{ "id": "nexus-sen-1-0034-1128667", "citation": "Res. 00424-2022 Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Improcedencia de integrar al Estado en litis por expropiación de tierras en reserva indígena", "title_en": "State Need Not Be Joined in Expropriation Suit for Indigenous Reserve Lands", "summary_es": "El Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda confirma el rechazo de la excepción de falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario. El INDER pretendía que se integrara al Estado, a la Asociación de Desarrollo Indígena de Quitirrisí y al SINAC en un proceso donde una empresa demandada reconvino al INDER y a CONAI por omisión en el trámite expropiatorio de tierras dentro de la reserva indígena. La mayoría del tribunal sostiene que, en procesos civiles de hacienda, la parte actora y reconviniente definen contra quién dirigen su acción, salvo que la ley imponga la integración. Bajo la Ley Indígena, la obligación de expropiar recae exclusivamente en el INDER, con coordinación de CONAI; el origen de los fondos es un asunto de coordinación administrativa interna. Tampoco procede integrar a la asociación, pues CONAI la representa, ni al SINAC, ya que la afectación ambiental de la zona no guarda relación directa con la pretensión indemnizatoria. El juez González Vilchez salva el voto, considerando que el Estado sí debe ser parte por financiar las indemnizaciones según el artículo 5 de la Ley Indígena.", "summary_en": "The Court of Appeals for Administrative and Civil Tax Matters upholds the denial of the defense of failure to join necessary parties. INDER sought to join the State, the Quitirrisí Indigenous Development Association, and SINAC in a case where a defendant company counterclaimed against INDER and CONAI for failing to conduct expropriation proceedings for lands within the indigenous reserve. The court majority holds that in civil tax matters, the plaintiff and counterclaimant decide against whom to direct their action, unless joinder is required by law. Under the Indigenous Law, the obligation to expropriate falls exclusively on INDER, in coordination with CONAI; the source of funds is a matter of internal administrative coordination. The association need not be joined because CONAI represents its interests, and SINAC’s involvement is unwarranted because the environmental status of the land is not directly relevant to the compensation claim. Judge González Vilchez dissents, arguing the State must be joined because it finances indemnifications under Article 5 of the Indigenous Law.", "court_or_agency": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "date": "25/11/2022", "year": "2022", "topic_ids": [ "indigenous-law-6172", "property-and-titling" ], "primary_topic_id": "indigenous-law-6172", "es_concept_hints": [ "litisconsorcio pasivo necesario", "proceso civil de hacienda", "Ley Indígena N° 6172", "reconvención", "omisión de conducta debida", "demanio público", "CONAI" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 5", "law": "Ley 6172" } ], "keywords_es": [ "litisconsorcio pasivo necesario", "Ley Indígena", "INDER", "CONAI", "expropiación", "territorio indígena", "proceso civil de hacienda", "indemnización", "Quitirrisí", "SINAC", "reconvención", "omisión expropiatoria" ], "keywords_en": [ "necessary joinder", "Indigenous Law", "INDER", "CONAI", "expropriation", "indigenous territory", "civil tax matter", "indemnification", "Quitirrisí", "SINAC", "counterclaim", "expropriation omission" ], "excerpt_es": "VI: EN CUANTO AL FONDO: El tema traído a discusión por el Instituto de Desarrollo Rural ha sido motivo de discusión en múltiples ocasiones por este Tribunal... En ese contexto la parte actora y la reconventora consideró exigir lo debido -en forma exclusiva- a quien ya aparece como sujetos pasivos. La discusión de cuál es la proveniencia de los fondos con los cuales deberá cancelarse los extremos peticionados por el actor, son aspectos propios de la coordinación administrativa como ya se adelantó; la parte recurrente pretende traer al Estado con el único fin de evitar esa actividad, lo que jurídicamente no tiene sentido. Esta tesis además la ha delimitado la Sala Primera... no existe necesidad de involucrar en el litigio al Estado, pues el ejercicio de la competencia cuya omisión reclamó el actor... corresponde al INDER en coordinación con el CONAI, no así al Estado...\nEn virtud de lo anterior, se confirma la decisión apelada.", "excerpt_en": "VI: ON THE MERITS: The issue raised by the Rural Development Institute has been discussed repeatedly by this Court... In this context, the plaintiff and the counterclaimant chose to demand what is owed exclusively from those already named as defendants. The question of where the funds to pay the petitioner’s claims will come from is a matter of internal administrative coordination, as noted; the appellant seeks to bring in the State solely to avoid that process, which makes no legal sense. This view has been endorsed by the First Chamber... there is no need to involve the State in the litigation, because the duty whose omission the plaintiff alleges... belongs to INDER in coordination with CONAI, not to the State...\nFor these reasons, the appealed decision is affirmed.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The appeal is denied; the court upholds the refusal to join the State, the indigenous association, or SINAC as necessary parties.", "summary_es": "Se confirma el rechazo de la excepción de falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario, sin integrar al Estado, la asociación indígena ni al SINAC." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI", "quote_en": "The question of where the funds will come from... is a matter of internal administrative coordination... the appellant seeks to bring in the State solely to avoid that process, which makes no legal sense.", "quote_es": "La discusión de cuál es la proveniencia de los fondos... son aspectos propios de la coordinación administrativa... la parte recurrente pretende traer al Estado con el único fin de evitar esa actividad, lo que jurídicamente no tiene sentido." }, { "context": "Considerando VI (cita de Sala Primera)", "quote_en": "There is no need to involve the State in the litigation, because the duty whose omission the plaintiff alleges... belongs to INDER in coordination with CONAI, not to the State.", "quote_es": "No existe necesidad de involucrar en el litigio al Estado, pues el ejercicio de la competencia cuya omisión reclamó el actor... corresponde al INDER en coordinación con el CONAI, no así al Estado." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "In civil tax matters... the party who sues defines against whom they direct their action and assumes the positive or negative consequences of that decision.", "quote_es": "En procesos civiles de hacienda... la parte quien demanda es quien define contra quien endereza su acción y asume las consecuencias positivas o negativas de tal decisión." } ], "cites": [ { "id": "norm-72582", "citation": "Ley 9036", "title_en": "Law Transforming IDA into INDER and Creating the Technical Secretariat for Rural Development", "title_es": "Ley de Transformación del IDA en INDER y Creación de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural", "doc_type": "law", "date": "11/05/2012", "year": "2012" } ], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-38110", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 6172 Art. 5" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1128667", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda\n\nResolución Nº 00424 - 2022\n\nFecha de la Resolución: 25 de Noviembre del 2022 a las 07:30\n\nExpediente: 15-002620-1027-CA\n\nRedactado por: No indica redactor\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Pueblos Indígenas\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo\n\nTema: Litisconsorcio en el proceso contencioso administrativo\n\nSubtemas:\n\nImprocedencia de integrar al Estado en procesos indemnizatorios de terrenos ubicados dentro de reservas indígenas.\nImposibilidad de dictar sentencia de fondo sin su debida integración en el pasivo necesario.\n\nTema: Comunidad indígena\n\nSubtemas:\n\nImprocedencia de integrar al Estado en procesos indemnizatorios de terrenos ubicados dentro de reservas indígenas.\n\n\"VI:  EN CUANTO AL FONDO: El tema traído a discusión por el Instituto de Desarrollo Rural ha sido motivo de discusión en múltiples ocasiones por este Tribunal, en ambas Cámaras y en diferentes integraciones; y si bien, al inicio generó algunas resoluciones contradictorias, en los últimos años, presenta una resolución idéntica, aún cuando siempre subsiste un voto disidente. Como primer aspecto considera la parte que si bien bien el proceso técnicamente no es un proceso civil de hacienda, al amparo de los artículos doce inciso tres y cuatro, con relación al veintidós del Código Procesal Civil (aunque se cita el ciento seis del mismo cuerpo normativo que fue derogado hace cuatro años) debe integrarse la litis.  Con respecto a los procesos civiles de hacienda, ha sido la postura reiterada de esta Cámara el señalar que la parte quien demanda es quien define contra quien endereza su acción y asume las consecuencias positivas o negativas de tal decisión no siendo aplicables ninguna de las normas antes indicadas, salvo la integración por imperio de ley. En ese plano no es posible considerar una integración de litis como lo pretende la accionada, aspecto que se le ha indicado ya en ocasiones anteriores, motivo por el cual no vemos necesario volver a ahondar sobre el tema, cuando el mismo ente reconoce la existencia de esa posición, solamente que no la comparte, y como una postura -conveniente a sus intereses- considera que no debe aplicarse. En ese sentido, se ha hecho ver que son dos aspectos muy diferentes el tema del origen de los fondos, con respecto a la integración de la litis. El proceso será declarado con lugar, si a juicio del Tribunal de sentencia el mérito de los autos así lo amerita, si el dinero para cancelar cualquier indemnización debe provenir de las rentas propias del INDER, o si debe realizar las coordinaciones de estilo con el Estado central, y con ello procurar que se incluya una partida en el presupuesto nacional, es un tema que ni a la actora, ni a la reconventora le resulta de interés o relevancia, sino que es tópico propio de la coordinación administrativa. El  único interesado en hacer más sencillo el trámite es el INDER, quien no quiere verse en dicho trámite. En consecuencia, dicho agravio no lleva razón de ser y debe ser rechazado.  Los argumentos vertidos en el agravio, de que la demanda o la reconvención, debió ser dirigida hacia el Estado y no hacia los accionados, por diferentes motivos que expone el ente recurrente. Si bien, ambos aspectos pese a lo interesantes que son, su conocimiento corresponde al Tribunal sentenciador, sea por una falta de legitimación activa, pasiva o carencia de derecho; pues como se indicó son otros los factores que determinan una integración de litis, motivo por el cual deben ser rechazados. Dejado eso de lado, alega el recurrente durante la expresión de agravios, en síntesis, que el Estado debe intervenir en el proceso, porque es quien en definitiva suministrará los fondos con los que se satisfará lo pretendido, debiendo además velar que no se desnaturalicen, pagando tierras que no deberían ser indemnizadas con esos dineros y comprobando que la persona beneficiada con la sentencia tenga verdaderamente el derecho a lo que solicita. Respecto a la posición del ente recurrente, este Tribunal, discrepa de los planteamientos esbozados, tomando en consideración que la pretensión y la teoría del caso del actor implica una obligación de hacer (nacida en un reclamo por omisión de conducta debida), aunado a un tema civil de hacienda, que se traduce en una indemnización (daños y perjuicios), esta última es la base de la reconvención. El enfoque del accionante, en un contexto típico de responsabilidad, es que el INDER es el obligado a la conducta administrativa y, además, a su aspecto pecuniario, según la Ley Indígena. Precisamente subyace la discusión -que deberá ser resuelta en sentencia- acerca de un pago insatisfecho, el cual se origina en una obligación de hacer, señalada como incumplida. En ese contexto la parte actora y la reconventora consideró exigir lo debido -en forma exclusiva- a quien ya aparece como sujetos pasivos. La discusión de cuál es la proveniencia de los fondos con los cuales deberá cancelarse los extremos peticionados por el actor, son aspectos propios de la coordinación administrativa como ya se adelantó; la parte recurrente pretende traer al Estado con el único fin de evitar esa actividad, lo que jurídicamente no tiene sentido. Esta tesis además la ha delimitado la Sala Primera, para casos como el actual, indicando: \"VI.- (...) La Ley no. 2825 del 8 de diciembre de 1962 creó el Instituto de Tierras y Colonización. Mediante la Ley no.6735 del 29 de marzo de 1982, ese Instituto se transformó en el Instituto de Desarrollo Agrario, que en su artículo 1 se definió como una “institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa.”. Esta última, a su vez, sufrió una reciente reforma, pues la Ley no. 9036 del 29 de mayo de 2012, transformó el IDA en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), pero su artículo 14, mantuvo literalmente la norma transcrita anteriormente, esto es, constituye una institución autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa. Como institución autónoma que es, dado que conforme al artículo 5 supra citado, le corresponde la expropiación de los terrenos ubicados en reservas indígenas, bajo la posesión o propiedad de personas no indígenas, es claro que no existe necesidad de involucrar en el litigio al Estado, pues el ejercicio de la competencia cuya omisión reclamó el actor (que no ha sido expropiado), corresponde al INDER en coordinación con el CONAI, no así al Estado. El que la incorporación de los territorios a la reserva fuera dispuesto por vía decreto, no merma lo dicho hasta acá, pues corresponde al INDER, en coordinación con el CONAI, asumir las competencias dotadas por ley para la tutela de tales terrenos orientados a la protección de la población indígena. Así las cosas, no se constata el defecto en la integración de la litis que refiere respecto del Estado\" (SALA PRIMERA. Voto N° 001604-F-S1-2012 DE 9:00 horas de 6 de diciembre de 2012). El INDER invoca a su favor una serie de resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Sala Primera en su favor, sobre las primeras, es de precisar que respetamos dichas posturas pero no las compartimos, mientras que en lo atinente a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, uno de los expedientes no corresponde al supuesto que ahora se conoce, y los remanentes, son posiciones que hace ya varios años fueron abandonadas. De manera que los antecedentes jurisprudenciales no son de recibo, debiendo ser rechazado. Con respecto a la integración de la asociación de desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Quitirrisí de Mora, se requiere su integración en tanto podría generarse una cantidad de aumento del terreno que debe administrar.  Al respecto el Tribunal puede comprender que en cuanto la decisión puede afectar a más agrupaciones indígenas, es de recordar la naturaleza de los terrenos aborígenes, los que en principio son bienes demaniales y consecuentemente, las diferentes entes públicos (o incluso privados como es el caso de las asociaciones de pueblos autóctonos) no son más que administradores de dichos bienes. En el expediente esta representado el por la CONAI, quien esta llamados a ejercer todas las acciones en beneficio de todas las agrupaciones aborígenes, sin perjuicio de las acciones que estas pueden ejercer por su propia cuenta. En dichos términos el agravio carece de todo sustento. Por último en lo que corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para nadie es un secreto que la mayoría de los territorios autóctonos presentan una doble afectación, por un lado la ambiental, en tanto dichos grupos humanos presentan una convivencia más armónica, lo que determina la proliferación de la flora y la fauna propia de la zona, aspecto en el cual cumplen un papel preponderante en el equilibrio con el medio ambiente.  Por el otro, tienen una forma de vida que lleva incluido una cultura milenaria, que merece respeto. En ese sentido de prosperar la gestión de la acción actora, nada impide que el Estado, eventualmente realice una valoración desde dos ángulos sobre un bien afecto al demanio público. Eso no impide a que si el SINAC ha realizado estudios y llegado a la conclusión que debe realizar una afectación diversa, bien puede instaurar la acción que tenga a bien mediante el respectivo proceso, sin que sea necesario integrarlo al actual. Retomando la base para la integración de la litis, como se indicó en el considerando precedente esta solo tiene sustento por dos motivos, el primero de ellos por la relación jurídico material, la que se extrae de la relación de hechos y por la pretensión, siendo que ni uno ni otro esta orientada hacia al Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación o hacia la Asociación que se pretende incluir como accionada ni en la acción ni en reconvención. No dando base para variar lo resuelto.  El otro motivo, es cuando por imperio de ley se deba integrar, pero ni el Estado, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación o la Asociación presentan norma alguna que sustente tal afirmación. Es evidente que la Asociación tiene un interés en la devolución de los terrenos en discusión, pero sobre la existencia de la expropiación y un eventual pago por este concepto son aspectos cuya relevancia es indirecta o inexistente. Lo pretendido para la representación del ente representativo de los aborígenes ya esta cumplido por imperio de ley, de suerte que no requiere apersonarse al proceso. Los restantes argumentos, como ya se adelantó no permiten variar lo resuelto, en tanto los motivos para la integración pasiva necesaria no son los mismos que permiten orientar la demanda en favor de una u otra parte, motivo por el cual deben ser rechazados. En virtud de lo anterior, se confirma la decisión apelada [...]\".\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\n\n \n\nEXPEDIENTE: 15-002620-1027-CA\n\nASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO\n\nACTOR: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE QUITIRRISÍ\n\nDEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL E INVERSIONES HIDALGO ÁLVAREZ S. A.\n\n \n\nN° 0424-2022-II\n\n \n\nTRIBUNAL DE APELACIONES DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Segundo Circuito Judicial de San José, Dirección19654 .  , a las siete horas treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.\n\nExcepción de falta de integración del litis consorcio pasivo necesario, dentro del proceso de conocimiento establecido por la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE QUITIRRISÍ contra   la COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en adelante INDER) E Nombre164051   . . con reconvención de Nombre164051   . . contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL.  Se conoce recurso de apelación en contra del auto número 1310-2022 de las 15:25 del nueve de agosto de dos mil veintidós, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.\n\nCONSIDERANDO:\n\n \n\nI.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: Para el dictado de esta resolución se tiene por acreditado lo siguiente: \"A) La   representación del Instituto de Desarrollo Rural interpuso la defensa de Indebida integración de la litis, pidiendo fuera integrados al proceso, la  la Asociación de Desarrollo Integral de Quitirrisí de Mora, El Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ver expediente electrónico). B) Mediante resolución 1310-2022 de las quince horas con veinticinco minutos de nueve de agosto de dos mil veintidós, del Tribunal Contencioso Administrativo resolvió: \"Se rechaza la defensa previa de integración de litis consorcio pasivo necesaria interpuesta por la representación del INDER\" (Ver expediente electrónico). C) Frente a esta determinación la representación del INDER interpuso recurso de apelación (Ver expediente electrónico). D) Por resolución de las once horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós (Ver expediente digital).\n\nII.- SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO: Como fundamento del recurso, expone el apelante:\n\n\"Si bien, según parte de la corriente jurisprudencial, al ser un proceso Civil de Hacienda, el actor tiene la facultad de demandar a quien le interese, lo cierto es que la ley de fondo y formal en materia de territorios indígenas, ya establece expresamente responsabilidades y funciones a cada institución Estatal y al Estado mismo. // Por su parte, el instituto del litis consorcio procura garantizar la correcta formación del contradictorio procesal ya que al ser indivisible la relación sustancial, es indispensable en lo que ataña a la parte demandada, que al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda contradecir la pretensión deducida. // De manera que, con fundamento en los artículos 12 incisos 3 y 4 CPCA + 106 C. Procesal Civil que establece la necesidad de integrara la litis cuando .... En virtud de que existe una relación jurídica material entre las pretensiones de la demanda y el carácter funcional de las partes que se pretende integrar es que, deriva la importancia de la litis consorcio se integre debidamente, toda vez que de lo contrario no podrá conocerse el fondo del asunto. //  A) CON RESPECTO AL ESTADO: A través del tiempo, en el trámite judicial de los procesos de esta naturaleza relacionadas a territorios indígenas y solicitud de trámite de proceso expropiatorio, han sido constantes las tesis antagónicas de las partes, donde: los particulares, se mantiene que existe una responsabilidad compartida del INDER, CONAI (y en algunos casos, hasta si ha sido incluido el Estado) por la omisión de iniciar aquel tramite del proceso expropiatorio, el cual incluye todas las etapas; medicación, avaluó y pago, mientras que, tanto el INDER como el CONAI, se mantiene y han defendido repetidamente (en todas las etapas procesales de muchos casos judiciales) que -con relación a temas indígenas- la ley ya expresamente define responsabilidades y funciones a cada institucional estatal y al Estado tal cual. // De manera que, si bien podría existir responsabilidad en los tramites expropiatorios (que incluye mediación, censos, avalúos, entre otros), esta responsabilidad administrativa se cumple por parte del INDER, cuando a nivel institucional nace un estandarte nacional y, se pone en marca desde marzo de 2016, el denominado Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (en adelante Plan-RTI) en donde su objetivo principal es realizar aquellos tramites expropiatorios para la recuperación de esos terrenos, los cuales serían: 1) el levantamiento de información, 2) amojonamiento, 3) Consensos, 4) levantamiento topográfico. Lo cierto es que estos trámites expropiatorios no incluyen y no existe obligación en la relación del pago utilizando su propio presupuesto, pues es al EStado a quien, por disposición de la ley, se le establece las responsabilidades de: a) la obligación de inscripción en el Registro Público las reservas indígenas (de conformidad con el artículo 2 de la Ley Indígena). b) y la obligación de financiar y pagar las indemnizaciones (de conformidad con el artículo 5 de la Ley indígena y de la Ley de Expropiaciones). por su parte, la ley indígena en el artículo 5 establece: .... Como se desprende de la normativa supra citada, el artículo 5 de la Ley Indígena No. 6172, establece que los estudios y trámites de expropiación e indemnización en territorio indígena serán efectuados por el Instituto de Desarrollo Agrario actual Instituto de desarrollo Rural en coordinación con la CONAI, lo cierto del caso es que el artículo 5  es claro que también al establecer en el párrafo tercero que dichas expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas por el Estado, por lo que el pago de las expropiaciones deberá realizarlo el Estado. Es decir, al INDER únicamente le corresponde reubicar, expropiar, coordinar, no pagar, como se pretende.  // Es el Estado Costarricense quien tiene la obligación legal de aportar los recursos económicos como creadora de los territorios indígenas, rechazo lo indicado por el respetable tribunal que en caso de salir condenado el INDER debe asumir costos económicos de una sentencia condenatoria es temerario y bien es conocida la insolvencia económica institucional para hacer frente a estas demandas de los territorios indígenas. ..... Como lo indico la CGR el INDER está en un eminente peligro financiero ante la posibilidad de que se tenga que hacer erogaciones dinerarias por pago de las tierras sometidas a a territorios indígenas, es indispensable que se tenga como demandado en este proceso y en todos los que se tramitan en el Contencioso Administrativo al Estado..... De manera que, en virtud de que existe una relación jurídico material entre las pretensiones de la demanda y el carácter funcional del Estado quien es responsable de pagar o financiar esas indemnizaciones, se deriva la importancia de que la litis consorcio se integre debidamente, toda vez que de lo contrario no podrá conocederse el fondo del asunto. ...b)  CON RESPECTO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE QUITIRRISÍ DE mORA (ADI) // En relación con la ADI es imprescindible que la comunidad indígena y resulta evidentemente afectadas por las pretensiones del reconventor y la eventual determinación de un derecho a su favor pues ello podrá resultar en aumento de la cabida de los terrenos sobre los cuales ejercer posesión efectiva y les corresponder recibir y administrar; además surge una circunstancia particular en relación con su integración al proceso y es que al ser la ADI la parte actora (en la demanda principal) y hacerse integrado a la reconventora Nombre164051  . A. como codemandada ... a fin de lograr la identidad de las partes, debe Nombre164051  dirigir sus pretensiones hacia la ADI, tal como lo dispone el artículo 106 CPC....  d) CON RESPECTO AL SINAC: Siendo que el informe técnico AT-647-2015 concluye que existe afectación por la zona protectora de rodeo, resulta importante traer el proceso al SINAC para que valide la no afectación a sus intereses; téngase presente que, ni el INDER ni ninguno de los particulares de este proceso tiene la capacidad de determinar la afectación a Patrimonio Nacional del Estad, y por la naturaleza misma de los terrenos resulta importante este análisis por parte de la entidad competente. \" (Ver expediente digital).\n\n \n\nIII.- SOBRE LA POSICIÓN DE LA PARTE ASOCIACIÓN: Expone la representación de la asociación con respecto al punto:\n\n\"Respecto a la INCORPORACIÓN DEL ESTADO en el presente proceso debe rechazarse por lo siguiente: // PRIMERO: Para poder determinar las PARTES DENTRO DE UN PROCESO, se debe recurrir al ARTÍCULO 220 CPCA y en forma supletoria al ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, el cual nos habla de dos presupuestos: // SEGUNDO: La SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha resuelto también éste tema de la participación del Estado EN PROCESOS INDEMNIZATORIOS DE TIERRAS DENTRO DE RESERVAS INDÍGENAS, lo anterior mediante el VOTO NÚMERO 001604-F-S1-2012 DE LAS NUEVE HORAS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE:// En su CONSIDERANDO NÚMERO VI: en torno AL LITISCONSORCIO DEL ESTADO señala que el Inder es una INSTITUCIÓN AUTÓNOMA, DE DERECHO PÚBLICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO PROPIO E INDEPENDENCIA ADMINISTRATIVA por lo que no existe necesidad de involucrar al Estado, ya que únicamente es un obligación del INDER en coordinación con CONAI En EL CONSIDERANDO VIII la Sala es contundente: EN SU REPARO DE NATURALEZA DIRECTA al señalar: // “para la Sala es diáfano que corresponden al INDER, en lo que resulta de interés para este caso, las siguientes funciones: 1) reubicar a propietarios o poseedores de buena fe fuera de las reservas indígenas y; 2) expropiarlas e indemnizarlas si la reubicación no fuera posible. La particular forma que se ideó para la dotación financiera del fondo y su administración, no demérita que a la luz de la norma es claro que corresponde al Instituto demandado, en coordinación con el CONAI, realizar los trámites expropiatorios.” (La negrilla es nuestra) // La Sala Primera lo reafirma nuevamente con el VOTO NÚMERO 1443 DE LAS 13 HORAS 50 MINUTOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017, en su CONSIDERANDO V Y VI, donde señala el mismo argumento y al final indica: // “al no existir razones para variar de criterio, al constituir la Ley no. 6172 una normativa especial que le confiere el deber indemnizatorio al Inder y a la Conai; así como por las razones ya indicadas, el reparo en estudio, en cuanto a la integración de la litis con el Estado, debe ser denegado.” (La negrilla es nuestra) // TERCERO: Se puede apreciar EN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA que se incluyen dentro del presente Proceso de Conocimiento, NINGUNA VA DIRIGIDA CONTRA EL ESTADO, en ninguna se solicita su intervención o la realización de alguna conducta.Son el INDER Y LA CONAI, las que mantienen una CONDUCTA OMISIVA CONTINUA desde 1977, no así el ESTADO. Lo que se está solicitando en este proceso ES EL CUMPLIMIENTO DE UNA CONDUCTA OMISIVA DE PARTE DE CONAI Y EL INDER CONFORME EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY INDÍGENA Y EL ARTÍCULO 35 CPCA // CUARTO: Como consta en el expediente estamos ante un PROCESO CIVIL DE HACIENDA donde únicamente se viene a DILUCIDAR ASPECTOS ESTRICTAMENTE PATRIMONIALES O PECUNIARIOS de la administración por el INCUMPLIMIENTO DE UNA CONDUCTA OMISIVA, por lo que la  parte actora tiene la potestad de decidir a quién demanda y esta no tiene interés de que participe el Estado por lo anteriormente señalado en los puntos anteriores. // Respecto a la INCORPORACIÓN DEL SINAC en el presente proceso: // Con el fundamento legal anteriormente señalados y antecedentes jurisprudenciales, NI EL ESTADO, NI EL SINAC, NI NINGUNA OTRA INSTITUCIÒN DEBERÍAN incorporarse al presente proceso ya que lo que se solicita es el cumplimiento de UNA CONDUCTA OMISIVA CONFORME EL ARTÍCULO 5 LEY DE ASOCIACIONES, pero lamentablemente la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el VOTO 001250-F-S1-2021 de las once horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto del dos mil veintiuno señaló lo contrario. // En dicho voto la Sala anula una sentencia a favor de una persona propietaria registral y anterior a Ley Indígena al considerar que hay una INDEBIDA COMPOSICIÓN DE LA LITIS al indicar que debe incorporarse al SINAC ya que las propiedades que se encuentran en ZONAS PROTECTORAS como el caso de la Zona Protectora Cerros de Escazú donde está la propiedad objeto del presente proceso, forman parte de parte del PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO como un bien de dominio público cuya conservación y administración están encomendadas por ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC. // “Nótese que, el Área de Topografía del Inder, (folios 59 y 60 del expediente judicial) determinó que por medio del Oficio AT- 356-2014 del 05 de agosto 2014, que el plano SJ-1289536-2008-terreno que estaba discutiendo el actor, se encuentra afectado por el Área Silvestre Protegida Zona Protectora Cerros de Escazú. Es decir, que dicha Zona Protectora forma parte del Patrimonio Natural del Estado como un bien de dominio público cuya conservación y administración están encomendadas por ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación , SINAC, ….” (la negrilla y el subrayado es nuestro). // La Sala Primera al anular la sentencia fundamentado en lo arriba indicado comete un error muy grave y muy preocupante especialmente por ser el mayor tribunal del Poder Judicial respecto a ésta materia al considerar que Patrimonio Natural del Estado y Zona Protectora son lo mismo, lo cual es erróneo como paso a exlicar: // El PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO según el ARTICULO 13 LEY FORESTAL está constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, pertenecientes al Estado, Municipalidades, Instituciones Autónomas y demás organismos de la Administración Pública, SON ÁREAS DECLARADAS INALIENABLES Y DE DOMINIO PÚBLICO QUE PERTENECEN AL ESTADO. // Así lo dice artículo 13 de la LEY FORESTAL 7575 indica: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública,(la negrilla y el subrayado es nuestro).” // Por otro lado ZONA PROTECTORA son los bosques y terrenos de aptitud forestal que son de DOMINIO PRIVADO YA QUE TIENEN PROPIETARIOS PRIVADOS Y DEFINIDOS EN EL REGISTRO PÚBLICO, sometidas a un régimen forestal para regular la conservación, renovación, aprovechamiento de los recursos forestales y así lo señala el ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL AMBIENTE : // “Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre  y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos.(la negrilla y subrayado es nuestra) // La propiedad objeto de éste proceso forma parte de la ZONA PROTECTORA DE LOS CERROS DE ESCAZÚ, que afecta Alajuelita, Aserrí, Escazú, Santa Ana, Mora, Acosta y Puriscal, por lo que todas las propiedades que están en dicha zona para el criterio de la Sala Primera serían del Patrimonio Natural del Estado y serían INALIENABLES Y DE DOMINIO PÚBLICO lo cual sería una EXPROPIACIÓN DE HECHO, un ACTO DE CONFISCACIÓN y un ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, que atenta contra el artículo 45 de la Constitución Política y el artículo 21 inciso 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que sostiene que LA PROPIEDAD ES INVIOLABLE Y A NADIE SE LE PUEDE PRIVAR DE LA SUYA SIN PREVIA INDEMNIZACIÓN CONFORME A LA LEY. // En ningún momento debería incorporarse el SINAC en éste tipo de procesos y ha sido contante para el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ya que lo que se busca es cumplimiento omisivo de las demandadas conforme el artículo 5 de la Ley Indígena. // Además en una eventual indemnización en el presente proceso, en ningún momento está afectando las limitaciones establecidas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Minaet. // Pero ante éste gazapo y aberración jurídica de la Sala Primera y para no quedar en INDEFENSIÓN Y ATRAZAR el proceso, mi representada no tiene más opción que estar de acuerdo y solicitar su incorporación como TERCERO INTERESADO Y NO COMO PARTE DEL PROCESO PARA ASÍ EVITAR UNA EVENTUAL NULIDAD INJUSTIFICADA de parte de la Honorable Sala Primera de Justicia. // Respecto a la INCORPORACIÓN DEL ADI DE QUITIRRISÍ DE MORA en el presente proceso NOS OPONEMOS Y RECHAZAMOS que sea PARTE o TERCERO INTERESADO ya que como se ha expuesto anteriormente en los puntos arriba indicados, los que deben cumplir con la CONDUCTA OMISIVA CONFORME EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY INDÍGENA son el INDER y CONAI únicamente. // Además INVERSIONES HIDALGO que es la parte que contrademanda, tiene el derecho y la facultad de determinar a quien dirige su reconvención como paso a explicar: // PRIMERO: Como se puede apreciar EN LAS PRETENSIONES DE LA RECONVENCIÓN DE INVERSIONES HIDALGO que se incluyen dentro del presente Proceso de Conocimiento, NINGUNA VA DIRIGIDA CONTRA LA ASOCIACIÓN INDÍGENA, en ninguna se solicita su intervención o la realización de alguna conducta. Son el INDER Y LA CONAI, las que mantienen una CONDUCTA OMISIVA CONTINUA desde 1977, de no cumplir con el artículo 5 Ley Indígena, no la Asociación Indígena. // SEGUNDO: Es errónea la interpretación del apelante respecto al artículo 38 CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ya que lo que establece es una FACULTAD POR PARTE DEL ACTOR DE RECONVENIR O NO a los partes que considere necesario, y en el caso concreto Nombre164051  elige o determina a quien contrademandar. // ARTÍCULO 38.- Reconvención y réplica 38.1 Reconvención. El demandado podrá reconvenir al actor pero únicamente en el escrito donde conteste la demanda y podrá traer al proceso como reconvenido a quien no sea actor. // La demanda y la reconvención deberán ser conexas o ser consecuencia del resultado de la demanda. La reconvención deberá reunir los mismos requisitos del de la demanda. Si fuera defectuoso, se prevendrá su corrección en los mismos términos de la demanda. Salvo disposición legal en contrario, la reconvención solo será admisible en procesos ordinarios. (La negrilla y el subrayado es nuestro) // TERCERO: Para poder determinar las PARTES DENTRO DE UN PROCESO, se debe recurrir al ARTÍCULO 220 CPCA y en forma supletoria al ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, el cual nos habla de dos presupuestos: // A. Disposición de Ley // B. O por la naturaleza de la relación Jurídica material. // Respecto a la DISPOSICIÓN DE LEY, ésta no procede en éste caso ya que en ningún momento SE ESTA IMPÚGNANDO LA LEGALIDAD O NO DE UN ACTO ADMINISTRATIVO conforme el ARTÍCULO 12 DE CPCA SINO EL CUMPLIMIENTO DE UNA CONDUCTA OMISIVA. // Respecto a la NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN MATERIAL y con relación al presente proceso de Conocimiento, el artículo 5 de la Ley Indígena es claro al establecer que al ITCO, hoy INDER, y a la CONAI, se le establecieron una serie de obligaciones, SOLO A ELLOS, que son: // “ con respecto a personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el I.T.C.O., deberá reubicarlas en otras tierras similares si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas o no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiación. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el I.T.C.O., en coordinación con la CONAI”. El subyado y negrita es nuestro. // El ARTÍCULO 5 DE LA LEY INDÍGENA crea una RELACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA que únicamente involucra a las partes demandadas CONAI Y EL INDER. // CUARTO: La SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha resuelto también éste tema de la participación de quien tiene que estar presente EN PROCESOS INDEMNIZATORIOS DE TIERRAS DENTRO DE RESERVAS INDÍGENAS, lo anterior mediante el VOTO NÚMERO 001604-F-S1-2012 DE LAS NUEVE HORAS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE: // En su CONSIDERANDO NÚMERO VI: en torno AL LITISCONSORCIO DEL ESTADO señala que el Inder es una INSTITUCIÓN AUTÓNOMA, DE DERECHO PÚBLICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO PROPIO E INDEPENDENCIA ADMINISTRATIVA por lo que no existe necesidad de involucrar a nadie más ya que únicamente es un obligación del INDER en coordinación con CONAI. // En EL CONSIDERANDO VIII la Sala es contundente: EN SU REPARO DE NATURALEZA DIRECTA al señalar: // “para la Sala es diáfano que corresponden al INDER, en lo que resulta de interés para este caso, las siguientes funciones: 1) reubicar a propietarios o poseedores de buena fe fuera de las reservas indígenas y; 2) expropiarlas e indemnizarlas si la reubicación no fuera posible. La particular forma que se ideó para la dotación financiera del fondo y su administración, no demerita que a la luz de la norma es claro que corresponde al Instituto demandado, en coordinación con el CONAI, realizar los trámites expropiatorios.” (La negrilla es nuestra)// Por todo lo anterior dejo contestado la apelación presentada por el INDER.\" (Ver expediente digital).\n\n \n\nIV.- SOBRE LA POSICIÓN DE LA EMPRESA INVERSIONES HIDALGO ÁLVAREZ S. A.: La codemanda civil, señala al respecto de la integración de la litis:\n\n\"El suscrito, conocido en autos como el Apoderado Especial Judicial de la empresa INVERSIONES HIDALGO ÁLVAREZ S.A., me presento ante su Autoridad, en tiempo y en forma, a contestar la audiencia concedida en la resolución de las 11.55 horas del 19 de agosto de los corrientes, sobre el Recurso de Apelación interpuesto por el INDER en contra de la resolución No. 1310-2022 de las 15.25 horas del 9 de agosto pasado, dictada en forma oral durante la audiencia preliminar, como sigue: // No comparte esta representación lo alegado por el INDER recurrente, pues parece que no está dimensionando correctamente los extremos de la pretensión de la reconvención, o en otras palabras, está sobredimensionándolos más allá de los efectos que se pretenden en este proceso. Observen señores de este Tribunal, que lo que se pide en la reconvención, es el cumplimiento y ejecución de cuanto dispone el artículo 5º, parte primera, de la Ley Indígena No. 6172, y en concreto, que se realicen los estudios y trámites de expropiación por parte del Inder en coordinación con el CONAI, a efectos de que se establezca el monto indemnizatorio que se pagaría a mi representada. En razón de lo cual, no es cierto que exista una relación jurídica material, ni funcional, de las pretensiones de la reconvención respecto del ESTADO, y tampoco respecto de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Quitirrisí.// Es claro que si eventualmente, se acoge la pretensión de la reconvención en este proceso, entonces tendría que iniciarse el proceso de Expropiación, donde probablemente, sí serían parte el Estado -por la parte indemnizatoria que se determine y que deba ser cancelada-, y la Asociación dicha. Pero en este expediente, considerando las pretensiones planteadas en la reconvención interpuesta, no se requiere integrar la litis respecto del Estado, ni tampoco respecto de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Quitirrisí, porque reitero, no tienen relación jurídica material, ni funcional con las pretensiones planteadas. De ahí que no lleva razón la representante del INDER recurrente, y por tanto, el recurso planteado en esos aspectos, debe ser rechazado. // En cuanto a la Asociación dicha, cabe agregar que el hecho de que eventualmente, ésta sea la que vaya a ser dueña del inmueble del que mi representada, es hoy en día, la propietaria registral y poseedora real y efectiva, no implica que deba reconvenirse a la misma. Esa circunstancia es simplemente un efecto de la eventual expropiación -en el mejor de los casos- o confiscación -en el peor de los casos-, que sufra mi representada, por encontrarse dicho inmueble dentro del área que se ha definido como Reserva Indígena de Quitirrisí. Y no es cierto, en mi opinión profesional, independientemente de lo que se resolvió en su momento, en la resolución No. 106-2013- I del Tribunal Contencioso Administrativo, expediente No. 07-001117-0163-CA -citada por la recurrente-, que las Asociaciones de Desarrollo Indígena tengan injerencia en los procesos de análisis y determinación de las expropiaciones, como tales, porque estamos hablando de un inmueble que nunca antes ha sido expropiado, y esa obligación, según el mismo artículo 5º de la Ley Indígena, le corresponde a la CONAI. // Por último, sobre los alegatos de la recurrente para sustentar su reclamo de que se integre la litis en contra del Estado, debo señalar que si bien es entendible, por la dimensión económica que esto conlleva, no es éste ni el momento, ni el proceso para hacerlo valer. // Con relación a la necesidad de integrar la litis con el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), pido se rechace también el recurso entablado, toda vez que si bien existe un área de la finca de mi representada que fue afectada por el Decreto Ejecutivo No. 6112 publicado en fecha 17 de julio de 1976 -que delimitó la Zona Protectora El Rodeo-, la cual posteriormente fue ampliada por el Decreto Ejecutivo No. 14672 publicado en fecha 21 de julio de 1983 -que delimitó la Zona Protectora Cerros de Escazú-, es lo cierto que esa declaratoria implica solamente un sometimiento de esa porción de la finca al régimen forestal, sin que por ello, se esté perdiendo el derecho de propiedad privado o de dominio sobre la misma y se traslade a la administración del SINAC. Es claro que ese sometimiento al régimen forestal implica una limitación a una explotación irracional de los recursos forestales existentes y más bien, una protección a los mismos -zona protegida-, máxime que como se demostró oportunamente, con la prueba documental aportada con la reconvención, pruebas No. 5 a 16, las inscripciones de las fincas registrales que conforman la que hoy es la finca del Partido de San José, matrícula No. Placa33488, se remontan históricamente a fechas muy anteriores a la promulgación de los dos decretos ejecutivos antes relacionados. Por lo que no hay ninguna afectación a los intereses del SINAC. // Para mayor abundamiento, es importante reseñar lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto Ejecutivo No. 6112, que reza: “Las fincas debidamente inscritas en el Registro Público o amparadas por la posesión decenal dentro de los límites de las zonas protectoras quedan automáticamente sometidas al régimen forestal. Las labores que se fueran a realizar en estas fincas, deben contar con la autorización escrita de la Dirección General Forestal.” (El subrayado no es del original). // Y también el artículo 2º del Decreto Ejecutivo No. Placa33489, contiene términos similares, al estipular que: “Los inmuebles -estatales y privados- ubicados dentro de los linderos señalados por el artículo anterior, quedan obligatoriamente sometidos al régimen forestal. En consecuencia, únicamente se podrán realizar en dichas áreas labores que cuenten de previo con la autorización escrita de la Dirección General Forestal.” (El subrayado no es del original). // De ambas normas, claramente se deduce que la declaratoria de un área de la finca de mi representada, como zona protegida, por los Decretos Ejecutivos que establecieron la Zona Protectora El Rodeo y la Zona de Protección de los Cerros de Escazú, no implica una afectación demanial de esa área, sino solamente el sometimiento de la misma al régimen forestal. Es decir, una limitación al derecho de propiedad que tiene como efecto la racionalización del uso de los recursos forestales allí existentes - nótese que los bienes sujetos a este régimen no pasan a ser de dominio público, manteniéndose en la esfera patrimonial del propietario privado-. Y por tanto, al no existir ninguna relación material entre lo pretendido en la reconvención y una eventual afectación, modificación o declaración de algún modo respecto del régimen forestal dicho, debe declararse sin lugar la excepción opuesta de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria respecto del SINAC. // En conclusión, solicito se rechace en todos sus extremos, el Recurso de Apelación interpuesto, y se confirme la resolución No. 1310-2022 de las 15.25 horas del 9 de agosto del 2022, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de este circuito, durante la audiencia preliminar celebrada ese día\" (Ver expediente digital).\n\n \n\nV:  EN CUANTO A LA LITIS CONSORCIO PASIVO: Sobre la eventual existencia de un litis consorcio, resulta oportuno hacer referencia al voto de la Sala Primera  número 18 de las 14:30 horas del 27 de abril de 1994, en tanto indicó:\n\n“… IV.- El litisconsorcio es una de las figuras procesales de la pluralidad subjetiva que se caracteriza por situar al tercero (o los terceros) en una relación común con una de las partes, sea con la actora o la demandada, dándose el mismo objeto y la misma causa petendi, de manera que el actor pudo haber dirigido su acción contra el tercero directamente o conjuntamente con el demandado (litisconsorcio pasivo) o que varios sujetos tienen la misma pretensión respecto a otro (litisconsorcio activo) u otros (litisconsorcio mixto). La intervención de los litisconsortes puede darse de dos maneras: facultativa o necesaria. La facultativa corresponde al caso del ejercicio de la acción dirigida en forma conjunta, por quienes tienen las mismas pretensiones nacidas de un mismo título o que se funden en la misma causa, o cuando quien ostenta la pretensión dirige la misma contra todos aquellos que deben responder a ella. Por su parte el litisconsorcio necesario se da cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica, se exige que los sujetos a quienes afecta la resolución, actúen conjuntamente, como litisconsortes, de manera que queden vinculados al proceso y consecuentemente a los efectos de la sentencia. V.- El litisconsorcio necesario supone que para resolver el asunto han de estar presentes en el proceso todos aquellos sujetos a los que tal resolución fuere a afectar, de ahí entonces la facultad que se le confiere al Juez de declarar de oficio la existencia del litis consorcio necesario, no siendo entonces una simple defensa previa (artículo 298 Código Procesal Civil vigente), de uso únicamente por parte del demandado. El juez puede integrar el litis consorcio necesario .., y conforme al ... mismo cuerpo normativo le corresponde al juez tomar como medida de saneamiento, desde la admisión de la demanda y en las oportunidades que corresponda, integrar la litis consorcio necesario. El litis consorcio necesario implica la existencia de relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga a todos. La presencia de todos los sujetos es indispensable para que la relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia sobre el fondo de la misma (Sala Primera de la Corte número 72 de 15 horas del 3 setiembre 1982). El Código de Procedimientos Civiles derogado no contenía norma expresa sobre el litisconsorcio pasivo necesario, sin embargo, por interpretación del artículo 1º párrafo in fine de ese cuerpo normativo tradicionalmente se consideró que el mismo regulaba de manera indirecta la legitimatio ad causam activa y pasiva y su modalidad de litisconsorcio necesario.”\n\n \n\nEl artículo 66 inciso 1), del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece como una causa de inadmisibilidad de la demanda, en relación con los ordinales 58 y 61 ibídem, que los escritos de interposición de la acción tengan defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto; entre cuyos defectos la jurisprudencia ha señalado la litis consorcio pasivo necesaria.  Dicha situación se presenta cuando, para dictar sentencia, la misma debe referirse en contra de alguna persona que no se ha apersonado en autos por falta de instancia de la parte actora; o bien sea, cuando el pronunciamiento debe afectar los derechos o intereses de alguien que no ha sido traído al proceso para que se entere del mismo, y en su oportunidad, defienda su posición.  Al efecto la doctrina ha considerado tal situación, en condiciones idénticas a la jurisprudencia, al identificarlo como \"la pluralidad de partes principales, unidas en su actuación procesal, bien demandantes (litisconsorcio activo), demandadas (litisconsorcio pasivo) o demandantes y demandadas (litisconsorcio mixto)\" [Nombre31309  (Nombre304), Comentarios a la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, Madrid, Editorial Civitas, 1ra.Edic., 1978, pag.463]. Así, el litis consorcio pasivo necesario hace referencia a la imperiosa necesidad de que en un proceso figuren como demandados todos aquellos sujetos a quienes eventualmente podrían afectarles la decisión judicial que por el fondo se adopte. Este instituto se encuentra regulado en el artículo 22 del Código Procesal Civil vigente, al señalar:\n\n\"ARTÍCULO 22.- Pluralidad de partes y personas \n\n22.1. Litisconsorcio necesario. Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica material, la decisión deba hacerse con varias personas, estas deberán demandar o ser demandadas en el mismo proceso.// Los tribunales ordenarán a la parte que dentro de cinco días amplíe su demanda o contrademanda contra quienes falten, bajo el apercibimiento de dar por terminado el proceso en cuanto a la demanda o contrademanda, según corresponda. // El demandante, al integrar la litis, solo podrá añadir a las alegaciones de la demanda inicial aquellas otras imprescindibles para justificar las pretensiones contra los nuevos demandados, sin alterar sustancialmente lo pedido. \"\n\n \n\nEn cuanto a la relación jurídica material poco dice el Código Procesal Contencioso Administrativo, pero en cuanto a la integración por imperio de ley señala el canon doce de ese cuerpo normativo:\n\n\"ARTÍCULO 12.-\n\nSe considerará parte demandada:\n\n1) La Administración Pública autora de la conducta administrativa objeto del proceso, salvo cuando se trate de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; en este caso, se demandará al Estado.\n\n2) Los órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de la conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o el  ente al que se encuentren adscritos.\n\n3) Las personas físicas o jurídicas que hayan derivado derechos e intereses legítimos de la conducta administrativa objeto del proceso.\n\n4) Cualquier otra persona que haya sido llamada al proceso como responsable, en su carácter funcional o personal.\n\n5) La Contraloría General de la República:\n\na) Conjuntamente con el Estado, cuando el proceso tenga por objeto la conducta administrativa de aquella, relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal.\n\nb) Conjuntamente con el ente fiscalizado, cuando el proceso tenga por objeto una conducta administrativa sometida a su control, en el ejercicio de sus potestades de fiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública.\n\n6) Cuando una entidad dicte algún acto o disposición que, para su firmeza, requiera  previo control, autorización, aprobación o conocimiento, por parte de un órgano del Estado o de otra entidad administrativa, se tendrá como parte demandada:\n\na) El Estado o la entidad que dictó el acto o la disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización ha sido aprobatorio.\n\nb) La entidad que ha ejercido la fiscalización, si esta no ha aprobado el acto o la disposición.\n\n7) Cuando una entidad dicte algún acto o disposición, que en virtud de un recurso administrativo no jerárquico -facultativo u obligatorio- deba ser conocido por parte de un órgano del Estado o de otra entidad administrativa, se tendrá como parte demandada:\n\na) El Estado o la entidad que dictó el acto, cuando este ha sido confirmado.\n\nb) La entidad que, conociendo el recurso, anula, revoca o reforma la conducta cuestionada.\n\n8) Si el demandante funda sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte demandada a la Administración autora de esta, aunque la actuación recurrida no procede de ella.\"\n\n \n\nAhora bien, como ya se ha adelantado, según el caso, puede tratarse de una situación simple o facultativa, cuando se produce por voluntad de las partes, o necesaria cuando es efecto de la imposición de la ley.  Sobre el tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido:\n\n \"I.-  Todos los procesos, según los antecedentes que les asistan, pueden dar lugar a que en ellos intervengan pluralidad de sujetos -relación procesal plural o múltiple-, lo cual se puede manifestar en dos sentidos: como pluralidad por coordinación, sea cuando las partes se encuentran en un mismo plano o como pluralidad por subordinación cuando no lo están.  Corresponde al primer sentido dos figuras importantes dentro de la dinámica procesal: el litisconsorcio y la intervención de terceros; y en cuanto a la pluralidad por subordinación se debe incluir en ella la participación coadyuvante.  Pueden señalarse diversos tipos o clases de intervención de terceros, como lo son: a) Intervención voluntaria: cuando su participación en el proceso responde únicamente a su voluntad ostentando dentro del proceso un interés contrario al de una o ambas partes (entiéndase actor o demandado); b) Intervención adhesiva: cuando el sujeto acude al proceso o es llamado a él para intervenir en favor de una de las partes, y c) Intervención obligada: se trata de aquellos terceros cuyo derecho se puede calificar como paralelo al del actor o al del demandado. II.-  El litisconsorcio es una de las figuras procesales de la pluralidad subjetiva que se caracteriza por situar al tercero (o los terceros) en una relación común con una de las partes, sea con la actora o la demandada, dándose el mismo objeto y la misma causa petendi, de manera que el actor pudo haber dirigido su acción contra el tercero directamente o conjuntamente con el demandado (litisconsorcio pasivo) o que varios sujetos tienen la misma pretensión respecto a otro (litisconsorcio activo) u otros (litisconsorcio mixto).  La intervención de los litisconsortes puede darse de dos maneras: facultativa o necesaria. La facultativa corresponde al caso del ejercicio de la acción dirigida en forma conjunta, por quienes tienen las mismas pretensiones nacidas de un mismo título o que se funden en la misma causa, o cuando quien ostenta la pretensión dirige la misma contra todos aquellos que deben responder a ella. Por su parte la litisconsorcio necesario se da cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica, se exige que los sujetos a quienes afecta la resolución, actúen conjuntamente, como litisconsortes, de manera que queden vinculados al proceso y consecuentemente a los efectos de la sentencia.\" (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Nº 72 de las 15:00 horas del 13 de setiembre de 1982).-\n\n \n\nLa cual, según la situación en concreta, puede tratarse de una situación simple o facultativa, cuando se produce por voluntad de las partes, o necesaria cuando se produce por imposición de la ley.  Sobre el tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido: \n\n\"I.-  Todos los procesos, según los antecedentes que les asistan, pueden dar lugar a que en ellos intervengan pluralidad de sujetos -relación procesal plural o múltiple-, lo cual se puede manifestar en dos sentidos: como pluralidad por coordinación, sea cuando las partes se encuentran en un mismo plano o como pluralidad por subordinación cuando no lo están.  Corresponde al primer sentido dos figuras importantes dentro de la dinámica procesal: el litisconsorcio y la intervención de terceros; y en cuanto a la pluralidad por subordinación se debe incluir en ella la participación coadyuvante.  Pueden señalarse diversos tipos o clases de intervención de terceros, como lo son: a) Intervención voluntaria: cuando su participación en el proceso responde únicamente a su voluntad ostentando dentro del proceso un interés contrario al de una o ambas partes (entiéndase actor o demandado); b) Intervención adhesiva: cuando el sujeto acude al proceso o es llamado a él para intervenir en favor de una de las partes, y c) Intervención obligada: se trata de aquellos terceros cuyo derecho se puede calificar como paralelo al del actor o al del demandado. II.-  El litisconsorcio es una de las figuras procesales de la pluralidad subjetiva que se caracteriza por situar al tercero (o los terceros) en una relación común con una de las partes, sea con la actora o la demandada, dándose el mismo objeto y la misma causa petendi, de manera que el actor pudo haber dirigido su acción contra el tercero directamente o conjuntamente con el demandado (litisconsorcio pasivo) o que varios sujetos tienen la misma pretensión respecto a otro (litisconsorcio activo) u otros (litisconsorcio mixto).  La intervención de los litisconsortes puede darse de dos maneras: facultativa o necesaria. La facultativa corresponde al caso del ejercicio de la acción dirigida en forma conjunta, por quienes tienen las mismas pretensiones nacidas de un mismo título o que se funden en la misma causa, o cuando quien ostenta la pretensión dirige la misma contra todos aquellos que deben responder a ella. Por su parte la litisconsorcio necesario se da cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica, se exige que los sujetos a quienes afecta la resolución, actúen conjuntamente, como litisconsortes, de manera que queden vinculados al proceso y consecuentemente a los efectos de la sentencia.\" (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Nº 72 de las 15:00 horas del 13 de setiembre de 1982).-\n\n \n\nNo esta demás indicar que en tratándose de procesos civiles de hacienda, de forma reiterada la jurisprudencia ha señalado que no resulta posible la integración de la litis, salvo por imperio de ley, en tanto el derecho de accionar, es un derecho y como tal la parte escoge hacia que persona física o jurídica dirige su acción; asumiendo para si las consecuencias de tal decisión. Obligar a traer a una persona diferente es vulnerar el derecho de escogencia que le corresponde a la parte frente a quien ejerce su derecho.\n\nVI:  EN CUANTO AL FONDO: El tema traído a discusión por el Instituto de Desarrollo Rural ha sido motivo de discusión en múltiples ocasiones por este Tribunal, en ambas Cámaras y en diferentes integraciones; y si bien, al inicio generó algunas resoluciones contradictorias, en los últimos años, presenta una resolución idéntica, aún cuando siempre subsiste un voto disidente. Como primer aspecto considera la parte que si bien bien el proceso técnicamente no es un proceso civil de hacienda, al amparo de los artículos doce inciso tres y cuatro, con relación al veintidós del Código Procesal Civil (aunque se cita el ciento seis del mismo cuerpo normativo que fue derogado hace cuatro años) debe integrarse la litis.  Con respecto a los procesos civiles de hacienda, ha sido la postura reiterada de esta Cámara el señalar que la parte quien demanda es quien define contra quien endereza su acción y asume las consecuencias positivas o negativas de tal decisión no siendo aplicables ninguna de las normas antes indicadas, salvo la integración por imperio de ley. En ese plano no es posible considerar una integración de litis como lo pretende la accionada, aspecto que se le ha indicado ya en ocasiones anteriores, motivo por el cual no vemos necesario volver a ahondar sobre el tema, cuando el mismo ente reconoce la existencia de esa posición, solamente que no la comparte, y como una postura -conveniente a sus intereses- considera que no debe aplicarse. En ese sentido, se ha hecho ver que son dos aspectos muy diferentes el tema del origen de los fondos, con respecto a la integración de la litis. El proceso será declarado con lugar, si a juicio del Tribunal de sentencia el mérito de los autos así lo amerita, si el dinero para cancelar cualquier indemnización debe provenir de las rentas propias del INDER, o si debe realizar las coordinaciones de estilo con el Estado central, y con ello procurar que se incluya una partida en el presupuesto nacional, es un tema que ni a la actora, ni a la reconventora le resulta de interés o relevancia, sino que es tópico propio de la coordinación administrativa. El  único interesado en hacer más sencillo el trámite es el INDER, quien no quiere verse en dicho trámite. En consecuencia, dicho agravio no lleva razón de ser y debe ser rechazado.  Los argumentos vertidos en el agravio, de que la demanda o la reconvención, debió ser dirigida hacia el Estado y no hacia los accionados, por diferentes motivos que expone el ente recurrente. Si bien, ambos aspectos pese a lo interesantes que son, su conocimiento corresponde al Tribunal sentenciador, sea por una falta de legitimación activa, pasiva o carencia de derecho; pues como se indicó son otros los factores que determinan una integración de litis, motivo por el cual deben ser rechazados. Dejado eso de lado, alega el recurrente durante la expresión de agravios, en síntesis, que el Estado debe intervenir en el proceso, porque es quien en definitiva suministrará los fondos con los que se satisfará lo pretendido, debiendo además velar que no se desnaturalicen, pagando tierras que no deberían ser indemnizadas con esos dineros y comprobando que la persona beneficiada con la sentencia tenga verdaderamente el derecho a lo que solicita. Respecto a la posición del ente recurrente, este Tribunal, discrepa de los planteamientos esbozados, tomando en consideración que la pretensión y la teoría del caso del actor implica una obligación de hacer (nacida en un reclamo por omisión de conducta debida), aunado a un tema civil de hacienda, que se traduce en una indemnización (daños y perjuicios), esta última es la base de la reconvención. El enfoque del accionante, en un contexto típico de responsabilidad, es que el INDER es el obligado a la conducta administrativa y, además, a su aspecto pecuniario, según la Ley Indígena. Precisamente subyace la discusión -que deberá ser resuelta en sentencia- acerca de un pago insatisfecho, el cual se origina en una obligación de hacer, señalada como incumplida. En ese contexto la parte actora y la reconventora consideró exigir lo debido -en forma exclusiva- a quien ya aparece como sujetos pasivos. La discusión de cuál es la proveniencia de los fondos con los cuales deberá cancelarse los extremos peticionados por el actor, son aspectos propios de la coordinación administrativa como ya se adelantó; la parte recurrente pretende traer al Estado con el único fin de evitar esa actividad, lo que jurídicamente no tiene sentido. Esta tesis además la ha delimitado la Sala Primera, para casos como el actual, indicando: \"VI.- (...) La Ley no. 2825 del 8 de diciembre de 1962 creó el Instituto de Tierras y Colonización. Mediante la Ley no.6735 del 29 de marzo de 1982, ese Instituto se transformó en el Instituto de Desarrollo Agrario, que en su artículo 1 se definió como una “institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa.”. Esta última, a su vez, sufrió una reciente reforma, pues la Ley no. 9036 del 29 de mayo de 2012, transformó el IDA en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), pero su artículo 14, mantuvo literalmente la norma transcrita anteriormente, esto es, constituye una institución autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa. Como institución autónoma que es, dado que conforme al artículo 5 supra citado, le corresponde la expropiación de los terrenos ubicados en reservas indígenas, bajo la posesión o propiedad de personas no indígenas, es claro que no existe necesidad de involucrar en el litigio al Estado, pues el ejercicio de la competencia cuya omisión reclamó el actor (que no ha sido expropiado), corresponde al INDER en coordinación con el CONAI, no así al Estado. El que la incorporación de los territorios a la reserva fuera dispuesto por vía decreto, no merma lo dicho hasta acá, pues corresponde al INDER, en coordinación con el CONAI, asumir las competencias dotadas por ley para la tutela de tales terrenos orientados a la protección de la población indígena. Así las cosas, no se constata el defecto en la integración de la litis que refiere respecto del Estado\" (SALA PRIMERA. Voto N° 001604-F-S1-2012 DE 9:00 horas de 6 de diciembre de 2012). El INDER invoca a su favor una serie de resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Sala Primera en su favor, sobre las primeras, es de precisar que respetamos dichas posturas pero no las compartimos, mientras que en lo atinente a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, uno de los expedientes no corresponde al supuesto que ahora se conoce, y los remanentes, son posiciones que hace ya varios años fueron abandonadas. De manera que los antecedentes jurisprudenciales no son de recibo, debiendo ser rechazado. Con respecto a la integración de la asociación de desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Quitirrisí de Mora, se requiere su integración en tanto podría generarse una cantidad de aumento del terreno que debe administrar.  Al respecto el Tribunal puede comprender que en cuanto la decisión puede afectar a más agrupaciones indígenas, es de recordar la naturaleza de los terrenos aborígenes, los que en principio son bienes demaniales y consecuentemente, las diferentes entes públicos (o incluso privados como es el caso de las asociaciones de pueblos autóctonos) no son más que administradores de dichos bienes. En el expediente esta representado el por la CONAI, quien esta llamados a ejercer todas las acciones en beneficio de todas las agrupaciones aborígenes, sin perjuicio de las acciones que estas pueden ejercer por su propia cuenta. En dichos términos el agravio carece de todo sustento. Por último en lo que corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para nadie es un secreto que la mayoría de los territorios autóctonos presentan una doble afectación, por un lado la ambiental, en tanto dichos grupos humanos presentan una convivencia más armónica, lo que determina la proliferación de la flora y la fauna propia de la zona, aspecto en el cual cumplen un papel preponderante en el equilibrio con el medio ambiente.  Por el otro, tienen una forma de vida que lleva incluido una cultura milenaria, que merece respeto. En ese sentido de prosperar la gestión de la acción actora, nada impide que el Estado, eventualmente realice una valoración desde dos ángulos sobre un bien afecto al demanio público. Eso no impide a que si el SINAC ha realizado estudios y llegado a la conclusión que debe realizar una afectación diversa, bien puede instaurar la acción que tenga a bien mediante el respectivo proceso, sin que sea necesario integrarlo al actual. Retomando la base para la integración de la litis, como se indicó en el considerando precedente esta solo tiene sustento por dos motivos, el primero de ellos por la relación jurídico material, la que se extrae de la relación de hechos y por la pretensión, siendo que ni uno ni otro esta orientada hacia al Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación o hacia la Asociación que se pretende incluir como accionada ni en la acción ni en reconvención. No dando base para variar lo resuelto.  El otro motivo, es cuando por imperio de ley se deba integrar, pero ni el Estado, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación o la Asociación presentan norma alguna que sustente tal afirmación. Es evidente que la Asociación tiene un interés en la devolución de los terrenos en discusión, pero sobre la existencia de la expropiación y un eventual pago por este concepto son aspectos cuya relevancia es indirecta o inexistente. Lo pretendido para la representación del ente representativo de los aborígenes ya esta cumplido por imperio de ley, de suerte que no requiere apersonarse al proceso. Los restantes argumentos, como ya se adelantó no permiten variar lo resuelto, en tanto los motivos para la integración pasiva necesaria no son los mismos que permiten orientar la demanda en favor de una u otra parte, motivo por el cual deben ser rechazados. En virtud de lo anterior, se confirma la decisión apelada. \n\nVII:  VOTO SALVADO DEL JUEZ GONZÁLEZ VÍLCHEZ: Con el respecto a mis compañeros, salvo el voto, únicamente, en que considero que el Estado debe ser parte demandada en este asunto. Lo anterior se sustenta en el artículo 5 de la Ley Indígena, N°6172, en el cual se establece que el pago de las eventuales indemnizaciones que deban tramitarse por esa ley, se hará por medio de presupuestos generales de la República, y esto provoca, en mi criterio, que el Estado debe estar presente en este tipo de procesos, en caso de que, eventualmente, la demanda pueda ser declarada con lugar. En consecuencia, admito parcialmente el recurso de apelación, y ordeno integrar al Estado.\n\n POR TANTO:\n\nEn lo que es objeto de recurso, se  declara sin lugar el recurso de apelación instaurado, confirmándose el auto venido en alzada.  El Juez González Vilchez, salvo su voto únicamente en cuanto a la integración del Estado. Notifíquese. Otto González Vilchez, Alner Palacios García y Ricardo Madrigal Jiménez. Jueces.-\n\n \n\n\t\n\n\n*O6R7K3GH3ZS61*\nO6R7K3GH3ZS61\nRICARDO ANT. MADRIGAL JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n*ZDXMZRPHCT461*\nZDXMZRPHCT461\nALNER PALACIOS GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n*UBVYPQKOFYM61*\nUBVYPQKOFYM61\nOTTO GONZÁLEZ VILCHEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:39:10.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Grande**\n**Normal**\n**Pequeña**\n**Contentious-Administrative and Civil Treasury Appeals Tribunal**\n\n**Resolution No. 00424 - 2022**\n\n**Date of Resolution:** November 25, 2022 at 07:30\n\n**Case File:** 15-002620-1027-CA\n\n**Drafted by:** Drafter not indicated\n\n**Type of Matter:** Contentious-administrative ordinary proceeding\n\n**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n**Content of Interest:**\n\n**Strategic Topics:** Indigenous Peoples\n\n**Type of Content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** Contentious-Administrative Procedural Law\n\n**Topic:** Joinder of parties in the contentious-administrative proceeding\n\n**Subtopics:**\n\nImpropriety of joining the State in indemnification proceedings for lands located within indigenous reserves.\nImpossibility of issuing a judgment on the merits without its proper joinder as a necessary passive party.\n\n**Topic:** Indigenous community\n\n**Subtopics:**\n\nImpropriety of joining the State in indemnification proceedings for lands located within indigenous reserves.\n\n\"VI:  AS TO THE MERITS: The issue brought up for discussion by the Instituto de Desarrollo Rural has been a subject of discussion on multiple occasions by this Tribunal, in both Chambers and in different integrations; and although initially it generated some contradictory resolutions, in recent years, it has yielded an identical resolution, even though a dissenting vote always persists. As a first aspect, the party considers that although the proceeding is technically not a civil treasury proceeding, pursuant to articles twelve, subsections three and four, in relation to twenty-two of the Código Procesal Civil (although article one hundred six of the same normative body, which was repealed four years ago, is cited) the joinder of parties must be integrated. With respect to civil treasury proceedings, the reiterated stance of this Chamber has been to indicate that the party who sues is the one who defines against whom they direct their action and assumes the positive or negative consequences of such a decision, none of the aforementioned rules being applicable, except for joinder by operation of law. On that level, it is not possible to consider a joinder of parties as the defendant intends, an aspect that has already been indicated to it on previous occasions, which is why we do not see the need to delve deeper into the issue again, when the same entity recognizes the existence of that position, only that it does not share it, and as a stance—convenient to its interests—considers that it should not be applied. In that sense, it has been noted that the issue of the origin of the funds and the joinder of parties are two very different aspects. The proceeding will be declared with merit, if in the judgment of the sentencing Tribunal the merits of the case file so warrant; if the money to pay any indemnification must come from INDER's own revenues, or if it must carry out the standard coordination with the central State, and thereby ensure that an item is included in the national budget, is an issue that is of neither interest nor relevance to the plaintiff or the counterclaimant, but rather is a topic pertaining to administrative coordination. The only party interested in making the procedure simpler is INDER, which does not want to be involved in said procedure. Consequently, said grievance lacks merit and must be rejected. The arguments raised in the grievance, that the lawsuit or the counterclaim should have been directed toward the State and not toward the defendants, for different reasons that the appellant entity sets forth. Although both aspects, despite how interesting they are, are for the sentencing Tribunal to hear, whether due to a lack of active standing, passive standing, or lack of right; since, as indicated, it is other factors that determine a joinder of parties, which is why they must be rejected. Leaving that aside, the appellant alleges during the expression of grievances, in summary, that the State must intervene in the proceeding, because it is the one who will ultimately provide the funds with which the claim will be satisfied, and it must also ensure that they are not denatured, paying for lands that should not be indemnified with those monies and verifying that the person benefited by the judgment truly has the right to what they request. Regarding the position of the appellant entity, this Tribunal disagrees with the arguments outlined, taking into consideration that the plaintiff's claim and theory of the case implies an obligation to act (born from a claim for omission of due conduct), coupled with a civil treasury matter, which translates into an indemnification (damages and losses), the latter being the basis of the counterclaim. The plaintiff's approach, in a typical liability context, is that INDER is the party obligated for the administrative conduct and, additionally, for its pecuniary aspect, according to the Ley Indígena. Precisely underlying the discussion—which must be resolved in the judgment—is an unsatisfied payment, which originates from an obligation to act, indicated as unfulfilled. In that context, the plaintiff and the counterclaimant considered demanding what is owed—exclusively—from those who already appear as passive subjects. The discussion of what the provenance of the funds is with which the extremes petitioned by the plaintiff must be paid, are aspects pertaining to administrative coordination as already anticipated; the appellant party seeks to bring in the State for the sole purpose of avoiding that activity, which legally makes no sense. This thesis has also been delimited by the Sala Primera, for cases such as the present one, indicating: 'VI.- (...) Law No. 2825 of December 8, 1962 created the Instituto de Tierras y Colonización. Through Law No. 6735 of March 29, 1982, that Institute was transformed into the Instituto de Desarrollo Agrario, which in its Article 1 was defined as an \"autonomous institution of public law, with legal personality, its own patrimony and administrative independence.\" This latter, in turn, underwent a recent reform, since Law No. 9036 of May 29, 2012, transformed the IDA into the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), but its Article 14 literally maintained the previously transcribed norm, that is, it constitutes an autonomous institution, of public law, with legal personality, its own patrimony and administrative independence. As an autonomous institution that it is, given that in accordance with the aforementioned Article 5, it is responsible for the expropriation of lands located in indigenous reserves, under the possession or ownership of non-indigenous persons, it is clear that there is no need to involve the State in the litigation, since the exercise of the competence whose omission the plaintiff claimed (that he has not been expropriated), corresponds to INDER in coordination with CONAI, and not to the State. The fact that the incorporation of the territories into the reserve was ordered by decree does not diminish what has been said up to this point, since it corresponds to INDER, in coordination with CONAI, to assume the competences endowed by law for the protection of such lands oriented to the protection of the indigenous population. Thus, the defect in the joinder of parties that it refers to regarding the State is not verified' (SALA PRIMERA. Voto N° 001604-F-S1-2012 of 9:00 hours of December 6, 2012). INDER invokes in its favor a series of resolutions of the Tribunal Contencioso Administrativo and of the Sala Primera in its favor; regarding the former, it is necessary to specify that we respect those positions but do not share them, while with respect to what concerns the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia, one of the case files does not correspond to the scenario now known, and the remaining ones are positions that were abandoned several years ago. So that the jurisprudential precedents are not acceptable, and must be rejected. With respect to the joinder of the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Quitirrisí de Mora, its joinder is required insofar as an increase in the amount of land it must administer could be generated. In this regard, the Tribunal can understand that insofar as the decision may affect more indigenous groups, it is worth recalling the nature of aboriginal lands, which in principle are public domain assets (bienes demaniales) and consequently, the different public entities (or even private ones, as is the case of the associations of autochthonous peoples) are nothing more than administrators of said assets. In the case file, this is represented by CONAI, which is called upon to exercise all actions for the benefit of all aboriginal groups, without prejudice to the actions that these may exercise on their own account. In such terms, the grievance lacks all support. Finally, with respect to what corresponds to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, it is no secret to anyone that the majority of autochthonous territories present a double affectation, on the one hand the environmental one, insofar as said human groups present a more harmonious coexistence, which determines the proliferation of the flora and fauna typical of the area, an aspect in which they play a preponderant role in the balance with the environment. On the other, they have a way of life that includes a millenary culture, which deserves respect. In that sense, if the plaintiff's action were to prosper, nothing prevents the State from eventually carrying out an assessment from two angles on an asset affected to the public domain. That does not prevent that if SINAC has carried out studies and reached the conclusion that it must carry out a different affectation, it may well institute the action it deems appropriate through the respective proceeding, without it being necessary to join it to the current one. Returning to the basis for the joinder of parties, as indicated in the preceding recital, this only has support for two reasons; the first of them being the substantive legal relationship, which is extracted from the statement of facts and from the claim, being that neither one nor the other is oriented towards the State, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación or towards the Association that is sought to be included as a defendant, neither in the action nor in the counterclaim. Providing no basis to vary what was resolved. The other reason is when it must be joined by operation of law, but neither the State, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación nor the Association present any norm that supports such an assertion. It is evident that the Association has an interest in the return of the lands in dispute, but regarding the existence of the expropriation and an eventual payment for this concept, these are aspects whose relevance is indirect or non-existent. What is sought for the representation of the representative entity of the aborigines is already fulfilled by operation of law, so that it does not need to appear in the proceeding. The remaining arguments, as already anticipated, do not allow varying what was resolved, insofar as the reasons for the necessary passive joinder are not the same as those that allow orienting the lawsuit in favor of one party or another, which is why they must be rejected. By virtue of the foregoing, the appealed decision is confirmed [...]\".\n\n**... See more**\n**Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments**\n**Text of the resolution**\n\n**EXPEDIENTE: 15-002620-1027-CA**\n\n**MATTER: ORDINARY PROCEEDING**\n\n**PLAINTIFF: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE QUITIRRISÍ**\n\n**DEFENDANT: COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL AND INVERSIONES HIDALGO ÁLVAREZ S. A.**\n\n**No. 0424-2022-II**\n\n**CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY APPEALS TRIBUNAL. Segundo Circuito Judicial de San José, Dirección19654 . , at seven hours thirty minutes on November twenty-five, two thousand twenty-two.**\n\nException of lack of joinder of necessary passive litisconsortium, within the ordinary proceeding established by ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE QUITIRRISÍ against COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter INDER) AND Nombre164051   . . with counterclaim by Nombre164051   . . against INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. An appeal is heard against Order number 1310-2022 of 15:25 of August nine, two thousand twenty-two, of the Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.\n\n**WHEREAS:**\n\n**I.- AS TO THE PROVEN FACTS:** For the issuance of this resolution, the following is taken as accredited: \"A) The representation of the Instituto de Desarrollo Rural filed the defense of Improper joinder of parties, requesting that the Asociación de Desarrollo Integral de Quitirrisí de Mora, the State and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación be joined to the proceeding (See electronic case file). B) By resolution 1310-2022 of fifteen hours and twenty-five minutes on August nine, two thousand twenty-two, the Tribunal Contencioso Administrativo resolved: \"The preliminary defense of necessary passive litisconsortium joinder filed by the representation of INDER is rejected\" (See electronic case file). C) Against this determination, the representation of INDER filed an appeal (See electronic case file). D) By resolution of eleven hours fifty-five minutes on August nineteen, two thousand twenty-two (See digital case file).\n\n**II.- AS TO THE GROUNDS FOR THE APPEAL:** As the basis for the appeal, the appellant states:\n\n\"Although, according to part of the jurisprudential current, being a Civil Treasury Proceeding, the plaintiff has the power to sue whomever they are interested in, the truth is that the substantive and procedural law regarding indigenous territories already expressly establishes responsibilities and functions for each State institution and for the State itself. // For its part, the institution of litisconsortium seeks to guarantee the correct formation of the procedural contradictory since, the substantive relationship being indivisible, it is indispensable with respect to the defendant party that all subjects who are to contradict the claim deduced appear in the proceeding. // So that, based on articles 12 subsections 3 and 4 CPCA + 106 C. Procesal Civil which establishes the need to join the parties when .... By virtue of the fact that there is a substantive legal relationship between the claims of the lawsuit and the functional character of the parties sought to be joined, the importance of the litisconsortium being properly integrated is derived, since otherwise the merits of the matter cannot be heard. //  A) WITH RESPECT TO THE STATE: Over time, in the judicial processing of proceedings of this nature related to indigenous territories and the request for processing of the expropriation proceeding, the antagonistic theses of the parties have been constant, where: private individuals maintain that there is a shared responsibility of INDER, CONAI (and in some cases, even if the State has been included) for the omission to initiate that expropriation proceeding process, which includes all stages; measurement, appraisal and payment, while both INDER and CONAI maintain and have repeatedly defended (in all procedural stages of many judicial cases) that -in relation to indigenous issues- the law already expressly defines responsibilities and functions for each state institution and for the State as such. // So that, although there could be responsibility in the expropriation procedures (which includes mediation, censuses, appraisals, among others), this administrative responsibility is fulfilled by INDER, when at the institutional level a national banner is born and, the so-called Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (hereinafter Plan-RTI) is launched as of March 2016, where its main objective is to carry out those expropriation procedures for the recovery of those lands, which would be: 1) gathering of information, 2) demarcation (amojonamiento), 3) Consensus-building, 4) topographical survey. The truth is that these expropriation procedures do not include, and there is no obligation in relation to payment using its own budget, since it is the State to which, by provision of law, the responsibilities are established of: a) the obligation to register the indigenous reserves in the Public Registry (in accordance with Article 2 of the Ley Indígena). b) and the obligation to finance and pay the indemnifications (in accordance with Article 5 of the Ley Indígena and the Expropriations Law). for its part, the indigenous law in Article 5 establishes: .... As can be deduced from the regulations cited above, Article 5 of the Ley Indígena No. 6172 establishes that the studies and procedures for expropriation and indemnification in indigenous territory shall be carried out by the Instituto de Desarrollo Agrario, now Instituto de Desarrollo Rural, in coordination with CONAI, the truth of the matter is that Article 5 is also clear in establishing in the third paragraph that said expropriations and indemnifications shall be financed by the State, so that the payment of expropriations must be made by the State. That is, INDER is only responsible for relocating, expropriating, coordinating, not paying, as is intended. // It is the Costa Rican State that has the legal obligation to provide the economic resources as the creator of the indigenous territories; I reject what was indicated by the respectable tribunal that if INDER is condemned it must assume the economic costs of a condemnatory judgment; it is reckless and the institutional economic insolvency to face these lawsuits from the indigenous territories is well known. ..... As the CGR indicated, INDER is in imminent financial danger given the possibility of having to make monetary disbursements for the payment of lands subject to indigenous territories; it is indispensable that the State be a defendant in this proceeding and in all those processed in the Contencioso Administrativo..... So that, by virtue of the fact that there is a substantive legal relationship between the claims of the lawsuit and the functional character of the State which is responsible for paying or financing those indemnifications, the importance of the litisconsortium being properly integrated is derived, since otherwise the merits of the matter cannot be heard. ...b)  WITH RESPECT TO THE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE QUITIRRISÍ DE mORA (ADI) // In relation to ADI, it is essential that the indigenous community is evidently affected by the claims of the counterclaimant and the eventual determination of a right in its favor since this could result in an increase in the capacity of the lands over which to exercise effective possession and which it is responsible for receiving and administering; furthermore, a particular circumstance arises in relation to its joinder to the proceeding and that is that since ADI is the plaintiff (in the main lawsuit) and the counterclaimant Nombre164051  . A. having been joined as a co-defendant ... in order to achieve the identity of the parties, Nombre164051 must direct its claims towards ADI, as provided in article 106 CPC.... d) WITH RESPECT TO SINAC: Given that the technical report AT-647-2015 concludes that there is an affectation by the Zona Protectora de Rodeo, it is important to bring SINAC into the proceeding so that it validates the non-affectation of its interests; bear in mind that neither INDER nor any of the private parties in this proceeding has the capacity to determine the affectation to the State's Patrimonio Natural del Estado, and by the very nature of the lands, this analysis by the competent entity is important.\" (See digital case file).\n\n**III.- AS TO THE POSITION OF THE ASSOCIATION PARTY:** The representation of the association states regarding the point:\n\n\"Regarding the INCORPORATION OF THE STATE in the present proceeding, it must be rejected for the following reasons: // FIRST: To be able to determine the PARTIES IN A PROCEEDING, one must resort to ARTICLE 220 CPCA and in a supplementary manner to ARTICLE 22 OF THE CÓDIGO PROCESAL CIVIL, which speaks to us of two presuppositions: // SECOND: The SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA has also resolved this issue of the State's participation IN INDEMNIFICATION PROCEEDINGS FOR LANDS WITHIN INDIGENOUS RESERVES, the foregoing through VOTO NÚMERO 001604-F-S1-2012 AT NINE HOURS ON DECEMBER SIX, TWO THOUSAND TWELVE:// In its CONSIDERANDO NÚMERO VI: regarding THE STATE'S LITISCONSORTIUM, it indicates that INDER is an AUTONOMOUS INSTITUTION, OF PUBLIC LAW, WITH LEGAL PERSONALITY, ITS OWN PATRIMONY AND ADMINISTRATIVE INDEPENDENCE, so there is no need to involve the State, since it is only an obligation of INDER in coordination with CONAI. In CONSIDERANDO VIII the Sala is categorical: IN ITS OBJECTION OF A DIRECT NATURE by stating: // “for the Sala it is diaphanous that the following functions correspond to INDER, in what is of interest for this case: 1) to relocate owners or possessors in good faith outside the indigenous reserves and; 2) to expropriate and indemnify them if relocation is not possible. The particular form that was devised for the financial endowment of the fund and its administration, does not detract from the fact that in light of the norm it is clear that it corresponds to the defendant Institute, in coordination with CONAI, to carry out the expropriation procedures.” (The bold is ours) // The Sala Primera reaffirms it again with VOTO NÚMERO 1443 AT 13 HOURS 50 MINUTES ON NOVEMBER 23, 2017, in its CONSIDERANDO V AND VI, where it points out the same argument and at the end indicates: // “as there are no reasons to vary the criterion, since Law No. 6172 constitutes a special regulation that confers the indemnification duty on INDER and CONAI; as well as for the reasons already indicated, the objection under study, regarding the joinder of parties with the State, must be denied.” (The bold is ours) // THIRD: It can be seen IN THE CLAIMS OF THE LAWSUIT that are included within the present Ordinary Proceeding, NONE IS DIRECTED AGAINST THE STATE, in none is its intervention or the performance of any conduct requested. It is INDER AND CONAI that maintain a CONTINUOUS OMISSIVE CONDUCT since 1977, not the STATE. What is being requested in this proceeding IS THE FULFILLMENT OF AN OMISSIVE CONDUCT ON THE PART OF CONAI AND INDER PURSUANT TO ARTICLE 5 OF THE LEY INDÍGENA AND ARTICLE 35 CPCA // FOURTH: As evidenced in the case file, we are before a CIVIL TREASURY PROCEEDING where the only thing to be ELUCIDATED IS STRICTLY PATRIMONIAL OR PECUNIARY ASPECTS of the administration for the NON-COMPLIANCE OF AN OMISSIVE CONDUCT, so the plaintiff has the power to decide whom to sue and has no interest in the State participating for what was previously indicated in the preceding points. // Regarding the INCORPORATION OF SINAC in the present proceeding: // Based on the legal grounds previously indicated and jurisprudential precedents, NEITHER THE STATE, NOR SINAC, NOR ANY OTHER INSTITUTION SHOULD be incorporated into the present proceeding since what is requested is the fulfillment of AN OMISSIVE CONDUCT PURSUANT TO ARTICLE 5 LEY DE ASOCIACIONES, but unfortunately the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia in VOTO 001250-F-S1-2021 at eleven hours forty-five minutes on August seventeen, two thousand twenty-one indicated the contrary. // In said vote, the Sala annuls a judgment in favor of a registered owner prior to the Ley Indígena, considering that there is an IMPROPER COMPOSITION OF THE LITIS by indicating that SINAC must be incorporated since the properties that are in PROTECTED ZONES (ZONAS PROTECTORAS) like the case of the Zona Protectora Cerros de Escazú where the property subject of this proceeding is located, form part of the STATE'S PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO as a public domain asset whose conservation and administration are entrusted by law to the Ministerio del Ambiente y Energía, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC. // “Note that the Topography Area of INDER, (folios 59 and 60 of the judicial case file) determined through Official Letter AT- 356-2014 of August 05, 2014, that the plan SJ-1289536-2008-land that the plaintiff was discussing, is affected by the Área Silvestre Protegida Zona Protectora Cerros de Escazú. That is, that said Protected Zone (Zona Protectora) forms part of the State's Patrimonio Natural del Estado as a public domain asset whose conservation and administration are entrusted by law to the Ministerio del Ambiente y Energía, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación , SINAC, ….” (the bold and underlining is ours). // The Sala Primera, in annulling the judgment based on the above, makes a very serious and very worrying error, especially for being the highest tribunal of the Poder Judicial regarding this matter, by considering that Patrimonio Natural del Estado and Protected Zone (Zona Protectora) are the same thing, which is erroneous as I proceed to explain: // The PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO according to ARTICLE 13 LEY FORESTAL is constituted by the forests and forest lands of the national reserves, belonging to the State, Municipalities, Autonomous Institutions and other bodies of the Public Administration, THEY ARE AREAS DECLARED INALIENABLE AND OF PUBLIC DOMAIN THAT BELONG TO THE STATE. // Thus states Article 13 of the LEY FORESTAL 7575 indicates: “The patrimonio natural del Estado shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, (the bold and underlining is ours).” // On the other hand, PROTECTED ZONE (ZONA PROTECTORA) refers to the forests and lands of forest aptitude that are PRIVATELY OWNED SINCE THEY HAVE PRIVATE AND DEFINED OWNERS IN THE PUBLIC REGISTRY, subject to a forest regime to regulate the conservation, renewal, and use of forest resources, and so indicates ARTICLE 37 OF THE LEY DEL AMBIENTE : // “Private properties affected according to the provisions of this article, for being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves and protected zones (zonas protectoras), shall be included within the state protected areas only from the moment they have been paid for or legally expropriated, except when they voluntarily submit to the Forest Regime. In the case of forest reserves, protected zones (zonas protectoras) and wildlife refuges, and if payment or expropriation has not been made and while it is being made, the areas shall be subject to an environmental management plan that includes an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and subsequently, to the management, recovery and restoration plan for the resources. (the bold and underlining is ours) // The property subject of this proceeding is part of the ZONA PROTECTORA DE LOS CERROS DE ESCAZÚ, which affects Alajuelita, Aserrí, Escazú, Santa Ana, Mora, Acosta and Puriscal, so all the properties that are in said zone according to the criterion of the Sala Primera would belong to the State's Patrimonio Natural del Estado and would be INALIENABLE AND OF PUBLIC DOMAIN which would be a DE FACTO EXPROPRIATION, an ACT OF CONFISCATION and an UNJUST ENRICHMENT, which violates Article 45 of the Constitución Política and Article 21, subsection 2 of the Convención Americana de los Derechos Humanos, which holds that PROPERTY IS INVIOLABLE AND NO ONE MAY BE DEPRIVED OF THEIRS WITHOUT PRIOR INDEMNIFICATION IN ACCORDANCE WITH THE LAW. // At no time should SINAC be incorporated into this type of proceeding, and it has been a constant for the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, since what is sought is omissive fulfillment by the defendants pursuant to Article 5 of the Ley Indígena. // Furthermore, in an eventual indemnification in the present proceeding, it is not at any time affecting the limitations established by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of Minaet. // But faced with this gaffe and legal aberration by the Sala Primera and in order not to remain IN A STATE OF DEFENSELESSNESS AND STALL the proceeding, my represented party has no option but to agree and request its incorporation as an INTERESTED THIRD PARTY AND NOT AS A PARTY TO THE PROCEEDING IN ORDER TO AVOID A POSSIBLE UNJUSTIFIED NULLITY on the part of the Honorable Sala Primera de Justicia. // Regarding the INCORPORATION OF ADI DE QUITIRRISÍ DE MORA in the present proceeding WE OPPOSE AND REJECT that it be a PARTY or INTERESTED THIRD PARTY since, as stated above in the points indicated above, those who must comply with the OMISSIVE CONDUCT PURSUANT TO ARTICLE 5 OF THE LEY INDÍGENA are INDER and CONAI solely. // Furthermore, INVERSIONES HIDALGO, which is the party that counterclaims, has the right and the power to determine against whom to direct its counterclaim as I proceed to explain: // FIRST: As can be seen IN THE CLAIMS OF THE COUNTERCLAIM OF INVERSIONES HIDALGO that are included within the present Ordinary Proceeding, NONE IS DIRECTED AGAINST THE INDIGENOUS ASSOCIATION, in none is its intervention or the performance of any conduct requested. It is INDER AND CONAI that maintain a CONTINUOUS OMISSIVE CONDUCT since 1977, of not complying with Article 5 of the Ley Indígena, not the Indigenous Association.\n\n// SECOND: The appellant's interpretation of Article 38 of the CIVIL PROCEDURE CODE is erroneous, since what it establishes is a FACULTY ON THE PART OF THE PLAINTIFF TO COUNTERCLAIM OR NOT against the parties it deems necessary, and in the specific case Nombre164051 chooses or determines whom to counterclaim. // ARTICLE 38.- Counterclaim and reply 38.1 Counterclaim. The defendant may counterclaim against the plaintiff but only in the writ answering the complaint and may bring into the proceeding as counterclaim-defendant someone who is not the plaintiff. // The complaint and the counterclaim must be connected or be a consequence of the outcome of the complaint. The counterclaim must meet the same requirements as the complaint. If it is defective, its correction shall be ordered under the same terms as the complaint. Unless otherwise provided by law, the counterclaim shall only be admissible in ordinary proceedings. (The bold and underline is ours) // THIRD: In order to determine the PARTIES WITHIN A PROCEEDING, one must resort to ARTICLE 220 of the CPCA and supplementarily to ARTICLE 22 OF THE CIVIL PROCEDURE CODE, which speaks to us of two prerequisites: // A. Provision of Law // B. Or by the nature of the material legal relationship. // Regarding the PROVISION OF LAW, this does not apply in this case since at no time is THE LEGALITY OR NOT OF AN ADMINISTRATIVE ACT being challenged pursuant to ARTICLE 12 OF THE CPCA, but rather THE FULFILLMENT OF AN OMISSIVE CONDUCT. // Regarding the LEGAL NATURE OF THE MATERIAL RELATIONSHIP and in relation to the present Cognizance proceeding, Article 5 of the Indigenous Law is clear in establishing that ITCO, now INDER, and CONAI, were assigned a series of obligations, ONLY UPON THEM, which are: // “with respect to non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, the I.T.C.O. must relocate them on other similar lands if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept the relocation, it must expropriate and indemnify them according to the procedures established in the Expropriation Law. The studies and procedures for expropriation and indemnification shall be carried out by the I.T.C.O., in coordination with CONAI”. The underline and bold are ours. // ARTICLE 5 OF THE INDIGENOUS LAW creates an ADMINISTRATIVE LEGAL RELATIONSHIP that only involves the defendant parties CONAI AND INDER. // FOURTH: THE FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE has also resolved this issue of the participation of who must be present IN LAND INDEMNIFICATION PROCEEDINGS WITHIN INDIGENOUS RESERVES, the above by means of VOTE NUMBER 001604-F-S1-2012 OF NINE O'CLOCK ON DECEMBER SIX, TWO THOUSAND TWELVE: // In its CONSIDERANDO NUMBER VI: regarding the COMPULSORY JOINDER (LITISCONSORCIO) OF THE STATE, it states that Inder is an AUTONOMOUS INSTITUTION, OF PUBLIC LAW, WITH LEGAL PERSONALITY, OWN PATRIMONY AND ADMINISTRATIVE INDEPENDENCE, so there is no need to involve anyone else since it is solely an obligation of INDER in coordination with CONAI. // In CONSIDERANDO VIII the Chamber is emphatic: IN ITS OBJECTION OF DIRECT NATURE by stating: // “for the Chamber it is diaphanous that the following functions correspond to INDER, in what is of interest for this case: 1) relocate owners or possessors in good faith outside the indigenous reserves and; 2) expropriate and indemnify them if relocation is not possible. The particular form devised for the financial endowment of the fund and its administration does not detract from the fact that, in light of the rule, it is clear that it is the defendant Institute's responsibility, in coordination with CONAI, to carry out the expropriatory procedures.” (The bold is ours) // For all the foregoing, I hereby answer the appeal filed by INDER.\\\" (See digital file).\n\n\nIV.- ON THE POSITION OF THE COMPANY INVERSIONES HIDALGO ÁLVAREZ S. A.: The civil co-defendant states, regarding the integration of the litis:\n\n\\\"The undersigned, known in the record as the Special Judicial Attorney-in-Fact of the company INVERSIONES HIDALGO ÁLVAREZ S.A., appear before your Authority, in a timely manner and in proper form, to answer the hearing granted in the resolution of 11:55 a.m. on August 19 of the current year, regarding the Appeal filed by INDER against resolution No. 1310-2022 of 3:25 p.m. on August 9 last, issued orally during the preliminary hearing, as follows: // This representation does not share what is alleged by the appellant INDER, since it appears it is not correctly dimensioning the extremes of the claim of the counterclaim, or in other words, it is over-dimensioning them beyond the effects sought in this proceeding. Observe, sirs of this Court, that what is requested in the counterclaim is the compliance and execution of the provisions of Article 5, first part, of the Indigenous Law No. 6172, and specifically, that the studies and expropriation procedures be carried out by Inder in coordination with CONAI, in order to establish the indemnity amount that would be paid to my represented party. By reason of which, it is not true that there exists a material legal relationship, nor a functional one, of the claims of the counterclaim with respect to the STATE, nor with respect to the Integral Indigenous Development Association of Quitirrisí. // It is clear that if eventually, the claim of the counterclaim is upheld in this proceeding, then the Expropriation process would have to begin, where probably, the State would indeed be a party - for the indemnity portion that is determined and must be paid -, and the said Association. But in this file, considering the claims raised in the counterclaim filed, it is not necessary to integrate the litis with respect to the State, nor with respect to the Integral Indigenous Development Association of Quitirrisí, because I reiterate, they have no material or functional legal relationship with the claims raised. Hence, the representative of the appellant INDER is not correct, and therefore, the appeal filed on those aspects must be rejected. // Regarding the said Association, it is worth adding that the fact that eventually, it may be the one that becomes the owner of the real estate of which my represented party is, today, the registered owner and real and effective possessor, does not imply that it must be counterclaimed against. That circumstance is simply an effect of the eventual expropriation - in the best of cases - or confiscation - in the worst of cases -, that my represented party suffers, because that real estate is located within the area defined as the Quitirrisí Indigenous Reserve. And it is not true, in my professional opinion, regardless of what was resolved at the time, in resolution No. 106-2013-I of the Contentious-Administrative Court, file No. 07-001117-0163-CA - cited by the appellant -, that the Indigenous Development Associations have any involvement in the analysis and determination processes of the expropriations, as such, because we are talking about a real estate that has never before been expropriated, and that obligation, according to Article 5 of the Indigenous Law itself, corresponds to CONAI. // Finally, regarding the appellant's allegations to support its claim to integrate the litis against the State, I must point out that although it is understandable, given the economic dimension that this entails, this is neither the time nor the proceeding to assert it. // Regarding the need to integrate the litis with the NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SINAC), I request that the appeal filed also be rejected, since even though there is an area of my represented party's farm that was affected by Executive Decree No. 6112 published on July 17, 1976 - which delimited the El Rodeo Protective Zone -, which was later expanded by Executive Decree No. 14672 published on July 21, 1983 - which delimited the Cerros de Escazú Protective Zone -, the truth is that this declaration only implies subjecting that portion of the farm to the forest regime, without thereby losing the private property right or dominion over it and transferring it to the administration of SINAC. It is clear that this subjection to the forest regime implies a limitation on an irrational exploitation of existing forest resources and rather, a protection of the same - protected area -, especially since as was opportunely demonstrated, with the documentary evidence provided with the counterclaim, evidence No. 5 to 16, the registrations of the registered farms that make up what is today the farm of the San José District, registration number Placa33488, historically date back to dates well before the enactment of the two aforementioned executive decrees. Therefore, there is no affectation of SINAC's interests. // For greater abundance, it is important to outline the provisions of Article 3 of Executive Decree No. 6112, which reads: “Farms duly registered in the Public Registry or protected by decennial possession within the limits of the protective zones are automatically subjected to the forest regime. Any work to be carried out on these farms must have written authorization from the General Forestry Directorate.” (The underline is not from the original). // And also Article 2 of Executive Decree No. Placa33489, contains similar terms, stipulating that: “Real estate - state and private - located within the boundaries indicated by the preceding article, shall be obligatorily subjected to the forest regime. Consequently, only work that has prior written authorization from the General Forestry Directorate may be carried out in said areas.” (The underline is not from the original). // From both rules, it is clearly deduced that the declaration of an area of my represented party's farm as a protected zone, by the Executive Decrees that established the El Rodeo Protective Zone and the Cerros de Escazú Protection Zone, does not imply a public-domain affectation of that area, but only the subjection of the same to the forest regime. That is, a limitation on the property right that has the effect of rationalizing the use of the forest resources existing there - note that the assets subject to this regime do not become public domain, remaining in the patrimonial sphere of the private owner -. And therefore, since there is no material relationship between what is claimed in the counterclaim and an eventual affectation, modification, or declaration in any way regarding said forest regime, the objection raised for lack of integration of the necessary compulsory joinder (litis consorcio pasivo necesaria) regarding SINAC must be declared without merit. // In conclusion, I request that the Appeal filed be rejected in all its extremes, and that resolution No. 1310-2022 of 3:25 p.m. on August 9, 2022, issued by the Contentious-Administrative Court of this circuit, during the preliminary hearing held on that day, be confirmed\\\" (See digital file).\n\n\nV: REGARDING THE COMPULSORY JOINDER (LITIS CONSORCIO PASIVO): On the eventual existence of a compulsory joinder, it is opportune to refer to decision No. 18 of the First Chamber of 2:30 p.m. on April 27, 1994, insofar as it indicated:\n\n“… IV.- The compulsory joinder (litisconsorcio) is one of the procedural figures of subjective plurality characterized by placing the third party (or third parties) in a common relationship with one of the parties, be it the plaintiff or the defendant, sharing the same object and the same cause petendi, such that the plaintiff could have directed its action against the third party directly or jointly with the defendant (compulsory joinder, litisconsorcio pasivo) or that several subjects have the same claim against another (active compulsory joinder, litisconsorcio activo) or others (mixed compulsory joinder, litisconsorcio mixto). The intervention of the co-parties can occur in two ways: permissive or necessary. Permissive corresponds to the case of exercising the action directed jointly by those who have the same claims arising from the same title or based on the same cause, or when the person holding the claim directs it against all those who must respond to it. For its part, the necessary compulsory joinder occurs when, by provision of law or by the nature of the legal relationship, it is required that the subjects affected by the resolution act jointly, as co-parties (litisconsortes), so that they are bound to the proceeding and consequently to the effects of the judgment. V.- The necessary compulsory joinder supposes that, in order to resolve the matter, all those subjects whom such resolution will affect must be present in the proceeding, hence the power conferred on the Judge to declare ex officio the existence of the necessary compulsory joinder, it not being then a simple preliminary defense (Article 298 of the current Civil Procedure Code), for use only by the defendant. The judge can integrate the necessary compulsory joinder ..., and according to the ... same normative body, it corresponds to the judge to take as a housekeeping measure, from the admission of the complaint and at the corresponding opportunities, to integrate the necessary compulsory joinder. The necessary compulsory joinder implies the existence of material legal relationships regarding which it is not possible to rule by fractioning them or qualifying them only in relation to some of their subjects, since the decision encompasses and binds all. The presence of all subjects is indispensable for the procedural relationship to be complete and possible to decide on the merits in judgment (First Chamber of the Court, number 72 of 3:00 p.m. on September 3, 1982). The repealed Code of Civil Procedures did not contain an express rule on the necessary compulsory joinder (litisconsorcio pasivo necesario), however, by interpretation of Article 1, final paragraph, of that normative body, it was traditionally considered that it indirectly regulated the active and passive legitimatio ad causam and its modality of necessary compulsory joinder.”\n\n\nArticle 66(1), of the Contentious-Administrative Procedure Code, establishes as a cause for inadmissibility of the complaint, in relation to sections 58 and 61 ibid., that the writs for bringing the action have formal defects that prevent issuing a ruling on the merits of the matter; among whose defects jurisprudence has indicated the necessary compulsory joinder (litis consorcio pasivo necesaria). Said situation arises when, to issue judgment, it must refer against some person who has not appeared in the record due to lack of instance by the plaintiff; or rather, when the ruling must affect the rights or interests of someone who has not been brought into the proceeding to learn of it, and in due course, defend their position. To that effect, the doctrine has considered such a situation, under identical conditions to the jurisprudence, identifying it as \\\"the plurality of main parties, united in their procedural action, whether plaintiffs (active compulsory joinder, litisconsorcio activo), defendants (compulsory joinder, litisconsorcio pasivo), or plaintiffs and defendants (mixed compulsory joinder, litisconsorcio mixto)\\\" [Nombre31309 (Nombre304), Commentaries on the Contentious-Administrative Jurisdiction Law, Madrid, Editorial Civitas, 1st Ed., 1978, p.463]. Thus, the necessary compulsory joinder refers to the imperative need for all those subjects who could eventually be affected by the judicial decision adopted on the merits to appear as defendants in a proceeding. This institute is regulated in Article 22 of the current Civil Procedure Code, when it states:\n\n\\\"ARTICLE 22.- Plurality of parties and persons\n\n22.1. Necessary compulsory joinder. When by provision of the law or by the nature of the material legal relationship, the decision must be made against several persons, these must sue or be sued in the same proceeding.// The courts shall order the party, within five days, to expand its complaint or counterclaim against those missing, under the warning of terminating the proceeding with respect to the complaint or counterclaim, as applicable. // The plaintiff, when integrating the litis, may only add to the allegations of the initial complaint those others indispensable to justify the claims against the new defendants, without substantially altering what was requested.\\\"\n\n\nRegarding the material legal relationship, the Contentious-Administrative Procedure Code says little, but regarding integration by force of law, canon twelve of that normative body states:\n\n\\\"ARTICLE 12.-\n\nThe following shall be considered the defendant party:\n\n1) The Public Administration author of the administrative conduct that is the object of the process, except when dealing with the Executive, Legislative, Judicial Branches and the Supreme Electoral Tribunal; in this case, the State shall be sued.\n\n2) The administrative bodies with instrumental legal personality, insofar as they are authors of the administrative conduct that is the object of the process, jointly with the State or the entity to which they are attached.\n\n3) The natural or legal persons who have derived rights and legitimate interests from the administrative conduct that is the object of the process.\n\n4) Any other person who has been called to the process as liable, in their functional or personal capacity.\n\n5) The Comptroller General of the Republic:\n\na) Jointly with the State, when the process has as its object the administrative conduct thereof, related to the exercise of its constitutional and legal competence.\n\nb) Jointly with the audited entity, when the process has as its object an administrative conduct subject to its control, in the exercise of its oversight powers or superior guardianship of the Public Treasury.\n\n6) When an entity issues an act or provision that, for its firmness, requires prior control, authorization, approval, or knowledge, by a State body or another administrative entity, the following shall be considered the defendant party:\n\na) The State or the entity that issued the supervised act or provision, if the result of the supervision has been approving.\n\nb) The entity that has exercised the supervision, if this has not approved the act or provision.\n\n7) When an entity issues an act or provision, which by virtue of a non-hierarchical administrative appeal - optional or mandatory - must be known by a State body or another administrative entity, the following shall be considered the defendant party:\n\na) The State or the entity that issued the act, when it has been confirmed.\n\nb) The entity that, hearing the appeal, annuls, revokes, or reforms the questioned conduct.\n\n8) If the plaintiff bases its claims on the illegality of a general provision, the Administration that authored it shall also be considered the defendant party, even if the challenged action does not come from it.\\\"\n\n\nNow then, as has been advanced, depending on the case, it may be a simple or permissive situation, when it occurs by the will of the parties, or necessary when it is an effect imposed by law. On the subject, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has maintained:\n\n\\\"I.- All proceedings, according to the background assisting them, can give rise to a plurality of subjects - plural or multiple procedural relationship - intervening in them, which can manifest in two senses: as plurality by coordination, that is, when the parties are on the same plane, or as plurality by subordination when they are not. Two important figures within the procedural dynamic correspond to the first sense: the compulsory joinder (litisconsorcio) and the intervention of third parties; and regarding plurality by subordination, the coadjuvant participation must be included in it. Various types or classes of third-party intervention can be pointed out, such as: a) Voluntary intervention: when their participation in the proceeding responds solely to their will, holding an interest contrary to one or both parties within the process (meaning plaintiff or defendant); b) Adhesive intervention: when the subject comes to the proceeding or is called to it to intervene in favor of one of the parties, and c) Forced intervention: it concerns those third parties whose right can be qualified as parallel to that of the plaintiff or the defendant. II.- The compulsory joinder is one of the procedural figures of subjective plurality characterized by placing the third party (or third parties) in a common relationship with one of the parties, be it the plaintiff or the defendant, sharing the same object and the same cause petendi, such that the plaintiff could have directed its action against the third party directly or jointly with the defendant (compulsory joinder, litisconsorcio pasivo) or that several subjects have the same claim against another (active compulsory joinder, litisconsorcio activo) or others (mixed compulsory joinder, litisconsorcio mixto). The intervention of the co-parties can occur in two ways: permissive or necessary. Permissive corresponds to the case of exercising the action directed jointly by those who have the same claims arising from the same title or based on the same cause, or when the person holding the claim directs it against all those who must respond to it. For its part, the necessary compulsory joinder occurs when, by provision of law or by the nature of the legal relationship, it is required that the subjects affected by the resolution act jointly, as co-parties (litisconsortes), so that they are bound to the proceeding and consequently to the effects of the judgment.\\\" (First Chamber of the Supreme Court of Justice, No. 72 of 3:00 p.m. on September 13, 1982).-\n\n\nWhich, according to the specific situation, may be a simple or permissive situation, when it occurs by the will of the parties, or necessary when it occurs by imposition of law. On the subject, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has maintained:\n\n\\\"I.- All proceedings, according to the background assisting them, can give rise to a plurality of subjects - plural or multiple procedural relationship - intervening in them, which can manifest in two senses: as plurality by coordination, that is, when the parties are on the same plane, or as plurality by subordination when they are not. Two important figures within the procedural dynamic correspond to the first sense: the compulsory joinder (litisconsorcio) and the intervention of third parties; and regarding plurality by subordination, the coadjuvant participation must be included in it. Various types or classes of third-party intervention can be pointed out, such as: a) Voluntary intervention: when their participation in the proceeding responds solely to their will, holding an interest contrary to one or both parties within the process (meaning plaintiff or defendant); b) Adhesive intervention: when the subject comes to the proceeding or is called to it to intervene in favor of one of the parties, and c) Forced intervention: it concerns those third parties whose right can be qualified as parallel to that of the plaintiff or the defendant. II.- The compulsory joinder is one of the procedural figures of subjective plurality characterized by placing the third party (or third parties) in a common relationship with one of the parties, be it the plaintiff or the defendant, sharing the same object and the same cause petendi, such that the plaintiff could have directed its action against the third party directly or jointly with the defendant (compulsory joinder, litisconsorcio pasivo) or that several subjects have the same claim against another (active compulsory joinder, litisconsorcio activo) or others (mixed compulsory joinder, litisconsorcio mixto). The intervention of the co-parties can occur in two ways: permissive or necessary. Permissive corresponds to the case of exercising the action directed jointly by those who have the same claims arising from the same title or based on the same cause, or when the person holding the claim directs it against all those who must respond to it. For its part, the necessary compulsory joinder occurs when, by provision of law or by the nature of the legal relationship, it is required that the subjects affected by the resolution act jointly, as co-parties (litisconsortes), so that they are bound to the proceeding and consequently to the effects of the judgment.\\\" (First Chamber of the Supreme Court of Justice, No. 72 of 3:00 p.m. on September 13, 1982).-\n\n\nIt is worth noting that in the case of civil public-treasury proceedings, jurisprudence has repeatedly indicated that the integration of the litis is not possible, except by force of law, inasmuch as the right to sue is a right, and as such, the party chooses against which natural or legal person it directs its action; assuming the consequences of such decision. Obliging to bring a different person is to violate the right of choice that corresponds to the party against whom it exercises its right.\n\nVI: ON THE MERITS: The subject brought to discussion by the Rural Development Institute has been a matter of discussion on multiple occasions by this Court, in both Chambers and in different integrations; and although, at the beginning it generated some contradictory resolutions, in recent years, it presents an identical resolution, even though a dissenting vote always subsists. As a first aspect, the party considers that even though technically the proceeding is not a civil public-treasury proceeding, under the protection of Articles twelve, subsections three and four, in relation to twenty-two of the Civil Procedure Code (although one hundred six of that same normative body that was repealed four years ago is cited), the litis must be integrated. With respect to civil public-treasury proceedings, the reiterated position of this Chamber has been to indicate that the party who sues is the one who defines against whom it directs its action and assumes the positive or negative consequences of such decision, none of the previously indicated rules being applicable, except integration by force of law. On that plane it is not possible to consider an integration of the litis as the defendant claims, an aspect that has already been indicated to it on previous occasions, which is why we do not see the need to delve again into the subject, when the same entity acknowledges the existence of that position, only that it does not share it, and as a position - convenient to its interests - considers that it should not be applied. In that sense, it has been made clear that the issue of the origin of the funds is two very different aspects, with respect to the integration of the litis. The proceeding will be declared with merit, if in the judgment of the sentencing Court the merit of the record so warrants, whether the money to pay any indemnity must come from INDER's own revenues, or whether it must carry out the standard coordination with the central State, and thereby seek to have an item included in the national budget, is a topic that neither the plaintiff nor the counterclaimant finds of interest or relevance, but rather is a topic proper to administrative coordination. The only one interested in making the procedure simpler is INDER, who does not want to be involved in said procedure. Consequently, said grievance is without reason and must be rejected. The arguments expressed in the grievance, that the complaint or the counterclaim should have been directed against the State and not against the defendants, for different reasons that the appealing entity sets forth. Even though both aspects, despite how interesting they are, their knowledge corresponds to the sentencing Court, whether due to a lack of active or passive standing (legitimación) or lack of right; since, as indicated, it is other factors that determine an integration of the litis, which is why they must be rejected. Having left that aside, the appellant alleges during the expression of grievances, in synthesis, that the State must intervene in the proceeding, because it is the one that ultimately will supply the funds with which what is claimed will be satisfied, also having to ensure that they are not denatured, paying for lands that should not be indemnified with those monies and verifying that the person benefited by the judgment truly has the right to what they request. Regarding the position of the appellant entity, this Court disagrees with the outlined arguments, taking into consideration that the claim and the plaintiff's theory of the case imply an obligation to do (arising from a claim for omission of due conduct), coupled with a civil public-treasury matter, which translates into an indemnity (damages and losses), the latter being the basis of the counterclaim. The plaintiff's approach, in a typical liability context, is that INDER is the obligor for the administrative conduct and, additionally, for its pecuniary aspect, according to the Indigenous Law. Precisely underlying is the discussion - which must be resolved in the judgment - about an unsatisfied payment, which originates in an obligation to do, indicated as unfulfilled. In that context, the plaintiff and the counterclaimant considered demanding what is due - exclusively - from those who already appear as passive subjects. The discussion of what is the provenance of the funds with which the extremes petitioned by the plaintiff must be paid are aspects proper to administrative coordination, as already advanced; the appealing party seeks to bring in the State with the sole purpose of avoiding that activity, which legally makes no sense. This thesis has also been delimited by the First Chamber, for cases like the current one, indicating: \\\"VI.- (...) Law No. 2825 of December 8, 1962, created the Institute of Lands and Colonization.\n\nBy Law no.6735 of March 29, 1982, that Institute was transformed into the Institute of Agrarian Development, which in its article 1 was defined as an “autonomous institution of public law, with legal personality, its own assets and administrative independence.” The latter, in turn, underwent a recent reform, as Law no. 9036 of May 29, 2012, transformed the IDA into the Institute of Rural Development (INDER), but its article 14 kept the previously transcribed norm literally, that is, it constitutes an autonomous institution, of public law, with legal personality, its own assets and administrative independence. As an autonomous institution that it is, given that pursuant to article 5 cited above, it is responsible for the expropriation of lands located in indigenous reserves, under the possession or ownership of non-indigenous persons, it is clear that there is no need to involve the State in the litigation, since the exercise of the competence whose omission the plaintiff claimed (who has not been expropriated), corresponds to the INDER in coordination with CONAI, not to the State. The fact that the incorporation of the territories into the reserve was ordered by decree does not diminish what has been said thus far, since it corresponds to the INDER, in coordination with CONAI, to assume the competences granted by law for the protection of such lands aimed at the protection of the indigenous population. Therefore, the defect in joinder (integración de la litis) regarding the State is not verified” (FIRST CHAMBER. Voto N° 001604-F-S1-2012 of 9:00 hours on December 6, 2012). The INDER invokes in its favor a series of resolutions from the Administrative Litigation Tribunal and the First Chamber in its favor; regarding the former, it should be specified that we respect those positions but do not share them, while regarding the First Chamber of the Supreme Court of Justice, one of the case files does not correspond to the scenario now under consideration, and the remaining ones are positions that were abandoned several years ago. Therefore, the jurisprudential precedents are not acceptable and must be rejected. With respect to the joinder of the Quitirrisí de Mora Indigenous Reserve comprehensive development association, its joinder is required insofar as an increase in the amount of land it must administer could be generated. In this regard, the Tribunal can understand that as the decision may affect more indigenous groups, the nature of aboriginal lands must be remembered, which in principle are public domain property (bienes demaniales) and consequently, the different public entities (or even private ones, as is the case of indigenous peoples' associations) are nothing more than administrators of said property. CONAI is represented in the case file, which is called upon to exercise all actions for the benefit of all aboriginal groups, without prejudice to the actions that these may exercise on their own account. In such terms, the grievance lacks any basis. Finally, regarding the National System of Conservation Areas, it is no secret to anyone that the majority of indigenous territories present a dual affectation: on the one hand, environmental, as these human groups have a more harmonious coexistence, which leads to the proliferation of the zone's own flora and fauna, an aspect in which they play a preponderant role in the balance with the environment. On the other hand, they have a way of life that includes a millenary culture, which deserves respect. In that sense, should the plaintiff's action prosper, nothing prevents the State from eventually carrying out an assessment from two angles on a property attached to the public domain. That does not prevent SINAC, if it has conducted studies and reached the conclusion that it must carry out a different affectation, from filing the action it deems appropriate through the respective process, without it being necessary to join it to the current one. Returning to the basis for the joinder (integración de la litis), as indicated in the preceding considerando, this is only supported by two reasons: the first of them being the material legal relationship, which is extracted from the facts and the claim, and neither one nor the other is directed towards the State, the National System of Conservation Areas, or the Association that is sought to be included as a defendant, neither in the action nor in the counterclaim. There is no basis to vary the decision. The other reason is when by mandate of law joinder is required, but neither the State, the National System of Conservation Areas, nor the Association present any norm that supports such an assertion. It is evident that the Association has an interest in the return of the lands in dispute, but the existence of the expropriation and an eventual payment for this concept are aspects whose relevance is indirect or nonexistent. What is sought regarding the representation of the representative entity of the aboriginals is already fulfilled by mandate of law, so it does not need to appear in the process. The remaining arguments, as already anticipated, do not permit varying the decision, since the grounds for necessary passive joinder are not the same as those that allow directing the claim in favor of one party or another, a reason for which they must be rejected. By virtue of the foregoing, the appealed decision is confirmed.\n\nVII: DISSENTING VOTE OF JUDGE GONZÁLEZ VÍLCHEZ: With respect to my colleagues, I dissent solely in that I consider that the State must be a defendant in this matter. The foregoing is based on Article 5 of the Indigenous Law, N°6172, which establishes that payment of any eventual compensation that must be processed under that law shall be made through the general budgets of the Republic, and this causes, in my opinion, that the State must be present in this type of process, in the event that, eventually, the claim may be granted. Consequently, I partially grant the appeal (recurso de apelación), and order the joinder of the State.\n\nPOR TANTO:\n\nRegarding what is the object of the appeal (recurso), the appeal is dismissed, confirming the order (auto) on appeal. Judge González Vilchez dissents solely regarding the joinder of the State. Notifíquese. Otto González Vilchez, Alner Palacios García and Ricardo Madrigal Jiménez. Judges.-\n\n*O6R7K3GH3ZS61*\nO6R7K3GH3ZS61\nRICARDO ANT. MADRIGAL JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n*ZDXMZRPHCT461*\nZDXMZRPHCT461\nALNER PALACIOS GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n*UBVYPQKOFYM61*\nUBVYPQKOFYM61\nOTTO GONZÁLEZ VÍLCHEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\nClassification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:39:10.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }