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  "id": "nexus-sen-1-0034-1227063",
  "citation": "Res. 00706-2024 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Nulidad de sentencia por falta de análisis de zona agrícola en delito forestal",
  "title_en": "Annulment of conviction for failure to analyze agricultural zone in forestry offense",
  "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José anuló la sentencia condenatoria y el debate que la precedió, ordenando el reenvío para un nuevo juicio. Los imputados habían sido condenados por aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada sin autorización del Estado, al talar cuatro árboles de laurel que no coincidían con los autorizados en un permiso previo. El tribunal de apelación identificó múltiples errores en la sentencia de instancia: no se analizó si los árboles talados estaban en una zona de cultivo (sistema agroforestal) exenta de permiso según la Ley Forestal, se invirtió la carga de la prueba y se vulneró el principio de inocencia al exigir a los imputados demostrar su versión, se omitió examinar la posible existencia de un error de tipo o de prohibición invocado por la defensa, y la fundamentación fue contradictoria respecto al daño ambiental y la condena civil. Además, no se analizó la conmutación de la pena conforme al artículo 69 del Código Penal. La decisión enfatiza el deber de fundamentación de las sentencias penales.",
  "summary_en": "The Criminal Sentencing Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José annulled the conviction and trial, ordering a new trial before a different judge. The defendants had been convicted for harvesting forest products on private property without state authorization after felling four laurel trees that did not match those in a prior permit. The appeals court identified multiple errors: the trial judge failed to analyze whether the felled trees were in a cultivated area (agroforestry system) exempt from permit requirements under the Forestry Law; the burden of proof was reversed, violating the presumption of innocence; a possible mistake of fact or law invoked by the defense was ignored; and the reasoning was contradictory regarding environmental harm and civil liability. The sentence was also silent on sentence commutation under Article 69 of the Penal Code. The decision underscores the duty to provide reasoned judgments in criminal matters.",
  "court_or_agency": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
  "date": "29/04/2024",
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    "aprovechamiento forestal sin autorización",
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  "excerpt_es": "Múltiples son los yerros que presenta la sentencia impugnada y que obligan a dejarla sin efecto en su integridad. [...] si el dicho del encartado era que el oficial le refirió que había árboles que no requerían permiso de corta porque no estaban en zona boscosa sino de sembradío agrícola, el tribunal debió analizar esa referencia a partir de las normas, sin que lo hiciera. El segundo yerro es que el juez invierte la carga de la prueba y desconoce el principio de inocencia pues las personas imputadas no deben demostrar nada pues constitucionalmente son inocentes y si sus manifestaciones generan duda fáctica esta opera a su favor (principio in dubio pro reo). [...] En definitiva, la decisión es omisa en aspectos esenciales y con ello violenta el deber de fundamentación estatuido en el numeral 142 del Código Procesal Penal.",
  "excerpt_en": "The challenged judgment contains multiple errors that compel its complete annulment. [...] if the defendant stated that the officer told him there were trees that did not require a felling permit because they were not in a forested area but in an agricultural plantation, the court should have analyzed that claim under the relevant norms, which it failed to do. The second error is that the judge reversed the burden of proof and disregarded the presumption of innocence, as accused persons need not prove anything—they are constitutionally innocent, and if their statements raise factual doubt, it operates in their favor (in dubio pro reo principle). [...] In short, the decision is silent on essential aspects, thereby violating the duty to provide reasons established in Article 142 of the Criminal Procedure Code.",
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    "summary_es": "Se declaró con lugar el recurso de apelación, se anuló la sentencia condenatoria y el debate, y se ordenó el reenvío para un nuevo juicio ante distinto juez."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José\n\nResolución Nº 00706 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 29 de Abril del 2024 a las 07:50\n\nExpediente: 21-002827-0485-PE\n\nRedactado por: Rosaura Chinchilla Calderón\n\nClase de asunto: Recurso de apelación\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nNormativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José\n\nNormativa internacional\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n Resolución: 2024-0706\n\nExpediente: 21-002827-0485-PE (7)\n\n \n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las siete horas con cincuenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veinticuatro.\n\n RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], [...] y contra [Nombre 002], [...]; por el delito de APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA SIN AUTORIZACIÓN DEL ESTADO en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, las juezas Rosaura Chinchilla Calderón, Cinthya Ramírez Angulo e Ivette Carranza Cambronero. Se apersonaron en esta sede el licenciado Mauro Daniel Molina Araya defensor público de los acusados y la licenciada Margot Avellán Ruiz, procuradora penal y,\n\nRESULTANDO:\n\n I.- Que mediante sentencia número 112-2024 de las 14:47 horas del 12 de febrero de 2024, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con lo establecido en los artículos 28, 39 y 41 de la Constitución Política; artículos 1, 2, 6, 9, 37, 38, 40, 70, 71 112, 114, 265, 363, 367, 373 a 375, del Código Procesal Penal, 1 a 4, 6, 9, 11 a 20, 30, 31, 45, 50, 59 a 63, 71, 73, 103, 110 del Código Penal; artículos 122, 123, 124 del Código Penal de 1941, artículos 1045 y 1046 del Código Civil, artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal, se declara a [Nombre 001] Y [Nombre 002] autores responsables de un delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, en su modalidad de APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA SIN AUTORIZACIÓN DEL ESTADO, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES y en tal carácter se les impone la pena de UN MESES DE PRISIÓN, pena que deberán descontar en el lugar y forma que lo determinen los respectivos centros penitenciarios. Al sentenciado [Nombre 001], por cumplir con los requisitos de ley, se le otorga el beneficio de ejecución condicional de la pena por el plazo de TRES AÑOS, plazo en el cual no deberá cometer delito doloso con pena superior a seis meses de prisión, pues de ser así, se le estará revocando este beneficio y deberá descontar la pena de prisión impuesta. Al sentenciado [Nombre 002], al no cumplir con los requisitos de ley, se le deniega el beneficio de ejecución condicional de la pena. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria contra los demandados [Nombre 001] Y [Nombre 002], condenándose en abstracto, para que se liquiden así en ejecución de sentencia ante el tribunal civil correspondiente. Se ordena el comiso a favor de la Administración Forestal del Estado, de la motosierra marca Stihll, serie 6145956764 color anaranjada y su marco, descrita en acta de decomiso número 770. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Son los gastos a cargo del Estado. Una vez firme esta sentencia expídanse las comunicaciones respectivas ante el Instituto Nacional de Criminología, el Juzgado de Ejecución de la Pena y el Registro Judicial. Quedan notificadas las partes de forma oral. ROLANDO CHAVES ALFARO. JUEZ DE JUICIO.” (sic, folios 142-144).\n\n II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, interpuso recurso de apelación el licenciado Mauro Daniel Molina Araya, defensor público de los encartados.\n\n III.- Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.\n\n IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta la jueza Chinchilla Calderón; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- Admisibilidad. El licenciado Mauro Daniel Molina Araya defensor público de los encartados interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, decisión que es impugnable por esta vía (taxatividad objetiva). Esta impugnación se planteó mediante escrito motivado aportado ante el órgano de instancia y dentro del plazo legal pues se entregó el 01 de marzo de 2024. Dado que la sentencia integral se emitió el 12 de febrero de 2024, el plazo de 15 días hábiles no vencía sino hasta el 04 de marzo de 2024 y, por ello, debe admitirse el recurso, dado que quien lo interpone está legitimado para ello (taxatividad subjetiva), sin que sean necesarias ulteriores formalidades pues, de lo contrario, se incumpliría el mandato establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, sentencia de 02 de julio de 2014.\n\n II.- En el primer motivo de su impugnación muestra su inconformidad con la fundamentación fáctica y probatoria tanto en lo penal como en lo civil y estima violentado el principio de inocencia. Considera que la sentencia es ilegítima porque se produjo una violación a los artículos 76, 111 y 303 inciso b) del Código Procesal Penal al ser la acusación y la querella imprecisas y ambiguas, producto de un análisis erróneo de la prueba la cual, agrega, fue ponderada de forma sesgada. Señala que se les acusó de aprovechar productos forestales más allá de los límites consignados en el permiso, pero en la formulación de cargos no se especifican las circunstancias. Ninguna de las acusaciones estipuló el lugar en donde ocurrió la tala para determinar que se necesitara permiso y omitieron el análisis de los documentos que descartaban la necesidad de un permiso en la zona. Copia los artículos 28 y 3 inciso h) de la Ley Forestal y afirma que no por tratarse de terreno privado se requiere, automáticamente, permiso, pues no se necesita en plantaciones y, en este caso, el terreno no está ubicado en una zona boscosa ni en las proximidades de un recurso hídrico. Considera evidente, del informe que rola a folio 76 (del cual copia un extracto y del que menciona que aporta fotografías), que los árboles talados no necesitaban permiso pues allí se indica que el distanciamiento regular sugiere la posibilidad de que hayan sido sembrados, la colindancia de los árboles talados con el cacao sugiere un manejo de cultivo, los árboles no presentan vegetación de sotobosque, las plantas de cacao tienen alineamiento, distanciamiento regular y poda a nivel de base. Transcribe los hechos acusados y probados y dice que la sentencia se basa en que los árboles talados y los que indicaba el permiso no eran los mismos, pero se pasó por alto las particularidades de la Ley Forestal y el que estamos ante una excepción al permiso de corta. Transcribe las políticas de persecución penal del Ministerio Público de 2020 y el Manual de Delitos Ambientales de tal institución para destacar que esta es una excepción pues “Si se analiza nuevamente el informe del SINAC-ACTo-D^SV-O-354-2022 y las fotografías adjuntas, queda claro que la evidencia establece que los árboles fueron sembrados individualmente y forman parte de la plantación de cacao. Además, se determina que estos árboles, al formar parte del Sistema Agroforestal, están exentos del permiso de corta.” Copia parte de la sentencia para enfatizar lo omitido y dice que la prueba testimonial fue insuficiente porque ninguno de los funcionarios evaluó la necesidad de permiso de tala en ese terreno específico y dijeron que el responsable de esa inspección era Pablo Montenegro, analista forestal y que contaba con el respaldo de Miguel Araya Montero, pero no se presentó el testimonio de estos funcionarios. El imputado dijo que, en el sitio, Pablo Montenegro le autorizó a cortar hasta 10 árboles dentro del área de cultivo, luego de consultarle por teléfono a Miguel Araya sobre la situación del terreno, pero esto fue rechazado en la sentencia, de la que copia una parte. Considera que el análisis del dicho del sindicado es parcial y omite considerar toda la prueba recabada. Sostiene que no era posible condicionar, como lo hizo el juez, la credibilidad del dicho del encartado a que se presentara el funcionario Pablo Montenegro y tampoco es válido que se sugiera que este pudo haber cometido algún delito. Dice que sí consta en la prueba documental el que Montenegro le informó que los árboles de la zona de cultivo podían ser talados tras consultar a Miguel Araya. Añade que «En el informe que realizó Miguel Ángel Araya Montero visible a folio 76, se establece que los árboles que se talaron se encontraban en el Sistema Agro Forestal, es decir, que la razón por la que no se hayan marcado es porque no requerían de dicha autorización. Incluso, en la resolución del expediente forestal T001-PP-290-2021 del 22 de setiembre de 2021 para la aprobación de permiso de aprovechamiento maderable indica en, lo relevante, en el punto 17: “Que, en la revisión de antecedentes del sitio, utilizando la capa Fonafifo 2000, se encontraron evidencias de presencia de bosque cercano o posterior al año 2000 en el sitio donde se desean aprovechar algunos árboles en pie', es decir, que para ese momento, se consideró que una parte del sitio requería permiso. En el punto 18 señala: “Que algunos de los árboles solicitados estaban en terreno de uso agropecuario sin bosque”, es decir, de conformidad con la Ley Forestal y su reglamento, no requieren del permiso de corta y en el punto 19 señala que \"que se marcaron 4 árboles de Cordia Lliodora\" porque se consideró que estaban en zona de bosque y requerían de permiso» (cfr. apelación). Añade que el informe SINAC 354-2022 a solicitud de la Procuraduría y suscrito por Miguel Araya aclara que la zona talada no se consideraba bosque y estaba dentro del sistema agroforestal, por lo que la versión del encartado encuentra respaldo. Si bien los oficiales Vargas y Arce confiscaron la motosierra porque consideran que el permiso no cubría los árboles talados, ambos fueron claros en que no estaban facultados para hacer inspecciones de terrenos ni tenían la capacitación para ello y no puede alegarse la libertad probatoria porque, al tratarse de un elemento normativo, se requería su evaluación por personal idóneo. Considera violado el principio de inocencia más cuando a [Nombre 002] se le condena solo por estar presente cuando se apersonaron los oficiales del MINAE, presumiéndose su dolo. Pide absolver a ambos imputados o, subsidiariamente, anular la sentencia. En el segundo alegato muestra su inconformidad con la fundamentación jurídica del fallo. Dice que la corta se hizo en terreno agroforestal, no bosque y que el tribunal cometió un error al no analizarla tal cual, reiterando lo ya externado antes. Considera que se presume la violación al bien jurídico y que, incluso, en el informe de folio 76 se descarta la existencia de un daño ambiental. Añade que aun si, se aceptara el razonamiento contenido en la sentencia surgiría un vicio adicional cual es pasar por alto la existencia de un error de tipo en los imputados: “El yerro radica en asumir que el hecho de haber gestionado y obtenido el permiso para una sección específica del terreno implicaba automáticamente que toda la propiedad estuviera sujeta al Régimen Forestal y requería un permiso similar. Sin embargo, la propia legislación establece la exención de trámites para un terreno como el que ocupaba el imputado. Además, en el permiso otorgado se especificó que solo una porción se encontraba en la zona de bosque (lo cual finalmente se descartó). Esto significa que los imputados tenían razones legales válidas para considerar que era necesario gestionar dicho permiso, incluso si se considerara que la declaración del imputado [Nombre 001] no era de recibo cuando señaló que así se lo hizo ver el ingeniero forestal que tramitó su solicitud” (cfr. apelación). Además, para el encartado [Nombre 002] se presumió su dolo sin considerar que actuó de buena fe basándose en la información brindada por su padre. Pide absolver a ambos imputados o, subsidiariamente, anular la sentencia. Como tercera queja y de forma subsidiaria muestra su disconformidad con la pena impuesta a [Nombre 001] a quien se le impuso una pena más gravosa pese a ser primario y, conforme al numeral 69 del Código Penal, la pena debió conmutarse. Transcribe el registro audiovisual desde el minuto 1:25:06 y que nunca se dice por qué no se hizo tal conmutación y eso viola el deber de motivación. Pide anular la sentencia en tal extremo y ordenar el reenvío. En el cuarto apartado muestra su inconformidad con la condena civil. Dice que debió demostrarse que hubo un daño y el juez expresamente niega que eso se demostrara y calificó el daño ambiental como presunciones, sin que baste la existencia de un delito, sin demostración de daño, para la condena civil. Alude a que el daño debe ser cierto y transcribe parte de la sentencia y jurisprudencia al respecto: “Las condiciones del terreno, según lo determinado por el juez, no constituyen en sí mismas un daño ambiental. Además, a lo largo de la sentencia se menciona que el procedimiento para marcar los árboles en este tipo de terrenos se basa en la elección del solicitante, y el funcionario autorizador solo se limita a marcarlos. Por lo tanto, la razón detrás de la condena radica en el hecho de que los demandados civiles cortaron cuatro árboles de la misma especie autorizada, pero no los marcados. Incluso, el juez señala que para cortar dichos árboles, los demandados debían realizar una modificación previa, aunque también aclara que no se determinó ningún daño ambiental” (cfr. apelación). Transcribe partes de la sentencia y dice que debió rechazarse la acción civil y que no podía accederse a una condena en abstracto pues esta requiere que se pruebe el daño, pero no su cuantía. Tras nuevas transcripciones de jurisprudencia pide que se rechace la acción civil. Al contestar el recurso, la Procuraduría General de la República se limitó a señalar medio de notificación. Se debe acoger el recurso. Aunque algunos apartados del recurso aluden a la pena y la condena civil, todos tienen, como base, la determinación fáctica y al ser los últimos subsidiarios y dependientes de los primeros, se abordarán en conjunto y se acogerán con el fin de que se realice un nuevo juicio y examen de la prueba en donde se subsanen las falencias de la resolución impugnada, como se dirá. (A) Resumen de sucesos procesales. Los hechos acusados por la representación fiscal fueron los siguientes: «El día 25 de noviembre del 2021, los oficiales del área de Conservación Tortuguero Luis Diego Arce Gamboa, Joaquín Vargas Mora y Alexander Alfaro Durán, se presentaron a [...], a la propiedad del acusado [Nombre 001], en virtud de una denuncia recibida, mediante la cual les pusieron en conocimiento sobre un aprovechamiento ilegal de madera en el lugar. 2. Una vez en el sitio antes indicado, los oficiales lograron escuchar el motor de una motosierra que estaba siendo utilizada, por lo cual se acercaron al lugar y lograron observar a dos sujetos aserrando y trabajando una troza de la especie laurel, la cual ya se encontraba talada en el suelo, abordaron al acusado [Nombre 001], quien se identificó como dueño de la propiedad, el cual no contaba con permisos de aprovechamiento de dicho árbol, por parte de la Administración Forestal del Estado, razón por la cual el aprovechamiento se estaba dando de manera ilegal por parte del encartado, razón por la cual se procedió con el decomiso de la motosierra utilizada.» Asimismo, la Procuraduría General de la República planteó querella y acción civil. La primera indica: «PRIMERO: El día veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno al ser aproximadamente las once horas con quince minutos, en una propiedad que se encuentra ubicada en [...]; los imputados [Nombre 001] y [Nombre 002] con pleno conocimiento de que su actuar está prohibido por ley, sin contar con los permisos necesarios de la Administración Forestal del Estado, con total dominio del hecho y con una clara distribución de funciones junto con dos sujetos más, procedieron a talar y aprovechar cuatro árboles de la especie Laurel de las siguientes medidas, un individuo de un diámetro de 50cm y una altura de 18 metros, un individuo de 34 cm de diámetro y 10 metros de altura, otro individuo de 50 cm de diámetro y 20 metros de altura así como un individuo de 65 cm de diámetro con 24 metros de altura; esto mediante la utilización de una motosierra marca STIHL color naranja, con serie 61459566764 con un marco de aserrar. SEGUNDO: La actividad desplegada por los imputados [Nombre 001] y [Nombre 002] ocasionaron un daño al ambiente que se pondera como consecuencia de la afectación y los costos para llevar el recurso natural al estado en que se encontraba antes del impacto sufrido. Basados en la valoración del daño biofísico y el daño social, considerándose daño biofísico aquellas acciones hechas al medio natural, que originan el deterioro de los recursos naturales; en tanto que el daño social se manifiesta en la pérdida de los beneficios, debido a que el capital natural provee una serie de flujos que aprovecha la sociedad para el mejoramiento de su bienestar, lo que implica la necesidad de establecer una compensación equivalente a la pérdida de beneficios, ocasionados con la afectación de los recursos naturales siendo que a los anteriores perjuicios causados por los imputados se suma la pérdida económica que es cuantificable y que se fundamenta en el valor comercial de las especies forestales taladas. Los daños causados por el accionar delictivo del encartado [Nombre 001] es valorada de manera prudencial por el monto de DOS MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS (C2,000,000.00).» El tribunal unipersonal, luego de evacuar la prueba (consistente en las declaraciones de los oficiales forestales Luis Diego Arce Gamboa y Joaquín Vargas, del dicho de lo encartados al final del debate y de incorporar la prueba documental consistente en los informes del MINAE de folios 1 a 6, 8 a 12, el acta de decomiso, el oficio 12 a 20, copias certificadas de expediente administrativo de folios 29 a 52, consulta a MINAE de folio 76, la certificación de juzgamientos de cada encartado) dictó la sentencia de forma oral con una duración de 01:39:00 minutos y en esta tuvo por acreditado lo siguiente: «HECHOS PROBADOS: 1.- El día veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno al ser aproximadamente las once horas con quince minutos, en una propiedad que se encuentra ubicada en [...]; los imputados [Nombre 001] y [Nombre 002] con pleno conocimiento de que su actuar está prohibido por ley, sin contar con los permisos necesarios de la Administración Forestal del Estado, con total dominio del hecho y con una clara distribución de funciones, procedieron a talar y aprovechar cuatro árboles de la especie Laurel de las siguientes medidas, un individuo de un diámetro de 50cm y una altura de 18 metros, un individuo de 34 cm de diámetro y 10 metros de altura, otro individuo de 50 cm de diámetro y 20 metros de altura así como un individuo de 65 cm de diámetro con 24 metros de altura; esto mediante la utilización de una motosierra marca STIHL color naranja, con serie 61459566764 con un marco de aserrar. 2.- La actividad desplegada por los imputados [Nombre 001] y [Nombre 002] ocasionaron un daño al ambiente que se pondera como consecuencia de la afectación y los costos para llevar el recurso natural al estado en que se encontraba antes del impacto sufrido.» (Cfr. minuta d sentencia en expediente y archivo audiovisual 210028270485P-12022024024732-2_Multi—0.wmv). En consecuencia, declaró a ambos encartados como coautores del delito de aprovechamiento de productos forestales y les impuso un mes de prisión, concediéndole a [Nombre 001] el beneficio de ejecución condicional de la pena por tres años, el cual le fue denegado a [Nombre 002] por carecer de los requisitos. A ambos los condenó en abstracto al pago de los daños y perjuicios y ordenó el comiso de la motosierra, resolviendo sin especial condena en costas. La sentencia tiene la particularidad de que el juez inicia con la descripción de la prueba recibida oralmente y, concluida esta, hace comentarios sobre dicha declaración en los que menciona algunos documentos. Inclusive inicialmente se iba a hacer solo referencia a la fundamentación descriptiva pero en medio de ello el juez dice que va a cambiar la forma de trabajo para seguir aquella, según se indica a partir del minuto 16:30. Así, aunque a partir del minutero 15:22 había empezado a leer lo que dijo Luis Diego Arce (de la corta de madera, que luego un encartado les hace llegar un permiso pero que no coincide ni en las especies ni en las coordenadas geográficas) ya en el minuto 17:09 el juez interrumpe aquel proceso y empieza a aludir a cómo inició este proceso, quién presentó la denuncia y cómo fue que los funcionarios llegaron al lugar a verificar la información, según se menciona en el informe, encontrando al hijastro del dueño de la propiedad y que luego llegó este y manifestó tener permiso y que iba a traerlo a su casa a 200 metros pero, cuando lo aportó, en el documento solo se mencionaban cuatro árboles y la especie era diferente. Con esa información inició el proceso, explica el juez, el Ministerio Púbico hizo la investigación, la Procuraduría consultó si era área de bosque o no y esta presentó una querella y acción civil resarcitoria contra ambos. Al inicio había una probabilidad y en juicio se debía reproducir lo que constaba en el papel para verificar la credibilidad de los testigos —sigue diciendo—, si querían perjudicarlos a ustedes (se dirige a los encartados), pero no los conocían, no tenían contacto ni enemistad y entonces no tenían motivo para denunciarlos indebidamente y por ello los oficiales impresionaron creíbles, sin parecer nerviosos, fueron contestes con los informes, aunque no recuerden con exactitud lo que ahí consta. Explicado eso el juzgador vuelve a leer el dicho de Luis Diego Arce (minuto 24:53) quien no recordó la fecha de los hechos, pero, añade, con el informe se subsana y el otro testigo también lo manifestó. Sigue leyendo partes de la declaración y manifiesta el relator que no fue controvertido el tema de la identidad de quien estaba en el sitio ni de quien llegó después, tampoco es controvertido el lugar en que se dieron los eventos. Enfatiza en que los árboles indicados en el permiso estaban en otro sitio en el campo (en donde se marcan con spray tanto en el tocón como en el tallo) y que las características de los talados eran otras en cuanto a especies y estos no tenían marcas. Además, por GPS (sistema de posicionamiento global por sus siglas en inglés) estaban largo en varios metros (unos 75 a 100) de los autorizados. El oficial vio la motosierra y la escuchó, de modo que no fue una corta vieja. En el minuto 34:25 el juez alude a que se ha cuestionado un poco si los encartados tuvieron alguna duda de si se estaba talando algún árbol autorizado, pero dice el juzgador que la confusión podía entenderse si los árboles estaban a la par, pero no a esa distancia y que los policías explicaron que no era posible cambiar los árboles del permiso por otros, como se propuso, que no se hacía asì en el campo sino de otra manera, mediante un trámite. Además, dijeron que las zonas eran diferentes pues una estaba en el bosque o la maleza como abandonada y en regeneración y la otra era una que ya se había usado para cultivos, más despejada y muy diferente en cuanto a la cantidad de árboles (minuto 34:59 en adelante). Luego el integrante del tribunal hace una alusión al folio 13 respecto de las coordenadas autorizadas y las que constan en el informe con árboles talados y vuelve al dicho de este testigo para terminar de leer su declaración, interrelacionándola con lo que consta en el informe. Este testigo, añade, dijo que fue el último en llegar porque era el que conducía y no ve quién era el que usaba la motosierra y que llegaron por una llamada recibida por ser zona de protección hídrica, pero esto último, en la inspección posterior de folio 276, se descarta pues se establece que el sitio de la tala no es zona protegida, no es zona hídrica ni bosque, aspectos tampoco controvertidos, afirma. A partir del minuto 45:28 incorpora el dicho de José Joaquín Vargas y, mientras lee su deposición, el juez refiere que su versión es concordante con la de Luis Diego y merece credibilidad pues no lo conoce ni tiene un fin adicional. Él va y observa que se están talando árboles, el señor Calvo se presenta con un documento, pero las características de lo allí indicado no coinciden con lo visto en la zona y el dicho del encartado concuerda con esa declaración salvo que agrega que cuando él pidió el permiso y le dijeron que podía cortar hasta 10 árboles. Empero, afirma el juez, no hay controversia que lo que taló no estaba en el documento. El testigo dijo que los árboles talados no estaban marcados y eran laurel en su mayoría, tal y como se muestra a folio 13 con fotografías, especies y ubicación, aludiendo a unos 75 metros entre los autorizados y los talados. El juez sigue leyendo y comentando (mientras relaciona con documentos y declaraciones previas) el dicho de este testigo respecto a la fecha, lugar, árboles, ubicación, etc. y a partir del minutero 1:04:53, concluida esa labor, describe lo narrado por uno de los encartados (quien hizo el trámite de autorización) quien manifestó que pidió permiso para usar los árboles para hacer la casa de su hijo, permiso que en efecto estaba vigente al momento de los hechos. El encartado dijo que Pablo, el oficial que llegó, refirió que los 10 árboles que él requería no se podían, sino que podían ser tres árboles por hectárea y que por las dimensiones del terreno no se podían los 10. El acusado le mostró los árboles y fue cuando el funcionario le dijo que como era área de cultivo sí se podía, que iba a hablar con su jefe y luego volvió y dijo que le habían dicho que de esa zona podía cortar al menos cuatro que fueron los que marcó y no fue donde estaban los otros porque el funcionario estaba con migraña y tenía que caminar más, hasta 75 metros. Concluye el juez que, si el oficial verbalmente le dijo al encartado que podía cortar otros de esa área, tal cosa no quedó en el permiso y esto era lo predominante. Añade el juez que el imputado dijo que él siempre entendió que eran 10 los árboles aprovechables según un documento y procede a leer el de folio 42 pero ese era la solicitud y en el por tanto del permiso alude a cuatro, de modo que no había confusión, aunque en la solicitud de área de no bosque se indican seis por lo que no eran 10 como dijo el encartado, pero no importa cuántos se pidieron, sino que lo relevante es los que se autorizaron. A partir del contador horario 1:13:11 se agrega que la versión del imputado no merece credibilidad porque no tiene ningún tipo de respaldo probatorio, no se presentó el funcionario a decir que verbalmente autorizó un número mayor al que consta en el documento y el tribunal duda de que su dicho sea cierto pues ningún funcionario se va a jugar el chance de poner información que no sea cierta en un documento pues eso podría ser un delito de falsedad ideológica u otro delito para beneficiarlo a usted. No es aceptable, sigue diciendo el juez, que por una migraña un funcionario acostumbrado a ello, no camine 75 metros a terminar de marcar. Tampoco se admite, dice en el minutero 1:17:32, que se indique que el otro encartado no participara y solo estuviera ahí pues la manifestación por sí sola de alguien que niegue haber participado en un evento no tiene credibilidad: don Joaquín, el funcionario, dijo que lo vio halando tablas y con la motosierra haciendo aserrío de madera. Luego de ello alude, en forma muy genérica y mecánica, a que la conducta era típica, dolosa, que hubo afectación al medio ambiente pues puede haber erosión, que se sabía que la conducta era prohibida porque pidió permisos. Fija la pena mínima de prisión y alude al beneficio de ejecución condicional de la pena otorgándolo para quien no tiene antecedentes y denegándolo para quien sí. Ordena el comiso de la motosierra. A partir del minuto 1:29:59 alude a la acción civil mencionando el hecho, el daño y el nexo de causalidad de modo general y haciendo la condena en abstracto al considerar que hubo legitimación activa y pasiva, tanto como interés actual y termina la sentencia en el minuto 1:39:00. (B) Sobre los alegatos. Múltiples son los yerros que presenta la sentencia impugnada y que obligan a dejarla sin efecto en su integridad. En primer lugar, el juzgador debió determinar que, conforme al dicho de los oficiales Luis Diego Arce Gamboa y Joaquín Vargas, a los informes y oficios del MINAE de folios 1 a 20 y 76 y las copias certificadas de expediente administrativo de folios 29 a 52, así como por el propio dicho del encartado era necesario determinar si, en efecto, se aludía a dos áreas diversas dentro de la misma propiedad: una, en la que había una zona boscosa en donde se requería permiso de corta por parte de la autoridad forestal y en donde se marcaron cuatro árboles que permanecieron en pie y otra zona, que no era boscosa, ni de protección hídrica sino un área de cultivo. Esto porque, la Ley Forestal define, en su artículo 3 inciso a), el aprovechamiento como “a) (…) Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa.” Por su parte el numeral 1 de la ley alude a su ámbito de aplicación en los siguientes términos: “La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. Además, velará por la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades silviculturales. En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado.” (El destacado es agregado). Acto seguido la ley diferencia ‘bosque’ de ‘plantación forestal’ (incisos d y f del artículo 3) y como esta implica la siembra de árboles para la extracción de madera, regula el plan de manejo forestal (inciso e) del numeral citado). Por consiguiente, si el dicho del encartado era que el oficial le refirió que había árboles que no requerían permiso de corta porque no estaban en zona boscosa sino de sembradío agrícola, el tribunal debió analizar esa referencia a partir de las normas, sin que lo hiciera. El segundo yerro es que el juez invierte la carga de la prueba y desconoce el principio de inocencia pues las personas imputadas no deben demostrar nada pues constitucionalmente son inocentes y si sus manifestaciones generan duda fáctica esta opera a su favor (principio in dubio pro reo). En este caso, el juez no les cree a los encartados porque no aportaron prueba (el oficial que se presentó con migraña al sitio y realizó los trámites), desconociendo, inclusive, la prueba indiciaria gestionada a solicitud de la propia parte querellante que da cuenta que hay una zona no boscosa y sin recurso hídrico a proteger, aspecto que coincide con parte de lo declarado por el sindicado. El tercer yerro radica en que uno de los encartados aludió a que actuó de buena fe, apegado a lo que alguien (el oficial que se presentó a la zona a marcar los árboles) le dijo, con lo cual estaba alegando un error (de tipo o prohibición según el enfoque que se le dé pues, en todo caso, recaía sobre un elemento normativo del tipo cual es la definición de “bosque”) y de esto el juez se limitó a indicar que no le creía (pese a que su manifestación guarda correlación documental) obviando el análisis propio del tema de los errores. En cuarto lugar, la decisión es contradictoria porque afirma que hubo violación al bien jurídico y que hubo daño y condena civilmente en abstracto, pero a la vez alude a que no era zona boscosa de protección hídrica, sin profundizar al respecto. En quinto término, respecto de la pena, no analiza la conmutación conforme a la regla general contenida en el Código Penal. En definitiva, la decisión es omisa en aspectos esenciales y con ello violenta el deber de fundamentación estatuido en el numeral 142 del Código Procesal Penal. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mauro Daniel Molina Araya defensor público de los encartados y se anulará integralmente la sentencia impugnada y el debate que le precedió, ordenándose el juicio de reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia para que, con respeto al principio de prohibición de reforma en perjuicio, resuelva lo que proceda.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mauro Daniel Molina Araya defensor público de los encartados. Se anula la sentencia impugnada y el debate que le precedió y se ordena el juicio de reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia y con respeto al principio de prohibición de reforma en perjuicio. NOTIFÍQUESE.\n\n \n\nRosaura Chinchilla Calderón\n\n \n\nIvette Carranza Cambronero                        Cinthya Ramírez Angulo\n\nJuezas de apelación de sentencia penal\n\n \n\nExpediente: 21-002827-0485-PE (7)\n\nImputado: [Nombre 001]\n\nOfendido: Los Recursos Naturales\n\nDelito: Aprovechamiento de Productos Forestales en Propiedad Privada sin Autorización del Estado\n\nimatarrita\n\n  \n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:20:01.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**RESULTANDO:**\n\n**I.-** That, by means of judgment number 112-2024 at 14:47 hours on February 12, 2024, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, resolved: \"POR TANTO: In accordance with the provisions of articles 28, 39 and 41 of the Political Constitution; articles 1, 2, 6, 9, 37, 38, 40, 70, 71, 112, 114, 265, 363, 367, 373 to 375, of the Code of Criminal Procedure, 1 to 4, 6, 9, 11 to 20, 30, 31, 45, 50, 59 to 63, 71, 73, 103, 110 of the Criminal Code; articles 122, 123, 124 of the 1941 Criminal Code, articles 1045 and 1046 of the Civil Code, article 61 subsection a) of the Forest Law (Ley Forestal), [Nombre 001] AND [Nombre 002] are declared responsible perpetrators of a crime of VIOLATION OF THE FOREST LAW, in its modality of EXPLOITATION OF FOREST PRODUCTS ON PRIVATE PROPERTY WITHOUT STATE AUTHORIZATION, to the detriment of NATURAL RESOURCES and in such capacity they are sentenced to the penalty of ONE MONTH OF IMPRISONMENT, a penalty that they must serve in the place and manner determined by the respective penitentiary centers. To sentenced [Nombre 001], for meeting the legal requirements, the benefit of conditional execution of the penalty is granted for a period of THREE YEARS, a period in which he must not commit an intentional crime punishable by more than six months of imprisonment, since if he does, this benefit will be revoked and he must serve the imposed prison sentence. To sentenced [Nombre 002], for not meeting the legal requirements, the benefit of conditional execution of the penalty is denied. The civil action for damages (acción civil resarcitoria) is upheld against the defendants [Nombre 001] AND [Nombre 002], with an abstract condemnation, to be liquidated in the execution of judgment before the corresponding civil court. Confiscation (comiso) is ordered in favor of the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), of the Stihll brand chainsaw, series 6145956764 orange color and its frame, described in seizure record number 770. Resolved without special condemnation in costs. Expenses are to be borne by the State. Once this judgment is final, issue the respective communications to the National Institute of Criminology, the Sentencing Enforcement Court, and the Judicial Registry. The parties are notified orally. ROLANDO CHAVES ALFARO. TRIAL JUDGE.\" (sic, folios 142-144).\n\n**II.-** That, against the preceding pronouncement, attorney Mauro Daniel Molina Araya, public defender of the accused, filed an appeal.\n\n**III.-** That, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the court considered the questions raised in the appeal.\n\n**IV.-** That in the proceedings, the pertinent legal prescriptions have been observed.\n\n**Drafted by Judge Chinchilla Calderón; and,**\n\n**CONSIDERANDO:**\n\n**I.-** Admissibility. Attorney Mauro Daniel Molina Araya, public defender of the accused, filed an appeal against the judgment rendered in the case, a decision which is challengeable by this means (objective specificity). This challenge was filed through a reasoned brief submitted to the court of instance and within the legal period, as it was delivered on March 1, 2024. Given that the comprehensive judgment was issued on February 12, 2024, the 15-business-day period did not expire until March 4, 2024, and, therefore, the appeal must be admitted, given that the person filing it has standing to do so (subjective specificity), without further formalities being necessary, otherwise, the mandate established in article 8.2.h of the American Convention on Human Rights (Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José) and the ruling of the Inter-American Court of Human Rights in the case of Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa Rica, judgment of July 2, 2014, would be breached.\n\n**II.-** In the first ground of his challenge, he shows his disagreement with the factual and evidentiary reasoning in both criminal and civil matters and deems the principle of innocence violated. He considers the judgment illegitimate because a violation of articles 76, 111 and 303 subsection b) of the Code of Criminal Procedure occurred, as the accusation and the complaint (querella) were imprecise and ambiguous, the product of an erroneous analysis of the evidence which, he adds, was weighed in a biased manner. He points out that they were accused of exploiting forest products beyond the limits stated in the permit, but the formulation of charges does not specify the circumstances. None of the accusations stipulated the place where the logging occurred to determine if a permit was needed and they omitted the analysis of the documents that ruled out the need for a permit in the area. He copies articles 28 and 3 subsection h) of the Forest Law (Ley Forestal) and affirms that just because it is private land does not automatically require a permit, as it is not needed on plantations and, in this case, the land is not located in a forested area or near a water resource. He considers it evident, from the report on folio 76 (from which he copies an excerpt and mentions that he provides photographs), that the felled trees did not need a permit since it indicates that the regular spacing suggests the possibility that they were planted, the adjacency of the felled trees with the cocoa suggests crop management, the trees do not have understory vegetation, the cocoa plants have alignment, regular spacing, and pruning at the base level. He transcribes the accused and proven facts and says that the judgment is based on the fact that the felled trees and those indicated in the permit were not the same, but the particularities of the Forest Law (Ley Forestal) and the fact that we are dealing with an exception to the logging permit were overlooked. He transcribes the criminal prosecution policies of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) of 2020 and the Environmental Crimes Manual of that institution to highlight that this is an exception since “If the SINAC-ACTo-D^SV-O-354-2022 report and the attached photographs are analyzed again, it is clear that the evidence establishes that the trees were individually planted and are part of the cocoa plantation. Furthermore, it is determined that these trees, forming part of the Agroforestry System, are exempt from the logging permit.” He copies part of the judgment to emphasize what was omitted and says that the testimonial evidence was insufficient because none of the officials evaluated the need for a logging permit on that specific land and said that the person responsible for that inspection was Pablo Montenegro, forestry analyst, and that he had the support of Miguel Araya Montero, but the testimony of these officials was not presented. The accused stated that, on site, Pablo Montenegro authorized him to cut up to 10 trees within the cultivation area, after consulting by telephone with Miguel Araya about the situation of the land, but this was rejected in the judgment, from which he copies a part. He considers that the analysis of the accused's statement is partial and omits consideration of all the evidence collected. He maintains that it was not possible to condition, as the judge did, the credibility of the accused's statement on the appearance of official Pablo Montenegro, nor is it valid to suggest that this official could have committed a crime. He says that the documentary evidence does establish that Montenegro informed him that the trees in the cultivation area could be felled after consulting Miguel Araya. He adds that «In the report made by Miguel Ángel Araya Montero visible on folio 76, it is established that the trees that were felled were within the Agroforestry System, that is, the reason they were not marked is because they did not require said authorization. Even in the resolution of forestry file T001-PP-290-2021 of September 22, 2021, for the approval of the timber harvesting permit, it indicates, relevantly, in point 17: “That, in the review of the site's history, using the Fonafifo 2000 layer, evidence of the presence of forest near or after the year 2000 was found on the site where some standing trees are to be harvested', that is, at that time, it was considered that part of the site required a permit. In point 18 it states: “That some of the requested trees were on land with agricultural use without forest”, that is, in accordance with the Forest Law (Ley Forestal) and its regulations, they do not require a logging permit and in point 19 it states that “that 4 Cordia Lliodora trees were marked” because they were considered to be in a forest area and required a permit» (cf. appeal). He adds that the SINAC 354-2022 report, at the request of the Attorney General's Office (Procuraduría) and signed by Miguel Araya, clarifies that the felled area was not considered forest and was within the agroforestry system, so the accused's version is supported. Although officers Vargas and Arce confiscated the chainsaw because they considered that the permit did not cover the felled trees, both were clear that they were not authorized to inspect lands nor had the training for it, and evidentiary freedom cannot be alleged because, being a normative element, its evaluation by qualified personnel was required. He considers the principle of innocence violated, more so when [Nombre 002] is convicted solely for being present when the MINAE officers appeared, presuming his intent. He requests the acquittal of both defendants or, alternatively, the annulment of the judgment. In the second argument, he shows his disagreement with the legal reasoning of the ruling. He says the logging was done on agroforestry land, not forest, and that the court erred in not analyzing it as such, reiterating what was already stated before. He considers that the violation of the legal right is presumed and that, even in the report on folio 76, the existence of environmental damage is ruled out. He adds that even if the reasoning contained in the judgment were accepted, an additional defect would arise, which is overlooking the existence of a mistake of fact (error de tipo) by the defendants: “The error lies in assuming that having managed and obtained the permit for a specific section of the land automatically implied that the entire property was subject to the Forestry Regime (Régimen Forestal) and required a similar permit. However, the legislation itself establishes the exemption from procedures for land like that occupied by the defendant. Furthermore, in the granted permit it was specified that only a portion was in the forest area (which was finally ruled out). This means that the defendants had valid legal reasons to consider that it was necessary to manage said permit, even if the statement of defendant [Nombre 001] was considered unacceptable when he indicated that the forestry engineer who processed his request made him aware of this” (cf. appeal). Furthermore, for the accused [Nombre 002], his intent was presumed without considering that he acted in good faith based on the information provided by his father. He requests the acquittal of both defendants or, alternatively, the annulment of the judgment. As a third complaint and alternatively, he shows his disagreement with the penalty imposed on [Nombre 001], who was given a more severe penalty despite being a first-time offender and, according to numeral 69 of the Criminal Code, the penalty should have been commuted. He transcribes the audiovisual record from minute 1:25:06 and that it is never stated why such commutation was not made, violating the duty to provide reasons. He requests annulment of the judgment to that extent and orders remand. In the fourth section, he shows his disagreement with the civil condemnation. He says it had to be proven that there was damage and the judge expressly denies that this was proven and described the environmental damage as presumptions, the existence of a crime without proof of damage not being sufficient for a civil condemnation. He alludes to the fact that the damage must be certain and transcribes part of the judgment and jurisprudence on the matter: “The conditions of the land, as determined by the judge, do not in themselves constitute environmental damage. Furthermore, throughout the judgment it is mentioned that the procedure for marking trees on this type of land is based on the applicant's choice, and the authorizing official merely limits himself to marking them. Therefore, the reason behind the condemnation lies in the fact that the civil defendants cut four trees of the same authorized species, but not the marked ones. The judge even indicates that to cut said trees, the defendants had to make a prior modification, although he also clarifies that no environmental damage was determined” (cf. appeal). He transcribes parts of the judgment and says that the civil action (acción civil) should have been rejected and that an abstract condemnation could not be granted since this requires that the damage be proven, but not its amount. After new transcriptions of jurisprudence, he requests that the civil action be rejected. When answering the appeal, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) limited itself to indicating a means of notification. The appeal must be upheld. Although some sections of the appeal refer to the penalty and the civil condemnation, all have, as a basis, the factual determination and as the latter are subsidiary and dependent on the former, they will be addressed jointly and upheld so that a new trial and examination of the evidence is carried out where the deficiencies of the challenged resolution are corrected, as will be stated. (A) Summary of procedural events. The facts charged by the prosecutorial representation were the following: «On November 25, 2021, officials of the Tortuguero Conservation Area (Área de Conservación Tortuguero) Luis Diego Arce Gamboa, Joaquín Vargas Mora and Alexander Alfaro Durán, appeared at [...], the property of the accused [Nombre 001], by virtue of a complaint received, through which they were informed about an illegal harvesting of timber at the site. 2. Once at the aforementioned site, the officials managed to hear the motor of a chainsaw that was being used, so they approached the location and managed to observe two subjects sawing and working a log of the laurel species, which was already felled on the ground, they approached the accused [Nombre 001], who identified himself as the owner of the property, who did not have harvesting permits for said tree from the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), which is why the harvesting was taking place illegally by the accused, which is why the chainsaw used was seized.» Likewise, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) filed a complaint (querella) and civil action (acción civil). The first indicates: «FIRST: On November twenty-fifth, two thousand twenty-one, at approximately eleven fifteen in the morning, on a property located at [...]; the defendants [Nombre 001] and [Nombre 002], with full knowledge that their action is prohibited by law, without having the necessary permits from the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), with full control of the act and with a clear distribution of functions together with two more subjects, proceeded to fell and harvest four trees of the Laurel species of the following dimensions, an individual with a diameter of 50cm and a height of 18 meters, an individual with a diameter of 34 cm and a height of 10 meters, another individual with a diameter of 50 cm and a height of 20 meters as well as an individual with a diameter of 65 cm and a height of 24 meters; this through the use of a STIHL brand chainsaw, orange color, series 61459566764 with a saw frame. SECOND: The activity carried out by the defendants [Nombre 001] and [Nombre 002] caused environmental damage that is weighed as a consequence of the affectation and the costs to return the natural resource to the state it was in before the impact suffered. Based on the assessment of the biophysical damage and the social damage, considering biophysical damage as those actions done to the natural environment, which cause the deterioration of natural resources; while the social damage manifests in the loss of benefits, because natural capital provides a series of flows that society takes advantage of to improve its well-being, which implies the need to establish compensation equivalent to the loss of benefits, caused by the affectation of natural resources, the economic loss being added to the previous damages caused by the defendants, which is quantifiable and is based on the commercial value of the logged forestry species. The damages caused by the criminal action of the accused [Nombre 001] are valued prudentially in the amount of TWO MILLION COLONES WITH ZERO CENTS (C2,000,000.00).» The single-judge court, after evaluating the evidence (consisting of the statements of forestry officers Luis Diego Arce Gamboa and Joaquín Vargas, the statements of the accused at the end of the hearing, and incorporating documentary evidence consisting of MINAE reports from folios 1 to 6, 8 to 12, the seizure record, official letter 12 to 20, certified copies of the administrative file from folios 29 to 52, consultation to MINAE from folio 76, the certification of convictions of each accused) issued the judgment orally with a duration of 01:39:00 minutes and in it held the following as proven: «PROVEN FACTS: 1.- On November twenty-fifth, two thousand twenty-one, at approximately eleven fifteen in the morning, on a property located at [...]; the defendants [Nombre 001] and [Nombre 002], with full knowledge that their action is prohibited by law, without having the necessary permits from the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), with full control of the act and with a clear distribution of functions, proceeded to fell and harvest four trees of the Laurel species of the following dimensions, an individual with a diameter of 50cm and a height of 18 meters, an individual with a diameter of 34 cm and a height of 10 meters, another individual with a diameter of 50 cm and a height of 20 meters as well as an individual with a diameter of 65 cm and a height of 24 meters; this through the use of a STIHL brand chainsaw, orange color, series 61459566764 with a saw frame. 2.- The activity carried out by the defendants [Nombre 001] and [Nombre 002] caused environmental damage that is weighed as a consequence of the affectation and the costs to return the natural resource to the state it was in before the impact suffered.» (Cf. judgment minute in the file and audiovisual file 210028270485P-12022024024732-2_Multi—0.wmv). Consequently, it declared both accused as co-perpetrators of the crime of exploitation of forest products and sentenced them to one month of imprisonment, granting [Nombre 001] the benefit of conditional execution of the penalty for three years, which was denied to [Nombre 002] due to lack of requirements. Both were condemned in the abstract for the payment of damages and the confiscation (comiso) of the chainsaw was ordered, resolving without special condemnation in costs. The judgment has the particularity that the judge begins with the description of the evidence received orally and, once concluded, makes comments on said declaration where he mentions some documents. Initially, only reference to the descriptive reasoning was going to be made, but in the middle of it, the judge says he is going to change the work method to follow that one, as indicated from minute 16:30. Thus, although from minute 15:22 he had begun to read what Luis Diego Arce said (about the wood cutting, that later one of the accused brings them a permit but it does not match either in species or geographical coordinates), already at minute 17:09 the judge interrupts that process and begins to allude to how this process started, who filed the complaint and how the officials arrived at the place to verify the information, as mentioned in the report, finding the stepson of the property owner and that the owner later arrived and stated he had a permit and was going to bring it from his home 200 meters away but, when he provided it, only four trees were mentioned in the document and the species was different. With that information, the process began, explains the judge, the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) conducted the investigation, the Attorney General's Office (Procuraduría) consulted whether it was a forest area or not, and it filed a complaint (querella) and civil action for damages (acción civil resarcitoria) against both. At the start, there was a probability and at trial what was recorded on paper had to be reproduced to verify the credibility of the witnesses — he continues saying —, if they wanted to harm you (he addresses the defendants), but they did not know you, they had no contact or enmity, and therefore they had no reason to denounce you improperly and for this reason the officials impressed as credible, without appearing nervous, they were consistent with the reports, even if they do not remember exactly what is recorded in them. Having explained this, the judge returns to reading the statement of Luis Diego Arce (minute 24:53) who did not remember the date of the events, but, he adds, with the report it is corrected and the other witness also stated it. He continues reading parts of the statement and the rapporteur states that the issue of the identity of who was at the site and who arrived later was not disputed, nor is the place where the events occurred disputed. He emphasizes that the trees indicated in the permit were at another location in the field (where they are marked with spray both on the stump and the stem) and that the characteristics of the felled ones were different in terms of species and they did not have marks. Furthermore, by GPS (global positioning system), they were distant by several meters (some 75 to 100) from those authorized. The official saw the chainsaw and heard it, meaning it was not an old cutting site. At minute 34:25, the judge alludes to the fact that it has been somewhat questioned whether the defendants had any doubt about whether an authorized tree was being felled, but the judge says that the confusion could be understood if the trees were next to each other, but not at that distance and that the officers explained that it was not possible to change the trees from the permit for others, as was proposed, that it was not done that way in the field but another way, through a procedure. Furthermore, they said that the areas were different as one was in the forest or undergrowth, like abandoned and in regeneration, and the other was one that had already been used for crops, more cleared and very different in terms of the number of trees (minute 34:59 onwards). Then the court member makes a reference to folio 13 regarding the authorized coordinates and those recorded in the report with felled trees and returns to the statement of this witness to finish reading his deposition, interrelating it with what is recorded in the report. This witness, he adds, said he was the last to arrive because he was driving and does not see who was using the chainsaw and that they arrived due to a call received for being a water protection zone, but this last point, in the subsequent inspection at folio 276, is ruled out as it is established that the logging site is not a protected area, it is not a water zone nor forest, aspects also undisputed, he affirms. From minute 45:28, he incorporates the statement of José Joaquín Vargas and, while reading his deposition, the judge states that his version is consistent with that of Luis Diego and deserves credibility because he does not know him and has no additional purpose. He goes and observes that trees are being felled, Mr. Calvo presents himself with a document, but the characteristics of what is indicated there do not match what is seen in the area and the statement of the accused matches that declaration except that he adds that when he requested the permit, they told him he could cut up to 10 trees. However, the judge affirms, there is no controversy that what he felled was not in the document. The witness said that the felled trees were not marked and were mostly laurel, as shown on folio 13 with photographs, species and location, referring to about 75 meters between the authorized and felled ones. The judge continues reading and commenting (while relating to documents and prior statements) the statement of this witness regarding the date, place, trees, location, etc., and from minute 1:04:53, having completed that task, he describes what was narrated by one of the defendants (who processed the authorization) who stated that he requested permission to use the trees to build his son's house, a permit that was indeed valid at the time of the events. The defendant said that Pablo, the official who arrived, stated that the 10 trees he required were not possible, but rather three trees per hectare and that due to the dimensions of the land, the 10 were not possible. The accused showed him the trees and that was when the official told him that as it was a cultivation area, he could, that he was going to talk to his boss and then returned and said they had told him that from that area he could cut at least four, which were the ones he marked and he did not go where the others were because the official had a migraine and had to walk further, up to 75 meters. The judge concludes that, if the official verbally told the defendant he could cut others from that area, this was not reflected in the permit and that was what prevailed. The judge adds that the defendant said he always understood that 10 trees were exploitable according to a document and proceeds to read the one on folio 42 but that was the application and the \"por tanto\" (operative part) of the permit refers to four, so there was no confusion, although the application for a non-forest area indicates six, so they were not 10 as the defendant said, but it does not matter how many were requested, but rather what is relevant is those that were authorized. From the time counter 1:13:11, it is added that the defendant's version does not deserve credibility because it has no type of evidentiary support, the official did not appear to say that he verbally authorized a higher number than what is recorded in the document and the court doubts that his statement is true since no official is going to risk the lottery of putting non-truthful information in a document since that could be a crime of ideological falsehood or another crime to benefit you. It is not acceptable, the judge continues saying, that because of a migraine an official accustomed to it, does not walk 75 meters to finish marking. Nor is it admitted, he says at minute 1:17:32, that it is indicated that the other defendant did not participate and was just there since the mere statement of someone who denies having participated in an event has no credibility: Don Joaquín, the official, said he saw him pulling boards and with the chainsaw sawing wood. After that, he alludes, in a very generic and mechanical way, to the fact that the conduct was typical, intentional, that there was an affectation to the environment since there can be erosion, that it was known that the conduct was prohibited because he requested permits. He sets the minimum prison sentence and alludes to the benefit of conditional execution of the penalty, granting it to the one with no criminal record and denying it to the one who has. He orders the confiscation (comiso) of the chainsaw. From minute 1:29:59, he alludes to the civil action (acción civil) mentioning the fact, the damage and the causal link in a general way and granting the abstract condemnation considering there was standing and capacity to sue and to be sued, as well as current interest, and ends the judgment at minute 1:39:00. (B) About the arguments. The challenged judgment presents multiple errors that force it to be voided in its entirety. Firstly, the judge had to determine that, according to the statements of officials Luis Diego Arce Gamboa and Joaquín Vargas, the MINAE reports and official letters from folios 1 to 20 and 76 and the certified copies of the administrative file from folios 29 to 52, as well as from the defendant's own statement, it was necessary to determine whether, in effect, two diverse areas within the same property were being referred to: one, where there was a forested area where a logging permit from the forestry authority was required and where four trees were marked that remained standing, and another area, which was not forested, nor a water protection zone, but a cultivation area.\n\nThis is because the Forestry Law (Ley Forestal) defines, in its Article 3, subsection a), harvesting (aprovechamiento) as “a) (…) The action of cutting, removal of standing timber trees, or use of fallen trees, carried out on private lands, not included in Article 1 of this law, that generates or may generate some benefit, advantage, utility, or gain for the person who performs it or for whom that person represents.” For its part, section 1 of the law refers to its scope of application in the following terms: “This law establishes, as an essential and priority function of the State, to ensure the conservation, protection, and administration of natural forests and the production, harvesting (aprovechamiento), industrialization, and promotion of the country’s forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources. Furthermore, it shall ensure the generation of employment and the increase in the standard of living of the rural population, through their effective incorporation into silvicultural activities. By virtue of the public interest and except as stipulated in Article 18 of this law, the cutting or harvesting (aprovechamiento) of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protected zones (zonas protectoras), wildlife refuges, and forest reserves owned by the State is prohibited.” (Emphasis added). Immediately thereafter, the law differentiates ‘forest’ (bosque) from ‘forest plantation’ (plantación forestal) (subsections d and f of Article 3) and, as this implies the planting of trees for timber extraction, regulates the forest management plan (plan de manejo forestal) (subsection e) of the cited section). Consequently, if the accused stated that the official told him there were trees that did not require a cutting permit because they were not in a forested area but rather in an agricultural planting area, the court should have analyzed that reference based on the regulations, which it did not do. The second error is that the judge reverses the burden of proof and disregards the principle of innocence, since accused persons do not have to prove anything because they are constitutionally innocent, and if their statements generate factual doubt, this operates in their favor (principle in dubio pro reo). In this case, the judge does not believe the accused because they did not provide evidence (the official who appeared at the site with a migraine and processed the paperwork), disregarding, in fact, the circumstantial evidence managed at the request of the complainant party itself, which shows that there is a non-forested area with no water resource to protect, an aspect that coincides with part of what was declared by the accused.\n\nThe third error lies in the fact that one of the accused referred to having acted in good faith, adhering to what someone (the official who appeared at the area to mark the trees) told him, thereby claiming a mistake (of fact or of prohibition depending on the approach given, since, in any case, it fell upon a normative element of the offense, namely the definition of “forest” (bosque)), and regarding this, the judge merely stated that he did not believe him (despite his statement being documentally corroborated), omitting the proper analysis of the subject of mistakes. Fourth, the decision is contradictory because it affirms that there was a violation of the legal right and that there was damage, and orders a civil judgment in the abstract, but at the same time alludes to the fact that it was not a forested area for water protection, without delving further into the matter. Fifth, regarding the penalty, it does not analyze commutation in accordance with the general rule contained in the Penal Code. In short, the decision omits essential aspects and thereby violates the duty to state reasons established in section 142 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). Therefore, the appeal filed by attorney Mauro Daniel Molina Araya, public defender of the accused, is granted, and the contested judgment and the trial that preceded it shall be annulled in their entirety, ordering a new trial before a new composition of the trial court so that, with respect for the principle of prohibition of reformatio in peius, it may resolve as appropriate.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal filed by attorney Mauro Daniel Molina Araya, public defender of the accused, is granted. The contested judgment and the trial that preceded it are annulled, and a new trial is ordered before a new composition of the trial court and with respect for the principle of prohibition of reformatio in peius. NOTIFY.\n\n \n\nRosaura Chinchilla Calderón\n\n \n\nIvette Carranza Cambronero                        Cinthya Ramírez Angulo\n\nAppellate Judges of Criminal Sentence\n\n \n\nExpediente: 21-002827-0485-PE (7)\n\nAccused: [Name 001]\n\nVictim: Natural Resources\n\nOffense: Harvesting of Forest Products on Private Property without State Authorization (Aprovechamiento de Productos Forestales en Propiedad Privada sin Autorización del Estado)\n\nimatarrita\n\n  \n\n \n\n \n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:20:01.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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