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  "id": "nexus-sen-1-0034-1214158",
  "citation": "Res. 00456-2024 Tribunal Contencioso Administrativo",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Clausura de obra sin licencia por posible afectación de naciente en Puriscal",
  "title_en": "Closure of unlicensed construction potentially affecting a spring in Puriscal",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo confirma la resolución de la Alcaldía de Puriscal que mantuvo la clausura de una obra de ampliación de vivienda realizada sin licencia en un inmueble donde presumiblemente existe una naciente de agua. El propietario alegó indefensión porque la Municipalidad pospuso la resolución definitiva hasta obtener criterio de la Dirección de Aguas sobre la naturaleza de la naciente. El Tribunal, actuando como contralor no jerárquico de legalidad, considera que el acto impugnado es de mero trámite con efecto propio, pues la clausura produce un efecto jurídico inmediato. Analiza el fondo y concluye que la exigencia municipal de contar con licencia constructiva y la postergación de la decisión hasta tener certeza técnica sobre la zona de protección son ajustadas a derecho. Invoca el principio precautorio y el artículo 50 constitucional para justificar que, ante la duda sobre la existencia de una naciente, debe prevalecer la protección ambiental. La vía administrativa se declara agotada.",
  "summary_en": "The Administrative Court confirms the Puriscal Mayor's resolution upholding the closure of an unlicensed housing extension on a property where a spring is allegedly present. The owner claimed defenselessness because the Municipality postponed a final decision pending the Water Directorate's technical opinion on the spring's nature. Acting as a non-hierarchical legality controller, the Court holds that the challenged act, though a procedural step, has direct legal effect due to the closure. On the merits, it finds the municipal requirement for a construction license and the postponement until certainty on the protection zone are lawful. Invoking the precautionary principle and Article 50 of the Constitution, the Court rules that environmental protection must prevail given the uncertainty about the spring. The administrative path is deemed exhausted.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo",
  "date": "24/01/2024",
  "year": "2024",
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    "water-law",
    "art-50-constitution",
    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
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    "naciente",
    "zona de protección",
    "contralor no jerárquico de legalidad",
    "principio precautorio",
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  "keywords_es": [
    "clausura de obra",
    "licencia constructiva",
    "zona de protección",
    "naciente",
    "principio precautorio",
    "Artículo 50 constitucional",
    "control no jerárquico de legalidad",
    "Dirección de Aguas",
    "Municipalidad de Puriscal",
    "ampliación de vivienda sin permiso"
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  "keywords_en": [
    "construction closure",
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    "precautionary principle",
    "Article 50 Constitution",
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    "unpermitted housing extension"
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  "excerpt_es": "Consta en autos que el señor Otarola Elizondo, realizó obra constructiva de ampliación de vivienda en el inmueble de su propiedad del Partido de San José folio real matrícula 580304-000.  (hecho no controvertido visible a folios 5, 16 y 38, del expediente judicial digital) y no existe prueba de que posea licencia para el desarrollo constructivo de las edificaciones en el inmueble de cita. (no existe prueba de ello en autos) siendo que se presume que la construcción se está realizando en una Área de Protección, mientras se determina el tipo de naciente y con fundamento en el principio pro natura estima este Tribunal que el requisito solicitado, dadas las presuntas condiciones del inmueble, se adecúa a la obligación constitucional establecida en el numeral 50 de la Constitución Política, al principio precautorio y a la necesidad de contar con el sustento técnico previo en las decisiones urbano-ambientales, por ende amerita la confirmación de la resolución recurrida.",
  "excerpt_en": "It is on record that Mr. Otarola Elizondo carried out an expansion construction on his property in Partido de San José, real folio registration 580304-000 (an undisputed fact visible at folios 5, 16 and 38 of the digital judicial file) and there is no proof that he holds a license for the construction development of the buildings on said property (there is no proof thereof in the record) in that it is presumed that the construction is taking place in a Protection Area, while the type of spring is being determined and based on the pro natura principle, this Court considers that the requested requirement, given the alleged conditions of the property, conforms to the constitutional obligation established in numeral 50 of the Political Constitution, the precautionary principle and the need for prior technical support in urban-environmental decisions, therefore the appealed resolution merits confirmation.",
  "outcome": {
    "label_en": "Confirmed",
    "label_es": "Confirmada",
    "summary_en": "The Court confirmed the closure and declared the administrative route exhausted, holding that the license requirement and postponement pending technical opinion on the spring comply with the precautionary principle and Article 50 of the Constitution.",
    "summary_es": "El Tribunal confirmó la clausura de la obra y declaró agotada la vía administrativa, considerando que la exigencia de licencia y la postergación hasta contar con criterio técnico sobre la naciente se ajustan al principio precautorio y al artículo 50 constitucional."
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      "quote_es": "el derecho a edificar sobre la propiedad inmobiliaria es uno de los atributos del derecho de propiedad cuyo ejercicio encuentra limitaciones de orden público que se desarrollan en la regulación urbanística y ambiental de nuestro país, conforme lo dispone el artículo 45 constitucional"
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1214158",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 00456 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 24 de Enero del 2024 a las 15:24\n\nExpediente: 23-005221-1027-CA\n\nRedactado por: Yetty Hernàndez Orias\n\nClase de asunto: Jerarquía Impropia\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n23-005221-1027-CA - 8\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nJERARQUIA IMPROPIA (Municipal)\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nALEX MARTIN OTAROLA ELIZONDO\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nMUNICIPALIDAD DE PURISCAL\n\n \n\nNº N° 2024000456\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas con venticuatro minutos del venticuatro de Enero del dos mil venticuatro.-\n\n \n\n Conoce este Tribunal, como CONTRALOR NO JERÁRQUICO DE LEGALIDAD, del recurso de apelación de apelación interpuesto por el señor ALEX MARTÍN OTAROLA ELIZONDO, mayor, portador de la cédula de identidad 1-1242-0864 en contra de la resolución RES-096-2023 de las ocho horas del 23 de agosto del 2023 emitida por la Alcaldía Municipal de Puriscal.\n\nCONSIDERANDO\n\n HECHOS PROBADOS: De importancia para la resolución del presente asunto se tiene como acreditado lo siguiente: 1)  Que el señor Otarola Elizondo, realizó obra constructiva de ampliación de vivienda en el inmueble de su propiedad del Partido de San José folio real matrícula 580304-000.  (hecho no controvertido visible a folios 5, 16 y 38, del expediente judicial digital); 2) Que mediante oficio N.° 02289 de 9 de agosto del 2022 se dispuso la Clausura y Orden de Paralización de Obras desarrolladas por el actor por Ubicarse en Área de Protección con fundamento en la Ley N.° 7575 (documento visible a folio 37 del expediente judicial digital); 3) Que el actor formuló recursos contra lo dispuesto en la orden de clausura (visible a folio 41 del expediente judicial digital); 4) Que el Departamento de Control Constructivo de la Municipalidad de Puriscal, mediante resolución RES-055-2023, dispuso el rechazo de la gestión del actor al considerar que era inadmisible (visible a folio 48 del expediente judicial digital); 5) Que la Alcaldía Municipal mediante resolución RES-096-2023 de las ocho horas del 23 de agosto del 2023 confirmó lo dispuesto y estimó que la impugnación es improcedente por cuanto se está a la espera de la determinación de la Dirección de Aguas (visible a folio 55 del expediente judicial digital); 6) Que el actor formuló recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de lo dispuesto por la Alcaldía Municipal mediente resolución RES-096-2023 de las ocho horas del 23 de agosto del 2023; 7) Que mediante oficio RES-0102-2023 de las nueve horas dele 7 de setiembre del 2023 se rechazó el recurso de revocatoria y se dispuso el traslado del este asunto ante esta instancia; 8) Que el actor gestionó uso de suelo para construcción de vivienda y mediante oficio MP-AM-CU-US-0556-2023 del 21 de junio del 2023 se dispuso postergar la resolución hasta contar con el criterio de la Dirección de Aguas respecto de la existencia de la naciente y su naturaleza permanente o intermitentes (visible a folio 28 del expediente judicial digital)\n\nII.- HECHOS NO PROBADOS: De esta naturaleza y de interés para el presente pronunciamiento, el siguiente: 1) Que el actor posea la licencia para el desarrollo constructivo de las edificaciones en el inmueble de cita. (no existe prueba de ello en autos).\n\nIII.- OBJETO DEL RECURSO: el accionante indica en síntesis que no lleva razón la accionada al emitir ciertas consideraciones que afectan el desarrollo de su propiedad a partir de la supuesta naciente que existe en su inmueble y que a la fecha no cuenta con ninguna notificación de la Dirección de Aguas en la que se establezca la zona de protección que en repetidos escritos se haca alusión y que el Municipio no tiene certeza si efectivamente su propiedad se encuentra en zona de protección y se posterga su resolución hasta tanto se cuente con el criterio técnico, lo cual le afecta y le deja en indefensión. Con relación a la naturaleza del acto impugnado indica que el acto impone una clausura y no puede considerarse como de mero trámite. Solicita la estimación de su recurso. (visible a folio 5 del expediente judicial digital).\n\nIV.- Con relación a la naturaleza del acto impugnado indica el señor accionante que se impone una  clausura y no puede considerarse como de mero trámite, al tenor de lo dispuesto en el numeral 163 inciso b) del Código Municipal cobra especial relevancia determinar si la citada resolución es un acto de los llamados “finales” o si se trata de un acto de mero trámite. Se ha dicho que el acto final es el que resuelve sobre el fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del particular, y produce efecto externo creando una relación entre la Administración y los demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a condiciones o plazos suspensivos. En contraposición a éstos, se han dado a llamar “actos de trámite” a aquellos que integran los procedimientos anteriores al acto final, sea, los que preparan la resolución administrativa de fondo. Así se afirma, que el acto de trámite no expresa voluntad sino un mero juicio, representación o deseo de la administración, y que por ende, no declara ningún derecho ni deber en forma definitiva. Más sencillo, no produce en forma directa efectos jurídicos frente a terceros. (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 43 de las quince horas cinco minutos del tres de abril de mil novecientos noventa y uno y número 31 de las catorce horas veinticinco minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis). No obstante lo anterior, el acto en mención es de mero trámite con efecto propio ya que -tal y como lo expone la representación de la parte accionante- la actuación cuestionada constituye una materialización de una manifestación de voluntad (en este caso una notificación de clausura y paralización de obras como se ha indicado) evidenciando un efecto jurídico inmediato en perjuicio del actor.\n\nV.-  SOBRE EL CASO CONCRETO: De previo a analizar los agravios de los recurrentes, se considera vital desarrollar que la función que ejerce este Tribunal en materia municipal en control no jerárquico, se encuentra limitada a lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual \"El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la legalidad del acto y en virtud de recurso administrativo, y decidirá dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el recurrente, pero podrá aplicar una norma no invocada en el recurso\".  Consecuentemente la expresión de agravios resulta vital para el conocimiento de las impugnaciones en esta sede, toda vez que con base en ellos el Contralor no Jerárquico, a quien corresponde conocer del recurso pueda analizar si cabe anular o modificar lo resuelto. En este orden se revisa lo dispuesto por el inferior, según los argumentos de la parte apelante que combatan los fundamentos fácticos y jurídicos en los cuales se cimienta la resolución objeto de recurso. Resulta indispensable, para poder efectuar esa labor de control, que los argumentos vertidos por el inferior, en los cuales hace descansar fáctica y jurídicamente su resolución, sean atacados de manera concreta por el recurrente.  En la especie, los argumentos deducidos por el apelante, aunque respetables, no resultan compartidos, por cuanto este Tribunal considera que la Municipalidad recurrida ha resuelto conforme al ordenamiento jurídico por cuanto el derecho a edificar sobre la propiedad inmobiliaria es uno de los atributos del derecho de propiedad cuyo ejercicio encuentra limitaciones de orden público que se desarrollan en la regulación urbanística y ambiental de nuestro país, conforme lo dispone el artículo 45 constitucional, citado por la parte actora en su recurso. Dentro de esas limitaciones, se contempla precisamente ese deber de obtención de la licencia constructiva que está regulado en el artículo 74 de la Ley de Construcciones, la cual es otorgada por las municipalidades una vez verificado que la edificación resulte conforme con la ordenación urbanística aplicable; ello supone un control previo de habilitación o \"permiso\", acompañado de la fiscalización en la ejecución de la actividad autorizada, a fin que se realice conforme a la licencia o permiso concedido.  Simultáneamente, mediante el ejercicio de los poderes de policía, las Municipalidades deben y pueden proceder a verificar el cumplimiento, por parte de los administrados de su circunscripción territorial, de la obtención de todas las licencias constructivas, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Construcciones, siendo que en caso de  incumplimiento de la obligación de obtener previamente la licencia constructiva, las autoridades del gobierno local no pueden ni deben evadir su atención oportuna y efectiva. Consta en autos que el señor Otarola Elizondo, realizó obra constructiva de ampliación de vivienda en el inmueble de su propiedad del Partido de San José folio real matrícula 580304-000.  (hecho no controvertido visible a folios 5, 16 y 38, del expediente judicial digital) y no existe prueba de que posea licencia para el desarrollo constructivo de las edificaciones en el inmueble de cita. (no existe prueba de ello en autos) siendo que se presume que la construcción se está realizando en una Área de Protección, mientras se determina el tipo de naciente y con fundamento en el principio pro natura estima este Tribunal que el requisito solicitado, dadas las presuntas condiciones del inmueble, se adecúa a la obligación constitucional establecida en el numeral 50 de la Constitución Política, al principio precautorio y a la necesidad de contar con el sustento técnico previo en las decisiones urbano-ambientales, por ende amerita la confirmación de la resolución recurrida.\n\nVI.- DE LA COPIA DEL EXPEDIENTE Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS: Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación Municipal así como la totalidad de las piezas que conforman la presente alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica (planos, fotografías, informes, etc) que permanezca aún en custodia el Despacho, podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO\n\n De conformidad con lo expuesto en los apartados precedentes SE CONFIRMA el acto apelado y se da por agotada la vía administrativa. Queda a disposición de las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación Municipal así como la totalidad de las piezas que conforman la presente alzada. NOTIFÍQUESE. Yetty Hernández Orias, Jueza.\n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n\nZTIJASGCVQ461\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nYETTY PATRICIA HERNÁNDEZ ORIAS, JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 23-005221-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:16:01.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE:\n\n23-005221-1027-CA - 8\n\nPROCESO:\n\nJERARQUIA IMPROPIA (Municipal)\n\nACTOR/A:\n\nALEX MARTIN OTAROLA ELIZONDO\n\nDEMANDADO/A:\n\nMUNICIPALIDAD DE PURISCAL\n\nNº N° 2024000456\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fifteen hours and twenty-four minutes on the twenty-fourth of January two thousand twenty-four.-\n\nThis Tribunal takes cognizance, as NON-HIERARCHICAL COMPTROLLER OF LEGALITY, of the appeal filed by Mr. ALEX MARTÍN OTAROLA ELIZONDO, of legal age, bearer of identity card 1-1242-0864, against resolution RES-096-2023 of eight hours on August 23, 2023, issued by the Municipal Mayor's Office of Puriscal.\n\nCONSIDERANDO\n\nPROVEN FACTS: Of importance for the resolution of this matter, the following is deemed accredited: 1) That Mr. Otarola Elizondo carried out construction work for a dwelling expansion on the property he owns in the Partido de San José, real folio registration 580304-000. (undisputed fact visible at folios 5, 16, and 38 of the digital judicial file); 2) That through official letter No. 02289 of August 9, 2022, the Closure and Work Stoppage Order was issued for works undertaken by the plaintiff due to their Location in a Protection Area, based on Law No. 7575 (document visible at folio 37 of the digital judicial file); 3) That the plaintiff filed appeals against the provisions of the closure order (visible at folio 41 of the digital judicial file); 4) That the Construction Control Department of the Municipality of Puriscal, through resolution RES-055-2023, ordered the rejection of the plaintiff's request, considering it inadmissible (visible at folio 48 of the digital judicial file); 5) That the Municipal Mayor's Office, through resolution RES-096-2023 of eight hours on August 23, 2023, confirmed the order and deemed the challenge unfounded because a determination from the Dirección de Aguas is awaited (visible at folio 55 of the digital judicial file); 6) That the plaintiff filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal against the provisions of the Municipal Mayor's Office through resolution RES-096-2023 of eight hours on August 23, 2023; 7) That through official letter RES-0102-2023 of nine hours on September 7, 2023, the motion for reconsideration was rejected and the transfer of this matter to this instance was ordered; 8) That the plaintiff processed a land use permit for housing construction and through official letter MP-AM-CU-US-0556-2023 of June 21, 2023, it was ordered to postpone the resolution until having the opinion of the Dirección de Aguas regarding the existence of the spring (naciente) and its permanent or intermittent nature (visible at folio 28 of the digital judicial file).\n\nII.- UNPROVEN FACTS: Of this nature and of interest for this pronouncement, the following: 1) That the plaintiff possesses the license for the construction development of the buildings on the cited property. (there is no proof thereof in the record).\n\nIII.- SUBJECT OF THE APPEAL: The plaintiff states, in summary, that the respondent is not correct in issuing certain considerations that affect the development of his property based on the alleged spring (naciente) that exists on his property and that to date he has not received any notification from the Dirección de Aguas establishing the protection zone that is repeatedly alluded to, and that the Municipality is not certain whether his property is actually in a protection zone, and its resolution is postponed until the technical opinion is available, which affects him and leaves him defenseless. Regarding the nature of the challenged act, he indicates that the act imposes a closure and cannot be considered a mere procedural step. He requests that his appeal be granted. (visible at folio 5 of the digital judicial file).\n\nIV.- Regarding the nature of the challenged act, the plaintiff indicates that a closure is imposed and it cannot be considered a mere procedural step; under the terms of article 163 subparagraph b) of the Código Municipal, it is particularly relevant to determine whether the cited resolution is one of those called “final” acts or if it is a mere procedural step. It has been stated that the final act is the one that resolves the substance of the problem raised by the administrative need or the individual's petition, and produces an external effect, creating a relationship between the Administration and other things or persons. Its fundamental characteristic lies in its functional autonomy, which allows it to produce rights and obligations and to harm or favor the individual by itself. It is always a manifestation of will that definitively defines the matter presented to the administration, without subjecting its effect to suspensive conditions or terms. In contrast to these, “procedural steps” have been called those that form part of the procedures prior to the final act, that is, those that prepare the substantive administrative resolution. Thus, it is affirmed that the procedural step does not express will but a mere judgment, representation, or desire of the administration, and therefore, it does not declare any right or duty definitively. More simply, it does not directly produce legal effects vis-à-vis third parties. (First Chamber of the Supreme Court of Justice, judgment number 43 of fifteen hours five minutes on April 3, 1991, and number 31 of fourteen hours twenty-five minutes on March 27, 1996). Notwithstanding the foregoing, the act in question is a mere procedural step with its own effect since —as stated by the plaintiff's representation— the challenged action constitutes a materialization of a manifestation of will (in this case, a notification of closure and work stoppage as indicated), demonstrating an immediate legal effect to the detriment of the plaintiff.\n\nV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE: Before analyzing the grievances of the appellants, it is considered vital to elaborate that the function exercised by this Tribunal in municipal matters under non-hierarchical control is limited to the provisions of article 181 of the Ley General de la Administración Pública, according to which \"The non-hierarchical comptroller may review only the legality of the act and by virtue of an administrative appeal, and shall decide within the limit of the claims and factual issues raised by the appellant, but may apply a rule not invoked in the appeal.\" Consequently, the expression of grievances is vital for taking cognizance of the challenges in this venue, since it is on that basis that the Non-Hierarchical Comptroller, responsible for hearing the appeal, can analyze whether it is appropriate to annul or modify the decision. In this regard, the lower instance's order is reviewed according to the arguments of the appealing party that contest the factual and legal foundations upon which the resolution under appeal is based. In order to carry out this oversight function, it is essential that the arguments put forth by the lower instance, upon which it rests its resolution factually and legally, be concretely attacked by the appellant. In this case, the arguments advanced by the appellant, though respectable, are not shared, because this Tribunal considers that the appealed Municipality has resolved in accordance with the legal system, since the right to build on real property is one of the attributes of property rights, the exercise of which encounters public order limitations developed in our country's urban planning and environmental regulations, pursuant to Article 45 of the Constitution, cited by the plaintiff in its appeal. Within those limitations, precisely that duty to obtain a construction license is contemplated, which is regulated in Article 74 of the Ley de Construcciones, which is granted by the municipalities once it is verified that the building conforms to the applicable urban planning regulations; this entails a prior enabling control or \"permit,\" accompanied by oversight during the execution of the authorized activity, so that it is carried out in accordance with the license or permit granted. Simultaneously, through the exercise of police powers, the Municipalities must and can proceed to verify compliance, by the subjects within their territorial jurisdiction, with obtaining all construction licenses, in compliance with the provisions of Article 74 of the Ley de Construcciones, and in case of non-compliance with the obligation to previously obtain the construction license, the local government authorities cannot and must not evade their timely and effective attention. It is recorded in the case file that Mr. Otarola Elizondo carried out construction work for a dwelling expansion on the property he owns in the Partido de San José, real folio registration 580304-000. (undisputed fact visible at folios 5, 16, and 38 of the digital judicial file) and there is no proof that he possesses a license for the construction development of the buildings on the cited property. (there is no proof thereof in the record), and it is presumed that the construction is being carried out in a Protection Area, while the type of spring (naciente) is determined, and based on the pro natura principle, this Tribunal considers that the requested requirement, given the presumed conditions of the property, conforms to the constitutional obligation established in Article 50 of the Political Constitution, to the precautionary principle, and to the need for prior technical support in urban-environmental decisions, therefore, confirmation of the appealed resolution is warranted.\n\nVI.- COPY OF THE CASE FILE AND RETURN OF DOCUMENTS: Since this venue has been substantiated electronically, it is available to the parties to obtain a complete copy containing both the administrative file sent by the Municipal Corporation and all the documents that make up this appeal, for which purpose they must provide the electronic storage device (USB flash drive or compact disc). Likewise, in the event that physical or electronic documentation was submitted (plans, photographs, reports, etc.) that remains in the custody of the Office, the party who provided it may withdraw it within a period of 30 working days, in accordance with the provisions of Article 12 of the Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPOR TANTO\n\nIn accordance with the foregoing sections, the appealed act IS CONFIRMED and the administrative route is deemed exhausted. It is available to the parties to obtain a complete copy containing both the administrative file sent by the Municipal Corporation and all the documents that make up this appeal. NOTIFÍQUESE. Yetty Hernández Orias, Judge."
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