sembrada de árboles de mayor altura que el cultivo, garantiza que la deriva que se produzca no la traspasará, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones técnicas exigidas (tamaño de la gota de la mezcla a aplicar, longitud de la barra de aspersión, altura del vuelo, condiciones climáticas, etc.). En estas circunstancias, no podría producirse deriva hacia los centros de población, pues ello implicaría el desafío de las leyes físicas que gobiernan universalmente el comportamiento de la materia.\nDe modo, que el Decreto impugnado cuenta con un estudio científico que lo respalda, el cual no cabe cuestionar en esta vía, ni siquiera a través de otro estudio técnico que pusiera en cuestionamiento sus conclusiones. Esa divergencia tendría que ser, irremediablemente, zanjada en la vía de legalidad.\nAdemás, en el expediente de la acción, se han aportado una diversidad de estudios e información en relación con la fumigación aérea de plaguicidas y el tema de la posible deriva: Informe Técnico sobre aplicaciones aéreas y zonas de amortiguamiento de la Comisión Asesora para el Control y la Regulación de las Actividades de la Aviación Agrícola; Buenas prácticas de aplicación en cultivos planos extensivos. Distancias a zonas urbanas. Criterios y soluciones, de Alberto Etiennol y Augusto Piazza de la Universidad Argentina de la Empresa; Evaluación y Mitigación de la deriva de rocío en la fumigación, de Allan S. Felsot de la Washington State University; Resumen de Estudios de Aplicación Aérea;  Deriva de Pesticidas. Susan Cordell y Paul B. Baker, de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Arizona; Filtración de Deriva por Captadores Naturales y Artificiales. Una Revisión de la Literatura, de Andrew J. Hewitt de Servicios de Investigación Agrícola Stewart; y Barreras Naturales y Artificiales para Deriva de Rocío. Mitigación de Exposición en Australia del Sur, Proyecto de Investigación para Industrias y Recursos Primarios, Australia del Sur (PIRSA) de Andrew Hewitt PhD, Gary Dorr PhD, Peter Hughes y Toni Axford (PIRSA) del Centro para la Aplicación y Seguridad de Pesticidas de la Universidad de Queensland, Gatton. En todos estas investigaciones, se concluye, en definitiva, que la deriva que produce la fumigación aérea de plaguicidas, se puede reducir casi a cero y evitar que llegue a las viviendas o centros de población aledaños al cultivo objeto de la fumigación, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, tales como la existencia de una zona de amortiguamiento sembrada con árboles de mayor altura que el cultivo y se utilicen tecnologías de punta en la fumigación, la cual, también, deberá realizarse bajo determinadas condiciones climáticas científica y técnicamente establecidas. En estas condiciones, la reducción de la distancia entre el cultivo y las viviendas o centros de población a solo treinta metros no implica ninguna desprotección al derecho a la salud de los habitantes del lugar ni afectación al derecho al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelados en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política.\nAsí, no hay forma que, de cumplirse todos los requisitos y condiciones a que hace referencia el Decreto Ejecutivo cuestionado, se produzca, en virtud de la deriva, la afectación a la salud que acusa el accionante y que se afirma en el estudio relativo a las mujeres embarazadas de Matina. Esto solo podría entenderse, si se incumplen esas condiciones. Que esto sea así, lo corrobora el propio accionante, quien en su denuncia AEL-063-2015, fechada en Limón el 15 de junio de 2015, afirma que en las fincas bananeras de Matina no hay barreras físicas, es decir, no existe una zona de amortiguamiento de treinta metros entre el cultivo objeto de la fumigación y las viviendas de las personas afectadas, lo cual queda también acreditado por la contestación que a dicha denuncia le da la Directora del Área Rectora de Salud de Matina, en Oficio HC-ARS-M-2382-2015 del 30 de junio de 2015. De modo tal, que en el caso de Matina la normativa que contiene el Decreto cuestionado no es de aplicación, ya que no se cumplen las condiciones para ello y, por ende, los problemas de salud que aquejan a personas embarazadas no se relaciona con la norma acusada de inconstitucional, sino, más bien, con el posible incumplimiento de la normativa que regula actividad de la fumigación aérea, lo cual no es objeto de conocimiento de esta vía.\nEn consecuencia, esta Sala considera que la norma en cuestión tiene fundamento científico suficiente y, en ese tanto, resulta racional, por lo que no implica ningún retroceso en la protección de derechos fundamentales, particularmente la salud y el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y, por ende, la acción contra el Decreto Ejecutivo N° 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, que es Reforma al artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG- MOPT-MGSP, “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola”, del 16 de octubre del 2003, debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos.\n         VIII.- En relación con la gestión de audiencia a la Defensoría de los Habitantes que plantea el accionante. El accionante, en escrito presentado a las 10:05 horas del 4 de diciembre de 2014, solicita a esta Sala se dé audiencia a la Defensoría de los Habitantes, a fin de que se manifieste en relación con el Decreto Ejecutivo N° 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, que es Reforma al artículo 70, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG- MOPT-MGSP, “ Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola”, del 16 de octubre del 2003, impugnado en esta acción. Dicho escrito se reservó para ser conocido en el momento procesal oportuno (resolución de Presidencia de las 11:19 horas del 4 de diciembre de 2014). Analizada la solicitud del accionante, esta resulta improcedente, pues, por una parte, la Defensoría de los Habitantes no tiene relación directa con la aplicación del Decreto Ejecutivo impugnado; y, por otra, tampoco estima este Tribunal, que pueda aportar mayores elementos para la resolución del fondo de este asunto, sobre todo si se toma en cuenta que el órgano asesor de esta Sala en materia de acciones de inconstitucionalidad, es la Procuraduría General de la República, la cual vertió su opinión respecto de la norma cuestionada.\n         IX.- Conclusión. Con base en las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar la acción interpuesta en todos sus extremos, por estimar esta Sala que el artículo 1, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, no es en sí mismo inconstitucional, siempre y cuando exista una estricta fiscalización, por parte de las autoridades competentes, de la zona de amortiguamiento y demás condiciones exigidas en el Decreto, en los actos concretos de aplicación, en resguardo de la salud de las personas. El Magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar la acción en todos sus extremos.\n         X.- Voto salvado del Magistrado Cruz Castro. Con el mayor respeto para la mayoría del Tribunal Constitucional, y con base en las mismas consideraciones por las cuales, en su oportunidad, salvé el voto en la Sentencia N° 2012-011064 de las 16:31 horas del 14 de agosto de 2012, discrepo del razonamiento vertido por la Sala en la sentencia de mayoría, en que se considera que lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Ejecutivo No. 34202 de 21 de mayo de 2007 no lesiona el Derecho de la Constitución, particularmente los derechos protegidos en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política. Sobre el particular, el suscrito Magistrado reitera el criterio sostenido en la sentencia No. 2006-16276 de las 14:46 hrs. de 8 de noviembre de 2006, en que se declaró inconstitucional el artículo 70 del Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Decreto Ejecutivo No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP de 16 de octubre de 2003, en la parte que dispone:\n“Dicha franja podrá ser reducida hasta un mínimo de 30 metros, si entre el campo a tratar y los sitios indicados, existen zonas de amortiguamiento reforestadas preferiblemente con especies nativas, siempre y cuando además se apliquen plaguicidas de moderada toxicidad a lo sumo, y la aplicación se realice bajo condiciones adecuadas de altura de vuelo, tamaño de la partícula, velocidad del viento que en conjunto permitan la reducción de la deriva y que la aeronave disponga de implementos adecuados para ese fin y que se vuele en forma paralela a la zona de amortiguamiento. En caso de que la aplicación se realice en forma perpendicular a dicha zona, deberá dejarse además una franja no menor de 40 metros dentro del cultivo, en la que no se podrán aplicar plaguicidas por avión para reducir el efecto del arrastre, pudiéndose aplicar el área respectiva con helicóptero u otro medio que asegure el control del arrastre. La franja de no aplicación de plaguicidas podrá omitirse en caso de vías o caminos internos de uso exclusivo para el cultivo que se va a tratar y en el tanto no existan viviendas ni se produjeren ninguno de los supuestos a que se refiere el párrafo primero del presente artículo”.\nEsta disposición tiene un contenido similar a la cuestionada en esta oportunidad, es decir, el artículo 1º del Decreto Ejecutivo N° 34202 de 21 de mayo de 2007, en que se redujo la distancia que debe existir (entre el campo a tratar y cualquier carretera, centros de población, casas de habitación, edificios donde permanezca personal laboral, fuentes de agua y cultivos aledaños o fincas vecinas) de cien hasta treinta metros, a efecto de realizar aplicaciones aéreas de plaguicidas. Sobre el particular, es preciso reconocer, tal y como se hizo en la Sentencia N° 2006-16276, que esta Sala ha desarrollado ampliamente los alcances del derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como son recogidos en la Sentencia N° 2003-06322 de las catorce horas con catorce minutos del tres de julio del dos mil tres, y sin perjuicio de otras ampliaciones y matizaciones posteriores de las cuales se derivan una serie de parámetros y principios que se resumen en:\n\"1. la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Debe asegurar y proteger ese derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales\" (sentencia número 9193-2000, de las dieciséis horas veintiocho minutos del diecisiete de octubre del dos mil).\n2. el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución;\n3. el principio del uso racional de los recursos, a fin de que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente;\n4. el principio de la calidad ambiental, según el cual la calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda y la educación, entre otros\n5. el principio precautorio: Uno de los principios esenciales que componen el derecho ambiental es el \"principio precautorio\" o \"principio de la evitación prudente\", tal como está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, según el cual la prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas;\n6. la exigencia de la realización del estudio de impacto ambiental previo a la iniciación de obras y actividades que puedan producir daños y contaminación del medio ambiente evaluables, como la presencia de sustancias tóxicas o elementos externos que provoquen en el ambiente características negativas, tanto para la diversidad biológica -comprendiendo a la flora y la fauna-, como -y sobre todo- para la vida humana, que se ve reflejada en la salud o bienestar del hombre -suelo, hábitat, aire, agua, etc.-, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico;\n7. la obligación de las instituciones del Estado de cumplir con la legislación ambiental en su actividad ordinaria;\n8. la regla de que sólo el estado de necesidad declarado excepciona el cumplimiento de las normas ambientales\n9. el principio de que la falta de recursos económicos de las instituciones públicas no es excusa que justifique la omisión de dar protección al derecho ambiental\n10. el principio de coordinación entre las diversas dependencias públicas a fin de garantizar la protección del medio ambiente\".\n \nA todo lo anterior se agrega el reconocimiento constitucional del derecho fundamental a la salud y las exigencias que de ese reconocimiento se derivan, tanto para las autoridades públicas, como para los particulares, en el ejercicio de cualesquiera actividades que puedan ponerlo en peligro, por lo que, con relación a la Administración, se le ha dotado de facultades y obligaciones específicas en lo concerniente al desempeño de esas actividades. De este modo, con respecto a los alcances de lo dispuesto por el artículo 70, del Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP de 16 de octubre de 2003, la Sala Constitucional en la sentencia No. 2006-16276, consideró que:\n“Si bien es cierto que el artículo 70 establece una franja de no aplicación aérea de 100 metros, permite, sin embargo, que la franja se reduzca a 30 metros, si entre el campo a fumigar y las casas, poblados y otros existen zonas de amortiguamiento reforestadas con especies nativas, siempre y cuando se apliquen plaguicidas de moderada toxicidad y la aplicación se realice en condiciones de altura de vuelo, tamaño de la partícula y velocidad del viento que permitan la reducción de la deriva y de que la aeronave disponga de implementos para ese fin y vuele en forma paralela a la zona de amortiguamiento. La Sala ha considerado que en estos casos debe aplicarse el principio precautorio (v. entre otras, la sentencia número 7294-98), sobre todo, tomando en cuenta que no hay un fundamento científico ni técnico que justifique la disminución de la franja. El Reglamento impugnado no indica los porcentajes de deriva del plaguicida admitidos y establece la posibilidad de reducir la franja de aplicación a 30 metros, sujeta a unas condiciones del tóxico, climáticas y del vuelo, que ni siquiera pueden ser previamente controladas por la autoridad pública, con lo cual, pone en peligro los derechos fundamentales a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, porque se trata de una actividad contaminante, con sustancias tóxicas, en la cual no es admisible reducir los niveles de protección establecidos en la anterior regulación”.\n \nEn este orden, las razones que aporta la mayoría del Tribunal Constitucional en esta ocasión para justificar la conformidad con el Derecho de la Constitución de lo dispuesto por el artículo 1º, del Decreto Ejecutivo N° 34202 de 21 de mayo de 2007, en nada justifican el cambio de criterio que se ha producido en el caso concreto, el cual ha incidido sobre el pleno goce de los derechos protegidos en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política y, particularmente, el principio precautorio que rige el derecho ambiental. Con sustento en lo expuesto, el suscrito Magistrado salva el voto y declara la inconstitucionalidad de la norma impugnada, en la medida en que contiene una disposición similar a la que ya fue anulada por este Tribunal Constitucional en la decisión N° 2006-16276.\nPor tanto:\n          Se declara sin lugar la acción, al estimar que el artículo 1, del Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Reglamentopara las actividades de Aviación Agrícola, no es en sí mismo inconstitucional, siempre y cuando exista una estricta fiscalización, por parte de las autoridades competentes, de la zona de amortiguamiento y demás condiciones exigidas en el Decreto, en los actos concretos de aplicación, en resguardo de la salud de las personas. Notifíquese. El Magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar la acción.-\n \n \nErnesto Jinesta L.\nPresidente\n \nFernando Cruz C.                                                 Fernando Castillo V.\n \n \nNancy Hernández L.                                                     Luis Fdo. Salazar A.\n \n \n\nJose Paulino Hernández G.                                           Enrique Ulate Ch.\n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:50:21.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "*140117590007CO*\n\nCase File: 14-011759-0007-CO\n\nRes. No. 2017018360\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and fifty minutes on the fifteenth of November of two thousand seventeen.\n         Action of unconstitutionality brought by Marco Levy Virgo, also known as Marco Machore Virgo, of legal age, single, with identity card number 0700690314, against article 1 of Executive Decree No. 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP of May 21, 2007, which, in turn, reforms article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Regulations for Agricultural Aviation Activities, of October 16, 2003. Participating in the process are the Office of the Attorney General of the Republic, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Public Works and Transport, the Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Governance and Police and Public Security. Also participating are the Director General of the Directorate General of Civil Aviation and the President of the Civil Aviation Council, and as passive coadjuvants, Jorge Arturo Sauma Aguilar, in his capacity as General Manager of Corporación Bananera Nacional S.A. (CORBANA), and Jorge Arturo Osborne Escalante, in his capacity as President and judicial representative of the Asociación Cámara Nacional de Bananeros (CONABA).\nWhereas:\n         1.- By brief filed with the Secretariat of the Chamber at 9:40 a.m. on July 24, 2014, the petitioner requests that the unconstitutionality of article 1 of Executive Decree No. 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP of May 21, 2007, which, in turn, reforms article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Regulations for Agricultural Aviation Activities, of October 16, 2003, be declared on the grounds that it is contrary to articles 7, 21, and 50 of the Political Constitution; principle 7 of the Rio Declaration on Environment and Development; and the principles of non-regression in environmental matters, the precautionary principle, and the principle of sustainable development. He claims that the challenged norm seeks to reduce the distance for aerial applications of pesticides with respect to population centers and farms from one hundred to thirty meters if a buffer zone (zona de amortiguamiento) is available and a series of requirements set forth in that Decree are met. He mentions that this Decree intends to implement this measure, arguing that the studies conducted and the addition to article 70 of the challenged Executive Decree, as well as the requirements listed therein, resolve the situation that the Constitutional Chamber, through Ruling No. 2006-16276, had recognized as a risk to the health of the inhabitants of areas affected by aerial applications of pesticides—aimed above all at banana plantations—and as harmful to the environment, especially to water resources, by reason of which it repealed the second part of Article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, insofar as it established the possibility of reducing the application area from one hundred meters to only thirty meters if a buffer zone existed. He contends that, on the contrary, the risk situation for the health of the inhabitants of the Matina area, especially the contamination of air and water resources, continues to this day, in open violation of articles 21 and 50 of the Political Constitution. He argues that the buffer zones referred to do not exist in the majority of banana farm cases, just as the distances that must legally exist between springs (nacientes), streams, or creeks, and the area occupied for agricultural plantations do not exist. From that perspective, a decree cannot add a series of requirements that fumigation companies must explicitly meet and consider that the problem is thereby solved, when in reality the conditions have not changed and the risk to the health of the inhabitants and the damage to the environment remains the same. He states that Executive Decree No. 