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  "id": "nexus-sen-1-0007-875804",
  "citation": "Res. 15711-2016 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Consulta indígena obligatoria para proyecto hidroeléctrico El Diquís",
  "title_en": "Mandatory indigenous consultation for El Diquís hydroelectric project",
  "summary_es": "La Sala Constitucional anula el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 34312-MP-MINAE (2008), que autorizaba sitios de explotación de materiales dentro de territorios indígenas para el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. La sentencia 2011-12975 había condicionado la validez de esa norma a que se realizara la consulta previa, libre e informada exigida por el Convenio 169 de la OIT en un plazo improrrogable de seis meses. Al constatar que la consulta nunca se llevó a cabo, el Tribunal declara una inconstitucionalidad sobrevenida y decreta la nulidad del artículo. La decisión subraya que el Estado está obligado a consultar a los pueblos indígenas de buena fe antes de cualquier medida que afecte sus territorios, y que el incumplimiento de esa condición vicia de invalidez la norma habilitante.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber annuls Article 8 of Executive Decree 34312-MP-MINAE (2008), which authorized material extraction sites within indigenous territories for the El Diquís Hydroelectric Project. Ruling 2011-12975 had conditioned the article's validity on the completion of a prior, free, and informed consultation required by ILO Convention 169 within a non-extendable six-month period. Finding that the consultation never occurred, the Court declares a supervening unconstitutionality and voids the provision. The decision underscores the State's obligation to consult indigenous peoples in good faith before any measure affecting their lands, and that failure to meet this condition invalidates the enabling norm.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "26/10/2016",
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    "indigenous-law-6172"
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    "Convenio 169 OIT",
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    "proyecto hidroeléctrico El Diquís",
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    "El Diquís hydroelectric project",
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  "excerpt_es": "“...la omisión de la Administración en realizar la consulta citada en la sentencia No. 2011-12975 de las 14:30 horas de 23 de setiembre de 2011 dentro del plazo ahí señalado, origina una inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 8 del Decreto No. 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, lo que, por ende, acarrea su nulidad.” “Se declara con lugar la acción planteada y, en consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 8 del Decreto 34312-MP-MINAE del 06 de febrero del 2008.”",
  "excerpt_en": "“...the Administration's omission to carry out the consultation cited in ruling No. 2011-12975 of 14:30 hours of September 23, 2011, within the time limit set therein, gives rise to a supervening unconstitutionality of Article 8 of Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, which therefore entails its nullity.” “The action is granted and, consequently, Article 8 of Decree 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, is annulled as unconstitutional.”",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted (annulment)",
    "label_es": "Con lugar (anulación)",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber annuls Article 8 of Decree 34312-MP-MINAE on grounds of supervening unconstitutionality due to failure to carry out the mandated indigenous consultation.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional anula por inconstitucionalidad sobrevenida el artículo 8 del Decreto 34312-MP-MINAE por incumplimiento de la consulta indígena ordenada."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Sentencia 2011-12975, Considerando VI",
      "quote_en": "…the constitutionality of the norm is preserved, provided that the consultation required by Article 4 of that Decree is carried out within 6 months from the notification of this decision, all in accordance with the requirements described in the preceding recital.",
      "quote_es": "…la constitucionalidad de la norma se preserva, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, todo ello conforme a los requerimientos descritos en el considerando anterior."
    },
    {
      "context": "Sentencia 2011-12975, Considerando VI",
      "quote_en": "It is irreconcilable with good faith in the consultation process for any party to adopt positions openly contrary to unequivocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic or suitability.",
      "quote_es": "Resulta inconciliable con la buena fe en el proceso de consulta, el hecho de que cualquiera de las partes llegue a adoptar posiciones abiertamente contrarias a reglas unívocas de la ciencia o la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia."
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "…the Administration's omission to carry out the consultation cited in ruling No. 2011-12975… within the time limit set therein gives rise to a supervening unconstitutionality of Article 8 of Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008.",
      "quote_es": "…la omisión de la Administración en realizar la consulta citada en la sentencia No. 2011-12975… dentro del plazo ahí señalado, origina una inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 8 del Decreto No. 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008."
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      "citation": "Decreto 34312",
      "title_en": "Declaration of National Convenience for El Diquís Hydroelectric Project",
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      "date": "06/02/2008",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Constitucional\n\nResolución Nº 15711 - 2016\n\nFecha de la Resolución: 26 de Octubre del 2016 a las 17:30\n\nExpediente: 16-005486-0007-CO\n\nRedactado por: Paul Rueda Leal\n\nClase de asunto: Acción de inconstitucionalidad\n\nControl constitucional: Sentencia estimatoria\n\nAnalizado por: SALA CONSTITUCIONAL\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD\n\nTema: AMBIENTE\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\nTema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD\n\nSubtemas:\n\nNO APLICA.\n\n015711-16. AMBIENTE. CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS PARA DESARROLLO DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL DIQUIS. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, del 06 de febrero del 2008.\n\n\nTexto de la resolución\nExp: 16-005486-0007-CO\nRes. N° 2016015711\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.\nAcción de inconstitucionalidad promovida por WALTER BRENES SOTO, mayor, portador de la cédula de identidad número 0206450800, contra el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE del 6 de febrero de 2008. Intervienen en este asunto la Procuraduría General de la República, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Ambiente y Energía.\nResultando:\nEl accionante pide la nulidad del artículo 8 del Decreto Ejecutivo número 34312-MP-MINAE, en ejercicio de su legitimación para la protección del ambiente, la biodiversidad y los derechos de los indígenas. Relata que el citado decreto afirma la conveniencia nacional de las obras relacionadas con el proyecto Hidroeléctrico el Diquís, y a ese efecto declara el interés en hacer uso de propiedades declaradas reserva indígena, motivo por el cual corresponde la consulta a los pueblos indígenas de la zona que vayan a ser afectados. Señala que mediante sentencia número 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011, la Sala Constitucional analizó precisamente un reclamo por la ausencia de la necesaria consulta a los pueblos indígenas que recién se mencionó y constató su inexistencia; sin embargo, declaró que el citado decreto podía ajustarse a la normativa internacional si la consulta omitida se llevaba a cabo dentro de los seis meses siguientes luego de la notificación del fallo. No obstante, el propio Instituto Costarricense de Electricidad, como encargado de llevar adelante tal proceso, expresó en su informe dentro del expediente 14-19128, que tal consulta no se había realizado a pesar de haber transcurrido con creces el plazo establecido. Explica el accionante que la jurisprudencia de la Sala ha sido clara en señalar, que la consulta a los pueblos indígenas no implica una simple formalidad, y el relator de Naciones Unidas que en su momento conoció el caso, señaló que era posible remediar la situación si la consulta se realizaba con algunas particularidades provenientes del propio caso. Concluye que la inconstitucionalidad del artículo 8 se deriva de la afectación del derecho de propiedad de los indígenas, y también de la ausencia de la consulta exigida por la Convención 169 de la OIT. Por lo anterior pide la declaratoria correspondiente de inconstitucionalidad.\nPor resolución de las 15:29 horas del trece de mayo de 2016, se dio curso a esta acción de inconstitucionalidad y se confirió audiencia a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Instituto Costarricense de Electricidad.\nMagda Inés Rojas Chaves, en su condición de Procuradora General Adjunta de la República, contesta la audiencia conferida y señala que el reclamo resulta muy concreto en su descripción y que tiene detrás una larga serie de cuestiones procedimentales conocidas por la Sala. Explica que originalmente un reclamo como este, sobre la falta de la consulta dispuesta por la Sala en sentencia número 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011, se definió como un tema de desobediencia; sin embargo, luego se enmendó dicho criterio para entender que la condición de la consulta resultaba ser un elemento para consolidar una interpretación conforme del Decreto, por lo que cualquier discusión debía conocerse por la vía de acción. Cita las consideraciones originales de la Sala en que se dispuso la necesaria consulta a los pueblos indígenas, en acatamiento al Convenio 169 de la OIT, y refiere que el Tribunal señaló, que si bien en su momento la mera indicación de zonas a incluir en el desarrollo del proyecto, no incidía en los derechos de los indígenas, para setiembre del 2011 ya los estudios técnicos habían concluido, de modo que el proyecto no podía seguir adelante sin la consulta requerida, por lo que se decidió brindar un plazo de seis meses para la realización de la debida consulta. Considera que la Sala definió el carácter improrrogable de la consulta y la necesaria buena fe para su realización, y ordenó la suspensión de toda actividad de investigación “o de otra índole” en zonas indígenas, mientras no se cumpliera el requisito de la consulta fijado en el artículo 4 del Decreto. Con base en lo anterior, la Procuraduría señala que el caso no presenta dificultad; sin embargo, presenta a la Sala una lectura alterna del caso que consiste en señalar que el plazo no era una formalidad preclusiva, sino una forma de conminación a la administración para llevar adelante sin darle largas al asunto, en el supuesto de que estuviera interesada en llevar adelante el proyecto. Esto se ve reforzado por el hecho de que el plazo tenía sentido para impedir, ya no solo la fase de ejecución sin consulta previa, sino también el alargamiento de la fase de investigación que podía haberse usado como pretexto para continuar actuando en territorio indígena sin haber cumplido la formalidad exigida en el artículo 169 de la OIT. Así parece entenderse de las conclusiones de la Relatoría, que en su momento emitió criterio sobre el tema y acentuó la necesidad de actuar pausadamente, proponiendo incluso una consulta para la definición de la forma de cumplir apropiadamente con la exigencia del Convenio 169 de la OIT (es decir una consulta sobre la consulta). En conclusión, la falta de realización de la consulta no produce de forma automática la necesidad constitucional de anular el artículo 8 del Decreto, si se entiende que dicha condición puede quedar pendiente e incólume para impedir que el Estado pueda llevar a cabo ninguna actividad en el territorio indígena relacionado con el proyecto sin antes haber cumplido con la exigencia.\nErick Picado Sancho, en su condición de apoderado del Instituto Costarricense de Electricidad, contesta la audiencia conferida y señala que el Decreto al que se refiere el accionante forma parte parcial del proyecto Hidroeléctrico el Diquís, y que en tal condición fue formulado como uno de los elementos jurídicos de dicha obra. Señala que, en efecto, la Sala Constitucional analizó la constitucionalidad de algunos artículos del citado proyecto y declaró la necesidad de realizar una consulta a los pueblos indígenas como etapa previa a la realización de cualquier obra. Afirma que, actualmente, el proyecto no ha cumplido con la etapa de la obtención del plan de viabilidad ambiental para lo cual se ha exigido precisamente la realización de la consulta. Agrega que el Instituto, durante el tiempo que tuvo en sus manos el tema, fue respetuoso de las instancias -incluso internacionales- que participaron en este tema, específicamente lo resuelto por el Relator especial de Naciones Unidas para estos temas de poblaciones indígenas. Explica que para el año 2012, el gobierno tomó la decisión de asumir toda esta temática con el fin de asegurar una apropiada participación de las comunidades indígenas dentro de las decisiones del proyecto, y luego, con el cambio de gobierno se subsumieron tales actividades dentro de un proyecto más amplio para definir a nivel general un mecanismo claramente definido y comprensivo para la realización de las consultas a los pueblos indígenas. De tal manera, la cuestión ha quedado fuera de las posibilidades del Instituto, que ha sido respetuoso de las distintas voluntades expresadas al respecto y de las directrices y políticas del gobierno central para dar un contenido de justicia y participación a la formalidad de la consulta. Agregan que debe tomarse en cuenta la posición sostenida por la Sala Constitucional y expresada por el informe del Magistrado Paul Rueda, con ocasión de la denuncia que hicieron algunas personas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en relación con el retardo en la realización de la consulta. Indica que allí se dejó claro que el plazo nunca se concibió como un término preclusivo, sino como un mecanismo para no dar largas a la consulta y como medio precisamente de lograr que la intervención de los indígenas fuese una realidad. Por todo ello, solicita que la acción se declare sin lugar al no existir una lesión constitucional, en tanto el artículo 8 discutido no está produciendo efectos, ni afectando adversamente los derechos de las comunidades indígenas, y está claro que la consulta debe realizarse como paso previo a cualquier ulterior acción dentro de esta iniciativa.\nEdgar Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía contesta la audiencia conferida y señala que el gobierno que representa ha puesto en funcionamiento un estilo diferente de gobernar con parámetros democráticos y tres guías que son transparencia, colaboración y participación ciudadana. Por otra parte, en cuanto a la política energética, señala que se busca el aprovechamiento de recursos naturales de forma sostenible y que en ese sentido, el aspecto eléctrico ha sido objeto de elogios a nivel mundial por su matriz de producción con energías limpias. En particular, el proyecto hidroeléctrico del Diquís está en la fase de presentar el estudio de impacto ambiental ante SETENA, lo cual incluye necesariamente la demostración de la realización de la consulta a las comunidades indígenas como lo demanda el ordenamiento. Informa que en cuanto a este tema específico existe una directriz gubernamental para formar una comisión que se encargue de la construcción de un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas que luego pueda usarse eficazmente para recabar el criterio de tales comunidades. Agrega que en el informe rendido al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Sala por intermedio del Magistrado Rueda Leal señaló que el plazo no era preclusivo, y más bien se partía de la base de la importancia de realizar una consulta apropiada particularmente ajustada a las exigencias específicas. Además, señala que el accionante pretende atacar todo el Decreto cuando lo único sometido al plazo es el artículo 8 referido a las coordenadas que caen en territorios indígenas y que describen zonas de exploración para la posible explotación de materiales. No existe, a criterio del informante, una inconstitucionalidad, por existir una imposibilidad para la realización de la consulta exigida.-\nLos edictos a que se refiere el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los Boletines judiciales número 104, 105 y 106 de los días 31 de mayo, 1 de junio y 2 de junio de 2016, respectivamente.-\nEl 22 de junio de 2016, se tuvieron por contestadas las audiencias y concluido el trámite y se turnó este asunto a la oficina de la Magistrada Hernández López.-\nSe prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.\nEn los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.\n\n\nRedacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\n\nConsiderando:\n\n\nI.- Sobre la admisibilidad de esta acción de inconstitucionalidad.-\nE1 accionante plantea esta acción señalando que acude al amparo del artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por considerar que para la tutela de los grupos vulnerables existe una legitimación directa. Sin embargo, tanto la Procuraduría como este Tribunal coinciden que si bien ello resulta admisible para la interposición de un recurso de amparo, la legitimación para interponer una acción de inconstitucionalidad, cuyo proceso es más formal, no puede sustentarse alegando simplemente un interés en la defensa de derechos instrumentales a favor de los grupos indígenas afectados por el proyecto, si ni siquiera el accionante forma parte de dichas etnias ni se afecta su esfera personal de derechos e intereses con lo que se decida en este caso. Empero, la acción resulta admisible, por cuanto la misma Sala, por resolución número 2016- 04354 de las 9:20 del 1o de abril de 2016 emitida dentro del recurso de amparo 14-I9128-O007-C0, le concedió plazo al accionante para interponer la acción de inconstitucionalidad, por entender que tal reclamo debía solventarse por esta vía. Así, existe una legitimación válida al tenor del párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y dado que por parte de la Presidencia se comprobó el cumplimiento del resto de los requisitos formales, lo procedente es entrar a conocer el planteamiento del accionante.\nII.- El objeto de la impugnación. El accionante dirige su reclamo, específicamente, contra el numeral 8 del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP- MINAE del 6 de febrero de 2008, que dispone:\n\n\n\n“Artículo 8o —Los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas; se localizan en las Hojas Topográficas General, Buenos Aires, Chánguena, Cabagra, a escala 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional, tienen los siguientes puntos de polígonos:\n\nPunto Inicio\n\t\nPunto Final\n\n\n534000 E / 337700 N\n\t\n536000 E / 337875 N\n\n\n536000 E / 337875 N\n\t\n538000 E / 338563 N\n\n\n530650 E / 339603 N\n\t\n531747 E / 338563 N\n\n\n534939 E / 347661 N\n\t\n533541 E / 346603 N\n\n\n533541 E / 346603 N\n\t\n531470 E / 343697 N\n\n\n522600 E / 323750 N\n\t\n520000 E / 323000 N\n\n\n520000 E / 323000 N\n\t\n518000 E / 322283 N\n\n\n518000 E / 322283 N\n\t\n516000 E / 322052 N\n\n\n547052 E / 334121 N\n\t\n546614 E / 332384 N\n\n\n548576 E / 328715 N\n\t\n547800 E / 326781 N\n\n\nSe alega que esa norma contraviene lo dispuesto por esta Sala Constitucional en la sentencia número 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011, en la cual se analizaron varios artículos del citado Decreto Ejecutivo y, en el caso particular del numeral transcrito, se dispuso mantener su validez condicionado a que en el plazo de seis meses se efectuara la consulta establecida en el ordinal 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dada la omisión en ejecutar la consulta, se estima inconstitucional el artículo 8 impugnado.\nIII- Sobre el precedente de cita. En la sentencia No. 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011, esta Sala resolvió una acción de inconstitucionalidad planteada contra los numerales 1, 4 y 8 del mismo Decreto impugnado, promovida por los representantes de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE TÉRRABA. Tal decreto declaró de conveniencia nacional e interés público del Proyecto Hidroeléctrico “El Diquís”. Desde aquella oportunidad, los accionantes alegaron la supuesta afectación ilegítima de la propiedad indígena con el decreto impugnado, así como la ausencia de la consulta requerida por el Convenio 169 de la OIT, como paso previo y necesario a la emisión del Decreto por abarcar dicho proyecto territorios de su comunidad. La acción se desestimó respecto de los artículos 1 y4 del Decreto Ejecutivo No. 34312 pero respecto del numeral 8 del mismo se interpretó conforme a la Constitución que era constitucional, siempre que la consulta establecida en el ordinal 4 de ese Decreto fuera celebrada en el plazo improrrogable de 6 meses, contado a partir de la notificación de ese pronunciamiento. Dado que el interés de este proceso se centra únicamente en lo dispuesto en relación con el numeral 8 cuestionado, a continuación se citan las consideraciones que en su momento llevaron a este Tribunal a emitir su pronunciamiento:\n\n\n“VI. ...A efectos de desarrollar lo dispuesto en el artículo 4 inciso b) del Decreto Ejecutivo número 34312, la consulta a los indígenas deberá plantearse de forma tal que estos puedan manifestar su voluntad de manera libre, previa e informada, según dispone el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para cuyo efecto los indígenas deberán tener acceso a los estudios técnicos correspondientes, entre ellos los de factibilidad del proyecto hidroeléctrico ya realizados y los que estén en curso. Esta actitud de apertura a entregar información deberá mantenerla el ICE durante todas las fases del proceso de consulta. Además, el conocimiento informado supone que los pueblos indígenas dispongan del conocimiento y capacidad técnica requerida, para cuyo efecto resulta indispensable que estos cuenten con sus propios asesores expertos en las materias pertinentes; tales consultores serán libre y autónomamente escogidos y contratados por los indígenas pero su costo correrá a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad. Complementariamente, si ambas partes estuviesen de acuerdo, un equipo de expertos independientes y confiables podría facilitar el proceso de consulta, el cual podría ser auspiciado por el sistema de Naciones Unidas. En todo caso, la consulta deberá ejecutarse en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, todo antes de la decisión estatal que permita el inicio de las obras del proyecto. Resulta inconciliable con la buena fe en el proceso de consulta, el hecho de que cualquiera de las partes llegue a adoptar posiciones abiertamente contrarias a reglas unívocas de la ciencia o la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Ninguna de las partes, en el proceso de consulta, podrá partir del supuesto que impondrá su voluntad a la otra; por el contrario, deberá imperar un ambiente de recíproco respeto y consideración para con los criterios de cada una de ellas. Asimismo, la buena fe demanda que el Instituto Costarricense de Electricidad suspenda toda actividad de investigación o de otra índole que implique operaciones en los territorios indígenas afectados hasta tanto no concluya la consulta estipulada en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo número 34312”\nVII SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 34312. ...Al respecto, como se indicó supra, de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el mencionado artículo refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. El proyecto se compone de sitios de explotación, por tanto, no posee un único espacio o área de acción. Establecidos los límites de la Reserva Indígena de Térraba sobre las hojas topográficas respectivas (véase el mapa confeccionado por ese Instituto a folio 321 de esta acción), en asocio y ubicación de los lugares que forman parte del proyecto hidroeléctrico, existen tres sitios en el Decreto número 34312, coincidentes con el área de la Reserva: los puntos 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 Ny 546614 E / 332384 N. Ahora bien, la mera determinación de los mencionados sitios, si bien comprende territorio de la Reserva Indígena de Térraba, no puede catalogarse como contraria al Convenio 169. A efecto de sustentar este criterio, conviene advertir que en la especie no se necesita analizar los problemas de titularidad de la propiedad de una comunidad tribal (que en nuestro caso no se da dado que existe pleno reconocimiento a la propiedad comunal), pero si el otorgamiento de concesiones de explotación de recursos naturales que repercuten en la forma de vida indígena y su espiritualidad. En este sentido, la Corte Interamericana establece en el caso de los Saramaka (sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2007) que “En virtud de todas las consideraciones mencionadas, la Corte concluye lo siguiente: primero, que los integrantes del pueblo Saramaka tienen el derecho a usar y gozar de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio que ocupan tradicionalmente y que sean necesarios para su supervivencia; segundo, que el Estado puede restringir dicho derecho mediante el otorgamiento de concesiones para exploración y extracción de recursos naturales que se hallan dentro del territorio Saramaka sólo si el Estado garantiza la participación efectiva y los beneficios del pueblo Saramaka, si realiza o supervisa evaluaciones previas de impacto ambiental o social y si implementa medidas y mecanismos adecuados a fin de asegurar que estas actividades no produzcan una afectación mayor a las tierras tradicionales Saramaka y a sus recursos naturales, y por último, que las concesiones ya otorgadas por el Estado no cumplieron con estas garantías. ”. (Parr. 159 Sentencia del 28 de noviembre de 2007 Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam). Es claro, que en el caso que analizó la Corte muchas de estas violaciones se consumaron, situación que no es el caso, pues se está en las etapas previas de análisis y de consulta al pueblo indígena. En efecto, contrario al caso Saramaka, en este asunto, la norma impugnada se dictó en un periodo que corresponde a la fase inicial de investigación, por lo que en ese momento no resultaba razonable formular la consulta aludida en el artículo 6 del Convenio 169, pues para ello se requería, como presupuesto lógico jurídico, mayor claridad y precisión en el proyecto por realizar, lo que serviría de base para el inicio de las negociaciones. Lo anterior confirma la línea jurisprudencial seguida por esta Sala en los votos números 2010-009536 de las 11:01 horas del 28 de mayo de 2010 y 2008-014549 de las 14:24 horas del 26 de setiembre de 2008, en los que no se constató irrespeto alguno al Convenio 169 de la OIT, ya que como ahí se dijo, el proyecto de marras estaba en etapa de estudio e investigación. En todo caso, obsérvese que esta forma de resolver según el criterio de la mayoría del Tribunal, corresponde a la doctrina jurisprudencial usualmente aplicada en materia de derecho constitucional de propiedad, porque la sola indicación hecha por el Estado respecto de determinado inmueble que podría ser necesario para la realización de una obra de interés público, no implica por sí misma, la violación de ese derecho. Con base en lo expuesto, el artículo 8o del Decreto Ejecutivo número 34312 resulta constitucional, porque los sitios ahí señalados, aunque concuerden con la reserva de la accionante, solamente eran referencias al momento en que la norma fue dictada. Sin embargo, al momento actual, es público y notorio que aquella fase primaria ya precluyó, de manera que la evolución de los acontecimientos implica un cambio de circunstancias significativo, que, efectivamente, podría derivar en una inconstitucionalidad sobrevenida de la norma cuestionada de no hacerse la consulta a los pueblos indígenas afectados, como se ordena en este pronunciamiento. En tal sentido, esta Sala advierte el criterio emitido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, fechado 30 de mayo de 2011, quien, por un lado, considera que “debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos” pero por el otro estima “No obstante, el Relator Especial considera que es posible remediar la falta de participación indígena previa a la elaboración del proyecto, si en la actualidad se iniciara un proceso de consulta adecuado de acuerdo a las normas internacionales y con algunas características para atender a los desafíos particulares que se han presentado en este caso. ” Conteste con tal criterio, la constitucionalidad de la norma se preserva, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, todo ello conforme a los requerimientos descritos en el considerando anterior.\nr\nVIII. CONCLUSION. De conformidad con lo expuesto corresponde desestimar la acción, aunque la consulta prevista en el artículo 4 del Decreto impugnado deberá realizarse sin demora, dentro del plazo fijado en la parte dispositiva de este pronunciamiento. Los Magistrados Calzada, Jinesta y Cruz salvan el voto y declaran parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad, únicamente, contra el artículo 8o del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, en cuanto la delimitación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís comprende puntos de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires de Puntarenas y no le fue consultado a la comunidad indígena. El Magistrado Cruz pone nota.\nPor tanto:\nSe declara sin lugar la acción respecto de los artículos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo número 34312. Por mayoría, se interpreta conforme a la Constitución el numeral 8 del Decreto Ejecutivo número 34312, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento... ” (Todos los destacados en negrita no son del original).\n- Sobre la norma impugnada. El artículo 8 del Decreto impugnado autoriza en determinadas coordenadas geográficas, entre las cuales se enmarca territorio indígena, la construcción y aprovechamiento del proyecto hidroeléctrico El Diquís. Esta obra pretende asegurar el abastecimiento y aprovechamiento del recurso energético que requiere el país. No obstante, por implicar la explotación de recursos naturales ubicados en territorios indígenas del Térraba, la validez de esta disposición quedó condicionada por este Tribunal, en la sentencia No. 2011-12975 supra citada, a que en el plazo de 6 meses se efectuara la consulta dispuesta en el Convenio No. 169 de la OIT. El Convenio N° 169 de la OIT, denominado “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, incorporado al ordenamiento jurídico costarricense mediante Ley N° 7316 del 3 de noviembre de 1992, estableció la especial protección de los indígenas, su cultura, sus conocimientos ancestrales y tradiciones, entre otros tantos elementos que componen sus raíces y orígenes. En relación con ese convenio, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su LXXVI Conferencia celebrada en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989, este Tribunal, desde la sentencia No. 1992-3003 emitida con ocasión de la consulta preceptiva de constitucionalidad formulada respecto del \"Proyecto de ley de aprobación del \"Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes\", ha dejado claramente establecido, que dicho instrumento internacional, al ser jurídicamente exigible, contempla una serie de derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales tendentes, destinados no solo a fortalecer la dignidad y atributos esenciales a los indígenas como seres humanos, sino también a proveerles medios específicos para que su condición de seres humanos se realice plenamente, teniendo en cuenta la situación deprimida, a veces incluso explotada y maltratada, en que viven los indígenas de muchas naciones. Se enfatizó, que estas comunidades, sobre todo donde constituyen una minoría, sufren la represión y el abandono de sus propias tradiciones y culturas, por lo que, en el campo de los derechos humanos, se debía: a) Reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se lograra compensar la desigualdad y discriminación a que históricamente han sido sometidos, con el propósito de garantizar la real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social; b) Garantizar el respeto y la conservación de sus valores históricos y culturales, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; y c) Reconocerles, sin perjuicio de lo anterior, los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante, tales como el acceso a la educación y a la lengua oficial. Asimismo, el artículo 6 del Convenio 169 contempló la obligación del Estado de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a organizarse y participar activamente en la toma de decisiones que les atañen, y la obligación de consultarles mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se previeran medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Esta norma dispone:\n“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:\na) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (...)\nLas consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. ”\nPor otra parte, el numeral 15.2 de la Convención N° 169 de cita otorga el derecho a los pueblos indígenas de ser escuchados, cuando existan programas ya establecidos de utilización de los recursos naturales ubicados en sus territorios. Dicha norma estatuye:\n“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados. a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en su tierras (...) ” (lo destacado no es del original).\nTal deber del Estado de consultar a las comunidades indígenas se fundamenta en el reconocimiento de sus derechos, entre ellos el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y a participar en la toma de las decisiones que les afectan directamente. El respeto a este requisito quedó expresamente establecido en la sentencia No. 2011-12975 de las 14:30 horas de 23 de setiembre de 2011, cuando se indicó que en aplicación del artículo 6 del Convenio 169 al caso concreto, el ICE estaba compelido a negociar, alcanzar acuerdos y compromisos, así como a garantizar la participación de la comunidad indígena en un ambiente de libertad y buena fe. Para ello se indicó, que la representación indígena y el ICE tenían que definir el procedimiento de la consulta que garantizara el proceso de diálogo libre, constructivo y de buena fe, estipulado incluso por el mismo decreto impugnado en el artículo 4, facultando a las partes a contar con asesoría de la Defensoría de los Habitantes y el Programa Estado de la Nación, entre otras instituciones, así como de expertos independientes y confiables que facilitaran tal proceso de consulta. En aquella oportunidad, se determinó que “el artículo 8o del Decreto Ejecutivo número 34312 resulta constitucional, porque los sitios ahí señalados, aunque concuerden con la reserva de la accionante, solamente eran referencias al momento en que la norma fue dictada. Sin embargo, al momento actual, es público y notorio que aquella fase primaria ya precluyó, de manera que la evolución de los acontecimientos implica un cambio de circunstancias significativo, que, efectivamente, podría derivar en una inconstitucionalidad sobrevenida de la norma cuestionada de no hacerse la consulta a los pueblos indígenas afectados, como se ordena en este pronunciamiento. En tal sentido, esta Sala advierte el criterio emitido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, fechado 30 de mayo de 2011, quien, por un lado, considera que “debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos” pero por el otro estima “No obstante, el Relator Especial considera que es posible remediar la falta de participación indígena previa a la elaboración del proyecto, si en la actualidad se iniciara un proceso de consulta adecuado de acuerdo a las normas internacionales y con algunas características para atender a los desafíos particulares que se han presentado en este caso. ” Conteste con tal criterio, la constitucionalidad de la norma se preserva, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, todo ello conforme a los requerimientos descritos en el considerando anterior. De este modo, si bien no se declaró la inconstitucionalidad de la norma en aquel momento, sí se dejó establecido que su constitucionalidad estaba sujeta a que la consulta del numeral 4 de ese Decreto fuera realizada en el plazo improrrogable de 6 meses, contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento.\nEn el sub examine, lo planteado por el accionante es que la Administración no efectuó dicha consulta, motivo por el que este Tribunal procede a revisar nuevamente la constitucionalidad del ordinal 8 del Decreto número 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, para cuyo efecto se toma en consideración lo dispuesto en la sentencia supracitada. Así, primeramente se debe indicar que el plazo otorgado en aquella oportunidad por la Sala, no se puede calificar como preclusivo, porque los plazos judiciales tienen la característica particular contemplada en el artículo 144 del Código Procesal Civil, el cual dispone: “Plazos judiciales. Cuando este Código fuere omiso en cuanto a la duración de un plazo, éste será establecido por el juez, tomando en cuenta la naturaleza del proceso y la importancia del acto... ”. A partir de esta característica, en cada caso concreto, la autoridad judicial eventualmente puede valorar un plazo concedido en una orden judicial de acuerdo con la naturaleza del proceso y la importancia del acto, cuando así sea debidamente justificado y solicitada su prórroga. Ahora, en la especie, de las audiencias rendidas en este expediente por las autoridades del ICE y del Ministro de Ambiente y Energía, no se acredita que la Administración hubiese gestionado alguna prórroga del plazo en cuestión de previo a su vencimiento, invocando las razones por las que no había podido celebrar la consulta. De manera que no resulta atendible, que luego de vencido sobradamente el plazo conferido, las autoridades administrativas vengan a intentar justificar su inercia en llevar a cabo la consulta de marras. Por ello, se impone declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del numeral 8 impugnado, pues aun cuando dicha disposición no resultaba inconstitucional al momento de su emisión, dadas las condiciones y etapas del proyecto a desarrollar en aquella oportunidad, no menos cierto es que este Tribunal, en la sentencia No. 2011-12975 de las 14:30 horas de 23 de setiembre de 2011, sostuvo la constitucionalidad de dicha norma siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 34312 fuera realizada en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, lo que finalmente no ocurrió y, por ello, de modo sobreviniente deviene ahora inconstitucional el artículo 8 de dicho Decreto, único objeto de esta acción.\n- Conclusión. En atención a lo supra indicado, la omisión de la Administración en realizar la consulta citada en la sentencia No. 2011- 12975 de las 14:30 horas de 23 de setiembre de 2011 dentro del plazo ahí señalado, origina una inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 8 del Decreto No. 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, lo que, por ende, acarrea su nulidad. Los Magistrados Cruz Castro y Hernández López, por separado, dan razones diferentes. El Magistrado Hernández Gutiérrez pone nota.\nVI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\n\nPor tanto:\n\n\nSe declara con lugar la acción planteada y, en consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 8 del Decreto 34312-MP-MINAE del 06 de febrero del 2008. Esta sentencia tiene efectos declarativos a partir del vencimiento del plazo que fue establecido en la sentencia número 2011- 12975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dispone que la eficacia de esta decisión inicie a partir de la fecha de primera publicación del edicto en que se informó de la admisión de este proceso. Reséñese este pronunciamiento en La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Los Magistrados Cruz Castro y Hernández López, por separado, dan razones diferentes. El Magistrado Hernández Gutiérrez pone nota. Notifíquese.\n\n\n\nFernando Cruz C.\nPresidente a.i\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Castillo V. Paul Rueda L.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nNancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nJosé P. Hernández G. Alicia Salas T.\n\n\n\nExp: 16-005486-0007-CO\nRAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ\nAl igual que la mayoría declaro con lugar esta acción de inconstitucionalidad con sus consecuencias, pero con fundamento en las siguientes razones:\nA- La sentencia 11-12975 de esta Sala. Tal y como lo relatan todas las partes en el proceso, esta Sala decidió en el año 2011 una acción de inconstitucionalidad dirigida a lograr la nulidad de los artículos 1, 4 y 8 del Decreto impugnado. Interesa detenerse un poco sobre este caso porque sobre lo allí dispuesto se funda este nuevo reclamo de inconstitucionalidad. Mediante expediente de esta Sala número 08-9215-0007-00, representantes de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE TERRABA, acudieron en junio de 2008 para discutir la validez los artículos 1, 4 y 8 del Decreto 34312-MP-MINAE que había sido emitido por el Poder Ejecutivo cuatro meses antes, en febrero de 2008, y en el cual se declaró de conveniencia nacional e interés público el Proyecto Hidroeléctrico “el Diquis” (en adelante “el proyecto\") y se fijaron directrices y conductas para la Administración en relación con tal actividad. El eje central del reclamo de los interesados lo fue una supuesta afectación ilegítima de la propiedad indígena con el Decreto impugnado, así como la ausencia de la consulta requerida por el Convenio 169 de la OIT, como paso previo y necesario a la emisión del Decreto. La decisión tomada por la Sala abordó ambos reclamos y señaló que el Decreto no afecta el derecho de propiedad indígena en tanto solo se hace una declaración de conveniencia nacional del Proyecto, lo cual no implica por sí mismo ningún amenaza o despojo ni afectación de los derechos de los indígenas sobre sus tierras.- En el segundo de los puntos -el que ahora interesa- la Sala expone profusamente sobre la necesidad de que el Estado actúe con sumo cuidado y respeto en la ejecución del proyecto, específicamente en lo relacionado con la posibilidad de construir consensos y acuerdos de forma productiva igualitaria y de buena fe con las poblaciones afectadas por el proyecto e interesadas directamente en su desarrollo. Se destaca también la relevancia de los procesos de consulta a la ciudadanía en general y en particular lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Además, se recogen las conclusiones del Relator Especial para Derechos de los Pueblos Indígenas de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas que visitó el país justamente con ocasión de la insatisfacción y reclamo de las poblaciones indígenas afectadas por el proyecto, respecto de lo que entendían como preterición de sus intereses y opiniones con la emisión del Decreto y por una denunciada intención del Estado de imponerles el proyecto, con perjuicio para sus derechos.- En esa misma línea, la Sala se hizo cargo de la gran cantidad de tiempo transcurrido desde la presentación de la acción, (más de tres años) para señalar que si bien en el 2008 el Decreto no requería de forma ineludible la realización de la consulta porque se trataba básicamente de actividades exploratorias para determinar la factibilidad del proyecto, ya para la fecha de la sentencia (es decir para setiembre de 2011) ese trabajo exploratorio estaba concluido y lo que seguía era el inicio de los trámites necesarios para proceder con la ejecución de la obra; se afirmó que lo anterior hacía que -ahora sí- fuera evidente la necesidad de realizar la consulta a los pueblos indígenas, lo cual llevó a la Sala a establecer, como condición la validez de la norma, la obligación de realizar tal consulta en el plazo de seis meses que la Sala fijó en su parte dispositiva. Esta decisión se tomó por mayoría de votos y con la disidencia de tres Magistrados que sostuvieron la inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto precisamente por la falta de la consulta establecida en el artículo 6 del Convenio de la OIT.- Los extractos relevantes de dicha decisión para este nuevo caso, son los siguientes:\n(...) A efectos de desarrollar lo dispuesto en el artículo 4 inciso b) del Decreto Ejecutivo número 34312, la consulta a los indígenas deberá plantearse de forma tal que estos puedan manifestar su voluntad de manera libre, previa e informada, según dispone el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para cuyo efecto los indígenas deberán tener acceso a los estudios técnicos correspondientes, entre ellos los de factibilidad del proyecto hidroeléctrico ya realizados y los que estén en curso. Esta actitud de apertura a entregar información deberá mantenerla el ICE durante todas las fases del proceso de consulta. Además, el conocimiento informado supone que los pueblos indígenas dispongan del conocimiento y capacidad técnica requerida, para cuyo efecto resulta indispensable que estos cuenten con sus propios asesores expertos en las materias pertinentes; tales consultores serán libre y autónomamente escogidos y contratados por los indígenas pero su costo correrá a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad. Complementariamente, si ambas partes estuviesen de acuerdo, un equipo de expertos independientes y confiables podría facilitar el proceso de consulta, el cual podría ser auspiciado por el sistema de Naciones Unidas. En todo caso, la consulta deberá ejecutarse en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, todo antes de la decisión estatal que permita el inicio de las obras del proyecto. Resulta inconciliable con la buena fe en el proceso de consulta, el hecho de que cualquiera de las partes llegue a adoptar posiciones abiertamente contrarias a reglas unívocas de la ciencia o la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Ninguna de las partes, en el proceso de consulta, podrá partir del supuesto que impondrá su voluntad a la otra; por el contrario, deberá imperar un ambiente de recíproco respeto y consideración para con los criterios de cada una de ellas. Asimismo, la buena fe demanda que el Instituto Costarricense de Electricidad suspenda toda actividad de investigación o de otra índole que implique operaciones en los territorios indígenas afectados hasta tanto no concluya la consulta estipulada en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo número 34312”\nSOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 34312. Este ordinal regula lo siguiente:\n(~)\nAl respecto, como se indicó supra, de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el mencionado artículo refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. El proyecto se compone de sitios de explotación, por tanto, no posee un único espacio o área de acción. Establecidos los límites de la Reserva Indígena de Térraba sobre las hojas topográficas respectivas (véase el mapa confeccionado por ese Instituto a folio 321 de esta acción), en asocio y ubicación de los lugares que forman parte del proyecto hidroeléctrico, existen tres sitios en el Decreto número 34312, coincidentes con el área de la Reserva: los puntos 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N y 546614 E / 332384 N. Ahora bien, la mera determinación de los mencionados sitios, si bien comprende territorio de la Reserva Indígena de Térraba, no puede catalogarse como contraria al Convenio 169. A efecto de sustentar este criterio, conviene advertir que en la especie no se necesita analizar los problemas de titularidad de la propiedad de una comunidad tribal (que en nuestro caso no se da dado que existe pleno reconocimiento a la propiedad comunal), pero si el otorgamiento de concesiones de explotación de recursos naturales que repercuten en la forma de vida indígena y su espiritualidad. En este sentido, la Corte Interamericana establece en el caso de los Saramaka (sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2007) que “En virtud de todas las consideraciones mencionadas, la Corte concluye lo siguiente: primero, que los integrantes del pueblo Saramaka tienen el derecho a usar y gozar de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio que ocupan tradicionalmente y que sean necesarios para su supervivencia; segundo, que el Estado puede restringir dicho derecho mediante el otorgamiento de concesiones para exploración y extracción de recursos naturales que se hallan dentro del territorio Saramaka sólo si el Estado garantiza la participación efectiva y los beneficios del pueblo Saramaka, si realiza o supervisa evaluaciones previas de impacto ambiental o social y si implementa medidas y mecanismos adecuados a fin de asegurar que estas actividades no produzcan una afectación mayor a las tierras tradicionales Saramaka y a sus recursos naturales, y por último, que las concesiones ya otorgadas por el Estado no cumplieron con estas garantías. ”. (Parr. 159 Sentencia del 28 de noviembre de 2007 Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam). Es claro, que en el caso que analizó la Corte muchas de estas violaciones se consumaron, situación que no es el caso, pues se está en las etapas previas de análisis y de consulta al pueblo indígena. En efecto, contrario al caso Saramaka, en este asunto, la norma impugnada se dictó en un periodo que corresponde a la fase inicial de investigación, por lo que en ese momento no resultaba razonable formular la consulta aludida en el artículo 6 del Convenio 169, pues para ello se requería, como presupuesto lógico jurídico, mayor claridad y precisión en el proyecto por realizar, lo que serviría de base para el inicio de las negociaciones. Lo anterior confirma la línea jurisprudencial seguida por esta Sala en los votos números 2010-009536 de las 11:01 horas del 28 de mayo de 2010 y 2008-014549 de las 14:24 horas del 26 de setiembre de 2008, en los que no se constató irrespeto alguno al Convenio 169 de la OIT, ya que como ahí se dijo, el proyecto de marras estaba en etapa de estudio e investigación. En todo caso, obsérvese que esta forma de resolver según el criterio de la mayoría del Tribunal, corresponde a la doctrina jurisprudencial usualmente aplicada en materia de derecho constitucional de propiedad, porque la sola indicación hecha por el Estado respecto de determinado inmueble que podría ser necesario para la realización de una obra de interés público, no implica por sí misma, la violación de ese derecho. Con base en lo expuesto, el artículo 8 o del Decreto Ejecutivo número 34312 resulta constitucional, porque los sitios ahí señalados, aunque concuerden con la reserva de la accionante, solamente eran referencias al momento en que la norma fue dictada. Sin embargo, al momento actual, es público y notorio que aquella fase primaria ya precluyó, de manera que la evolución de los acontecimientos implica un cambio de circunstancias significativo, que, efectivamente, podría derivar en una inconstitucionalidad sobrevenida de la norma cuestionada de no hacerse la consulta a los pueblos indígenas afectados, como se ordena en este pronunciamiento. En tal sentido, esta Sala advierte el criterio emitido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, fechado 30 de mayo de 2011, quien, por un lado, considera que “debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos” pero por el otro estima “No obstante, el Relator Especial considera que es posible remediar la falta de participación indígena previa a la elaboración del proyecto, si en la actualidad se iniciara un proceso de consulta adecuado de acuerdo a las normas internacionales y con algunas características para atender a los desafíos particulares que se han presentado en este caso.” Conteste con tal criterio, la constitucionalidad de la norma se preserva, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, todo ello conforme a los requerimientos descritos en el considerando anterior.\nCONCLUSION. De conformidad con lo expuesto corresponde desestimar la acción, aunque la consulta prevista en el artículo 4 del Decreto impugnado deberá realizarse sin demora, dentro del plazo fijado en la parte dispositiva de este pronunciamiento. Los Magistrados Calzada, Jinesta y Cruz salvan el voto y declaran parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad, únicamente, contra el artículo 8o del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, en cuanto la delimitación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís comprende puntos de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires de Puntarenas y no le fue consultado a la comunidad indígena. El Magistrado Cruz pone nota.\nPor tanto:\nSe declara sin lugar la acción respecto de los artículos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo número 34312. Por mayoría, se interpreta conforme a la Constitución el numeral 8 del Decreto Ejecutivo número 34312, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento. Los Magistrados Calzada, Jinesta y Cruz salvan el voto y declaran parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad, únicamente, contra el artículo 8o del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, en cuanto la delimitación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís comprende puntos de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires de Puntarenas y no le fue consultado a la comunidad indígena. El Magistrado Cruz pone nota. (Todos los destacados en negrita no son del original)\n- Sobre la invalidez sobrevenida de la norma cuestionada.- Esta Sala coincide con la Procuraduría al entender que, tal y como viene planteado el caso y de acuerdo a los elementos de juicio contenidos en la sentencia 11-12975, recién transcrita, la solución para este reclamo apunta a una declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada.- Es poco lo que -en ese sentido- puede agregarse a lo expuesto por la parte accionante quien describe cómo la propia Sala, tomando en consideración que luego de tres años la fase de investigación y exploración del proyecto estaba concluida, optó por mantener la validez de la norma, pero siempre y cuando la consulta se llevara a cabo en un plazo de seis meses que decidió calificar de “improrrogable\" tanto en los fundamentos de la decisión, como en la parte dispositiva.- Asimismo lo entendió este Tribunal recientemente en sentencia número 16-04354 emitida dentro del recurso de amparo 14-19128, que planteara este mismo reclamo de la falta de realización de la consulta ordenada por la Sala la sentencia recién transcrita:\n“I.- De oficio, este Tribunal estima que incurrió en un error de apreciación al haber dispuesto por resolución N° 2016-002786 de las 9:30 horas del 26 de febrero de 2016, dictada en este amparo, el desglose de este asunto para que fuera tramitado como una diligencia de desobediencia dentro de la acción de inconstitucionalidad N° 08-009215-0007-00 -resuelta mediante sentencia N° 2011-012975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre de 2011-, toda vez que en dicha acción no se emitió orden alguna que conllevara a algún posible incumplimiento, sino que únicamente se interpretó que el artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE era conforme a la Constitución Política, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realizara en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de ese pronunciamiento; o sea, condicionó la constitución de la norma impugnada a una fecha futura que corresponde nuevamente ser verificada, según los términos de la sentencia 2011-012975. Así las cosas, lo procedente es ordenar la anulación de la sentencia 2016-002786 de las 9:30 horas del 26 de febrero de 2016, a fin de que se reexamine el caso como en derecho corresponde. Consecuentemente, también se anula la resolución de las 11:18 horas del 4 de marzo de 2016, en la cual se ordenó el archivo de este expediente.\nAhora bien, una vez anuladas las resoluciones indicadas, se procede a reexaminar este amparo y se continúa su tramitación de la siguiente manera:\n-El recurrente acusa que mediante la resolución número 2011-012975 de las 14:30 horas del 23 de septiembre de 2011, esta Sala resolvió que el numeral 8 del Decreto Ejecutivo número 34312 no era inconstitucional “(...) siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento (...)”. Aduce que, a la fecha que acude en amparo, dicha consulta no se ha realizado, por lo que considera que existe una violación a los derechos fundamentales de la comunidad indígena de Térraba.\nVisto que lo impugnado es una disposición normativa y se requiere conocer nuevamente el asunto a la luz de lo dispuesto por la Sala en aquella oportunidad, lo procedentes es suspender la tramitación de este recurso a efectos de otorgar al actor un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que dentro de dicho término interponga acción de inconstitucionalidad contra el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE. De conformidad con lo preceptuado por el numeral 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si no lo hiciere, se archivará el expediente. (Lo destacado en negrita no está en el original)\nSi agregamos a la sentencia original estos conceptos vertidos recientemente sobre el caso, resulta obligado concluir que -en los propios términos de la Sala- se ha presentado en este caso una “inconstitucionalidad sobreviniente”, pues a la norma jurídica discutida, se le fijó como condición para su validez y eficacia, el hecho de la realización de la consulta en los términos del artículo 6 del Convenio 169 de la O.I.T. Ha quedado demostrado que dicho requisito -de validez se repite- no se cumplió en el plazo establecido para ello, de modo que los efectos condicionantes de la sentencia operaron ya a plenitud en perjuicio de la validez de la norma y ahora lo que se hace a través de esta sentencia es constatar dicha situación, sin que quepa proveer mecanismos remediales que además nadie ha solicitado. En este punto, vale la pena hacer una distinción importante, a efectos de enfocar apropiadamente las exposiciones justificadoras ofrecidas por las autoridades del Poder Ejecutivo y el ICE.- El Tribunal entiende que no estamos frente al reclamo de una omisión inconstitucional, es decir -típicamente- una ausencia de conducta estatal que lesiona un deber específico de actuar recogido en la Constitución Política, sino se reclama contra una conducta positiva del Estado, a saber una norma infralegal que presenta un defecto grave de invalidez consistente en que no se realizó, como era exigido, la consulta exigida por el Convenio 169 de la OIT. Fue esto lo que analizó la Sala precisamente en la sentencia 11-12975 en la que resolvió el tema fijando un plazo para el cumplimiento del requisito faltante y -por tanto- una condición para la validez de la norma impugnada. Ahora, en esta segunda acción de inconstitucionalidad sobre el tema, el marco de actuación de la Sala resulta mucho más reducido porque debe limitarse a verificar si el citado requisito de validez del artículo 8 del Decreto fue suplido antes del transcurso de plazo que la Sala fijó. De tal modo, cumplido el citado plazo y verificada la ausencia del requisito para la validez de la norma, la consecuencia no puede ser otra que la declaratoria de inconstitucionalidad del texto analizado.-\n- Sobre las argumentaciones de la Procuraduría y las partes sobre la naturaleza del plazo establecido. La Procuraduría en su informe, así como el representante del Instituto Costarricense de Electricidad, proponen a la Sala un enfoque diferente para comprender y aplicar lo dispuesto por la sentencia 11-12975. Señalan, en resumen, que es posible entender que el plazo no es preclusivo sino que se trató de lograr que “no se diera largas al asunto” y que se tomaran las medidas necesarias para avanzar sin dilaciones en la realización de la consulta a fin de el proyecto avanzara en ese indispensable aspecto.- Se afirma que luego de la sentencia emitida, el Gobierno tomó en sus manos el tema de la consulta y el ICE informa que aún hoy no ha comenzado con ninguna fase ejecutiva del proyecto sino que se está a la espera para lograr la autorización estatal para el proyecto, que -por cierto- no podría lograrse sin que se haya concluido toda la fase consultiva a que hizo referencia la Sala.- Sobre el punto, este Tribunal entiende que lo pretendido con tales argumentaciones es producir una justificación para sus actos, de cuyo valor no se duda, pero que no resulta atinente a lo que aquí se analiza.- En efecto, como se explicó, no están siendo sometidas a valoración las posibles justificantes para una omisión de cumplimiento de un claro mandato de hacer contenido en la Constitución Política, sino que en este proceso de inconstitucionalidad solo se busca determinar si las condiciones que la Sala fijó para la validez de la norma han sido cumplidas o no, de manera que resultaría extraño e inusitado que el Tribunal pudiera mantener la validez de una norma a través de la concesión de plazos para el cumplimiento de los requisitos impuestos constitucional o convencionalmente para su validez normativa, cada vez que las partes interesadas lograran justificar con suficiencia su no realización.-\n- Conclusiones.- Con base en lo que se ha dicho, corresponde declarar con lugar la acción planteada y, en consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 8 del Decreto 34312-MP-MINAE del 06 de febrero del 2008.\n\n\n\n\nNancy Hernández López\nMagistrada\n\n\n\n\nEXPEDIENTE: 16-005486-0007-CO\nNOTA DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. En la sentencia No. 2011-012975 de las 14:30 horas del 23 de 2011, se dispuso que en lo tocante al artículo 8 del Decreto 34312-MP-MINAE del 6 de febrero del 2008, se mantendría su validez, siempre y cuando, la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto, se realizara en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la publicación de dicho voto. Como no se cumplió lo ordenado, ahora se ha determinado que sobrevino la inconstitucionalidad de la norma. Sin embargo, debe tenerse presente que en materia procesal, la fijación de un plazo puede tener su origen en la ley (voluntad del legislador), el convenio (la voluntad de las partes contratantes) o el órgano jurisdiccional (voluntad del Juez). En estos dos últimos supuestos, la vigencia del plazo está sujeta a la libre valoración y determinación de quien lo ha establecido, pudiendo ajustarse, sea para reducirse o ampliarse, según las circunstancias del caso y su objeto y razón de ser. Pero esta es materia que debe entenderse en el asunto concreto respectivo. En este proceso de control de constitucionalidad de las normas, he concurrido con mi voto para declarar la inconstitucionalidad sobrevenida, por no existir otra alternativa\n\n\n\n\nJose Paulino Hernandez G.\n\n\nExp. 16-005486\n\n\nMagistrado Cruz Castro da razones diferentes.-\nConsidero que la acción planteada, debe ser declarada con lugar, con vista en las siguientes razones diferentes:\nConforme a los lineamientos dados en la sentencia número 2011-12975 de las 14:30 horas del 23 de setiembre del 2011, resulta claro que en este caso la violación del decreto impugnado se ha producido por la falta de consulta a los pueblos indígenas y por la falta de estudios ambientales que aseguren no habrá afectación a los territorios de dichos pueblos.\nConforme a lo dispuesto por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT (\"Artículo 6. 1 . Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a ) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;...\") el Estado está obligado a realizar una consulta a los pueblos interesados, pues el proyecto establecido en el decreto en cuestión, involucraría territorio indígena. Además, el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas indica que la consulta a los indígenas deberá plantearse de forma tal que estos puedan manifestar su voluntad de manera libre, previa e informada. Para ello, los indígenas deberán tener acceso a los estudios técnicos correspondientes, entre ellos los de factibilidad del proyecto hidroeléctrico ya realizados y los que estén en curso. Así entonces, no sólo la consulta debió realizarse, sino que debía asegurarse que la consulta fuera informada.\nEl artículo impugnado, que se declara inconstitucional en esta acción, refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. El proyecto se compone de sitios de explotación, por tanto, no posee un único espado o área de acción. Establecidos tres sitios en el Decreto impugnado, que son coincidentes con el área de la Reserva Indígena de Térraba, es claro que, el otorgamiento de concesiones de explotación de recursos naturales que establece el proyecto, van a repercutir en la forma de vida indígena y su espiritualidad.\nPor otro lado, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2007 en el caso Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, en los proyectos de explotación en territorios indígenas el Estado debe garantizar la participación efectiva y los beneficios del pueblo indígena, pero debe además, realizar o supervisar evaluaciones previas de impacto ambiental o social y si implementa medidas y mecanismos adecuados a fin de asegurar que estas actividades no produzcan una afectación mayor a las tierras tradicionales indígena y a sus recursos naturales. En este caso, no sólo no ha habido consulta sino que, a la etapa actual en la que se encuentra el proyecto, no queda claro si el Estado cumplió con realizar las evaluaciones previas de impacto ambiental o social, a fin de asegurar que estas actividades no produzcan una afectación mayor a las tierras tradicionales indígena y a sus recursos naturales.\nConforme a lo anterior, he procedido a declarar razones diferentes para declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada.\n\n\n\n\n\n\n\nFernando Cruz Castro\n\n\n\n\n \n\nClasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-02-2026 16:20:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE: 16-005486-0007-CO  \nRESOLUTION No. 2016015711  \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at seventeen thirty hours on the twenty-sixth of October, two thousand sixteen.  \n\nAction of unconstitutionality brought by WALTER BRENES SOTO, of legal age, bearer of identity card number 0206450800, against Article 8 of Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008. The Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), the Instituto Costarricense de Electricidad, and the Ministerio de Ambiente y Energía intervene in this matter.  \n\nWhereas:  \n\nThe petitioner seeks the annulment of Article 8 of Decreto Ejecutivo number 34312-MP-MINAE, exercising his standing for the protection of the environment, biodiversity, and the rights of indigenous peoples. He relates that the cited decree affirms the national convenience of the works related to the Proyecto Hidroeléctrico el Diquís, and for that purpose declares the interest in making use of properties declared an indigenous reserve, which is why consultation with the indigenous peoples of the area that may be affected is required. He points out that by judgment number 2011-12975 at 14:30 hours on September 23, 2011, the Constitutional Chamber specifically analyzed a claim regarding the absence of the necessary consultation with indigenous peoples just mentioned and verified its non-existence; however, it declared that the cited decree could be adjusted to international norms if the omitted consultation were carried out within the following six months after notification of the ruling. Nevertheless, the Instituto Costarricense de Electricidad itself, as the entity responsible for carrying out such a process, stated in its report within expediente 14-19128 that such consultation had not been carried out despite the established period having been amply exceeded. The petitioner explains that the Chamber's jurisprudence has been clear in pointing out that consultation with indigenous peoples does not imply a mere formality, and the United Nations Rapporteur who at the time heard the case pointed out that it was possible to remedy the situation if the consultation were carried out with certain particularities derived from the case itself. He concludes that the unconstitutionality of Article 8 derives from the impact on the property rights of indigenous peoples, and also from the absence of the consultation required by ILO Convention 169. For the foregoing reasons, he requests the corresponding declaration of unconstitutionality.  \n\nBy resolution at 15:29 hours on May 13, 2016, this action of unconstitutionality was admitted and a hearing was granted to the Procuraduría General de la República, the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Instituto Costarricense de Electricidad.  \n\nMagda Inés Rojas Chaves, in her capacity as Deputy Attorney General of the Republic (Procuradora General Adjunta de la República), responds to the hearing granted and indicates that the claim is very concrete in its description and has a long series of procedural issues behind it known to the Chamber. She explains that originally, a claim such as this, regarding the failure to perform the consultation ordered by the Chamber in judgment number 2011-12975 at 14:30 hours on September 23, 2011, was defined as a matter of disobedience; however, that criterion was later corrected to understand that the condition of the consultation constituted an element to consolidate a conforming interpretation of the Decree, so any discussion should be heard through an action proceeding. She cites the Chamber's original considerations ordering the necessary consultation with indigenous peoples, in compliance with ILO Convention 169, and notes that the Court indicated that, while at the time the mere indication of zones to be included in the project's development did not affect indigenous rights, by September 2011 the technical studies had concluded, so the project could not proceed without the required consultation, and thus it was decided to grant a six-month period for carrying out the due consultation. She considers that the Chamber defined the non-extendable nature of the consultation and the necessary good faith for its execution, and ordered the suspension of all research activities \"or of any other nature\" in indigenous zones while the consultation requirement established in Article 4 of the Decree was not met. Based on the foregoing, the Attorney General's Office indicates that the case presents no difficulty; however, it presents the Chamber with an alternative reading of the case which consists of pointing out that the period was not a preclusive formality, but rather a means of urging the administration to proceed without dragging out the matter, on the assumption that it was interested in moving the project forward. This is reinforced by the fact that the period made sense to prevent, not only the execution phase without prior consultation, but also the lengthening of the research phase that could have been used as a pretext to continue acting in indigenous territory without having fulfilled the formality required by Article 169 of the ILO. This seems to be understood from the Rapporteur's conclusions, who at the time issued an opinion on the subject and emphasized the need to act deliberately, even proposing a consultation to define the manner of appropriately complying with the requirement of ILO Convention 169 (that is, a consultation on the consultation). In conclusion, the failure to carry out the consultation does not automatically produce the constitutional necessity of annulling Article 8 of the Decree, if it is understood that said condition may remain pending and intact to prevent the State from being able to carry out any activity in the indigenous territory related to the project without having first fulfilled the requirement.  \n\nErick Picado Sancho, in his capacity as legal representative of the Instituto Costarricense de Electricidad, responds to the hearing granted and indicates that the Decree referred to by the petitioner forms a partial part of the Proyecto Hidroeléctrico el Diquís, and that in such capacity it was formulated as one of the legal elements of said work. He notes that, indeed, the Constitutional Chamber analyzed the constitutionality of certain articles of the cited project and declared the necessity of conducting a consultation with indigenous peoples as a step prior to the execution of any work. He affirms that, currently, the project has not completed the stage of obtaining the environmental feasibility plan (plan de viabilidad ambiental), for which the performance of the consultation has been precisely required. He adds that the Institute, during the time it had charge of the matter, was respectful of the bodies—including international ones—that participated in this issue, specifically what was resolved by the United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples. He explains that in 2012, the government made the decision to take on all of this subject matter in order to ensure appropriate participation of the indigenous communities within the project's decisions, and later, with the change of government, such activities were subsumed within a broader project to define, at a general level, a clearly defined and comprehensive mechanism for conducting consultations with indigenous peoples. In this manner, the matter has fallen outside the Institute's possibilities, and it has been respectful of the various wills expressed in this regard and of the central government's directives and policies to give content of justice and participation to the formality of the consultation. They add that the position held by the Constitutional Chamber and expressed by the report of Magistrate Paul Rueda, on the occasion of the complaint made by some persons before the Inter-American Commission on Human Rights, precisely in relation to the delay in carrying out the consultation, must be taken into account. He indicates that it was made clear there that the period was never conceived as a preclusive term, but rather as a mechanism to avoid dragging out the consultation and precisely as a means of ensuring that indigenous intervention became a reality. For all these reasons, he requests that the action be dismissed as there is no constitutional violation, insofar as Article 8 under discussion is neither producing effects nor adversely affecting the rights of the indigenous communities, and it is clear that the consultation must be carried out as a step prior to any further action within this initiative.  \n\nEdgar Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy (Ministro de Ambiente y Energía), responds to the hearing granted and indicates that the government he represents has put into operation a different style of governing with democratic parameters and three guiding principles: transparency, collaboration, and citizen participation. Moreover, regarding energy policy, he notes that the goal is the sustainable use of natural resources (aprovechamiento de recursos naturales de forma sostenible) and that in that sense, the electricity sector has been praised worldwide for its clean energy production matrix. Specifically, the Proyecto Hidroeléctrico del Diquís is in the phase of submitting the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to SETENA, which necessarily includes the demonstration that the consultation with indigenous communities, as required by the legal framework, has been carried out. He informs that regarding this specific topic, there is a governmental directive to form a commission responsible for constructing a consultation mechanism for indigenous peoples that can later be effectively used to gather the opinion of such communities. He adds that in the report provided to the Ministry of Foreign Affairs (Ministerio de Relaciones Exteriores), the Chamber, through Magistrate Rueda Leal, indicated that the period was not preclusive, and that rather the starting point was the importance of conducting an appropriate consultation particularly tailored to the specific requirements. Furthermore, he points out that the petitioner seeks to challenge the entire Decree when the only thing subject to the deadline is Article 8, which refers to the coordinates falling within indigenous territories and describing zones of exploration for the possible exploitation of materials. In the respondent's opinion, there is no unconstitutionality, as there exists an impossibility to carry out the required consultation.  \n\nThe edicts referred to in Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in Judicial Bulletins (Boletines judiciales) numbers 104, 105, and 106 on May 31, June 1, and June 2, 2016, respectively.  \n\nOn June 22, 2016, the hearings were deemed answered and the proceedings concluded, and this matter was assigned to the office of Magistrate Hernández López.  \n\nThe hearing indicated in Articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 ibidem, deeming this resolution sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.  \n\nThe prescriptions of law have been observed in the proceedings.  \n\nDrafted by Magistrate Rueda Leal; and,  \n\nConsidering:  \n\nI.- On the admissibility of this action of unconstitutionality. The petitioner files this action indicating that he invokes the protection of Article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, considering that for the protection of vulnerable groups, there exists direct standing. However, both the Attorney General's Office and this Court agree that while this is admissible for filing a recurso de amparo, standing to file an action of unconstitutionality, whose process is more formal, cannot be sustained by simply alleging an interest in the defense of instrumental rights in favor of the indigenous groups affected by the project, if the petitioner himself is not even part of said ethnic groups nor is his personal sphere of rights and interests affected by what is decided in this case. However, the action is admissible, insofar as the Chamber itself, by resolution number 2016-04354 at 9:20 on April 1, 2016, issued within recurso de amparo 14-I9128-O007-C0, granted the petitioner a period to file this action of unconstitutionality, understanding that such claim should be resolved through this channel. Thus, there is valid standing under the first paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and given that the Presidency verified compliance with the remaining formal requirements, it is appropriate to proceed to hear the petitioner's claim.  \n\nII.- The object of the challenge. The petitioner directs his claim, specifically, against numeral 8 of Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, which provides:  \n\n\"Article 8—The sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works; are located on the General, Buenos Aires, Chánguena, Cabagra Topographic Sheets, at a scale of 1:50,000 from the Instituto Geográfico Nacional, and have the following polygon points:  \n\nStart Point  \n    End Point  \n\n534000 E / 337700 N  \n    536000 E / 337875 N  \n\n536000 E / 337875 N  \n    538000 E / 338563 N  \n\n530650 E / 339603 N  \n    531747 E / 338563 N  \n\n534939 E / 347661 N  \n    533541 E / 346603 N  \n\n533541 E / 346603 N  \n    531470 E / 343697 N  \n\n522600 E / 323750 N  \n    520000 E / 323000 N  \n\n520000 E / 323000 N  \n    518000 E / 322283 N  \n\n518000 E / 322283 N  \n    516000 E / 322052 N  \n\n547052 E / 334121 N  \n    546614 E / 332384 N  \n\n548576 E / 328715 N  \n    547800 E / 326781 N  \n\nIt is alleged that this norm contravenes what was ordered by this Constitutional Chamber in judgment number 2011-12975 at 14:30 hours on September 23, 2011, in which several articles of the cited Decreto Ejecutivo were analyzed and, in the specific case of the transcribed numeral, it was ordered to maintain its validity conditioned upon the consultation established in numeral 6 of Convention 169 of the International Labour Organization (ILO) being carried out within six months. Given the omission in executing the consultation, the challenged Article 8 is deemed unconstitutional.  \n\nIII- On the cited precedent. In Judgment No. 2011-12975 at 14:30 hours on September 23, 2011, this Chamber resolved an action of unconstitutionality filed against numerals 1, 4, and 8 of the same challenged Decree, brought by the representatives of the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE TÉRRABA. Said decree declared the Proyecto Hidroeléctrico “El Diquís” to be of national convenience and public interest. On that occasion, the petitioners alleged the supposed illegitimate impact on indigenous property caused by the challenged decree, as well as the absence of the consultation required by ILO Convention 169, as a prior and necessary step before the issuance of the Decree because the project encompassed territories of their community. The action was dismissed with respect to Articles 1 and 4 of Decreto Ejecutivo No. 34312, but with respect to numeral 8 thereof, it was interpreted in accordance with the Constitution as constitutional, provided that the consultation established in numeral 4 of that Decree was held within the non-extendable period of 6 months, counted from the notification of that ruling. Given that the interest of this proceeding is focused solely on what was ordered in relation to the questioned numeral 8, the considerations that at the time led this Court to issue its ruling are cited below:  \n\n\"VI. ...For the purpose of developing what is provided in Article 4, subsection b) of Decreto Ejecutivo number 34312, the consultation with indigenous peoples must be formulated in such a way that they can express their will freely, prior, and informedly, as provided in Article 19 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, for which purpose indigenous peoples must have access to the corresponding technical studies, including the feasibility studies for the hydroelectric project already completed and those underway. This attitude of openness in providing information must be maintained by ICE throughout all phases of the consultation process. Furthermore, informed knowledge requires that indigenous peoples have the required knowledge and technical capacity, for which purpose it is essential that they have their own expert advisors in the pertinent subjects; such consultants will be freely and autonomously chosen and contracted by the indigenous peoples, but their cost will be borne by the Instituto Costarricense de Electricidad. Complementarily, if both parties agree, a team of independent and reliable experts could facilitate the consultation process, which could be sponsored by the United Nations system. In any case, the consultation must be carried out within a period of 6 months counted from the notification of this ruling, all prior to the state decision that allows the start of the project works. Unreconcilable with good faith in the consultation process is the fact that either party adopts positions openly contrary to unequivocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic, or convenience. Neither party, in the consultation process, may proceed based on the assumption that it will impose its will on the other; on the contrary, an atmosphere of reciprocal respect and consideration for each party's criteria must prevail. Likewise, good faith demands that the Instituto Costarricense de Electricidad suspend all research activities or of any other nature that involve operations in the affected indigenous territories until the consultation stipulated in Article 4 of Decreto Ejecutivo number 34312 concludes\"  \n\nVII ON THE CONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 8 OF DECRETO EJECUTIVO NUMBER 34312. ...In this regard, as indicated supra, according to the technical report of the Instituto Geográfico Nacional of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), the mentioned article refers to plane coordinate points representing sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse, and related works. The project is composed of exploitation sites; therefore, it does not possess a single space or area of action. Having established the limits of the Reserva Indígena de Térraba on the respective topographic sheets (see the map prepared by that Institute on folio 321 of this action), together with the location of the places that form part of the hydroelectric project, there are three sites in Decreto number 34312 coinciding with the area of the Reserve: points 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N, and 546614 E / 332384 N. Now, the mere determination of the mentioned sites, although it encompasses territory of the Reserva Indígena de Térraba, cannot be classified as contrary to Convention 169. To support this criterion, it should be noted that in this case it is not necessary to analyze the problems of land ownership title of a tribal community (which does not arise in our case given that there is full recognition of communal property), but rather the granting of concessions for the exploitation of natural resources that affect the indigenous way of life and spirituality. In this sense, the Inter-American Court established in the Saramaka case (judgment of the Inter-American Court of Human Rights of November 28, 2007) that \"By virtue of all the above considerations, the Court concludes the following: first, that the members of the Saramaka people have the right to use and enjoy the natural resources that lie within the territory they traditionally occupy and that are necessary for their survival; second, that the State may restrict said right by granting concessions for the exploration and extraction of natural resources found within Saramaka territory only if the State ensures the effective participation and benefits of the Saramaka people, if it conducts or supervises prior environmental and social impact assessments, and if it implements adequate measures and mechanisms to ensure that these activities do not produce a major impact on the traditional Saramaka lands and their natural resources, and finally, that the concessions already granted by the State did not comply with these guarantees.\" (Para. 159 Judgment of November 28, 2007, Case of the Saramaka People vs. Suriname). It is clear that in the case analyzed by the Court, many of these violations were consummated, a situation that is not the case here, as the matter is in the preliminary stages of analysis and consultation with the indigenous people. Indeed, contrary to the Saramaka case, in this matter, the challenged norm was issued during a period corresponding to the initial research phase, so at that time it was not reasonable to formulate the consultation referred to in Article 6 of Convention 169, because for that, greater clarity and precision in the project to be carried out were required as a logical-legal prerequisite, which would serve as a basis for the start of negotiations. The foregoing confirms the jurisprudential line followed by this Chamber in votes numbers 2010-009536 at 11:01 hours on May 28, 2010, and 2008-014549 at 14:24 hours on September 26, 2008, in which no lack of respect for ILO Convention 169 was verified, since, as stated therein, the project in question was in the study and research stage. In any case, it should be noted that this manner of resolving, according to the criterion of the majority of the Court, corresponds to the jurisprudential doctrine usually applied in matters of constitutional property law, because the mere indication made by the State regarding a specific property that might be necessary for carrying out a work of public interest does not, in itself, imply a violation of that right. Based on the foregoing, Article 8 of Decreto Ejecutivo number 34312 is constitutional, because the sites therein indicated, even though they coincide with the petitioner's reserve, were only references at the time the norm was issued. However, at the present time, it is public and notorious that said preliminary phase has already concluded, so the evolution of events implies a significant change in circumstances, which, indeed, could lead to a supervening unconstitutionality of the questioned norm if the consultation with the affected indigenous peoples is not carried out, as ordered in this ruling. In this sense, this Chamber notes the criterion issued by the United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya, dated May 30, 2011, who, on one hand, considers that \"a consultation process on the hydroelectric project should have been initiated before the technical studies had begun,\" but on the other hand, estimates \"Nonetheless, the Special Rapporteur considers that it is possible to remedy the lack of prior indigenous participation in the project's elaboration, if an adequate consultation process is now initiated in accordance with international standards and with some characteristics to address the particular challenges that have arisen in this case.\" Consistent with such criterion, the constitutionality of the norm is preserved, provided that the consultation established in Article 4 of that Decree is carried out within a period of 6 months counted from the notification of this ruling, all in accordance with the requirements described in the preceding considering.  \n\nVIII. CONCLUSION. In accordance with the foregoing, the action should be dismissed, although the consultation provided for in Article 4 of the challenged Decree must be carried out without delay, within the period set in the operative part of this ruling. Magistrates Calzada, Jinesta, and Cruz dissent and partially grant the action of unconstitutionality, solely against Article 8 of Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, insofar as the delimitation of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís includes points within the Reserva Indígena de Térraba in Buenos Aires, Puntarenas, and the indigenous community was not consulted. Magistrate Cruz appends a note.  \n\nTherefore:  \n\nThe action is dismissed with respect to Articles 1 and 4 of Decreto Ejecutivo number 34312. By majority, numeral 8 of Decreto Ejecutivo number 34312 is interpreted in accordance with the Constitution, provided that the consultation established in Article 4 of that Decree is carried out within the non-extendable period of 6 months counted from the notification of this ruling...\" (All bold highlights are not from the original).  \n\nIV.- Sobre la norma impugnada. El artículo 8 del Decreto impugnado autoriza en determinadas coordenadas geográficas, entre las cuales se enmarca territorio indígena, la construcción y aprovechamiento del proyecto hidroeléctrico El Diquís. Esta obra pretende asegurar el abastecimiento y aprovechamiento del recurso energético que requiere el país. No obstante, por implicar la explotación de recursos naturales ubicados en territorios indígenas del Térraba, la validez de esta disposición quedó condicionada por este Tribunal, en la sentencia No. 2011-12975 supra citada, a que en el plazo de 6 meses se efectuara la consulta dispuesta en el Convenio No. 169 de la OIT. El Convenio N° 169 de la OIT, denominado “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, incorporado al ordenamiento jurídico costarricense mediante Ley N° 7316 del 3 de noviembre de 1992, estableció la especial protección de los indígenas, su cultura, sus conocimientos ancestrales y tradiciones, entre otros tantos elementos que componen sus raíces y orígenes. En relación con ese convenio, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su LXXVI Conferencia celebrada en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989, este Tribunal, desde la sentencia No. 1992-3003 emitida con ocasión de la consulta preceptiva de constitucionalidad formulada respecto del \\\"Proyecto de ley de aprobación del \\\"Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes\\\", ha dejado claramente establecido, que dicho instrumento internacional, al ser jurídicamente exigible, contempla una serie de derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales tendentes, destinados no solo a fortalecer la dignidad y atributos esenciales a los indígenas como seres humanos, sino también a proveerles medios específicos para que su condición de seres humanos se realice plenamente, teniendo en cuenta la situación deprimida, a veces incluso explotada y maltratada, en que viven los indígenas de muchas naciones. Se enfatizó, que estas comunidades, sobre todo donde constituyen una minoría, sufren la represión y el abandono de sus propias tradiciones y culturas, por lo que, en el campo de los derechos humanos, se debía: a) Reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se lograra compensar la desigualdad y discriminación a que históricamente han sido sometidos, con el propósito de garantizar la real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social; b) Garantizar el respeto y la conservación de sus valores históricos y culturales, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; y c) Reconocerles, sin perjuicio de lo anterior, los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante, tales como el acceso a la educación y a la lengua oficial. Asimismo, el artículo 6 del Convenio 169 contempló la obligación del Estado de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a organizarse y participar activamente en la toma de decisiones que les atañen, y la obligación de consultarles mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se previeran medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Esta norma dispone:  \n\n“1.\n\nIn applying the provisions of this Convention, governments shall:\na) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever legislative or administrative measures likely to affect them directly are being considered; (...)\nThe consultations carried out in application of this Convention shall be undertaken in good faith and in a manner appropriate to the circumstances, with the objective of reaching agreement or obtaining consent regarding the proposed measures.”\nFurthermore, Article 15.2 of Convention No. 169 cited above grants indigenous peoples the right to be heard when there are already established programs for the use of natural resources located in their territories. That provision establishes:\n“In cases where the State retains ownership of mineral or sub-surface resources, or has rights over other resources existing on the lands, governments shall establish or maintain procedures for the purpose of consulting the peoples concerned, in order to determine whether and to what extent the interests of those peoples would be prejudiced, before undertaking or authorizing any programs for the prospecting or exploitation of such resources existing on their lands (...)” (emphasis not in the original).\nThis duty of the State to consult indigenous communities is based on the recognition of their rights, including the right to self-determination of indigenous peoples and the right to participate in the making of decisions that directly affect them. Respect for this requirement was expressly established in judgment No. 2011-12975 of 14:30 hours on September 23, 2011, when it was stated that, in applying Article 6 of Convention 169 to the specific case, ICE was compelled to negotiate, reach agreements and commitments, and guarantee the participation of the indigenous community in an environment of freedom and good faith. To that end, it was indicated that the indigenous representation and ICE had to define the consultation procedure that would guarantee a process of free, constructive, and good-faith dialogue, as stipulated even by the very decree challenged in its Article 4, empowering the parties to avail themselves of advisory assistance from the Defensoría de los Habitantes and the Programa Estado de la Nación, among other institutions, as well as from independent and trustworthy experts who would facilitate such consultation process. On that occasion, it was determined that “Article 8 of Executive Decree number 34312 is constitutional, because the sites indicated therein, even though they coincide with the reservation of the petitioner, were merely references at the time the provision was enacted. However, at the present time, it is publicly and notoriously known that that primary phase has already concluded (precluyó), such that the evolution of events implies a significant change of circumstances, which, indeed, could give rise to a supervening unconstitutionality (inconstitucionalidad sobrevenida) of the questioned provision if the consultation of the affected indigenous peoples is not carried out, as ordered in this ruling. In that regard, this Chamber takes note of the opinion issued by the United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya, dated May 30, 2011, who, on the one hand, considers that ‘a consultation process regarding the hydroelectric project should have been initiated before the technical studies had begun’ but on the other hand considers ‘Nevertheless, the Special Rapporteur considers that it is possible to remedy the lack of prior indigenous participation in the development of the project, if an adequate consultation process were now to be initiated in accordance with international standards and with certain features to address the particular challenges that have arisen in this case.’ Consistent with that opinion, the constitutionality of the provision is preserved, provided that the consultation established in Article 4 of that Decree is carried out within a period of 6 months counted from the notification of this ruling, all in accordance with the requirements described in the preceding considerando. Thus, although the unconstitutionality of the provision was not declared at that time, it was established that its constitutionality was subject to the consultation under Article 4 of that Decree being carried out within the non-extendable period (plazo improrrogable) of 6 months, counted from the notification of that ruling.\nIn the case at hand (sub examine), the petitioner’s claim is that the Administration did not carry out said consultation, which is the reason this Court proceeds to review once again the constitutionality of Article 8 of Decree number 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, for which purpose the provisions of the above-cited judgment are taken into consideration. Thus, it must first be noted that the period granted on that occasion by the Chamber cannot be classified as preclusive (preclusivo), because judicial time periods have the particular characteristic provided for in Article 144 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), which provides: “Judicial time periods. When this Code is silent as to the duration of a time period, it shall be established by the judge, taking into account the nature of the proceeding and the importance of the act...”. In light of this characteristic, in each specific case, the judicial authority may eventually assess a time period granted in a judicial order according to the nature of the proceeding and the importance of the act, when an extension is duly justified and requested. Now, in the instant case, from the hearings rendered in this expediente by the authorities of ICE and the Minister of Environment and Energy, it is not demonstrated that the Administration had requested any extension of the time period in question prior to its expiration, invoking the reasons why it had not been able to hold the consultation. Therefore, it is not reasonable that, after the granted time period has been amply exceeded, the administrative authorities now attempt to justify their inaction in carrying out the consultation in question (de marras). For this reason, it is necessary to declare the supervening unconstitutionality (inconstitucionalidad sobrevenida) of the challenged Article 8, because even though said provision was not unconstitutional at the time of its issuance, given the conditions and stages of the project to be developed at that time, it is no less true that this Court, in judgment No. 2011-12975 of 14:30 hours on September 23, 2011, upheld the constitutionality of said provision only insofar as the consultation established in Article 4 of Executive Decree No. 34312 was carried out within the non-extendable period of 6 months counted from the notification of that ruling, which ultimately did not occur and, therefore, Article 8 of said Decree, the sole subject of this action, now becomes unconstitutional in a supervening manner.\n- Conclusion. In light of the foregoing, the Administration’s omission in carrying out the consultation cited in judgment No. 2011-12975 of 14:30 hours on September 23, 2011 within the time period indicated therein, gives rise to a supervening unconstitutionality (inconstitucionalidad sobrevenida) of Article 8 of Decree No. 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, which, consequently, entails its nullity. Magistrates Cruz Castro and Hernández López provide separate, different reasons. Magistrate Hernández Gutiérrez adds a note.\nVI.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE EXPEDIENTE. The parties are advised that if they have submitted any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all such material not removed within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\n\nPor tanto:\n\n\nThe action filed is declared with merit (con lugar) and, consequently, Article 8 of Decree 34312-MP-MINAE of February 6, 2008 is annulled as unconstitutional. This judgment shall have declaratory effects as from the expiration of the time period that was established in judgment number 2011-12975 of 14:30 hours on September 23, 2011, without prejudice to rights acquired in good faith. In accordance with Article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), it is ordered that the efficacy of this decision shall commence as from the date of the first publication of the edict in which the admission of this proceeding was announced. Let this ruling be reported (reséñese) in La Gaceta and published in its entirety in the Boletín Judicial. Magistrates Cruz Castro and Hernández López provide separate, different reasons. Magistrate Hernández Gutiérrez adds a note. Notify.\n\n\nFernando Cruz C.\nPresidente a.i\n\n\n\n\n\n\nFernando Castillo V. Paul Rueda L.\n\n\n\n\n\n\nNancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.\n\n\n\n\n\n\n\n\nJosé P. Hernández G. Alicia Salas T.\n\n\nExp: 16-005486-0007-CO\nSEPARATE REASONS OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ\nLike the majority, I declare this constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) with merit with its consequences, but based on the following reasons:\nA- Judgment 11-12975 of this Chamber. As recounted by all the parties in the proceeding, this Chamber decided in 2011 a constitutional challenge aimed at achieving the nullity of Articles 1, 4 and 8 of the challenged Decree. It is worth dwelling a little on this case because this new claim of unconstitutionality is based on what was ordered therein. Through this Chamber’s expediente number 08-9215-0007-00, representatives of the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE TERRABA, came forward in June 2008 to challenge the validity of Articles 1, 4 and 8 of Decree 34312-MP-MINAE that had been issued by the Executive Branch (Poder Ejecutivo) four months earlier, in February 2008, and in which the “El Diquis” Hydroelectric Project (hereinafter “the project”) was declared of national convenience (conveniencia nacional) and public interest (interés público) and guidelines and conduct were established for the Administration in relation to such activity. The central axis of the petitioners’ claim was an alleged illegitimate affectation of indigenous property by the challenged Decree, as well as the absence of the consultation required by ILO Convention 169, as a prior and necessary step to the issuance of the Decree. The decision taken by the Chamber addressed both claims and held that the Decree does not affect the right to indigenous property insofar as it merely makes a declaration of national convenience of the Project, which does not in itself imply any threat or dispossession or affectation of the rights of indigenous peoples over their lands.- On the second point - the one now of interest - the Chamber extensively explains the need for the State to act with utmost care and respect in the execution of the project, specifically in relation to the possibility of building consensus and agreements in a productive, egalitarian, and good-faith manner with the populations affected by the project and directly interested in its development. The relevance of citizen consultation processes in general is also highlighted, and in particular the provisions of Article 6 of ILO Convention 169. Additionally, the conclusions are gathered of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, who visited the country precisely on the occasion of the dissatisfaction and claims of the indigenous populations affected by the project, regarding what they understood as a disregard (preterición) of their interests and opinions with the issuance of the Decree and due to a denounced intention of the State to impose the project on them, to the detriment of their rights.- Along the same lines, the Chamber addressed the large amount of time elapsed since the filing of the action (more than three years) to point out that although in 2008 the Decree did not inescapably require the holding of the consultation because it essentially involved exploratory activities to determine the feasibility of the project, by the date of the judgment (that is, by September 2011) that exploratory work was concluded and what followed was the start of the necessary procedures to proceed with the execution of the work; it was stated that the foregoing made it - now indeed - evident that there was a need to carry out the consultation of the indigenous peoples, which led the Chamber to establish, as a condition for the validity of the provision, the obligation to carry out such consultation within the six-month period that the Chamber set in its operative part (parte dispositiva). This decision was taken by a majority vote with the dissent of three Magistrates who held that Article 8 of the Decree was unconstitutional precisely due to the lack of the consultation established in Article 6 of the ILO Convention.- The relevant excerpts from said decision for this new case are the following:\n(...) For the purposes of developing the provisions of Article 4(b) of Executive Decree number 34312, the consultation of the indigenous peoples must be proposed in such a way that they can express their will in a free, prior, and informed manner, as provided by Article 19 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, for which purpose the indigenous peoples must have access to the corresponding technical studies, including those already carried out regarding the feasibility of the hydroelectric project and those underway. This attitude of openness to providing information must be maintained by ICE during all phases of the consultation process. Furthermore, informed knowledge presupposes that indigenous peoples have the required knowledge and technical capacity, for which purpose it is essential that they have their own expert advisors in the pertinent subjects; such consultants shall be freely and autonomously chosen and contracted by the indigenous peoples, but their cost shall be borne by the Instituto Costarricense de Electricidad. Complementarily, if both parties agree, a team of independent and trustworthy experts could facilitate the consultation process, which could be sponsored by the United Nations system. In any case, the consultation must be carried out within a period of 6 months counted from the notification of this ruling, all before the state decision that allows the start of the project works. It is irreconcilable with good faith in the consultation process for either party to adopt positions openly contrary to unequivocal rules of science or technology, or to elementary principles of justice, logic, or convenience. Neither of the parties, in the consultation process, may proceed from the assumption that it will impose its will on the other; on the contrary, an atmosphere of reciprocal respect and consideration for the criteria of each must prevail. Likewise, good faith demands that the Instituto Costarricense de Electricidad suspend all research activities or activities of any other nature that involve operations in the affected indigenous territories until the consultation stipulated in Article 4 of Executive Decree number 34312 is concluded”\nON THE CONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 8 OF EXECUTIVE DECREE NUMBER 34312. This Article regulates the following:\n(~)\nIn this regard, as indicated supra, according to the technical report of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) of the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) (folio 318), the mentioned article refers to points of flat coordinates that represent sites for the exploitation of materials for the dam, powerhouse (casa de máquinas), and related works. The project is composed of exploitation sites, and therefore, does not have a single space or area of action. Having established the limits of the Térraba Indigenous Reserve (Reserva Indígena de Térraba) on the respective topographic sheets (see the map prepared by that Institute at folio 321 of this action), in conjunction with and location of the places that form part of the hydroelectric project, there are three sites in Decree number 34312 that coincide with the area of the Reserve: points 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N and 546614 E / 332384 N. However, the mere determination of the mentioned sites, even though it encompasses territory of the Térraba Indigenous Reserve, cannot be classified as contrary to Convention 169. In order to support this criterion, it is appropriate to note that in the instant case it is not necessary to analyze the problems of ownership of the property of a tribal community (which in our case does not arise given that there is full recognition of communal property), but rather the granting of concessions for the exploitation of natural resources that have repercussions on the indigenous way of life and their spirituality. In this sense, the Inter-American Court established in the Saramaka case (judgment of the Inter-American Court of Human Rights of November 28, 2007) that “By virtue of all the aforementioned considerations, the Court concludes the following: first, that the members of the Saramaka people have the right to use and enjoy the natural resources that lie within the territory they traditionally occupy and that are necessary for their survival; second, that the State may restrict said right by granting concessions for the exploration and extraction of natural resources found within Saramaka territory only if the State guarantees the effective participation and benefits of the Saramaka people, if it carries out or supervises prior environmental and social impact assessments (evaluaciones previas de impacto ambiental o social), and if it implements adequate measures and mechanisms in order to ensure that these activities do not produce a major affectation to the traditional Saramaka lands and their natural resources, and lastly, that the concessions already granted by the State did not comply with these guarantees.” (Para. 159 Judgment of November 28, 2007 Case of the Saramaka People vs. Suriname). It is clear that in the case analyzed by the Court, many of these violations were consummated, a situation that is not the case here, as the project is in the prior stages of analysis and consultation of the indigenous people. Indeed, contrary to the Saramaka case, in this matter, the challenged provision was issued in a period corresponding to the initial research phase, so at that time it was not reasonable to formulate the consultation alluded to in Article 6 of Convention 169, because that required, as a logical-legal presupposition, greater clarity and precision in the project to be carried out, which would serve as a basis for the start of negotiations. The foregoing confirms the jurisprudential line followed by this Chamber in votes numbers 2010-009536 of 11:01 hours on May 28, 2010 and 2008-014549 of 14:24 hours on September 26, 2008, in which no disrespect whatsoever of ILO Convention 169 was found, since, as was stated therein, the project in question (de marras) was in the study and research stage. In any case, it should be noted that this manner of resolving according to the criterion of the majority of the Court corresponds to the jurisprudential doctrine usually applied in matters of constitutional property law, because the mere indication made by the State regarding a specific property that might be necessary for the execution of a public interest work does not imply, in itself, the violation of that right. Based on the foregoing, Article 8 of Executive Decree number 34312 is constitutional, because the sites indicated therein, even though they coincide with the reservation of the petitioner, were merely references at the time the provision was issued. However, at the present time, it is publicly and notoriously known that that primary phase has already concluded (precluyó), such that the evolution of events implies a significant change of circumstances, which, indeed, could give rise to a supervening unconstitutionality (inconstitucionalidad sobrevenida) of the questioned provision if the consultation of the affected indigenous peoples is not carried out, as ordered in this ruling. In that regard, this Chamber takes note of the opinion issued by the United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya, dated May 30, 2011, who, on the one hand, considers that “a consultation process regarding the hydroelectric project should have been initiated before the technical studies had begun” but on the other hand considers “Nevertheless, the Special Rapporteur considers that it is possible to remedy the lack of prior indigenous participation in the development of the project, if an adequate consultation process were now to be initiated in accordance with international standards and with certain features to address the particular challenges that have arisen in this case.” Consistent with that opinion, the constitutionality of the provision is preserved, provided that the consultation established in Article 4 of that Decree is carried out within a period of 6 months counted from the notification of this ruling, all in accordance with the requirements described in the preceding considerando.\nCONCLUSION. In accordance with the foregoing, the action must be dismissed (desestimar), although the consultation provided for in Article 4 of the challenged Decree must be carried out without delay, within the period set in the operative part (parte dispositiva) of this ruling. Magistrates Calzada, Jinesta and Cruz dissent (salvan el voto) and declare the constitutional challenge partially with merit, solely against Article 8 of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE, insofar as the delimitation of the El Diquís Hydroelectric Project includes points within the Térraba Indigenous Reserve of Buenos Aires de Puntarenas and the indigenous community was not consulted. Magistrate Cruz adds a note.\nPor tanto:\nThe action is declared without merit (sin lugar) with respect to Articles 1 and 4 of Executive Decree number 34312. By majority, Article 8 of Executive Decree number 34312 is interpreted in accordance with the Constitution, provided that the consultation established in Article 4 of that Decree is carried out within the non-extendable period of 6 months counted from the notification of this ruling. Magistrates Calzada, Jinesta and Cruz dissent (salvan el voto) and declare the constitutional challenge partially with merit, solely against Article 8 of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE, insofar as the delimitation of the El Diquís Hydroelectric Project includes points within the Térraba Indigenous Reserve of Buenos Aires de Puntarenas and the indigenous community was not consulted. Magistrate Cruz adds a note. (All boldfaced emphasis is not in the original)\n- On the supervening invalidity of the questioned provision.- This Chamber agrees with the Procuraduría in understanding that, as the case has been presented and according to the elements of judgment contained in judgment 11-12975, just transcribed, the solution for this claim points to a declaration of unconstitutionality of the challenged provision.- There is little that can be added in this sense to what was set forth by the petitioner, who describes how the Chamber itself, taking into consideration that after three years the research and exploration phase of the project was concluded, opted to maintain the validity of the provision, but only provided that the consultation be carried out within a six-month period that it decided to classify as “non-extendable (improrrogable)” both in the grounds of the decision and in the operative part (parte dispositiva).- This Court likewise understood it recently in judgment number 16-04354 issued within the amparo (recurso de amparo) 14-19128, which raised this same claim regarding the failure to carry out the consultation ordered by the Chamber in the judgment just transcribed:\n“I.- On its own motion (De oficio), this Court considers that it incurred an error of appreciation by having ordered, through resolution No. 2016-002786 of 9:30 hours on February 26, 2016, issued in this amparo, the separation (desglose) of this matter so that it would be processed as a disobedience proceeding (diligencia de desobediencia) within the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) No. 08-009215-0007-00 - resolved through judgment No. 2011-012975 of 14:30 hours on September 23, 2011 -, given that in said action no order whatsoever was issued that could lead to any possible non-compliance, but rather it was solely interpreted that Article 8 of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE was in accordance with the Political Constitution, provided that the consultation established in Article 4 of that Decree was carried out within the non-extendable period of 6 months counted from the notification of that ruling; that is, it conditioned the constitutionality of the challenged provision on a future date that must once again be verified, according to the terms of judgment 2011-012975. Thus, the appropriate course is to order the annulment of judgment 2016-002786 of 9:30 hours on February 26, 2016, in order for the case to be re-examined as is legally proper. Consequently, the resolution of 11:18 hours on March 4, 2016, in which the archiving of this expediente was ordered, is also annulled.\nNow, once the indicated resolutions have been annulled, we proceed to re-examine this amparo and continue its processing in the following manner:\n-The petitioner alleges that through resolution number 2011-012975 of 14:30 hours on September 23, 2011, this Chamber resolved that Article 8 of Executive Decree number 34312 was not unconstitutional “(...) provided that the consultation established in Article 4 of that Decree is carried out within the non-extendable period of 6 months counted from the notification of this ruling (...)”. He argues that, as of the date he files this amparo, said consultation has not been carried out, and therefore he considers that there is a violation of the fundamental rights of the indigenous community of Térraba.\nGiven that what is challenged is a normative provision and it is necessary to review the matter anew in light of what was ordered by the Chamber on that occasion, the appropriate course is to suspend the processing of this remedy in order to grant the petitioner a period of 15 working days, counted from the notification of this resolution, so that within said term he may file a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) against Article 8 of Executive Decree No. 34312-MP-MINAE. In accordance with the provisions of Article 48 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), if he fails to do so, the expediente will be archived. (Boldfaced emphasis is not in the original)\nIf we add to the original judgment these concepts recently expressed regarding the case, it is necessary to conclude that - in the Chamber’s own terms - a “supervening unconstitutionality (inconstitucionalidad sobreviniente)” has arisen in this case, because the legal norm under discussion was set as a condition for its validity and efficacy the fact of carrying out the consultation in the terms of Article 6 of I.L.O. Convention 169. It has been demonstrated that said requirement - of validity, it bears repeating - was not fulfilled within the period established for it, so that the conditioning effects of the judgment have now fully operated to the detriment of the validity of the provision and what is now being done through this judgment is to verify that situation, without it being possible to provide remedial mechanisms that moreover no one has requested. At this point, it is worth making an important distinction, in order to appropriately focus the justificatory explanations offered by the authorities of the Executive Branch (Poder Ejecutivo) and ICE.- The Court understands that we are not faced with a claim of an unconstitutional omission, that is to say - typically - an absence of state conduct that injures a specific duty to act enshrined in the Political Constitution, but rather a challenge against a positive act of the State, namely an infra-statutory norm (norma infralegal) that presents a serious defect of invalidity consisting of the fact that the consultation required by ILO Convention 169 was not carried out, as was demanded. This was precisely what the Chamber analyzed in judgment 11-12975, in which it resolved the matter by setting a period for the fulfillment of the missing requirement and - therefore - a condition for the validity of the challenged provision. Now, in this second constitutional challenge on the matter, the Chamber’s framework of action is much more limited because it must confine itself to verifying whether the cited requirement for the validity of Article 8 of the Decree was supplied before the lapse of the period that the Chamber set. Thus, once the cited period has elapsed and the absence of the requirement for the validity of the provision has been verified, the consequence cannot be other than the declaration of unconstitutionality of the text analyzed.-\n- On the arguments of the Procuraduría and the parties regarding the nature of the established period. The Procuraduría in its report, as well as the representative of the Instituto Costarricense de Electricidad, propose to the Chamber a different approach to understand and apply what was ordered by judgment 11-12975.\n\nThey state, in summary, that it is possible to understand that the time limit is not preclusive but rather that it was an attempt to ensure that “the matter was not drawn out” and that the necessary measures were taken to move forward without delays in carrying out the consultation so that the project could advance in that indispensable aspect.\n\nIt is asserted that following the judgment issued, the Government took the matter of the consultation into its own hands and ICE reports that even today it has not commenced any executive phase of the project but rather is awaiting state authorization for the project, which—incidentally—could not be obtained without the entire consultative phase to which the Chamber referred having been concluded.\n\nOn this point, this Court understands that what is sought with such arguments is to produce a justification for their acts, whose value is not doubted, but which is not pertinent to what is being analyzed here.\n\nIndeed, as explained, what is not being subjected to assessment are the possible justifications for an omission to comply with a clear mandate to act contained in the Political Constitution; rather, in this unconstitutionality proceeding, the only purpose is to determine whether the conditions that the Chamber established for the validity of the norm have been met or not, such that it would be strange and unusual for the Court to be able to maintain the validity of a norm through the granting of time limits for compliance with requirements imposed constitutionally or conventionally for its normative validity, each time the interested parties managed to sufficiently justify their non-fulfillment.\n\nConclusions.—Based on what has been stated, it is appropriate to declare the action filed to be with merit and, consequently, Article 8 of Decree 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, is annulled as unconstitutional.\n\nNancy Hernández López\nMagistrate\n\nEXPEDIENTE: 16-005486-0007-CO\nNOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. In Judgment No. 2011-012975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011, it was ordered that with respect to Article 8 of Decree 34312-MP-MINAE of February 6, 2008, its validity would be maintained, provided that the consultation established in Article 4 of that Decree was carried out within the non-extendable time limit of 6 months counted from the publication of said vote. Since what was ordered was not fulfilled, it has now been determined that the unconstitutionality of the norm has supervened. However, it must be borne in mind that in procedural matters, the setting of a time limit may have its origin in the law (will of the legislator), agreement (the will of the contracting parties), or the jurisdictional body (will of the Judge). In these last two assumptions, the validity of the time limit is subject to the free assessment and determination of whoever established it, and may be adjusted, whether to reduce or extend it, depending on the circumstances of the case and its object and reason for being. But this is a matter that must be understood in the respective specific case. In this proceeding for constitutional review of norms, I have concurred with my vote to declare the supervening unconstitutionality, there being no other alternative.\n\nJose Paulino Hernandez G.\n\nExp. 16-005486\n\nMagistrate Cruz Castro provides different reasons.—\nI consider that the action filed must be declared with merit, in view of the following different reasons:\nIn accordance with the guidelines given in judgment number 2011-12975 of 2:30 p.m. on September 23, 2011, it is clear that in this case the violation of the challenged decree has occurred due to the lack of consultation with indigenous peoples and the lack of environmental studies to ensure there will be no impact on the territories of said peoples.\nPursuant to the provisions of Article 6 of ILO Convention 169 (“Article 6. 1. In applying the provisions of this Convention, governments shall: a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly;...”) the State is obliged to carry out a consultation with the peoples concerned, since the project established in the decree in question would involve indigenous territory. Furthermore, Article 19 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples indicates that consultation with indigenous peoples shall be undertaken in such a way that they may express their will freely, prior to, and informed. To this end, indigenous peoples should have access to the corresponding technical studies, including those on the feasibility of the hydroelectric project already carried out and those underway. Thus, not only should the consultation have been carried out, but it should have been ensured that the consultation was informed.\nThe challenged article, which is declared unconstitutional in this action, refers to plane coordinate points that represent sites for the extraction of materials for the dam, powerhouse, and related works. The project is composed of extraction sites, therefore, it does not have a single space or area of action. Having established three sites in the challenged Decree, which coincide with the area of the Térraba Indigenous Reserve, it is clear that the granting of concessions for the extraction of natural resources established by the project will have repercussions on the indigenous way of life and their spirituality.\nOn the other hand, in accordance with the judgment of the Inter-American Court of Human Rights of November 28, 2007, in the case of the Saramaka People v. Suriname, in exploitation projects in indigenous territories the State must guarantee the effective participation and benefits of the indigenous people, but must also carry out or supervise prior environmental and social impact assessments and implement adequate measures and mechanisms to ensure that these activities do not produce a major impact on traditional indigenous lands and their natural resources. In this case, not only has there been no consultation, but at the current stage at which the project finds itself, it is not clear whether the State complied with carrying out prior environmental and social impact assessments to ensure that these activities do not produce a major impact on traditional indigenous lands and their natural resources.\nIn accordance with the foregoing, I have proceeded to state different reasons for declaring the unconstitutionality of the challenged norm.\n\nFernando Cruz Castro\n\nClassification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for consideration is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-02-2026 16:20:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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