{
  "id": "nexus-sen-1-0034-1245566",
  "citation": "Res. 04780-2024 Tribunal Contencioso Administrativo",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Apelación por postes eléctricos en Zona Marítimo Terrestre rechazada por falta de agravios técnicos",
  "title_en": "Appeal over electric poles in Maritime Zone dismissed for lack of technical grievances",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio municipal, conoció un recurso de apelación interpuesto por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente contra un acuerdo del Concejo Municipal de Santa Cruz que rechazó un recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario buscaba anular un permiso de construcción de postes eléctricos en la Zona Marítimo Terrestre de Playa El Coco de Marbella, alegando contaminación lumínica y falta de estudios de impacto ambiental que afectan el desove de tortugas. El Tribunal declaró sin lugar la apelación, al considerar que el recurrente no expresó agravios técnicos, jurídicos y procesales que justificaran variar o anular lo resuelto por el municipio. Señaló que la argumentación se limitó a manifestaciones subjetivas, sin acreditar la existencia de normas que exigieran estudios de impacto ambiental específicos para la instalación de postes en la zona, y sin refutar técnicamente que los postes carecían de lámparas, descartando así la contaminación lumínica. Con esta decisión, se agotó la vía administrativa.",
  "summary_en": "The Administrative Court, acting as improper municipal hierarch, heard an appeal by the Costa Rican Federation for Environmental Conservation against a Santa Cruz Municipal Council decision that denied an extraordinary review appeal. The review sought to nullify a permit for electric poles in the maritime zone of Playa El Coco de Marbella, alleging light pollution and lack of environmental impact studies affecting turtle nesting. The Court dismissed the appeal, finding that the appellant failed to raise technical, legal, and procedural grievances to justify modifying or annulling the municipal ruling. It held that the arguments were merely subjective statements, without proving any norm requiring specific environmental impact studies for pole installation in that area, and without technically refuting that the poles had no lamps, thus ruling out light pollution. This decision exhausted the administrative remedy.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo",
  "date": "24/07/2024",
  "year": "2024",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental"
  ],
  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "jerarquía impropia municipal",
    "Zona Marítimo Terrestre",
    "contaminación lumínica",
    "estudio de impacto ambiental",
    "agravios",
    "vía administrativa agotada",
    "principio de informalismo",
    "debida diligencia probatoria y argumentativa"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 168",
      "law": "Ley General de la Administración Pública"
    },
    {
      "article": "Arts. 152-156",
      "law": "Ley General de la Administración Pública"
    },
    {
      "article": "Art. 11 incisos 1 y 3",
      "law": "Ley de Biodiversidad 7788"
    },
    {
      "article": "Art. 50",
      "law": "Constitución Política"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "jerarquía impropia",
    "Zona Marítimo Terrestre",
    "contaminación lumínica",
    "estudio de impacto ambiental",
    "agravios",
    "apelación",
    "Municipalidad de Santa Cruz",
    "Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente",
    "postes eléctricos",
    "tortugas"
  ],
  "keywords_en": [
    "improper hierarchy",
    "Maritime Zone",
    "light pollution",
    "environmental impact study",
    "grievances",
    "appeal",
    "Municipality of Santa Cruz",
    "Costa Rican Federation for Environmental Conservation",
    "electric poles",
    "turtles"
  ],
  "excerpt_es": "Acorde con lo anterior, en presencia de manifestaciones subjetivas en el recurso y no así de agravios expresados a nivel técnico, jurídico y procesal, se debe estimar sin lugar el recurso, para lo cual tiene el recurrente agotada la vía administrativa en caso que desee ejercer defensa y tutela de los derechos que considere lesionados.-\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso de apelación intentado. Se da por agotada la vía administrativa.",
  "excerpt_en": "Accordingly, in the presence of subjective statements in the appeal rather than grievances expressed at a technical, legal, and procedural level, the appeal must be dismissed, with the appellant having exhausted the administrative remedy should they wish to defend and safeguard rights they consider violated.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal filed is dismissed. The administrative remedy is considered exhausted.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The appeal was dismissed for lack of technical grievances, upholding the municipal denial, and the administrative remedy was exhausted.",
    "summary_es": "Se declaró sin lugar el recurso de apelación por falta de agravios técnicos, confirmando el rechazo municipal, y se agotó la vía administrativa."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "the appellant was unable to raise grievances that justify granting the appeal",
      "quote_es": "la parte recurrente no fue capaz plantear agravios que justifiquen estimar con lugar su pretensión recursiva"
    },
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "in the presence of subjective statements in the appeal rather than grievances expressed at a technical, legal, and procedural level, the appeal must be dismissed",
      "quote_es": "en presencia de manifestaciones subjetivas en el recurso y no así de agravios expresados a nivel técnico, jurídico y procesal, se debe estimar sin lugar el recurso"
    },
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "it is the appellant who must formulate a grievance, cite the infringed norm, demonstrate facts, provide evidence and arguments to show that some permit or environmental impact study was omitted in material reality",
      "quote_es": "es el recurrente el que debe más bien plantear un agravio, citar la normativa infringida, evidenciar hechos, aportar pruebas y argumentos para entender que en la realidad material se omitió algún tipo de permiso o estudio de impacto ambiental"
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1245566",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 04780 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 24 de Julio del 2024 a las 11:53\n\nExpediente: 23-001306-1027-CA\n\nRedactado por: Luis Arturo Polinaris Vives\n\nClase de asunto: Jerarquía Impropia\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n23-001306-1027-CA - 9\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nJERARQUIA IMPROPIA (Municipal)\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nDANY ALBERTO VILLALOBOS VILLALOBOS\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nMUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ\n\n \n\n N° 2024004780\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con cincuenta y tres minutos del veinticuatro de Julio del dos mil veinticuatro.-\n\n \n\nConoce el Tribunal Contencioso Administrativo, como Jerarca Impropio Municipal, de un Recurso de Apelación presentado por Dany Alberto Villalobos Villalobos, cédula 2-0643-0273 en representación y a nombre de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, cédula jurídica 3-002-116993, contra el acuerdo de la sesión ordinaria 50-2017, artículo 03, inciso 02 del 08 de diciembre de 2017 tomado por el Concejo de Regidores de la Municipalidad de Santa Cruz.\n\n  CONSIDERANDO:\n\nI-) HECHOS PROBADOS DE INTERÉS PROCESAL:\n\n1-) El 22 de julio de 2020 la parte promovente presentó un recurso extraordinario de revisión contra el acuerdo arriba indicado, por considerar que existen vicios de nulidad absoluta en el permiso de construcción de postes para alumbrado eléctrico sobre la Zona Marítimo Terrestre, particularmente, en Playa el Coco de Marbella, en lo sucesivo, en la zona de conflicto. En el recurso la parte promovente, entiende como agravios que: en la zona indicada desovan tortugas; la contaminación lumínica afecta el proceso natural de desove; el acuerdo impugnada no tiene base técnica ni estudios de impacto ambiental conforme al artículo 16 y 160 de la Ley 6227, en lo que refiere a contaminación lumínica, electromagnética y otros que pueden afectar el proceso natural de desove de tortutas; lo cual permea de nulidad el acuerdo impugnado. Finalmente, la pretensión del recurso consiste en: declarar la nulidad del acuerdo referido; eliminar los postes de luz en la zona de conflicto por haberse instalado sin estudios de impacto ambiental; y desconectar las luces de los mencionados postes en un término de 24 horas luego de que el recurso sea resuelto (Ver imagen 348 a 355).\n\n2-) El 08 de enero de 2021 el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santa Cruz en oficio DGA-0020-2020 (sic) acreditó que los postes de distribución de carga eléctrica, en la zona de conflicto, no tienen lámparas (Ver imagen 374 a 376).    \n\n3-) El 12 de enero de 2021 la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Asuntos Ambientales, en Dictamen 01-2021 de las 14:00 horas del 12 de enero de 2021 sobre el referido recurso extraordinario de revisión indicó que: los postes construidos en la zona no tienen lámparas por lo cual sostiene que no se está en presencia de contaminación lumínica; en resolución 2373-2016 SETENA de las 15:00 horas del 21 de diciembre de 2016 determina que el reemplazo o cambio en capacidad de carga de redes de distribución eléctrica, se consideran proyectos de bajo impacto, por lo cual, no requieren estudios de impacto ambiental. En razón de lo indicado, la referida comisión recomendó declarar sin lugar el recurso extraordinario de revisión (Ver imagen 377 a 379).\n\n4-) El 19 de enero de 2021 mediante acuerdo dictado por el Concejo Municipal de Santa Cruz en la Sesión Ordinaria número 03-2021, Artículo 06, Inciso 01, de la fecha recién indicada, se acogió el Dictamen 01-2021 de las 14:00 horas del 12 de enero de 2021 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Asuntos Ambientales en su totalidad; y se acordó: rechazar el recurso extraordinario de revisión presentado y; mantener invariable el acuerdo de la sesión ordinaria 50-2017, artículo 03, inciso 02 del 08 de diciembre de 2017 tomado por el Concejo de Regidores de la Municipalidad de Santa Cruz (Ver imagen 400 a 402).\n\n5-) El 20 de enero de 2021 fue notificado, mediante correo electrónico, el acuerdo dictado por el Concejo Municipal de Santa Cruz en la Sesión Ordinaria número 03-2021, Artículo 06, Inciso 01, del 19 de enero de 2021 (Ver imagen 403).\n\n6-) El 26 de enero de 2021 parte promovente presentó un recurso de apelación contra el acuerdo dictado por el Concejo Municipal de Santa Cruz en la Sesión Ordinaria número 03-2021, Artículo 06, Inciso 01, del 19 de enero de 2021. El recurso planteó como agravios de la resolución impugnada que: la resolución de SETENA-2373-2016 regula que no requiere estudio de impacto ambiental lo relativo a \"reemplazo o cambio de capacidad de carga de redes de distribución eléctrica\", pero no así la instalación de postes eléctricos nuevos donde antes no existían; la resolución SETENA-2373-2016 no determina que la zona en la cual se construyeron los postes ya no era una zona de alta fragilidad, revocando o cambiando lo regulado en el Decreto Ejecutivo número 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2024 y normas conexas, pero especialmente el ANEXO 3; remite al Tribunal a observar la Guía Ambiental para la Construcción aprobada en la Sesión Ordinaria número 0104-2008 del 07 de junio de 2008, publicada en La Gaceta número 154 del 11 de agosto de 2008, artículo 3, inciso 4; los regidores olvidaron observarlo dispuesto en los incisos 1) y 3) del artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, en lo concerniente a los principios preventivo y de objetivación, lo cual lesiona a su vez los numerales 128, 132 y 169 de la Ley General de la Administración Pública para lo cual cita además un extracto de jurisprudencia de la Sala Constitucional; reitera que la Zona Marítimo Terrestre es de especial fragilidad y considera por lo acontecido lesionado el artículo 50 de la Constitución Política. En lo medular cabe indicar que los agravios arriba expresados configuran un resumen de las principales ideas planteadas por el recurso, a partir de los cuales planteó como pretensión  que se estimada con lugar el recurso, se anulara el acuerdo impugnado y se ordenara el retiro de los postes (Ver imagen 404 a 416).\n\n7-) El 18 de marzo de 2021 en acuerdo dictado por el Concejo Municipal de Santa Cruz, en la Sesión Extraordinaria 05-2021, Artículo 04), Inciso 01), celebrada en la fecha indicada remitió el recurso de apelación arriba referido presentado contra el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 03-2021, Artículo 06), inciso 01) celebrada el 19 de enero de 2021 para el conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo como jerarca impropio (Ver imagen 423 a 424).\n\nII-) SOBRE EL CASO CONCRETO:\n\nLa parte promovente presentó una solicitud, que le fue denegada y posteriormente una apelación ante este Tribunal, relacionada con la remoción de unos postes de luz ubicados en la Zona Marítimo Terrestre, conforme se detalla líneas atrás; no obstante, en sentido técnico la parte recurrente no fue capaz plantear agravios que justifiquen estimar con lugar su pretensión recursiva. Ahora bien, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, este Tribunal tiene claro que la resolución impugnada, en su naturaleza de acto administrativo se rige por la presunción de validez (artículo 168 de la LGAP); la cual a su vez tiene como consecuencia jurídica; que el acto administrativo debe ser respetado por la Administración y por el administrado; es decir, no puede desconocerlo y solo puede suprimirse, por el lado de la administración, mediante los distintos procedimientos legalmente establecidos para ello, tales como la revocación (arts. 152 a 156 LGAP), la declaración judicial de lesividad (arts. 183.1 de la LGAP, 10 inciso 5 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA-) y excepcionalmente por la declaratoria de nulidad oficiosa o de pleno derecho en sede administrativa (art. 173 de la Ley General de la Administración Pública –LGAP-). Ahora bien, el acto administrativo, como el que en efecto se apela, puede suprimirse en forma total o parcial, en el contexto de un procedimiento recursivo; para lo cual, al recurrente le corresponde impugnar. Por su parte, las impugnaciones deben tener argumentación solida, toda vez que estos son remedios procesales que permiten corregir los errores de pensamiento de los seres humanos que dan contenido o bien, impulso psico-físico, a las resoluciones dictadas en primera instancia por órganos resolutivos, sea en sede judicial o administrativa. En dicho sentido, dictada una resolución en la primera instancia, la competencia del superior viene dada, principalmente, por varias circunstancias: la primera, que la resolución tenga recurso ante un superior con clara competencia legal o reglamentaria para tal efecto; la segunda, que la impugnación sea presentada dentro del plazo normativamente establecido; y la tercera, la correcta expresión de agravios. Acorde con lo anterior, la competencia o la intervención resolutiva del superior viene dada por correcta expresión de agravios realizada por la parte recurrente. Así las cosas, el recurrente debe objetar lo resuelto, para lo cual, debe hacer un ejercicio similar al órgano resolutivo, es decir, debe motivar y estructurar su pensamiento en el recurso a partir, por ejemplo, de una: inducción, deducción o abducción; o incluso una simple inferencia, para explicar las razones por las cuales la resolución combatida es contraria a derecho. Lo anterior cobra sentido, ya que la parte recurrente, por Principio Dispositivo inclusive, tiene el deber de la debida diligencia fáctica, probatoria y argumentativa, con la cual debe objetar lo resuelto y justificar su variación o anulación. Pero dicho ejercicio, en esta sede, si bien es cierto se rige bajo Principio de Informalismo, no deja de ser una labor técnico-jurídica, o bien procesal que debe realizarse cuidadosamente. En específico, el recurrente debe expresar los agravios correspondientes; es decir, debe plantear con claridad el conjunto de razones por las cuales considera que lo resuelto en primera instancia es contrario a derecho, para que eventualmente, según su pretensión recursiva, pueda variarse o anularse algún contenido de la resolución impugnada. En dicho sentido, sin perjuicio de la informalidad propia de los recursos a lo interno del procedimiento administrativo, no debe olvidar el recurrente, el deber de plantear agravios, según sea el caso; por agravios por lesión a normas procesales como podría ser: la falta de motivación, falta de emplazamientos, nulidad de la notificación, lesión a  principios y normas constitucionales que causen indefensión, entre otros; e igualmente debe plantear el recurrente, cuando así corresponda, agravios por lesión a normas sustantivas, es decir, explicar en el ámbito del derecho: la indebida interpretación, la indebida aplicación o bien la inaplicación del Derecho o precepto jurídico en que ha incurrido la resolución impugnada (conforme lo dicho, el recurso debe expresar y demostrar que la resolución impugnada comete mal praxis en el ejercicio metodológico de interpretar y aplicar la ley al caso concreto); y en el ámbito probatorio, debe argumentar y demostrar con claridad; las pruebas que han recibido un indebido valor, las pruebas omitidas, o bien, acusar la utilización de pruebas ilícitas (conforme se explica, el recurrente debe enfocarse entre otros, en manifestar y evidenciar, la eventual ilicitud de la prueba, o bien los problemas del órgano resolutivo a la hora de valorar las pruebas en el contexto de la sana crítica o de cualquier otro modelo de valoración probatoria). En ambos casos, de agravios por lesión a normas procesales o sustantivas, el recurrente debe argumentar y evidenciar el error del órgano resolutivo, el daño o agravio causado al recurrente; y la necesaria pretensión procesal de modificación o anulación de lo resuelto, ante el órgano de alzada. Adicional a lo indicado, vale destacar que el recurrente plantea como agravios: 1) La resolución de SETENA-2373-2016 regula que no requiere estudio de impacto ambiental lo relativo a \"reemplazo o cambio de capacidad de carga de redes de distribución eléctrica\", pero no así la instalación de postes eléctricos nuevos donde antes no existían; no obstante lo indicado, la parte promovente si bien se enfoca en diferencias semánticas, entre lo que se puede entender como un reemplazo y una instalación eléctrica nueva; lo cierto del caso es que tampoco invoca ante este Tribunal la existencia de una norma que prohíba la instalación de postes de electricidad en la zona en conflicto; ni tampoco que exista la norma por ejemplo que tal instalación eléctrica tenga como requisito un tipo especial de estudio de impacto ambiental. Sobre en este punto en particular, es importante destacar que uno de los principales reproches del recurrente lo fue la supuesta contaminación lumínica, no obstante, consta en el hecho probado 2) que los postes en la zona de conflicto no tienen lámpara; 2) la resolución SETENA-2373-2016 no determina que la zona en la cual se construyeron los postes ya no era una zona de alta fragilidad, revocando o cambiando lo regulado en el Decreto Ejecutivo número 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2024 y normas conexas, pero especialmente el ANEXO 3; no obstante lo indicado el agravio en términos jurídicos no deja de ser simplemente una manifestación semántica, por cuanto, no acredita el recurrente la existencia de una norma que obligue al Gobierno Local a realizar un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto en cuestión de haber instalado en el año 2017 postes de luz en la Zona Marítimo Terrestre, en el contexto además que el recurrente remite a un Decreto Ejecutivo y \"otras normas\" y anexos, sin citar normas y sin fundamentar fáctica, probatoria y jurídicamente, como se lesionan dichas normas; por lo cual ciertamente se puede concluir que no hay agravio alguno planteado en forma técnica; 3) remite al Tribunal a observar la Guía Ambiental para la Construcción aprobada en la Sesión Ordinaria número 0104-2008 del 07 de junio de 2008, publicada en La Gaceta número 154 del 11 de agosto de 2008, artículo 3, inciso 4; los regidores olvidaron observarlo dispuesto en los incisos 1) y 3) del artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, en lo concerniente a los principios preventivo y de objetivación, lo cual lesiona a su vez los numerales 128, 132 y 169 de la Ley General de la Administración Pública para lo cual cita además un extracto de jurisprudencia de la Sala Constitucional; reitera que la Zona Marítimo Terrestre es de especial fragilidad y considera por lo acontecido lesionado el artículo 50 de la Constitución Política; no obstante en igual sentido de lo  explicado en el agravio anterior, no es suficiente, ni técnicamente admisible que el recurrente acuse ante el Tribunal una situación con considera contraria a derecho en su recurso y remita al Tribunal a normativa específica, para que sea el Tribunal el que saque sus conclusiones, todo lo contrario; es el recurrente el que debe más bien plantear un agravio, citar la normativa infringida, evidenciar hechos, aportar pruebas y argumentos para entender que en la realidad material se omitió algún tipo de permiso o estudio de impacto ambiental; pero no como se planteó, que el recurrente remite al Tribunal a la lectura de normas sin el planteamiento técnico de un agravio, conforme se lo exige la técnica procesal. Acorde con lo anterior, en presencia de manifestaciones subjetivas en el recurso y no así de agravios expresados a nivel técnico, jurídico y procesal, se debe estimar sin lugar el recurso, para lo cual tiene el recurrente agotada la vía administrativa en caso que desee ejercer defensa y tutela de los derechos que considere lesionados.-\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso de apelación intentado. Se da por agotada la vía administrativa. Notificar a las partes al medio señalado. Área de Jerarquía Impropia Municipal.\n\n \n\n\t\n\n\n\nLO47KCCMVNOE61\nLUIS ARTURO POLINARIS VIVES - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\nM9NTRRQMJM461\nYETTY PATRICIA HERNÁNDEZ ORIAS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nJSSTQO434747TC61\nKARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 23-001306-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:29:11.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE:\n\n23-001306-1027-CA - 9\n\nPROCEEDING:\n\nIMPROPER HIERARCHY (Municipal)\n\nPLAINTIFF:\n\nDANY ALBERTO VILLALOBOS VILLALOBOS\n\nDEFENDANT:\n\nMUNICIPALITY OF SANTA CRUZ\n\nNo. 2024004780\n\nCONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eleven hours and fifty-three minutes on the twenty-fourth of July two thousand twenty-four.-\n\nThe Contentious-Administrative Tribunal, acting as Municipal Improper Hierarch, hears an Appeal (Recurso de Apelación) filed by Dany Alberto Villalobos Villalobos, identification number 2-0643-0273, representing and on behalf of the Costa Rican Federation for Environmental Conservation (Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente), legal identification number 3-002-116993, against the agreement from ordinary session 50-2017, article 03, subsection 02 of December 8, 2017, taken by the Municipal Council (Concejo de Regidores) of the Municipality of Santa Cruz.\n\nCONSIDERING (CONSIDERANDO):\n\nI-) PROVEN FACTS OF PROCEDURAL INTEREST:\n\n1-) On July 22, 2020, the moving party filed an extraordinary review appeal (recurso extraordinario de revisión) against the agreement indicated above, considering that there are defects of absolute nullity in the construction permit for electric lighting poles on the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), particularly, at Playa el Coco de Marbella, hereinafter, the conflict zone. In the appeal, the moving party understands the grievances (agravios) as: that turtles nest in the indicated zone; that light pollution (contaminación lumínica) affects the natural nesting process; that the challenged agreement has no technical basis or environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) pursuant to article 16 and 160 of Law 6227, regarding light, electromagnetic, and other pollution that may affect the natural turtle nesting process; which permeates the challenged agreement with nullity. Finally, the appeal's claim consists of: declaring the nullity of the referenced agreement; removing the light posts in the conflict zone because they were installed without environmental impact studies; and disconnecting the lights of the mentioned posts within 24 hours after the appeal is resolved (See image 348 to 355).\n\n2-) On January 8, 2021, the Environmental Management Department (Departamento de Gestión Ambiental) of the Municipality of Santa Cruz, in official communication DGA-0020-2020 (sic), certified that the electric load distribution poles in the conflict zone do not have lamps (See image 374 to 376).\n\n3-) On January 12, 2021, the Permanent Commission on Legal and Environmental Affairs (Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Asuntos Ambientales), in Opinion 01-2021 of 14:00 hours on January 12, 2021, regarding the referenced extraordinary review appeal, indicated that: the poles built in the zone do not have lamps, therefore it maintains that there is no presence of light pollution; resolution 2373-2016 SETENA of 15:00 hours on December 21, 2016, determines that the replacement or change in load capacity of electric distribution networks is considered a low-impact project, and therefore, does not require environmental impact studies. Based on the foregoing, the referenced commission recommended dismissing (declarar sin lugar) the extraordinary review appeal (See image 377 to 379).\n\n4-) On January 19, 2021, by agreement issued by the Municipal Council of Santa Cruz in Ordinary Session number 03-2021, Article 06, Subsection 01, of the date just indicated, Opinion 01-2021 of 14:00 hours on January 12, 2021, of the Permanent Commission on Legal and Environmental Affairs was accepted in its entirety; and it was agreed: to reject the extraordinary review appeal filed and; to keep unaltered the agreement from ordinary session 50-2017, article 03, subsection 02 of December 8, 2017, taken by the Municipal Council of the Municipality of Santa Cruz (See image 400 to 402).\n\n5-) On January 20, 2021, the agreement issued by the Municipal Council of Santa Cruz in Ordinary Session number 03-2021, Article 06, Subsection 01, of January 19, 2021, was notified by email (See image 403).\n\n6-) On January 26, 2021, the moving party filed an appeal against the agreement issued by the Municipal Council of Santa Cruz in Ordinary Session number 03-2021, Article 06, Subsection 01, of January 19, 2021. The appeal raised as grievances against the challenged resolution that: resolution SETENA-2373-2016 regulates that matters concerning \"replacement or change in load capacity of electric distribution networks\" do not require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), but not so the installation of new electric poles where none existed before; resolution SETENA-2373-2016 does not determine that the zone in which the poles were built was no longer a zone of high fragility, revoking or changing what is regulated in Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2024, and related regulations, but especially ANNEX 3; it refers the Tribunal to observe the Environmental Guide for Construction (Guía Ambiental para la Construcción) approved in Ordinary Session number 0104-2008 of June 7, 2008, published in La Gaceta number 154 of August 11, 2008, article 3, subsection 4; the council members forgot to observe the provisions of subsections 1) and 3) of article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), concerning the preventive and objectification principles (principios preventivo y de objetivación), which in turn injures numerals 128, 132, and 169 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), for which it also cites an excerpt of jurisprudence from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional); it reiterates that the Maritime Terrestrial Zone is of special fragility and considers article 50 of the Political Constitution (Constitución Política) injured by what has occurred. At its core, it should be noted that the grievances expressed above constitute a summary of the main ideas raised by the appeal, from which it raised as a claim that the appeal be granted (estimada con lugar), the challenged agreement be annulled, and the removal of the poles be ordered (See image 404 to 416).\n\n7-) On March 18, 2021, by agreement issued by the Municipal Council of Santa Cruz, in Extraordinary Session 05-2021, Article 04), Subsection 01), held on the indicated date, it referred the above-referenced appeal filed against the agreement taken in Ordinary Session 03-2021, Article 06), subsection 01) held on January 19, 2021, for the cognizance of the Contentious-Administrative Tribunal as improper hierarch (jerarca impropio) (See image 423 to 424).\n\nII-) ON THE SPECIFIC CASE:\n\nThe moving party filed a request, which was denied, and subsequently an appeal before this Tribunal, related to the removal of some light poles located in the Maritime Terrestrial Zone, as detailed above; however, in a technical sense, the appellant was unable to raise grievances that justify granting its appeal claim. Now, without prejudice to what will be said later, this Tribunal is clear that the challenged resolution, in its nature as an administrative act, is governed by the presumption of validity (article 168 of the LGAP); which in turn has the legal consequence that the administrative act must be respected by the Administration and by the administered party; that is, it cannot be disregarded and can only be suppressed, on the Administration's side, through the various legally established procedures for this, such as revocation (arts. 152 to 156 LGAP), the judicial declaration of lesivity (declaración judicial de lesividad) (arts. 183.1 of the LGAP, 10 subsection 5 and 34 of the Contentious-Administrative Procedural Code –CPCA-), and exceptionally by the declaration of ex officio or ipso jure nullity in administrative headquarters (art. 173 of the General Law of Public Administration –LGAP-). Now, the administrative act, such as the one being appealed here, can be suppressed totally or partially, in the context of an appellate procedure; for which, the appellant must challenge it. For their part, challenges must have solid argumentation, since these are procedural remedies that allow correcting the thinking errors of the human beings who give content or psycho-physical impulse to the resolutions issued in the first instance by decision-making bodies, whether in judicial or administrative headquarters. In this sense, once a resolution is issued in the first instance, the superior's competence is given mainly by several circumstances: first, that the resolution has an appeal before a superior with clear legal or regulatory competence for that purpose; second, that the challenge is filed within the normatively established term; and third, the correct expression of grievances. In accordance with the foregoing, the competence or decisional intervention of the superior is given by the correct expression of grievances made by the appellant. Thus, the appellant must object to what was resolved, for which they must perform an exercise similar to the decision-making body, that is, they must motivate and structure their thinking in the appeal based on, for example, an: induction, deduction, or abduction; or even a simple inference, to explain the reasons why the contested resolution is contrary to law. The foregoing makes sense, since the appellant, even by the Dispositive Principle (Principio Dispositivo), has the duty of due factual, evidentiary, and argumentative diligence, with which they must object to what was resolved and justify its variation or annulment. But this exercise, in this venue, although it is true that it is governed by the Principle of Informalism (Principio de Informalismo), does not cease to be a technical-legal or procedural task that must be performed carefully. Specifically, the appellant must express the corresponding grievances; that is, they must clearly state the set of reasons why they consider that what was resolved in the first instance is contrary to law, so that eventually, according to their appeal claim, some content of the challenged resolution may be varied or annulled. In this sense, without prejudice to the informality inherent in appeals within the administrative procedure, the appellant must not forget the duty to raise grievances, as the case may be; for grievances due to injury to procedural rules such as: lack of motivation, lack of summons, nullity of notification, injury to constitutional principles and rules causing defenselessness, among others; and equally, the appellant must raise, when appropriate, grievances due to injury to substantive rules, that is, explain in the legal field: the improper interpretation, improper application, or non-application of the Law or legal precept incurred by the challenged resolution (as stated, the appeal must express and demonstrate that the challenged resolution commits malpractice in the methodological exercise of interpreting and applying the law to the specific case); and in the evidentiary field, they must clearly argue and demonstrate: the evidence that has received improper value, the omitted evidence, or denounce the use of illicit evidence (as explained, the appellant must focus, among other things, on manifesting and evidencing the eventual illicitness of the evidence, or the problems of the decision-making body when evaluating the evidence in the context of sound criticism (sana crítica) or any other evidentiary evaluation model). In both cases, of grievances due to injury to procedural or substantive rules, the appellant must argue and evidence the error of the decision-making body, the harm or grievance caused to the appellant; and the necessary procedural claim for modification or annulment of what was resolved, before the appellate body. In addition to the foregoing, it is worth noting that the appellant raises as grievances: 1) Resolution SETENA-2373-2016 regulates that matters concerning \"replacement or change in load capacity of electric distribution networks\" do not require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), but not so the installation of new electric poles where none existed before; despite the foregoing, the moving party, although focusing on semantic differences between what can be understood as a replacement and a new electrical installation; the truth of the matter is that it also does not invoke before this Tribunal the existence of a rule prohibiting the installation of electricity poles in the conflict zone; nor that there exists a rule, for example, that such electrical installation requires a special type of environmental impact assessment. Regarding this particular point, it is important to highlight that one of the appellant's main reproaches was the alleged light pollution, however, it is recorded in proven fact 2) that the poles in the conflict zone do not have a lamp; 2) resolution SETENA-2373-2016 does not determine that the zone in which the poles were built was no longer a zone of high fragility, revoking or changing what is regulated in Executive Decree number 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2024, and related regulations, but especially ANNEX 3; despite the foregoing, the grievance in legal terms does not cease to be simply a semantic manifestation, since the appellant does not prove the existence of a rule that obliges the Local Government to carry out an environmental impact assessment on the project in question for having installed light poles in the Maritime Terrestrial Zone in 2017, in the context also that the appellant refers to an Executive Decree and \"other regulations\" and annexes, without citing rules and without substantiating factually, evidentially, and legally how said rules are injured; therefore, it can certainly be concluded that there is no grievance whatsoever raised in a technical manner; 3) it refers the Tribunal to observe the Environmental Guide for Construction approved in Ordinary Session number 0104-2008 of June 7, 2008, published in La Gaceta number 154 of August 11, 2008, article 3, subsection 4; the council members forgot to observe the provisions of subsections 1) and 3) of article 11 of the Biodiversity Law, concerning the preventive and objectification principles, which in turn injures numerals 128, 132, and 169 of the General Law of Public Administration, for which it also cites an excerpt of jurisprudence from the Constitutional Chamber; it reiterates that the Maritime Terrestrial Zone is of special fragility and considers article 50 of the Political Constitution injured by what has occurred; however, in the same sense as explained in the previous grievance, it is not sufficient, nor technically admissible, for the appellant to accuse before the Tribunal a situation it considers contrary to law in its appeal and to refer the Tribunal to specific regulations, so that the Tribunal may draw its conclusions; quite the opposite; it is the appellant who must rather raise a grievance, cite the infringed regulation, evidence facts, provide evidence and arguments to understand that in material reality some type of permit or environmental impact assessment was omitted; but not as was raised, where the appellant refers the Tribunal to the reading of rules without the technical formulation of a grievance, as required by procedural technique. In accordance with the foregoing, in the presence of subjective manifestations in the appeal and not grievances expressed on a technical, legal, and procedural level, the appeal must be dismissed, for which the appellant has exhausted the administrative channel (vía administrativa) in case they wish to exercise defense and protection of the rights they consider injured.-\n\nTHEREFORE (POR TANTO):\n\nThe appeal filed is dismissed (se declara sin lugar). The administrative channel is deemed exhausted. Notify the parties at the indicated medium. Municipal Improper Hierarchy Area.\n\nLUIS ARTURO POLINARIS VIVES - DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)\n\nYETTY PATRICIA HERNÁNDEZ ORIAS - DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)\n\nKARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)\n\nEXP: 23-001306-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:29:11.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ of the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de la República)"
}