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP incurs an open and flagrant violation of article 7 of the Constitution by violating the principle of non-regression in environmental matters, which states that environmental regulation and jurisprudence should not be revised if this would mean going backward on the levels of protection previously achieved, since its purpose is to avoid the suppression of norms or the reduction of their requirements due to contrary interests that cannot demonstrate being juridically superior to the public environmental interest, given that such regressions can often lead to irreversible or hard-to-repair environmental damage. Consequently, the main obligation implied by its correct application is not to regress, not to affect the already acquired thresholds and standards of environmental protection, not to repeal or modify current regulations to the extent that this means diminishing, impairing, or in any way negatively affecting the current level of protection. He claims that the challenged Executive Decree violates the principle of non-regression by negatively rolling back the protection of a fundamental right such as health, protected in article 21 of the Constitution. The foregoing, because the change of distance from one hundred to thirty meters, without the conditions ordered by the Chamber in Ruling No. 2006-016276 having been executed, is a violation of these rights, as well as a series of international treaties and conventions that the country has signed and accepted as part of its legislation. He argues that constitutional jurisprudence has not only recognized the function of integration, delimitation, and interpretation of the environmental legality framework by the guiding principles of environmental law derived from both the Political Constitution and International Environmental Law, but has also granted them the rank of constitutional principles, elevating them above the entire legal system and even using them as parameters for constitutional review. One of these principles is non-regression, which advocates that environmental regulation and jurisprudence should not be revised if this implies going backward on the levels of protection previously achieved, since regressions can lead to irreversible or hard-to-repair environmental damage, or damage to the health of the inhabitants of communities where the environmental damage is being caused, as is the case of the community of Matina and surrounding areas, where the contamination of water, air, and food causes harmful and deadly effects on the inhabitants of those areas, who for decades have suffered contamination from agrochemicals resulting from indiscriminate aerial fumigations carried out near their homes, schools, health centers, and others. It was even reported in a publication of the newspaper La Nación that a study by the Regional Institute on Toxic Substances of the Universidad Nacional detected the presence of chemicals dispersed in aerial fumigations in the urine of pregnant women living in banana-growing areas. The decrease in the distance that must be respected for fumigations from one hundred to thirty meters, without any protection for the communities, signifies a violation of the right to health held by the inhabitants of the communities affected by aerial fumigation, contrary to the principle of non-regression in matters of environmental protection and, consequently, in flagrant violation of article 7 of the Political Constitution, regarding the supremacy of environmental and human rights treaties and conventions incorporated into Costa Rican legislation. He also claims that the idea of sustainable development is closely linked to the principle of non-regression in environmental matters. He argues that numerous treaties and conventions signed by our country have defined sustainable development as that type of development that meets the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs; and derived from this precept is that of intergenerational equity, enshrined in principle 7 of the Rio Declaration on Environment and Development. He claims that when a norm protecting the environment is modified or repealed to reduce its degree of protection, a more degraded environment is being imposed on future generations through a legal norm with regressive content, which is contrary to the principle of intergenerational equity. Likewise, he maintains that the principles of prevention and precaution, also contained in the Rio Declaration, embody the principle of non-regression to the extent that they seek to anticipate environmental damage and thus avoid irreversible situations, even in those cases where full scientific certainty does not yet exist. He requests that the action be granted in all its terms and that article 1 of Executive Decree No. 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP of May 21, 2007, which reforms article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Regulations for Agricultural Aviation Activities, of October 16, 2003, be annulled as unconstitutional.\n         2.- In order to substantiate the standing he holds to bring this action of unconstitutionality, he indicates that he appears in defense of diffuse interests, in accordance with the provisions of paragraph 2 of article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as this concerns environmental protection and public health.\n         3.- By order issued at 9:43 a.m. on October 2, 2014, the Presidency of the Chamber admitted the action and granted a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Public Works and Transport, the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Governance and Police and Public Security, and the Regional Institute for Studies on Toxic Substances of the Universidad Nacional.\n         4.- In a brief filed at 10:37 a.m. on October 22, 2014, María Elena López Núñez, in her capacity as Minister of Health, submitted the requested report, in which she stated that, according to report No. DRPIS-UNC-ESJ-2287-10-2014 dated October 14, 2014, prepared by Licenciada Elizabeth Solórzano Jiménez, an official of the Standardization and Control Unit-DRPIS, and Engineer Ricardo Morales Vargas, an official of the UNSSAH-Directorate for the Protection of the Human Environment, it is clear that the environmental and health problems alleged by the petitioner not only do not occur, but that what he raises is a matter of legality, since what is being claimed is the supposed non-compliance with the regulations established in the Executive Decree in question, an aspect that lies outside the constitutional review exercised by the Chamber. She adds that the Ministry of Health is the governing body in health matters and has the obligation to guarantee the best quality of health for the entire population, such that if the challenged Executive Decree contained errors to the detriment of the population's health, that Ministry would not have been a party to it. She contends that Executive Decree No. 34202-S-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP maintains a distance of one hundred meters of no aerial application if there is no buffer zone (similar to article 75 of Executive Decree No. 15846-MOPT-MAG of November 6, 1984) and makes an exception for a distance of thirty meters of no aerial application, provided that, based on technical studies, properly reforested and functional zones exist, and compliance is met with the established flight altitude, droplet size, length of aircraft spray booms, GPS, automatic sprayer shut-off, meteorological conditions at the time of application (wind speed and direction, temperature, and relative humidity), among others. This means there is scientific evidence that the thirty-meter distance as a no-application zone has technical justification and that, moreover, the challenged article 70 adds a functional buffer; both elements, acting together, are sufficient to prevent drift (deriva). Therefore, there is no regression in this matter, as the reduction of the distance cannot be carried out by producers without complying with the aforementioned regulations (no-application zone, plus vegetative cover air barrier). She requests that the action of unconstitutionality filed be dismissed as the challenged Executive Decree does not contain the defects of unconstitutionality being alleged, nor is there any lack of protection of constitutionally protected rights, since, on the contrary, it is scientifically and technically demonstrated that the reduction of setback areas or zones does not imply a greater risk to health or the environment.\n         5.- The Office of the Attorney General of the Republic submitted its report in a brief filed at 11:44 a.m. on October 24, 2014, in which it noted that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized expressly and clearly individualized (Ruling No. 1394-1994) through the reform introduced to article 50 of the Constitution by Law No. 7412 of June 3, 1994. This right is related to numeral 21: \"Human life is inviolable,\" from which derives the right to health, for which environmental protection is a necessary prerequisite: \"People's health depends largely on the environmental conditions surrounding them\" (Ruling No. 180-1998); and with article 69, from which the principle of rational exploitation of the land is derived, imposing on both individuals and the State the obligation to protect and preserve renewable natural resources (Rulings No. 2233-1993, 4818-2003, and 6322-2003). This right is also enshrined in numeral 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights (\"Protocol of San Salvador\"), signed in 1988 and approved by Law No. 7907 of September 3, 1999. It states that the link between environmental protection and the right to health (also enshrined in article 46 of the Constitution and numeral 10 of the Protocol of San Salvador) and quality of life—environmental quality is a fundamental parameter of quality of life (Rulings No. 3705-1993, 2219-1999, 6716-2002, 4818-2003, 6322-2003, and 16276-2006)—is particularly close when dealing with this issue, as established by the Chamber in Rulings No. 3705-1993 and 3341-1996. Both rights manifest themselves in a two-fold aspect: as a subjective right of individuals and as a goal or purpose of State action (Rulings No. 644-1999, 9193-2000, and 6322-2003), which has the obligation to guarantee, defend, and protect them. A guarantee role is demanded of the State regarding the proper use of pesticides and the avoidance of their harmful effects on health and the environment. Thus, in Ruling No. 13968-2004, by which the amparo appeal filed against report No. FOE-AM-19/2004, prepared by the Agricultural Services and Environment Area of the Operational and Evaluative Oversight Division of the Office of the Comptroller General of the Republic (on the evaluation of State management regarding the control of agricultural pesticides), was rejected, the Constitutional Chamber described the use of chemical substances in agricultural activities as \"one of the most pressing environmental problems that the country must resolve\" and highlighted the \"need for the State to intervene by exercising a regulatory function over the use of agrochemicals, which guarantees... the protection of citizens' health in general and their right to a healthy and ecologically balanced environment.\" Likewise, when issuing its opinion on the legislative consultation of constitutionality regarding the \"Approval of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants\" present in some pesticides, the Chamber, in Judgment No. 9565-2006, emphasized the duty of the Costa Rican State \"to act effectively and proactively to prevent the occurrence of events that degrade the environment and compromise its sustainability.\" A criterion reiterated by the Chamber when issuing its opinion on the legislative consultation of constitutionality regarding the \"Approval of the Rotterdam Convention for the Application of the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Pesticides and Chemicals in International Trade\" (Judgment No. 018207-2008), as well as when upholding the objections of unconstitutionality against the Regulations on the registration, use, and control of formulated synthetic pesticides, technical grade active ingredient, adjuvants, and related substances for agricultural use (Judgment No. 16937-2011). In Ruling No. 12394-2012, the Chamber indicated that environmental matters and the preservation of the right to health and life are of public interest, and the State has the inescapable responsibility to act in protection of those rights, for which it holds the power to issue regulations to anticipate the possible negative effects and impacts that the various activities carried out by people may cause. In this sense, the State may demand compliance with new requirements or conditions that ensure the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, with the public interest in environmental matters and the protection of the right to health and life prevailing over the particular interest of an individual to carry out a given activity. It states that constitutional jurisprudence has referred to the State's responsibility to prevent contamination by pesticides and to ensure that people's health does not suffer damage from third parties in the activity of aerial application of these substances (Rulings No. 4463-1999, No. 17992-2006, No. 12094-2009, No. 12692-2009, and No. 2720-2014, among others). The principle of the objectification of environmental protection, or the principle of linkage to science and technology, is recognized, in turn, as a constitutional principle that conditions State action in protecting the environment (Ruling No. 6322-2003), which is related to the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality (Ruling No. 2410-2007). The foregoing is closely related to the principle of the prohibition of arbitrariness, in the terms defined by the Chamber in Ruling No. 11155-2007. For its part, in Ruling No. 13367-2012, the Constitutional Court developed the principle of progressivity and non-regression of environmental protection. Similarly, given that damage to the environment tends to have serious, cumulative, and generally irreversible consequences, its avoidance takes on transcendental relevance, with Environmental Law having a preventive emphasis, which materializes in one of its basic principles: the precautionary principle, by which a type of presumption in favor of the environment is established, such that, when there is no scientific certainty about the negative effects that an action may generate, its execution is prohibited, limitations are imposed, or protective measures are adopted, a principle stated in article 11 of the Biodiversity Law. This principle introduces a reversal of the burden of proof, which is enshrined in article 109 of the cited law, according to which the burden of proof of the absence of contamination, degradation, or unpermitted impact, corresponds to whoever requests an approval or permit. In the sphere of international instruments, the idea of precaution was contemplated in Principle 11 of the World Charter for Nature. For its part, the Chamber, in its jurisprudence, has recognized this principle and granted it constitutional rank (among others, Rulings No. 5893-1995, 2219-1999, 5048-2001, and 2515-2002). The precautionary principle, or principle of prudent avoidance, is closely related to the prevention principle, which is also contained in article 11 of the Biodiversity Law. The Chamber, in the last cited rulings, as well as in Ruling No. 13367-2012, highlighted the existing link between these two principles. The importance of these principles in relation to pesticides that are sprayed or dispersed into the environment as a result of aerial application (during or after the application) is evidenced in the study \"Aerial Application of Mancozeb and Urinary Concentrations of Ethylenethiourea in Pregnant Women in Costa Rica: the Infants' and Environmental Health Study (Estudio Infantes y Salud Ambiental, ISA),\" conducted in the canton of Matina, Limón, by researchers from the Regional Institute on Toxic Substances of the Universidad Nacional (IRET-UNA), coordinated by Berna van Wendel de Joode, in collaboration with researchers from Lund University and the Karolinska Institute (Sweden), the Université du Québec à Montréal (Canada), and the University of California, Berkeley (United States), published on September 8, 2014, in the journal \"Environmental Health Perspectives.\" This is a study that took measurements to detect pesticide residues in the urine of pregnant women living near agricultural plantations with aerial fumigation, finding residues of Mancozeb, which can alter thyroid function, essential for fetal brain development. Its findings indicate that current regulations regarding aerial pesticide fumigation activities do not protect pregnant women and fetuses from exposure to ETU (a Mancozeb residue). They point to the substitution of aerial application with less dispersive application techniques and the implementation of additional technical measures to reduce drift outside the target area as useful for reducing environmental and occupational exposure to this substance. To reduce contamination of homes, they recommend, at a minimum, increasing the distance between banana plantations and residential areas and establishing natural barriers. It notes that Decree No. 34202, according to Recital 8, is based on the document \"Management of Drift in Aerial Applications of Pesticides on Farms with Buffer Zones,\" published by CORBANA S.A. in 2007 and prepared by Roberto Valenciano Mora from Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A., Sergio Laprade Coto from CORBANA S.A., Álvaro Fournier Leiva from CARIBANA S.A., and Eduardo Trejos Obando from Standard Fruit Co. According to its text, the objective of this document is to \"detail the main technical aspects that must be considered in the aerial application of pesticides in order to minimize drift on banana farms that have buffer zones at least 30 meters wide.\" In the opinion of the Attorney General's Office, the first question that arises regarding the technical basis of the decree is whether the results of this document, produced by members of the banana industry, can be extrapolated to other types of crops, as the decree does. For example, regarding flight altitude, the document indicates: \"For the case of banana cultivation, an altitude no greater than 5 meters above the plantation level is recommended,\" which is the same altitude adopted by the decree. Likewise, regarding the droplet size of the mixture, the document mentions: \"On the other hand, very large droplets do not achieve adequate coverage of the pesticide on the foliage, making the fight against Black Sigatoka [indicated right there as the main phytosanitary problem in banana plantations] difficult. Studies carried out by the Banana Industry in Costa Rica (Washington, et al, 2001) concur with what is indicated by world literature, and it is recommended to work with a droplet size between 200 and 300 µm\" (p.5). This is the same droplet size required by the decree. Regarding the buffer zones, the document specifies: \"Studies carried out in Costa Rica indicate that under the conditions in which pesticides are applied in bananas, drift is no more than 26 meters... It is recommended that buffer zones be reforested, preferably with native species, and have a minimum width of 30 meters\" (p.8), the width required by the decree. Similarly, the decree textually copies the document's recommendation that wind speed should not exceed 15 km/h \"when spraying cultivation zones adjacent to the buffer areas,\" which, in the opinion of the Attorney General's Office, generates uncertainty due to the imprecision of the word \"adjacent\" (aledañas); for example, how large are the adjacent zones? And, furthermore, it contradicts article 63 of the Regulations being reformed, which provides that the maximum limit for wind speed must be 15 km/h for spraying (over the entire cultivated area). The second question raised by the Attorney General's Office regarding the technical basis of the Decree relates to the parts of the norm that differ from the base document. For example, while the document indicates that relative humidity should be above 60%, the Decree provides that it should be above 70%; and while the document indicates that \"if the application is carried out perpendicularly to the buffer zone, additionally, a 40-meter strip must be left within the crop where pesticides should not be sprayed to reduce the drift effect,\" the decree provides that this distance should be left when the application is carried out with an airplane, which leaves the doubt as to whether, a contrario sensu, with a helicopter this strip would not have to be left, and that \"[t]he no-application strip may be omitted in the case of internal roads or paths exclusively for cultivation use and while there are no dwellings,\" thereby reducing the 40-meter strip recommended by the study to distances of even 6 meters that internal roads can measure. Furthermore, doubts could arise about the scientific objectivity of a document sponsored and carried out by members of the banana industry, who could be influenced by the sector's particular interest; questions also arise about the proper technical basis of the decree when extrapolating the results of this document to other types of crops; and finally, there are questions regarding the parts of the decree that introduce innovations compared to the study on which it is based. All of this makes the reasonableness of the norm uncertain with respect to its suitability for achieving the environmental and human health protection goals it intends, in the terms established by the Chamber in Judgments No. 6322-2003, No. 3933-1998, No. 11013-2000, No. 3445-2000, No. 8744-2000, No. 6678-2001, No. 12953-2001, and No. 2569-2012, among others, since the objective of article 70 of the Regulations for Agricultural Aviation Activities is \"that people, animals, houses, towns, roads, pastures, water sources, drinking troughs, and crops or farms are not contaminated... by the effects of drift or the dragging of pesticides.\" He argues that in Ruling No. 16276-2006, the reduction of the no-aerial-application strip was declared unconstitutional as it was deemed to violate a series of constitutional parameters and principles regarding environmental protection and people's health. The Attorney General's Office points out that there is doubt as to whether the meteorological conditions during the application time required by the decree can be monitored by the public authority in the exercise of police power, in the terms of Ruling No. 16276-2006, or even by the pilots responsible for the application of the pesticides. He notes that it is not a matter of measuring the conditions prevailing at the agricultural aerodrome, runway, or landing field, which may be several kilometers from the crop to be fumigated, but rather measuring the conditions prevailing in the zones adjacent to the buffer areas.\n\nIn this regard, it notes that, for example, publications can be found on the internet concerning a Mesoamerican Agroclimatic Monitoring System (MAWMS) of the WWF (World Wildlife Fund or World Wide Fund for Nature) with meteorological stations in Honduran and Belizean agricultural fields that allow the use of meteorological data in real time as a tool for choosing the appropriate moment for the application of pesticides depending on weather conditions and microclimates; and concerning a network of meteorological stations installed in twenty-nine rice-producing Argentine provinces, without anything similar being found in Costa Rica. To answer this question, the Office of the Attorney General (Procuraduría), in its capacity as Advisory Body to this Chamber, considers it appropriate for this Constitutional Court to request the opinion of the Technical Council of Civil Aviation (Consejo Técnico de Aviación Civil) on the generalized use of the instruments and stations for measuring meteorological conditions that the decree requires to be controlled before and during the spraying of pesticides in areas adjacent to buffer zones. Decree No. 34202 also has gaps that raise questions about the sufficiency of the regulation to prevent contamination caused by the drift or carryover of pesticides onto water sources and courses, houses, schools, crops, etc., located less than one hundred meters from the plantations subject to aerial application of these substances. One of these is thermal inversion—which is not mentioned—recognized as one of the causes of drift in aerial application of pesticides, which conditions the possibility of carrying out this activity, to the point that the Guidelines on Good Practices for the Aerial Application of Pesticides of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (2002) provide that “spraying should not be carried out where there is upward movement of air or where temperature inversion prevents the settling of the cloud in the treated area.” It points out that another gap is that relating to the characteristics of the buffer zone that effectively guarantee its usefulness “as barriers to reduce drift from aerial applications,” since, for example, in the Technical Report “Buffer Zones for Conservation: Guidelines for the Design of Buffer Zones, Corridors, and Greenways,” of the Southern Research Station of the Forest Service of the United States Department of Agriculture, in section 5.3, Buffer Zones and Pesticide Drift, it is recommended to provide a barrier with a density of 40 to 50% and a height at least twice that of the crop, using vegetation with fine leaves, tolerant to the chemical substance to be applied, arranged in several rows and in a mixture of plant forms to ensure there are no gaps. Finally, it indicates that in Considering 4 of Decree No. 34202, and in the document “Management of Drift in Aerial Applications of Pesticides on Farms with Buffer Zones,” advances in science and technology in aerial navigation and aerial spraying are cited as justifications for the regulation; however, the reform introduced by Decree No. 34202 does not coincide with more recent environmental regulations of other countries—with greater or equal access to technologies than ours—such as Paraguay, Chile, and Spain, since in the case of the first two countries, the minimum safety strip area for the aerial application of pesticides is set at two hundred meters, while in the latter, at one hundred meters. The Office of the Attorney General considers that it is for this Chamber, based on the elements and technical justification provided by the ministries to which a hearing was granted, to determine whether the questioned regulation complies with the principle of reasonableness regarding its technical support and suitability. If there is no scientific and technical certainty that this reduction of the no-aerial-application strip does not imply a greater risk to health or the environment, the challenged provision would be unconstitutional in light of the constitutional principle that establishes the state’s duty of guardianship and protection, the precautionary principle, and the principle of non-regression of environmental protection. Thus, it is for this Constitutional Court to verify the existence of the technical and scientific foundation, as well as its reasonableness. Therefore, it recommends that the Constitutional Chamber uphold the action in the event that it finds that Executive Decree No. 34202 does not comply with the principle of reasonableness regarding its technical support and suitability.\n\n6.- Edgar E. Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, in a brief filed at 7:48 a.m. on October 27, 2014, responded to the hearing granted and stated that the petitioner does not clarify that the reduction of the distance for aerial applications of pesticides with respect to population centers and farms, from one hundred to thirty meters, if there is a buffer zone and a series of requirements set forth in Article 1 of the challenged Decree are met, applies only in exceptional cases, since Article 70 of the Decree itself, in the first paragraph, establishes as a rule that “a no-aerial-application strip of no less than 100 meters” must be left, “so that people, animals, houses, settlements, roads, pastures, water sources, drinking troughs, and crops or farms (…) are not contaminated by the effects of drift or carryover of pesticides.” Nor is the principle of non-regression of environmental protection violated, since the review and change of what was stated in the former Article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP, by the current Article 1 of Executive Decree No. 34202-MS-MAG-MOPT-MGSP, was done precisely to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber, in Resolution No. 2006-16276, which indicated that there was no technical or scientific basis to justify the reduction of the strip. Therefore, through Executive Decree No. 34202-MS-MAG-MOPT-MGSP, the technical and scientific basis that justifies the reduction of the area for spraying is being indicated in its recital section. It argues that, through the study Management of Drift in Aerial Applications of Fungicides, on Farms with Buffer Zones (Revista de investigaciones CORBANA, San José, 2007, Separata Número 1), carried out by Roberto Valenciano Mora, Sergio Laprade Coto, Álvaro Fournier Leiva, and Eduardo Trejos Obando, it was shown that the reduction of the buffer zone to a maximum of thirty meters is justified by the fact that technological advances have minimized the impacts of aerial spraying, to the point of not impairing the right to life, health, and an ecologically balanced and healthy environment; and that the most relevant aspects related to safe aerial application consisted of the precision of the application and its management. For this reason, in Article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGSP, reformed by Article 1 of Executive Decree No. 34202-MS-MAG-MOPT-MGSP, those necessary conditions are expressly indicated for which a distance of thirty meters of no-spraying area must be left with respect to population centers or farms. Those requirements condition the exercise of the activity, in order to protect human health and the environment. It argues that every aerial application of a pesticide must be accompanied by a professional prescription, issued by a member of the College of Agronomist Engineers (Colegio de Ingenieros Agrónomos), registered and authorized for that purpose, in quadruplicate, in which the product(s), dosage, and method of application are recorded, and through which that professional takes responsibility for recommending the application of the pesticide in the specific area established for that effect, and, additionally, such products must be registered with the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado). Likewise, Article 66 prohibits the use of flaggers (persons); instead, it is indicated that these are replaced by temporary marks or signals, or by the electronic signaling system. Furthermore, Article 68 of the same regulatory body prohibits the spraying and dusting of pesticides in aquifer zones. For the foregoing reasons, there are no sufficient legal or technical reasons to declare unconstitutional Article 1 of Executive Decree No. 34202-MS-MAG-MOPT-MGSP, which reforms Article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP, since the former does not contravene the provisions of Articles 7, 21, and 50 of the Political Constitution, Principle 7 of the Rio Declaration on Environment and Development, the Principle of Non-Regression in environmental matters, the precautionary principle, and the principle of sustainable development, especially if the specific conditions of Article 70 and the rest of the regulations set forth in Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP are analyzed. It indicates that what is necessary is to review the effective execution of the provisions that, at the oversight level, are assigned to the institutions indicated in the Regulation, as well as the individualization of tasks and responsibilities, in order to comply with each and every one of them, and so that there are no gaps or doubts when identifying which institution or institutions are responsible or if there is an overlap of competences. It requests that the action be dismissed.\n\n7.- Mauricio González Quesada, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, in a brief filed at 10:33 a.m. on October 27, 2014, responded to the hearing granted and indicated that the petitioner challenges only Article 1 of Executive Decree No. 34202-MAG-S-MINAE-MOPT-G-MSP of May 21, 2007, published in La Gaceta No. 8 of January 11, 2008, by which Article 70 of Executive Decree No. 31520-MP-MAG-MOPT-MGSP was reformed, and, specifically, the challenge is limited to the first paragraph of that Article 1, in that it allows the reduction of the buffer zone from one hundred to thirty meters. From a reading of that article, it can be seen that it is a fundamentally technical regulation and that, although it reduces the distance established in the original Decree, now from one hundred to thirty meters, its issuance had a broad technical basis, with the establishment of objective conditions within which such reduction could be applied, highlighting as a privileged aspect the concern for the protection of the environment, in accordance with what is stipulated by Article 50 of our Political Constitution and the international treaties signed to that effect. The foregoing is evident from a reading of the recitals that motivate the issuance of that Executive Decree and which the petitioner omits to transcribe in his brief. Thus, the reform introduced by Article 1 of Executive Decree No. 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-G-MSP, far from being an arbitrary or unmotivated regulatory act, contains, on the contrary, effective protection of the environment and health. It points out that the petitioner claims, without basis in any technical study, that conditions have not changed and that the risk to the health of the inhabitants and the damage to the environment remains the same, contrary to what is stated, with full basis, in the recitals of the Executive Decree in question. Likewise, it considers that the petitioner invokes the principle of non-regression of environmental protection to infer, also without support in any technical study, that the reform introduced by said Decree, in its Article 1, marks a setback in terms of environmental protection, due to the change in distance from one hundred to thirty meters. In this regard, it indicates that there is no dispute regarding the issue of protecting the environment and health, nor the need to adopt the best measures to effectively protect these essential legal interests, as this Office fully shares the legal-constitutional criteria regarding the protection of essential legal interests, such as life, security, health, a healthy environment, etc., as well as the application of the corresponding legal principles. It argues that, in this case, it is fundamentally an argument that essentially concerns both environmental and health matters, on the occasion of the promulgation of a reform to an Executive Decree. Hence, the reports that particularly the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería), the Ministry of Health (Ministerio de Salud), and the Ministry of Environment (Ministerio del Ambiente) may render for this specific case are essential for the purposes of the substantive analysis. Regarding what concerns this Office, it states that, in due course, it signed the referenced reform project that gave rise to Article 1, now challenged, since it was its duty to sign it from the standpoint of the competence granted by law in the field of aviation activities, pursuant to the provisions contained in the General Civil Aviation Law (Ley General de Aviación Civil), but based on the technical criteria established to that effect in the implemented reform, by the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Health, which are reflected in the recitals of the mentioned Decree. It argues that the petitioner's allegations lack support in a technical study demonstrating that, for example, from 2007 (when the regulation whose constitutionality is now challenged was promulgated) to the date on which the action was filed—seven years later—a real (and not hypothetical) deterioration has been generated to the environment and communities due to the aforementioned fumigation, just as the petitioner also neither refutes nor demonstrates, with suitable documentation (studies, etc.), that there is inaccuracy in the technical justifications that motivated the reform in question and that are set forth in the recital section of the respective Decree; furthermore, he omits to refer to them. For the above reasons, it considers that, in this case, the petitioner's allegations lack any technical basis, and thus constitute mere opinions or presumptions, based on criteria and constitutional legal principles on the protection of the environment and health—which are not in dispute—but whose non-compliance cannot be deduced by the mere assertion of the existence of such rules and guiding principles or of their supposed violation, rather it is essential to provide concrete and specific proof of their real or imminent infringement, which does not occur in this case. It requests that the action filed against Article 1 of Executive Decree No. 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-G-MSP be dismissed in all its parts, as this unconstitutionality action lacks any technical substantiation demonstrating the real and effective violation of norms and principles of constitutional rank, despite many years having elapsed since the promulgation of said regulation, sufficient time to detect and demonstrate any real and not hypothetical situation affecting essential legal interests such as health and the protection of a healthy environment.\n\n8.- In a brief filed before the Chamber at 3:03 p.m. on October 27, 2014, Celso Gamboa Sánchez, in his capacity as Minister of Public Security, responded to the hearing granted and indicated that the petitioner's disagreement lies in the intent to reduce the distances for aerial applications of pesticides with respect to population centers and farms, going from one hundred to merely thirty meters, if a buffer zone is available and a series of requirements set forth in that Decree are met, thus resolving what the Constitutional Chamber had already indicated and recognized as a risk to health in Ruling No. 2006-16276, for the inhabitants of areas affected by pesticide applications in banana plantations, in addition to harming the environment, especially water resources, by not respecting the distances that must legally exist between springs (nacientes), streams, or rivulets and the area occupied by agricultural plantations. According to the petitioner, a Decree cannot add requirements explicitly and consider that this solves the problem, when conditions have not changed and the risk to the health of the inhabitants and environmental damage remains the same, violating Article 7 of the Political Constitution. The Minister of Public Security argues that the challenged legislation is based on the technical study indicated in the recitals contained in Executive Decree No. 34202-MAG-S-MINAE-MOPT-G-MSP, resolving what the Constitutional Chamber previously referred to in Ruling No. 2006-16276 of November 8, 2006, regarding the lack of technical and scientific grounds for the reduction of fumigation areas for spraying from one hundred to thirty meters, in those plantations where there is a buffer zone that ensures that the drift—spraying at the time of fumigation—does not extend beyond that distance, with the application of the conditions detailed in Article 1 of the Decree that reforms Article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP. This representation considers that the criteria used are beyond the realm of real verification by this Ministry, as it lacks the professional and material resources to corroborate them, especially since the competence assigned to the Ministry he represents is limited, as established by Article 98 of Executive Decree No. 31520, to providing collaboration to the officials of the Ministries responsible for complying with the provisions set forth in the regulation at hand; from that perspective, when any authority requires the services of the Ministry of Public Security for the compliance with the provisions challenged as unconstitutional, it is assumed that such action conforms to the legal framework and does not violate the principles defended by the petitioner. With respect to the jurisprudential precedent provided by the petitioner, Ruling No. 2010-18202, on the principles of prevention and precaution contained in the Rio Declaration, complementary to the principle of non-regression insofar as they seek to anticipate environmental damage and avoid irreversible situations, it considers that, upon a exegetical study of the content of the mentioned ruling, it can be concluded that, to the extent that there is scientific certainty that the change—in this case, the fumigation distances and other characteristics contained in Article 1 of Executive Decree No. 34202-MAG-S-MINAE-MOPT-G-MSP—does not cause or would not cause harm to the environment, supported by the referenced technical study, nor generates reasonable doubt or uncertainty, it would make no sense to doubt its applicability based on the doctrine formed by the principles of legality, rationality, and reasonableness; a different situation would arise if the Constitutional Chamber were to find constitutionality problems in the challenged regulation, in which case this Ministry would immediately accept what is decided by the Constitutional Court. However, it considers that until the described situation materializes, the technical criterion already cited that supports the challenged regulation prevails, a factual scenario that is not harmful to the precautionary principles and the principle of progressiveness of the scope of protection of the fundamental rights challenged as unconstitutional by the petitioner. It states that, in accordance with the evidence requested from the Ministry of Agriculture and Livestock, there is a technical criterion that, with scientific rigor, supports what is provided in the challenged Executive Decree, according to which harm to persons and the environment where plantations using aerial fumigation are located is ruled out, in such a way that technology allowing sustainable development is applied; consequently, this representation considers that the legislation in question does not constitute, either in form or in substance, a threat, violation, or restriction of the fundamental rights claimed by the petitioner. It requests that the action be dismissed.\n\n9.- In a brief filed at 3:30 p.m. on October 27, 2014, Luis Felipe Arauz Cavallini, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, responded to the hearing granted and indicated that, in accordance with recitals 7 and 8 of the challenged Executive Decree, it is clear that the Executive Branch carried out, prior to the promulgation of the new regulation, a set of scientific and technical studies aimed at substantiating the current state of the science and technique of aerial spraying, which demonstrate that the reduction of the distance between the crop and populated places, from one hundred to thirty meters when there are buffer zones, will not affect the environment, health, or the lives of persons, and, likewise, proceeded to establish requirements for the execution of aerial spraying activities for proper control and oversight. It argues that the study prepared by Roberto Valenciano Mora, Sergio Laprade Coto, Álvaro Fournier Leiva, and Eduardo Trejos Obando, “Management of Drift in Aerial Applications of Fungicides on Farms with Buffer Zones” (Revista Investigaciones CORBANA, San José, 2007, Separata No. 1), demonstrates that the reduction of the buffer zone to 30 meters is justified on the grounds that technological advances have minimized the impact of aerial spraying, to the point of not impairing the right to life, health, and an ecologically balanced and healthy environment. It points out that the most relevant aspects related to safe aerial application consist of the precision of the application and the management of drift. The term drift is defined as the movement, outside the crop area, of liquid particles in the air in the form of droplets or vapor at the time of application. Although there is extensive scientific and technical information on the subject, such as that issued by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the California Environmental Protection Agency (EPA), United States, the National Agricultural Aviation Association (NAAA), as well as a conglomerate of expert associations on the subject (Spray Drift Task Force), a group of Costa Rican experts conducted studies with the objective of validating the information from these organizations, which delves into the Costa Rican reality in aspects such as the use of products of at most moderate toxicity that guarantee, to a large extent, respect for the health and life of persons, which makes the banana activity worthy of environmental-type certifications without which it could not export to international markets. Likewise, they highlight that since the year 2000, spraying can be done using satellite and digital techniques, via GPS (Global Position System), or, the software used in aerial spraying has been developed and perfected, allowing sprayers to be opened and closed at the limits established for the aerial application zone, disabling the pilot from spraying outside these limits, with an average margin of error of 0.9 meters, thereby significantly reducing the risk to the environment, to human life and health, and minimizing costs. The studies demonstrated the need to update legislation in accordance with technological advances, which have provided a precision guidance system and better drift management, where several factors interact, such as adequate application techniques, proper use of equipment, suitable meteorological conditions during application, type of product formulation, and the establishment of buffer zones. With this, the necessary measures are guaranteed to minimize risk due to human error. It states that, for the promulgation of Executive Decree No. 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, the changes and transformations in the procedures and technologies used for the aerial application of agrochemicals on agricultural plantations were considered, such as the use of geographic positioning systems, appropriate nozzle use, positive shut-off valves in each sprayer, in order to adjust the regulation, considering that environmental protection policies must be taken into account for the regulatory purposes of the case, which is demonstrated by the respective technical and scientific studies and which guarantee that a buffer zone of thirty meters, planted with trees taller than the crop, is one of the best methods to minimize drift, as they act as a barrier to the movement of pesticides outside the application field. In the study, the droplet size was considered, for which a dimension of no less than two hundred microns was taken into account. Regarding the satellite positioning system in aerial applications, it indicates that technological progress allows these to be more precise and respond to a predetermined polygon that prevents spraying outside the determined crop areas. It argues that these technical reports attest to what has been said and demonstrate that the regulation is issued with a technical and scientific basis, thus complying with what is established in Article 16 of the LGAP, and the guiding principles of environmental law, derived from the Political Constitution as well as from International Environmental Law. It requests that the action be dismissed.\n\n10.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) were published in numbers 206, 207, and 208 of the Boletín Judicial, on October 27, 28, and 29, 2014, respectively.\n\n11.- In a brief filed at 11:19 a.m. on November 11, 2014, Jorge Arturo Sauma Aguilar, in his capacity as General Manager with powers of unlimited general attorney-in-fact of the National Banana Corporation (Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima, CORBANA), requests to be joined as a passive coadjuvant in this action.\n\n12.- By a brief filed at 3:08 p.m. on November 17, 2014, Jorge Arturo Osborne Escalante, in his capacity as President and legal representative of the National Chamber of Banana Growers Association (Asociación Cámara Nacional de Bananeros, CANABA), requests to be joined as a passive coadjuvant in this action.\n\n13.- By resolution of the Presidency of the Chamber, issued at 2:08 p.m. on November 18, 2014, and as evidence for a better decision, a hearing was granted to the Director General of the General Directorate of Civil Aviation (Dirección General de Aviación Civil) and to the President of the Technical Council of Civil Aviation (Consejo Técnico de Aviación Civil), for a term of fifteen days, so that they could indicate whether at each airport or take-off zone for aircraft used for aerial fumigation, there is an aviation technician who verifies the meteorological conditions and the systems referred to in Article 1 of Executive Decree No. 34202 of May 21, 2007, which reforms Article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, “Regulations for Agricultural Aviation Activities” (Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola), which is challenged in this action, specifically, regarding wind speed and direction, temperature, relative humidity, satellite signaling systems, height, and calibration of application equipment. Likewise, they were asked to indicate whether all these conditions are verifiable.\n\n14.- In a brief filed before the Chamber at 11:12 a.m. on December 3, 2014, Álvaro Vargas Segura, in his capacity as Director General of the General Directorate of Civil Aviation, and Carlos Segnini Villalobos, in his capacity as President of the Technical Council of Civil Aviation, reported that, in aerial application operations, there is no “aviation technician as such who verifies the meteorological conditions of the field or farm to be treated, since, in this particular case, there is the figure of the ‘Field Supervisor’ or ‘Irrigation Supervisor,’ who is the person in charge of carrying out observations regarding wind, temperature, visibility, cloud ceiling, and other conditions that may affect the application. This person is generally an employee of the farm or the owner of the crop to be treated, who, based on his experience and knowledge of the application site, issues the respective report of conditions to the pilot so that the latter can initiate the flight from his airport. Usually, these employees have a portable anemometer with which they take readings on specific data of wind speed and direction, temperature, and relative humidity.” They argue that agricultural operators, in their Operations Manuals, establish the duties and responsibilities of such personnel, as established in Article 54.2.3 of the Agricultural Activities Regulation (Reglamento de Actividades Agrícolas). On the other hand, these verifications are also carried out through the Aeronautical Operations Unit via Inspectors, who perform regular inspections of agricultural operations, in accordance with the Annual Surveillance Plan. Regarding satellite signaling systems, height, and calibration of application equipment, they state that these are automated systems, which are adjusted from the pilot's cabin, where the pilot enters into the system the coordinates of the farm to be treated and the application values, such as the gallons to be applied per hectare, and the system, being automated, makes the necessary adjustments to maintain the desired application.\n\nRegarding the calibration of the equipment, it comes calibrated from the factory and, at the same time, the agricultural operator has specific procedures for performing such calibrations, whether at the client's (farm's) request or pursuant to its maintenance program; these procedures are likewise set forth in its Operations Manual.\n\n15.- In a brief filed by the claimant, received by this Chamber at 10:05 a.m. on December 4, 2014, he requests that this Chamber grant a hearing to the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes), so that it may make submissions regarding Executive Decree No. 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, which is a Reform to article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, “Regulations for Agricultural Aviation Activities” (Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola), of October 16, 2003, challenged in this action.\n\n16.- By Presidential ruling of 11:19 a.m. on December 4, 2014, Jorge Arturo Sauma Aguilar, in his capacity as General Manager of Corporación Bananera Nacional S.A. (CORBANA), and Jorge Arturo Osborne Escalante, in his capacity as President and judicial representative of the Asociación Cámara Nacional de Bananeros (CONABA), were admitted as passive coadjuvants in this action. Likewise, the hearings granted to the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), the Minister of Health (Ministra de Salud), the Minister of Agriculture and Livestock (Ministro de Agricultura y Ganadería), the Minister of Public Works and Transport (Ministro de Obras Públicas y Transportes), the Minister of Environment and Energy (Ministro de Ambiente y Energía), and the Minister of Governance and Police and Public Security (Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública), in the ruling of 9:43 a.m. on October 2, 2014, were deemed answered, and the hearing granted, in that same ruling, to the Regional Institute for Toxic Substances of the National University (Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional) was deemed unanswered. The hearing granted to the Director General of Civil Aviation and the President of the Civil Aviation Technical Council, in the evidentiary ruling for better resolution of 2:08 p.m. on November 18, 2014, was also deemed answered. Furthermore, the claimant's submissions in the brief filed on December 4, 2014, were noted, and it was reserved for resolution at the appropriate procedural moment. Finally, this acción de inconstitucionalidad was assigned to Judge Luis Fernando Salazar Alvarado, to whom its substantive study fell by assignment.\n\n17.- By ruling of the Investigating Judge (Magistrado Instructor) of 12:27 p.m. on August 23, 2017, and as so ordered by the Plenary of this Chamber, as evidence for better resolution, the Attorney General (Procurador General de la República) was requested to provide a copy translated into Spanish of the study titled “Aerial Application of Mancozeb and Urinary Ethylenethiourea Concentrations in Pregnant Women of Costa Rica: the Infants and Environmental Health Study (ISA)” (“Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentiourea en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”), conducted in the canton of Matina, Limón, by researchers from the Regional Institute for Toxic Substances of the National University (IRET-UNA) and published, in final version, on December 1, 2014, in the journal “Environmental Health Perspectives,” to which that Office of the Attorney General referred in the report it rendered to this Chamber, in its time, regarding this acción de inconstitucionalidad.\n\n18.- By brief filed at 2:16 p.m. on September 11, 2017, the Attorney General (Procurador General de la República), in compliance with what was ordered by this Chamber in the ruling of 12:27 p.m. on August 23, 2017, provided to the case file a Spanish translation of the study “Aerial Application of Mancozeb and Urinary Ethylene Thiourea (ETU) Concentrations in Pregnant Women of Costa Rica: the Infants and Environmental Health Study (ISA),” conducted in the canton of Matina, Limón, by researchers from the Regional Institute for Studies on Toxic Substances of the National University (IRET-UNA), in collaboration with researchers from the University of California at Berkeley (United States), Lund University and the Karolinska Institute (Sweden), and the University of Quebec in Montreal (Canada); and published on September 8, 2014 (Advance Publication) and on December 1 of the same year (Final Publication) in the journal “Environmental Health Perspectives.”\n\n19.- By ruling of the Investigating Judge (Magistrado Instructor) of 4:05 p.m. on September 25, 2017, the study titled “Aerial Application of Mancozeb and Urinary Ethylene Thiourea (ETU) Concentrations in Pregnant Women of Costa Rica: the Infants and Environmental Health Study (ISA),” the Spanish translation of which was provided by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), was brought to the attention of the parties and the coadjuvants for any submissions they deemed appropriate.\n\n20.- In a brief filed at 11:43 a.m. on October 4, 2017, Mariano Jiménez Zeledón, judicial representative of the company Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima, a passive coadjuvant in this action, in response to the hearing granted by ruling of the Investigating Judge (Magistrado Instructor) of 4:05 p.m. on September 25, 2017, regarding the study titled “Aerial Application of Mancozeb and Urinary Ethylene Thiourea (ETU) Concentrations in Pregnant Women of Costa Rica: the Infants and Environmental Health Study (ISA),” stated that the regulatory reform challenged in this action was carried out based on a scientific study on drift and buffer zones (zonas de amortiguamiento), which constitutes the technical basis for that general administrative act. He further asserts that the study on which a hearing was granted cannot serve as a basis for scientifically determining whether the distance and application variables of the Decree represent a health risk, since it in no way discredits the abundant scientific evidence indicating that with the new regulation of Article 1 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, the fall of particles outside the plantation perimeter would be avoided and, with it, the reduction of drift, provided, of course, that the conditions of that Decree are met. He notes that such non-compliance is not a matter of constitutionality, but rather of verification by the competent institutions that what is established in the cited decree is complied with. He clarifies that the IRET-UNA research had as its objectives the evaluation of urinary concentrations of a metabolite in pregnant women; however, it goes beyond its original objectives and approaches and suggests, without further evidence, that the agricultural aviation regulation does not protect that population, an assertion that is not based on any fact or scientific evaluation within the study, but is expressed as a perception of one of the study's authors. He adds that stating that those who live near agricultural fields with aerial spraying have higher mean urinary ETU concentrations, establishing a causal relationship with the spraying, based solely on the statement that “aerial applications have been perceived as risky by populations living near agricultural fields and spraying distances are sometimes not respected,” implies establishing a cause-effect relationship without scientific basis. He insists that the issue of non-respect of distances is not a matter of unconstitutionality, but rather, eventually, of non-compliance with the rules established in the Decree. He continues by indicating that this study states that “the current regulation on aerial pesticide spraying activities does not protect pregnant women,” which is put forward in an emotional manner, but what must be analyzed is whether we are facing a matter of poor or inadequate regulation or a matter of non-compliance with the current norms. Likewise, this study indicates that “the main source of exposure is PROBABLY...,” thereby relativizing its own conclusion, given that the study focuses on ETU concentrations in pregnant women but does not contain a hypothesis or a methodology to determine the cause or causes of the differences, so it ends with a perception or presumption. He affirms that the scope of the study does not allow concluding, in any way, that the distance of thirty meters, or the protective barriers and application requirements, are insufficient to safeguard people's health; that is, it does not serve to help the Chamber assess and resolve, based on technical elements and justification, the reasonableness of the challenged norm. He considers that the safety for the environment with the new measure is abundantly accredited with the studies and investigations provided both by the coadjuvants and by the institutions and ministries involved in the proceeding. In support of his thesis, he argues that the Corporación Bananera Nacional (CORBANA) sent to the Ministry of Agriculture and Livestock, by official letter GG-505-2014 of October 16, 2014, an analysis of the IRET study, in which it made a series of observations regarding the methodological errors incurred in that study. He points out that even though the study superficially indicates that the regulation does not protect the target population of that study, materially, the Ministry of Health has dismissed complaints from neighboring residents regarding drift issues. He adds that not only are we not facing a matter of unconstitutionality, but also, from the standpoint of norm compliance, the Ministry of Health has acted diligently and has reviewed that the regulations established by the Executive Branch (Poder Ejecutivo) to regulate this matter are complied with. The foregoing, coupled with the conclusion of the analysis by Dr. Freddy Arias Mora, Toxicologist at the Faculty of Pharmacy of the University of Costa Rica, to the effect that the study results are not valid due to technical errors contained therein, makes it clear that it is not possible to assert a possible impact on people's health derived from the reduction of the distance provided in the challenged article, and, therefore, it should not be taken into account by the Chamber as part of the technical justification for determining the reasonableness of the challenged norm. Finally, he indicates that, according to the technical report he provides, with the results of a study carried out by the Environmental Banana Commission (Comisión Ambiental Bananera, CAB), in coordination with CORBANA, signed by Eng. Sergio Laprade, Coordinator of the CAB, on the evaluation of the effectiveness of buffer zones (zonas de amortiguamiento) on farms, it is concluded that a barrier is an effective measure to minimize drift; that the flight height must be respected, as indicated in the Regulations for Agricultural Aviation Activities (Reglamento para las actividades de aviación agrícola); that the barrier must be taller than the crop; that the vegetative barrier must be 30 meters wide and sufficiently dense, without gaps, so that it fulfills its function of capturing possible drift; that it was verified that in the case where the wind is blowing perpendicularly out of the cultivation area, the drift where the vegetative barrier ends did not exceed 0.8% of the applied volume, which reaffirms the effectiveness of that barrier; and that in several flights there was no drift beyond the barrier. In his view, with these drift tests, it is confirmed that the terms established in Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSB, Regulations for Agricultural Aviation Activities, are technically reasonable, remain current, and are sufficient to guarantee the health of people and the environment. When barriers do not work it is, precisely, in cases where the Decree's own rules on aircraft flight height or weather conditions are not met; and, even under those conditions, the drift is minimal.\n\n21.- In a brief filed on October 9, 2017, Mariano Jiménez Zeledón, in his capacity as general judicial representative of the company Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima (CORBANA), a passive coadjuvant in this action, requests that this Chamber take the technical report submitted by his represented party in this matter, titled Summary of Drift Studies on Banana Farms (Resumen Estudios de deriva en fincas bananeras), not only as a response given by his represented party to the report on which a hearing was granted, but also as evidence for better resolution, given that the results of this study demonstrate the effectiveness of buffer zones (zonas de amortiguamiento) on farms, thereby proving that the terms established in Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Regulations for Agricultural Aviation Activities, are technically reasonable, remain current, and are sufficient to guarantee the health of people and the environment.\n\n22.