{ "id": "nexus-sen-1-0034-1221673", "citation": "Res. 00293-2024 Tribunal Agrario", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Improcedencia de interdicto de no indígena en territorio China Kichá por plan de recuperación estatal", "title_en": "Dismissal of interdict by non-indigenous party in China Kichá territory due to state recovery plan", "summary_es": "El Tribunal Agrario revoca la sentencia que había acogido un proceso interdictal de amparo de posesión interpuesto por Agropecuaria La Silva S.A., una sociedad no indígena, contra personas indígenas del territorio China Kichá. El Tribunal determina que, al estar el inmueble dentro de un territorio indígena y ser parte del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas impulsado por el INDER, existe una falta de interés actual que impide continuar con la acción interdictal. Se fundamenta en que los terrenos indígenas son propiedad exclusiva de las comunidades indígenas según la Ley Indígena N.° 6172 y el Convenio 169 de la OIT, y que la posesión de no indígenas es nula de pleno derecho. Además, el Estado ha iniciado un proceso administrativo de investigación preliminar y eventual expropiación del inmueble, por lo que el conflicto debe resolverse en esa vía, armonizando las acciones judiciales con las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de protección de los derechos territoriales indígenas. Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, sin especial condena en costas.", "summary_en": "The Agrarian Tribunal overturns a lower court ruling that had granted an interdict action for possession protection filed by Agropecuaria La Silva S.A., a non-indigenous company, against indigenous individuals in the China Kichá territory. The Tribunal finds that because the property lies within an indigenous territory and is part of the National Plan for the Recovery of Indigenous Territories led by INDER, there is a lack of current legal interest that bars the interdict action. It relies on the principle that indigenous lands are the exclusive property of indigenous communities under Indigenous Law No. 6172 and ILO Convention 169, rendering non-indigenous possession null and void. As the State has initiated an administrative preliminary investigation and potential expropriation of the property, the dispute must be resolved through that channel, harmonizing judicial actions with Costa Rica’s international obligations to protect indigenous territorial rights. The lawsuit is dismissed in all respects, with no special award of costs.", "court_or_agency": "Tribunal Agrario", "date": "19/03/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "indigenous-law-6172", "property-and-titling" ], "primary_topic_id": "indigenous-law-6172", "es_concept_hints": [ "interdicto agrario", "Ley Indígena 6172", "Convenio 169 OIT", "Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas", "INDER", "falta de interés actual", "posesión de hecho", "propiedad comunal indígena" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 3", "law": "Ley Indígena N.° 6172" }, { "article": "Art. 5", "law": "Ley Indígena N.° 6172" }, { "article": "Arts. 13 y 14", "law": "Convenio 169 de la OIT" }, { "article": "Art. 23-c", "law": "Ley de Jurisdicción Agraria" } ], "keywords_es": [ "interdicto agrario", "territorio indígena China Kichá", "Ley Indígena 6172", "Convenio 169 OIT", "posesión no indígena", "nulidad de pleno derecho", "Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas", "INDER", "falta de interés actual", "expropiación", "propiedad comunal indígena", "buena fe registral" ], "keywords_en": [ "agrarian interdict", "China Kichá indigenous territory", "Indigenous Law 6172", "ILO Convention 169", "non-indigenous possession", "null and void", "National Plan for Recovery of Indigenous Territories", "INDER", "lack of current interest", "expropriation", "indigenous communal property", "registral good faith" ], "excerpt_es": "Al formar parte el bien en litigio del PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN DE TERRITORIOS INDÍGENAS, existe una falta de interés actual como presupuesto básico de la acción interdictal (artículo 23-c de la Ley de Jurisdicción Agraria), toda vez es evidente ha operado una situación sobreviniente que determinó que la discusión sobre la tenencia de la Tierra dentro del Territorio Indígena China Kichá, está en proceso de un Plan Nacional en el que se determinará si se ostenta derecho alguno sobre la materialidad objeto del proceso. Por ello, esta demanda debe de rechazarse, toda vez el conflicto, para este caso sui generis, está siendo atendido conforme a los estándares de convencionalidad y constitucionalidad citados, de forma tal que para este caso en particular el proceso interdictal no puede convertirse en una vía que entre en contradicción con las acciones del Estado costarricense para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la gobernanza en la tenencia de la tierra a fin de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista.", "excerpt_en": "Since the property in dispute is part of the NATIONAL PLAN FOR THE RECOVERY OF INDIGENOUS TERRITORIES, there is a lack of current interest as a basic prerequisite for the interdict action (article 23-c of the Agrarian Jurisdiction Law), as it is evident that a supervening situation has occurred which determined that the discussion on land tenure within the China Kichá Indigenous Territory is undergoing a National Plan process in which it will be determined whether any right exists over the subject matter of the proceeding. Therefore, this lawsuit must be dismissed, since the conflict, in this sui generis case, is being addressed in accordance with the cited conventionality and constitutionality standards, such that in this particular case the interdict proceeding cannot become a path that contradicts the actions undertaken by the Costa Rican State to fulfill its international obligations concerning the protection of indigenous peoples’ rights over their territories and governance in land tenure in order to preserve cultural identities in a democratic and pluralistic society.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The appealed judgment is overturned and the interdict lawsuit is dismissed for lack of current interest, as the property is part of the National Plan for the Recovery of Indigenous Territories.", "summary_es": "Se revoca la sentencia apelada y se declara sin lugar la demanda interdictal por falta de interés actual, al estar el inmueble dentro del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando X", "quote_en": "Since the property in dispute is part of the NATIONAL PLAN FOR THE RECOVERY OF INDIGENOUS TERRITORIES, there is a lack of current interest as a basic prerequisite for the interdict action.", "quote_es": "Al formar parte el bien en litigio del PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN DE TERRITORIOS INDÍGENAS, existe una falta de interés actual como presupuesto básico de la acción interdictal." }, { "context": "Agravio de la parte demandada", "quote_en": "Article 3 of Indigenous Law 6172/1977 establishes that indigenous lands are exclusive to such communities. They cannot be possessed by non-indigenous persons.", "quote_es": "El artículo 3 Ley Indígena 6172/1977 establece que los terrenos indígenas son exclusivos de tales comunidades. No pueden ser poseídos por personas no indígenas." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1221673", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00293 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 19 de Marzo del 2024 a las 11:57\n\nExpediente: 19-000052-1555-AG\n\nRedactado por: Alexandra Alvarado Paniagua\n\nClase de asunto: Proceso interdictal\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Propiedad agraria indígena\nSubtemas:\nProceso interdictal no puede contradecir las acciones del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas.\nFinalidad del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas y efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas.\nDeber de integrar aspectos culturales y humanos en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas como aspectos caracterizadores del dominio.\nTemas (descriptores): Comunidad indígena\nSubtemas:\nProceso interdictal no puede contradecir las acciones del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas.\nFinalidad del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas y efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas.\nDeber de integrar aspectos culturales y humanos en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas como aspectos caracterizadores del dominio.\nTemas (descriptores): Propiedad indígena\nSubtemas:\nProceso interdictal no puede contradecir las acciones del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas.\nFinalidad del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas y efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas.\nDeber de integrar aspectos culturales y humanos en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas como aspectos caracterizadores del dominio.\nTemas (descriptores): Proceso sumario interdictal de amparo de posesión en materia agraria\nSubtemas:\nProceso interdictal no puede contradecir las acciones del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas.\nFinalidad del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas y efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas.\nDeber de integrar aspectos culturales y humanos en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas como aspectos caracterizadores del dominio.\nTemas (descriptores): Medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos\nSubtemas:\nProceso interdictal no puede contradecir las acciones del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas.\nFinalidad del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas y efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas.\nDeber de integrar aspectos culturales y humanos en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas como aspectos caracterizadores del dominio.\n\nTemas estratégicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales, Derechos Humanos, Pueblos Indígenas\n\nNormativa Internacional: Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Convenio OIT N° 169\n\nSentencias Relacionadas Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente Normativa internacional\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n19-000052-1555-AG - 2\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nSUMARIO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nAGROPECUARIA LA SILVA S. A.\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nALICE VENEGAS JIMENEZ\n\n \n\n   \n\nVOTO N°  N° 2024000293\n\n \n\n TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las once horas cincuenta y siete minutos del diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro.-\n\n PROCESO SUMARIO INTERDICTAL interpuesto por AGROPECUARIA LA SILVA S.A. (en adelante Agropecuaria), cédula jurídica tres-ciento uno-cincuenta y dos mil ochocientos noventa y cinco, representada Flavio Fernando Aguilar Hernández, mayor, casado, administrador, cédula seis-ciento setenta y dos-cero cuarenta y uno; contra ALICE VENEGAS JIMÉNEZ, cédula uno-ochocientos treinta-setecientos noventa y cinco; ANTHONY JOSÉ RIVERA VENEGAS, cédula uno-mil setecientos veinticuatro-ochocientos treinta y siete; EVELYN PATRICIA RIVERA VENEGAS, cédula uno-mil  cuatrocientos cuarenta y tres-doscientos ochenta y siete; HAROLD JOHANY RIVERA VENEGAS, cédula uno-mil ochocientos cuarenta y cinco-doscientos veinte; JEILIN MARÍA RIVERA VENEGAS, cédula uno-mil seiscientos cinco-cuatrocientos siete; JENNY RIVERA VENEGAS, cédula uno-mil trescientos ochenta y siete-cero cincuenta y ocho; JOSÉ CRISTÓBAL RIVERA FERNÁNDEZ, cédula uno-seiscientos treinta y tres- ciento sesenta y tres; LEANDRO HUMBERTO RIVERA JIMÉNEZ, cédula uno-mil seiscientos cincuenta y nueve-quinientos cuarenta y dos; y MARIELA DE LOS ÁNGELES RIVERA VENEGAS, cédula uno-mil ochocientos ochenta y cinco-doscientos ochenta, todas las personas demandadas mayores y vecinas de China Kichá. Interviene como apoderada especial judicial de la sociedad actora: Thais Vidal Navarro, colegiada veintidós mil setecientos setenta y nueve; y como defensora pública agraria de los accionados: Nubia Miranda Pérez. El proceso se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (materia agraria). Se tuvo como parte a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.\n\n Redacta la jueza Alvarado Paniagua; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I. SOBRE LA DEMANDA: En la demanda presentada el 24 de agosto 2019, estimada en un millón de colones, se pide: “Se declare con lugar en todos sus extremos el presente PROCESO INTERDICTO AGRARIO DE AMAPRO (sic) DE POSESIÓN Y RESTITUCIÓN.  - Se declare al actor como único poseedor del terreno en mención, se ordene mantener la posesión y se le restituya la posesión de la finca. Ordenando el desalojo de los demandados y demás personas ocupantes, poniendo al actor en efectiva posesión del inmueble descrito.  - Se ordene a la demanda se abstenga de seguir realizando perturbaciones en la propiedad de manera personal o por terceras personas, con la advertencia de ser juzgados por el delito de desobediencia a la autoridad. Se condene a la parte demanda al pago de daños y perjuicios, los cuales liquidaré en la etapa procesal correspondiente. -Se condene al demandado al pago de ambas costas del proceso” (imagen 2 a 9 del expediente digital completo, descargado del archivo más antiguo a más reciente, en adelante EDC).\n\n II.- SOBRE LA CONTESTACION: JOSÉ CRISTÓBAL RIVERA FERNÁNDEZ, LEANDRO HUMBERTO RIVERA JIMÉNEZ, EVELYN PATRICIA RIVERA VENEGAS, JENNY RIVERA VENEGAS, MARIELA DE LOS ÁNGELES RIVERA VENEGAS y ANTHONY JOSÉ RIVERA VENEGAS contestaron de manera negativa e interpusieron las excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho (imágenes 29 a 37 EDC). HAROLD y JEILIN MARÍA ambos RIVERA VENEGAS fueron debidamente notificados, pero no contestaron la demanda (ver actas en imágenes 50 y 47 EDC).\n\n III.- En resolución del 22 de abril 2021 se tuvo por desistida la demanda contra Silvia Yanory Rivera Jiménez y Karol Fabiola Rivera Venegas (imagen 202 EDC). También se tuvo como parte a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá, representada por Efraín Fernández Zuñiga, en resolución del 2 de febrero de 2021. Fue debidamente notificado pero no se apersonó al proceso (imágenes 138 y 194 EDC).\n\n IV.- SENTENCIA APELADA: El juez Jean Carlos Céspedes Mora, en sentencia 21 del 23 de abril 2021, resolvió: «En mérito de lo expuesto, hechos tenidos por demostrados, análisis y citas legales invocadas, se rechazan las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación. Por ello SE DECLARA CON LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la presente demanda interdictal de AGROPECUARIA LA SILVA SOCIEDAD ANÓNIMA contra JOSÉ CRISTÓBAL RIVERA FERNÁNDEZ, LEANDRO RIVERA JIMÉNEZ, EVELYN RIVERA VENEGAS, JENNY RIVERA VENEGAS, JEYLIN MARÍA RIVERA VENEGAS, HAROLD JOHANY RIVERA VENEGAS, MARIELA DE LOS ÁNGELES RIVERA VENEGAS, ANTHONY RIVERA VENEGAS Y ALICE VENEGAS JIMÉNEZ. En consecuencia se ordena a José Cristóbal Rivera Fernández (sic), Leandro Rivera Jiménez, Evelyn Rivera Venegas, Jenny Rivera Venegas, Jeylin María Rivera Venegas, Harold Johany Rivera Venegas, Mariela de los Ángeles Rivera Venegas, Anthony Rivera Venegas y Alice Venegas Jiménez restituir a Agropecuaria la Silva Sociedad Anónima del área que ilegalmente ocupan dentro del predio en posesión de la primera. Dentro del plazo de tres días a partir de la firmeza de esta sentencia deberán desalojar -si es que así ocupan tierra- bajo pena de ordenarlo utilizando la fuerza en caso de omisión. Previénese a José Cristóbal Rivera Fernández, Leandro Rivera Jiménez, Evelyn Rivera Venegas, Jenny Rivera Venegas, Jeylin María Rivera Venegas, Harold Johany Rivera Venegas, Mariela de los Ángeles Rivera Venegas, Anthony Rivera Venegas y Alice Venegas Jiménez abstenerse perturbar sea de forma personal o interpuesta persona la posesión que ejerce Agropecuaria la Silva Sociedad Anónima en el área en conflicto. En caso de no acatarse esta orden se iniciará causa por desobediencia a la autoridad. De conformidad con el artículo 106.5 del Código Procesal Civil se condena a los demandados al pago de los daños y perjuicios causados a la actora cuya liquidación, prueba y cobro podrán tramitarse en etapa de ejecución de lo resuelto. Se resuelve sin especial condena en costas» (imágenes 206 a 216 EDC).  \n\nV.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: Tocante a los hechos demostrados a) y b) no se aprueban, dada la forma como se resolverá este asunto en esta instancia. Se comparte el hecho probado c). Por otro lado, de esta naturaleza el Tribunal incluye el siguiente hecho: d) En virtud de que el inmueble objeto de este proceso está dentro del territorio indígena China Kichá, el Instituto de Desarrollo Rural ha iniciado como parte del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, una investigación preliminar sobre la finca de la Provincia de San José, matrícula 615334 inscrita en el Registro Público a nombre de Agropecuaria La Silva S.A. (ver oficio del 24 de enero de 2024 INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI-0048-2024 emitido por la Unidad de Información y Registro de Tierras visible en archivo de fecha 30/01/2024 08:04:03  y el plano catastrado de imágenes 19 y 20 que al dorso tiene constancia de la CONAI o visado, que certifica que el inmueble se ubica dentro del territorio indígena China Kichá).-\n\nVI.- RECURSO DE APELACION: La parte demandada apela con base en los siguientes agravios, que se resumen para facilitar su análisis. Alega: 1) Existe errónea interpretación del presupuesto de legitimación activa: posesión de hecho en territorio indígena. No es correcto se acoja la demanda, basándose el Juzgado en que tratándose de la vía interdictal lo único que se debe demostrar es la posesión actual y momentánea, lo cual se tuvo por demostrado, sin analizarse la situación especial de la posesión de persona no indígena de un inmueble en territorio indígena. El artículo 3 Ley Indígena 6172/1977 establece que los terrenos indígenas son exclusivos de tales comunidades. No pueden ser poseídos por personas no indígenas. Se ha interpretado que, de existir esa posesión, es nula de pleno derecho, por estar prohibida por la Ley. De igual forma, el Convenio 189 de la OIT, la Declaración sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU y la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, junto con la jurisprudencia relacionada, establecen el derecho de las personas indígenas de poseer sus tierras de manera colectiva e individual. En este caso, conforme a la prueba, se probó que la parte actora no es indígena (el representante de la sociedad así lo admitió en la declaración de parte). Por eso, la posesión que pretende se le tutele no puede ser reconocida. Cuando la actora adquirió el terreno en litigio, en el 2011, ya estaba declarado que era del territorio indígena China Kichá. La supuesta actividad agraria que se tuvo por probada hace la parte actora no puede estar por encima del derecho humano que tienen las personas indígenas de poseer sus tierras, de manera exclusiva y conforme a su cosmovisión. No existe por ende legitimación activa, por no ser indígena y los supuestos de posesión actual y momentánea son nulos de pleno derechos. También existe una falta de derecho de la actora para reclamar posesión ejercida de mala fe y prohibida por la Ley. 2) Existe indebida valoración de la prueba respecto de la condena en daños y perjuicios. La sentencia recurrida condena a la parte demandada al pago de daños y perjuicios, pero en el considerando segundo se admite que la parte actora no pudo demostrar ni individualizar a las personas demandadas como autores responsables de los daños reclamados. En ninguna de las declaraciones (de parte y testimoniales) se indicó de manera precisa e individualiza que las personas demandadas fueran quienes realizaron los daños, quemas y demás, en el área en litigio. Si bien al contestar la demanda aceptaron que poseían esas áreas desde una fecha anterior a la indicada por la actora, no admitieron realizar los daños que se reclaman. Este caso está comprendido en un proceso de recuperación de tierras del sector, en el cual participan diversas personas, no solo las demandadas. La sentencia recurrida les causa perjuicio por violentar sus derechos, por tener exclusividad para poseer los terrenos indígenas. Piden se revoque la sentencia apelada y se declare sin lugar la acción interdictal (imágenes 225 a 228 EDC).\n\n VII.- El primer alegato, en síntesis, propone que debe revocarse la sentencia impugnada porque no es posible acoger interdictos de una persona no indígena que posea de hecho un terreno dentro de un territorio indígena, cuando es despojada o es perturbada tal posesión por personas indígenas que están tratando de recuperar por las vías de hecho sus territorios, por existir una prohibición en la Ley Indígena para que personas que no lo sean adquieran derechos de propiedad o de posesión sobre tales, por ser propiedad privada colectiva. Sobre esta situación, debe tenerse presente que el Estado para dar respuesta a la tenencia de la tierra en territorios indígenas, ha iniciado un Programa Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas en China Kichá, mismo territorio donde está ubicado el inmueble que ahora nos ocupa. Primeramente, este Tribunal estima necesario reseñar algunos antecedentes de sede administrativa y judicial que permiten contextualizar el estado actual del conflicto suscitado entre las partes: 1) Este proceso interdictal inició el  24 de agosto de 2019 (demanda Incorporada en la carpeta electrónica visible razón de recibido en imagen 1 del expediente completo en formato PDF)  2) El Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI), impulsado por el Estado de Costa Rica, pretende regularizar los territorios indígenas del país, distribuido en tres etapas, incluyendo la primera de ellas a los territorios de: Salitre, Cabagra, Guatuso, China Kichá, Kekoldi (Cocles), Zapatón, Altos de San Antonio, Guaymí de Osa y Térraba (ver Plan en página electrónica oficinal del Ministerio de Agricultura y Ganadería:https://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/E14-11109.pdf). Ese Plan fue declarado de interés público en Decreto Ejecutivo No. 42250-MAG-MP del 13 de marzo del 2020. En la parte considerativa de ese Decreto, se menciona el artículo 5 de la Ley Indígena, artículo 14 del Convenio No.169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el sentido que los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Asimismo, se expone en los considerandos III y IV que el Estado costarricense, debe garantizar plenamente el disfrute de los derechos de las comunidades indígenas y a su vez, continuar con los esfuerzos de recuperación de sus tierras que permita a los indígenas, vivir libremente en sus territorios. De igual modo, se expone que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), está bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y que ha sido revestido de competencias especiales por parte de la Ley Indígena.  Se añade que el artículo 8 de la Ley que  transforma el Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural  crea la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, (Ley Nº 9036 del 11 de mayo del 2012) y que dimensiona el accionar de la institución hacia el desarrollo rural del país, facultándolo como el organismo para dirimir todos aquellos conflictos de posesión precaria, brindando soluciones que resulten a los problemas de ocupación de las reservas nacionales y de la ocupación en precario de tierras de dominio privado. 3) Como parte de la implementación del Programa Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas en China Kichá, el Instituto de Desarrollo Rural, ha realizado una serie de actividades con la cual se conformó un expediente de investigación preliminar contra la finca matrícula 615334 Provincia de San José a nombre de Agropecuaria La Silva Sociedad Anónima.  (ver oficio  INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI-0048-2024 de fecha 26 de enero de 2024, visible en archivo del 30/01/2024 08:04:03).-\n\nVIII. Previo a analizar lo que corresponda, resulta oportuno destacar un precedente de este Tribunal relacionado con un proceso interdictal en el mismo territorio indígena que nos ocupa. Lo anterior en virtud de que la materialidad objeto de este proceso, comprendida por la finca matrícula 615334 de la provincia de San José, se sitúa dentro del Territorio Indígena China Kichá (ver oficio en archivo del 30/01/2024 08:04:03). Es así como en el voto No. 2023001052 de las quince horas diez minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional consideró: “  IX.- En otro orden de ideas, resulta menester indicar que ciertamente, conforme lo estipula el ordinal 106 del Código Procesal Civil (aplicable por disposición expresa del canon 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria), el proceso interdictal tiene como objeto específico la tutela de la posesión actual y momentánea, sin que se resuelvan en forma definitiva aspectos del derecho de propiedad o bien del derecho de posesión, pues su fin es la tutela de la paz social. Asimismo, que ese proceso tiene su fundamento sustantivo en el ordinal 309 del Código Civil. Pero el derecho consuetudinario indígena debe de aplicarse para resolver conflictos entre los mismos indígenas como fuente primaria, aún en el marco de un proceso interdictal. En este sentido, la interpretación de los alcances del ordinal 106 mencionado, como lo indicó la Sala Constitucional en la consulta judicial realizada en este proceso, en sentencia 2023011473 de las nueve horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, responde a un tema de legalidad, y por ello declaró inevacuable la consulta. Sobre el particular soslayó: “A partir de lo anterior, este Tribunal considera que lo planteado es una cuestión de mera interpretación y aplicación de las normas legales en el caso concreto, por sus especiales características. Es decir, el Tribunal se cuestiona qué normas deben prevalecer para interpretar lo que el artículo consultado dispone al referirse a posesión legítima en este caso, sin lesionar otros derechos convencionales reconocidos a la titularidad del bien como propiedad indígena. Sin embargo, ello no es un problema propio de constitucionalidad, sino de legalidad. Por ende, la consulta resulta inevacuable”. Es decir, entiende este Tribunal que el artículo 106 no es inconstitucional en sí mismo, porque está lógicamente previsto para resolver controversias en la tenencia de los bienes privados, de ahí que su aplicación a conflictos en territorios indígenas, en ponderación con otras normas que los regulan, corresponde a los Tribunales, en el marco del ejercicio de la función jurisdiccional. En consonancia con lo anterior, a juicio de este órgano, aunque el proceso interdictal puede ser utilizado como mecanismo procesal de resolución de controversias en materia agraria, tratándose de territorios indígenas, dependiendo de la casuística e intereses jurídicos involucrados, sopesados en el marco del ordenamiento jurídico en su globalidad, la valoración de los presupuestos de la acción puede llegar a tener connotaciones distintas. Lo anterior, siempre que en el caso concreto existan particularidades que lo ameriten, como sucede en el presente proceso. De ahí que lleva razón la entidad recurrente que el este conflicto amerita un análisis que trasciende la protección de la mera posesión, dado lo sucedido entre la interposición de la demanda y la emisión de la sentencia, en relación con el terreno que se pretende recuperar. Existen normas internacionales que regulan los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y tribales en sus territorios ancestrales. La propiedad indígena tiene a su vez una función distinta en la sociedad y su estructura lo es también diversa, debido a la forma como se ejerce ese derecho colectivamente. De esta forma se trasciende de la naturaleza productiva, o del uso y goce de un bien, como aspectos normalmente caracterizadores del dominio, para integrar otros aspectos culturales y humanos esencialmente relevantes en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineado en forma consistente estas características, en diversos pronunciamientos. En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua., en sentencia del 31 de agosto de 2001 consideró: “En las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar los Pueblos Indígenas y Tribales plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”. De igual modo, en el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, en sentencia de 29 de marzo de 2006 determinó: “Asimismo, este Tribunal considera que los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas pueden tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta “no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”. Esta noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas”. Lo anteriormente señalado coincide con el ordinal 13.1 del Convenio 169 de la OIT, que estatuye: “Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. Y el 14 de ese mismo articulado: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. (…) X.- En vista de todo lo anterior, conforme se expuso en el considerando VIII, es evidente que en lo relativo al territorio indígena China Kichá, el Estado de Costa Rica ha emprendido acciones para su recuperación, saneamiento y ordenamiento, con el fin de tutelar la propiedad indígena, y a la vez, evitar situaciones de violencia y desequilibrio. En el caso en estudio, se ha concretado una primera etapa de valoración de elementos objetivos, subjetivos y temporales, para que se proceda a iniciar la expropiación a la parte actora de las fincas de la provincia de San José matrículas 305445, 305500, 305502, 305504, 305443, más no así la finca 30546, por considerarse que sobre esta última no tiene derecho. Nótese el presente proceso versa sobre todas esas fincas que conforman un conglomerado o unidad material en el territorio indígena China Kichá. Con respecto a este punto, el artículo 5 de la Ley Indígena dispone: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI”. En razón de lo anterior, esta Cámara no puede desconocer que se están implementando acciones para dar cumplimiento a esa norma especial de rango legal y a los principios del Convenio 169 de la OIT. Por ello, resulta atendible el agravio de CONAI que ya existe en marcha una acción estatal encaminada a la expropiación del actor, que debe de ser ponderada en la solución de este caso, y que incluso fue aceptada por él al no haber recurrido los efectos de ese procedimiento administrativo preliminar a la expropiación (únicamente impugnó lo atinente a la posesión de mala fe de una de las fincas). Por consiguiente, la solución de este proceso judicial debe de armonizarse con la puesta en marcha del cumplimiento de obligaciones que el Estado ha asumido y no generar una regresión que profundice el conflicto social, originado precisamente en la desatención que por décadas mantuvo el Estado en detrimento de los derechos de la Comunidad Indígena China Kichá, lo que ha propiciado una grave ingobernanza en la zona. A manera de ejemplo, en cuanto a los efectos de esa omisión de los Estados en la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, conviene mencionar lo señalado por la Corte Interamericana en el Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras, en sentencia de 08 de octubre de 2015: “Por tanto, la falta de garantía del uso y goce, a través de la ausencia de saneamiento por parte del Estado del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, durante más de 15 años, así como la falta de ejecución de dichos acuerdos, derivaron en graves tensiones entre las comunidades en cuestión”. De igual relevancia, conviene traer a colación las tensiones por la tenencia de territorios indígenas en Costa Rica, cuya magnitud ha requerido la intervención de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCIÓN 16/15, al dictar la medida cautelar No. 321- 12, relacionado con el Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica, del 30 de abril de 2015, que ordenó: “26. Respecto al requisito de urgencia, la CIDH considera que se encuentra cumplido, en la medida que la situación de riesgo de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo Bribri de Salitre se ha mantenido activa, a lo largo del presente procedimiento, siendo el 24 noviembre de 2014 el último presunto hecho de violencia registrado. Al respecto, la Comisión toma nota y valora las acciones implementadas por el Estado, a fin de garantizar la vida e integridad personal de los miembros de ambos pueblos indígenas en Salitre, las cuales se habrían traducido en la instauración de una mesa diálogo, una serie de investigaciones por los presuntos hechos alegados, el establecimiento de patrullajes en la zona, entre otras medidas. Al respecto, la Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Estado por implementar medidas que atiendan las causas y efectos del conflicto mencionado, el cual ha generado diversas manifestaciones de violencia en la zona. Sin embargo, de acuerdo a los solicitantes: i) las autoridades locales de Buenos Aires, Puntarenas, no habrían adoptado medidas integrales para prevenir nuevos actos de violencia o amenazas en la zona, tomando en consideración el contexto y los antecedentes indicados; y ii) las medidas de seguridad ofrecidas no serían suficientes, en especial, por cuanto las mismas no tendrían un carácter permanente, en vista que las mismas solamente serían implementadas por cortos períodos de tiempo, una vez que algún hecho de violencia hubiese ocurrido. En esta línea, la Comisión toma nota de los informes elaborados por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, institución estatal que ha señalado que los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo Bribri de Salitre no contarían con ningún puesto de control policial, un registro para el ingreso a sus territorios y tampoco contarían con algún patrullaje ofrecido por las autoridades locales. En estas circunstancias, la Comisión estima que debido a la continuidad del clima de tensión en la zona vis-a-vis los avances reportados sobre las medidas destinadas a delimitar los territorios, la situación de riesgo podría exacerbase en la zona. En tal sentido, la CIDH considera que es necesario que el Estado refuerce las medidas de protección implementadas a la fecha, por medio de medidas adecuadas y efectivas, tomando en consideración un enfoque diferencial respecto de pueblos indígenas y las dinámicas particulares en la zona. (…) Asimismo, la Comisión reitera que los Estados están obligados a adoptar medidas para asegurar el control efectivo de sus territorios y proteger a los pueblos indígenas de actos de violencia u hostigamiento. En este mismo sentido, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que se prevenga la ocurrencia de conflictos con terceros por causa de la propiedad de la tierra, en particular en los casos en que el retardo en la demarcación, o la falta de demarcación, tengan el potencial de generar conflictos”. Adicionalmente, debe destacarse lo que ha desarrollado la citada Corte en el Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, en la sentencia del 25 de noviembre de 2015: “La Corte ha establecido que, en atención al principio de seguridad jurídica, es necesario materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través de la adopción de medidas legislativas y administrativas necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación, que reconozca tales derechos en la práctica. Lo anterior, considerando que el reconocimiento de los derechos de propiedad comunal indígena debe garantizarse a través del otorgamiento de un título de propiedad formal, u otra forma similar de reconocimiento estatal, que otorgue seguridad jurídica a la tenencia indígena de la tierra frente a la acción de terceros o de los agentes del propio Estado, y que este “reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se establece, delimita y demarca físicamente la propiedad”. (…) Cabe precisar, que para efectos de la delimitación, demarcación y titulación del territorio tradicional en el presente caso, la Corte estima que el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales contempla garantías plenas sobre los territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, y utilizado para ejercer su propia forma de vida, subsistencia, tradiciones, cultura y desarrollo como pueblos. Sin perjuicio de lo anterior, existirían otras áreas tradicionales complementarias o adicionales a las que hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales o de subsistencia (que en su caso pueden compartir otros fines), respecto de las que se debe garantizar, al menos, su acceso y uso en la medida de lo que corresponda”. En igual sentido, la Alta Corte ha reiterado en su jurisprudencia: “… los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros de buena fe, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad; (…) el Estado debe garantizar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio” (ver Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, sentencia de 15 de junio de 2005 y Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras en sentencia del 8 de octubre del 2015). Así las cosas, debe apuntarse que, en el caso de nuestro país, el artículo 5 de la Ley Indígena señala que lo que procede o prevalece es la restitución de los territorios originales, de forma tal que a los no indígenas -de considerarse poseedores de buena fe- lo que corresponde es su reubicación o expropiación. Asimismo en el Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil, sentencia de 5 de febrero de 2018, se menciona por parte de dicha Corte, que “la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado en otros casos que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que existan mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y promover sus derechos sobre los territorios indígenas, a través de los cuales se puedan llevar a cabo los procesos de reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de su propiedad territorial . Los procedimientos en mención deben cumplir las reglas del debido proceso legal consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”. En el mismo sentido: Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras en sentencia de 8 de octubre de 2015. Así las cosas, si el Estado costarricense, por medio del INDER, ha puesto en marcha un Programa de Recuperación del Territorio China Kichá, a través del cual se ha resuelto en firme y en sede administrativa la situación jurídica de la posesión del actor como etapa previa a la expropiación, ello debe ser indudablemente tomado en cuenta en casos como el presente, pues ha sobrevenido una falta de interés en este proceso interdictal. A mayor abundamiento, la Corte Interamericana, sobre la efectividad del derecho de propiedad comunal frente a la propiedad de terceros no indígenas, en el Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil en sentencia del 5 de febrero de 2018, se consideró: “Para la situación en particular de los pueblos indígenas, la perita Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, observó que para garantizar el uso y goce del derecho de la propiedad colectiva, los Estados deben asegurar que no exista interferencia externa sobre los territorios tradicionales, esto es, remover cualquier tipo de interferencia sobre el territorio en cuestión a través del saneamiento con el objeto de que el ejercicio del derecho a la propiedad tenga un contenido tangible y real. En el mismo sentido se manifestó en el presente proceso el perito Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Un reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece de sentido si las poblaciones o pueblos interesados no pueden ejercitar plenamente y de forma pacífica su derecho. El saneamiento no sólo implica el desalojo de terceros de buena fe o de personas que ocupen ilegalmente los territorios demarcados y titulados, sino garantizar su posesión pacífica y que los bienes titulados carezcan de vicios ocultos, esto es, libre de obligaciones o gravámenes en beneficio de terceras personas. Si lo anterior no se verifica, para la Corte es claro que el derecho de propiedad colectiva no ha sido garantizado por completo. Así, la Corte estima que los procesos administrativos de delimitación, demarcación, titulación y saneamiento de territorios indígenas son mecanismos que garantizan seguridad jurídica y protección a este derecho”. Por último, mencionar el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006: “En tal sentido, el Tribunal constata que los argumentos que el Estado ha interpuesto para justificar la falta de concreción del derecho a la propiedad de los indígenas no han sido suficientes para relevar su responsabilidad internacional. El Estado ha presentado tres argumentos: 1) que las tierras reclamadas han sido trasladadas de propietario en propietario “desde hace mucho tiempo” y están debidamente inscritas; 2) que dichas tierras están siendo debidamente explotadas, y 3) que el propietario de las tierras “está amparado por un Tratado entre la República del Paraguay y la República Federal de Alemania[,] el cual […] es Ley de la Nación”. 138. Respecto al primer argumento, la Corte considera que el mero hecho de que las tierras reclamadas estén en manos privadas, no constituye per se un motivo “objetivo y fundamentado” suficiente para denegar prima facie las solicitudes indígenas. En caso contrario, el derecho a la devolución carecería de sentido y no ofrecería una posibilidad real de recuperar las tierras tradicionales, limitándose únicamente a esperar la voluntad de los tenedores actuales, y forzando a los indígenas a aceptar tierras alternativas o indemnizaciones pecuniarias. Sobre el particular, la Corte ha señalado que cuando existan conflictos de intereses en las reivindicaciones indígenas, habrá de valorarse caso por caso la legalidad, necesidad, proporcionalidad y el logro de un objetivo legítimo en una sociedad democrática (utilidad pública e interés social), para restringir el derecho de propiedad privada, por un lado, o el derecho a las tierras tradicionales, por el otro. El contenido de cada uno de estos parámetros ya fue definido por el Tribunal en el Caso Comunidad indígena Yakye Axa, por lo que hace remisión expresa a lo ya resuelto. 139. El mismo análisis se aplica al segundo argumento del Estado respecto a la productividad de las tierras. Bajo este argumento subyace la idea de que los indígenas no pueden, bajo ninguna circunstancia, reclamar sus tierras tradicionales cuando éstas se encuentren explotadas y en plena productividad, mirándose la cuestión indígena exclusivamente a través de la productividad de la tierra y del régimen agrario, lo que resulta insuficiente a las peculiaridades propias de dichos pueblos”. (…)  XI.- En otro orden de consideraciones, pero siempre para abundar razones de la forma como se resuelve en esta instancia, se deben de tomar en cuenta, además, las Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional de la FAO. Dichas directrices fueron ratificadas por el Comité de Seguridad Alimentara (CFS) en su 38º período (extraordinario) de sesiones el 11 de mayo de 2012. Según el objetivo 1.1 lo que se persigue es mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Expresamente se indica: “Todos los programas y políticas y la asistencia técnica destinada a mejorar la gobernanza de la tenencia mediante la aplicación de estas Directrices deberían guardar coherencia con las obligaciones existentes de los Estados con arreglo al Derecho internacional, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales sobre los derechos humanos”. En cuanto a su naturaleza y alcance, el acápite 2.4 reza: “Estas Directrices tienen alcance mundial. Teniendo en cuenta el contexto nacional, pueden ser utilizadas por todos los países y regiones en cualesquiera etapas del desarrollo económico; y se pueden utilizar en el ámbito de la gobernanza de todas las formas de tenencia, incluida la pública, la privada, la comunal, la colectiva, la indígena y la consuetudinaria”. Asimismo, en el apartado 7, se desarrolla el “Reconocimiento jurídico y asignación de derechos y deberes de tenencia”, y en el 9.3 se establece: “Los Estados deberían garantizar que todas las actuaciones se ajustan a sus obligaciones existentes en el marco del derecho nacional e internacional, teniendo en debida consideración los compromisos voluntarios asumidos en virtud de los instrumentos regionales e internacionales aplicables. En el caso de los pueblos indígenas, los Estados deberían cumplir con sus obligaciones y compromisos voluntarios pertinentes, a fin de proteger, promover y aplicar los derechos humanos, incluidos, cuando sea pertinente, los derivados del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (n.º 169) de la Organización Internacional del Trabajo, del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”. Conforme se desprende de ese documento, estas Directrices, son el primer instrumento exhaustivo de alcance mundial sobre la tenencia y su administración preparado mediante negociaciones intergubernamentales. En las Directrices se estipulan principios y normas internacionalmente aceptados que encauzan las prácticas responsables para el uso y control de la tierra, la pesca y los bosques. Las Directrices ofrecen orientaciones destinadas al mejoramiento de los marcos normativos, jurídicos y organizativos que regulan los derechos de tenencia; al aumento de la transparencia de los sistemas de tenencia y en los procesos relativos a su administración; y al refuerzo de las capacidades y operaciones de los organismos públicos, empresas del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y personas involucradas en las cuestiones vinculadas con la tenencia y su gobernanza. Las Directrices sitúan la gobernanza de la tenencia en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y tienen como objetivo contribuir a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, a la erradicación de la pobreza, a la protección ambiental y al desarrollo social y económico sostenible. XII.- Con fundamento en lo anterior, el proceso interdictal debe de rechazarse porque el conflicto está siendo atendido conforme a los estándares internacionales. El proceso interdictal, para este caso sui generis, no puede convertirse en una vía que entre en contradicción con las acciones legítimas que ha emprendido el Estado costarricense para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la gobernanza en la tenencia de la tierra, a fin de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista. (…) XIII. En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia, por las razones expuestas por este Tribunal. En su lugar se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, por no cumplirse con el presupuesto básico de toda acción procesal de interés actual, al existir una situación sobreviniente que ofreció una solución al conflicto de las partes del presente proceso, en relación con la tenencia de la tierra objeto de litigio (artículo 23 inciso c) de la Ley de Jurisdicción Agraria)”.\n\n \n\nIX. De conformidad con lo anteriormente expuesto, debe en primer orden considerarse que como parte de la implementación del Programa Nacional de Recuperación de Territorios  Indígenas, sobre el inmueble que nos ocupa,  se han realizado una serie de actividades con la cual se conformó un expediente de investigación preliminar sobre la finca del actor Agropecuaria La Silva S.A., matrícula 615334 del Partido de San José, lo que implica el mismo forme parte del Plan recuperador de territorios Indígenas que está llevando a cabo el  Instituto de Desarrollo Rural conforme se ha informado a este Tribunal. Cabe además, mencionar el criterio vinculante emitido por la Sala Constitucional -según artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional- en pronunciamiento No. 24725-2022 de las 12 horas 41 minutos del 19 de octubre de 2022. En tal sentencia se conoció de una acción: “…para que se declare inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Primera de Casación (sentencias nros. 000920-F-S1-2015 de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2015, 002848-A-S1-2020 de las 10:10 horas del 3 de diciembre de 2020, 002878-F-S1-2020 de las 10:35 horas del 10 de diciembre de 2020 y 000681-F-S1-2021 de las 10:00 horas del 25 de marzo de 2021), concerniente al artículo 3 de la Ley Indígena, por estimarla contraria a los numerales 9, 11, 41 y 45 de la Constitución Política, y a los principios de buena fe, confianza legítima y no confiscación, así como al ordinal 21 inciso 2 de la CADH... quienes adquieren terrenos en las reservas indígenas al amparo del Registro Nacional (sin anotación registral que indique que la finca adquirida se encuentra dentro de una reserva indígena), no son adquirentes de buena fe, y debido a ello, se les niega la indemnización que establece el ordinal 5 de la Ley Indígena”. Concluyó la Alta Cámara constitucional los citados criterios no contravienen el Derecho de la Constitución. Varios puntos de relevancia para resolver el asunto se deben extractar de la sentencia anterior, particularmente por lo preceptuado por el numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en cuanto establece la jurisprudencia y los precedentes son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. 1. En el análisis de constitucionalidad se descartó infracción al numeral 45 de la Constitución Política, porque es en apego a esa estipulación las personas que de buena fe ostenta titularidad de un bien ubicado dentro de una reserva indígena, que es un espacio restringido y “deviene jurídicamente improcedente ejecutar tal acto traslativo de dominio, toda vez que el inmueble en cuestión es intransferible por imperativo de ley…carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida, cuya delimitación física ya ha sido debidamente establecida y publicada a través de los decretos ejecutivos correspondientes”. Si el bien se traspasa, ese negocio jurídico es contra legem porque la propiedad se encontraba afectada por el régimen de propiedad indígena, al margen de lo indicado en el Registro Público al momento del acto negocia. Concluye esa idea la Sala indicando: “…el bien inmueble no podía ser objeto de comercio ni podía ser transferido a una persona ajena a la comunidad indígena”. 2. Analizó el principio de confianza legítima y se concluyó las sentencias analizadas no desatienden ese precepto: “Así, debe reiterarse que, con independencia de lo que se advierta registralmente, la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico. Véase, una vez más, que la delimitación física de las reservas indígenas está establecida a través de distintos decretos ejecutivos, debidamente publicados; además, existe una prohibición legal expresa para que las personas no indígenas adquieran estas propiedades, por lo que los actos de traspaso son nulos. Por ello, la eventual omisión del Registro Público de consignar la afectación de reserva indígena sobre un inmueble de ninguna manera convalida algún acto traslativo de dominio efectuado al margen de la ley, ni constituye una causa idónea para que el adquirente de tal negocio nulo reclame una indemnización en los términos del ordinal 5 de la Ley Indígena, como pretende la parte recurrente”. 3. Tampoco observó vulneración al principio de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por actividad jurisdiccional, por cuanto ese principio no es un desacuerdo con un criterio jurisprudencial sino implica la constatación de alguna irregularidad grave en el cumplimiento de las responsabilidades del Estado lo cual se debe acudir a las vías comunes.  Como se dijo, la heredad  objeto del procedimiento se encuentra dentro del territorio indígena China Kichá, al tenor del informe de la Unidad de Información y Registro de Tierras visible en archivo del 03/01/2024 8:04:03, en igual sentido se desprende tal ubicación en el plano catastrado de imágenes 19 y 20 que al dorso tiene constancia de la CONAI o visado, que certifica que el inmueble se ubica dentro del territorio indígena China Kichá   Mediante decreto número 34 del 15 de noviembre de 1956 se declara y demarcan zonas como reservas indígenas. Como se expuso supra, lo resuelto por la Sala Constitucional es vinculante erga omnes y ésta estima que al margen de lo que se pueda constatar la información registral o las señales in situ, el acto negocial posterior no puede ser objeto de comercio, ni transferirse a una persona ajena a la comunidad indígena.\n\nX. En este orden de consideraciones, al formar parte el bien en litigio del PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN DE TERRITORIOS INDÍGENAS, existe una falta de interés actual como presupuesto básico de la acción interdictal (artículo 23-c de la Ley de Jurisdicción Agraria), toda vez es evidente ha operado una situación sobreviniente que determinó que la discusión sobre la tenencia de la Tierra dentro del Territorio Indígena China Kichá, está en proceso de un Plan Nacional en el que se determinará si se ostenta derecho alguno sobre la materialidad objeto del proceso.  Por ello, esta demanda debe de rechazarse, toda vez el conflicto, para este caso sui generis, está siendo atendido conforme a los estándares de convencionalidad y constitucionalidad citados, de forma tal que para este caso en particular el proceso interdictal  no puede convertirse en una vía que entre en contradicción con las acciones del Estado costarricense para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de tutela de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la gobernanza en la tenencia de la tierra a fin de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista. En razón de lo anterior, se procede a revocar la sentencia por las razones expuestas en esta Instancia, por lo que deviene en innecesario pronunciarse en cuanto a los restantes reproches al fallo.\n\nXI. Por último, en cuanto a las costas, el tenor del artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se resuelve sin especial condenatoria, toda vez a la parte actora la asistieron en su momento motivos para litigar por tener el bien objeto del proceso inscrito a su nombre y destinado a la actividad agraria.\n\nPOR TANTO\n\nSe revoca la sentencia. En consecuencia, por existir una falta de interés actual se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\n\nR47GODEKYYSA61\nALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\nWYQZLROSWFS61\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nLNITMQZSS4I61\nMARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 19-000052-1555-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:17:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**RESOLUTION No. 00293 - 2024**\n\n**Resolution Date:** March 19, 2024, at 11:57 a.m.\n**Docket:** 19-000052-1555-AG\n**Drafted by:** Alexandra Alvarado Paniagua\n**Type of Matter:** Interdictal proceeding\n**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n**Type of Content:** Majority Vote\n**Topics (descriptors):** Indigenous agrarian property\n**Subtopics:**\nAn interdictal proceeding cannot contradict the State's actions to fulfill its international obligations regarding the protection of the rights of indigenous peoples.\nPurpose of the National Plan for the Recovery of Indigenous Territories and effectiveness of communal property rights against the property of third-party non-indigenous persons.\nDuty to integrate cultural and human aspects into the content of the legal regime of indigenous territories as characterizing aspects of ownership.\n**Topics (descriptors):** Indigenous community\n**Subtopics:**\nAn interdictal proceeding cannot contradict the State's actions to fulfill its international obligations regarding the protection of the rights of indigenous peoples.\nPurpose of the National Plan for the Recovery of Indigenous Territories and effectiveness of communal property rights against the property of third-party non-indigenous persons.\nDuty to integrate cultural and human aspects into the content of the legal regime of indigenous territories as characterizing aspects of ownership.\n**Topics (descriptors):** Indigenous property\n**Subtopics:**\nAn interdictal proceeding cannot contradict the State's actions to fulfill its international obligations regarding the protection of the rights of indigenous peoples.\nPurpose of the National Plan for the Recovery of Indigenous Territories and effectiveness of communal property rights against the property of third-party non-indigenous persons.\nDuty to integrate cultural and human aspects into the content of the legal regime of indigenous territories as characterizing aspects of ownership.\n**Topics (descriptors):** Summary interdictal proceeding for the protection of possession in agrarian matters\n**Subtopics:**\nAn interdictal proceeding cannot contradict the State's actions to fulfill its international obligations regarding the protection of the rights of indigenous peoples.\nPurpose of the National Plan for the Recovery of Indigenous Territories and effectiveness of communal property rights against the property of third-party non-indigenous persons.\nDuty to integrate cultural and human aspects into the content of the legal regime of indigenous territories as characterizing aspects of ownership.\n**Topics (descriptors):** Precautionary measures established by the Inter-American Commission on Human Rights\n**Subtopics:**\nAn interdictal proceeding cannot contradict the State's actions to fulfill its international obligations regarding the protection of the rights of indigenous peoples.\nPurpose of the National Plan for the Recovery of Indigenous Territories and effectiveness of communal property rights against the property of third-party non-indigenous persons.\nDuty to integrate cultural and human aspects into the content of the legal regime of indigenous territories as characterizing aspects of ownership.\n\n**Strategic Topics:** Der Económicos sociales culturales y ambientales, Derechos Humanos, Pueblos Indígenas\n\n**International Regulations:** Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, ILO Convention No. 169\n\n**Related Rulings Rulings in the same vein Rulings from the same docket International regulations**\n\n**Text of the Resolution**\n\n\n\n \n\n \n\n**DOCKET:**\n\n19-000052-1555-AG - 2\n\n**PROCEEDING:**\n\nSUMMARY\n\n**PLAINTIFF:**\n\nAGROPECUARIA LA SILVA S. A.\n\n**DEFENDANT:**\n\nALICE VENEGAS JIMENEZ\n\n \n\n**VOTE No. 2024000293**\n\n \n\n**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At eleven hours and fifty-seven minutes on March nineteenth, two thousand twenty-four.-\n\n**SUMMARY INTERDICTAL PROCEEDING** filed by AGROPECUARIA LA SILVA S.A. (hereinafter Agropecuaria), legal ID number three hundred one-fifty-two thousand eight hundred ninety-five, represented by Flavio Fernando Aguilar Hernández, of legal age, married, administrator, ID number six hundred seventy-two-zero forty-one; against ALICE VENEGAS JIMÉNEZ, ID number one-eight hundred thirty-seven hundred ninety-five; ANTHONY JOSÉ RIVERA VENEGAS, ID number one-thousand seven hundred twenty-four-eight hundred thirty-seven; EVELYN PATRICIA RIVERA VENEGAS, ID number one-thousand four hundred forty-three-two hundred eighty-seven; HAROLD JOHANY RIVERA VENEGAS, ID number one-thousand eight hundred forty-five-two hundred twenty; JEILIN MARÍA RIVERA VENEGAS, ID number one-thousand six hundred five-four hundred seven; JENNY RIVERA VENEGAS, ID number one-thousand three hundred eighty-seven-zero fifty-eight; JOSÉ CRISTÓBAL RIVERA FERNÁNDEZ, ID number one-six hundred thirty-three-hundred sixty-three; LEANDRO HUMBERTO RIVERA JIMÉNEZ, ID number one-thousand six hundred fifty-nine-five hundred forty-two; and MARIELA DE LOS ÁNGELES RIVERA VENEGAS, ID number one-thousand eight hundred eighty-five-two hundred eighty, all defendants of legal age and residents of China Kichá. Appearing as special judicial representative of the plaintiff company: Thais Vidal Navarro, Bar Association member twenty-two thousand seven hundred seventy-nine; and as public agrarian defender of the defendants: Nubia Miranda Pérez. The proceeding is being conducted in the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires (agrarian matters). The Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá was included as a party.\n\nDrafted by Judge Alvarado Paniagua; and,\n\n**CONSIDERING:**\n\n**I. REGARDING THE COMPLAINT:** In the complaint filed on August 24, 2019, valued at one million colones, it is requested: “That this AGRARIAN INTERDICT PROCEEDING FOR THE PROTECTION OF POSSESSION AND RESTITUTION be declared granted in all its aspects. - That the plaintiff be declared the sole possessor of the mentioned land, that possession be ordered maintained, and that the possession of the farm be restituted. Ordering the eviction of the defendants and other occupying persons, placing the plaintiff in effective possession of the described property. - That the defendants be ordered to refrain from continuing to cause disturbances on the property personally or through third parties, with the warning of being prosecuted for the crime of disobedience to authority. That the defendants be ordered to pay damages, which I will liquidate in the corresponding procedural stage. -That the defendants be ordered to pay the costs of the proceeding” (image 2 to 9 of the complete digital docket, downloaded from the oldest file to the most recent, hereinafter CDD).\n\n**II.- REGARDING THE ANSWER:** JOSÉ CRISTÓBAL RIVERA FERNÁNDEZ, LEANDRO HUMBERTO RIVERA JIMÉNEZ, EVELYN PATRICIA RIVERA VENEGAS, JENNY RIVERA VENEGAS, MARIELA DE LOS ÁNGELES RIVERA VENEGAS, and ANTHONY JOSÉ RIVERA VENEGAS answered negatively and raised the defenses of lack of standing to sue and lack of right (images 29 to 37 CDD). HAROLD and JEILIN MARÍA, both RIVERA VENEGAS, were duly notified but did not answer the complaint (see records in images 50 and 47 CDD).\n\n**III.-** In a resolution dated April 22, 2021, the complaint was deemed withdrawn against Silvia Yanory Rivera Jiménez and Karol Fabiola Rivera Venegas (image 202 CDD). The Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá, represented by Efraín Fernández Zuñiga, was also included as a party in a resolution dated February 2, 2021. It was duly notified but did not appear in the proceeding (images 138 and 194 CDD).\n\n**IV.- APPEALED JUDGMENT:** Judge Jean Carlos Céspedes Mora, in judgment 21 of April 23, 2021, resolved: «By virtue of the foregoing, facts deemed proven, analysis, and cited legal citations, the defenses of lack of right and lack of standing are denied. Therefore, THE PRESENT INTERDICTAL COMPLAINT BY AGROPECUARIA LA SILVA SOCIEDAD ANÓNIMA AGAINST JOSÉ CRISTÓBAL RIVERA FERNÁNDEZ, LEANDRO RIVERA JIMÉNEZ, EVELYN RIVERA VENEGAS, JENNY RIVERA VENEGAS, JEYLIN MARÍA RIVERA VENEGAS, HAROLD JOHANY RIVERA VENEGAS, MARIELA DE LOS ÁNGELES RIVERA VENEGAS, ANTHONY RIVERA VENEGAS, AND ALICE VENEGAS JIMÉNEZ IS DECLARED GRANTED IN ALL ITS ASPECTS. Consequently, José Cristóbal Rivera Fernández (sic), Leandro Rivera Jiménez, Evelyn Rivera Venegas, Jenny Rivera Venegas, Jeylin María Rivera Venegas, Harold Johany Rivera Venegas, Mariela de los Ángeles Rivera Venegas, Anthony Rivera Venegas, and Alice Venegas Jiménez are ordered to restitute to Agropecuaria la Silva Sociedad Anónima the area they illegally occupy within the property in possession of the former. Within a period of three days from the finality of this judgment, they must vacate - if they are thus occupying land - under penalty of ordering it by using force in case of omission. José Cristóbal Rivera Fernández, Leandro Rivera Jiménez, Evelyn Rivera Venegas, Jenny Rivera Venegas, Jeylin María Rivera Venegas, Harold Johany Rivera Venegas, Mariela de los Ángeles Rivera Venegas, Anthony Rivera Venegas, and Alice Venegas Jiménez are warned to refrain from disturbing, whether personally or through an intermediary, the possession exercised by Agropecuaria la Silva Sociedad Anónima in the area in conflict. In case of non-compliance with this order, proceedings will be initiated for disobedience to authority. In accordance with Article 106.5 of the Civil Procedure Code, the defendants are ordered to pay the damages caused to the plaintiff, the liquidation, proof, and collection of which may be processed in the enforcement stage of the resolved matter. It is resolved without special condemnation for costs» (images 206 to 216 CDD).\n\n**V.- REGARDING THE PROVEN FACTS:** Concerning proven facts a) and b), they are not approved, given the manner in which this matter will be resolved in this instance. Proven fact c) is shared. Furthermore, this Tribunal includes the following fact ex officio: d) By virtue of the property subject to this proceeding being within the indigenous territory of China Kichá, the Instituto de Desarrollo Rural, as part of the Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, has initiated a preliminary investigation regarding the farm in the Province of San José, registration number 615334, registered in the Public Registry in the name of Agropecuaria La Silva S.A. (see official communication of January 24, 2024, INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI-0048-2024 issued by the Unidad de Información y Registro de Tierras, visible in the file dated 01/30/2024 08:04:03 and the cadastral map in images 19 and 20, which on the reverse has a certification from CONAI or visa, certifying that the property is located within the indigenous territory of China Kichá).-\n\n**VI.- APPEAL:** The defendants appeal based on the following grievances, which are summarized to facilitate their analysis. They allege: 1) There is an erroneous interpretation of the requirement for standing to sue: de facto possession in indigenous territory. It is not correct to grant the complaint, as the Court based its decision on the fact that, in the interdictal process, the only thing that must be demonstrated is current and momentary possession, which was deemed proven, without analyzing the special situation of the possession by a non-indigenous person of a property in indigenous territory. Article 3 of the Indigenous Law 6172/1977 establishes that indigenous lands are exclusive to such communities. They cannot be possessed by non-indigenous persons. It has been interpreted that, should such possession exist, it is null and void, as it is prohibited by Law. Similarly, ILO Convention 189, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, together with related jurisprudence, establish the right of indigenous persons to possess their lands collectively and individually. In this case, according to the evidence, it was proven that the plaintiff is not indigenous (the representative of the company admitted this in the party statement). Therefore, the possession they seek to have protected cannot be recognized. When the plaintiff acquired the land in dispute, in 2011, it was already declared to be part of the indigenous territory of China Kichá. The alleged agrarian activity that was proven for the plaintiff cannot override the human right that indigenous persons have to possess their lands, exclusively and according to their worldview. Therefore, there is no standing to sue, because they are not indigenous, and the alleged current and momentary possession is null and void. There is also a lack of right on the part of the plaintiff to claim possession exercised in bad faith and prohibited by Law. 2) There is an improper assessment of the evidence regarding the condemnation for damages. The appealed judgment orders the defendants to pay damages, but the second considering section admits that the plaintiff could not prove or individualize the defendants as those responsible for the damages claimed. In none of the statements (party and testimonial) was it indicated precisely and individually that the defendants were the ones who carried out the damages, burns, and other acts in the area in dispute. Although in answering the complaint they accepted that they had possessed those areas since a date prior to that indicated by the plaintiff, they did not admit to carrying out the damages claimed. This case is encompassed within a land recovery process in the sector, in which various persons participate, not only the defendants. The appealed judgment harms them by violating their rights, by having exclusivity to possess indigenous lands. They request that the appealed judgment be revoked and the interdictal action be declared without merit (images 225 to 228 CDD).\n\n**VII.-** The first argument, in summary, proposes that the appealed judgment must be revoked because it is not possible to grant interdicts to a non-indigenous person who de facto possesses land within an indigenous territory, when such possession is dispossessed or disturbed by indigenous persons who are trying to recover their territories through de facto means, given the existence of a prohibition in the Indigenous Law for non-indigenous persons to acquire ownership or possession rights over such lands, as they are collective private property. Regarding this situation, it must be borne in mind that the State, to address land tenure in indigenous territories, has initiated a National Program for the Recovery of Indigenous Territories in China Kichá, the same territory where the property now before us is located. First, this Tribunal deems it necessary to review some administrative and judicial background information that allows contextualizing the current state of the conflict between the parties: 1) This interdictal proceeding began on August 24, 2019 (Complaint incorporated in the electronic folder, the receipt visible in image 1 of the complete docket in PDF format). 2) The Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI), promoted by the State of Costa Rica, seeks to regularize the indigenous territories of the country, distributed in three stages, the first including the territories of: Salitre, Cabagra, Guatuso, China Kichá, Kekoldi (Cocles), Zapatón, Altos de San Antonio, Guaymí de Osa, and Térraba (see Plan on the official website of the Ministerio de Agricultura y Ganadería: https://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/E14-11109.pdf). This Plan was declared of public interest in Decreto Ejecutivo No. 42250-MAG-MP of March 13, 2020. In the recital section of that Decree, Article 5 of the Indigenous Law and Article 14 of Convention No. 169 concerning indigenous and tribal peoples of the International Labour Organization (ILO) are mentioned, in the sense that Governments shall take the measures necessary to determine the lands which the peoples concerned traditionally occupy and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. Likewise, Recitals III and IV state that the Costa Rican State must fully guarantee the enjoyment of the rights of indigenous communities and, in turn, continue with the efforts to recover their lands, allowing indigenous people to live freely in their territories. Similarly, it is stated that the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) is under the governance of the Ministerio de Agricultura and has been vested with special competencies by the Indigenous Law. It is added that Article 8 of the Law that transforms the Instituto de Desarrollo Agrario into the Instituto de Desarrollo Rural creates the Secretaría Técnica de Desarrollo Rural (Law No. 9036 of May 11, 2012) and that dimensions the institution's actions towards the rural development of the country, empowering it as the body to resolve all conflicts of precarious possession, providing solutions to the problems of occupation of national reserves and the precarious occupation of privately owned lands. 3) As part of the implementation of the National Program for the Recovery of Indigenous Territories in China Kichá, the Instituto de Desarrollo Rural has carried out a series of activities through which a preliminary investigation file was formed against farm registration number 615334, Province of San José, in the name of Agropecuaria La Silva Sociedad Anónima. (see official communication INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI-0048-2024 dated January 26, 2024, visible in the file of 01/30/2024 08:04:03).-\n\n**VIII.** Prior to analyzing what is pertinent, it is appropriate to highlight a precedent from this Tribunal related to an interdictal proceeding in the same indigenous territory we are dealing with. This is because the material subject matter of this proceeding, comprised of farm registration number 615334 of the Province of San José, is located within the Indigenous Territory of China Kichá (see official communication in the file of 01/30/2024 08:04:03). Thus, in Vote No. 2023001052 at fifteen hours ten minutes on December sixth, two thousand twenty-three, this jurisdictional body considered: “ IX.- On another note, it is necessary to indicate that certainly, as stipulated by Article 106 of the Civil Procedure Code (applicable by express provision of Canon 79 of the Agrarian Jurisdiction Law), the interdictal proceeding has the specific purpose of protecting current and momentary possession, without definitively resolving aspects of ownership rights or possessory rights, as its purpose is the protection of social peace. Likewise, this proceeding has its substantive foundation in Article 309 of the Civil Code. But indigenous customary law must be applied as a primary source to resolve conflicts among indigenous people themselves, even within the framework of an interdictal proceeding. In this regard, the interpretation of the scope of the mentioned Article 106, as indicated by the Constitutional Chamber in the judicial consultation made in this proceeding, in Judgment 2023011473 at nine hours twenty minutes on May seventeenth, two thousand twenty-three, responds to a matter of legality, and therefore declared the consultation non-admissible. On this matter, it stated: “Based on the foregoing, this Tribunal considers that what has been raised is a question of mere interpretation and application of legal norms in the specific case, due to its special characteristics. That is, the Tribunal questions which norms should prevail to interpret what the consulted article provides when referring to legitimate possession in this case, without harming other conventional rights recognized for the ownership of the good as indigenous property. However, this is not a problem of constitutionality, but of legality. Therefore, the query is non-admissible.” That is, this Tribunal understands that Article 106 is not unconstitutional in itself, because it is logically intended to resolve disputes over the tenure of private goods, hence its application to conflicts in indigenous territories, weighed against other norms that regulate them, corresponds to the Courts, within the framework of the exercise of their jurisdictional function. In line with the above, in the opinion of this body, although the interdictal proceeding can be used as a procedural mechanism for resolving disputes in agrarian matters, when dealing with indigenous territories and depending on the casuistry and legal interests involved, weighed within the framework of the legal system as a whole, the assessment of the requirements for the action may take on different connotations. This, provided that the specific case presents particularities that warrant it, as happens in the present proceeding. Hence, the appealing entity is right that this conflict warrants an analysis that transcends the protection of mere possession, given what has happened between the filing of the complaint and the issuance of the judgment, in relation to the land sought to be recovered. There are international norms that regulate the tenure rights of indigenous and tribal peoples in their ancestral territories. Indigenous property, in turn, has a different function in society, and its structure is also diverse, due to the way in which this right is exercised collectively. In this way, it transcends the productive nature, or the use and enjoyment of a good, as aspects normally characteristic of ownership, to integrate other cultural and human aspects that are essentially relevant in the content of the legal regime of indigenous territories. Thus, the Inter-American Court of Human Rights has consistently outlined these characteristics in various pronouncements. In the Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, in its judgment of August 31, 2001, it considered: 'Among indigenous communities, the relationship with the land is not merely a question of possession and production, but a material and spiritual element which the Indigenous and Tribal Peoples must fully enjoy, including to preserve their cultural legacy and transmit it to future generations.' Similarly, in the Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, in its judgment of March 29, 2006, it determined: 'Likewise, this Court considers that the concepts of property and possession in indigenous communities may have a collective meaning, in the sense that belonging to it 'is not centered on an individual but on the group and its community.' This notion of ownership and possession over lands does not necessarily correspond to the classic conception of property, but merits equal protection under Article 21 of the American Convention. Ignoring the specific versions of the right to use and enjoy goods, given by the culture, uses, customs, and beliefs of each people, would be equivalent to maintaining that there is only one way to use and dispose of goods, which in turn would mean rendering the protection of Article 21 of the Convention illusory for millions of persons.' The foregoing coincides with Article 13.1 of ILO Convention 169, which states: 'In applying the provisions of this Part of the Convention, governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship.' And Article 14 of that same instrument: '1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognized. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their traditional and subsistence activities. Particular attention shall be paid in this connection to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators. 2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims by the peoples concerned.' (…) X.- In view of all the foregoing, as set forth in Recital VIII, it is evident that regarding the indigenous territory of China Kichá, the State of Costa Rica has undertaken actions for its recovery, rehabilitation (saneamiento), and planning, with the purpose of protecting indigenous property and, at the same time, avoiding situations of violence and disequilibrium. In the case under study, a first stage of evaluating objective, subjective, and temporal elements has been completed, so as to proceed to initiate the expropriation from the plaintiff of the farms of the Province of San José, registrations 305445, 305500, 305502, 305504, 305443, but not farm 30546, as it is considered that they do not have rights over the latter. It should be noted that the present proceeding concerns all those farms that form a conglomerate or material unit in the indigenous territory of China Kichá. Regarding this point, Article 5 of the Indigenous Law provides: 'In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, the ITCO must relocate them to other similar lands, if they so wish; if it is not possible to relocate them or if they do not accept the relocation, it must expropriate them and indemnify them in accordance with the procedures established in the Expropriations Law. The studies and procedures for expropriation and indemnification shall be carried out by the ITCO in coordination with the CONAI.' Therefore, this Chamber cannot ignore that actions are being implemented to comply with that special norm of legal rank and the principles of ILO Convention 169. Thus, the grievance of CONAI that a state action is already underway aimed at the expropriation of the plaintiff, which must be weighed in the resolution of this case, is admissible, and was even accepted by the plaintiff by not having appealed the effects of that preliminary administrative procedure to the expropriation (it only challenged what pertained to the bad faith possession of one of the farms). Consequently, the resolution of this judicial proceeding must be harmonized with the commencement of compliance with obligations that the State has assumed and must not generate a regression that deepens the social conflict, originally caused by the neglect that the State maintained for decades to the detriment of the rights of the Indigenous Community of China Kichá, which has led to serious ungovernability in the area. For example, regarding the effects of that omission by States in the protection of the rights of indigenous peoples, it is pertinent to mention what was indicated by the Inter-American Court in the Case of the Garífuna Community of Punta Piedra and its Members v. Honduras, in the judgment of October 8, 2015: 'Therefore, the lack of guarantee of use and enjoyment, through the absence of rehabilitation (saneamiento) by the State of the territory of the Community of Punta Piedra, for more than 15 years, as well as the lack of execution of said agreements, led to serious tensions between the communities in question.' Of equal importance, it is useful to bring up the tensions over the tenure of indigenous territories in Costa Rica, whose magnitude has required the intervention of the INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS RESOLUTION 16/15, by issuing precautionary measure No. 321-12, related to the Teribe and Bribri Indigenous People of Salitre against Costa Rica, of April 30, 2015, which ordered: '26. Regarding the requirement of urgency, the IACHR considers it to be met, to the extent that the situation of risk to the members of the Teribe indigenous people and the Bribri people of Salitre has remained active throughout this proceeding, with November 24, 2014 being the last alleged act of violence recorded. In this regard, the Commission takes note and values the actions implemented by the State to guarantee the life and personal integrity of the members of both indigenous peoples in Salitre, which would have resulted in the establishment of a dialogue table, a series of investigations into the alleged events, the establishment of patrols in the area, among other measures. In this regard, the Commission recognizes the efforts made by the State to implement measures to address the causes and effects of the mentioned conflict, which has generated various manifestations of violence in the area. However, according to the applicants: i) the local authorities of Buenos Aires, Puntarenas, would not have adopted comprehensive measures to prevent new acts of violence or threats in the area, considering the context and the background indicated; and ii) the security measures offered would not be sufficient, especially since they would not be permanent, as they would only be implemented for short periods of time, once an act of violence had occurred.'\n\nAlong these lines, the Commission takes note of the reports prepared by the Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, a state institution that has indicated that the members of the Teribe indigenous people and the Bribri people of Salitre have no police checkpoint, no registry for entry into their territories, and also lack any patrolling offered by local authorities. Under these circumstances, the Commission considers that due to the continued climate of tension in the area vis-à-vis the reported progress on measures aimed at delimiting the territories, the risk situation could worsen in the area. In this regard, the IACHR considers that it is necessary for the State to reinforce the protection measures implemented to date, through adequate and effective measures, taking into consideration a differential approach regarding indigenous peoples and the particular dynamics in the area. (…) Likewise, the Commission reiterates that States are obligated to adopt measures to ensure effective control of their territories and protect indigenous peoples from acts of violence or harassment. In this same sense, indigenous and tribal peoples have the right to have the occurrence of conflicts with third parties over land ownership prevented, particularly in cases where delay in demarcation, or the lack of demarcation, has the potential to generate conflicts.” Additionally, it should be highlighted what the aforementioned Court has developed in the Case of the Kaliña and Lokono Peoples Vs. Suriname, in the judgment of November 25, 2015: “The Court has established that, in consideration of the principle of legal certainty, it is necessary to materialize the territorial rights of indigenous peoples through the adoption of legislative and administrative measures necessary to create an effective mechanism for delimitation, demarcation, and titling, that recognizes such rights in practice. The foregoing, considering that the recognition of indigenous communal property rights must be guaranteed through the granting of a formal property title, or other similar form of state recognition, that grants legal certainty to indigenous land tenure (tenencia indígena de la tierra) against the action of third parties or agents of the State itself, and that this “merely abstract or legal recognition of indigenous lands, territories, or resources is practically meaningless if the property is not established, delimited, and physically demarcated.” (…) It should be specified that, for the purposes of the delimitation, demarcation, and titling of the traditional territory in the present case, the Court considers that the right to property of indigenous and tribal peoples encompasses full guarantees over the territories they have traditionally possessed, occupied, and used to exercise their own way of life, subsistence, traditions, culture, and development as peoples. Notwithstanding the foregoing, there would exist other complementary or additional traditional areas to which they have had access for their traditional or subsistence activities (which may serve other purposes as applicable), regarding which at least their access and use must be guaranteed to the extent appropriate.” In the same vein, the High Court has reiterated in its jurisprudence: “… members of indigenous peoples who have involuntarily lost possession of their lands, and these lands have been legitimately transferred to third parties in good faith, have the right to recover them or to obtain other lands of equal size and quality; (…) the State must guarantee the effective property of indigenous peoples and refrain from carrying out acts that may lead to agents of the State itself, or third parties acting with its acquiescence or tolerance, affecting the existence, value, use, or enjoyment of their territory” (see Case of the Moiwana Community Vs. Suriname, judgment of June 15, 2005, and Case of the Garífuna Community of Triunfo de la Cruz and its Members Vs. Honduras in judgment of October 8, 2015). As matters stand, it should be noted that, in the case of our country, Article 5 of the Ley Indígena indicates that what proceeds or prevails is the restitution of the original territories, in such a way that for non-indigenous persons—if considered possessors in good faith—what corresponds is their relocation or expropriation. Likewise, in the Case of the Xucuru Indigenous People and its Members Vs. Brazil, judgment of February 5, 2018, said Court mentions that “the jurisprudence of this Tribunal has indicated in other cases that indigenous and tribal peoples have the right to the existence of effective and expeditious administrative mechanisms to protect, guarantee, and promote their rights over indigenous territories, through which the processes of recognition, titling, demarcation, and delimitation of their territorial property can be carried out. The procedures in question must comply with the rules of due legal process enshrined in Articles 8 and 25 of the American Convention.” In the same sense: Case of the Garífuna Community of Triunfo de la Cruz and its Members Vs. Honduras in judgment of October 8, 2015. As matters stand, if the Costa Rican State, through INDER, has launched a Programa de Recuperación del Territorio China Kichá, through which the legal situation of the plaintiff’s possession has been firmly resolved in administrative proceedings as a stage prior to expropriation, this must undoubtedly be taken into account in cases such as the present one, because a lack of interest in this possessory action (proceso interdictal) has supervened. In further support, the Inter-American Court, regarding the effectiveness of communal property rights vis-à-vis the property of non-indigenous third parties, in the Case of the Xucuru Indigenous People and its Members Vs. Brazil in judgment of February 5, 2018, considered: “For the particular situation of indigenous peoples, expert Victoria Tauli-Corpuz, United Nations Special Rapporteur for the Rights of Indigenous Peoples, observed that to guarantee the use and enjoyment of the right to collective property, States must ensure that there is no external interference on traditional territories, that is, to remove any type of interference on the territory in question through a clearing of encumbrances (saneamiento) so that the exercise of the right to property has tangible and real content. In the same sense, expert Carlos Frederico Marés de Souza Filho testified in this proceeding. A merely abstract or legal recognition of indigenous lands, territories, or resources is meaningless if the populations or peoples concerned cannot fully and peacefully exercise their right. The clearing of encumbrances (saneamiento) not only implies the eviction of third parties in good faith or persons who illegally occupy the demarcated and titled territories, but ensuring their peaceful possession and that the titled properties lack hidden defects, that is, free of obligations or encumbrances for the benefit of third parties. If the foregoing is not verified, for the Court it is clear that the right to collective property has not been fully guaranteed. Thus, the Court considers that the administrative processes of delimitation, demarcation, titling, and clearing of encumbrances (saneamiento) of indigenous territories are mechanisms that guarantee legal certainty and protection of this right.” Finally, to mention the Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community Vs. Paraguay, judgment of March 29, 2006: “In this sense, the Tribunal notes that the arguments the State has put forward to justify the failure to realize the indigenous people’s right to property have not been sufficient to relieve its international responsibility. The State has presented three arguments: 1) that the claimed lands have been transferred from owner to owner ‘for a long time’ and are duly registered; 2) that said lands are being duly exploited, and 3) that the owner of the lands ‘is protected by a Treaty between the Republic of Paraguay and the Federal Republic of Germany[,] which […] is Law of the Nation.’ 138. Regarding the first argument, the Court considers that the mere fact that the claimed lands are in private hands does not constitute per se an ‘objective and reasoned’ sufficient ground to deny prima facie the indigenous requests. Otherwise, the right to return would be meaningless and would not offer a real possibility of recovering the traditional lands, limiting itself solely to waiting for the will of the current holders, and forcing the indigenous people to accept alternative lands or monetary compensation. On this matter, the Court has indicated that when conflicts of interest exist in indigenous claims, the legality, necessity, proportionality, and the achievement of a legitimate objective in a democratic society (public utility and social interest) must be assessed on a case-by-case basis, to restrict the right to private property, on the one hand, or the right to traditional lands, on the other. The content of each of these parameters was already defined by the Tribunal in the Case of the Yakye Axa Indigenous Community, therefore express referral is made to what has already been resolved. 139. The same analysis applies to the State's second argument regarding the productivity of the lands. Underlying this argument is the idea that indigenous peoples cannot, under any circumstance, claim their traditional lands when these are being exploited and in full productivity, viewing the indigenous question exclusively through the lens of land productivity and the agrarian regime, which is insufficient given the peculiarities specific to said peoples.” (…) XI.- In another order of considerations, but always to provide further reasons for the manner in which this instance resolves the matter, the FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security must also be taken into account. Said guidelines were endorsed by the Committee on World Food Security (CFS) at its 38th (Special) Session on May 11, 2012. According to objective 1.1, the aim is to improve the governance of tenure of land, fisheries, and forests. It expressly indicates: “All programs, policies and technical assistance aimed at improving the governance of tenure through the implementation of these Guidelines should be consistent with the existing obligations of States under international law, especially the Universal Declaration of Human Rights and other international instruments on human rights.” Regarding its nature and scope, section 2.4 states: “These Guidelines are global in scope. Taking into account the national context, they can be used by all countries and regions at any stage of economic development; and they can be used in the governance of all forms of tenure, including public, private, communal, collective, indigenous, and customary.” Likewise, in section 7, the “Legal recognition and allocation of tenure rights and duties” is developed, and in 9.3 it is established: “States should ensure that all actions are consistent with their existing obligations under national and international law, taking due account of voluntary commitments under applicable regional and international instruments. In the case of indigenous peoples, States should comply with their relevant obligations and voluntary commitments to protect, promote and implement human rights, including, where appropriate, those derived from the International Labour Organization Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (No. 169), the Convention on Biological Diversity and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” As can be inferred from that document, these Guidelines are the first comprehensive instrument of global scope on tenure and its administration prepared through intergovernmental negotiations. The Guidelines stipulate internationally accepted principles and standards that guide responsible practices for the use and control of land, fisheries, and forests. The Guidelines offer guidance aimed at improving the normative, legal, and organizational frameworks that regulate tenure rights; increasing the transparency of tenure systems and the processes related to their administration; and strengthening the capacities and operations of public bodies, private sector companies, civil society organizations, and persons involved in issues linked to tenure and its governance. The Guidelines place the governance of tenure in the context of national food security, and aim to contribute to the progressive realization of the right to adequate food, the eradication of poverty, environmental protection, and sustainable social and economic development. XII.- Based on the foregoing, the possessory action (proceso interdictal) must be rejected because the conflict is being addressed in accordance with international standards. The possessory action (proceso interdictal), for this sui generis case, cannot become a pathway that contradicts the legitimate actions undertaken by the Costa Rican State to comply with its international obligations regarding the protection of the rights of indigenous peoples over their territories and the governance of land tenure (tenencia de la tierra), in order to preserve cultural identities in a democratic and pluralistic society. (…) XIII. Consequently, the appropriate course is to revoke the judgment, for the reasons set forth by this Tribunal. In its place, the lawsuit is declared without merit in all its aspects, for failure to satisfy the basic precondition of any procedural action of current interest (interés actual), as a supervening situation has occurred that offered a solution to the conflict of the parties in the present proceeding, in relation to the land tenure (tenencia de la tierra) subject to litigation (Article 23(c) of the Ley de Jurisdicción Agraria).”\n\nIX. In accordance with the foregoing, it must first be considered that as part of the implementation of the Programa Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, regarding the property in question, a series of activities have been carried out through which a preliminary investigation file (expediente) was assembled regarding the farm owned by the plaintiff Agropecuaria La Silva S.A., registration number 615334 of the Partido de San José, which means it forms part of the Plan for the recovery of Indigenous territories that is being carried out by the Instituto de Desarrollo Rural as has been reported to this Tribunal. It is also necessary to mention the binding criterion issued by the Sala Constitucional—according to Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—in pronouncement No. 24725-2022 of 12 hours 41 minutes on October 19, 2022. In that judgment, an action was heard: “…to have the jurisprudence of the Sala Primera de Casación declared unconstitutional (judgments Nos. 000920-F-S1-2015 of 14:30 hours on August 6, 2015, 002848-A-S1-2020 of 10:10 hours on December 3, 2020, 002878-F-S1-2020 of 10:35 hours on December 10, 2020, and 000681-F-S1-2021 of 10:00 hours on March 25, 2021), concerning Article 3 of the Ley Indígena, for considering it contrary to Articles 9, 11, 41, and 45 of the Constitución Política, and to the principles of good faith, legitimate expectations (confianza legítima), and non-confiscation, as well as to Article 21(2) of the American Convention on Human Rights... those who acquire land in indigenous reserves under the protection of the National Registry (without a registry annotation indicating that the acquired farm is located within an indigenous reserve), are not good-faith acquirers, and due to this, they are denied the compensation established by Article 5 of the Ley Indígena.” The High Constitutional Chamber concluded the cited criteria do not contravene the Law of the Constitution. Several points of relevance for resolving the matter must be extracted from the previous judgment, particularly due to what is prescribed by Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional insofar as it establishes that jurisprudence and precedents are binding erga omnes, except for the Chamber itself. 1. In the constitutional analysis, violation of Article 45 of the Constitución Política was discarded, because it is in adherence to that stipulation that persons who in good faith hold title to a property located within an indigenous reserve, which is a restricted space and “it becomes legally improper to execute such an act of transfer of ownership, since the property in question is non-transferable by legal mandate… there is no legal plausibility that a non-indigenous person can validly acquire a property within such a restricted zone, whose physical delimitation has already been duly established and published through the corresponding executive decrees.” If the property is transferred, that legal transaction is contra legem because the property was affected by the indigenous property regime, regardless of what is indicated in the Public Registry at the time of the transactional act. The Chamber concludes that idea by indicating: “…the real property could not be an object of commerce nor could it be transferred to a person outside the indigenous community.” 2. It analyzed the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima) and concluded the judgments analyzed do not disregard that precept: “Thus, it must be reiterated that, regardless of what is noted in the registry, property integrated into an indigenous reserve is non-transferable by express legal provision, so it is not possible to resort to good faith registry reliance or a presumed legitimate expectation (confianza legítima) to validate an absolutely null transactional act, carried out in contravention of the legal order. See, once again, that the physical delimitation of indigenous reserves is established through various executive decrees, duly published; moreover, there is an express legal prohibition for non-indigenous persons to acquire these properties, therefore the acts of transfer are null. Hence, the eventual omission of the Public Registry to record the indigenous reserve encumbrance on a property in no way validates any act of transfer of ownership carried out outside the law, nor does it constitute a suitable cause for the acquirer of such a null transaction to claim compensation under the terms of Article 5 of the Ley Indígena, as the petitioner seeks.” 3. Nor did it observe a violation of the principle of extracontractual patrimonial responsibility of the State for jurisdictional activity, because that principle is not a disagreement with a jurisprudential criterion but implies the verification of some serious irregularity in the fulfillment of the State's responsibilities, which must be pursued through ordinary channels. As stated, the estate (heredad) subject to the proceeding is located within the China Kichá indigenous territory, according to the report of the Unidad de Información y Registro de Tierras visible in the file of 01/03/2024 8:04:03, and in the same sense, such location is inferred from the cadastral plan in images 19 and 20 which on the reverse contains a certification from CONAI or visa, which certifies that the property is located within the China Kichá indigenous territory. By Decree number 34 of November 15, 1956, zones are declared and demarcated as indigenous reserves. As set forth supra, the resolution by the Sala Constitucional is binding erga omnes, and it considers that regardless of what can be verified by registry information or on-site signs, the subsequent transactional act cannot be an object of commerce, nor be transferred to a person outside the indigenous community.\n\nX. In this order of considerations, since the property in dispute forms part of the PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN DE TERRITORIOS INDÍGENAS, there is a lack of current interest (interés actual) as a basic precondition of the possessory action (acción interdictal) (Article 23(c) of the Ley de Jurisdicción Agraria), since it is evident that a supervening situation has operated which determined that the discussion regarding land tenure (tenencia de la Tierra) within the China Kichá Indigenous Territory is in the process of a National Plan in which it will be determined whether any right exists over the material object of the process. Therefore, this lawsuit must be rejected, since the conflict, for this sui generis case, is being addressed in accordance with the cited conventionality and constitutionality standards, in such a way that for this particular case, the possessory action (proceso interdictal) cannot become a pathway that contradicts the actions of the Costa Rican State to comply with its international obligations regarding the protection of the rights of indigenous peoples over their territories and the governance of land tenure (tenencia de la tierra) in order to preserve cultural identities in a democratic and pluralistic society. By reason of the foregoing, this Court proceeds to revoke the judgment for the reasons set forth in this Instance, and it becomes unnecessary to rule on the remaining criticisms of the decision.\n\nXI. Finally, regarding costs (costas), pursuant to Article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the matter is resolved without a special order as to costs, since the plaintiff had at the time grounds to litigate because the property subject to the proceeding was registered in its name and destined for agricultural activity.\n\nPOR TANTO\n\nThe judgment is revoked. Consequently, due to the existence of a lack of current interest (interés actual), the lawsuit is declared without merit in all its aspects. The matter is resolved without a special order as to costs (costas).\n\n\n\nR47GODEKYYSA61\nALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\n\nWYQZLROSWFS61\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\n\nLNITMQZSS4I61\nMARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\nEXP: 19-000052-1555-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:17:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }