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  "id": "nexus-sen-1-0034-1066140",
  "citation": "Res. 01127-2021 Tribunal Agrario",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Titulación de terrenos con bosque mediante información posesoria",
  "title_en": "Titling forested lands through possessory information proceedings",
  "summary_es": "El Tribunal Agrario confirma la aprobación de una información posesoria sobre un terreno con cobertura boscosa fuera de áreas silvestres protegidas. La Procuraduría apeló alegando que el bosque es Patrimonio Natural del Estado y bien demanial inapropiable. El Tribunal desestima el recurso: el inmueble no está en área protegida ni pertenece a institución pública (el INDER confirmó que no es de su propiedad). Señala que el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias permite expresamente titular terrenos con bosque fuera de áreas protegidas si se demuestra posesión decenal, protección del recurso y deslinde, sin necesidad de acreditar posesión anterior a 1969. La posesión del promovente (más de 40 años sumando la de su madre) fue acreditada y los requisitos legales se cumplieron.",
  "summary_en": "The Agrarian Court confirms the approval of a possessory information proceeding over a parcel with forest cover outside protected wilderness areas. The Attorney General appealed, arguing that the forest constitutes State Natural Heritage and is inalienable public domain. The Court rejects the appeal: the property is not in a protected area nor owned by a public institution (INDER confirmed it is not theirs). The Court holds that Article 7 of the Possessory Information Law expressly allows titling forested lands outside protected areas if ten-year possession, resource protection, and demarcation are proved, without needing to show possession prior to 1969. The applicant's possession (over 40 years including his mother's) was established, and all legal requirements were met.",
  "court_or_agency": "Tribunal Agrario",
  "date": "09/12/2021",
  "year": "2021",
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    "forestry-law-7575",
    "property-and-titling"
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  "primary_topic_id": "property-and-titling",
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    "información posesoria",
    "Patrimonio Natural del Estado",
    "posesión decenal",
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    "Ley de Informaciones Posesorias artículo 7"
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  "keywords_es": [
    "información posesoria",
    "bosque",
    "Patrimonio Natural del Estado",
    "Ley Forestal 7575",
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    "área silvestre protegida",
    "INDER",
    "dominio público",
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  "keywords_en": [
    "possessory information",
    "forest",
    "State Natural Heritage",
    "Forestry Law 7575",
    "Possessory Information Law",
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    "article 7"
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  "excerpt_es": "Sobre este tema, debe tenerse presente que las personas privadas gozan del derecho de inscribir terrenos con cobertura boscosa, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto voto 51 del 26.05.1995 de la Sala Primera). (…) Por consiguiente, debe concluirse, a diferencia del criterio de la PGR, que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias (modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575), autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante este tipo de proceso.",
  "excerpt_en": "On this matter, it must be kept in mind that private individuals have the right to register lands with forest cover, inside or outside protected wilderness areas, provided they meet all legal requirements set forth in the various applicable regulations (see, in this regard, ruling 51 of 26 May 1995 of the First Chamber). (…) Consequently, it must be concluded, contrary to the opinion of the Attorney General's Office, that Article 7 of the Possessory Information Law (as amended upon enactment of the current Forestry Law 7575) expressly authorized the titling of forested real property through this type of proceeding.",
  "outcome": {
    "label_en": "Affirmed",
    "label_es": "Confirmada",
    "summary_en": "The Agrarian Court affirmed the approval of the possessory information proceeding, allowing registration of the forested parcel in the applicant's name, finding that all legal requirements were met and the property is not part of State Natural Heritage.",
    "summary_es": "El Tribunal Agrario confirmó la aprobación de la información posesoria, permitiendo la inscripción del terreno con bosque a nombre del promovente, al considerar que se cumplió con los requisitos legales y que el inmueble no pertenece al Patrimonio Natural del Estado."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "private individuals have the right to register lands with forest cover, inside or outside protected wilderness areas, provided they meet all legal requirements set forth in the various applicable regulations.",
      "quote_es": "las personas privadas gozan del derecho de inscribir terrenos con cobertura boscosa, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables."
    },
    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "Article 7 of the Possessory Information Law (as amended upon enactment of the current Forestry Law 7575) expressly authorized the titling of forested real property through this type of proceeding.",
      "quote_es": "el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias (modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575), autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante este tipo de proceso."
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    {
      "context": "Considerando VIII",
      "quote_en": "The Constitutional Chamber again rejected the constitutional challenge against Article 7 of the Possessory Information Law, leaving the norm and its effects in force.",
      "quote_es": "La Sala Constitucional rechazó nuevamente la consulta de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, quedando vigente tal norma y sus efectos."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1066140",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 01127 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 09 de Diciembre del 2021 a las 17:29\n\nExpediente: 16-000061-1129-AG\n\nRedactado por: Ruth Alpízar Rodríguez\n\nClase de asunto: Proceso de información posesoria\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Información posesoria agraria\nSubtemas:\nPosibilidad de titular terrenos no inscritos con cobertura forestal dentro o fuera de áreas silvestres protegidas.\nTemas (descriptores): Área silvestre protegida\nSubtemas:\nPosibilidad de titular terrenos no inscritos con cobertura forestal dentro o fuera de la zona mediante información posesoria agraria.\nTemas (descriptores): Bosques y terrenos forestales\nSubtemas:\nPosibilidad de inscribir propiedades dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria.\nSentencias en igual sentido\n\n\nTexto de la resolución\n\n*160000611129AG*\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\nEXPN1 - 0\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nINFORMACIÓN POSESORIA\n\n\n\n\nPROMUEVE:\n\n\t\n\n \n\nVOTO N° 1127-F-2021\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diecisiete horas veintinueve minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno.-\n\n PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]   , mayor, casado una vez, comerciante, vecino de Pérez Zeledón, cédula CED1    . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por [Nombre2]  , mayor, soltera, abogada, vecina de Heredia, cédula CED2    ; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (Inder), cédula jurídica CED3       , representado por [Nombre3]   , mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula CED4    . Actúa como apoderado especial judicial del promovente: Wilberth Navarro Sánchez, carné ocho cuatrocientos treinta y dos. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores.\n\n Redacta la jueza Alpízar Rodríguez; y,\n\nCONSIDERANDOS:\n\nI.- POSICIÓN DE LA PARTE PROMOVENTE: Solicita se inscriba a su nombre el “terreno de potrero y montaña, situado en Platanillo, [Dirección1] ° , [Dirección2] ° Pérez Zeledón, Provincia 01° San José; linda al NORTE: [Nombre4]   y quebrada camarones; SUR: [Nombre5]   ; ESTE: [Dirección3]  con un frente de 406.34 metros lineales y un ancho de 14 metros; y al OESTE: [Nombre4]  . Mide: Setenta y dos mil siete metros con cincuenta y ocho decímetros cuadrados, descrito en el plano catastrado SJ-1247371-2007\" (ver escrito inicial y plano en apartado de escritos: archivos 12/03/2018 15:28:22 17/08/2017 03:44:16l).\n\nII.- RESOLUCIÓN IMPUGNADA: El juez Carlos Rojas Rojas, del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, en sentencia 95 de 21 de julio de 2021 resolvió: \"…SE APRUEBAN estas diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA, en la cual han intervenido como partes la Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Agrario. El terreno a titular quedará afectado por las siguientes reservas: a)- Que el inmueble a inscribir, descrito en el plano 1-1247371-2007, con una medida de 72007,58 m², queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía de los caminos públicos que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a), de la Ley de Informaciones Posesorias;- b) Que el área contigua a la quebrada “Camarones” y a la quebrada sin nombre, que indica el plano, constituye área de protección y en ella está prohibida la corta o eliminación de árboles, según los artículos 33, inciso y b) y 34 de la Ley Forestal.- c) Que las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble son de dominio público estatal y no forman parte de la finca y otras que por Ley correspondan.- Proceda el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD a inscribir libre de gravámenes, condueños, con las cargas reales ya señaladas, y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, a nombre de [Nombre1]   , mayor, casado una vez, comerciante, cédula de identidad número CED5, vecino de Caña Blancal de Barú, Pérez Zeledón, el siguiente inmueble: Terreno de potrero y montaña, situado en Platanillo, [Dirección1] ° , [Dirección2] ° Pérez Zeledón, Provincia 01° San José; linda al NORTE: [Nombre4]   y quebrada camarones; SUR: [Nombre5]   ; ESTE: [Dirección3]  con un frente de 406.34 metros lineales y un ancho de 14 metros; y al OESTE: [Nombre4]  . Mide: Setenta y dos mil siete metros con cincuenta y ocho decímetros cuadrados, descrito en el plano catastrado SJ-1247371-2007, cuya causa adquisitiva es donación. La finca a titular fue estimada en la suma de cuatro millones de colones (¢4.000.00 la nueva 0,00) y las presentes diligencias se estimaron en un millón de colones (¢1.000.000,00). El edicto salió publicado en el Boletín Judicial número 211 del catorce de noviembre del dos mil dieciocho. Todos los colindantes se dieron por notificados y no opusieron objeción alguna. El fundo esta fuera de cualquier área silvestre protegida y se han ejercido los actos posesorios cumpliendo con el uso conforme de suelo. Declararon como testigos [Nombre6]   cédula de identidad CED6, [Nombre7]   cédula de identidad CED7, y [Nombre8]   cédula de identidad CED8. Sirva la certificación de esta resolución una vez que esté firme como documento para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble de la finca relacionada”.\n\nIII.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: Se comparte lo concluido sobre lo hechos probados, por ser reflejo de lo que se deriva de la prueba evacuada.\n\nIV.- HECHOS NO PROBADOS: Dado lo que es objeto de apelación y la posición de la Procuraduría General de la República (PGR) se tiene por indemostrado: 1) La finca objeto del proceso esté inscrita a nombre de una institución pública o integre una zona inalienable.\n\nV.- RECURSO DE APELACIÓN: La PGR apela con base en lo siguiente: 1) La sentencia recurrida tuvo por demostrado que el titulante posee el terreno objeto de este trámite a título de dueño y que lo adquirió por donación que le hiciera su madre, [Nombre5]   , quien supuestamente le habría trasmitido 42 años de posesión. Pero ello no es acorde con la información que consta en autos, porque el terreno formó parte de la finca SJ-209478-000 del IDA, hoy INDER, Así se desprende del plano SJ-1247371-2007. Consta en tal y en el estudio de suelos del 1 de marzo de 2006, que al menos 4.72 has son bosque secundario, sea un 65.55 % del terreno. Uno de los componentes del Patrimonio Natural del Estado (PNE) lo conforman “los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio” (Ley Forestal, art 14). Al ser el IDA, hoy INDER, un ente de la Administración Pública, los terrenos de bosque de sus propiedades conforman Patrimonio Natural del Estado. La certificación SINAC-D-ACLAP-C- 151-2017, del 20 de julio del 2017, acredita que “según el informe SINACACLA-P-GASP- SIG-94 parte de los terrenos de este inmueble poseen Cobertura de Bosque y por tanto cumplen con la definición del Patrimonio Natural del Estado, en los términos del artículo 13 y 14 de la Ley Forestal 7575, con las limitaciones establecidas en el artículo 15 de la misma ley”. El Patrimonio Natural del Estado es un bien demanial sobre el que no cabe posesión particular. Transcribe extracto de la sentencia de la Sala Constitucional 16975/2008 sobre el tema y cita otros votos en igual sentido. Si bien el asiento registral de la finca del partido de San José CED9 fue cerrado, por el principio de paralelismo de las competencias, no podría entenderse que con ello se desafectaran los terrenos de bosque en él comprendidos, sino que siguen constituyendo parte del PNE. No podría el promovente haber ejercido posesión válida para usucapir sobre un bien demanial y la supuesta trasmisión que le habría hecho su madre es nula por comprender terrenos fuera del comercio de los hombres. La posesión de 42 años que alega haber obtenido de su madre el titulante queda desvirtuada con el mismo plano base de las diligencias. Nótese que, para el 3 de octubre de 2007, fecha en la que se inscribió el levantamiento topográfico, el terreno era propiedad del IDA. No podría haber estado en posesión de la señora [Nombre5]   , ni podría haber estado ocupando el terreno de buena fe y a título de dueña, requisitos indispensables para usucapir. 2) En cuanto al ejercicio decenal de la posesión con anterioridad a la afectación a dominio público tampoco quedó demostrado. La Ley de Informaciones Posesorias, artículo 7°, establece que las fincas ubicadas fuera de las áreas silvestres protegidas, que tengan bosques, “sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural.” La posesión válida para titular en los casos de terrenos de bosque o forestales, debe demostrarse desde 1959, sea 10 años antes de la entrada en vigencia de la Ley Forestal 4465/1969, primera Ley que sometió a dominio público dichos bienes, afectación que, bajo el concepto de patrimonio forestal del Estado, se mantuvo en la Ley número 7032/1986, y 7174/1990, retomado la actual Ley Forestal, n° 7575/1996, que lo denomina \"patrimonio natural del Estado \". Desde entonces, el sometimiento al dominio público no ha perdido continuidad, de ahí que la posesión de la titulante debe remontarse hasta 1959, lo que no sucedió en este trámite. La testigo [Nombre6]  manifestó tener 34 años de conocer el terreno a titular, [Nombre9]  declaró conocerlo desde hace 53 años y [Nombre8]  dijo que lo conoce desde hace 50 años. La prueba testimonial se recabó el 22 de marzo de 2021, descontando 53 años, que es el tiempo máximo de supuesta “posesión” que declaran los testigos se obtiene que el titulante habría “poseído” desde 1968, lo que en es insuficiente para usucapir los terrenos de bosque. El Derecho derogado supervive para regular los hechos o situaciones acontecidos o nacidos bajo su vigencia, conocido como el fenómeno de supervivencia del derecho abolido o ultraactividad de las normas derogadas: “La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. El principio \"tempus regit actus\", dispone que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque sea derogada después. Así, la denominada ultraactividad de las normas consiste en normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc. (Sala Constitucional, voto 18840/2014). Agrega “… el derecho abolido sigue protegiendo los actos y contratos y otros derechos adquiridos durante la vigencia de la ley, lo que encuentra su fundamento en la relación de los artículos 34 y 129 de la Constitución”. (Sala Constitucional, sentencia 15753-2005). “La retroactividad a que hace alusión el artículo 34 de la Constitución Política es la que pretende interferir con derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, nacidas con anterioridad a la promulgación de la ley, o sea, aquellas con características de validez y eficacia perfeccionadas bajo el imperio de otras regulaciones, de forma que sus efectos y consecuencias no pueden ser variadas por las nuevas disposiciones…” (Sala Constitucional, sentencias 7989/2005, 2791/1996 y 0336/1998). “…la derogación de las normas o cambio de criterios legales no producen el efecto de derogar también los derechos desarrollados al momento de ser vigentes esas normas derogadas. Es el fenómeno jurídico que define la doctrina como la supervivencia del derecho abolido, porque para los actos o contratos en vigor, la ley derogada continúa vigente contra las nuevas normas jurídicas”. (Sala Constitucional, sentencias 738/2003, 012239/ 2006, 012240/2006 y 012241/2006). “La Derogatoria de una ley no hace desaparecer totalmente su eficacia normativa, pues si al amparo de ella se adquirieron derechos o se consolidaron situaciones jurídicas, esa ley seguirá rigiendo en cuanto a esos derechos y situaciones, pues la nueva ley –en que se deroga la anterior- no tiene fuerza retroactiva “en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Política. Todo ello da lugar a la doctrina de la supervivencia del derecho abolido. (…) En efecto, si una norma general abroga otra norma general sin efecto retroactivo, las autoridades deberán continuar aplicando la norma abrogada para todos los hechos realizados mientras se encontraba aún en vigor” (En igual sentido: sentencia de la Corte Plena de las 10:00 horas del 18 de marzo de 1982 y [Nombre10], . La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Anuario Jurídico. Universidad Nacional Autónoma de México. 1974, pga. 498 y 499). La Sala Primera de la Corte en la sentencia 256-F-SI-2015 de 6 de marzo del 2015 estableció que son de aplicación las normas anteriores a la declaratoria de área silvestre protegida que contengan afectaciones al dominio público previas. Con base en lo expuesto, pide se anule la sentencia recurrida y posteriormente se deniegue el proceso por pretenderse la inscripción de un bien demanial (apartado de escritos: archivo 75- 29/07/2021 13:47:23).\n\nVI.- Lo agraviado no es de recibo, conforme lo que se explica a continuación. Lo tenido por demostrado en la sentencia apelada, contrario a lo que alega la PGR es correcto, en cuanto a la demostración de la posesión apta para la adquisición del terreno y su inscripción a través de este proceso, por el tiempo requerido legalmente. El que el terreno haya formado parte de una finca que en el pasado estuvo inscrita a nombre del antes Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) -hoy Inder-, no es motivo para, en función de lo acreditado en este expediente, invalidar la posesión de adquisición del terreno a favor de la parte titulante. El asiento registral (CED10), que se cita en el plano SJ-1247371-2007 -a nombre del antes IDA-, no existe en la actualidad, según la base de datos pública del Registro Inmobiliario. El Inder, en su memorial de apersonamiento, de agosto de 2019, confirmó que el terreno descrito en este plano no corresponde a tierras de su propiedad (apartado de escritos: archivo 22- 21/08/2019 14:10:29). No se demostró tampoco que pertenezca a ninguna otra institución pública ni integre una zona inalienable. No está afectado tampoco como área silvestre protegida, según la certificación del Área de Conservación La Amistad Pacífico, SINAC-D-ACLAP-C-1512017 de 20 de julio de 2017 (apartado de escritos: archivo 1- 17/08/2017 15:44:16). Ciertamente en su contenido se expresa: “sin embargo, según el informe SINAC-ACLA.P-GASP-SIG-94, parte de los terrenos del inmueble poseen cobertura de bosque y por tanto cumple con la definición del Patrimonio Natural del Estado, en los términos del artículo 13 y 14 de la Ley Forestal N°7575”. Pero esta información debe analizarse de manera integral y racional, tomando en cuenta la fecha de la fuente. Nótese esa afirmación se basa en un informe del año 1994, el cual además no fue aportado al expediente, como para determinar cuál fue el contexto en el que se emitió y si dicha información tiene vigencia a la fecha. Por ende, aunque sea una referencia incluida en una certificación oficial, ello no significa que tenga validez más de 20 años después, si no se comprueba y justifica debidamente dicha situación, máxime si están de por medio derechos fundamentales como lo es el de propiedad, protegido en el numeral 45 constitucional. Conforme lo analizado, tampoco es procedente el alegato de la PGR de que la posesión de 42 años que sostiene el titulante haber ejercido, sumando la posesión de su madre el titulante, queda desvirtuada por lo que se indica en el “plano base de las diligencias”, por tratarse de una información correcta a la fecha de su catastro (2007), ya no tiene vigencia, lo cual fue confirmado por el [Nombre11] en el año 2019. De igual forma no es de recibo su argumento de que para el año 2007, la posesión que ejerciese la madre del titulante no era apta para usucapir el terreno, por estar tal inscrito a nombre del antes IDA. No existe tampoco prueba que desvirtuada se fuese ejercida de buena fe y a título de dueña, como lo afirma la PGR. El hecho de que el terreno estuviese inscrita a nombre del IDA, en el contexto del caso, no descalifica dicha posesión. Esto por cuanto, debe tenerse presente lo que en el pasado sucedió con la titulación de reservas nacionales y el papel del antes IDA al respecto, para cumplir la función social objetiva y conforme lo dispone la Ley de Tierras y Colonización 2825 del 19 de octubre de 1961. En ese sentido, primero se emitió la Ley 7599 de 29 de abril de 1996, denominada \"Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales\", y su reglamento, que fueron declarados inconstitucionales en sentencias de la Sala Constitucional 8560 de 28.02.2001 y [Telf1]. Ante ello, a partir de mediados del año 2002, el antes IDA, implementó programas de titulación de terrenos en Reservas Nacionales, apoyados en los Decretos Ejecutivos que le habían traspasado e inscrito a su nombre grandes extensiones de tierras. Dentro de tales quedaba comprendidas tanto terrenos ya inscritos como otros en los cuales las personas ya habían adquirido el derecho de titularlos, aunque no hubiese realizado el trámite. En este segundo supuesto debían acudir a un trámite administrativo ante el propio IDA, regulado en el Reglamento para la Titulación en Áreas de Reserva Nacional, aprobado por acuerdo de Junta Directiva del IDA, en sesión 055-02, del 12 de agosto del 2002, publicado en La Gaceta 173 de 10 de setiembre del 2002 (votos 592 de 29.08.2002 y 160 de 31.03.2003 de este Tribunal). La PGR, en su dictamen 158 de fecha 24 de abril de 2006, consideró que las potestades del IDA no alcanzaban para emitir un reglamento como el citado. Luego, la Sala Constitucional, en votos 2063 de 14.02.2007, 4517 de 28.03.2007 y 8457 de 07.04.2007 declaró inconstitucionales y anuló el Reglamento citado y los Decretos Ejecutivos que traspasaron tierras de reserva nacional al IDA para proyectos de titulación de tierras (27726 de 22 de diciembre de 1998, 27861 de 12 de marzo de 1999, 28743, 28744, 28745 y 28746 todos estos de 12 de junio de 2000), con base en los cuales se ejecutaban los Programas de Titulación. En acatamiento de lo dispuesto el IDA solicitó la cancelación de la inscripción ante el Registro Inmobiliario de las fincas a su nombre, relacionadas con la normativa anulada.\n\nVII.- Tampoco lleva razón la Procuraduría en su alegato de que por existir cobertura boscosa (4,72 has) en el terreno titular, se convierte dicha zona en Patrimonio Natural del Estado, en los términos del artículo 13 y 14 de la Ley Forestal 7575, con carácter demanial, por lo que no cabe posesión particular sobre ellas, aunque la inscripción a nombre del [Nombre11] haya sido cerrada, pues alega que ello no desafectó los terrenos con bosque. Sobre este tema, debe tenerse presente que las personas privadas gozan del derecho de inscribir terrenos con cobertura boscosa, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto voto 51 del 26.05.1995 de la Sala Primera). Dado lo argumentado por la parte recurrente, es importante aclarar que el Patrimonio Natural del Estado esta \"constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio\" (artículo 13 Ley Forestal). Dichos terrenos forestales y bosques son efectivamente inembargables e inalienables (artículo 14 íbid). Su posesión por personas privadas no les otorga derecho real de naturaleza privada y la acción reivindicatoria del Estado para recuperar esos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Inmobiliario mediante información posesoria (artículo 33 íbid). Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias permite la titulación de zonas boscosas, exigiendo como requisitos específicos (adicionales a los generales de la Ley de Informaciones Posesorias) demostrar los derechos legales de posesión decenal, haber protegido el recurso natural y que el inmueble esté debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. De esta forma, debe concluirse que el artículo 7 citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos en áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre \"ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios\". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser anterior a diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal 4465. Ello es entendible, pues si no sería un contrasentido lo permitido por la persona legisladora al respecto. Es decir, si su intención hubiese sido no permitir la titulación de esas zonas boscosas luego de promulgarse la Ley Forestal de 1969 (que contiene la primera declaratoria de patrimonio forestal del Estado), lo correcto hubiese sido no incluir o no permitir ese segundo supuesto. Pero como se analizó, se mantuvo una posición diferente. Por consiguiente, debe concluirse, a diferencia del criterio de la PGR, que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias (modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575), autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante este tipo de proceso.\n\n VIII.- Sobre la aplicación e interpretación del citado numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, este Tribunal ha destacado: \"La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios\" (voto 573 de 2009). De igual forma, la Sala Constitucional rechazó nuevamente la consulta de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, quedando vigente tal norma y sus efectos (voto 1667 de 27.01.2010). En relación con lo explicado, conforme lo acepta la parte recurrente y se tiene por probado, lo cual fue debidamente fundamentado en el considerando V de la sentencia recurrida, las personas testigas [Nombre6] , [Nombre9]  y [Nombre8] , manifestaron conocer el terreno desde hacía más de 30 años y confirmaron que la persona titulante, sumada la posesión de la transmitente, tiene más de 40 años de poseerlo, de manera apta para formalizar su título de propiedad.\n\n        IX.- De acuerdo con lo explicado y lo indicado en la sentencia recurrida sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley para titular el bien, no objetados por la PGR, su recurso resulta improcedente. Procede por ende confirmar la sentencia en lo que fue objeto de apelación.\n\nPOR TANTO\n\nEn lo apelado, se confirma la sentencia 95 de 21 de julio de 2021.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\t\n\n*R1ZB3XLLIF861*\n\nR1ZB3XLLIF861\n\n[Nombre12]   - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n\n\n\n*3YGPAHALDQS61*\n\n3YGPAHALDQS61\n\n[Nombre13]   - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n*4ZNC47PFUZAE61*\n\n4ZNC47PFUZAE61\n\n[Nombre14]   - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\nEXP: EXPN1\n\nII Circuito Judicial San José, [Dirección4] ,     , [Dirección5]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf2]. Fax: [Telf3] ó [Telf4]. Correo electrónico: [...]\n\n \n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:30:18.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE:\n\n\nEXPN1 - 0\n\n\n\nPROCESS:\n\n\nPOSSESSORY INFORMATION\n\n\n\nPROMOTED BY:\n\n\n \n\nVOTO N° 1127-F-2021\n\n \n\nAGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At seventeen hours twenty-nine minutes on the ninth of December of two thousand twenty-one.-\n\n POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING promoted by [Nombre1], of legal age, married once, merchant, resident of Pérez Zeledón, ID card CED1. Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by [Nombre2], of legal age, single, attorney, resident of Heredia, ID card CED2; and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (Instituto de Desarrollo Rural, Inder), legal ID number CED3, represented by [Nombre3], of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, ID card CED4. Acting as special judicial representative (apoderado especial judicial) of the petitioner: Wilberth Navarro Sánchez, bar number eight four hundred thirty-two. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores.\n\n Drafted by Judge Alpízar Rodríguez; and,\n\nCONSIDERANDOS:\n\nI.- POSITION OF THE PETITIONING PARTY: Requests that the “pasture and mountain land, located in Platanillo, [Dirección1] °, [Dirección2] ° Pérez Zeledón, Province 01° San José; bounded to the NORTH: [Nombre4] and Camarones stream; SOUTH: [Nombre5]; EAST: [Dirección3] with a frontage of 406.34 linear meters and a width of 14 meters; and to the WEST: [Nombre4]. Measuring: Seventy-two thousand seven meters and fifty-eight square decimeters, described in cadastral map SJ-1247371-2007\" be registered in his name (see initial filing and map in filings section: files 12/03/2018 15:28:22 17/08/2017 03:44:16).\n\nII.- APPEALED RESOLUTION: Judge Carlos Rojas Rojas, of the Agrarian Court of Pérez Zeledón, in judgment 95 of 21 July 2021, resolved: \"…THESE POSSESSORY INFORMATION proceedings are APPROVED, in which the Office of the Attorney General of the Republic and the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) have participated as parties. The land to be titled shall be affected by the following reservations: a)- That the property to be registered, described in map 1-1247371-2007, with an area of 72007.58 m², is subject to the reservations regarding rights of way of public roads established in Article 4 of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos) and Article 19, subsection a), of the Law of Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias);- b) That the area adjacent to the “Camarones” stream and the unnamed stream, indicated on the map, constitutes a protection area and the cutting or elimination of trees is prohibited therein, pursuant to Articles 33, subsection b) and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal).- c) That the surface and underground waters existing on the property are state public domain and do not form part of the farm, and others as mandated by Law.- Let the PUBLIC PROPERTY REGISTRY (REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD) proceed to register, free of encumbrances, co-owners, with the real charges already indicated, and without prejudice to third parties with better right, in the name of [Nombre1], of legal age, married once, merchant, identity card number CED5, resident of Caña Blancal de Barú, Pérez Zeledón, the following property: Pasture and mountain land, located in Platanillo, [Dirección1] °, [Dirección2] ° Pérez Zeledón, Province 01° San José; bounded to the NORTH: [Nombre4] and Camarones stream; SOUTH: [Nombre5]; EAST: [Dirección3] with a frontage of 406.34 linear meters and a width of 14 meters; and to the WEST: [Nombre4]. Measuring: Seventy-two thousand seven meters and fifty-eight square decimeters, described in cadastral map SJ-1247371-2007, whose acquisition cause is donation. The farm to be titled was valued at the sum of four million colones (¢4,000,000.00) and the present proceedings were valued at one million colones (¢1,000,000.00). The edict was published in Judicial Bulletin number 211 of the fourteenth of November of two thousand eighteen. All bordering owners were duly notified and raised no objection. The property is outside any protected wilderness area (área silvestre protegida) and possessory acts have been exercised in compliance with the conforming use of the soil. [Nombre6] identity card CED6, [Nombre7] identity card CED7, and [Nombre8] identity card CED8, testified as witnesses. The certification of this resolution, once final, shall serve as the document for registration of the related farm in the Public Registry of Real Property.\"\n\nIII.- REGARDING THE PROVEN FACTS: The conclusions regarding the proven facts are shared, as they reflect what is derived from the evidence produced.\n\nIV.- UNPROVEN FACTS: Given the subject of the appeal and the position of the Office of the Attorney General of the Republic (PGR), the following is considered unproven: 1) That the farm subject to the proceeding is registered in the name of a public institution or forms part of an inalienable zone.\n\nV.- APPEAL: The PGR appeals on the following grounds: 1) The appealed judgment held it proven that the title holder possesses the land subject to this proceeding as owner and that he acquired it by donation from his mother, [Nombre5], who supposedly would have transferred 42 years of possession to him. But this is not consistent with the information in the record, because the land formed part of farm SJ-209478-000 of the IDA, today INDER. This is evident from map SJ-1247371-2007. It is stated therein and in the soil study of 1 March 2006, that at least 4.72 hectares are secondary forest, that is, 65.55% of the land. One of the components of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE) consists of “the forests and forest lands of national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony” (Forestry Law, art 14). Since the IDA, today INDER, is an entity of the Public Administration, the forest lands of its properties constitute Natural Heritage of the State. Certification SINAC-D-ACLAP-C-151-2017, of 20 July 2017, certifies that “according to report SINACACLA-P-GASP-SIG-94, part of the lands of this property possess Forest Cover (Cobertura de Bosque) and therefore meet the definition of Natural Heritage of the State, under the terms of articles 13 and 14 of the Forestry Law 7575, with the limitations established in article 15 of the same law.” The Natural Heritage of the State is a demanial asset over which private possession is not possible. It transcribes an excerpt from the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) 16975/2008 on the subject and cites other votes in the same sense. Even if the registry entry for the farm of the San José district CED9 was closed, by the principle of parallelism of competencies, it could not be understood that this disaffected the forest lands comprised within it, but rather that they continue to form part of the PNE. The petitioner could not have exercised valid possession for usucapion (usucapir) over a demanial asset, and the supposed transfer made by his mother is null for comprising lands outside the commerce of men. The 42 years of possession that the title holder claims to have obtained from his mother is disproven by the very map forming the basis of the proceedings. Note that, on 3 October 2007, the date on which the topographic survey was registered, the land was property of the IDA. It could not have been in the possession of Mrs. [Nombre5], nor could she have been occupying the land in good faith and as owner, indispensable requirements for usucapion. 2) Regarding the ten-year exercise of possession prior to the public domain affectation, this was also not demonstrated. The Law of Possessory Information, article 7, establishes that farms located outside protected wilderness areas, which have forests, “may only be titled if the petitioner demonstrates being the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and having protected that natural resource.” The possession valid for titling in cases of forest lands or forested lands must be demonstrated from 1959, that is, 10 years before the entry into force of Forestry Law 4465/1969, the first Law that submitted such assets to public domain, an affectation which, under the concept of forest heritage of the State, was maintained in Law number 7032/1986, and 7174/1990, and retaken by the current Forestry Law, No. 7575/1996, which calls it \"natural heritage of the State.\" Since then, the subjection to public domain has not lost continuity, hence the possession of the title holder must date back to 1959, which did not happen in this proceeding. Witness [Nombre6] stated she had known the land to be titled for 34 years, [Nombre9] declared knowing it for 53 years, and [Nombre8] said she has known it for 50 years. The testimonial evidence was gathered on 22 March 2021; subtracting 53 years, which is the maximum time of supposed “possession” declared by the witnesses, yields that the title holder would have “possessed” it since 1968, which is insufficient for usucapion of the forest lands. Repealed law survives to regulate the facts or situations occurred or born under its validity, known as the phenomenon of survival of abolished law or ultra-activity of repealed norms: “The ultra-activity of the law is a problem of application of law over time and is intimately linked to the principle that every fact, act, or legal transaction is governed by the law in force at the time of its occurrence, performance, or execution. The principle \\\"tempus regit actus\\\" provides that the norm in force at the time the facts provided for by it occur is the one applied to those facts, even if repealed later. Thus, the so-called ultra-activity of norms consists of repealed norms that continue to apply to facts occurring during their validity. This phenomenon occurs in relation to all legal norms, whatever their nature: civil, commercial, criminal, etc. (Constitutional Chamber, vote 18840/2014). It adds “… abolished law continues to protect acts, contracts, and other rights acquired during the law's validity, which finds its basis in the relationship of articles 34 and 129 of the Constitution.” (Constitutional Chamber, judgment 15753-2005). “The retroactivity to which article 34 of the Political Constitution alludes is that which seeks to interfere with acquired rights and consolidated legal situations, born prior to the enactment of the law, that is, those with characteristics of validity and effectiveness perfected under the rule of other regulations, so that their effects and consequences cannot be varied by the new provisions…” (Constitutional Chamber, judgments 7989/2005, 2791/1996, and 0336/1998). “…the repeal of norms or change of legal criteria do not produce the effect of also repealing the rights developed at the time those repealed norms were in force. It is the legal phenomenon defined by doctrine as the survival of abolished law, because for the acts or contracts in effect, the repealed law remains in force against the new legal norms.” (Constitutional Chamber, judgments 738/2003, 012239/2006, 012240/2006, and 012241/2006). “The Repeal of a law does not make its normative efficacy entirely disappear, because if under its protection rights were acquired or legal situations were consolidated, that law will continue to govern with respect to those rights and situations, since the new law –which repeals the previous one– has no retroactive force 'to the detriment of any person, or of their acquired patrimonial rights or consolidated legal situations,' as provided in article 34 of the Political Constitution. All of this gives rise to the doctrine of the survival of abolished law. (…) In effect, if a general norm abrogates another general norm without retroactive effect, the authorities must continue applying the abrogated norm for all facts carried out while it was still in force” (In the same sense: judgment of the Full Court (Corte Plena) at 10:00 hours on 18 March 1982 and [Nombre10], The Jurisdictional Guarantee of the Constitution. Legal Yearbook. National Autonomous University of Mexico. 1974, pp. 498 and 499). The First Chamber of the Supreme Court (Sala Primera de la Corte), in judgment 256-F-SI-2015 of 6 March 2015, established that norms prior to the declaration of a protected wilderness area containing previous public domain affectations are applicable. Based on the foregoing, it requests that the appealed judgment be annulled and subsequently the proceeding be denied for seeking the registration of a demanial asset (filings section: file 75-29/07/2021 13:47:23).\n\nVI.- The grievance is not well-founded, as explained below. What was held as proven in the appealed judgment, contrary to what the PGR alleges, is correct regarding the demonstration of possession suitable for the acquisition of the land and its registration through this proceeding, for the legally required time. The fact that the land formed part of a farm that in the past was registered in the name of the former Institute of Agrarian Development (IDA) -today Inder- is not a reason, based on what is evidenced in this file, to invalidate the acquisition possession of the land in favor of the title holder. The registry entry (CED10), cited in map SJ-1247371-2007 -in the name of the former IDA-, does not currently exist, according to the public database of the Real Property Registry. The Inder, in its appearance brief of August 2019, confirmed that the land described in this map does not correspond to lands of its property (filings section: file 22-21/08/2019 14:10:29). Nor was it demonstrated that it belongs to any other public institution or forms part of an inalienable zone. It is not affected as a protected wilderness area either, according to the certification of the La Amistad Pacífico Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Pacífico), SINAC-D-ACLAP-C-1512017 of 20 July 2017 (filings section: file 1-17/08/2017 15:44:16). Certainly, its content states: “however, according to report SINAC-ACLA.P-GASP-SIG-94, part of the lands of the property possess forest cover and therefore meet the definition of Natural Heritage of the State, under the terms of articles 13 and 14 of Forestry Law No. 7575.” But this information must be analyzed in an integral and rational manner, taking into account the date of the source. Note that this statement is based on a report from the year 1994, which was also not provided to the file, so as to determine the context in which it was issued and whether said information is current to date. Therefore, even though it is a reference included in an official certification, this does not mean it is valid more than 20 years later, if said situation is not duly verified and justified, especially when fundamental rights such as property, protected in constitutional article 45, are at stake. According to what has been analyzed, the PGR's claim that the 42 years of possession that the title holder maintains to have exercised, adding his mother's possession, is disproven by what is indicated in the “base map of the proceedings” is not admissible either, because information that was correct at the date of its cadastre (2007) is no longer in effect, which was confirmed by [Nombre11] in 2019. Likewise, its argument that for the year 2007, the possession exercised by the title holder's mother was not suitable for usucapion of the land, because it was registered in the name of the former IDA, is not well-founded. There is also no evidence that the possession was disproven or that it was exercised in good faith and as owner, as the PGR affirms. The fact that the land was registered in the name of the IDA, in the context of the case, does not disqualify said possession. This is because it must be kept in mind what happened in the past with the titling of national reserves and the role of the former IDA in this regard, to fulfill the objective social function and as provided in the Lands and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) 2825 of 19 October 1961. In this sense, first Law 7599 of 29 April 1996, called \"Law for the Titling of Lands Located in National Reserves (Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales)\", and its regulation were enacted, which were declared unconstitutional in judgments of the Constitutional Chamber 8560 of 02/28/2001 and [Telf1]. In view of this, starting in mid-2002, the former IDA implemented land titling programs in National Reserves, supported by the Executive Decrees (Decretos Ejecutivos) that had transferred and registered large tracts of land in its name. This included both already registered lands and others in which people had already acquired the right to title them, even if they had not completed the procedure. In this second case, they had to resort to an administrative procedure before the IDA itself, regulated in the Regulation for Titling in National Reserve Areas (Reglamento para la Titulación en Áreas de Reserva Nacional), approved by agreement of the Board of Directors of the IDA, in session 055-02, of 12 August 2002, published in La Gaceta 173 of 10 September 2002 (votes 592 of 08/29/2002 and 160 of 03/31/2003 of this Tribunal). The PGR, in its opinion 158 dated 24 April 2006, considered that the powers of the IDA did not extend to issuing a regulation such as the cited one. Later, the Constitutional Chamber, in votes 2063 of 02/14/2007, 4517 of 03/28/2007, and 8457 of 04/07/2007, declared unconstitutional and annulled the cited Regulation and the Executive Decrees that transferred national reserve lands to the IDA for land titling projects (27726 of 22 December 1998, 27861 of 12 March 1999, 28743, 28744, 28745, and 28746 all of 12 June 2000), on the basis of which the Titling Programs were executed. In compliance with the ruling, the IDA requested the cancellation of the registration before the Real Property Registry of the farms in its name, related to the annulled regulations.\n\nVII.- The Attorney General's Office is also not correct in its claim that because there is forest cover (cobertura boscosa) (4.72 hectares) on the land to be titled, said area becomes Natural Heritage of the State, under the terms of articles 13 and 14 of Forestry Law 7575, with demanial character, so that private possession over them is not possible, even if the registration in the name of [Nombre11] has been closed, as it claims that this did not disaffect the lands with forest. On this topic, it must be kept in mind that private persons enjoy the right to register lands with forest cover, inside or outside protected wilderness areas, provided they meet all the legal requirements demanded by the various applicable normative bodies (see in this regard vote 51 of 05/26/1995 of the First Chamber). Given the arguments of the appellant party, it is important to clarify that the Natural Heritage of the State is \"constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of their patrimony\" (article 13 Forestry Law). Said forest lands and forests are indeed unseizable and inalienable (article 14 ibid.). Their possession by private persons does not grant them a real right of a private nature, and the State's action to recover those lands (acción reivindicatoria) is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Real Property Registry through possessory information (article 33 ibid.). For its part, article 7 of the Law of Possessory Information allows the titling of forested zones, requiring as specific requisites (additional to the general ones of the Law of Possessory Information) the demonstration of the legal rights of ten-year possession, having protected the natural resource, and that the property is duly demarcated and with fences or clean trails. In this way, it must be concluded that the cited article 7 contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands included in protected wilderness areas. In these cases, the norm allows titling provided that the property right was consolidated at least ten years before the declaration of the protected wilderness area, since such areas form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside protected wilderness areas that have forests. In this case, the norm only requires that the petitioner demonstrate \"being the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clean trails.\" It does not specify, as happens with protected wilderness areas, that the possession must be prior to ten years before the declaration of forest heritage of the State, first made in the repealed Forestry Law 4465. This is understandable, since otherwise it would be contradictory to what the legislator permitted in this regard. That is, if its intention had been not to permit the titling of those forested zones after the enactment of the Forestry Law of 1969 (which contains the first declaration of forest heritage of the State), the correct thing would have been not to include or not to permit this second scenario. But as analyzed, a different position was maintained. Consequently, it must be concluded, unlike the criterion of the PGR, that article seven of the Law of Possessory Information (modified upon the issuance of the current Forestry Law 7575), expressly authorized the titling of forested properties through this type of process.\n\nVIII.- Regarding the application and interpretation of the cited article 7 of the Law of Possessory Information, this Tribunal has highlighted: \"The constitutionality of said norm and of the interpretation given at some time by this Tribunal was questioned on constitutional grounds, a proceeding that generated the issuance of vote of the Constitutional Chamber 4587-97, precisely cited by the appellant. In said vote, the Chamber declared the constitutionality of the norm, maintaining its validity. In view of such a situation, the proper course in this case is to confirm what was resolved by the Judge, since the petitioner accredited compliance with the requisites set forth in that article, namely: ten-year possession, protection of the natural resource, and delimitation of the property by means of fences or clean trails” (vote 573 of 2009). Likewise, the Constitutional Chamber again rejected the consultation of unconstitutionality against article 7 of the Law of Possessory Information, said norm and its effects remaining in force (vote 1667 of 01/27/2010). In relation to the explanation, as accepted by the appellant party and as held as proven, which was duly substantiated in considerando V of the appealed judgment, the witnesses [Nombre6], [Nombre9], and [Nombre8] stated they had known the land for more than 30 years and confirmed that the title holder, adding the possession of the transferor, has been in possession of it for more than 40 years, in a manner suitable to formalize his title of ownership.\n\nIX.- In accordance with the explanation and what is indicated in the appealed judgment regarding the fulfillment of the requisites required by law to title the property, which were not objected to by the PGR, its appeal is unfounded. It is therefore proper to uphold the judgment in what was the subject of appeal.\n\nPOR TANTO\n\nIn the appealed aspects, judgment 95 of 21 July 2021 is upheld."
}