- In a brief filed before this Chamber at 5:41 p.m. on November 9, 2017, Karen Mayorga Quirós, Minister of Health, in response to the hearing granted by ruling of the Investigating Judge (Magistrado Instructor) of 4:05 p.m. on September 25, 2017, regarding the study titled “Aerial Application of Mancozeb and Urinary Ethylene Thiourea (ETU) Concentrations in Pregnant Women of Costa Rica: the Infants and Environmental Health Study (ISA),” indicated that that Ministry has no new arguments to contribute with respect to that study.\n\n23.- The hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by Article 9 thereof, considering that this resolution is sufficiently founded on evident principles and norms, as well as on the jurisprudence of this Court.\n\n24.- The prescriptions of law have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Judge Salazar Alvarado; and,\n\nConsidering:\n\nI.- On admissibility. The claimant comes before this Chamber in defense of diffuse interests for the protection of the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment, protected in Articles 21 and 50, respectively, of the Political Constitution. In these cases, this Chamber has recognized that it concerns the protection of diffuse interests, in accordance with the provisions of the second paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, reason for which any inhabitant of the Republic may directly turn to this avenue, without the need for a prior matter that legitimizes him to do so. Indeed, in this regard, this Court has stated:\n\n“…numerous pronouncements of this Chamber recognize that the protection of public health and environmental balance constitute typical cases of diffuse interest for the purposes of the direct filing of acciones de inconstitucionalidad, under the second paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law (see, for example, rulings number 2009-009201 of 9:07 a.m. on June 12, 2009, and 2011-002699 of 3:06 p.m. on March 2, 2011).” (Voto N° 16937-2011).\n\nAlso, in Voto N° 8239-01 of 4:07 p.m. on August 14, 2001, on diffuse interests, it stated:\n\n“(…) In accordance with the first of the assumptions provided for by paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, the challenged norm must not be susceptible to concrete application, which would then allow the challenge of the applicative act and its consequent use as the underlying matter. (...) Secondly, the possibility of resorting in defense of diffuse interests is provided for (...) Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law – as this Chamber has already stated – merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that in relation to them, specific persons, or personalized groups, are identified or easily identifiable, whose legitimacy would derive, not from diffuse interests, but from corporate interests that concern a community as a whole. It is, then, a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive an actual or potential harm, more or less equal for all, which is why it is rightly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are at once collective – for being common to a generality – and individual, for which they can be claimed in that capacity. (...) In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a certain social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a certain personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. (…)”.\n\nGiven that in this matter, the claimant bases his legitimacy through the avenue of abstract constitutionality control and invokes the defense of diffuse interests, inasmuch as he appears in protection of health and the environment, such circumstances confer upon him direct legitimacy to file this proceeding for invoking the defense of interests that concern the national community as a whole, as are the rights to health and to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, protected, respectively, in Articles 21 and 50 of the Magna Carta, as already stated. Therefore, this acción de inconstitucionalidad is admissible for its consideration and resolution on the merits.\n\nII.- Object of the action. The claimant considers that the reform made to Article 70 of the Regulations for Agricultural Aviation Activities (Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola), Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP of October 16, 2003, as amended by Article 1 of Executive Decree No. 34202 of May 21, 2007, insofar as it allows reducing from one hundred to thirty meters the distance or strip existing between the field subject to aerial application of pesticides and any highway, population centers, dwelling houses, buildings where personnel remain working, water sources, and neighboring crops or adjacent farms susceptible to negative effects derived from the applied pesticide, is unconstitutional for violating Articles 7, 21, and 50 of the Political Constitution.\n\nIII.- Challenged regulations. Article 1 of Executive Decree No. 34202 of May 21, 2007, which reforms Article 70 of the Regulations for Agricultural Aviation Activities, Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP of October 16, 2003, adds the following to the first paragraph of the latter cited article:\n\n“Article 1. Article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGPSP, “Regulations for Agricultural Aviation Activities” (Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola), of October 16, 2003, is reformed to add the following to the first paragraph:\n\nThe distance may be reduced from 100 to 30 meters if a buffer zone (zona de amortiguamiento) is in place and the following conditions are met:\n\na) Buffer zones (Zonas de amortiguamiento). These zones must be areas reforested with preferably native tree species with a height greater than the crop and a minimum width of 30 meters, to serve as barriers to reduce the drift of aerial applications, if the application is carried out in a direction parallel to the buffer zone (zona de amortiguamiento). If the application is carried out by airplane and perpendicular to the crop line, an additional strip of 40 meters must be left within the crop, in which no spraying shall be done to reduce the effect of drag. The competent administrative authority may increase this distance by reasoned resolution when in the area to be sprayed there are specific and objective situations that require a greater distance despite the existence of the buffer zone (zona de amortiguamiento). The product no-application strip may be omitted in the case of roads or internal paths for the exclusive use of the crop and as long as no dwellings exist.\n\nb) Flight height. Must be equal to or less than 5 meters above the plantation canopy, so that the concentration of particles that could be carried by wind influence is reduced to minimize the drift and evaporation of the sprayed product.\n\nc) Size of mixture droplets. Must work with an average droplet size between 200 and 300 microns (µm) to minimize drift with a slower application in free-fall speed and easier evaporation.\n\nd) Systematic calibration of application equipment. To guarantee an effective application and the adequate dosage of the products, a technician trained in the matter must verify the droplet size and the flow of the sprayers with the following frequency: 1) Nozzle flow: semi-annually, 2) Number of droplets: semi-annually, 3) Dosage: daily. Before and after aerial applications, a technician must perform a review to ensure the good condition of the hose system, sprayers, valves, the satellite guidance system, and the Automatic Flow Meter.\n\ne) Satellite guidance systems (Sistemas de señalamiento satelital). All aircraft must have a satellite guidance system to offer the possibility of ensuring an adequate application of the products in the cultivation areas, as well as having graphic evidence thereof. The graphics generated by the satellite guidance system must be maintained by the spraying company for a minimum of two years. In all aircraft that spray on farms that have buffer zones (zonas de amortiguamiento), they must install, within one year, an automatic sprayer shut-off system.\n\nf) Length of the spray bar (boom). The effective length of the bar must not exceed 80% of the length of each wing of the airplane.\n\ng) Meteorological application conditions: 1) Wind speed and direction: the wind speed must not be greater than 15 kilometers per hour when spraying cultivation zones adjacent to the buffer areas (áreas de amortiguamiento) and the wind direction must be opposite to the buffer zone (zona de amortiguamiento) or sensitive areas, 2) Temperature: applications in zones adjacent to the buffer areas (áreas de amortiguamiento) may not be carried out if the temperature is greater than 29 ºC, and, 3) Relative humidity: must be greater than 70%.\n\nh) Types of products. On farms that have buffer zones (zonas de amortiguamiento), only products registered and authorized in accordance with article 69 of these regulations may be applied aerially. Such products must be of moderate toxicity.”\n\nIV.- On the merits. The claimant raises, in general terms, two kinds of constitutionality objections: some, relating to factual questions due to a series of instances of non-compliance with the current regulations, with negative effects or consequences on human health and the environment; and others, properly legal, related to the specific content of the challenged norm and its alleged contradiction with Constitutional Law. As for the factual questions alleged by the claimant, such as the non-existence of buffer zones (zonas de amortiguamiento) on the majority of banana farms; distances shorter than what the law requires between water springs (nacientes), streams or creeks and the cultivation area subject to aerial spraying; non-observance by companies, individuals, and institutions involved in aerial spraying of what the applicable regulations prescribe in this regard and of the control and supervision obligations incumbent upon the competent administrations in the matter; the review or verification of the conditions under which the spraying of crops, mainly bananas, is carried out; as well as the negative impact that aerial spraying produces on water resources, these are not proper for consideration in this avenue, inasmuch as the acción de inconstitucionalidad is a pure legal discussion, or what is the same, a strictly legal analysis, in accordance with the provisions of Article 73 and following of the Constitutional Jurisdiction Law, in which the content of a norm and its contradiction or not with Constitutional Law is examined, but not arguments alluding to factual situations. Factual questions, in this sense, are, in principle, extraneous to the avenue of acción de inconstitucionalidad, since they are proper to the recurso de amparo, as applicable, or to the legality avenue. So, this Chamber's analysis is limited to the contrast between the content of the challenged norm and Constitutional Law, disregarding the factual aspects alleged. That is, this Court will focus its analysis solely on the legal aspects invoked, specifically, on whether the norm in question implies, or not, a lack of protection for the right to health, to life, and to a healthy and ecologically balanced environment, in relation to the previous regulations that were the object of the reform, which would signify a regression in the protection and safeguard of those fundamental rights due to lacking a technical and scientific foundation that makes the reform rational, in violation of the principle of non-regression in this matter.\n\nV.- Precedents of the Chamber on the issue raised. On two previous occasions, this Chamber has ruled on the constitutionality of the norm challenged here, namely:\n\na) Ruling No. 2006-016276 of 2:56 p.m. on November 8, 2006. In this ruling, this Court partially granted acción de inconstitucionalidad No. 04-012567-0007-CO, filed by the claimant here, among others, against Article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, insofar as it allowed reducing to a minimum of thirty meters the distance between the field subject to aerial application of the pesticide and towns, houses, highways, pastures, drinking troughs, and others. Regarding what is specifically of interest for the purposes of resolving the merits of this action, on that occasion this Chamber stated:\n\n“V.- The current content of Article 70 of the Regulations for Agricultural Aviation Activities constitutes a lower level of protection in relation to Article 75 of the previous Regulations that established a no-application strip of 100 to 200 meters, according to the toxicity of the pesticide, the flight height, the particle size, and the wind speed, indicating, in a generic manner, ‘in such a way that houses, towns, highways, pastures, drinking troughs, and others are not contaminated.’ While it is true that Article 70 establishes a 100-meter aerial no-application strip, it allows, however, the strip to be reduced to 30 meters, if between the field to be sprayed and the houses, towns, and others there are buffer zones (zonas de amortiguamiento) reforested with native species, provided that pesticides of moderate toxicity are applied and the application is carried out under conditions of flight height, particle size, and wind speed that allow the reduction of drift and that the aircraft has implements for that purpose and flies parallel to the buffer zone (zona de amortiguamiento). The Chamber has considered that in these cases the precautionary principle must be applied (v., among others, ruling number 7294-98), especially, taking into account that there is no scientific or technical basis justifying the reduction of the strip. The challenged Regulation does not indicate the permitted drift percentages of the pesticide and establishes the possibility of reducing the application strip to 30 meters, subject to conditions of the toxic substance, climatic conditions, and flight conditions, which cannot even be previously controlled by the public authority, thereby endangering the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment, because it is a polluting activity, with toxic substances, in which it is not admissible to reduce the protection levels established in the previous regulation. In this respect, the Chamber declares the unconstitutionality of the challenged Article 70, in the phrase that provides:\n\n‘Said strip may be reduced to a minimum of 30 meters, if between the field to be treated and the indicated sites, there are buffer zones (zonas de amortiguamiento) reforested preferably with native species, provided that in addition, at most pesticides of moderate toxicity are applied, and the application is carried out under adequate conditions of flight height, particle size, wind speed that together allow the reduction of drift, and that the aircraft has adequate implements for that purpose and flies parallel to the buffer zone (zona de amortiguamiento).\n\nIn the event that the application is carried out perpendicular to said zone, an additional strip of no less than 40 meters must be left within the crop, in which pesticides may not be applied by airplane to reduce the drag effect, the respective area being able to be applied by helicopter or other means that ensures drag control.’\n\nThe no-pesticide-application strip may be omitted in the case of internal roads or paths for the exclusive use of the crop to be treated, provided there are no dwellings and none of the situations referred to in the first paragraph of this article occur.\"\n\nFrom a reading of this judgment, it is immediately apparent that the Court considered that amendment to Article 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP, Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, to be contrary to the Constitution because it represented a regression in the protection of fundamental rights, given that there was no scientific or technical basis justifying the reduction of the strip and, furthermore, that regulation did not indicate the permitted pesticide drift percentages and established the possibility of reducing the application strip to thirty meters, subject to conditions regarding the toxic substance, weather, and flight, which could not even be previously controlled by the public authority. In the Court's opinion, this endangered the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment, because it involves a polluting activity with toxic substances, in which it is not admissible to reduce the levels of protection established in the previous regulation. It is clear, then, that the reduction of the protection zone to thirty meters is not, in and of itself, unconstitutional, but rather only insofar as it lacks a technical and scientific basis determining that this reduction does not imply lesser protection—or lack of protection—for the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment, provided, moreover, that the conditions regarding the toxic substance, weather, and flight to which this activity is subject can be previously controlled by the public authority. This is so because, should there be no scientific certainty that this reduction does not imply a decrease in the protection that the legislation had been providing to the right to a healthy and ecologically balanced environment in this matter, the precautionary principle (principio precautorio) would apply, according to which, in case of doubt, the most protective regulation must be maintained, a principle intimately related to the principle that there can be no regression in the protection of fundamental rights.\n\nb) Judgment No. 2012-011064 of 4:31 p.m. on August 14, 2012. More recently, the Court ruled on the constitutionality of the reform challenged here. Indeed, in Judgment No. 2012-011064, this Court heard the unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) processed under file No. 11-013664-0007-CO, in which the same rule that is the object of this proceeding was challenged. On that occasion, this Court considered:\n\n\"IV.- ON THE TECHNICAL BASIS FOR THE REDUCTION OF THE DISTANCE FOR AERIAL PESTICIDE APPLICATIONS AND THE ALLEGED VIOLATION OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS TO HEALTH AND THE ENVIRONMENT. First, the petitioners argue that, without any technical basis and in clear violation of the fundamental rights enshrined in Articles 21 and 50 of the Constitución Política, Article 1 of Decreto Ejecutivo No. 34202 of May 21, 2007, reduced the distance that must exist—between the field to be treated and any highway, population centers, dwelling houses, buildings where personnel work, water sources, and adjacent crops or neighboring properties—from 100 to 30 meters for conducting aerial pesticide applications. The petitioners maintain that the decree in question suffers from the same deficiencies as the former numeral 70 of Decreto Ejecutivo No. 31520 of October 16, 2003, whose content was declared unconstitutional by the Sala Constitucional by Voto No. 16276-2006, having been determined that there was no technical or scientific basis whatsoever justifying the reduction of the distance from 100 to 30 meters for carrying out said aerial sprayings. Notwithstanding the foregoing, this Constitutional Court does not find that the interested parties are correct in this case. From the analysis of Decreto Ejecutivo No. 34202 of May 21, 2007, it is clearly evident that the reduction of the distance in question for conducting aerial pesticide sprayings, i.e., from 100 to 30 meters, is indeed based on and justified by technical and scientific criteria and studies conducted for this purpose. Thus, note that, within the considerandos of the Decreto Ejecutivo in question, the following was expressly stated:\n\n'(...) 6º —That due to a lack of technical and scientific bases for the reduction of the spraying area, the Sala Constitucional, through voto 2006-16276 of November 8, 2006, against Article 24, 54, 68, 70, and 71 of the Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Decreto Ejecutivo Nº 31520-MS-MAG-MOPT-MGPSP, of October 16, 2003, partially declared the action with merit and partially annulled Article 70, leaving only the first paragraph in force, not the second and third. The basis of the ruling is that, regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Article 50 of the Constitution, any type of reduction must be based on scientific and technical criteria that demonstrate the harmlessness to the environment with the new measure.\n\n7º—That from the very moment the unconstitutionality action was filed, without any judgment having been issued, CORBANA and the Executive Branch, in compliance with the Precautionary Principle (Principio Precautorio) contained in the Costa Rican legal system and provided for in the United Nations Conference on Environment and Development, called the Rio Declaration, by which prevention seeks to anticipate the negative effects of human activity and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources, decided to initiate a set of scientific and technical studies aimed at establishing the current state of the science and technique of aerial spraying, and that the reduction of this from 100 to 30 meters when there are buffer zones (zonas de amortiguamiento) will not affect the environment, health, or people's lives, and likewise to set requirements for the execution of aerial spraying activities for correct control and oversight.\n\n8º—That in compliance with the precautionary principle of Environmental Law, in this year 2007, a scientific study begun since the filing of the Unconstitutionality Action was completed, identified as: Roberto Valenciano Mora, Sergio Laprade Coto, Álvaro Fournier Leiva and Eduardo Trejos Obando \"Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de fungicidas en fincas que poseen zonas de amortiguamiento\" (Revista Investigaciones CORBANA, San José, 2007, Separata Nº 1). The authors are recognized researchers, scientists, and experts in the field at the Latin American level. The research demonstrates that the reduction of the buffer zone to 30 meters is justified because technological advances have minimized the impact of aerial spraying, to the point of not impairing the right to life, health, and a healthy and ecologically balanced environment. The most relevant aspects related to safe aerial application consist of application precision and drift management. The term drift is defined as the movement, outside the cultivation area, of liquid particles in the air in the form of droplets or vapor at the time of application. Despite the vast scientific and technical information on the subject, such as that issued by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the United States Environmental Protection Agency (EPA), the State of California, the National Agricultural Aviation Association (NAAA), and a conglomerate of expert associations on the subject (SPRAY DRIFT TASK FORCE), a group of Costa Rican experts conducted studies with the objective of validating the information from these Organizations.\n\n9º—That this study delves into the Costa Rican reality regarding aspects such as the use of products of at most moderate toxicity, which largely guarantee respect for people's health and life, making the banana industry deserving of environmental certifications without which it could not export to international markets. They also highlight that since 2000, spraying can be done using satellite and digital techniques, through GPS (Global Positioning System), or the software used in aerial spraying has become more sophisticated and perfected, allowing sprayers to be opened and closed at the limits established for the aerial application zone, preventing the pilot from spraying outside of these, and presenting an average margin of error of 0.9 meters, significantly reducing the risk to the environment, human life and health, and minimizing costs. The studies demonstrated the need to update legislation in accordance with technological advances, which have provided a precision guidance system and better drift management, where various factors interact, such as appropriate application techniques, proper use of equipment, suitable meteorological conditions during application, type of product formulation, and the establishment of buffer zones. Therefore, the necessary measures to minimize risk due to human error are practically guaranteed.\n\n10.—That the Executive Branch, based on the advances of science and technology, duly accredited in studies and research, has decided to regulate the activity of aerial spraying, adding Article 70 of Decreto Ejecutivo Nº 31520-MS-MAG-MOPT-MGPSP, \"Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola,\" of October 16, 2003, in the terms indicated by the Sala Constitucional to comply with the principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment, through the requirement of the use of appropriate application techniques, so as to avoid the fall of particles outside the perimeter of the plantation. To reduce the potential danger of drift, the following are found: flight altitude, flight speed, droplet size, type of nozzles, equipment calibration, satellite guidance equipment, spray bar length, management of meteorological conditions, type of products, and buffer zones, to guarantee productive agricultural activity in harmony with the environment and the constitutional rights of persons, to guarantee their health, their life, and their surroundings. (...).\"\n\nMoreover, it is worth noting that the referred study, titled \"Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de fungicidas en fincas que poseen zonas de amortiguamiento\"—which was attached to the record—in its conclusions expressly states the following:\n\n\"1. Sufficient information exists at the national and global level indicating that drift management in pesticide applications must be done through application practices and not exclusively through distances.\n2. The application techniques and practices associated with reducing drift in banana plantations in Costa Rica meet and exceed the recommendations of the United States Environmental Protection Agency (USEPA), the 'Spray Drift Task Force (SDTF)', and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).\n3. Drift must be managed through appropriate climatic conditions such as wind speed, which must not exceed 15 km/h, and its direction must be away from sensitive areas.\n4. The droplet size of the application mixture must average between 200 and 300 um.\n5. Flight height must not exceed 5 m above the crop canopy and the spray bar length must not exceed 80% of the wing length.\n6. A buffer zone (zona de amortiguamiento) of 30 meters, planted with trees taller than the crop, is one of the best methods for minimizing drift, as they act as a barrier to the movement of pesticides outside the application field.\n7. The technology available in Costa Rica allows for precise aerial pesticide applications, directed at the target crop, with the certainty that people and the environment will not be affected.\"\n\nHence, in the opinion of this Court, the omissions and lack of technical and scientific studies that were certainly pointed out by this constitutional jurisdiction in Voto No. 16276-2006 of 2:56 p.m. on November 8, 2006, regarding said distance reduction established through the now-annulled numeral 70 of Decreto Ejecutivo No. 31520 of October 16, 2003, have now been remedied through Decreto Ejecutivo No. 34202. As Decreto Ejecutivo No. 34202 is based on scientific studies that justify the distance reduction in question, this Constitutional Court does not find the fundamental rights to health and to enjoy a healthy and ecologically balanced environment to be violated.\"\n\nIn accordance with what was resolved by this Court in this last judgment, the rule challenged here is the result of technical and scientific studies that support the reform and reduction of the buffer zone (zona de amortiguamiento) from one hundred to thirty meters, which is why, through Decreto Ejecutivo N° 34202, the omissions and lack of technical and scientific studies that this constitutional jurisdiction had previously pointed out in Voto N° 16276-2006 of 2:56 p.m. on November 8, 2006, regarding the distance reduction established through numeral 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520 of October 16, 2003—which led to its annulment as unconstitutional—were remedied. Nevertheless, in view of this new challenge, the Court proceeds to re-examine the matter.\n\nVI.- Review of the problem. As stated in the preceding considerando, this Court has already examined the rule challenged here and determined that it is based on technical and scientific criteria that guarantee adequate protection of the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment, in the terms of Articles 21 and 50 of the Constitution. On this topic, the Court has recognized the principle of the objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental), or the principle of linkage to science and technology (vinculación a la ciencia y a la técnica), in relation to the State's actions in environmental protection. Thus, in Judgment No. 2006-17126 of 3:05 p.m. on November 28, 2006, it stated:\n\n\"4.- On the objectification of environmental protection: (...) as this Court indicated in judgment number 14293-2005, of two fifty-two p.m. on October nineteenth, two thousand five, it is a principle that in no way can be confused with the preceding one [the precautionary principle or principle of prudent avoidance], insofar as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública, it translates into the need to support decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and provisions of a general nature—both legal and regulatory—from which the requirement of 'linkage to science and technology' is derived, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter. Thus, taking into account the results derived from those technical studies—such as environmental impact studies—if objective technical criteria are evidenced denoting the likelihood of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, it becomes mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the case of 'reasonable doubt,' it becomes mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.\"\n\nPrecisely, as this Court resolved, the reform made to Article 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520 of October 16, 2003, Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, is based on technical and scientific criteria that justify the measure or decision adopted to reduce the distance in question from 100 to 30 meters, that is, there are objective reasons for it, thereby fulfilling the principle of linkage to science and technology, provided, of course, that the technical criteria contained in the rule are observed. Regarding this, the Court has established that the State must have a guarantor role with respect to the adequate use of pesticides and the prevention of their harmful effects on health and the environment. In this sense, in Judgment No. 2004-13968 of 11:35 a.m. on December 3, 2014, it stated:\n\n\"III.- That report [FOE-AM-19/2004 of October 20, 2004, prepared by the Agricultural Services and Environment Area of the Operational and Evaluative Oversight Division of the Contraloría General de la República, on the evaluation of the State's management regarding the control of agricultural pesticides] originated from the need to oversee the administrative process related to one of the most pressing environmental problems the country must resolve, which is the use of chemical, biological, or similar substances in agricultural activities, and the need for the State to intervene by exercising a regulatory function over the use of agrochemicals, guaranteeing farmers the availability on the market of effective products for pest control and, at the same time, the protection of the health of citizens in general and their right to a healthy and ecologically balanced environment. The report indicated that this control is mainly exercised by the Ministerio de Agricultura y Ganadería, through the Servicio Fitosanitario del Estado, which must work in coordination with the Ministerio de Salud and the Ministerio del Ambiente y Energía, regarding the control of impacts on health and the environment, as well as with the Ministerio de Hacienda regarding the import and exemption of such products. Its general objective was to evaluate the State's management regarding the control of pesticides used in agricultural activities and their effect on the environment and human health, mainly the actions of the Servicio Fitosanitario del Estado of the Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); and the specific objectives of the study were: a) evaluate national policies and leadership in the field of pesticide use control, identifying the participating institutions and their competencies; b) evaluate the pesticide registration process in the country and the associated regulations; c) evaluate the exemption and import process for pesticides in the country; and d) evaluate the oversight and monitoring of pesticide use.\n\nIV.- In that report, the Contraloría concluded that the Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) does not fulfill its creation objectives with efficiency and adherence to the principle of legality, which call upon it to regulate, execute, and oversee the registration and use of agrochemicals, within the framework of agricultural activity in harmony with nature and with faithful compliance with the constitutional principles of the right to life, health, and a healthy environment. It determined that, on the contrary, said body's actions are oriented toward facilitating the registration and commercialization of such substances, justified by a supposed interest in improving the competitiveness of agricultural producers, but rather, those objectives seem directed at fostering competition in the pesticide market, above the constitutional rights of the farmers themselves and the environmental and health principles of the people. It concluded that the companies most benefited by the SFE's facilitating function have been those engaged in the sale of agrochemicals, especially so-called generics, to the detriment of producers and consumers of agricultural goods. It clarified that this does not mean that pesticides of this type cannot be registered in the country, but rather that their registration must be done respecting the regulations and assuring the Costa Rican population of the protection of their health and the fundamental right they have to a healthy and ecologically balanced environment, and protecting the national farmer's right to have good-quality inputs; without prejudice to the necessary actions the State must execute to seek the gradual reduction of pesticide use and the promotion of alternative mechanisms. These considerations prompted the Contraloría General de la República to issue a series of final provisions directed to the President of the Republic and the Ministers of Planificación Nacional y Política Económica, Agricultura y Ganadería, Salud, Ambiente y Energía, and Economía, Industria y Comercio, as well as to the Internal Auditor of the Ministerio de Agricultura y Ganadería.\"\n\nLikewise, in Voto N° 2006-09565 of 4:08 p.m. on July 5, 2006, this Court considered:\n\n\"(...) it is evident that the Costa Rican State has the duty to act effectively and in advance to prevent the occurrence of events that degrade the environment and compromise its sustainability.\"\n\nAnd, in Judgment No. 2011-016937 of 2:36 p.m. on December 7, 2011, it stated:\n\n\"V.- ON THE RIGHT TO HEALTH AND TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. This Court has repeatedly recognized that, as part of the primary and fundamental obligations of the State, is the duty to respect, protect, and guarantee the fundamental right to health of its inhabitants (E.g.: judgments 1992-1915 of 2:12 p.m. on July 22, 1992, 2004-10039 of 2:39 p.m. on September 13, 2004, and 2008-001003 of 2:56 p.m. on January 23, 2008). Recently, in order to guarantee a higher level of protection, the Court has recognized the fundamental right to health as having the character of an autonomous fundamental right (One may cite, in this regard, judgment number 2011-02932 of 3:47 p.m. on March 22, 2011. In this same sense, judgments number 2011-007768 of 7:54 p.m. on June 14, two thousand eleven, and number 2011-008876 of 3:01 p.m. on July 5, 2011). On the other hand, this Court has also recognized and guaranteed a high level of protection for the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Even before Article 50 of the Constitución Política was reformed. Through Constitutional Reform Law number 7412 of June 3, 1994, two paragraphs were added to Article 50 of the Constitución Política, in order to expressly recognize the fundamental right of every person to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the duty of the Costa Rican State to guarantee, defend, and preserve that right. (Regarding the content and scope of the referred fundamental right, see judgment number 2006-17126 of 3:05 p.m. on November 28, 2006). Finally, it must be reiterated the indissoluble relationship that arises between environmental protection and the effective guarantee of the fundamental rights to life, to health, and, in general, to the possibility of human beings to develop an existence in accordance with their intrinsic dignity (Judgment No. 5691-98 of 5:15 p.m. on August 5, 1998). The right to a healthy and ecologically balanced environment grants special protection to biodiversity and groundwater, which is why, in application of the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters, economic activities with environmental impact must be authorized only when there is scientific certainty that such impact does not imply a risk or threat of permanent and irreversible damage to the environment. It is for this reason that the administration must carry out, in cases where warranted, the environmental assessment (evaluación ambiental) through the instruments it deems pertinent, an assessment that must be publicly shared with the affected population, so that after a rigorous and detailed analysis, the administration issues the corresponding environmental viability in a substantiated manner. The disregard and non-observance of these aspects defined normatively and jurisprudentially results in the violation of the referred right to a healthy environment, therefore administrative actions so ordered are equally violative of this fundamental right (See, among others, judgments of this Court numbers 5893-95, 5445-99, 2001-6503, 2003-6322, 2004-13414, 2006-7994, 2010-6922). It is concluded, in this way, that from the Constitution emerges, incontestably, the power-duty of the Costa Rican State to seek the effective and timely protection of public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment, raising the population's standard of living.\"\n\nIn that same judgment, it also stated:\n\"VIII.- ON REGULATION IN THE MATTER OF PESTICIDE REGISTRATION. The appropriate use of pesticides can be useful for the control and elimination of pests, to the benefit of the population's food security and economic activity based on agricultural production. However, the potential risk that the use of such substances may pose to human health and the environment must be recognized. This has even motivated the adoption of international instruments with the express objective of protecting human health—including the health of consumers and workers—and the environment against the possible harmful effects of pesticides, as is the case of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, which was approved by Costa Rica through Law No. 8705 of February 13, 2009.\n\n(...) this Court has recognized the risk that the use of pesticides may entail and the importance of adopting suitable measures to regulate their use. In the Costa Rican legal system, there exists diverse legal and regulatory norms from which it is derived that the activity of importing, manufacturing, marketing, and using pesticides is strongly subject to the police power (potestad de policía) of the State, in order to guarantee the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment.\"\n\nIn this Court's opinion, the technical and scientific studies that form the basis of the regulatory reform challenged here—and which are duly listed in the considerandos of the Decreto Ejecutivo in question—are a guarantee of the State's fulfillment of its obligation to protect the right to health and the environment. Indeed, a copy of the study titled \"Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de fungicidas en fincas que poseen zonas de amortiguamiento\" has been provided to the record, which contains the following conclusions:\n\"1. Sufficient information exists at the national and global level indicating that drift management in pesticide applications must be done through application practices and not exclusively through distances.\n2. The application techniques and practices associated with reducing drift in banana plantations in Costa Rica meet and exceed the recommendations of the United States Environmental Protection Agency (USEPA), the 'Spray Drift Task Force (SDTF)', and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).\n3. Drift must be managed through appropriate climatic conditions such as wind speed, which must not exceed 15 km/h, and its direction must be away from sensitive areas.\n4. The droplet size of the application mixture must average between 200 and 300 µm.\n5. Flight height must not exceed 5 m above the crop canopy and the spray bar length must not exceed 80% of the wing length.\n6. A buffer zone (zona de amortiguamiento) of 30 meters, planted with trees taller than the crop, is one of the best methods for minimizing drift, as they act as a barrier to the movement of pesticides outside the application field.\n7. The technology available in Costa Rica allows for precise aerial pesticide applications, directed at the target crop, with the certainty that people and the environment will not be affected.\"\n\nWith the above, it is established that the reform in question does not suffer from the omissions and lack of technical and scientific studies that affected the now-annulled Article 70 of Decreto Ejecutivo N° 31520 of October 16, 2003, and which led this Court, by Judgment No. 2006-016276 of 2:56 p.m. on November 8, 2006, to declare it unconstitutional. Therefore, there are scientific and technical grounds justifying the reduction of the distance that must exist between the land where aerial pesticide applications are carried out and population centers and others. In this regard, the petitioner must be clear that the reduction in question, by itself, is not unconstitutional, nor does it necessarily imply a regression in the protection of the right to health or the environment.\n\nIt must be borne in mind, first of all, that the general principle is that a distance of one hundred meters must be maintained between the crop subject to aerial spraying and the road, population centers, dwelling houses, buildings where personnel are working, water sources, and adjacent crops or neighboring farms susceptible to negative effects arising from the applied pesticide (Article 70 of Executive Decree No. 31520). The reduction of that distance to thirty meters is by way of exception, and for this, compliance with a series of requirements provided for in the same regulation is essential, requirements that have a scientific and technical basis and, therefore, are not arbitrary or capricious, which makes the regulation reasonable in relation to the objectives of protecting the right to health and a healthy and ecologically balanced environment. Among the conclusions reached by the aforementioned study is that drift management in the application of pesticides does not depend solely on distance, but rather on application practices. Nowadays, technological advances allow very efficient drift control to such a point that, under certain circumstances—regulated in the Decree in question—and with the use of new technologies available in the country, it is possible to carry out precise aerial applications of pesticides to the point that even a distance of thirty meters may be more protective than one of one hundred meters, provided, of course, the other technical requirements that guarantee the drift will not cross the protection zone and that the regulation in question contains are met. Distance is not a determining factor of greater or lesser protection of the right to health and the environment; rather, this depends on the use of technological resources that allow greater precision in spraying operations, with nearly zero drift. However, the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), as an advisory body to this Court, made some observations in its report regarding the technical and scientific study that serves as the basis for the challenged Decree, which are important to review.\n\nV.- Regarding the position of the Office of the Attorney General of the Republic on the merits of this action. The Attorney General’s Office points out that Decree No. 34202, according to considerando 8°, is based on the document “Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de plaguicidas en fincas con zonas de amortiguamiento,” published by CORBANA S.A. in 2007 and conducted by Roberto Valenciano Mora of Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A.; Sergio Laprade Coto of CORBANA S.A.; Álvaro Fournier Leiva of CARIBANA S.A.; and Eduardo Trejos Obando of Standard Fruit Co., which, in the opinion of the advisory body, raises a series of doubts about the technical basis that would allow extrapolating the results of that document, produced by members of the banana industry, to other types of crops, as the challenged Decree does. Furthermore, it points out that the regulation differs from the document that provides its scientific and technical support in some aspects, since while the document states that relative humidity must be above 60%, the Decree provides that it must be above 70%, and while the document indicates that “if the application is carried out perpendicular to the buffer zone (zona de amortiguamiento), an additional strip of 40 meters must be left within the crop, where pesticides should not be sprayed to reduce the drag effect,” the decree provides that this distance must be left when the application is carried out by airplane, which leaves the doubt as to whether, a contrario sensu, with a helicopter, that strip would not have to be left, and that “The no-application strip may be omitted in the case of internal roads or paths for the exclusive use of the crop and as long as there are no dwellings,” thereby reducing the forty-meter strip recommended by the study to distances even as small as six meters that the internal roads may measure. Finally, it also questions the scientific objectivity of the study that provides the basis for the challenged Decree, since it was sponsored and conducted by members of the banana industry, who could be influenced by the particular interest of the sector. The aspects indicated by the Office of the Attorney General would necessarily obligate this Chamber to review and assess the technical and scientific bases of the Decree in question, which is not feasible, since this Constitutional Chamber is not a technical body in the matter and therefore lacks competence to analyze the content of the aforementioned technical and scientific criteria and, in that way, determine whether, based on them, the reduction of the distance established for conducting aerial applications of pesticides is appropriate or not, among other aspects. The foregoing was already indicated by this Court in Judgment No. 14948-2007 of 14:58 hours of October 16, 2007, which stated in this regard:\n\n“(…) A) Regarding the incompetence of the Constitutional Chamber to determine the number of active ingredients that must undergo bioequivalence tests: The issue raised is that requiring only seven of the active ingredients of multi-source pharmaceutical products of sanitary risk to undergo therapeutic equivalence tests is insufficient, and that there should be more or all of them. In this regard, the claim is not admissible in this constitutional instance, as this Court does not have competence to determine whether they should be seven, thirty, or forty. Furthermore, the Health authorities do not indicate that the number or quantity of active ingredients to submit to bioequivalence tests implies a danger to health, basically because the list must be progressively expanded. Thus, it is not for this Chamber to determine if subjecting only seven multi-source pharmaceutical products of sanitary risk—and therefore, the only multi-source pharmaceutical products (generic drugs) for which equivalence tests can be required before proceeding with their registration—implies a sanitary risk or a danger to people's health. Moreover, this Chamber observes that, according to Article 29 of the cited Decree No. 28466-S—and in accordance with WHO criteria—there are three groups of generic drugs that, due to their characteristics, deserve differentiated treatment. Those that require in vivo therapeutic equivalence studies as a requirement for registration; those that, without requiring in vivo studies, do require proving in vitro therapeutic equivalence; and finally, those that do not need to demonstrate their therapeutic equivalence; without it being possible to assess and determine in this constitutional instance which generic drugs correspond to one category or another. For these reasons, because the criterion of the specialized and politically responsible entity on the matter has established the seven products as reasonable, this Constitutional Court cannot issue a positive or negative pronouncement on the matter, because it is not a technical body in the matter, nor does it have the evidentiary elements to certainly conclude that the greater the number of active ingredients required to undergo bioequivalence tests, the greater the protection of the right to health, or conversely, the fewer the active ingredients required to undergo bioequivalence tests, the lesser the protection of the right to health. As stated, the determination of the number responds to a criterion of appropriateness, assuming that such determination does not endanger health, by virtue of what the authorities have stated. Note that there is no universally accepted parameter with which to compare the list in question, as the appellants say that Annex No. 9 of the 34th Report of the WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations of 1996, Appendix I, contains no fewer than 188 products that are subjected to therapeutic equivalence studies in Germany, Canada, and the USA prior to authorizing their sale; but the respondents say that at the Latin American level, we are moving faster than other countries and that it requires individualized studies and much training, and that in Argentina, there are only 12 active ingredients. Thus, this issue is the political responsibility of the respondents, and this Chamber cannot issue a criterion on the decision of which or how many drugs must undergo testing. Certainly, the Chamber already established (see Vote 2001-12226) that the registration of multi-source pharmaceutical products of sanitary risk without therapeutic equivalence studies is unconstitutional; but it could not now be affirmed that it is equally unconstitutional that only seven drugs are established as of sanitary risk and, therefore, that only these seven must undergo said therapeutic equivalence tests, because the number of substances requiring the test to ensure health cannot be discussed in this instance. In the previous vote, the action was granted because no testing was carried out, but now that it has been determined that there were seven active ingredients that must undergo testing, the constitutional analysis cannot go further, because with what criteria, more than a simple a contrario sensu presumption of what was indicated by the competent authorities, can the Chamber say that establishing only seven active ingredients (the only ones subject to therapeutic equivalence tests) is insufficient? In this way, since there are no determining criteria to say that they must be seven, fourteen, twenty-one, or more—except for the criterion of the politically responsible body, which already determined that there were seven—it is not possible to issue any pronouncement in this regard. Finally, it is also not appropriate to assess the lack or not of substantiation of the decree in question. In conclusion, this Constitutional Chamber is not the instance responsible for defining such a technical issue as the one under discussion, nor does it have sufficient criteria to conclude that the reduction to seven products is harmful to the right to health.”\n\n From the foregoing, it is clear that this Chamber does not have competence to review the technical and scientific criteria that serve as the basis for the Decree challenged through this means, nor to decide on different technical criteria that may exist in this regard (in this same sense, one may consult what was stated by this Chamber in Judgments No. 11114-2001 of 12:53 hours of October 26, 2001, No. 14349-2005 of 09:14 hours of October 21, 2005, No. 11343-2007 of 09:36 hours of August 10, 2007, No. 3216-2009 of 10:08 hours of February 27, 2009, and No. 12282-2011 of 11:23 hours of September 9, 2011). Likewise, regarding the aspects in which the Executive Decree in question deviates from or contains different regulations in relation to the study that serves as its basis—and which the Office of the Attorney General of the Republic points out in its report—it should be noted that not only were those aspects not challenged by the plaintiff—and, therefore, are not the object of this action—but also that they are aspects that must, as applicable, be reviewed through the legality avenue. On the other hand, the fact that the base study for the challenged Decree was prepared by scientists who belong to the banana industry is not sufficient reason to invalidate it, as this would constitute, as framed, a circumstantial ad hominem fallacy, since the invalidating argument would be based solely on the conditions surrounding the scientists who prepared the study—their belonging to the banana industry—but not on concrete questions about the objectivity and veracity of the conclusions reached in the study. Thus, in the opinion of this Chamber, the challenged regulation is rational as a suitable means to achieve the purposes of protecting the environment and human health that it proposes as its objective, given its technical and scientific basis, purposes established in Article 70 of the Regulation, i.e., to avoid the contamination of roads, population centers, dwelling houses, buildings where personnel are working, water sources, and adjacent crops or neighboring farms due to the drift or drag of pesticides. Not only is there scientific evidence that the distance of thirty meters as a no-application zone has a technical justification, provided it occurs under the conditions and technical requirements set forth in the questioned regulation, but, in addition, that regulation adds a functional buffer or protection zone; both elements together are sufficient to ensure that drift does not occur, according to the technical and scientific studies carried out. Therefore, there is no regression in this matter, since the reduction of the distance is conditioned on the fulfillment of a series of conditions (no-application zone plus vegetative cover barrier area), all of which is reasonable. It is thanks to technological advances that greater and better control of drift is achieved, which makes it possible to reduce the distance existing between the cultivation area subject to aerial spraying and population centers and others, from one hundred to thirty meters, without this measure reducing the degree of protection that had been afforded to the right to health and a healthy and ecologically balanced environment prior to the reform. Moreover, it can be considered that with the application of technological advances, nowadays, greater protection of these rights is possible than had been afforded previously, despite the reduction of the aforementioned distance. Furthermore, it is clear that the technological advances referred to in the scientific study that forms the basis of the Decree questioned here are not exclusive to banana cultivation, even though the study refers specifically to that type of crop. What is being done is applying technological advances in the field of aerial spraying to that type of crop. This is clear in the summary of the study that provides the basis for the challenged decree, which states: “This paper presents an analysis of the latest technology available and the experience generated in Costa Rica in the field of aerial pesticide applications.” Thus, this study is not limited to banana cultivation but rather deals generally with aerial pesticide applications, regardless of the crop in question. Therefore, the reservations expressed by the Office of the Attorney General in relation to this point are unfounded (see, in this sense, Technical Report on Aerial Applications and Buffer Zones No. CAAA-008-2014 of October 24, 2014, prepared for this action by Engineer Emmanuel Villalobos Sánchez, President of the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities). Likewise, the density that the buffer zone must have, as well as the height of the trees, are technical aspects that cannot be reviewed in this venue.\n VI.- Regarding the control of meteorological conditions at the time of spraying. Regarding the control of the prevailing meteorological conditions at the time of conducting the aerial application of pesticides, according to the report issued by the Director General of the Directorate General of Civil Aviation and the President of the Civil Aviation Council, requested as evidence for better resolution, it is established that in aerial application operations, there is no “aviation technician” as such who verifies the meteorological conditions of the field or farm to be treated, but rather the figure of the “Field Supervisor” or “Irrigation Supervisor,” who is the person responsible for making observations regarding wind, temperature, visibility, cloud ceiling, and other conditions that may affect the application. This person is generally an employee of the farm or owner of the crop to be treated, who, based on their experience and knowledge of the application site, issues the respective report of conditions to the pilot so that the latter can initiate the flight from their airport. Usually, these officials have a portable anemometer with which they take readings of specific data on wind speed and direction, temperature, and relative humidity. Furthermore, agricultural operators, in their Operations Manuals, establish the obligations and responsibilities of said personnel, as established in Article 54.2.3 of the Regulation on Agricultural Activities.\nLikewise, these verifications are also carried out by the Aeronautical Operations Unit, through Inspectors, who perform regular inspections of agricultural operations, in accordance with the Annual Surveillance Plan. With respect to satellite guidance systems, altitude, and calibration of application equipment, in their report, the Director General of the Directorate General of Civil Aviation and the President of the Civil Aviation Council indicated that they are automated systems that are adjusted from the pilot's cabin and in which the pilot enters the coordinates of the farm to be treated, as well as the application values, such as the gallons to be applied per hectare. The system, being automated, makes the necessary adjustments to maintain the desired application. Regarding the calibration of the equipment, it comes calibrated from the factory and, at the same time, the agricultural operator has specific procedures for performing such calibrations, either at the client's (farm's) request or according to its maintenance program; these procedures are equally established in its Operations Manual. With which, this Chamber considers, there is adequate control at the time of conducting aerial spraying of the meteorological conditions necessary to prevent drift beyond the buffer zone, in relation to the verification of wind speed and direction, temperature, relative humidity, satellite guidance systems, flight altitude, and calibration of the application equipment, all conditions that, this Chamber understands, are duly verified and supervised at the time by the competent authorities, in protection of people's health.\n VII.- Regarding the study of health effects on pregnant women in Matina due to aerial spraying. Both the plaintiff and the Office of the Attorney General of the Republic refer to the study by the Regional Institute of Toxic Substances of the National University (Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, IRET) and others entitled “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentourea (ETU) en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA).” This study detected the presence of chemicals dispersed in aerial spraying in the urine of pregnant women living in the banana zone of Matina, which implies a serious health problem. In this regard, that study concludes that “[t]he measured urinary concentrations of ETU in women were more than five times higher than those reported for other general populations (…). The urinary concentrations of ETU in pregnant women are concerning, and it is possible that the main source of exposure is aerial fumigation with mancozeb.” This Chamber does not call into question the serious consequences occurring to the health of pregnant women in the banana zone of Matina and that the probable cause is the aerial spraying of those crops. This probability alone is sufficient for this Court, in application of the precautionary principle in environmental and human health matters, through an amparo action, to protect those fundamental rights. However, through an unconstitutionality action, it must be determined that there is a cause-and-effect relationship between the enactment of the questioned regulation and the impact on the right to health and the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment that is alleged. That is, it is also necessary to establish that, certainly, with the enactment of the challenged Executive Decree, by means of which the distance between the crop subject to the aerial application of substances and dwellings or population centers is reduced, a lack of protection has been caused to these fundamental rights that implies an inadmissible regression in this matter. It is noteworthy that, on the one hand, the plaintiff does not demonstrate that the reduction of the buffer zone from one hundred to thirty meters, with the fulfillment of the conditions that the challenged regulation establishes for this purpose, is the cause of this health problem, and that the problem is not rather due to the non-observance of the current regulations on the matter and the failure to fulfill the control and surveillance obligations that, in this regard, rest with the competent administrative authorities.\n As stated previously, this Chamber lacks competence to review the technical criteria that serve as the basis for the Executive Decree in question, as well as to determine, among differing criteria, which one should be applied or prevail. It must verify that the decision to reduce the distance between the area subject to spraying and the dwellings or population centers has a basis in scientific and technical criteria. If this criterion is erroneous or if the method used presents inconsistencies, this is a matter that must be discussed through the ordinary courts, since there, with a full range of evidence, the criterion can be reviewed and the correct one determined. In any case, technical and scientific criteria represent contingent and provisional truths, always subject to revision. It is also clear that new scientific and technological advances could provide new elements to improve the current regulation. But that possibility of improvement does not imply that the regulation is unconstitutional, but only insofar as it is contrary to Constitutional Law, for example, that in matters of protecting fundamental rights, the new regulation implies less protection than what had already been achieved.\n In this vein, it is also not for this Chamber to review whether the methodology used in the study on pregnant women in Matina has methodological errors that falsify the conclusions reached. Thus, it would not be appropriate, in this venue, to question the findings and conclusions of that study based on the objections regarding methodological aspects noted in Official Letter No. GG-505-2014 of October 16, 2014, signed by Engineer Jorge A. Sauma A., General Manager of Corbana S.A., and Engineer Sergio Laprade Coto, Coordinator of the Banana Environmental Commission, and those made in Report No. DRPIS-UNC-ESJ-2287-10-2014 dated October 14, 2014, prepared by Licda. Elizabeth Solórzano Jiménez, an official of the Standardization and Control Unit-DRPIS, and Engineer Ricardo Morales Vargas, an official of UNSSAH-Directorate of Human Environment Protection, both from the Ministry of Health, since that discussion is proper to the legality venue. It is in that venue where it can be established whether, indeed, the cited study suffers from a series of methodological errors that cast doubt on its conclusions, such as the lack of a target or control population unrelated to banana activity to serve as a comparison, which means other variables are not discriminated against, such as food intake, given that mancozeb is used in many crops for direct and processed human consumption in the population's diet, which is why the assumption that all exposure is due to aerial pesticide application is not conclusive. Likewise, the study suggests that the possible presence of ETU is due to aerial applications, but it does not consider genetics, applications in other crops in the area, or the origin of the persons as other variables, since, for example, it was determined that migrants presented higher ETU than Costa Rican women. Similarly, it is indicated that the handling and analysis of the samples is not clear, the chain of custody is unknown, nor is a laboratory with tests accredited in good laboratory practices (GLP) used. It is pointed out that the study does not present the r², which is used to determine the degree to which the variables are related, for the relationship between the distance of the dwelling and the levels of ETU in the people, since this is an indication that it is very small and, therefore, using the distance of the farms from the dwellings and ETU levels is not a correct predictor of exposure. Neither is harm to the people demonstrated, and it is pointed out that the product is carcinogenic, ignoring what the International Agency for Research on Cancer (IARC) of the World Health Organization indicates in this regard. It is also pointed out that outdated toxicological parameters from 1996 are used, the intake parameter at the time of the report's preparation being from 2013, which invalidates the study's conclusions, since comparing the estimated daily intake (EDI) obtained in the study with the reference dose (RfD) levels from 2013, it is found to be fifteen times below the permitted value, which completely changes the study's conclusions. Furthermore, Dr. Freddy Arias Mora, Toxicologist at the Faculty of Pharmacy of the University of Costa Rica, upon analyzing the study on the concentration of ETU in pregnant women in Matina, concludes that the mathematical formula for determining the possible blood concentration of ETU contains an error due to a flaw in the toxicokinetic model used, and that the data do not represent the dose from chronic exposure to the fungicide mancozeb, nor its metabolite ETU, since the toxicokinetic model has calculation errors, which, coupled with the fact that the dynamics of absorption and elimination of the substance were not considered, nor the influence of the exposure time to the pesticide, the results are not valid, and therefore it is not possible to assert a possible health impact on the people.\nAll those methodological questions raised against the study “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentourea (ETU) en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)” and that cast doubt on the conclusions reached in that study are not appropriate to be heard in this venue, as it is the legality venue that is competent to analyze the merits of the matter and determine whether the conclusions in question can be maintained or not. But, for the same reason, it is also not appropriate in this venue to assess the conclusions reached by the researchers who conducted the study entitled “Manejo de la deriva en las aplicaciones aéreas de plaguicidas en fincas con zonas de amortiguamiento.” This latter research study concludes, among other aspects, that there is sufficient information at the national and global levels indicating that drift management in pesticide applications must be carried out through application practices and not by distances exclusively, and that a thirty-meter buffer zone, planted with trees taller than the crop, is one of the best methods to minimize drift, as the trees act as a barrier to the movement of pesticides outside the application field. This study is based on the laws of physics that are universal and on certain technical aspects, such that if spraying is carried out with the appropriate technology and in compliance with certain scientifically and technically established requirements—which the challenged Executive Decree incorporates—there can be scientific certainty that drift will be nearly zero and that a thirty-meter buffer zone, planted with trees taller than the crop, guarantees that any drift produced will not cross it, provided all the required technical conditions are met (size of the droplet of the mixture to be applied, length of the spray bar, flight altitude, climatic conditions, etc.). Under these circumstances, drift toward population centers could not occur, as this would imply defying the physical laws that universally govern the behavior of matter.\nThus, the challenged Decree is supported by a scientific study, which cannot be questioned in this venue, not even through another technical study that could call its conclusions into question. That divergence would have to be irretrievably resolved in the legality venue.\nFurthermore, a diversity of studies and information related to the aerial spraying of pesticides and the topic of possible drift have been contributed to the case file: Technical Report on Aerial Applications and Buffer Zones from the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities; Good Application Practices in Extensive Flat Crops. Distances to Urban Zones. Criteria and Solutions, by Alberto Etiennol and Augusto Piazza of the Argentine University of Enterprise; Evaluation and Mitigation of Spray Drift in Fumigation, by Allan S. Felsot of Washington State University; Summary of Aerial Application Studies; Pesticide Drift. Susan Cordell and Paul B. Baker, from the School of Agriculture of the University of Arizona; Filtration of Drift by Natural and Artificial Catchers. A Literature Review, by Andrew J.\n\nStewart Agricultural Research Services Hewitt; and Natural and Artificial Barriers for Spray Drift. Exposure Mitigation in South Australia, Research Project for Primary Industries and Resources, South Australia (PIRSA) by Andrew Hewitt PhD, Gary Dorr PhD, Peter Hughes, and Toni Axford (PIRSA) from the Centre for Pesticide Application and Safety of the University of Queensland, Gatton. In all these investigations, it is ultimately concluded that the drift produced by aerial spraying of pesticides can be reduced almost to zero and can be prevented from reaching dwellings or population centers adjacent to the crop being sprayed, provided that certain requirements are met, such as the existence of a buffer zone (zona de amortiguamiento) planted with trees taller than the crop and the use of state-of-the-art spraying technologies, which must also be carried out under specific, scientifically and technically established climatic conditions. Under these conditions, reducing the distance between the crop and the dwellings or population centers to only thirty meters does not imply any lack of protection of the right to health of the local inhabitants or any infringement upon the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, as protected under Articles 21 and 50 of the Political Constitution.\n\nThus, there is no way that, if all the requirements and conditions referenced in the challenged Executive Decree are met, the health impact claimed by the plaintiff and asserted in the study concerning pregnant women in Matina could occur by virtue of drift. This would only be understandable if those conditions were breached. That this is the case is corroborated by the plaintiff himself, who in his complaint AEL-063-2015, dated in Limón on June 15, 2015, states that on the banana farms in Matina there are no physical barriers, that is, there is no buffer zone of thirty meters between the crop being sprayed and the dwellings of the affected persons, which is also confirmed by the response to said complaint provided by the Director of the Health Governing Area of Matina, in Official Letter HC-ARS-M-2382-2015 of June 30, 2015. Therefore, in the case of Matina, the regulations contained in the challenged Decree are not applicable, since the conditions for it are not met, and, consequently, the health problems afflicting pregnant persons are not related to the norm accused of being unconstitutional, but rather to the possible non-compliance with the regulations governing the activity of aerial spraying, which is not a matter subject to review in this proceeding.\n\nConsequently, this Chamber considers that the norm in question has sufficient scientific foundation and, insofar as it does, is rational, thus implying no regression in the protection of fundamental rights, particularly health and the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment; and, therefore, the action against Executive Decree No. 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, which is an Amendment to Article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola,” of October 16, 2003, must be dismissed in all its aspects.\n\nVIII.- Regarding the request for a hearing with the Defensoría de los Habitantes submitted by the plaintiff. The plaintiff, in a brief filed at 10:05 a.m. on December 4, 2014, requests that this Chamber hold a hearing with the Defensoría de los Habitantes, so that it may express its views regarding Executive Decree No. 34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, which is an Amendment to Article 70 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola,” of October 16, 2003, challenged in this action. Said brief was reserved to be considered at the appropriate procedural moment (ruling of the Presidency at 11:19 a.m. on December 4, 2014). Having analyzed the plaintiff's request, it is found to be without merit, since, on the one hand, the Defensoría de los Habitantes has no direct relationship with the application of the challenged Executive Decree; and, on the other, this Court does not believe that it can contribute further elements for the resolution of the merits of this matter, especially taking into account that the advisory body to this Chamber in matters of constitutional challenges is the Procuraduría General de la República, which issued its opinion regarding the challenged norm.\n\nIX.- Conclusion. Based on the foregoing considerations, the appropriate course is to dismiss the filed action in all its aspects, as this Chamber considers that Article 1 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, is not in itself unconstitutional, provided that there is strict oversight by the competent authorities of the buffer zone and other conditions required in the Decree, in specific acts of application, in safeguarding the health of persons. Magistrate Cruz Castro dissents and upholds the action in all its aspects.\n\nX.- Dissenting vote of Magistrate Cruz Castro. With the utmost respect for the majority of the Constitutional Court, and based on the same considerations for which, at the time, I dissented in Judgment No. 2012-011064 of 4:31 p.m. on August 14, 2012, I disagree with the reasoning offered by the Chamber in the majority opinion, in which it is considered that the provisions of Article 1 of Executive Decree No. 34202 of May 21, 2007 do not violate Constitutional Law, particularly the rights protected in Articles 21 and 50 of the Political Constitution. On this matter, the undersigned Magistrate reiterates the criterion upheld in Judgment No. 2006-16276 of 2:46 p.m. on November 8, 2006, in which Article 70 of the Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP of October 16, 2003, was declared unconstitutional, in the part that provides:\n\n“Said strip may be reduced to a minimum of 30 meters, if between the field to be treated and the indicated sites, there are buffer zones reforested preferably with native species, provided that in addition pesticides of at most moderate toxicity are applied, and the application is made under adequate conditions of flight height, particle size, and wind speed that together allow the reduction of drift and that the aircraft has adequate implements for that purpose and that it flies parallel to the buffer zone. In the event that the application is made perpendicular to said zone, a strip of no less than 40 meters must also be left within the crop, where pesticides may not be applied by airplane to reduce the drift effect; the respective area may be treated with a helicopter or other means that ensures drift control. The no-application strip for pesticides may be omitted in the case of roads or internal paths used exclusively for the crop to be treated and as long as there are no dwellings or any of the scenarios referred to in the first paragraph of this article arise.”\n\nThis provision has similar content to the one challenged on this occasion, that is, Article 1 of Executive Decree No. 34202 of May 21, 2007, in which the distance that must exist (between the field to be treated and any highway, population centers, dwelling houses, buildings where work personnel remain, water sources, and adjacent crops or neighboring farms) was reduced from one hundred to thirty meters, for the purpose of carrying out aerial pesticide applications. On this matter, it is necessary to recognize, as was done in Judgment No. 2006-16276, that this Chamber has broadly developed the scope of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as collected in Judgment No. 2003-06322 of two fourteen p.m. on July three, two thousand three, and without prejudice to subsequent expansions and nuances from which derive a series of parameters and principles summarized as follows:\n\n\"1. the obligation of the State to guarantee, defend, and protect this right, whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It must ensure and protect that right against any risk or need; defend means to forbid, prohibit, and prevent any activity that violates the right; and preserve is an action aimed at shielding the right in advance from possible dangers in order to make it last for future generations. The State must assume a dual conduct of doing and not doing; on one hand, it must refrain from itself violating the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other, it must undertake the task of issuing measures that allow compliance with constitutional requirements\" (Judgment number 9193-2000, of sixteen hours twenty-eight minutes on October seventeen, two thousand).\n\n2. the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State pursuant to the provisions of Article 50 of the Constitution;\n\n3. the principle of rational use of resources, so that there is a necessary balance between the country's development and the right to the environment;\n\n4. the principle of environmental quality, according to which environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; just like health, food, work, housing, and education, among others\n\n5. the precautionary principle: One of the essential principles that make up environmental law is the \"precautionary principle\" or \"principle of prudential avoidance,\" as contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, according to which prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health;\n\n6. the requirement to carry out an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) prior to the commencement of works and activities that may produce assessable damage and contamination to the environment, such as the presence of toxic substances or external elements that cause negative characteristics in the environment, both for biological diversity —including flora and fauna— and —especially— for human life, reflected in human health or well-being —soil, habitat, air, water, etc.—; the impact of these elements requires scientific evaluation and treatment;\n\n7. the obligation of State institutions to comply with environmental legislation in their ordinary activity;\n\n8. the rule that only a declared state of necessity exempts compliance with environmental norms\n\n9. the principle that the lack of economic resources of public institutions is not an excuse that justifies the omission to provide protection to the environmental right\n\n10. the principle of coordination among the various public agencies in order to guarantee environmental protection\".\n\nTo all of the above is added the constitutional recognition of the fundamental right to health and the demands derived from that recognition, both for public authorities and for private individuals, in the exercise of any activities that may endanger it, so that, in relation to the Administration, it has been endowed with specific powers and obligations concerning the performance of those activities. Thus, with respect to the scope of the provisions of Article 70 of the Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP of October 16, 2003, the Constitutional Chamber in Judgment No. 2006-16276 considered that:\n\n“While it is true that Article 70 establishes a no-aerial-application strip of 100 meters, it nonetheless allows the strip to be reduced to 30 meters if, between the field to be sprayed and the houses, towns, and others, there are buffer zones reforested with native species, provided that pesticides of moderate toxicity are applied and the application is made under conditions of flight height, particle size, and wind speed that allow the reduction of drift and that the aircraft has implements for that purpose and flies parallel to the buffer zone. The Chamber has considered that in these cases the precautionary principle must be applied (see, among others, Judgment number 7294-98), above all, taking into account that there is no scientific or technical foundation justifying the reduction of the strip. The challenged Regulation does not indicate the permitted percentages of pesticide drift and establishes the possibility of reducing the application strip to 30 meters, subject to conditions concerning the toxicant, weather, and flight, which cannot even be previously controlled by the public authority, thereby endangering the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment, because it concerns a polluting activity, with toxic substances, in which it is not admissible to reduce the protection levels established in the previous regulation.”\n\nIn this vein, the reasons provided by the majority of the Constitutional Court on this occasion to justify the conformity with Constitutional Law of the provisions of Article 1 of Executive Decree No. 34202 of May 21, 2007, in no way justify the change in criterion that has occurred in the specific case, which has impacted the full enjoyment of the rights protected in Articles 21 and 50 of the Political Constitution and, particularly, the precautionary principle that governs environmental law. Based on the foregoing, the undersigned Magistrate dissents and declares the norm challenged unconstitutional, to the extent that it contains a provision similar to the one already annulled by this Constitutional Court in decision No. 2006-16276.\n\nTherefore:\n\nThe action is dismissed, considering that Article 1 of Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, is not in itself unconstitutional, provided that there is strict oversight by the competent authorities of the buffer zone and other conditions required in the Decree, in specific acts of application, in safeguarding the health of persons. Notify. Magistrate Cruz Castro dissents and upholds the action.-\n\nErnesto Jinesta L.\nPresident\n\nFernando Cruz C. Fernando Castillo V.\n\nNancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.\n\nJose Paulino Hernández G. Enrique Ulate Ch.\n\nClassification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 23-02-2026 15:50:21.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }