{ "id": "nexus-sen-1-0034-1212811", "citation": "Res. 00006-2024 Tribunal Agrario", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Rechazo de interdicto posesorio por pérdida de interés actual en territorio indígena China Kichá", "title_en": "Dismissal of possessory interdict for lack of current interest in China Kichá indigenous territory", "summary_es": "El Tribunal Agrario revoca una sentencia que había acogido una demanda interdictal de amparo de posesión presentada por un no indígena, Miguel Vargas Mata, contra miembros de la comunidad indígena China Kichá y su asociación de desarrollo. El actor reclamaba la posesión de varias fincas situadas dentro de la Reserva Indígena China Kichá. Sin embargo, durante la tramitación del proceso, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), en ejecución del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI), declaró al actor poseedor de mala fe de dichos inmuebles y ordenó iniciar los procedimientos para la nulidad de los traspasos y la restitución de las tierras al pueblo indígena. Esta decisión administrativa fue confirmada por el propio Tribunal Agrario en un recurso jerárquico impropio. El Tribunal considera que, al existir una acción estatal en marcha para recuperar el territorio indígena conforme a estándares de convencionalidad y constitucionalidad, ha sobrevenido una falta de interés actual en el proceso interdictal. Señala que el interdicto no puede ser una vía que contradiga las obligaciones internacionales del Estado en materia de protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En consecuencia, declara sin lugar la demanda en todos sus extremos y deja sin efecto las medidas cautelares otorgadas al actor.", "summary_en": "The Agrarian Tribunal overturns a judgment that had upheld a possessory interdict claim filed by a non-indigenous person, Miguel Vargas Mata, against members of the China Kichá indigenous community and its development association. The plaintiff sought possession of several properties located within the China Kichá Indigenous Reserve. During the proceedings, the Rural Development Institute (INDER), implementing the National Plan for the Recovery of Indigenous Territories (PLAN-RTI), declared the plaintiff a bad-faith possessor of those properties and ordered the initiation of procedures to nullify the transfers and return the lands to the indigenous people. This administrative decision was confirmed by the same Agrarian Tribunal in a hierarchical appeal. The Tribunal finds that, given the ongoing state action to recover the indigenous territory in accordance with conventionality and constitutionality standards, a lack of current interest has arisen in the interdict proceedings. It holds that the interdict cannot serve as a mechanism that contradicts the State's international obligations to protect the territorial rights of indigenous peoples. Consequently, it dismisses the claim in its entirety and lifts the precautionary measures granted to the plaintiff.", "court_or_agency": "Tribunal Agrario", "date": "10/01/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "indigenous-law-6172" ], "primary_topic_id": "indigenous-law-6172", "es_concept_hints": [ "proceso interdictal", "posesión de mala fe", "territorio indígena", "Convenio OIT 169", "PLAN-RTI", "INDER", "falta de interés actual", "propiedad comunal" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 5", "law": "Ley Indígena 6172" }, { "article": "Art. 13", "law": "Convenio OIT 169" }, { "article": "Art. 14", "law": "Convenio OIT 169" }, { "article": "Art. 23-c", "law": "Ley de Jurisdicción Agraria" } ], "keywords_es": [ "amparo de posesión", "territorio indígena", "China Kichá", "Convenio OIT 169", "Corte Interamericana de Derechos Humanos", "falta de interés actual", "posesión de mala fe", "recuperación de territorios indígenas", "propiedad comunal indígena", "proceso interdictal", "derecho agrario" ], "keywords_en": [ "possessory interdict", "indigenous territory", "China Kichá", "ILO Convention 169", "Inter-American Court of Human Rights", "lack of current interest", "bad faith possession", "recovery of indigenous territories", "indigenous communal property", "interdict proceedings", "agrarian law" ], "excerpt_es": "X.- (...) Así las cosas, si el Estado costarricense, por medio del INDER, ha puesto en marcha un Programa de Recuperación del Territorio China Kichá, a través del cual se ha resuelto en firme y en sede administrativa la situación jurídica de la posesión del actor como etapa previa a la expropiación, ello debe ser indudablemente tomado en cuenta en casos como el presente, pues ha sobrevenido una falta de interés en este proceso interdictal. (...) Por ello, esta demanda debe de rechazarse, toda vez el conflicto, para este caso sui generis, está siendo atendido conforme a los estándares de convencionalidad y constitucionalidad citados, de forma tal que en la especie el proceso interdictal no puede convertirse en una vía que entre en contradicción con las acciones del Estado costarricense para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la gobernanza en la tenencia de la tierra a fin de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista.", "excerpt_en": "X.- (...) Thus, if the Costa Rican State, through INDER, has launched a Recovery Program for the China Kichá Territory, through which the legal situation of the plaintiff's possession has been finally resolved at the administrative level as a preliminary step to expropriation, this must undoubtedly be taken into account in cases such as this one, because a lack of interest has supervened in these interdict proceedings. (...) Therefore, this claim must be dismissed, since the conflict, in this sui generis case, is being addressed in accordance with the cited conventionality and constitutionality standards, so that in this instance the interdict proceedings cannot become a path that contradicts the actions of the Costa Rican State to fulfill its international obligations regarding the protection of indigenous peoples' rights over their territories and the governance of land tenure in order to preserve cultural identities in a democratic and pluralistic society.", "outcome": { "label_en": "Claim dismissed", "label_es": "Demanda rechazada", "summary_en": "The interdict claim is dismissed for lack of current interest, since an administrative proceeding for the recovery of the indigenous territory under the PLAN-RTI is underway.", "summary_es": "Se declara sin lugar la demanda interdictal por falta de interés actual, al estar en marcha un procedimiento administrativo de recuperación del territorio indígena conforme al PLAN-RTI." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IX", "quote_en": "the interdict proceedings cannot become a path that contradicts the actions of the Costa Rican State to fulfill its international obligations regarding the protection of indigenous peoples' rights over their territories", "quote_es": "el proceso interdictal no puede convertirse en una vía que entre en contradicción con las acciones del Estado costarricense para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios" }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "Indigenous property has a different function in society and its structure is also diverse, due to the way that right is exercised collectively.", "quote_es": "La propiedad indígena tiene a su vez una función distinta en la sociedad y su estructura lo es también diversa, debido a la forma como se ejerce ese derecho colectivamente." }, { "context": "Considerando VII (cita Caso Awas Tingni)", "quote_en": "In indigenous communities, the relationship with the land is not merely a matter of possession and production but a material and spiritual element that Indigenous and Tribal Peoples must fully enjoy", "quote_es": "En las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar los Pueblos Indígenas y Tribales plenamente" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1212811", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00006 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 10 de Enero del 2024 a las 14:33\n\nExpediente: 20-000050-1555-AG\n\nRedactado por: María Vanessa Fisher González\n\nClase de asunto: Proceso sumario\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nNormativa Internacional: Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Convenio OIT N° 169\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencias en igual sentido Normativa internacional\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Derechos Humanos,Acceso a la Justicia,Der Económicos sociales culturales y ambientales,Pueblos Indígenas\n\nObjetivos de Desarrollo Sostenible: Reducción de las desigualdades (Obj 10)\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Agrario\n\nTema: Propiedad agraria indígena\n\nSubtemas:\n\nProceso interdictal no puede contradecir las acciones del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas.\nFinalidad del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas y efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas.\nDeber de integrar aspectos culturales y humanos en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas como aspectos caracterizadores del dominio.\n\nTema: Proceso sumario interdictal de amparo de posesión en materia agraria\n\nSubtemas:\n\nProceso interdictal no puede contradecir las acciones del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas.\nFinalidad del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas y efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas.\nDeber de integrar aspectos culturales y humanos en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas como aspectos caracterizadores del dominio.\n\nTema: Medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos\n\nSubtemas:\n\nProceso interdictal no puede contradecir las acciones del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas.\nFinalidad del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas y efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas.\nDeber de integrar aspectos culturales y humanos en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas como aspectos caracterizadores del dominio.\n\nTema: Propiedad indígena\n\nSubtemas:\n\nProceso interdictal no puede contradecir las acciones del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas.\nFinalidad del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas y efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas.\nDeber de integrar aspectos culturales y humanos en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas como aspectos caracterizadores del dominio.\n\nTema: Comunidad indígena\n\nSubtemas:\n\nProceso interdictal no puede contradecir las acciones del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas.\nFinalidad del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas y efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas.\nDeber de integrar aspectos culturales y humanos en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas como aspectos caracterizadores del dominio.\n\n\"IX.-[...]Así las cosas, si el Estado costarricense, por medio del INDER, ha puesto en marcha un Programa de Recuperación del Territorio China Kichá, a través del cual se ha resuelto en firme y en sede administrativa la situación jurídica de la posesión del actor como etapa previa a la expropiación, ello debe ser indudablemente tomado en cuenta en casos como el presente, pues ha sobrevenido una falta de interés en este proceso interdictal.[...] Por ello, esta demanda debe de rechazarse, toda vez el conflicto, para este caso sui generis, está siendo atendido conforme a los estándares de convencionalidad y constitucionalidad citados, de forma tal que en la especie el proceso interdictal  no puede convertirse en una vía que entre en contradicción con las acciones del Estado costarricense para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la gobernanza en la tenencia de la tierra a fin de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista.\"\n\n... Ver más\n\nOtras Referencias: PLAN-RTI, en acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, art. No. 9 de la sesión ordinaria N° 14, del 26 de abril del 2021.Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua., en sentencia del 31 de agosto de 2001, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, en sentencia de 29 de marzo de 2006, Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras, en sentencia de 08 de octubre de 2015, Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, en la sentencia del 25 de noviembre de 2015, Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, sentencia de 15 de junio de 2005, Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras en sentencia del 8 de octubre del 2015, Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil, sentencia de 5 de febrero de 2018, Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras en sentencia de 8 de octubre de 2015, Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil en sentencia del 5 de febrero de 2018, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006.COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCIÓN 16/15, al dictar la medida cautelar No. 321- 12, relacionado con el Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica, del 30 de abril de 2015Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional de la FAO. Dichas directrices fueron ratificadas por el Comité de Seguridad Alimentara (CFS) en su 38º período (extraordinario) de sesiones el 11 de mayo de 2012 1.1, 2.4, 7 y 9.3PLAN-RTI, en acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, artículo N. 9 de la sesión ordinaria N° 14, del 26 de abril de 2021\n\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Objetivos de Desarrollo Sostenible\nTexto de la resolución\nDocumento PJEDITOR\n\n????????????????\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n20-000050-1555-AG - 0\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nSUMARIO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nMIGUEL ARTURO VARGAS MATA\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nALEX VILLANUEVA FERNANDEZ\n\n \n\n   \n\nVOTO N°  N° 2024000006\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas treinta y tres minutos del diez de enero de dos mil veinticuatro.-\n\nPROCESO SUMARIO INTERDICTAL planteado por MIGUEL VARGAS MATA, mayor, casado en primeras nupcias, abogado, vecino de China Kichá, cédula de identidad  uno - quinientos sesenta y uno - doscientos cuarenta y seis; contra; contra ALEX VILLANUEVA FERNÁNDEZ, mayor, vecino de la comunidad de China Kichá de Pejibaye de Pérez Zeledón y demás calidades desconocidas; ROCÍO OBANDO RÍOS, mayor, vecina de la comunidad de China Kichá de Pejibaye de Pérez Zeledón, cédula de identidad uno - mil doscientos treinta y ocho - seiscientos treinta y cinco; MARÍA ESTER ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, mayor, viuda, ama de casa y agricultora, vecina de la comunidad de China Kichá de Pejibaye de Pérez Zeledón, cédula de identidad nueve - ciento uno - novecientos setenta y nueve; KATHERINE RÍOS RÍOS, mayor, soltera, agricultora, vecina de la comunidad de China Kichá de Pejibaye de Pérez Zeledón, cédula de identidad  seis - cuatrocientos cuatro - novecientos noventa y ocho; ALLAN RÍOS RÍOS, mayor, soltero, agricultor, vecino de la comunidad de China Kichá de Pejibaye de Pérez Zeledón, cédula de identidad uno - mil setecientos dieciséis - novecientos treinta y ocho; GREIVIN FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, mayor, soltero, agricultor, vecino de la comunidad de China Kichá de Pejibaye de Pérez Zeledón, cédula de identidad siete - doscientos treinta - cuatrocientos treinta y siete; RODRIGO VILLANUEVA FERNÁNDEZ, mayor, vecino de la comunidad de China Kichá de Pejibaye de Pérez Zeledón, cédula de identidad  uno - mil cuatrocientos ochenta y cuatro - seiscientos sesenta y nueve; YAMILETH FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, mayor, soltera, ama de casa y agricultora, vecina de la comunidad de China Kichá de Pejibaye de Pérez Zeledón, cédula de identidad nueve - mil veinte - doscientos veintinueve; y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE CHINA KICHÁ, cédula jurídica tres - cero cero dos - trescientos sesenta y un mil trescientos cuarenta y seis, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Hugo Efraín Fernández Zúñiga, mayor, vecino del Territorio indígena China Kichá, Pérez Zeledón, cédula de identidad uno - mil doscientos trece - seiscientos setenta y tres. Actúa como apoderado especial judicial de la parte actora, el licenciado, Herald Andrey Garbanzo Alvarado,  cédula de identidad uno - mil trescientos setenta y siete - novecientos diecinueve; y como abogado director de los demandados, el licenciado Luis Ricardo Araya Piedra, colegiado dieciocho mil novecientos ocho. Tramitado ante el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, materia agraria.\n\n Redacta la jueza Fisher González; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- De las pretensiones: Interpone la parte actora demanda interdictal y, solicita se declare: Se acoja la demanda, se le restituya en la posesión y se le prevenga a los demandados no ingresar más a la propiedad\" (Ver en el expediente electrónico en bandeja de escritos de fecha 30/09/2020 02:29:00 y sentencia de primera instancia incorporada el  14/12/2022 09:56:25).\n\n II.- Excepciones deducidas. La parte demandada contestó negativamente  la demanda e interpuso la excepción de falta de derecho. (Ver el expediente electrónico en bandeja de escritos de fecha a 21/10/2020 04:57:44).\n\n III.- El juez Jean Carlos Céspedes Mora del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, mediante sentencia número 2022000077, de las nueve horas cincuenta y seis minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós, resolvió: \"POR TANTO: En mérito de lo expuesto, hechos tenidos por demostrados, análisis y citas legales invocadas, se rechazan las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación. Por ello SE DECLARA CON LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la presente demanda interdictal de MIGUEL VARGAS MATA contra ROCIÓ OBANDO RÍOS, MARÍA ESTER ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, KATHERINE RÍOS RÍOS, ALLAN RÍOS RÍOS, GREIVIN FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, ALEX VILLANUEVA FERNÁNDEZ, RODRIGO VILLANUEVA FERNÁNDEZ, YAMILETH FERNÁNDEZ ZÚÑIGA y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE CHINA KICHÁ representada por EFRAIN FERNÁNDEZ ZÚÑIGA. En consecuencia se ordena a los demandados restituir al actor del área que ilegalmente ocupan dentro del predio en posesión que venía ejerciendo el primero. Dentro del plazo de tres días a partir de la firmeza de esta sentencia deberán desalojar -si es que así ocupan tierra- bajo pena de ordenarlo utilizando la fuerza en caso de omisión. Previénese a ROCIÓ OBANDO RÍOS, MARÍA ESTER ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, KATHERINE RÍOS RÍOS, ALLAN RÍOS RÍOS, GREIVIN FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, ALEX VILLANUEVA FERNÁNDEZ, RODRIGO VILLANUEVA FERNÁNDEZ, YAMILETH FERNÁNDEZ ZÚÑIGA y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE CHINA KICHÁ representada por EFRAIN FERNÁNDEZ ZÚÑIGA abstenerse perturbar sea de forma personal o interpuesta persona la posesión que ejerce Miguel Vargas Mata en el área en conflicto. En caso de no acatarse esta orden se iniciará causa por desobediencia a la autoridad. De conformidad con el artículo 106.5 del Código Procesal Civil se condena a los demandados al pago de los daños y perjuicios causados al actor cuya liquidación, prueba y cobro podrán tramitarse en etapa de ejecución de lo resuelto. Se resuelve sin especial condena en costas” (Ver en el expediente electrónico en bandeja de documentos asociados sentencia primera instancia de fecha 14/12/2022 09:56:25).\n\n IV.- El Tribunal avala el hecho demostrado a), sin embargo, en lugar de la palabra “comunidad” se sustituye por la frase: “Territorio Indígena”, y se añade como fundamento de prueba las copias de resolución administrativa de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en el artículo número 9 de la sesión ordinaria No. 14, celebrada el veintiséis de abril del dos mil veintiuno, visibles en imágenes 208 a 218 del expediente electrónico de primera instancia visualizado como archivo completo. Tocante a los hechos demostrados b) y c) no se aprueban, dada la forma como se resolverá este asunto en esta instancia. Se comparte el hecho probado d). Por otro lado, de esta naturaleza el Tribunal incluye los siguientes hechos: e) En virtud de que los inmuebles objeto de este proceso están dentro del territorio indígena China Kichá, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en el artículo número 9 de la sesión ordinaria N° 14, celebrada el veintiséis de abril del dos mil veintiuno, resolvió que el actor Miguel Vargas Mata era poseedor de mala fe de las fincas de la provincia de San José matrículas 305530-001 y 002, 635202-000 y 635201-000, de manera que no le correspondía indemnización alguna por lo que debían de iniciarse los procedimientos necesarios para la nulidad de los traspasos, a fin de que esas fincas sean puestas en posesión del pueblo indígena China Kichá (ver copias de resolución administrativa en imágenes 208 a 218 del expediente electrónico de primera instancia visualizado como archivo completo). f) Esa resolución administrativa fue confirmada por este Tribunal en sentencia No. 596 de las trece horas cuarenta y ocho minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés (ver expediente electrónico de segunda instancia, en recurso jerárquico impropio, tramitado con el número de carpeta 23-000002-0029-AG).    \n\n V. Las personas demandadas Rocío Obando Ríos, María Ester Zúñiga Fernández, Katherine Ríos Ríos, Allan Ríos Ríos, Greivin Fernández Zúñiga, Alex Villanueva Fernández, Rodrigo Villanueva Fernández y Yamileth Fernández Zúñiga,  por medio de su abogado director el licenciado Luis Ricardo Araya Piedra, interpusieron recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoyan para refutar la tesis del juzgado de instancia.  Los agravios son los siguientes: 1) De forma inexplicable, se le otorga al actor derechos de propiedad inexistentes y la consecuente posibilidad de ejercer una posesión ilegal, contraviniendo todo el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Se aplicaron criterios únicamente de carácter civilista, ignorando la respectiva normativa que tutela los derechos de las comunidades indígenas. Es así como en la resolución de la Sala Constitucional No. 2022024725, se reafirma que todo negocio o acto realizado por no indígenas dentro de territorio indígena es absolutamente nulo y de mala fe, desde el momento mismo de aprobación de la Ley Indígena No. 6172. 2) Resulta objetivamente incomprensible que en el apartado de hechos probados no se haya incluido que el área objeto del proceso está dentro de la Reserva China Kichá y que los títulos que alega el actor los obtuvo de manera muy reciente y distante del año 1977, razón por la cual el INDER lo declaró poseedor de mala fe, en la resolución administrativa No. 005- 2021 del 26 de abril del 2021. 3) Es improcedente que en el fallo se haya condenado a pagar daños y perjuicios cuando más bien ha sido el actor el que los ha provocado con su ocupación ilegal, al privar a los indígenas del uso de esas tierras y afectarle su derecho a la alimentación. Además, el actor infringió cuantiosos daños al medio ambiente, destrozando recursos existentes en el inmueble. 4) En todo caso, la orden de desalojo es improcedente, toda vez el Ministerio de Seguridad Pública decretó la vulnerabilidad social del desalojo de las familias de Yuwi Senagio, amparado al Decreto Ejecutivo No. 39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS (Ver el expediente electrónico bandeja de escritos de fecha 19/12/2022 04:38:23).\n\n VI. Primeramente, este Tribunal estima necesario reseñar algunos antecedentes de sede administrativa y judicial que permiten contextualizar el estado actual del conflicto suscitado entre las partes: 1) Este proceso interdictal inició el 30 de setiembre del 2020 (demanda Incorporada en la carpeta electrónica de primera instancia el 30/09/2020 14:29:00). 2) El Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI), impulsado por el Estado de Costa Rica, pretende regularizar los territorios indígenas del país, distribuido en tres etapas, incluyendo la primera de ellas a los territorios de: Salitre, Cabagra, Guatuso, China Kichá, Kekoldi (Cocles), Zapatón, Altos de San Antonio, Guaymí de Osa y Térraba (ver Plan en página electrónica oficinal del Ministerio de Agricultura y Ganadería:https://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/E14-11109.pdf). Ese Plan fue declarado de interés público en Decreto Ejecutivo No. 42250-MAG-MP del 13 de marzo del 2020. En la parte considerativa de ese Decreto, se menciona el artículo 5 de la Ley Indígena, artículo 14 del Convenio No.169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el sentido que los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Asimismo, se expone en los considerandos III y IV que el Estado costarricense, debe garantizar plenamente el disfrute de los derechos de las comunidades indígenas y a su vez, continuar con los esfuerzos de recuperación de sus tierras que permita a los indígenas, vivir libremente en sus territorios. De igual modo, se expone que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), está bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y que ha sido revestido de competencias especiales por parte de la Ley Indígena.  Se añade que el artículo 8 de la Ley que  transforma el Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural  crea la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, (Ley Nº 9036 del 11 de mayo del 2012) y que dimensiona el accionar de la institución hacia el desarrollo rural del país, facultándolo como el organismo para dirimir todos aquellos conflictos de posesión precaria, brindando soluciones que resulten a los problemas de ocupación de las reservas nacionales y de la ocupación en precario de tierras de dominio privado. 3) Como parte de la implementación del PLAN-RTI, en acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural,  artículo número 9 de la sesión ordinaria N° 14, celebrada el veintiséis de abril del dos mil veintiuno, resolvió: \"De conformidad con lo expuesto y con fundamento en la normativa y jurisprudencia indicada, se resuelve: 1) Tener por acreditado que Miguel Vargas Mata, es propietario de mala fe de las fincas matrícula: 305530-001 y matrícula: 305530-002, finca matrícula 635202-000 y finca matrícula 635201-000. 2) Que no le corresponde indemnización alguna. 3) Que se inicien los procedimientos necesarios para la nulidad de los traspasos, para que las fincas sean puestas en posesión del pueblo indígena China Kicha. 5) Trasladase (sic) el expediente al Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto de Desarrollo Rural, para que elabore la solicitud hacia la Procuraduría General de la República, para que de conformidad con el inciso i del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para se (sic) inicie el proceso de nulidad de los traspasos hacia Miguel Vargas Mata, de las fincas MATRICULA:305530-001 y MATRICULA: 305530-002, FINCA MATRICULA 635202- 000 y FINCA MATRICULA 635201-000, por haberse adquirido cuando ya estaba restablecido la Reserva Indígena China Kicha. 6) Instruir a la Secretaría General de Junta Directiva, para la notificación de este acuerdo\" (ver acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural en imágenes 208 a 218 del expediente electrónico). 4) La sentencia interdictal venida en alzada se dicta a las nueve horas cincuenta y seis minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós. 5) El Tribunal Agrario procedió a confirmar la resolución administrativa, en virtud de recurso jerárquico impropio formulado por la parte acá actora, en sentencia No. 596 de las trece horas cuarenta y ocho minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés (ver expediente electrónico de segunda instancia, en recurso jerárquico impropio, tramitado con el número de carpeta 23-000002-0029-AG).\n\nVII. Previo a analizar en forma concreta los agravios de la parte impugnante resulta oportuno destacar un precedente de este Tribunal relacionado con un proceso interdictal en el mismo territorio indígena que nos ocupa. Lo anterior en virtud de que la materialidad objeto de este proceso, comprendida por el bloque de las fincas de la provincia de San José matrículas 305530-001 y 002, 635202-000 y 635201-000, se sitúa dentro de la Reserva Indígena China Kichá (ver acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural en imágenes 208 a 218 del expediente electrónico). Es así como en el voto No.2023001052 de las quince horas diez minutos del seis de diciembre del dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional consideró: \"... IX.- En otro orden de ideas, resulta menester indicar que ciertamente, conforme lo estipula el ordinal 106 del Código Procesal Civil (aplicable por disposición expresa del canon 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria), el proceso interdictal tiene como objeto específico la tutela de la posesión actual y momentánea, sin que se resuelvan en forma definitiva aspectos del derecho de propiedad o bien del derecho de posesión, pues su fin es la tutela de la paz social. Asimismo, que ese proceso tiene su fundamento sustantivo en el ordinal 309 del Código Civil. Pero el derecho consuetudinario indígena debe de aplicarse para resolver conflictos entre los mismos indígenas como fuente primaria, aún en el marco de un proceso interdictal. En este sentido, la interpretación de los alcances del ordinal 106 mencionado, como lo indicó la Sala Constitucional en la consulta judicial realizada en este proceso, en sentencia 2023011473 de las nueve horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, responde a un tema de legalidad, y por ello declaró inevacuable la consulta. Sobre el particular soslayó: “A partir de lo anterior, este Tribunal considera que lo planteado es una cuestión de mera interpretación y aplicación de las normas legales en el caso concreto, por sus especiales características. Es decir, el Tribunal se cuestiona qué normas deben prevalecer para interpretar lo que el artículo consultado dispone al referirse a posesión legítima en este caso, sin lesionar otros derechos convencionales reconocidos a la titularidad del bien como propiedad indígena. Sin embargo, ello no es un problema propio de constitucionalidad, sino de legalidad. Por ende, la consulta resulta inevacuable”. Es decir, entiende este Tribunal que el artículo 106 no es inconstitucional en sí mismo, porque está lógicamente previsto para resolver controversias en la tenencia de los bienes privados, de ahí que su aplicación a conflictos en territorios indígenas, en ponderación con otras normas que los regulan, corresponde a los Tribunales, en el marco del ejercicio de la función jurisdiccional. En consonancia con lo anterior, a juicio de este órgano, aunque el proceso interdictal puede ser utilizado como mecanismo procesal de resolución de controversias en materia agraria, tratándose de territorios indígenas, dependiendo de la casuística e intereses jurídicos involucrados, sopesados en el marco del ordenamiento jurídico en su globalidad, la valoración de los presupuestos de la acción puede llegar a tener connotaciones distintas. Lo anterior, siempre que en el caso concreto existan particularidades que lo ameriten, como sucede en el presente proceso. De ahí que lleva razón la entidad recurrente que el este conflicto amerita un análisis que trasciende la protección de la mera posesión, dado lo sucedido entre la interposición de la demanda y la emisión de la sentencia, en relación con el terreno que se pretende recuperar. Existen normas internacionales que regulan los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y tribales en sus territorios ancestrales. La propiedad indígena tiene a su vez una función distinta en la sociedad y su estructura lo es también diversa, debido a la forma como se ejerce ese derecho colectivamente. De esta forma se trasciende de la naturaleza productiva, o del uso y goce de un bien, como aspectos normalmente caracterizadores del dominio, para integrar otros aspectos culturales y humanos esencialmente relevantes en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineado en forma consistente estas características, en diversos pronunciamientos. En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua., en sentencia del 31 de agosto de 2001 consideró: “En las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar los Pueblos Indígenas y Tribales plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”. De igual modo, en el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, en sentencia de 29 de marzo de 2006 determinó: “Asimismo, este Tribunal considera que los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas pueden tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta “no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”. Esta noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas”. Lo anteriormente señalado coincide con el ordinal 13.1 del Convenio 169 de la OIT, que estatuye: “Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. Y el 14 de ese mismo articulado: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. (…) X.- En vista de todo lo anterior, conforme se expuso en el considerando VIII, es evidente que en lo relativo al territorio indígena China Kichá, el Estado de Costa Rica ha emprendido acciones para su recuperación, saneamiento y ordenamiento, con el fin de tutelar la propiedad indígena, y a la vez, evitar situaciones de violencia y desequilibrio. En el caso en estudio, se ha concretado una primera etapa de valoración de elementos objetivos, subjetivos y temporales, para que se proceda a iniciar la expropiación a la parte actora de las fincas de la provincia de San José matrículas 305445, 305500, 305502, 305504, 305443, más no así la finca 30546, por considerarse que sobre esta última no tiene derecho. Nótese el presente proceso versa sobre todas esas fincas que conforman un conglomerado o unidad material en el territorio indígena China Kichá. Con respecto a este punto, el artículo 5 de la Ley Indígena dispone: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI”. En razón de lo anterior, esta Cámara no puede desconocer que se están implementando acciones para dar cumplimiento a esa norma especial de rango legal y a los principios del Convenio 169 de la OIT. Por ello, resulta atendible el agravio de CONAI que ya existe en marcha una acción estatal encaminada a la expropiación del actor, que debe de ser ponderada en la solución de este caso, y que incluso fue aceptada por él al no haber recurrido los efectos de ese procedimiento administrativo preliminar a la expropiación (únicamente impugnó lo atinente a la posesión de mala fe de una de las fincas). Por consiguiente, la solución de este proceso judicial debe de armonizarse con la puesta en marcha del cumplimiento de obligaciones que el Estado ha asumido y no generar una regresión que profundice el conflicto social, originado precisamente en la desatención que por décadas mantuvo el Estado en detrimento de los derechos de la Comunidad Indígena China Kichá, lo que ha propiciado una grave ingobernanza en la zona. A manera de ejemplo, en cuanto a los efectos de esa omisión de los Estados en la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, conviene mencionar lo señalado por la Corte Interamericana en el Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras, en sentencia de 08 de octubre de 2015: “Por tanto, la falta de garantía del uso y goce, a través de la ausencia de saneamiento por parte del Estado del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, durante más de 15 años, así como la falta de ejecución de dichos acuerdos, derivaron en graves tensiones entre las comunidades en cuestión”. De igual relevancia, conviene traer a colación las tensiones por la tenencia de territorios indígenas en Costa Rica, cuya magnitud ha requerido la intervención de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCIÓN 16/15, al dictar la medida cautelar No. 321- 12, relacionado con el Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica, del 30 de abril de 2015, que ordenó: “26. Respecto al requisito de urgencia, la CIDH considera que se encuentra cumplido, en la medida que la situación de riesgo de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo Bribri de Salitre se ha mantenido activa, a lo largo del presente procedimiento, siendo el 24 noviembre de 2014 el último presunto hecho de violencia registrado. Al respecto, la Comisión toma nota y valora las acciones implementadas por el Estado, a fin de garantizar la vida e integridad personal de los miembros de ambos pueblos indígenas en Salitre, las cuales se habrían traducido en la instauración de una mesa diálogo, una serie de investigaciones por los presuntos hechos alegados, el establecimiento de patrullajes en la zona, entre otras medidas. Al respecto, la Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Estado por implementar medidas que atiendan las causas y efectos del conflicto mencionado, el cual ha generado diversas manifestaciones de violencia en la zona. Sin embargo, de acuerdo a los solicitantes: i) las autoridades locales de Buenos Aires, Puntarenas, no habrían adoptado medidas integrales para prevenir nuevos actos de violencia o amenazas en la zona, tomando en consideración el contexto y los antecedentes indicados; y ii) las medidas de seguridad ofrecidas no serían suficientes, en especial, por cuanto las mismas no tendrían un carácter permanente, en vista que las mismas solamente serían implementadas por cortos períodos de tiempo, una vez que algún hecho de violencia hubiese ocurrido. En esta línea, la Comisión toma nota de los informes elaborados por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, institución estatal que ha señalado que los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo Bribri de Salitre no contarían con ningún puesto de control policial, un registro para el ingreso a sus territorios y tampoco contarían con algún patrullaje ofrecido por las autoridades locales. En estas circunstancias, la Comisión estima que debido a la continuidad del clima de tensión en la zona vis-a-vis los avances reportados sobre las medidas destinadas a delimitar los territorios, la situación de riesgo podría exacerbase en la zona. En tal sentido, la CIDH considera que es necesario que el Estado refuerce las medidas de protección implementadas a la fecha, por medio de medidas adecuadas y efectivas, tomando en consideración un enfoque diferencial respecto de pueblos indígenas y las dinámicas particulares en la zona. (…) Asimismo, la Comisión reitera que los Estados están obligados a adoptar medidas para asegurar el control efectivo de sus territorios y proteger a los pueblos indígenas de actos de violencia u hostigamiento. En este mismo sentido, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que se prevenga la ocurrencia de conflictos con terceros por causa de la propiedad de la tierra, en particular en los casos en que el retardo en la demarcación, o la falta de demarcación, tengan el potencial de generar conflictos”. Adicionalmente, debe destacarse lo que ha desarrollado la citada Corte en el Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, en la sentencia del 25 de noviembre de 2015: “La Corte ha establecido que, en atención al principio de seguridad jurídica, es necesario materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través de la adopción de medidas legislativas y administrativas necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación, que reconozca tales derechos en la práctica. Lo anterior, considerando que el reconocimiento de los derechos de propiedad comunal indígena debe garantizarse a través del otorgamiento de un título de propiedad formal, u otra forma similar de reconocimiento estatal, que otorgue seguridad jurídica a la tenencia indígena de la tierra frente a la acción de terceros o de los agentes del propio Estado, y que este “reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se establece, delimita y demarca físicamente la propiedad”. (…) Cabe precisar, que para efectos de la delimitación, demarcación y titulación del territorio tradicional en el presente caso, la Corte estima que el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales contempla garantías plenas sobre los territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, y utilizado para ejercer su propia forma de vida, subsistencia, tradiciones, cultura y desarrollo como pueblos. Sin perjuicio de lo anterior, existirían otras áreas tradicionales complementarias o adicionales a las que hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales o de subsistencia (que en su caso pueden compartir otros fines), respecto de las que se debe garantizar, al menos, su acceso y uso en la medida de lo que corresponda”. En igual sentido, la Alta Corte ha reiterado en su jurisprudencia: “… los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros de buena fe, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad; (…) el Estado debe garantizar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio” (ver Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, sentencia de 15 de junio de 2005 y Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras en sentencia del 8 de octubre del 2015). Así las cosas, debe apuntarse que, en el caso de nuestro país, el artículo 5 de la Ley Indígena señala que lo que procede o prevalece es la restitución de los territorios originales, de forma tal que a los no indígenas -de considerarse poseedores de buena fe- lo que corresponde es su reubicación o expropiación. Asimismo en el Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil, sentencia de 5 de febrero de 2018, se menciona por parte de dicha Corte, que “la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado en otros casos que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que existan mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y promover sus derechos sobre los territorios indígenas, a través de los cuales se puedan llevar a cabo los procesos de reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de su propiedad territorial . Los procedimientos en mención deben cumplir las reglas del debido proceso legal consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”. En el mismo sentido: Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras en sentencia de 8 de octubre de 2015. Así las cosas, si el Estado costarricense, por medio del INDER, ha puesto en marcha un Programa de Recuperación del Territorio China Kichá, a través del cual se ha resuelto en firme y en sede administrativa la situación jurídica de la posesión del actor como etapa previa a la expropiación, ello debe ser indudablemente tomado en cuenta en casos como el presente, pues ha sobrevenido una falta de interés en este proceso interdictal. A mayor abundamiento, la Corte Interamericana, sobre la efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas, en el Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil en sentencia del 5 de febrero de 2018, se consideró: “Para la situación en particular de los pueblos indígenas, la perita Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, observó que para garantizar el uso y goce del derecho de la propiedad colectiva, los Estados deben asegurar que no exista interferencia externa sobre los territorios tradicionales, esto es, remover cualquier tipo de interferencia sobre el territorio en cuestión a través del saneamiento con el objeto de que el ejercicio del derecho a la propiedad tenga un contenido tangible y real. En el mismo sentido se manifestó en el presente proceso el perito Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Un reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece de sentido si las poblaciones o pueblos interesados no pueden ejercitar plenamente y de forma pacífica su derecho. El saneamiento no sólo implica el desalojo de terceros de buena fe o de personas que ocupen ilegalmente los territorios demarcados y titulados, sino garantizar su posesión pacífica y que los bienes titulados carezcan de vicios ocultos, esto es, libre de obligaciones o gravámenes en beneficio de terceras personas. Si lo anterior no se verifica, para la Corte es claro que el derecho de propiedad colectiva no ha sido garantizado por completo. Así, la Corte estima que los procesos administrativos de delimitación, demarcación, titulación y saneamiento de territorios indígenas son mecanismos que garantizan seguridad jurídica y protección a este derecho”. Por último, mencionar el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006: “En tal sentido, el Tribunal constata que los argumentos que el Estado ha interpuesto para justificar la falta de concreción del derecho a la propiedad de los indígenas no han sido suficientes para relevar su responsabilidad internacional. El Estado ha presentado tres argumentos: 1) que las tierras reclamadas han sido trasladadas de propietario en propietario “desde hace mucho tiempo” y están debidamente inscritas; 2) que dichas tierras están siendo debidamente explotadas, y 3) que el propietario de las tierras “está amparado por un Tratado entre la República del Paraguay y la República Federal de Alemania[,] el cual […] es Ley de la Nación”. 138. Respecto al primer argumento, la Corte considera que el mero hecho de que las tierras reclamadas estén en manos privadas, no constituye per se un motivo “objetivo y fundamentado” suficiente para denegar prima facie las solicitudes indígenas. En caso contrario, el derecho a la devolución carecería de sentido y no ofrecería una posibilidad real de recuperar las tierras tradicionales, limitándose únicamente a esperar la voluntad de los tenedores actuales, y forzando a los indígenas a aceptar tierras alternativas o indemnizaciones pecuniarias. Sobre el particular, la Corte ha señalado que cuando existan conflictos de intereses en las reivindicaciones indígenas, habrá de valorarse caso por caso la legalidad, necesidad, proporcionalidad y el logro de un objetivo legítimo en una sociedad democrática (utilidad pública e interés social), para restringir el derecho de propiedad privada, por un lado, o el derecho a las tierras tradicionales, por el otro. El contenido de cada uno de estos parámetros ya fue definido por el Tribunal en el Caso Comunidad indígena Yakye Axa, por lo que hace remisión expresa a lo ya resuelto. 139. El mismo análisis se aplica al segundo argumento del Estado respecto a la productividad de las tierras. Bajo este argumento subyace la idea de que los indígenas no pueden, bajo ninguna circunstancia, reclamar sus tierras tradicionales cuando éstas se encuentren explotadas y en plena productividad, mirándose la cuestión indígena exclusivamente a través de la productividad de la tierra y del régimen agrario, lo que resulta insuficiente a las peculiaridades propias de dichos pueblos”. (…)  XI.- En otro orden de consideraciones, pero siempre para abundar razones de la forma como se resuelve en esta instancia, se deben de tomar en cuenta, además, las Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional de la FAO. Dichas directrices fueron ratificadas por el Comité de Seguridad Alimentara (CFS) en su 38º período (extraordinario) de sesiones el 11 de mayo de 2012. Según el objetivo 1.1 lo que se persigue es mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Expresamente se indica: “Todos los programas y políticas y la asistencia técnica destinada a mejorar la gobernanza de la tenencia mediante la aplicación de estas Directrices deberían guardar coherencia con las obligaciones existentes de los Estados con arreglo al Derecho internacional, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales sobre los derechos humanos”. En cuanto a su naturaleza y alcance, el acápite 2.4 reza: “Estas Directrices tienen alcance mundial. Teniendo en cuenta el contexto nacional, pueden ser utilizadas por todos los países y regiones en cualesquiera etapas del desarrollo económico; y se pueden utilizar en el ámbito de la gobernanza de todas las formas de tenencia, incluida la pública, la privada, la comunal, la colectiva, la indígena y la consuetudinaria”. Asimismo, en el apartado 7, se desarrolla el “Reconocimiento jurídico y asignación de derechos y deberes de tenencia”, y en el 9.3 se establece: “Los Estados deberían garantizar que todas las actuaciones se ajustan a sus obligaciones existentes en el marco del derecho nacional e internacional, teniendo en debida consideración los compromisos voluntarios asumidos en virtud de los instrumentos regionales e internacionales aplicables. En el caso de los pueblos indígenas, los Estados deberían cumplir con sus obligaciones y compromisos voluntarios pertinentes, a fin de proteger, promover y aplicar los derechos humanos, incluidos, cuando sea pertinente, los derivados del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (n.º 169) de la Organización Internacional del Trabajo, del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”. Conforme se desprende de ese documento, estas Directrices, son el primer instrumento exhaustivo de alcance mundial sobre la tenencia y su administración preparado mediante negociaciones intergubernamentales. En las Directrices se estipulan principios y normas internacionalmente aceptados que encauzan las prácticas responsables para el uso y control de la tierra, la pesca y los bosques. Las Directrices ofrecen orientaciones destinadas al mejoramiento de los marcos normativos, jurídicos y organizativos que regulan los derechos de tenencia; al aumento de la transparencia de los sistemas de tenencia y en los procesos relativos a su administración; y al refuerzo de las capacidades y operaciones de los organismos públicos, empresas del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y personas involucradas en las cuestiones vinculadas con la tenencia y su gobernanza. Las Directrices sitúan la gobernanza de la tenencia en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y tienen como objetivo contribuir a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, a la erradicación de la pobreza, a la protección ambiental y al desarrollo social y económico sostenible. XII.- Con fundamento en lo anterior, el proceso interdictal debe de rechazarse porque el conflicto está siendo atendido conforme a los estándares internacionales. El proceso interdictal, para este caso sui generis, no puede convertirse en una vía que entre en contradicción con las acciones legítimas que ha emprendido el Estado costarricense para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la gobernanza en la tenencia de la tierra, a fin de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista. (…) XIII. En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia, por las razones expuestas por este Tribunal. En su lugar se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, por no cumplirse con el presupuesto básico de toda acción procesal de interés actual, al existir una situación sobreviniente que ofreció una solución al conflicto de las partes del presente proceso, en relación con la tenencia de la tierra objeto de litigio (artículo 23 inciso c) de la Ley de Jurisdicción Agraria)”.\n\nVIII.  De conformidad con lo anteriormente expuesto, debe en primer orden considerarse que como parte de la implementación del PLAN-RTI, en acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural,  artículo número 9 de la sesión ordinaria N° 14, celebrada el veintiséis de abril del dos mil veintiuno, se resolvió que el actor Miguel Vargas Mata, figura como propietario registral  de mala fe de las fincas matrícula: 305530-001 y matrícula: 305530-002, finca matrícula 635202-000 y finca matrícula 635201-000 y que no le correspondía indemnización alguna, debiendo iniciarse los procedimientos necesarios para la nulidad de los traspasos, para que las fincas sean puestas en posesión del pueblo indígena China Kichá. De igual modo, conforme se reseñó supra, el Tribunal Agrario procedió a confirmar la resolución administrativa, en virtud de recurso jerárquico impropio formulado por la parte acá actora, en sentencia No. 596 de las trece horas cuarenta y ocho minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés, con base esencialmente en el criterio vinculante emitido por la Sala Constitucional -según artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- en pronunciamiento No. 24725-2022 de las 12 horas 41 minutos del 19 de octubre de 2022. En tal sentencia se conoció de una acción: “…para que se declare inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Primera de Casación (sentencias nros. 000920-F-S1-2015 de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2015, 002848-A-S1-2020 de las 10:10 horas del 3 de diciembre de 2020, 002878-F-S1-2020 de las 10:35 horas del 10 de diciembre de 2020 y 000681-F-S1-2021 de las 10:00 horas del 25 de marzo de 2021), concerniente al artículo 3 de la Ley Indígena, por estimarla contraria a los numerales 9, 11, 41 y 45 de la Constitución Política, y a los principios de buena fe, confianza legítima y no confiscación, así como al ordinal 21 inciso 2 de la CADH”. En ese voto del Tribunal Agrario se refirió lo siguiente: “En síntesis, según lo expresado por la Sala Constitucional en cita el criterio jurisprudencial en análisis se sintetiza así: “…quienes adquieren terrenos en las reservas indígenas al amparo del Registro Nacional (sin anotación registral que indique que la finca adquirida se encuentra dentro de una reserva indígena), no son adquirentes de buena fe, y debido a ello, se les niega la indemnización que establece el ordinal 5 de la Ley Indígena”. Concluyó la Alta Cámara constitucional los citados criterios no contravienen el Derecho de la Constitución. Varios puntos de relevancia para resolver el asunto se deben extractar de la sentencia anterior, particularmente por lo preceptuado por el numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en cuanto establece la jurisprudencia y los precedentes son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. 1. En el análisis de constitucionalidad se descartó infracción al numeral 45 de la Constitución Política, porque es en apego a esa estipulación las personas que de buena fe ostenta titularidad de un bien ubicado dentro de una reserva indígena, que es un espacio restringido y “deviene jurídicamente improcedente ejecutar tal acto traslativo de dominio, toda vez que el inmueble en cuestión es intransferible por imperativo de ley…carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida, cuya delimitación física ya ha sido debidamente establecida y publicada a través de los decretos ejecutivos correspondientes”. Si el bien se traspasa, ese negocio jurídico es contra legem porque la propiedad se encontraba afectada por el régimen de propiedad indígena, al margen de lo indicado en el Registro Público al momento del acto negocia. Concluye esa idea la Sala indicando: “…el bien inmueble no podía ser objeto de comercio ni podía ser transferido a una persona ajena a la comunidad indígena”. 2. Analizó el principio de confianza legítima y se concluyó las sentencias analizadas no desatienden ese precepto: “Así, debe reiterarse que, con independencia de lo que se advierta registralmente, la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico. Véase, una vez más, que la delimitación física de las reservas indígenas está establecida a través de distintos decretos ejecutivos, debidamente publicados; además, existe una prohibición legal expresa para que las personas no indígenas adquieran estas propiedades, por lo que los actos de traspaso son nulos. Por ello, la eventual omisión del Registro Público de consignar la afectación de reserva indígena sobre un inmueble de ninguna manera convalida algún acto traslativo de dominio efectuado al margen de la ley, ni constituye una causa idónea para que el adquirente de tal negocio nulo reclame una indemnización en los términos del ordinal 5 de la Ley Indígena, como pretende la parte recurrente”. 3. Tampoco observó vulneración al principio de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por actividad jurisdiccional, por cuanto ese principio no es un desacuerdo con un criterio jurisprudencial sino implica la constatación de alguna irregularidad grave en el cumplimiento de las responsabilidades del Estado lo cual se debe acudir a las vías comunes. (…) VII. Las heredades objeto del procedimiento se encuentran dentro del territorio indígena China Kichá, al tenor de los informes del Departamento de Fondo de Tierras, Unidad de Información y Registro de Tierras en fojas 16, 23 y 30. Mediante decreto número 34 del 15 de noviembre de 1956 se declara y demarcan zonas como reservas indígenas. (…) como se expuso en el considerando anterior, lo resuelto por la Sala Constitucional es vinculante erga omnes y tal posición es acorde con el criterio de la Junta Directiva en cuanto el único factor para tener a un propietario de mala fe es porque se realizó un traspaso en fecha posterior a la creación del territorio indígena. En este caso se tiene por probado, se trata de tres heredades las cuales fueron adquiridas por el administrado Vargas Mata con fecha posterior al restablecimiento del territorio China Kicha. El primer fundo del partido de San José número 305530-001 y 002 graficado en el plano catastrado SJ 0497111-1983 fue adquirida por el administrado en dos porciones. La primera fue vendida por Edgar Vargas el 26 de enero de 2006 un segmento de ocho novenos. La restante porción fue donada por el citado Edgar Vargas el 25 de abril de 2014. Tal información se desprende del informe de folio 16 y certificaciones de folios 8, 9 a 11 y 12 a 14, 15 todos del expediente administrativo físico. La segunda heredad es la número 635201-000 graficada en el plano catastrado SJ- 56041-1992 fue adquirido por el propietario actual, producto de una segregación y venta realizada el 23 de abril de 2013 por parte de Wilmer Tabash Cordero, de acuerdo con la certificación de folio 17, copia de testimonio de escritura de foja 19 a 22 todos del expediente administrativo físico. El último inmueble es el número 635202-000 dibujado en el plano catastrado SJ-0749183-1988, adquirido por el propietario actual, producto de una segregación y venta realizada el 23 de abril de 2013 por parte de Wilmer Tabash Cordero, según la certificación de folio 24 y copia de testimonio de escritura de fojas 26 a 29 todos del expediente administrativo físico (…). La Sala Constitucional, según se trascribió supra, estima al margen de lo que se pueda constatar la información registral o las señales in situ, el acto negocial posterior a la fecha de creación (sea 2001) no puede ser objeto de comercio, ni transferirse a una persona ajena a la comunidad indígena. (…) VIII. Procederá en consecuencia dictar confirmatoria, en lo apelado, a la decisión de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en el artículo N° 9 de la sesión ordinaria N° 14, celebrada el veintiséis de abril del dos mil veintiuno”.\n\n IX. En este orden de consideraciones, al haber sido declarado el actor poseedor de mala fe de las fincas objeto de este proceso, existe una falta de interés actual como presupuesto básico de la acción interdictal (artículo 23-c de la Ley de Jurisdicción Agraria), toda vez es evidente ha operado una situación sobreviniente que determinó que el demandante no ostenta derecho alguno sobre la materialidad objeto del proceso.  Por ello, esta demanda debe de rechazarse, toda vez el conflicto, para este caso sui generis, está siendo atendido conforme a los estándares de convencionalidad y constitucionalidad citados, de forma tal que en la especie el proceso interdictal  no puede convertirse en una vía que entre en contradicción con las acciones del Estado costarricense para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la gobernanza en la tenencia de la tierra a fin de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista. En razón de lo anterior, procede acoger el segundo agravio y por los efectos que tiene deviene en innecesario pronunciarse en cuanto a los restantes reproches al fallo.  Así las cosas, se dejan sin efecto las medidas cautelares otorgadas a favor de la parte actora. \n\n X. Por último, en cuanto a las costas, el tenor del artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se resuelve sin especial condenatoria, toda vez a la parte actora la asistieron en su momento motivos para litigar por tener los bienes objeto del proceso inscritos a su nombre y destinados a la actividad agraria.\n\nPOR TANTO\n\n Se revoca la sentencia. En consecuencia, por existir una falta de interés actual se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se dejan sin efecto las medidas cautelares otorgadas a favor de la parte actora. \n\n \n\n \n\n\t\n\n\n???????????????\nZTKIBWBKNMU61\nMARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n????????????????\nMYGYB47TAYPO61\nALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n???????????????\nAY0RVSW2RU061\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 20-000050-1555-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:15:20.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "VOTE No. N° 2024000006\n\nAGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours thirty-three minutes on the tenth of January of two thousand twenty-four.-\n\nSUMMARY INTERDICTAL PROCEEDING (PROCESO SUMARIO INTERDICTAL) filed by MIGUEL VARGAS MATA, of legal age, married in first nuptials, attorney, resident of China Kichá, identity card number one - five hundred sixty-one - two hundred forty-six; against ALEX VILLANUEVA FERNÁNDEZ, of legal age, resident of the community of China Kichá in Pejibaye de Pérez Zeledón and other unknown details; ROCÍO OBANDO RÍOS, of legal age, resident of the community of China Kichá in Pejibaye de Pérez Zeledón, identity card number one - one thousand two hundred thirty-eight - six hundred thirty-five; MARÍA ESTER ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, of legal age, widow, homemaker and farmer, resident of the community of China Kichá in Pejibaye de Pérez Zeledón, identity card number nine - nine hundred one - nine hundred seventy-nine; KATHERINE RÍOS RÍOS, of legal age, single, farmer, resident of the community of China Kichá in Pejibaye de Pérez Zeledón, identity card number six - four hundred four - nine hundred ninety-eight; ALLAN RÍOS RÍOS, of legal age, single, farmer, resident of the community of China Kichá in Pejibaye de Pérez Zeledón, identity card number one - one thousand seven hundred sixteen - nine hundred thirty-eight; GREIVIN FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, of legal age, single, farmer, resident of the community of China Kichá in Pejibaye de Pérez Zeledón, identity card number seven - two hundred thirty - four hundred thirty-seven; RODRIGO VILLANUEVA FERNÁNDEZ, of legal age, resident of the community of China Kichá in Pejibaye de Pérez Zeledón, identity card number one - one thousand four hundred eighty-four - six hundred sixty-nine; YAMILETH FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, of legal age, single, homemaker and farmer, resident of the community of China Kichá in Pejibaye de Pérez Zeledón, identity card number nine - one thousand twenty - two hundred twenty-nine; and LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE CHINA KICHÁ, legal identification number three - zero zero two - three hundred sixty-one thousand three hundred forty-six, represented by its president with powers of generalissimo attorney-in-fact without limit of sum, Hugo Efraín Fernández Zúñiga, of legal age, resident of the Indigenous Territory of China Kichá, Pérez Zeledón, identity card number one - one thousand two hundred thirteen - six hundred seventy-three. Acting as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff is licensed attorney Herald Andrey Garbanzo Alvarado, identity card number one - one thousand three hundred seventy-seven - nine hundred nineteen; and as directing attorney for the defendants, licensed attorney Luis Ricardo Araya Piedra, bar association number eighteen thousand nine hundred eight. Processed before the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires, agrarian division.\n\nJudge Fisher González authors the opinion; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- Regarding the claims: The plaintiff files an interdictal complaint and requests that it be declared: The complaint be granted, he be restored to possession, and the defendants be warned not to enter the property again.\" (See electronic case file in the filings folder dated 09/30/2020 02:29:00 and the first-instance judgment filed on 12/14/2022 09:56:25).\n\nII.- Affirmative defenses raised. The defendant party answered the complaint in the negative and raised the defense of lack of right. (See electronic case file in the filings folder dated 10/21/2020 04:57:44).\n\nIII.- Judge Jean Carlos Céspedes Mora of the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires, through judgment number 2022000077, at nine hours fifty-six minutes on the fourteenth of December of two thousand twenty-two, resolved: \"THEREFORE: Pursuant to the foregoing, facts deemed proven, analysis, and cited legal authorities, the defenses of lack of right and lack of standing are rejected. Therefore, THIS INTERDICTAL COMPLAINT filed by MIGUEL VARGAS MATA against ROCÍO OBANDO RÍOS, MARÍA ESTER ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, KATHERINE RÍOS RÍOS, ALLAN RÍOS RÍOS, GREIVIN FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, ALEX VILLANUEVA FERNÁNDEZ, RODRIGO VILLANUEVA FERNÁNDEZ, YAMILETH FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, and ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE CHINA KICHÁ represented by EFRAIN FERNÁNDEZ ZÚÑIGA IS GRANTED IN ALL ITS PARTS. Consequently, the defendants are ordered to restore to the plaintiff the area they illegally occupy within the property in possession that the former had been exercising. Within a period of three days from the finality of this judgment, they must vacate—if they indeed occupy the land—under penalty of ordering it by force in case of omission. ROCÍO OBANDO RÍOS, MARÍA ESTER ZÚÑIGA FERNÁNDEZ, KATHERINE RÍOS RÍOS, ALLAN RÍOS RÍOS, GREIVIN FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, ALEX VILLANUEVA FERNÁNDEZ, RODRIGO VILLANUEVA FERNÁNDEZ, YAMILETH FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, and ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE CHINA KICHÁ represented by EFRAIN FERNÁNDEZ ZÚÑIGA are hereby warned to abstain from disturbing, whether personally or through an intermediary, the possession exercised by Miguel Vargas Mata in the area in conflict. Should this order not be obeyed, proceedings for disobedience to authority shall be initiated. In accordance with Article 106.5 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), the defendants are ordered to pay the damages caused to the plaintiff, the liquidation, proof, and collection of which may be processed in the execution stage of this decision. The matter is resolved without special award of costs” (See electronic case file in the associated documents folder, first-instance judgment dated 12/14/2022 09:56:25).\n\nIV.- The Tribunal endorses proven fact a), however, the word \"community\" is replaced by the phrase: \"Indigenous Territory (Territorio Indígena)\", and the copies of the administrative resolution of the Board of Directors (Junta Directiva) of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), in Article number 9 of ordinary session No. 14, held on the twenty-sixth of April of two thousand twenty-one, visible in images 208 through 218 of the electronic first-instance case file viewed as a complete file, are added as evidentiary support. Regarding proven facts b) and c), they are not approved, given the manner in which this matter will be resolved in this instance. Proven fact d) is shared. Furthermore, of this nature, the Tribunal includes the following facts: e) By virtue of the fact that the properties subject to this proceeding are within the Indigenous Territory of China Kichá, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), in Article number 9 of ordinary session No. 14, held on the twenty-sixth of April of two thousand twenty-one, resolved that the plaintiff Miguel Vargas Mata was a possessor in bad faith (poseedor de mala fe) of the farms of the province of San José registration numbers 305530-001 and 002, 635202-000, and 635201-000, such that no compensation whatsoever corresponded to him, and therefore the necessary procedures must be initiated for the annulment of the transfers, so that these farms be placed in the possession of the Indigenous People of China Kichá (see copies of administrative resolution in images 208 through 218 of the electronic first-instance case file viewed as a complete file). f) That administrative resolution was confirmed by this Tribunal in judgment No. 596 at thirteen hours forty-eight minutes on the nineteenth of July of two thousand twenty-three (see electronic second-instance case file, in improper hierarchical appeal (recurso jerárquico impropio), processed under folder number 23-000002-0029-AG).\n\nV. The defendants Rocío Obando Ríos, María Ester Zúñiga Fernández, Katherine Ríos Ríos, Allan Ríos Ríos, Greivin Fernández Zúñiga, Alex Villanueva Fernández, Rodrigo Villanueva Fernández, and Yamileth Fernández Zúñiga, through their directing attorney, licensed attorney Luis Ricardo Araya Piedra, filed an appeal (recurso de apelación) with express indication of the reasons on which they rely to refute the lower court's thesis. The grievances are the following: 1) In an inexplicable manner, the plaintiff is granted non-existent property rights and the consequent possibility of exercising illegal possession, contravening the entire constitutional and conventionality framework. Purely civil-law criteria were applied, ignoring the respective regulations that protect the rights of indigenous communities. Thus, in Constitutional Chamber (Sala Constitucional) Resolution No. 2022024725, it is reaffirmed that any business or act carried out by non-indigenous persons within indigenous territory is absolutely null and in bad faith, from the very moment of approval of the Indigenous Law (Ley Indígena) No. 6172. 2) It is objectively incomprehensible that the section of proven facts did not include that the area subject to the proceeding is within the China Kichá Reserve and that the titles claimed by the plaintiff were obtained very recently and distantly from the year 1977, which is why INDER declared him a possessor in bad faith, in administrative resolution No. 005-2021 of April 26, 2021. 3) It is improper that the ruling ordered the payment of damages when it is rather the plaintiff who has caused them with his illegal occupation, by depriving indigenous people of the use of those lands and affecting their right to food. Furthermore, the plaintiff inflicted substantial environmental damage, destroying resources existing on the property. 4) In any case, the eviction order is improper, since the Ministry of Public Security (Ministerio de Seguridad Pública) decreed the social vulnerability of the eviction of the families of Yuwi Senagio, protected by Decreto Ejecutivo No. 39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS (See electronic case file, filings folder dated 12/19/2022 04:38:23).\n\nVI. Firstly, this Tribunal deems it necessary to outline some administrative and judicial background that allows contextualizing the current state of the conflict arising between the parties: 1) This interdictal proceeding began on September 30, 2020 (complaint filed in the electronic first-instance folder on 09/30/2020 14:29:00). 2) The National Plan for the Recovery of Indigenous Territories (Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas, PLAN-RTI), promoted by the State of Costa Rica, aims to regularize the country's indigenous territories, divided into three stages, the first of which includes the territories of: Salitre, Cabagra, Guatuso, China Kichá, Kekoldi (Cocles), Zapatón, Altos de San Antonio, Guaymí de Osa, and Térraba (see Plan on the official website of the Ministry of Agriculture and Livestock: https://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/E14-11109.pdf). This Plan was declared of public interest in Decreto Ejecutivo No. 42250-MAG-MP of March 13, 2020. The preambulatory part of that Decree mentions Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), Article 14 of Convention No. 169 concerning indigenous and tribal peoples of the International Labour Organization (ILO), in the sense that Governments shall take the measures necessary to determine the lands which the peoples concerned traditionally occupy and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. Likewise, Considerandos III and IV state that the Costa Rican State must fully guarantee the enjoyment of the rights of indigenous communities and, in turn, continue with the efforts to recover their lands that allow indigenous people to live freely in their territories. Similarly, it is stated that the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) is under the stewardship of the Ministry of Agriculture and has been vested with special powers by the Indigenous Law (Ley Indígena). It is added that Article 8 of the Law that transforms the Instituto de Desarrollo Agrario into the Instituto de Desarrollo Rural creates the Technical Secretariat for Rural Development (Secretaría Técnica de Desarrollo Rural), (Law No. 9036 of May 11, 2012) and that it dimensions the institution's actions toward the country's rural development, empowering it as the body to settle all those conflicts of precarious possession, providing solutions that address the problems of occupation of national reserves and the precarious occupation of privately owned lands. 3) As part of the implementation of the PLAN-RTI, in agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Article number 9 of ordinary session No. 14, held on the twenty-sixth of April of two thousand twenty-one, resolved: \"Pursuant to the foregoing and based on the indicated regulations and jurisprudence, it is resolved: 1) To deem it accredited that Miguel Vargas Mata is an owner in bad faith of the farms registration: 305530-001 and registration: 305530-002, farm registration 635202-000, and farm registration 635201-000. 2) That no compensation whatsoever corresponds to him. 3) That the necessary procedures be initiated for the annulment of the transfers, so that the farms be placed in possession of the Indigenous People of China Kicha. 5) Forward the case file to the Legal Affairs Department of the Instituto de Desarrollo Rural, so that it prepares the request to the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), so that, in accordance with subparagraph i of Article 3 of the Organic Law of the Office of the Attorney General of the Republic (Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República), it initiates the annulment process of the transfers to Miguel Vargas Mata, of the farms REGISTRATION:305530-001 and REGISTRATION: 305530-002, FARM REGISTRATION 635202-000 and FARM REGISTRATION 635201-000, for having been acquired when the China Kicha Indigenous Reserve was already reestablished. 6) Instruct the General Secretariat of the Board of Directors to notify this agreement\" (see agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural in images 208 through 218 of the electronic case file). 4) The appealed interdictal judgment was rendered at nine hours fifty-six minutes on the fourteenth of December of two thousand twenty-two. 5) The Agrarian Tribunal proceeded to confirm the administrative resolution, by virtue of an improper hierarchical appeal (recurso jerárquico impropio) filed by the plaintiff herein, in judgment No. 596 at thirteen hours forty-eight minutes on the nineteenth of July of two thousand twenty-three (see electronic second-instance case file, in improper hierarchical appeal, processed under folder number 23-000002-0029-AG).\n\nVII. Prior to concretely analyzing the grievances of the appealing party, it is appropriate to highlight a precedent of this Tribunal related to an interdictal proceeding in the same indigenous territory at issue. The foregoing by virtue of the fact that the material object of this proceeding, comprised by the block of farms of the province of San José registration numbers 305530-001 and 002, 635202-000, and 635201-000, is situated within the China Kichá Indigenous Reserve (see agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural in images 208 through 218 of the electronic case file). Thus, in vote No. 2023001052 at fifteen hours ten minutes on the sixth of December of two thousand twenty-three, this jurisdictional body considered: \"... IX.- In another line of thought, it is necessary to indicate that certainly, as stipulated by Article 106 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) (applicable by express provision of canon 79 of the Law of Agrarian Jurisdiction), the interdictal proceeding has as its specific object the protection (tutela) of actual and momentary possession, without definitively resolving aspects of the right of property or the right of possession, since its purpose is the protection of social peace. Likewise, that this proceeding has its substantive foundation in Article 309 of the Civil Code (Código Civil). But indigenous customary law must be applied to resolve conflicts among indigenous people themselves as a primary source, even within the framework of an interdictal proceeding. In this sense, the interpretation of the scope of the aforementioned Article 106, as indicated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in the judicial consultation made in this proceeding, in judgment 2023011473 at nine hours twenty minutes on the seventeenth of May of two thousand twenty-three, responds to a matter of legality, and therefore it declared the consultation non-answerable. On this matter, it noted: 'Based on the foregoing, this Tribunal considers that the matter raised is a question of mere interpretation and application of legal norms in the specific case, due to its special characteristics. That is, the Tribunal questions which norms should prevail to interpret what the consulted article provides when referring to legitimate possession in this case, without harming other conventional rights recognized to the ownership of the property as indigenous property. However, this is not a problem of constitutionality per se, but of legality. Therefore, the consultation is non-answerable.' That is to say, this Tribunal understands that Article 106 is not unconstitutional in itself, because it is logically provided to resolve controversies in the tenure of private property, hence its application to conflicts in indigenous territories, in balance with other norms that regulate them, corresponds to the Courts, within the framework of the exercise of the jurisdictional function. In accordance with the foregoing, in the judgment of this body, although the interdictal proceeding can be used as a procedural mechanism for resolving controversies in agrarian matters, in the case of indigenous territories, depending on the casuistry and legal interests involved, weighed within the framework of the legal order as a whole, the assessment of the elements of the action may come to have different connotations. The foregoing, provided that in the specific case there exist particularities that warrant it, as occurs in the present proceeding. Hence, the appellant entity is correct that this conflict merits an analysis that transcends the protection of mere possession, given what has occurred between the filing of the complaint and the issuance of the judgment, in relation to the land sought to be recovered. There are international norms that regulate the tenure rights of indigenous and tribal peoples in their ancestral territories. Indigenous property in turn has a different function in society and its structure is also diverse, due to the way in which this right is exercised collectively. In this way, it transcends the productive nature, or the use and enjoyment of property, as normally characterizing aspects of ownership (dominio), to integrate other essentially relevant cultural and human aspects into the content of the legal regime of indigenous territories. Thus, the Inter-American Court of Human Rights has consistently delineated these characteristics in various pronouncements. In the Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community Vs. Nicaragua, in the judgment of August 31, 2001, it considered: 'In indigenous communities, the relationship with the land is not merely a matter of possession and production but a material and spiritual element that Indigenous and Tribal Peoples must fully enjoy, even to preserve their cultural legacy and transmit it to future generations.' Similarly, in the Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community Vs. Paraguay, in the judgment of March 29, 2006, it determined: 'Likewise, this Tribunal considers that the concepts of property and possession in indigenous communities may have a collective meaning, in the sense that the ownership of it “is not centered on an individual but on the group and its community.” This notion of ownership and possession over lands does not necessarily correspond to the classic conception of property, but they merit equal protection under Article 21 of the American Convention. Denying the specific versions of the right to use and enjoy property, given by the culture, uses, customs, and beliefs of each people, would be equivalent to holding that there is only one way to use and dispose of property, which in turn would mean rendering the protection of Article 21 of the Convention illusory for millions of people.' The foregoing coincides with Article 13.1 of ILO Convention 169, which establishes: 'In applying the provisions of this Part of the Convention, governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship.' And Article 14 of that same article: '1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognised. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their subsistence and traditional activities. Particular attention shall be paid to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators in this respect. 2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims by the peoples concerned.' (...) X.- In view of all the foregoing, as set forth in considerando VIII, it is evident that regarding the Indigenous Territory of China Kichá, the State of Costa Rica has undertaken actions for its recovery, clearing (saneamiento), and ordering, with the aim of protecting indigenous property, and at the same time, avoiding situations of violence and imbalance. In the case under study, a first stage of assessment of objective, subjective, and temporal elements has been completed, so that the expropriation from the plaintiff of the farms of the province of San José registration numbers 305445, 305500, 305502, 305504, 305443, but not farm 30546, is proceeded with, as it is considered that he has no right over the latter. Note that the present proceeding concerns all these farms that form a conglomerate or material unit in the Indigenous Territory of China Kichá. With respect to this point, Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena) provides: 'In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, the ITCO shall relocate them to other similar lands, if they so wish; if it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, it shall expropriate them and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones).'\n\nThe studies and expropriation and compensation procedures shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI.” By reason of the foregoing, this Chamber cannot ignore that actions are being implemented to comply with that special rule of legal rank and with the principles of ILO Convention 169. Therefore, the grievance of CONAI that a state action aimed at the expropriation of the plaintiff is already underway is admissible, which must be weighed in the resolution of this case, and which was even accepted by him by not having appealed the effects of that preliminary administrative procedure to the expropriation (he only challenged that pertaining to the bad-faith possession of one of the farms). Consequently, the resolution of this judicial process must be harmonized with the implementation of the fulfillment of obligations that the State has assumed and not generate a regression that deepens the social conflict, originating precisely in the neglect that the State maintained for decades to the detriment of the rights of the China Kichá Indigenous Community, which has led to serious ungovernability in the area. By way of example, regarding the effects of that omission by States in the protection of the rights of indigenous peoples, it is appropriate to mention what was stated by the Inter-American Court in the Case of the Garífuna Community of Punta Piedra and its Members v. Honduras, in a judgment of October 8, 2015: “Therefore, the lack of guarantee of use and enjoyment, through the absence of cleanup (saneamiento) by the State of the territory of the Community of Punta Piedra, for more than 15 years, as well as the lack of execution of said agreements, led to serious tensions between the communities in question.” Of equal relevance, it is appropriate to bring up the tensions over the tenure of indigenous territories in Costa Rica, the magnitude of which has required the intervention of the INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS RESOLUTION 16/15, by issuing precautionary measure No. 321-12, related to the Teribe and Bribri Indigenous People of Salitre with respect to Costa Rica, on April 30, 2015, which ordered: “26. Regarding the requirement of urgency, the IACHR considers that it has been met, to the extent that the risk situation of the members of the Teribe indigenous people and the Bribri people of Salitre has remained active throughout this proceeding, the last alleged act of violence recorded being November 24, 2014. In this regard, the Commission takes note of and values the actions implemented by the State to guarantee the life and personal integrity of the members of both indigenous peoples in Salitre, which would have translated into the establishment of a dialogue table, a series of investigations into the alleged facts alleged, the establishment of patrols in the area, among other measures. In this regard, the Commission recognizes the efforts made by the State to implement measures that address the causes and effects of the aforementioned conflict, which has generated various manifestations of violence in the area. However, according to the applicants: i) the local authorities of Buenos Aires, Puntarenas, would not have adopted comprehensive measures to prevent new acts of violence or threats in the area, taking into consideration the context and the background indicated; and ii) the security measures offered would not be sufficient, especially since they would not have a permanent character, given that they would only be implemented for short periods of time, once an act of violence had occurred. In this line, the Commission takes note of the reports prepared by the Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, a state institution that has indicated that the members of the Teribe indigenous people and the Bribri people of Salitre would not have any police control post, a registry for entry into their territories, nor would they have any patrol offered by local authorities. Under these circumstances, the Commission considers that due to the continuity of the climate of tension in the area vis-à-vis the advances reported on the measures aimed at delimiting the territories, the risk situation could exacerbate in the area. In that sense, the IACHR considers that it is necessary for the State to reinforce the protection measures implemented to date, through adequate and effective measures, taking into consideration a differential approach with respect to indigenous peoples and the particular dynamics in the area. (…) Likewise, the Commission reiterates that States are obliged to adopt measures to ensure effective control of their territories and protect indigenous peoples from acts of violence or harassment. In the same vein, indigenous and tribal peoples have the right to prevent the occurrence of conflicts with third parties over land ownership, particularly in cases where delay in demarcation, or the lack of demarcation, has the potential to generate conflicts.” Additionally, it should be highlighted what the aforementioned Court has developed in the Case of the Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname, in the judgment of November 25, 2015: “The Court has established that, in accordance with the principle of legal certainty, it is necessary to materialize the territorial rights of indigenous peoples through the adoption of legislative and administrative measures necessary to create an effective mechanism for delimitation, demarcation, and titling, which recognizes such rights in practice. The foregoing, considering that the recognition of indigenous communal property rights must be guaranteed through the granting of a formal property title, or another similar form of state recognition, that grants legal certainty to indigenous land tenure vis-à-vis the action of third parties or agents of the State itself, and that this ‘merely abstract or legal recognition of indigenous lands, territories, or resources practically lacks meaning if the property is not physically established, delimited, and demarcated.’ (…) It should be specified that, for the purposes of delimitation, demarcation, and titling of the traditional territory in the present case, the Court considers that the right to property of indigenous and tribal peoples includes full guarantees over the territories they have traditionally possessed, occupied, and used to exercise their own way of life, subsistence, traditions, culture, and development as peoples. Without prejudice to the foregoing, there would exist other traditional areas complementary or additional to those to which they have had access for their traditional or subsistence activities (which in their case may serve other purposes), regarding which their access and use must be guaranteed, at least, to the extent appropriate.” In the same sense, the High Court has reiterated in its jurisprudence: “… the members of indigenous peoples who have involuntarily lost possession of their lands, and these have been legitimately transferred to third parties in good faith, have the right to recover them or to obtain other lands of equal extension and quality; (…) the State must guarantee the effective property of indigenous peoples and refrain from performing acts that may lead to agents of the State itself, or third parties acting with its acquiescence or tolerance, affecting the existence, value, use, or enjoyment of their territory” (see Case of the Moiwana Community v. Suriname, judgment of June 15, 2005, and Case of the Garífuna Community of Triunfo de la Cruz and its Members v. Honduras, in a judgment of October 8, 2015). Thus, it should be noted that, in the case of our country, article 5 of the Indigenous Law indicates that what proceeds or prevails is the restitution of the original territories, such that for non-indigenous people—if considered possessors in good faith—what corresponds is their relocation or expropriation. Likewise, in the Case of the Xucuru Indigenous People and its Members v. Brazil, judgment of February 5, 2018, it is mentioned by said Court that “the jurisprudence of this Tribunal has indicated in other cases that indigenous and tribal peoples have the right to effective and expeditious administrative mechanisms to protect, guarantee, and promote their rights over indigenous territories, through which the processes of recognition, titling, demarcation, and delimitation of their territorial property can be carried out. The procedures in question must comply with the rules of due process of law enshrined in articles 8 and 25 of the American Convention.” In the same sense: Case of the Garífuna Community of Triunfo de la Cruz and its Members v. Honduras, in a judgment of October 8, 2015. Thus, if the Costa Rican State, through INDER, has launched a Recovery Program for the China Kichá Territory, through which the legal situation of the plaintiff’s possession has been firmly resolved at the administrative stage as a step prior to expropriation, this must undoubtedly be taken into account in cases such as the present one, because a lack of interest in this possessory action (proceso interdictal) has supervened. Further elaborating, the Inter-American Court, on the effectiveness of the communal property right vis-à-vis the property of non-indigenous third parties, in the Case of the Xucuru Indigenous People and its Members v. Brazil, in a judgment of February 5, 2018, considered: “For the particular situation of indigenous peoples, expert Victoria Tauli-Corpuz, United Nations Special Rapporteur for the Rights of Indigenous Peoples, observed that to guarantee the use and enjoyment of the right to collective property, States must ensure that there is no external interference over traditional territories, that is, to remove any type of interference over the territory in question through cleanup (saneamiento) so that the exercise of the property right has tangible and real content. In the same sense, expert Carlos Frederico Marés de Souza Filho stated this in the present process. A merely abstract or legal recognition of indigenous lands, territories, or resources lacks meaning if the populations or peoples concerned cannot fully and peacefully exercise their right. Cleanup (saneamiento) not only implies the eviction of third parties in good faith or persons who illegally occupy demarcated and titled territories, but also guaranteeing their peaceful possession and that the titled lands are free from hidden defects, that is, free from obligations or encumbrances in favor of third parties. If the foregoing is not verified, for the Court it is clear that the right to collective property has not been completely guaranteed. Thus, the Court considers that the administrative processes of delimitation, demarcation, titling, and cleanup (saneamiento) of indigenous territories are mechanisms that guarantee legal certainty and protection of this right.” Finally, to mention the Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, judgment of March 29, 2006: “In that sense, the Tribunal verifies that the arguments that the State has interposed to justify the lack of concretization of the indigenous people’s property right have not been sufficient to relieve its international responsibility. The State has presented three arguments: 1) that the lands claimed have been transferred from owner to owner ‘for a long time’ and are duly registered; 2) that said lands are being duly exploited; and 3) that the owner of the lands ‘is protected by a Treaty between the Republic of Paraguay and the Federal Republic of Germany[,] which […] is Law of the Nation.’ 138. Regarding the first argument, the Court considers that the mere fact that the lands claimed are in private hands does not constitute per se a sufficient 'objective and reasoned' ground to prima facie deny the indigenous claims. Otherwise, the right to return would lack meaning and would not offer a real possibility of recovering the traditional lands, being limited solely to awaiting the will of the current holders, and forcing indigenous people to accept alternative lands or pecuniary compensation. On this point, the Court has indicated that when conflicts of interest exist in indigenous claims, the legality, necessity, proportionality, and achievement of a legitimate objective in a democratic society (public utility and social interest) must be assessed case by case to restrict the right to private property, on the one hand, or the right to traditional lands, on the other. The content of each of these parameters was already defined by the Tribunal in the Case of the Yakye Axa Indigenous Community, to which it makes express reference to what was already resolved. 139. The same analysis is applied to the State’s second argument regarding the productivity of the lands. Under this argument lies the idea that indigenous people cannot, under any circumstance, claim their traditional lands when these are exploited and in full productivity, viewing the indigenous question exclusively through the lens of land productivity and the agrarian regime, which is insufficient given the peculiarities of said peoples.” (…) XI.- In another order of considerations, but always to expand upon reasons for the manner in which this instance is resolved, account must also be taken of the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security of the FAO. Said guidelines were endorsed by the Committee on World Food Security (CFS) at its 38th (Special) Session on May 11, 2012. According to objective 1.1, what is sought is to improve the governance of tenure of land, fisheries, and forests. It is expressly indicated: “All programs, policies and technical assistance aimed at improving tenure governance through the implementation of these Guidelines should be consistent with the existing obligations of States under international law, especially the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights instruments.” As to their nature and scope, section 2.4 reads: “These Guidelines are global in scope. Taking into account the national context, they can be used by all countries and regions at any stage of economic development; and they can be used in the context of the governance of all forms of tenure, including public, private, communal, collective, indigenous, and customary.” Likewise, in section 7, “Legal recognition and allocation of tenure rights and duties” is developed, and in 9.3 it is established: “States should ensure that all actions are consistent with their existing obligations under national and international law, with due regard to voluntary commitments under applicable regional and international instruments. In the case of indigenous peoples, States should comply with their relevant obligations and voluntary commitments, in order to protect, promote and implement human rights, including, where appropriate, those derived from the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) of the International Labour Organization, the Convention on Biological Diversity, and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” As can be deduced from that document, these Guidelines are the first comprehensive instrument of global scope on tenure and its administration prepared through intergovernmental negotiations. The Guidelines stipulate internationally accepted principles and standards that channel responsible practices for the use and control of land, fisheries, and forests. The Guidelines provide guidance aimed at improving the policy, legal, and organizational frameworks that regulate tenure rights; increasing the transparency of tenure systems and in the processes related to their administration; and strengthening the capacities and operations of public bodies, private sector enterprises, civil society organizations, and individuals involved in issues related to tenure and its governance. The Guidelines place tenure governance within the context of national food security, and aim to contribute to the progressive realization of the right to adequate food, the eradication of poverty, environmental protection, and sustainable social and economic development. XII.- Based on the foregoing, the possessory action (proceso interdictal) must be dismissed because the conflict is being addressed in conformity with international standards. The possessory action (proceso interdictal), for this sui generis case, cannot become a path that contradicts the legitimate actions that the Costa Rican State has undertaken to fulfill its international obligations regarding the protection of the rights of indigenous peoples over their territories and governance in land tenure, in order to preserve cultural identities in a democratic and pluralist society. (…) XIII. Consequently, what is appropriate is to revoke the judgment, for the reasons set forth by this Tribunal. In its place, the claim is dismissed in all its aspects, for failing to meet the basic prerequisite of any procedural action of current interest, given the existence of a supervening situation that offered a solution to the conflict of the parties to the present process, in relation to the land tenure subject to litigation (article 23 subsection c) of the Ley de Jurisdicción Agraria).”\n\nVIII. In accordance with the foregoing, it must first be considered that as part of the implementation of the PLAN-RTI, in an agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, article number 9 of ordinary session No. 14, held on April twenty-sixth, two thousand twenty-one, it was resolved that the plaintiff Miguel Vargas Mata, is identified as a bad-faith registered owner of the farm registration: 305530-001 and farm registration: 305530-002, farm registration 635202-000 and farm registration 635201-000, and that he was not entitled to any compensation, with the necessary procedures having to be initiated for the nullity of the transfers, so that the farms are placed in the possession of the China Kichá indigenous people. Likewise, as reviewed supra, the Agrarian Tribunal proceeded to confirm the administrative resolution, by virtue of an improper hierarchical appeal filed by the plaintiff party, in judgment No. 596 of thirteen hours forty-eight minutes of July nineteenth, two thousand twenty-three, based essentially on the binding criterion issued by the Constitutional Chamber—according to article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—in pronouncement No. 24725-2022 of 12 hours 41 minutes of October 19, 2022. Said judgment addressed an action: “…to declare unconstitutional the jurisprudence of the First Cassation Chamber (judgments Nos. 000920-F-S1-2015 of 14:30 hours of August 6, 2015, 002848-A-S1-2020 of 10:10 hours of December 3, 2020, 002878-F-S1-2020 of 10:35 hours of December 10, 2020, and 000681-F-S1-2021 of 10:00 hours of March 25, 2021), concerning article 3 of the Indigenous Law, considering it contrary to numerals 9, 11, 41, and 45 of the Political Constitution, and to the principles of good faith, legitimate confidence, and non-confiscation, as well as to ordinal 21 subsection 2 of the CADH.” In that vote of the Agrarian Tribunal, the following was stated: “In synthesis, according to what was expressed by the cited Constitutional Chamber, the jurisprudential criterion under analysis is synthesized thus: ‘…those who acquire lands in indigenous reserves under the protection of the National Registry (without a registry entry indicating that the acquired farm is located within an indigenous reserve), are not good-faith acquirers, and due to this, they are denied the compensation established by ordinal 5 of the Indigenous Law.’ The High Constitutional Chamber concluded that the cited criteria do not contravene the Law of the Constitution. Several points of relevance to resolve the matter must be extracted from the previous judgment, particularly due to what is prescribed by numeral 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional in that it establishes jurisprudence and precedents are binding erga omnes, except for itself. 1. In the constitutionality analysis, an infraction of numeral 45 of the Political Constitution was discarded, because it is in adherence to that stipulation that persons who in good faith hold title to a property located within an indigenous reserve, which is a restricted space and ‘it becomes juridically improper to execute such an act of transfer of domain, since the property in question is non-transferable by imperative of law… it lacks legal plausibility that a non-indigenous person can validly acquire a property within such a restricted zone, whose physical delimitation has already been duly established and published through the corresponding executive decrees.’ If the property is transferred, that legal transaction is contra legem because the property was affected by the indigenous property regime, regardless of what was indicated in the Public Registry at the time of the transactional act. The Chamber concludes that idea by indicating: ‘…the real estate could not be the object of commerce nor could it be transferred to a person outside the indigenous community.’ 2. It analyzed the principle of legitimate confidence and concluded that the analyzed judgments do not disregard that precept: ‘Thus, it must be reiterated that, regardless of what is verified in the registry, property integrated into an indigenous reserve is non-transferable by express provision of law, so it is not possible to resort to registral good faith or a presumed legitimate confidence to validate an absolutely null transactional act, carried out in contravention of the legal order. See, once again, that the physical delimitation of the indigenous reserves is established through various executive decrees, duly published; furthermore, there is an express legal prohibition for non-indigenous persons to acquire these properties, so the transfer acts are null. Therefore, the eventual omission of the Public Registry to record the indigenous reserve affectation on a property in no way validates any act of transfer of domain carried out outside the law, nor does it constitute a suitable cause for the acquirer of such a null transaction to claim compensation in the terms of ordinal 5 of the Indigenous Law, as the appellant party intends.’ 3. Nor did it observe a violation of the principle of extracontractual patrimonial liability of the State for jurisdictional activity, since that principle is not a disagreement with a jurisprudential criterion but rather implies the verification of some serious irregularity in the fulfillment of the State's responsibilities, for which one must resort to common channels. (…) VII. The properties subject to the procedure are located within the China Kichá indigenous territory, according to the reports of the Department of Land Fund, Land Information and Registry Unit on folios 16, 23, and 30. By decree number 34 of November 15, 1956, zones are declared and demarcated as indigenous reserves. (…) as set forth in the preceding considering, what was resolved by the Constitutional Chamber is binding erga omnes and such position is in accordance with the criterion of the Board of Directors in that the sole factor for holding an owner to be in bad faith is because a transfer was made after the date of creation of the indigenous territory. In this case, it is proven that there are three properties which were acquired by the administered party Vargas Mata after the date of the reestablishment of the China Kicha territory. The first tract of land of the San José district, number 305530-001 and 002, depicted on cadastral map SJ 0497111-1983, was acquired by the administered party in two portions. The first was sold by Edgar Vargas on January 26, 2006, a segment of eight-ninths. The remaining portion was donated by the cited Edgar Vargas on April 25, 2014. Such information is derived from the report on folio 16 and certifications on folios 8, 9 to 11, and 12 to 14, 15, all from the physical administrative file. The second property is number 635201-000, depicted on cadastral map SJ-56041-1992, was acquired by the current owner, as a result of a segregation and sale carried out on April 23, 2013, by Wilmer Tabash Cordero, according to the certification on folio 17, copy of deed testimony on folios 19 to 22, all from the physical administrative file. The last real estate is number 635202-000, drawn on cadastral map SJ-0749183-1988, acquired by the current owner, as a result of a segregation and sale carried out on April 23, 2013, by Wilmer Tabash Cordero, according to the certification on folio 24 and copy of deed testimony on folios 26 to 29, all from the physical administrative file (…). The Constitutional Chamber, as transcribed supra, considers that regardless of what can be verified from the registry information or the signals in situ, the transactional act subsequent to the creation date (meaning 2001) cannot be the object of commerce, nor be transferred to a person outside the indigenous community. (…) VIII. It will therefore proceed to issue confirmation, on the matters appealed, of the decision of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, in Article No. 9 of ordinary session No. 14, held on April twenty-sixth, two thousand twenty-one.”\n\nIX. In this order of considerations, having declared the plaintiff a bad-faith possessor of the farms subject to this process, there exists a lack of current interest as a basic prerequisite of the possessory action (acción interdictal) (article 23-c of the Ley de Jurisdicción Agraria), since it is evident that a supervening situation has operated which determined that the plaintiff does not hold any right over the materiality subject to the process. Therefore, this claim must be dismissed, since the conflict, for this sui generis case, is being addressed in conformity with the cited conventionality and constitutionality standards, such that in the specific case the possessory action (proceso interdictal) cannot become a path that contradicts the actions of the Costa Rican State to fulfill its international obligations regarding the protection of the rights of indigenous peoples over their territories and governance in land tenure in order to preserve cultural identities in a democratic and pluralist society. By reason of the foregoing, it is appropriate to accept the second grievance, and due to its effects, it becomes unnecessary to rule on the remaining objections to the ruling. Thus, the precautionary measures granted in favor of the plaintiff party are left without effect.\n\nX. Finally, regarding costs, under the terms of article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, it is resolved without special condemnation, since the plaintiff party had, at the time, reasons to litigate by having the property subject to the process registered in his name and destined for agrarian activity.\n\nTHEREFORE\n\nThe judgment is revoked. Consequently, due to a lack of current interest, the claim is dismissed in all its aspects. It is resolved without special condemnation as to costs. The precautionary measures granted in favor of the plaintiff party are left without effect.\n\n\n\n\n\n\n???????????????\nZTKIBWBKNMU61\nMARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - DECISOR JUDGE\n\n\n\n\n\n\n????????????????\nMYGYB47TAYPO61\nALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - DECISOR JUDGE\n\n\n\n\n\n\n???????????????\nAY0RVSW2RU061\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - DECISOR JUDGE\n\n\nEXP: 20-000050-1555-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4th floor, Tribunal Building, Calle Blancos de Goicoechea in front of the parking lot of Hospital Hotel La Católica Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n\nClassification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial.\n\nProhibited its reproduction and/or distribution for a fee.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:15:20.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }