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  "id": "nexus-sen-1-0034-1155932",
  "citation": "Res. 00034-2023 Tribunal Contencioso Administrativo",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Denegatoria de medida cautelar contra suspensión de permiso de vertido",
  "title_en": "Denial of Injunctive Relief Against Suspension of Discharge Permit",
  "summary_es": "La empresa Berthier Ebi de Costa Rica S.A., operadora del Parque de Tecnología Ambiental de Limón, solicitó medida cautelar ante causam para suspender los efectos de la resolución del MINAE que suspendió indefinidamente su permiso de vertido de aguas residuales tratadas. La Dirección de Agua del MINAE fundamentó la suspensión en la constatación de que el cuerpo receptor (quebrada) no tenía caudal permanente, condición sine qua non del permiso. Aunque el tribunal apreció apariencia de buen derecho en el reclamo de la actora, denegó la cautelar por falta de prueba del peligro en la demora: no se acreditó con elementos objetivos el daño económico grave actual o potencial. Además, al ponderar los intereses en juego, prevaleció el interés público ambiental defendido por el Estado, dado que los nuevos requerimientos impuestos por la administración buscan mejorar la actividad de vertido y velan por la protección del medio ambiente, en aplicación del principio in dubio pro natura. Se dejó sin efecto la medida cautelar provisionalísima previamente otorgada.",
  "summary_en": "Berthier Ebi de Costa Rica S.A., operator of the Limón Environmental Technology Park, sought urgent injunctive relief to suspend MINAE's indefinite suspension of its treated wastewater discharge permit. The Water Directorate of MINAE based the suspension on its finding that the receiving water body (a creek) lacked permanent flow—a sine qua non condition of the permit. Although the court found a prima facie case (fumus boni iuris), it denied the injunction for failure to prove danger in delay: the alleged serious economic harm was not demonstrated with objective evidence. Furthermore, in balancing the competing interests, the public environmental interest prevailed, as the administrative requirements imposed were designed to improve the discharge activity and protect the environment, applying the in dubio pro natura principle. The previously granted interim provisional measure was lifted.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo",
  "date": "24/01/2023",
  "year": "2023",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental",
    "art-50-constitution"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
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    "medida cautelar ante causam",
    "fumus boni iuris",
    "periculum in mora",
    "in dubio pro natura",
    "permiso de vertido",
    "cuerpo receptor",
    "bilateralidad del perjuicio"
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      "law": "Ley Forestal 7575"
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  "keywords_es": [
    "medida cautelar",
    "permiso de vertido",
    "MINAE",
    "aguas residuales",
    "relleno sanitario",
    "in dubio pro natura",
    "peligro en la demora",
    "Tribunal Contencioso Administrativo",
    "Dirección de Agua",
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    "fumus boni iuris"
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  "keywords_en": [
    "injunctive relief",
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    "MINAE",
    "wastewater",
    "landfill",
    "in dubio pro natura",
    "danger in delay",
    "Administrative Court",
    "Water Directorate",
    "permanent flow",
    "public environmental interest",
    "prima facie case"
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  "excerpt_es": "En este punto, debe enmarcarse que la carga de la prueba le corresponde a la parte promovente, la cual se acentúa entratándose de asuntos donde se encuentra en riesgo la biodiversidad. (...) Se aprecia que la representación actora ha ocupado sus esfuerzos en desarrollar su tesis en torno a la inexistencia de una afectación al medio ambiente en el desarrollo de la actividad de vertido de aguas residuales, empero, no justifica en ningún momento cuál sería la afectación económica que experimentaría la empresa con la paralización del proyecto de vertido. (...) inclusive, sin entrar a analizar si la conducta administrativa es legitima o no, se aprecia que la decisión de la administración respondería a la observancia del pincipio pro natura, en tanto la entidad estatal procura que se continúe prestando el servicio público con la continuación de la vigencia del permiso, pero a la vez regula la actividad en aras de velar por la protección del medio ambiente.",
  "excerpt_en": "It must be emphasized that the burden of proof lies with the petitioner, and this burden is heightened in matters where biodiversity is at risk. (...) The petitioner has focused its efforts on arguing that no environmental harm results from the wastewater discharge activity, yet at no point does it demonstrate the economic impact the company would suffer from halting the discharge project. (...) Without even analyzing the legality of the administrative action, it is apparent that the administration's decision is guided by the pro natura principle, as the State seeks to allow the public service to continue while at the same time regulating the activity to ensure environmental protection.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
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    "summary_en": "The request for an injunction brought by the operator of the Limón landfill was denied, as it failed to prove danger in delay and did not satisfy the balancing of interests; the interim provisional injunction was lifted.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar la medida cautelar solicitada por la empresa operadora del relleno sanitario de Limón, al no acreditarse el peligro en la demora ni superarse la ponderación de intereses, dejando sin efecto la medida cautelar provisionalísima."
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "the burden of proof lies with the petitioner, and this burden is heightened in matters where biodiversity is at risk",
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      "quote_es": "la decisión de la administración respondería a la observancia del pincipio pro natura, en tanto la entidad estatal procura que se continúe prestando el servicio público con la continuación de la vigencia del permiso, pero a la vez regula la actividad en aras de velar por la protección del medio ambiente"
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      "quote_en": "it would be counterproductive to eliminate these requirements, as doing so could give rise to environmental harm",
      "quote_es": "resultaría contraproducente eliminar estos requisitos, pues se podría propiciar la concurrencia de un daño ambiental"
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1155932",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 00034 - 2023\n\nFecha de la Resolución: 24 de Enero del 2023 a las 16:30\n\nExpediente: 21-001625-1027-CA\n\nRedactado por: Jose Ariel Solano Solano\n\nClase de asunto: Medida cautelar ante causam\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Proceso contencioso administrativo\nSubtemas:\nGeneralidades sobre los presupuestos necesarios para el otorgamiento de medidas cautelares.\nTemas (descriptores): Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo\nSubtemas:\nGeneralidades sobre los presupuestos necesarios para su otorgamiento.\nSentencias en igual sentido\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\nEXPEDIENTE: 21-001625-1027-CA\n\nPROCESO: MEDIDA CAUTELAR\n\nACTORA: EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.\n\nDEMANDADO: EL ESTADO\n\n \n\n     TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA (GOICOECHEA). A las dieciséis horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.\n\nVOTO N° 34-2023\n\n Se conoce MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM promovida por EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-215741, representada por su apoderada generalísima sin límite de suma Patricia Campos Villagra, titular de la cédula de identificación 1-0880-0768, contra el ESTADO representado por la Procuraduría General de la República, que a su vez es representada por la licenciada Rosa Natalia Aguilar Porras.\n\nPARTE CONSIDERATIVA:\n\nI. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR:\n\n En fecha 31 de marzo de 2021, la representante de la sociedad actora  interpone una solicitud de medida cautelar ante causam planteando como pretensión lo que de seguido y a lo que interesa se transcribe literalmente: \"se disponga la suspensión inmediata de los efectos de la resolución R-0211-2021-AGUAS-MINAE de las 09:54 horas del 15 de febrero de 2021 emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, y se ordene a este Ministerio abstenerse de ejecutar dicha resolución y cualquier otra vinculada con la misma, que se haya emitido o llegara a emitirse por las mismas razones que han motivado la interposición de la presente solicitud cautelar\".             \n\n En la exposición de hechos de la solicitud la representante de la actora describe que Berthier Ebi de Costa Rica S.A. opera el Parque de Tecnología Ambiental de Limón contando con el permiso de vertido para el desfogue del sistema de tratamiento que forma parte del proyecto. Indica que el permiso se ha venido constantemente renovando y tanto es así que el relleno sanitario lleva más de once años en funcionamiento, siendo el único en la zona.Narra que con motivo de una denuncia interpuesta por el señor Marco Levy Virgo, el MINAE mediante resolución R-0211-2021-AGUAS-MINAE de las 09:54 horas del 15 de febrero de 2021 dispuso la suspensión por tiempo indefinido del permiso de vertido de aguas residuales generadas por el Parque de Tecnología Ambiental de Limón. Contra este acto administrativo se habrían interpuesto el recurso de revocatoria, el cual a la fecha de interposición de la solicitud no había sido resuelto.\n\n En torno a la justificación de los presupuestos cautelares se dice que la solicitud reviste apariencia de buen derecho por cuanto el acto administrativo cuestionado estaría viciado de nulidad por falta de los elementos esenciales del motivo y contenido, así como ante la falta fundamentación. Señala más concretamente que no se puede dictar una medida cautelar administrativa por tiempo indefinido, y en todo caso la misma debe ser dictada en el marco de un procedimiento administrativo. Aunado a lo anterior, se invoca una violación al debido proceso pues la administración no habría puesto en conocimiento de la actora de las pruebas que sirvieron de sustento para el dictado del acto administrativo que aquí viene siendo cuestionado.               Por su parte, el peligro en la demora se asocia con el detrimento económico que experimentaría la empresa con el cierre del proyecto. Finalmente, en relación con la ponderación de intereses se fundamenta que el cierre del relleno sanitario provocaría una afectación a terceros pues allí desembocan los residuos generados en los cantones Central de Limón, Matina y Talamanca, de manera que la continuación el proyecto es de vital importancia para el desarrollo ambiental y turístico de la zona  (solicitud de medida cautelar visible a imágenes 1 a 37 del legajo cautelar).\n\nII. AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR:\n\n Durante el íter de la tramitación de este proceso cautelar la representación actora formula una gestión de ampliación de la medida cautelar peticionando la suspensión de los efectos de la resolución R-0465-2021-AGUAS-MINAE de las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del trece de abril de dos mil veintiuno (escrito de interposición visible a imágenes 165 a 197 del legajo cautelar).\n\nIII. CONTESTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL:\n\n En escrito fechado 23 de abril de 2021, la representación estatal contesta la audiencia de ley otorgada sobre la medida cautelar formulando su oposición a la solicitud al considerar que no se cumplen con los presupuestos establecidos en la normativa procesal. Argumenta que la resolución No. R-021102021-AGUAS MINAE de las 9 horas 54 minutos del 15 de febrero del presente año emitida por la Dirección de Agua del MINAE tiene su fundamento en los principios de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) adoptados en nuestra norma suprema (Artículo 50) y protegidos mediante la legislación ambiental vigente que le exige la precaución, o indubio pro natura, ante la existencia de peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad\n\n Añade que la suspensión se da a raíz de la inexistencia de una condición sine qua non del permiso de vertido la cual consiste en que la fuente de agua, en la cual se va a verter las aguas tratadas (efluente) del sistema de tratamiento, tenga todo el año agua en su cauce, es decir que la fuente sea de caudal permanente y no intermitente, esto por cuanto la fuente tiene que tener la capacidad de disolución de la contaminación que produce el agua vertida; condición que este cuerpo de agua no tuvo siempre, circunstancia que quedó evidenciada de las pruebas recolectadas en campo por los funcionarios de la Dirección de Agua del MINAE (escrito de contestación de la PGR visible a imágenes 139 a 142 y 199 a 204 del legajo cautelar).\n\nIV. CUESTIONES PROCEDIMENTALES:\n\na) Mediante auto de las veintiún horas con veinticinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, este tribunal acoge la solicitud de medida cautelar provisionalísima en los siguientes términos: \"se ordena al Estado la suspensión inmediata de los efectos de la resolución R-0211-2021-AGUAS-MINAE de las 09:54 horas del 15 de febrero de 2021 emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, así como el abstenerse de realizar cualquier conducta que de forma directa o indirecta pueda tener como efecto el ejecutar dicha resolución\" (resolución visible a imágenes 121 a 124 del legajo cautelar).\n\nb) En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley sin que se haya denotado la concurrencia de algún vicio que puedan ocasionar indefensión.\n\nV. SOBRE LA JUSTICIA CAUTELAR:\n\n Como una derivación del principio constitucional de justicia pronta, cumplida y sin denegación, regulado en el numeral 41 de nuestra carta fundamental, surge la tutela cautelar como un mecanismo orientado a proporcionar seguridad jurídica a las partes involucradas en un litigio. Constituye una garantía tendiente a asegurar no solo la ejecutividad de las sentencias judiciales, sino también la protección de los intereses de las personas que accionan ante la administración de justicia.\n\n        La determinación de la procedencia de la tutela cautelar supone el ejercicio de una labor intelectiva por parte de la persona juzgadora, quien debe establecer la concurrencia de una serie de presupuestos previstos en la legislación, sea la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), el peligro en la demora (periculum in mora), la ponderación de intereses (bilateralidad del perjuicio), la instrumentalidad, la provisionalidad y la urgencia. Para otorgar la tutela cautelar deben estar presentes todos y cada uno de estos presupuestos, siendo que ante la falta de concurrencia de uno solo de ellos se debe denegar la solicitud cautelar. Aunado de ello debe constatarse la procedencia de lo que en doctrina se han concebido como las características estructurales de la medida cautelar, referidas a la instrumentalidad entendida como la relación de accesoriedad entre la pretensión cautelar y la pretensión del proceso principal, la provisionalidad en tanto que lo acordado respecto de la solicitud cautelar se mantendrá en vigencia y condicionado a lo que se resuelva en el proceso de fondo, la urgencia relacionada con la necesidad de acceder a la tutela cautelar para resguardar la situación jurídica conocida y finalmente la summaria cognitio o sumariedad del procedimiento.\n\nVI. ASPECTOS QUE SON ANALIZADOS EN UNA SENTENCIA DE MEDIDA CAUTELAR POR EL FONDO:\n\n Tal y como fuese expuesto en el considerando cuarto de este pronunciamiento, en su oportunidad este Tribunal conoció la solicitud de medida cautelar provisionalísima formulada por la representación actora, siendo gestión fue acogida. En dicho pronunciamiento se explicó que en el análisis de las medidas cautelares provisionalísimas, el juez lo que valora esencialmente es el elemento de la extrema urgencia, reservando el análisis sobre los demás presupuestos cautelares para la sentencia de fondo del proceso cautelar. Esto es relevante traerlo a colación por cuanto en la determinación de la procedencia de una medida cautelar provisionalísima no se valora la existencia del daño, sino que el análisis de la solicitud cautelar se circunscribe a determinar si la situación jurídica de la parte promovente se podría ver severamente afectada de no acogerse de inmediato la tutela provisionalísima, determinación que de cierta forma está muy impregnada de subjetividad y que ante la premura de la situación no termina por ser la decisión más razonada. En este sentido, considérese especialmente que en el análisis de la tutela provisionalísima tan solo se cuenta con la posición de una parte (la promovente), de allí que no se cuente con todos los elementos probatorios necesarios para verter un pronunciamiento más argumentado. Ahora bien, al encontrarnos a las puertas del dictado de la sentencia de fondo de la medida cautelar y contándose ya con las argumentaciones de ambas partes, el enfoque que se le dará al análisis de la procedencia de la tutela cautelar será aun más integral, puesto que con los insumos con que se cuenta es posible emitir un pronunciamiento aun más fundamentado. En armonía con lo expuesto, se procederán a analizar uno a uno, los presupuestos cautelares previstos en la normativa procesal.\n\nSOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR:\n\na) SOBRE LA APARIENCIA DE BUEN DERECHO:\n\n Este presupuesto importa realizar un análisis ex ante de la seriedad de la acción y de la probabilidad de éxito de las pretensiones en sentencia. Para la determinación de su concurrencia no se requiere su demostración, pues se trata de un elemento cuya definición le compete exclusivamente a la persona juzgadora. Es importante acotar que esto es lo que se conoce en doctrina como el juicio de verosimilitud, que no es más que la constatación que hace la persona juzgadora de que las pretensiones sean susceptibles de ser conocidas en sentencia, en tanto no resulten ser imposibles de conceder.\n\n Dicho esto, en primer lugar se impone señalar que la solicitud reviste de interés actual, pues como la misma parte accionante lo aclara, se aprecia una manifiesta disconformidad con las disposiciones contenidas en la parte dispositiva de la resolución que acogió el recurso de revocatoria. En este sentido, la parte actora expone que a pesar que la administración revocara la resolución R-0211-2021-AGUAS-MINAE, al final de cuentas, la cesación de sus efectos estaría condicionada al cumplimiento de una serie de requerimientos plasmados en la parte dispositiva de la resolución n R-0465-2021-AGUAS-MINAE.\n\n En este punto conviene destacar que con posterioridad al dictado de la resolución de la medida cautelar provisionalísima, la administración dicta un nuevo acto que deja sin efecto el que originariamente venía siendo cuestionado. Esto es, la administración acoge el recurso de revocatoria revocando el acto administrativo impugnado (resolución  R-0211-2021-AGUAS-MINAE) y reconociendo la validez del permiso de vertido. Este hecho sobrevenido viene a modificar sustancialmente la pretensión cautelar originaria, en tanto que la actora ahora encausa su acción contra la resolución administrativa R-0465-2021-AGUAS-MINAE, la cual le impone una serie de obligaciones que considera ilegítimas.\n\n Lo anterior se trae a colación ya que la medida cautelar provisionalísima atendía a una situación urgente como lo era la continuación de la vigencia del permiso, situación que terminó siendo resuelta por la misma administración en la sede gubernativa con el dictado de la resolución R-0465-2021-AGUAS-MINAE. Bajo esta tesitura, se reconoce que nos encontramos ahora ante un escenario distinto, ya que lo que pretende la actora no es en sí que se mantenga la vigencia del respectivo permiso, sino que el mismo deje de estar condicionado a los requerimientos de la administración.\n\n En el caso que nos ocupa nos encontramos ante posiciones diametralmente opuestas pues por un lado la actora sostiene que la quebrada donde se desfoga tiene caudal constante en la actualidad, por lo que lo apreciado por los inspectores en la visita de campo en cuanto a que el cuerpo receptor se encontraba seco obedeció a una situación climatológica aislada. A partir de ello, el acto administrativo dictado carecería de motivo ya que la causa que sirvió de sustento para la decisión administrativa al día de hoy no existiría. Su contraparte, la representación estatal, argumenta que los cuerpos de agua aptos para la descarga de aguas residuales son los definidos por el Reglamento No. 42128-MINAE-S (Artículo 19), los cuales corresponden a cuerpos receptores de caudal permanente, de allí que la actora tenía el deber legal de informarle a la autoridad administrativa los cambios en las condiciones en que fue otorgado el permiso de vertido.\n\n De esta manera, se reconoce que la actora viene sometiendo al tamiz de legalidad una conducta emanada de una entidad pública (MINAE), por lo que al estarse cuestionando la legalidad de una actuación formal de la administración en el ámbito de sus competencias (canon 36 CPCA) nos encontramos ante conductas administrativas susceptibles de ser impugnadas ante esta jurisdicción. Así mismo, se vislumbra una apariencia de buen derecho en el tanto la tesis de la actora va encaminada a establecer que la administración ha actuado al margen de la ley imponiendo obligaciones de imposible cumplimiento.  Bajo esta inteligencia, se deberá tener por superado el filtro de la apariencia de buen derecho, lo cual no asegura el éxito de la demanda, toda vez que tal apreciación se realiza únicamente a efectos de continuar analizando los demás presupuestos cautelares.\n\nb) SOBRE EL PELIGRO EN LA DEMORA:\n\n      Para la procedencia de este requisito no solamente es necesaria la invocación del daño grave (ya sea actual o potencial) derivado de la demora natural en el íter de la tramitación del proceso jurisdiccional, sino que también debe ofrecerse la prueba útil, pertinente e idónea que le permita a la persona juzgadora establecer con un grado de probabilidad suficiente, la viabilidad que ese daño llegue a materializarse. Se trata del temor objetivamente fundado y razonable de que la situación jurídica sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, ante la natural demora patológica en la tramitación del proceso jurisdiccional.\n\n Amén de lo expuesto, el análisis de este presupuesto cautelar importa una valoración sumarísima de las probanzas allegadas con la solicitud, de modo que los elementos probatorios apreciados de forma unitaria (principio de unidad de la prueba) le otorguen al juez un grado de certeza suficiente y objetivamente razonable de que la situación jurídica del administrado se verá seriamente menoscabada de no acogerse la protección cautelar.\n\n Ahora bien, de previo a analizar los elementos probatorios con que se cuenta a la luz de las reglas de la sana crítica racional, conviene aclarar que en esta clase de asuntos de índole ambiental, además de valorarse la existencia del daño grave a la esfera jurídica de la promovente, se analiza si las pruebas ofrecidas permiten apreciar la existencia de un peligro latente de que se produzca un daño ambiental. Ahora, analizando las probanzas documentales ofrecidas por la actora se denota que la mayor parte de ellas (pruebas ofrecidas con la solicitud enumeradas de la 1 a la 4, y pruebas para mejor resolver ofrecidas enumeradas de la 1 a la 6)) se refieren a actuaciones propias del procedimiento administrativo, siendo pruebas trascendentes para el proceso de conocimiento, mas no para la acreditación de este presupuesto cautelar. En este sentido, debe considerarse que el alcance y la conduscencia misma de la prueba de los oficios MS-DPRSA-206-2021, MS-DM-2268-2021, GG-647-2021, MS-DM-4236-2022 y MS-DPRSA-206-2021, así como del informe policial S.I. 0046-DRL-2021 debe ser analizada por el Tribunal Sentenciador, pues acá no se viene examinando si la decisión administrativa cuestionada es legítima o no lo es.\n\n No obstante lo anterior, un elemento probatorio que resulta valioso para el análisis de este presupuesto viene a ser el estudio hidrológico de drenaje natural elaborado por el ingeniero German Matamoros (visible a imágenes 113 a 120), probanza ofrecida con la finalidad de demostrar que el drenaje estaría cumpliendo su función natural. En este informe el profesional nos explica que desde fecha 26 de febrero de 2021 inició con las mediciones del caudal en el drenaje natural con el objeto de determinar el régimen del cuerpo de agua que garantice un flujo de agua sostenido aun en los meses menos lluviosos. De este informe pericial la representación actora destaca que el cause tiene suficiente caudal (216m3/día), lo cual es suficiente para recibir un desfogue que oscila entre los 55 a 60m3/día.\n\n Ahora bien, llama la atención de este juzgador que la actora no haya aportado a los autos los resultados siguientes de las inspecciones realizadas por el profesional, en el entendido que el ingeniero señaló que las mediciones continuaría hasta el mes de diciembre de 2021. Así mismo, se echa de menos un informe pericial que describa el impacto ambiental y económico que implicaría el cumplimiento de los requerimientos realizados por la Dirección de Aguas del MINAE. Esto es, la parte actora no demuestra que se encuentre imposibilitada materialmente de realizar las mejoras, así como tampoco desacredita que el cumplimiento de las mismas conlleve un mejoramiento de las condiciones ambientales. En este punto, debe enmarcarse que la carga de la prueba le corresponde a la parte promovente, la cual se acentúa entratándose de asuntos donde se encuentra en riesgo la biodiversidad.\n\n Se aprecia que la representación actora ha ocupado sus esfuerzos en desarrollar su tesis en torno a la inexistencia de una afectación al medio ambiente en el desarrollo de la actividad de vertido de aguas residuales, empero, no justifica en ningún momento cuál sería la afectación económica que experimentaría la empresa con la paralización del proyecto de vertido. Considérese que ni uno solo de los elementos probatorios estaría destinado a demostrar el detrimento económico que experimentaría la empresa. Acá debe tenerse en cuenta que la actora más allá de defender un interés colectivo, aboga por sus propios intereses, pues justifica el daño grave desde el punto de vista de la afectación económica que se produciría con la ejecución de la conducta administrativa. En razón de lo anterior, la justificación de la actora referida a que tanto la empresa como sus empleados se verían afectados con la ejecución de la resolución administrativa, no encuentra sustento probatorio y termina por ser una mera alegación. Si bien, se comprende que la eventual paralización de la actividad de vertido ocasionaría un daño, lo que no es posible presumir es la gravedad o magnitud de ese daño, pues la única forma de hacerlo es a través de elementos probatorios concretos (elementos objetivos). En todo caso, debe enfatizarse que la administración revocó su decisión de eliminar el permiso, por lo que la actora pueda seguir desarrollando la actividad cumpliendo con los requerimientos de la autoridad administrativa. \n\n Bajo las consideraciones expuestas, es criterio de quien juzga que, pesar de reconocerse un esfuerzo probatorio en la acreditación del peligro en la demora, los elementos probatorios aportados son insuficientes para tener por acreditada la existencia de un daño grave actual o potencial derivado del acto de despido que viene siendo cuestionado. En consecuencia, se tendrá por no demostrado el presupuesto del peligro en la mora.\n\nc) SOBRE LA BILATERALIDAD DEL PERJUICIO:\n\n Este presupuesto hace referencia a lo que se conoce como la ponderación de los intereses en juego que no es más que poner en una balanza el interés público que sea susceptible de encontrarse en necesidad de ser protegido, conjuntamente con los intereses de terceros que puedan verse perjudicados, frente al interés del solicitante de la medida cautelar. En este sentido se reconoce que procederá la denegatoria de la medida cuando el perjuicio sufrido o susceptible de ser producido a la colectividad o terceros, sea superior al que podría experimentar el solicitante de la medida.\n\n Ahora bien, debe tenerse en claro que para poder realizar este ejercicio de  ponderar intereses resulta necesario que se haya demostrado la existencia de un daño grave actual o potencial (peligro en la demora), lo cual no ha sucedido en el caso sub examine. Si bien tal circunstancia podría llevarnos a la conclusión que carece de sentido el análisis de este último presupuesto, a efectos de garantizar el derecho de acceso a la justicia se procederán a realizar algunas consideraciones en cuanto al equilibrio de intereses en juego.\n\n El caso bajo examine reviste de una especial particularidad y es que ambas partes vienen invocando la tutela de intereses públicos, pues por un lado la actora aduce que la ejecución del proyecto tiende a garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía (especialmente la población de la provincia de Limón) a la salud pública y al medio ambiente, mientras que la representación estatal defiende las potestades fiscalizadoras que le competen al MINAE en el tanto las disposiciones administrativas cuestionadas procuran la mayor satisfacción de los intereses públicos. \n\n Ante este panorama, es criterio de quien juzga que deben prevalecer los intereses públicos defendidos por la representación estatal, en el tanto, la autoridad administrativa más allá de imponer condiciones, lo que hace es definir reglas para el desarrollo de la actividad, la cual incuestionablemente atiende a la satisfacción de un fin público. Inclusive, sin entrar a analizar si la conducta administrativa es legitima o no, se aprecia que la decisión de la administración respondería a la observancia del pincipio pro natura, en tanto la entidad estatal procura que se continúe prestando el servicio público con la continuación de la vigencia del permiso, pero a la vez regula la actividad en aras de velar por la protección del medio ambiente.\n\n Veamos, en la resolución cuestionada n° R-0465-2021-AGUAS-MINAE la Dirección de Aguas del MINAE establece los siguientes requerimientos a cargo de la actora: \"1. Aportar la calibración matemática del vertedero instalado para la medición de caudal del cuerpo receptor, avalada por un profesional responsable. 2. Presentar reportes trimestrales de la medición de caudal mensual que discurre por el cauce receptor del vertido, medido conforme el vertedor anterior. 3. Generar autorización expresa, para que los administradores del lugar, permitan a funcionarios de la Dirección de Agua, ingresar al sitio de descarga para control de lo dispuesto en el permiso de vertido, y toma de muestras de agua para análisis de laboratorio, sin previo aviso, coordinando el ingreso en el momento de llegada. 4. Adoptar las medidas correspondientes para la instalación y operación de un sistema de tratamiento alternativo, que se usaría, para cuando el cauce receptor se seque conforme lo documentado en el expediente y lo señalado en esta resolución. 5. Mantener el sistema de tratamiento, aprobado por el Ministerio de Salud, operando enbuenas condiciones de funcionamiento que aseguren que el efluente a verter en el cuerpo receptor, no exceda al caudal y carga, del permiso de vertido aprobado por el Ministerio de Ambiente y Energía\".\n\n De la lectura de este extracto del pronunciamiento se denota que todos y cada uno de estos requerimientos están destinados a mejorar el desarrollo de la actividad de vertido en beneficio del medio ambiente. De esta manera, considera este juzgador que resultaría contraproducente eliminar estos requisitos, pues se podría propiciar la concurrencia de un daño ambiental. Más aun, imponerle a la autoridad administrativa en esta instancia cautelar la supresión de estos requerimientos implicaría desconocer la voluntad de la administración y limitar las competencias fiscalizadoras que le han sido atribuidas por una norma de rango legal. En conclusión, considerando que los requerimientos fijados por la administración atenderían a la mayor satisfacción de los intereses públicos, se tendrá por no superado el filtro cautelar de la bilateralidad del perjuicio.\n\nVI. COLORARIO Y COSTAS:\n\n Amén de lo expuesto, pese a apreciar un humo de buen derecho en la solicitud, en virtud que no se ha demostrado la existencia de un daño grave actual o potencial (peligro en la demora), y por consiguiente, al no tenerse por superado el presupuesto de la ponderación de intereses (bilateralidad del perjuicio) se denegará la solicitud de medida cautelar formulada por la actora Berthier Ebi de Costa Rica S.A.. En consecuencia se dejará sin efecto la medida cautelar provisionalísima ordenada en la resolución de las veintiún horas con veinticinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. Por la naturaleza de estos asuntos cautelares se resolverá sin especial condenatoria en costas.\n\nPARTE DISPOSITIVA:\n\n     De conformidad con lo expuesto, se declara SIN LUGAR la medida cautelar promovida por BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., contra el ESTADO. En consecuencia se deja sin efecto la medida cautelar provisionalísima ordenada en la resolución de las veintiún horas con veinticinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. Firme este pronunciamiento, se ordena el archivo de este legajo cautelar.- Lic. Jose Ariel Solano Solano, juez\n\n\n*EJO0XH4471KG61*\nEJO0XH4471KG61\nJOSE ARIEL SOLANO SOLANO - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:07:11.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "FILE: 21-001625-1027-CA\n\nPROCEEDING: PRECAUTIONARY MEASURE\n\nPLAINTIFF: EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.\n\nDEFENDANT: EL ESTADO\n\n     CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT (GOICOECHEA). At sixteen hundred hours and thirty minutes on the twenty-fourth of January, two thousand twenty-three.\n\nVOTO N° 34-2023\n\n The PRECAUTIONARY MEASURE ANTE CAUSAM filed by EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., legal identification number 3-101-215741, represented by its unlimited general attorney-in-fact Patricia Campos Villagra, holder of identification card 1-0880-0768, against EL ESTADO represented by the Procuraduría General de la República, which in turn is represented by attorney Rosa Natalia Aguilar Porras, is hereby heard.\n\nCONSIDERANDO:\n\nI. REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURE:\n\n On March 31, 2021, the representative of the plaintiff company filed a request for a precautionary measure ante causam, setting forth the following claim, transcribed literally as relevant: \"the immediate suspension of the effects of resolution R-0211-2021-AGUAS-MINAE of 09:54 hours on February 15, 2021, issued by the Ministerio de Ambiente y Energía be ordered, and this Ministry be ordered to refrain from executing said resolution and any other related thereto, that has been issued or may be issued for the same reasons that have motivated the filing of this precautionary request.\"\n\n In the statement of facts of the request, the plaintiff's representative describes that Berthier Ebi de Costa Rica S.A. operates the Limón Environmental Technology Park, holding the discharge permit (permiso de vertido) for the outfall of the treatment system that forms part of the project. She indicates that the permit has been constantly renewed, so much so that the landfill (relleno sanitario) has been in operation for over eleven years, being the only one in the area. She narrates that as a result of a complaint filed by Mr. Marco Levy Virgo, the MINAE, through resolution R-0211-2021-AGUAS-MINAE of 09:54 hours on February 15, 2021, ordered the indefinite suspension of the wastewater discharge permit generated by the Limón Environmental Technology Park. A motion to reconsider (recurso de revocatoria) was filed against this administrative act, which had not been resolved as of the date the request was filed.\n\n Regarding the justification of the precautionary requirements (presupuestos cautelares), it is stated that the request has the appearance of good law (apariencia de buen derecho) because the administrative act in question would be flawed by nullity due to the lack of the essential elements of motive and content, as well as due to a lack of reasoning. It points out more specifically that an administrative precautionary measure cannot be dictated for an indefinite time, and in any case, it must be issued within the framework of an administrative procedure. In addition to the foregoing, a violation of due process is invoked because the administration would not have informed the plaintiff of the evidence that served as support for issuing the administrative act being challenged here. For its part, the danger in delay (peligro en la demora) is associated with the economic detriment that the company would experience with the closure of the project. Finally, regarding the balance of interests (ponderación de intereses), it is argued that the closure of the landfill would cause an impact on third parties because the waste generated in the central cantons of Limón, Matina, and Talamanca is deposited there, so the continuation of the project is of vital importance for the environmental and tourist development of the area (request for precautionary measure visible at images 1 to 37 of the precautionary file).\n\nII. EXPANSION OF THE PRECAUTIONARY MEASURE:\n\n During the course of processing this precautionary proceeding, the plaintiff's representation filed a request to expand the precautionary measure, requesting the suspension of the effects of resolution R-0465-2021-AGUAS-MINAE of fourteen hundred fifty-five hours on April thirteenth, two thousand twenty-one (filing brief visible at images 165 to 197 of the precautionary file).\n\nIII. RESPONSE FROM THE STATE'S REPRESENTATION:\n\n In a brief dated April 23, 2021, the state's representation answered the legally granted hearing on the precautionary measure, formulating its opposition to the request, considering that the requirements established in procedural regulations are not met. It argues that Resolution No. R-021102021-AGUAS MINAE of 9 hours 54 minutes on February 15 of this year, issued by the Dirección de Agua of the MINAE, is based on the principles of the Rio Declaration on Environment and Development (1992) adopted in our supreme norm (Article 50) and protected by current environmental legislation that demands precaution, or in dubio pro natura, in the face of the existence of danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity.\n\n It adds that the suspension occurred due to the nonexistence of a sine qua non condition of the discharge permit, which consists of the water source into which the treated waters (effluent) from the treatment system will be discharged having water in its channel all year, that is, the source being of permanent flow and not intermittent. This is because the source must have the capacity to dissolve the contamination produced by the discharged water; a condition that this body of water did not always have, a circumstance evidenced by the tests collected in the field by officials of the Dirección de Agua of the MINAE (response brief from the PGR visible at images 139 to 142 and 199 to 204 of the precautionary file).\n\nIV. PROCEDURAL MATTERS:\n\na) By order of twenty-one hundred twenty-five hours on March thirty-first, two thousand twenty-one, this court granted the request for a provisionalijísima precautionary measure (medida cautelar provisionalísima) in the following terms: \"the State is ordered to immediately suspend the effects of resolution R-0211-2021-AGUAS-MINAE of 09:54 hours on February 15, 2021, issued by the Ministerio de Ambiente y Energía, as well as to refrain from carrying out any conduct that, directly or indirectly, could have the effect of executing said resolution\" (resolution visible at images 121 to 124 of the precautionary file).\n\nb) The legal requirements have been observed in the proceedings without any defect that could cause defenselessness (indefensión) having been noted.\n\nV. REGARDING PRECAUTIONARY JUSTICE:\n\n As a derivation of the constitutional principle of prompt, complete, and undeniabled justice, regulated in numeral 41 of our fundamental charter, precautionary protection (tutela cautelar) arises as a mechanism aimed at providing legal certainty to the parties involved in a litigation. It constitutes a guarantee tending to ensure not only the enforceability of judicial judgments, but also the protection of the interests of persons who bring actions before the administration of justice.\n\n        Determining the appropriateness of precautionary protection involves the exercise of an intellectual task by the judge, who must establish the concurrence of a series of legal requirements (presupuestos) provided for in the legislation, namely: appearance of good law (fumus boni iuris), danger in delay (periculum in mora), balance of interests (bilaterality of harm), instrumentality, provisionality, and urgency. For precautionary protection to be granted, each and every one of these requirements must be present, and in the absence of just one of them, the precautionary request must be denied. In addition, the appropriateness of what doctrine has conceived as the structural characteristics of the precautionary measure must be verified, referring to instrumentality, understood as the accessory relationship between the precautionary claim and the claim of the main proceeding; provisionality, insofar as what is agreed regarding the precautionary request will remain in effect and conditioned on what is resolved in the main proceeding; urgency, related to the need to access precautionary protection to safeguard the known legal situation; and finally, the summaria cognitio or summary nature of the procedure.\n\nVI. ASPECTS ANALYZED IN A JUDGMENT ON THE MERITS OF A PRECAUTIONARY MEASURE:\n\n As was stated in the fourth considerando of this pronouncement, this Court previously heard the request for a provisionalijísima precautionary measure filed by the plaintiff's representation, which was granted. In that pronouncement, it was explained that in the analysis of provisionalísimas precautionary measures, the judge essentially evaluates the element of extreme urgency, reserving the analysis of the other precautionary requirements for the final judgment of the precautionary proceeding. It is relevant to bring this up because, in determining the appropriateness of a provisionalijísima precautionary measure, the existence of harm is not evaluated; rather, the analysis of the precautionary request is limited to determining whether the legal situation of the promoting party could be severely affected if the provisionalísima protection is not immediately granted, a determination that is, in a certain way, very imbued with subjectivity and which, given the urgency of the situation, does not end up being the most reasoned decision. In this sense, it should be especially considered that in the analysis of provisionalísima protection, only the position of one party (the promoter) is available; hence, not all the necessary evidentiary elements are available to issue a more argued pronouncement. Now, being on the verge of issuing the final judgment on the merits of the precautionary measure (sentencia de fondo de la medida cautelar) and having the arguments of both parties, the approach to analyzing the appropriateness of the precautionary protection will be even more comprehensive, since with the inputs available it is possible to issue an even more substantiated pronouncement. In harmony with the foregoing, we will proceed to analyze, one by one, the precautionary requirements provided for in procedural regulations.\n\nREGARDING THE NECESSARY REQUIREMENTS FOR GRANTING THE PRECAUTIONARY MEASURE:\n\na) REGARDING THE APPEARANCE OF GOOD LAW (APARIENCIA DE BUEN DERECHO):\n\n This requirement entails carrying out an ex ante analysis of the seriousness of the action and the probability of success of the claims in the judgment. Its demonstration is not required for the determination of its concurrence, as it is an element whose definition is exclusively the responsibility of the judge. It is important to note that this is what is known in doctrine as the judgment of verisimilitude (juicio de verosimilitud), which is nothing more than the verification by the judge that the claims are capable of being heard in the judgment, insofar as they are not impossible to grant.\n\n Having said this, firstly, it must be noted that the request has current interest, because as the plaintiff herself clarifies, a manifest disagreement with the provisions contained in the operative part of the resolution that granted the motion to reconsider is evident. In this sense, the plaintiff argues that although the administration revoked resolution R-0211-2021-AGUAS-MINAE, ultimately, the cessation of its effects would be conditioned on the fulfillment of a series of requirements set forth in the operative part of resolution R-0465-2021-AGUAS-MINAE.\n\n At this point, it is worth highlighting that after the issuance of the resolution on the provisionalijísima precautionary measure, the administration issued a new act that nullifies the one originally being challenged. That is, the administration granted the motion to reconsider, revoking the challenged administrative act (resolution R-0211-2021-AGUAS-MINAE) and recognizing the validity of the discharge permit. This supervening fact substantially modifies the original precautionary claim, as the plaintiff now directs her action against administrative resolution R-0465-2021-AGUAS-MINAE, which imposes a series of obligations she considers illegitimate.\n\n The foregoing is brought up because the provisionalijísima precautionary measure addressed an urgent situation, namely the continued validity of the permit, a situation that ended up being resolved by the same administration in the administrative venue with the issuance of resolution R-0465-2021-AGUAS-MINAE. Under this context, it is acknowledged that we are now facing a different scenario, since what the plaintiff seeks is not the maintenance of the validity of the respective permit itself, but rather that it ceases to be conditioned on the administration's requirements.\n\n In the case before us, we are faced with diametrically opposed positions because, on one hand, the plaintiff maintains that the stream (quebrada) where the outfall occurs currently has a constant flow, such that what was observed by the inspectors during the field visit—that the receiving body was dry—was due to an isolated climatological situation. Based on this, the administrative act issued would lack motive, since the cause that supported the administrative decision would not exist today. Her counterpart, the state's representation, argues that the water bodies suitable for wastewater discharge are those defined by Regulation No. 42128-MINAE-S (Article 19), which correspond to receiving bodies with permanent flow, hence the plaintiff had the legal duty to inform the administrative authority of changes in the conditions under which the discharge permit was granted.\n\n In this way, it is recognized that the plaintiff is submitting to the scrutiny of legality conduct emanating from a public entity (MINAE), such that, by questioning the legality of a formal action of the administration within the scope of its powers (canon 36 CPCA), we are faced with administrative conducts susceptible to challenge before this jurisdiction. Likewise, an appearance of good law is glimpsed insofar as the plaintiff's thesis is aimed at establishing that the administration has acted outside the law, imposing obligations that are impossible to fulfill. Under this understanding, the filter of appearance of good law (apariencia de buen derecho) must be considered passed, which does not ensure the success of the lawsuit, since such assessment is made only for the purpose of continuing to analyze the other precautionary requirements.\n\nb) REGARDING THE DANGER IN DELAY (PELIGRO EN LA DEMORA):\n\n      For this requirement to be met, not only is the invocation of serious harm (either current or potential) derived from the natural delay in the course of the jurisdictional proceeding necessary, but useful, pertinent, and suitable evidence must also be offered that allows the judge to establish, with a sufficient degree of probability, the feasibility that such harm may materialize. It concerns the objectively founded and reasonable fear that the substantial legal situation alleged could be seriously damaged or impaired in a grave and irreparable manner, given the natural pathological delay in the processing of the jurisdictional proceeding.\n\n In addition to the foregoing, the analysis of this precautionary requirement entails an extremely summary assessment of the evidence provided with the request, such that the evidentiary elements, considered unitarily (principle of unity of evidence), provide the judge with a sufficient and objectively reasonable degree of certainty that the legal situation of the administered party will be seriously impaired if precautionary protection is not granted.\n\n Now, before analyzing the available evidentiary elements in light of the rules of sound critical reasoning (sana crítica racional), it is appropriate to clarify that in this type of environmental matter, in addition to assessing the existence of serious harm to the promoter's legal sphere, it is analyzed whether the evidence offered allows for the appreciation of a latent danger of environmental damage occurring. Now, analyzing the documentary evidence offered by the plaintiff, it is noted that most of it (evidence offered with the request numbered 1 through 4, and evidence offered for better resolution numbered 1 through 6) refers to actions typical of the administrative procedure, being evidence that is transcendental for the main proceeding (proceso de conocimiento), but not for proving this precautionary requirement. In this sense, it must be considered that the scope and conduciveness itself of the official letters MS-DPRSA-206-2021, MS-DM-2268-2021, GG-647-2021, MS-DM-4236-2022, and MS-DPRSA-206-2021, as well as police report S.I. 0046-DRL-2021, must be analyzed by the Sentencing Court, because here it is not being examined whether the challenged administrative decision is legitimate or not.\n\n Nevertheless, one evidentiary element that proves valuable for the analysis of this requirement is the hydrological study of natural drainage prepared by engineer German Matamoros (visible at images 113 to 120), evidence offered for the purpose of demonstrating that the drainage is fulfilling its natural function. In this report, the professional explains to us that starting on February 26, 2021, he began flow measurements in the natural drainage with the aim of determining the regime of the water body guaranteeing a sustained water flow even in the least rainy months. From this expert report, the plaintiff's representation highlights that the channel has sufficient flow (216 m³/day), which is enough to receive an outfall that ranges between 55 and 60 m³/day.\n\n Now, it draws this judge's attention that the plaintiff has not provided to the record the subsequent results of the inspections carried out by the professional, understanding that the engineer indicated that the measurements would continue until the month of December 2021. Likewise, an expert report describing the environmental and economic impact that compliance with the requirements made by the Dirección de Aguas of the MINAE would entail is lacking. That is, the plaintiff does not demonstrate that she is materially unable to carry out the improvements, nor does she disprove that compliance with them would lead to an improvement in environmental conditions. At this point, it must be noted that the burden of proof lies with the promoting party, and this is accentuated in matters where biodiversity is at risk.\n\n It is noted that the plaintiff's representation has devoted its efforts to developing its thesis regarding the nonexistence of an impact on the environment in the development of the wastewater discharge activity; however, it does not justify at any time what the economic impact on the company would be with the paralysis of the discharge project. Note that not a single one of the evidentiary elements would be aimed at demonstrating the economic detriment that the company would experience. It must be kept in mind here that the plaintiff, beyond defending a collective interest, advocates for her own interests, as she justifies the serious harm from the point of view of the economic impact that would result from the execution of the administrative conduct. For this reason, the plaintiff's justification that both the company and its employees would be affected by the execution of the administrative resolution lacks evidentiary support and ends up being a mere allegation. While it is understood that the eventual paralysis of the discharge activity would cause harm, what cannot be presumed is the severity or magnitude of that harm, because the only way to do so is through concrete evidentiary elements (objective elements). In any case, it must be emphasized that the administration revoked its decision to eliminate the permit, so the plaintiff may continue to carry out the activity by complying with the requirements of the administrative authority.\n\n Under the considerations set forth, it is the criteria of the undersigned that, despite recognizing an evidentiary effort in proving the danger in delay (peligro en la demora), the evidentiary elements provided are insufficient to consider proven the existence of a current or potential serious harm derived from the dismissal act being challenged. Consequently, the requirement of danger in delay (peligro en la mora) will be considered not proven.\n\nc) REGARDING THE BALANCE OF INTERESTS (BILATERALIDAD DEL PERJUICIO):\n\n This requirement refers to what is known as the balance of interests at stake, which is nothing more than weighing, on a scale, the public interest that may be in need of protection, together with the interests of third parties that may be harmed, against the interest of the applicant for the precautionary measure. In this sense, it is recognized that the denial of the measure will be appropriate when the harm suffered or likely to be produced to the community or third parties is greater than that which the applicant for the measure could experience.\n\n Now, it must be clear that to carry out this exercise of weighing interests, it is necessary that the existence of a current or potential serious harm (peligro en la demora) has been demonstrated, which has not occurred in the case sub examine. Although such a circumstance could lead us to the conclusion that the analysis of this last requirement is meaningless, for the purpose of guaranteeing the right of access to justice, some considerations will be made regarding the balance of interests at stake.\n\n The case under examination has a special particularity, which is that both parties invoke the protection of public interests, because on one hand, the plaintiff argues that the execution of the project tends to guarantee the fundamental rights of citizens (especially the population of the province of Limón) to public health and the environment, while the state's representation defends the oversight powers (potestades fiscalizadoras) that correspond to the MINAE, insofar as the challenged administrative provisions seek the greatest satisfaction of public interests.\n\n Given this panorama, it is the criteria of the undersigned that the public interests defended by the state's representation must prevail, insofar as the administrative authority, beyond imposing conditions, defines rules for the development of the activity, which unquestionably addresses the satisfaction of a public purpose. Even without analyzing whether the administrative conduct is legitimate or not, it is noted that the administration's decision would respond to the observance of the pro natura principle, insofar as the state entity seeks to continue providing the public service with the continuation of the permit's validity, but at the same time regulates the activity in order to ensure environmental protection.\n\n Let us see: in the challenged resolution No. R-0465-2021-AGUAS-MINAE, the Dirección de Aguas of the MINAE establishes the following requirements to be borne by the plaintiff: \"1. Provide the mathematical calibration of the weir (vertedero) installed for measuring the flow of the receiving body, endorsed by a responsible professional. 2. Submit quarterly reports of the monthly flow measurement running through the receiving channel of the discharge, measured according to the aforementioned weir. 3. Generate express authorization for the site administrators to allow officials of the Dirección de Agua to enter the discharge site for control of the provisions of the discharge permit, and for taking water samples for laboratory analysis, without prior notice, coordinating entry at the time of arrival. 4. Adopt the corresponding measures for the installation and operation of an alternative treatment system, to be used when the receiving channel dries up, as documented in the file and indicated in this resolution. 5. Maintain the treatment system, approved by the Ministerio de Salud, operating in good working condition to ensure that the effluent to be discharged into the receiving body does not exceed the flow and load of the discharge permit approved by the Ministerio de Ambiente y Energía.\"\n\n From reading this excerpt from the pronouncement, it is evident that each and every one of these requirements are intended to improve the development of the discharge activity for the benefit of the environment. Thus, this judge considers that it would be counterproductive to eliminate these requirements, as it could foster the occurrence of environmental damage. Moreover, imposing on the administrative authority in this precautionary instance the suppression of these requirements would imply disregarding the will of the administration and limiting the oversight powers attributed to it by a legal norm. In conclusion, considering that the requirements set by the administration would serve the greater satisfaction of public interests, the precautionary filter of the balance of interests (bilateralidad del perjuicio) will be considered not passed.\n\nVI. COROLLARY AND COSTS:\n\n In addition to the foregoing, despite observing an appearance of good law in the request, since the existence of a current or potential serious harm has not been demonstrated (peligro en la demora), and consequently, as the requirement of balance of interests (bilaterality of harm) has not been met, the request for a precautionary measure filed by the plaintiff Berthier Ebi de Costa Rica S.A. will be denied. Consequently, the provisionalijísima precautionary measure ordered in the resolution of twenty-one hundred twenty-five hours on March thirty-first, two thousand twenty-one is hereby vacated (se dejará sin efecto). Given the nature of these precautionary matters, it will be resolved without a special award for costs.\n\nOPERATIVE PART:\n\n     In accordance with the foregoing, the precautionary measure filed by BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. against EL ESTADO is declared WITHOUT MERIT. Consequently, the provisionalijísima precautionary measure ordered in the resolution of twenty-one hundred twenty-five hours on March thirty-first, two thousand twenty-one is vacated. Once this pronouncement is final, the archiving of this precautionary file is ordered.- Lic. Jose Ariel Solano Solano, Judge"
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