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  "id": "nexus-sen-1-0034-1227236",
  "citation": "Res. 00403-2024 Tribunal Agrario",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Aprovechamiento de madera de árbol en zona de protección dentro de propiedad privada",
  "title_en": "Timber Use from Tree in Protection Zone Within Private Property",
  "summary_es": "El Tribunal Agrario resolvió un recurso de apelación en un proceso sumario de derribo de un árbol de guanacaste ubicado en área de protección de una quebrada dentro de una finca privada. El juzgado de primera instancia autorizó la corta del árbol por riesgo inminente, pero denegó al propietario el aprovechamiento de la madera, ordenando que se gestionara ante el MINAE. La parte actora apeló esa denegatoria. El Tribunal revocó parcialmente la sentencia, reconociendo que el árbol es accesorio al inmueble conforme los artículos 505 y 506 del Código Civil, y que el propietario tiene derecho a disponer de la madera sin necesidad de trámite administrativo adicional, salvo el permiso de transporte si lo requiere. Se fundamentó en el derecho de propiedad y en jurisprudencia constitucional, destacando que no había mediado ilícito alguno que justificara la confiscación de la madera. Se aclaró que las limitaciones ambientales en zonas de protección no eliminan los atributos esenciales del dominio, como el uso y disfrute de los frutos del fundo.",
  "summary_en": "The Agrarian Court resolved an appeal in a summary proceeding for the felling of a guanacaste tree located within a stream protection area on private land. The lower court authorized the felling due to imminent risk but denied the landowner the right to use the timber, requiring him to seek approval from the Ministry of Environment. The plaintiff appealed the denial. The Court partially overturned the decision, holding that the tree is an accessory to the property under Civil Code articles 505 and 506, and that the owner is entitled to dispose of the timber without further administrative steps, except the transportation permit if needed. The ruling relied on property rights and constitutional case law, emphasizing that no illegal act had occurred to justify confiscation. It clarified that environmental restrictions in protection zones do not nullify the core attributes of ownership, such as the right to use and enjoy the fruits of the land.",
  "court_or_agency": "Tribunal Agrario",
  "date": "29/04/2024",
  "year": "2024",
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    "water-law"
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    "sumario de derribo",
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    "aprovechamiento de madera",
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    "derecho de propiedad",
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    "artículo 505 Código Civil",
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    "private forest"
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  "excerpt_es": "En el caso en estudio, se determinó por el juez en el reconocimiento judicial y el informe del MINAE brindado al efecto, que los árboles se sitúan en las áreas de protección del río que discurre por esa propiedad, por lo que no encuentra fundamento legal la decisión de la pieza apelada de disponer que la madera producto del derribo de los tres árboles deban ser destinados a donación... Citó el actor de este proceso en su demanda, él fue quién cultivó los árboles que solicita hoy derribar por motivos de seguridad para las personas e infraestructura alrededor, y no encuentra norma legal este Tribunal que autorice a alguna institución o ente a tomar posesión y propiedad de la madera que resulte del derribo bajo las circunstancias de este asunto. Como lo refiere el recurrente, esos árboles son parte de su fundo acorde con lo dispuesto en el artículo 505 y 506 del Código Civil.",
  "excerpt_en": "In the case under study, the judge determined during the judicial inspection and the MINAE report provided for this purpose that the trees are located in the protection areas of the river that runs through that property; therefore, this Court finds no legal basis for the appealed decision ordering that the timber resulting from the felling of the three trees be donated... The plaintiff in this proceeding stated in its complaint that it was he who cultivated the trees he now requests to fell for safety reasons for persons and nearby infrastructure, and this Court finds no legal norm authorizing any institution or entity to take possession and ownership of the timber resulting from the felling under the circumstances of this case. As appellant argues, those trees are part of his estate pursuant to Civil Code articles 505 and 506.",
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    "summary_en": "The lower court's ruling is partially overturned only regarding the denial of the plaintiff's right to use the timber from the tree to be felled located within a stream protection area on his property; instead, it is ordered that the timber belongs to the plaintiff and he may dispose of it without needing MINAE approval, except for a transportation permit.",
    "summary_es": "Se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia únicamente en cuanto deniega al actor el aprovechamiento de la madera del árbol a cortar ubicado en área de protección de quebrada dentro de su propiedad, y en su lugar se dispone que la madera le pertenece y puede disponer de ella sin necesidad de autorización del MINAE, salvo permiso de transporte."
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      "context": "Considerando VI",
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      "quote_es": "no encuentra norma legal este Tribunal que autorice a alguna institución o ente a tomar posesión y propiedad de la madera que resulte del derribo bajo las circunstancias de este asunto."
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      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "this Chamber finds that the right to use the timber from the tree in question, which will be felled, belongs to the plaintiff as part of the right to use, enjoy and benefit from his estate and its products without further administrative formalities, since the tree is located on his property.",
      "quote_es": "estima esta Cámara el derecho de aprovechar la madera del árbol que nos ocupa y que será objeto de derribo, al estar ubicado en la propiedad de la actora le asiste como parte del derecho de uso, disfrute y aprovechamiento de su fundo y sus productos sin ulterior trámite administrativo."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1227236",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00403 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 29 de Abril del 2024 a las 23:00\n\nExpediente: 23-000315-0391-AG\n\nRedactado por: Alexandra Alvarado Paniagua\n\nClase de asunto: Sumario de derribo\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Área forestal protegida\nSubtemas:\nAnálisis sobre el derecho de propiedad de la madera por tala de árboles en propiedad privada ordenada en proceso sumario agrario de derribo.\nTemas (descriptores): Patrimonio forestal\nSubtemas:\nAnálisis sobre el derecho de propiedad de la madera por tala de árboles en propiedad privada ordenada en proceso sumario agrario de derribo.\nTemas (descriptores): Aprovechamiento forestal en terrenos de propiedad privada\nSubtemas:\nAnálisis sobre el derecho de propiedad de la madera por tala de árboles en área de protección ordenada en proceso sumario agrario de derribo.\nTemas (descriptores): Proceso sumario agrario de derribo\nSubtemas:\nAnálisis sobre el derecho de aprovechar la madera de árboles ubicados en área de protección dentro de propiedad privada.\nSentencias en igual sentido\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n23-000315-0391-AG - 1\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nSUMARIO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\n[Nombre 001]\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\n \n\n \n\n   \n\nVOTO N°  N° 2024000403\n\n \n\n TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las veintitrés horas cero minutos del veintinueve de abril de dos mil veinticuatro.-\n\n SUMARIO DE DERRIBO establecido por [Nombre 001], [...]; contra PERSONA IGNORADA. Interviene como parte interesada la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por  Iván Vinicio Vincenti Rojas, mayor, divorciado, abogado, vecino de Concepción de Tres Ríos, cédula de identidad número uno - seiscientos noventa y cinco - novecientos ochenta y tres, colegiado cinco mil ciento ochenta y siete. Actúa como defensor público del señor [Nombre 001], la licenciada Oscar José Cerdas Fonseca, de calidades desconocidas en autos; de la PGR, la licenciada  Yannia Lorena Salas Víquez, cédula de identidad número dos - quinientos sesenta y tres - ciento s sesenta, colegiado  diecisiete mil cuatrocientos dos.  Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.\n\n Redacta la jueza Alvarado Paniagua; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I. De las pretensiones: De acuerdo con la demanda incorporada en el escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Santa Cruz, la parte actora pide se declare en sentencia lo siguiente: \" Principales: 1) Declarar CON LUGAR la presente demanda sumaria en todos sus extremos, y se autorice el derribo del árbol de GUANACASTE, objeto de este asunto. 2) Por ser el árbol accesorio a mi derecho de propiedad, solicito se me autorice el aprovechamiento de la madera a mi conveniencia, para asi costear los costos del derribo del árbol, en razón que soy persona de escasos recursos económicos. Subsidiaria: 3) En caso de no autorizar la corta Ó derribo del árbol, se otorgue la autorización para cortar todas las ramas que representen mayor peligro y así quitarle peso para evitar  que este caiga ( ver  descarga de expediente electrónico en formato PDF imagen 3).-\n\n II. La Procuraduría general de la República se apersono al proceso  ( ver  descarga de expediente electrónico en formato PDF imagen 12 a 13)             \n\n III. El juez Walter Ávila Quirós, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz, en  sentencia numero 21-2024, de las  diez horas treinta y ocho minutos del diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, resolvió: “POR TANTO:  De conformidad con las citas de hecho y de derecho se declara parcialmente con lugar  la presente demanda establecida por [Nombre 001], de calidades citadas. se autoriza al actor proceder con la corta del árbol de guanacaste objeto de éste proceso se encuentra se ubica en las coordenadas 339403-1119547, denegando el aprovechamiento de la madera. se resuelve éste asunto sin especial condena en costa. Notifíquese.\", (ver descarga de expediente electrónico descargado en formato pdf, imagen 32 a 35). \n\n    IV.- La parte actora por medio de su defensor público el licenciado Oscar José Cerdas Fonseca, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoyo para refutar la tesis del juzgado de instancia. Indica en su recurso de apelación que procede el aprovechamiento de la madera, por cuanto el árbol pertenece a su propiedad aunque esté ubicado dentro de la zona de protección de la quebrada, por lo que no es necesario recurrir a hacer ulterior trámite ante las oficinas del MINAE. (Ver expediente electrónico del Juzgado Agrario de Jicaral, Puntarenas,  ver apelación en archivo de  fecha 17/04/2024 09:33:57).\n\n    V.- Se menciona en el fallo venido en alzada que se autorizó ese derribo por presentar un inminente riesgo a la salud y vida humana en caso de eventual caída según informe del MINAET. Ese mismo informe determinó que el  árbol de marras se sitúa en área de protección de la quebrada, con una inminente caída hacia el río dado un daño en la base de su fuste. La sentencia apelada dispuso denegar  en cuanto al aprovechamiento del árbol, dado considera es un trámite que debe gestionarse ante las oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía, siendo éste el único aspecto apelado.   \n\n  VI.- Estudiados los autos, se denota que el árbol a cortar se ubica en el área de protección de la quebrada que está dentro de la finca de la parte actora, considerando el apelante que por ello tiene el derecho de aprovechar la madera resultante  que de dicho árbol se derive. Para esta Cámara lleva razón quien recurre ya que tiene el derecho que reclama, al estar el árbol dentro de su fundo. Sobre el destino del aprovechamiento de la madera producto del derribo se  ha resuelto: “ .. Al efecto, estima el Tribunal sí existen ideas contradictorias y confusas en la sentencia. Respecto a la legislación aplicable, efectivamente, no existe norma alguna que directamente justifique la decisión tomada y emitida por el juzgador. Tan es así que en la sentencia no se cita artículo alguno que lo justifique. Se cita en la resolución que rechaza la aclaración y adición el artículo 65 de la Ley Forestal 7575 porque es mencionado por el representante del Estado en el recurso de apelación en estudio, incoado ante la denegación de tales peticiones. El Procurador indica, esa norma no es aplicable porque se refiere a procesos penales en los que se conozca de ilícitos, siendo una situación diferente a la planteada en este proceso. Al respecto debe señalarse, la norma en mención dispone literalmente: “ARTÍCULO 65.- Remate de productos decomisados. Las infracciones de esta ley se denunciarán ante la autoridad judicial competente y, si se decomisa madera u otros productos forestales, la referida autoridad, previo avalúo realizado por la Administración Forestal del Estado, los rematará en subasta pública, dentro de un plazo no mayor de un mes contado a partir de la fecha en que se interpuso la denuncia. Esos productos forestales no podrán subastarse por un valor menor al fijado por la Administración Forestal del Estado. Si transcurrido ese plazo, no se ha rematado la madera o los recursos forestales, cualquier persona podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor asignado por la Administración Forestal. El producto del remate se depositará en la cuenta de la autoridad judicial correspondiente, mientras se define el proceso respectivo. Si el indiciado resulta absuelto, se le entregará el dinero; en caso contrario, el cincuenta por ciento (50%) le corresponderá a la Administración Forestal del Estado y el otro cincuenta por ciento (50%), a las municipalidades del lugar donde se encuentre el fundo del cual se extrajo la materia prima o donde se ubique la industria o a la asociación de indígenas, si es una en reserva indígena, para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; todo sin perjuicio de las responsabilidades penales que se determinen para los infractores. Se autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía para que, por medio de la Administración Forestal, done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos. También donará la decomisada, una vez firme la sentencia condenatoria, y que no haya sido adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley. El Ministerio de Educación Pública destinará esa madera a fabricar mobiliario o reparar infraestructura en escuelas y colegios públicos o utilizarla como materia prima en las asignaturas de ebanistería, torno, carpintería y otras que impartan escuelas y colegios estatales. (Así adicionados estos dos últimos párrafos por el artículo 1, inciso b), de la ley No. 7609 de 11 de junio de 1996).” De la lectura de la norma se desprende que efectivamente, no ofrece una solución específica para el caso concreto, ventilado en sede interdictal, pues está referido a madera decomisada producto de ilícitos. No obstante, ante la ausencia de normativa que de solución a este caso, tanto en la Ley de Jurisdicción Agraria como en los artículos 474 al 476 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. Ante esa situación, y existiendo una norma referida al destino y aprovechamiento de árboles, aunque esté referida a ilícitos, es aplicable analógicamente. Al respecto, el artículo 12 del Código Civil señala: “Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie identidad de razón, salvo cuando alguna norma prohíba esa aplicación.”; sin que exista norma alguna en la Ley de Jurisdicción Agraria que prohíba la aplicación analógica. El artículo 65 citado, en lo que a este caso interesa, en caso de que la madera se decomise, delega la valoración y subasta de la madera u otros productos forestales a la Administración Forestal del Estado, para lo cual le confiere un plazo no mayor de un mes. En este caso, la madera no está decomisada pues conforme a la información que consta en el expediente, está pendiente de tala. En la sentencia no se dio un plazo para la corta de los cinco árboles de laurel, omisión que debe llenarse para que el fallo sea ejecutable y se administren los riesgos que la caída de los mismos podrían generar; sin embargo se indicó, una vez talados, el Ministerio debía proceder a valorarlos, labor que estima el Tribunal es consustancial a las funciones dadas por ley al mismo, al estar integrado por funcionarias y funcionarios expertos en la temática. La norma señala además, los bienes deben rematarse en subasta pública dentro del plazo de un mes, por el monto fijado por el Ministerio; y sólo en caso de que no se logre rematar la madera o los recursos forestales, cualquier persona podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor asignado por la Administración Forestal. En este caso, como el producto forestal no deriva de un acto ilícito, sino de una medida preventiva, la posibilidad de aprovecharlos por cualquier persona cede ante la prioridad que debe darse a la parte demandante, pues el árbol está ubicado en una propiedad en posesión del señor Aguilera Vargas, de manera tal que es ésta quien puede aprovecharlos tomando las medidas de prevención respectiva, en el entendido de que el valor de esos recursos forestales debe destinarse por parte de éste a la recuperación del área que resulte afectada con la eliminación de ese árbol, la cual necesariamente debe hacerse por parte del señor Aguilera en coordinación con las personas expertas que designe la Oficina Regional del Ministerio de Ambiente y Energía., pues al ser una zona de protección, deben sembrarse árboles endémicos o nativos de ésta, de manera tal que no debe dejarse abierta la posibilidad de la demandante de sustituir por cualquier otra especie, sino solo por aquellas que dispongan el Ministerio referido. La norma plantea el supuesto, ajeno a este proceso, de que si la persona resulta absuelta del ilícito, se le entregará el dinero producto del avalúo, de lo contrario, el 50% del monto le corresponderá a la Administración Forestal del Estado y el otro 50% a la Municipalidad del lugar donde se encuentre el fundo para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; de igual forma, se autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía para que, por medio de la Administración Forestal, done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que las personas propietarias sean desconocidas.En este caso, no se está en presencia de productos forestales vinculados con un ilícito como para asumir distribuir el valor de éstos en un 50% a la Administración Forestal del Estado y el otro 50% a la Municipalidad. En relación con la participación de centros de enseñanza, la norma permite que el Ministerio del Ambiente y Energía done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos; y permite la donación de madera decomisada, una vez firme la sentencia condenatoria, y que no haya sido adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley. En este caso, no se está en presencia de un desastre natural, pues el objetivo del proceso es su prevención, ni de ampliación de carreteras; y aunque tales supuestos podrían asimilarse al caso en concreto, dista el supuesto señalado por la norma en el hecho de que supone, la persona propietaria del bien donde están los árboles sea desconocida. En este caso, la demandante aportó certificación registral en la que consta es el titular registral del fundo; y aunque en procesos interdictales no es posible referirse a aspectos vinculados con el derecho de propiedad conforme lo prevé el artículo 457 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, el dato resulta de particular interés para determinar si los recursos forestales están dentro del terreno de la demandante, descartando con ello que sea desconocida la persona dueña del fundo donde está el árbol. Ahora bien, debe agregarse, la asignación de recursos forestales al Ministerio de Educación Pública producto de ilícitos o en general, de cualquier proceso judicial, debe hacerse conforme a los fines dispuestos en la norma, es decir, para que la madera se destine a “fabricar mobiliario o reparar infraestructura en escuelas y colegios públicos”, y no simplemente pretender asignarle recursos económicos producto de los árboles sin un fin específico o sin un destino concreto, como bien lo advierte el representante estatal. De lo transcrito, concluye el Tribunal, la sentencia no es clara; sin embargo, no podría considerarse está viciada de nulidad …. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 50 de la Constitución Política; 6 inciso g), 31, 49 y 65 de la Ley Forestal 7575; 12 del Código Civil; 474 al 476 del Código Procesal Civil; y 1, 6, 26, 54 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria; deberá revocarse la sentencia en la parte en que dispone donar los productos forestales específicamente a la Junta de Educación de la Escuela más cercana y exige al demandante pagar el valor de los productos forestales que establezca el Ministerio de Ambiente y Energía. En lo demás, objeto de apelación, deberá confirmarse la sentencia en lo atinente a la autorización que se da al señor Santos Aguilera Vargas para que a partir de la firmeza de esta resolución, extraiga los cinco árboles de laurel objeto de la litis, en cuyo caso deberá tomar las medidas técnicas preventivas y precautorias que sean necesarias a fin de no causar daños a personas o bienes. El Ministerio de Ambiente y Energía deberá tomar las medidas preventivas necesarias y controlar que el proceso de tala de los árboles de laurel se ejecute cumpliendo con las disposiciones de la Ley Forestal; y una vez realizada la corta, dicha Oficina procederá al avalúo de los productos forestales mencionados. El demandante podrá aprovechar la madera, sin necesidad de depósito alguno al encontrarse los árboles dentro de la finca inscrita a su nombre, en cuyo caso, el Ministerio de Ambiente y Energía debe otorgarle los permisos de transporte, procesamiento u otros que sean necesarios, para su aprovechamiento. …. “. En el caso en estudio, se determinó por el juez en el reconocimiento judicial y el informe del MINAE brindado al efecto, que los árboles se sitúan en las áreas de protección del río que discurre por esa propiedad, por lo que no encuentra fundamento legal la decisión de la pieza apelada de disponer que la madera producto del derribo de los tres árboles deban ser destinados a donación para la Junta de Educación de la escuela del lugar, al no ser esta madera resultante de la comisión en acto ilícito alguno. El área de protección como figura legal se define en el artículo 33 de la Ley Forestal y su fin es de conservación y protección de los cuerpos de agua. Tales forman parte de los inmuebles que la contienen pero su uso y disfrute contiene limitaciones de índole ambiental, tales como la prohibición de construir, cultivar o desarrollar actos que pongan en peligro los cuerpos de agua. Citó el actor de este proceso en su demanda, él fue quién cultivó los árboles que solicita hoy derribar por motivos de seguridad para las personas e infraestructura alrededor, y no encuentra norma legal este Tribunal que autorice a alguna institución o ente a tomar posesión y propiedad de la madera que resulte del derribo bajo las circunstancias de este asunto. Como lo refiere el recurrente, esos árboles son parte de su fundo acorde con lo dispuesto en el artículo 505 y 506 del Código Civil. En ese orden de ideas, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reuelto en el Voto 2007-10578 del 25 de julio del 2007 el contenido del derecho de propiedad de la siguiente forma: “El derecho de propiedad tiene un contenido esencial que la Sala ha definido como la facultad de disfrutar y usar el bien para provecho personal (propiedad privada) o para utilidad pública (propiedad pública). Por ello, so pretexto de imponer determinadas limitaciones de “interés social”, no puede la autoridad pública, sea el Legislador o el Ejecutivo, eliminar uno o varios de sus atributos esenciales. En tal situación, es decir, si las limitaciones impuestas a la propiedad vulneran el contenido esencial del derecho de propiedad, el propietario tiene derecho a ser indemnizado por ello. En este sentido, la Sala ha señalado: “Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o no haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien”. (sentencia N° 2345-96 Sala Primera Corte Suprema de Justicia).” De tal forma, estima esta Cámara el derecho de aprovechar la madera del árbol que nos ocupa y que será objeto de derribo, al estar ubicado en la propiedad de la actora le asiste como parte del derecho de uso, disfrute y aprovechamiento de su fundo y sus productos sin ulterior trámite administrativo. Resolver lo contrario sin que hubiera mediado una conducta que hubiere sido sancionada por falta administrativa o penal, conlleva a confiscar sin fundamento legal propiedad privada. Por lo que procede revocar parcialmente la resolución recurrida únicamente en cuanto deniega al actor el aprovechamiento de la madera del árbol a cortar, y en su lugar disponer que la madera del árbol a cortar, le pertenece a la parte actora y puede disponer económicamente de ella sin necesidad de acudir a hacer los trámites ante las oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía.-\n\n  VII.- Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 1, 2 y 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 108 del Código Procesal Civil aplicable en virtud del Transitorio I de Ley 9343, I y II de Ley 9342, 33 de la Ley Forestal y 65 de su Reglamento, en lo apelado, se procede a revocar parcialmente la resolución recurrida únicamente en cuanto deniega al actor el aprovechamiento de la madera del árbol a cortar, y en su lugar disponer que la madera del árbol a cortar, le pertenece a la parte actora y puede disponer económicamente de ella, sin necesidad de acudir a las oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía para su aprobación, eso sí, deberá solicitarles el permiso de transporte de la madera en caso de que se requiera transportarla.\n\nPOR TANTO\n\n       En lo apelado, se procede a revocar parcialmente la resolución recurrida únicamente en cuanto deniega al actor el aprovechamiento de la madera del árbol a cortar, y en su lugar disponer que la madera del árbol a cortar, le pertenece a la parte actora y puede disponer económicamente de ella, sin necesidad de acudir a las oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía para su aprobación,  eso sí, deberá solicitarles el permiso de transporte de la madera en caso de que se requiera transportarla.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\n\nM1CQNFNLTUU61\nALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\nAU6DUA4743OVU61\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nS43VQ47Y92AFO61\nMARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 23-000315-0391-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:20:52.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE:\n\n23-000315-0391-AG - 1\n\nPROCEEDING:\n\nSUMMARY\n\nPLAINTIFF:\n\n[Nombre 001]\n\nDEFENDANT:\n\nVOTO N° N° 2024000403\n\nAGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At twenty-three hours zero minutes on the twenty-ninth of April, two thousand twenty-four.-\n\nSUMMARY PROCEEDING FOR TREE FELLING (SUMARIO DE DERRIBO) brought by [Nombre 001], [...]; against UNKNOWN PERSON. The OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA) appears as an interested party, represented by Iván Vinicio Vincenti Rojas, of legal age, divorced, attorney, resident of Concepción de Tres Ríos, identification card number one - six hundred ninety-five - nine hundred eighty-three, Bar Association number five thousand one hundred eighty-seven. Acting as public defender for Mr. [Nombre 001] is licensed attorney Oscar José Cerdas Fonseca, whose qualifications are unknown in the case record; for the PGR, licensed attorney Yannia Lorena Salas Víquez, identification card number two - five hundred sixty-three - one hundred sixty, Bar Association number seventeen thousand four hundred two. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz.\n\nDrafted by Judge Alvarado Paniagua; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI. Regarding the claims: According to the complaint (demanda) filed in the virtual desktop of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Santa Cruz, the plaintiff requests the following be declared in the judgment: \"Main claims: 1) GRANT the present summary complaint (demanda sumaria) in all its aspects, and authorize the felling (derribo) of the GUANACASTE tree, which is the subject of this matter. 2) Since the tree is accessory to my right of property, I request that I be authorized the utilization (aprovechamiento) of the timber at my convenience, in order to cover the costs of felling the tree, given that I am a person of limited financial means. Alternative claim: 3) In the event the cutting or felling of the tree is not authorized, grant authorization to cut all the branches that represent the greatest danger and thus lighten its weight to prevent it from falling (see download of electronic case file in PDF format image 3).-\n\nII. The Office of the Attorney General appeared in the proceeding (see download of electronic case file in PDF format images 12 to 13).\n\nIII. Judge Walter Ávila Quirós, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz, in judgment number 21-2024, at ten hours thirty-eight minutes on the nineteenth of January, two thousand twenty-four, resolved: \"THEREFORE: In accordance with the citations of fact and law, the present complaint brought by [Nombre 001], with the cited qualifications, is partially granted. The plaintiff is authorized to proceed with the cutting of the guanacaste tree, the subject of this process, which is located at coordinates 339403-1119547, denying the utilization (aprovechamiento) of the timber. This matter is resolved without special assessment of costs. Notify.\", (see download of electronic case file downloaded in pdf format, images 32 to 35).\n\nIV.- The plaintiff, through his public defender, licensed attorney Oscar José Cerdas Fonseca, filed an appeal (recurso de apelación) with express indication of the reasons relied upon to refute the trial court's thesis. He indicates in his appeal that the utilization of the timber proceeds, because the tree belongs to his property even though it is located within the protection zone (zona de protección) of the stream (quebrada), and therefore it is not necessary to resort to further processing before the offices of MINAE. (See electronic case file of the Agrarian Court of Jicaral, Puntarenas, see appeal in file dated 04/17/2024 09:33:57).\n\nV.- The judgment under review on appeal mentions that the felling was authorized because it presented an imminent risk to human health and life in the event of a potential fall, according to a report from MINAET. That same report determined that the tree in question is located in the protection area of the stream, with an imminent fall toward the river due to damage to the base of its trunk. The appealed judgment ordered the denial regarding the utilization of the tree, considering it is a procedure that must be processed before the offices of the Ministry of Environment and Energy, this being the only aspect appealed.\n\nVI.- Upon studying the case record, it is noted that the tree to be cut is located in the protection area (área de protección) of the stream that is within the plaintiff's property, and the appellant considers that he therefore has the right to utilize the resulting timber derived from said tree. This Chamber finds that the appellant is correct, that he has the right he claims, given that the tree is within his property. Regarding the destination of the utilization (aprovechamiento) of the timber resulting from the felling, it has been resolved: \".. To this effect, the Tribunal deems that there are contradictory and confusing ideas in the judgment. Regarding applicable legislation, there is indeed no norm that directly justifies the decision taken and issued by the judge. So much so that the judgment cites no article whatsoever to justify it. In the resolution rejecting the motion for clarification and addition, article 65 of the Forest Law (Ley Forestal) 7575 is cited because it is mentioned by the State's representative in the appeal under study, filed against the denial of such petitions. The Procurador indicates that this norm is not applicable because it refers to criminal proceedings in which illicit acts are known, a situation different from the one raised in this process. In this regard, it must be noted that the norm in question literally provides: \"ARTICLE 65.- Auction of seized products. Infractions of this law shall be reported to the competent judicial authority and, if timber or other forest products are seized, said authority, after an appraisal is conducted by the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), shall auction them at public auction, within a period not to exceed one month from the date the complaint was filed. These forest products may not be auctioned for a value less than that set by the State Forest Administration. If after that period, the timber or forest resources have not been auctioned, any person may utilize (aprovechar) them, upon deposit, with the Tribunal, of the value assigned by the Forest Administration. The proceeds of the auction shall be deposited in the account of the corresponding judicial authority, while the respective process is defined. If the accused is acquitted, the money shall be delivered to them; otherwise, fifty percent (50%) shall correspond to the State Forest Administration and the other fifty percent (50%) to the municipalities of the place where the property from which the raw material was extracted is located, or where the industry is located, or to the indigenous association, if it is in an indigenous reserve, to be used for the development of forest projects; all without prejudice to any criminal liabilities determined for the offenders. The Ministry of Environment and Energy is authorized, through the Forest Administration, to donate to the Ministry of Public Education timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road widening, provided the owners are unknown. It shall also donate seized timber, once the final conviction is firm, and which has not been awarded at auction nor requested by any person meeting the legal requirements. The Ministry of Public Education shall use this timber to manufacture furniture or repair infrastructure in public schools and high schools, or use it as raw material in the subjects of cabinetmaking, lathe work, carpentry, and others taught by state schools and high schools. (These last two paragraphs thus added by article 1, subsection b), of Law No. 7609 of June 11, 1996).” From a reading of the norm, it is clear that it indeed does not offer a specific solution for the specific case, aired in an injunctive proceeding setting, as it refers to timber seized as a result of illicit acts. However, faced with the absence of regulations providing a solution to this case, both in the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria) and in articles 474 to 476 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) applied supplementarily, and given this situation, and there being a norm referring to the destination and utilization of trees, even though it refers to illicit acts, it is applicable analogically. In this regard, article 12 of the Civil Code states: \"The analogical application of norms shall proceed when they do not contemplate a specific case, but regulate another similar one in which an identity of reason is appreciated, except when some norm prohibits such application.\"; there being no norm in the Agrarian Jurisdiction Law that prohibits analogical application. The cited article 65, insofar as it is relevant to this case, in the event timber is seized, delegates the valuation and auction of the timber or other forest products to the State Forest Administration, for which it grants a period of no more than one month. In this case, the timber is not seized, as according to the information in the case file, it is pending felling. The judgment did not set a deadline for the cutting of the five laurel trees, an omission that must be filled for the ruling to be executable and to manage the risks their falling could generate; however, it was indicated that, once felled, the Ministry must proceed to value them, a task that the Tribunal deems is inherent to the functions given to it by law, as it is composed of expert officials in the subject matter. The norm further states that the goods must be auctioned at public auction within a period of one month, for the amount set by the Ministry; and only if the timber or forest resources cannot be auctioned, any person may utilize (aprovechar) them, upon deposit, with the Tribunal, of the value assigned by the Forest Administration. In this case, since the forest product does not derive from an illicit act, but from a preventive measure, the possibility of utilizing them by any person gives way to the priority that must be given to the plaintiff, as the tree is located on a property in the possession of Mr. Aguilera Vargas, such that it is the latter who may utilize them by taking the respective preventive measures, with the understanding that the value of these forest resources must be allocated by him to the recovery of the area affected by the removal of that tree, which must necessarily be done by Mr. Aguilera in coordination with the expert persons designated by the Regional Office of the Ministry of Environment and Energy, since being a protection zone, endemic or native trees of that zone must be planted, such that the possibility of the plaintiff substituting any other species should not remain open, but only those determined by the referred Ministry. The norm posits the scenario, alien to this process, that if the person is acquitted of the illicit act, the money resulting from the appraisal shall be delivered to them; otherwise, 50% of the amount shall correspond to the State Forest Administration and the other 50% to the Municipality of the place where the property is located, to be used for the development of forest projects; likewise, the Ministry of Environment and Energy is authorized, through the Forest Administration, to donate to the Ministry of Public Education timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road widening, provided the proprietary persons are unknown. In this case, we are not in the presence of forest products linked to an illicit act so as to assume distributing their value at 50% to the State Forest Administration and the other 50% to the Municipality. Regarding the participation of educational centers, the norm allows the Ministry of Environment and Energy to donate to the Ministry of Public Education timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road widening, provided the owners are unknown; and allows for the donation of seized timber, once the final conviction is firm, and which has not been awarded at auction nor requested by any person meeting the legal requirements. In this case, we are not in the presence of a natural disaster, as the objective of the process is its prevention, nor of road widening; and although such scenarios could be assimilated to the specific case, the scenario indicated in the norm differs in that it assumes the proprietary person of the property where the trees are located is unknown. In this case, the plaintiff provided a registry certification showing they are the registered titleholder of the property; and although in injunctive proceedings (procesos interdictales) it is not possible to refer to aspects linked to property rights as provided for in article 457 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) applied supplementarily, this data is of particular interest to determine if the forest resources are within the plaintiff's land, thereby ruling out that the owner of the property where the tree is located is unknown. Now, it must be added, the allocation of forest resources to the Ministry of Public Education resulting from illicit acts or, in general, from any judicial process, must be done in accordance with the purposes set forth in the norm, that is, so that the timber is used to \"manufacture furniture or repair infrastructure in public schools and high schools,\" and not simply attempting to assign them economic resources from the trees without a specific purpose or a specific destination, as the State representative correctly warns. From the foregoing, the Tribunal concludes that the judgment is not clear; however, it could not be considered vitiated by nullity... Based on the foregoing, with foundation in articles 50 of the Political Constitution (Constitución Política); 6 subsection g), 31, 49, and 65 of the Forest Law (Ley Forestal) 7575; 12 of the Civil Code; 474 to 476 of the Civil Procedure Code; and 1, 6, 26, 54, and 79 of the Agrarian Jurisdiction Law; the judgment must be revoked in the part that orders donating the forest products specifically to the Board of Education (Junta de Educación) of the nearest school and requires the plaintiff to pay the value of the forest products established by the Ministry of Environment and Energy. In all other aspects subject to appeal, the judgment shall be confirmed regarding the authorization given to Mr. Santos Aguilera Vargas so that, from the moment this resolution becomes final, he may extract the five laurel trees subject to the litigation, in which case he must take the necessary preventive and precautionary technical measures so as not to cause harm to persons or property. The Ministry of Environment and Energy must take the necessary preventive measures and control that the felling process of the laurel trees is executed in compliance with the provisions of the Forest Law; and once the cutting is completed, said Office shall proceed with the appraisal of the mentioned forest products. The plaintiff may utilize the timber, without the need for any deposit, as the trees are located within the property registered in his name, in which case, the Ministry of Environment and Energy must grant him the necessary transportation, processing, or other permits for its utilization. …. “. In the case under study, it was determined by the judge in the judicial inspection (reconocimiento judicial) and the MINAE report provided for this purpose, that the trees are located in the protection areas of the river that runs through that property, and therefore this Tribunal finds no legal basis for the appealed decision ordering that the timber resulting from the felling of the three trees must be destined as a donation to the Board of Education of the local school, as this timber is not the result of the commission of any illicit act. The protection area as a legal figure is defined in article 33 of the Forest Law and its purpose is the conservation and protection of bodies of water. These form part of the properties that contain them, but their use and enjoyment contain environmental limitations, such as the prohibition of building, cultivating, or carrying out acts that endanger the bodies of water. The plaintiff in this process stated in his complaint that he was the one who cultivated the trees he now requests to fell for safety reasons for the people and infrastructure around them, and this Tribunal finds no legal norm that authorizes any institution or entity to take possession and ownership of the timber resulting from the felling under the circumstances of this matter. As the appellant refers, those trees are part of his property in accordance with articles 505 and 506 of the Civil Code. Along these lines, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice has resolved in Voto 2007-10578 of July 25, 2007, the content of the right to property as follows: “The right to property has an essential content which the Chamber has defined as the faculty of enjoying and using the property for personal benefit (private property) or for public utility (public property). Therefore, under the pretext of imposing certain limitations of ‘social interest’, the public authority, be it the Legislative or the Executive, cannot eliminate one or several of its essential attributes. In such a situation, that is, if the limitations imposed on the property violate the essential content of the right to property, the owner has the right to be compensated for it. In this regard, the Chamber has stated: \"That is to say, the attributes of property may be limited, as long as the owner reserves for themselves the possibility of normally exploiting the property, excluding, of course, the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside these parameters, if social welfare requires sacrifices from one or only a few, they must be compensated, the same as what occurs when the sacrifice imposed on the owner is of such nature that it causes them to lose the property in its entirety. Thus, the limitation on property withstands constitutional analysis when the affectation of the essential attributes of property, which are those that allow the natural use of the thing within the current socio-economic reality, does not cause the nature of the property to disappear or make the use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they imply, in fact, the impossibility of usufructing the property.\" (judgment N° 2345-96 First Chamber (Sala Primera) Supreme Court of Justice).” Therefore, this Chamber deems that the right to utilize (aprovechar) the timber of the tree in question, which will be the subject of felling, is available to the plaintiff, as it is located on the plaintiff's property, as part of the right to use, enjoy, and utilize (aprovechamiento) their property and its products without further administrative processing. Resolving otherwise, without an act having been sanctioned as an administrative or criminal offense, would entail confiscating private property without legal basis. Consequently, the appealed resolution must be partially revoked only insofar as it denies the plaintiff the utilization of the timber of the tree to be cut, and instead, it is ordered that the timber of the tree to be cut belongs to the plaintiff, who may economically dispose of it without needing to process procedures before the offices of the Ministry of Environment and Energy.-\n\nVII.- For the reasons stated, with foundation in articles 1, 2 and 26 of the Agrarian Jurisdiction Law, 108 of the Civil Procedure Code applicable by virtue of Transitory Provision I of Law 9343, I and II of Law 9342, 33 of the Forest Law and 65 of its Regulation, regarding the appealed matter, the appealed resolution is partially revoked only insofar as it denies the plaintiff the utilization (aprovechamiento) of the timber of the tree to be cut, and instead, it is ordered that the timber of the tree to be cut belongs to the plaintiff, who may economically dispose of it, without needing to go to the offices of the Ministry of Environment and Energy for its approval, although, they must request the timber transportation permit in case transport is required.\n\nTHEREFORE\n\nRegarding the appealed matter, the appealed resolution is partially revoked only insofar as it denies the plaintiff the utilization (aprovechamiento) of the timber of the tree to be cut, and instead, it is ordered that the timber of the tree to be cut belongs to the plaintiff, who may economically dispose of it, without needing to go to the offices of the Ministry of Environment and Energy for its approval, although, they must request the timber transportation permit in case transport is required.\n\nALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - DECISIVE JUDGE\n\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - DECISIVE JUDGE\n\nMARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - DECISIVE JUDGE\n\nEXP: 23-000315-0391-AG\n\nII Judicial Circuit San José, 4th floor, Courts of Justice Building, Calle Blancos de Goicoechea, in front of the parking lot of Hospital Hotel La Católica. Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 16:20:52.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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