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  "id": "nexus-sen-1-0034-1249281",
  "citation": "Res. 00802-2024 Tribunal Agrario",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Anulación de sentencia sobre liquidación de estado posesorio por falta de fundamentación",
  "title_en": "Annulment of judgment on possessory state liquidation for lack of reasoning",
  "summary_es": "La actora Gladis Oporta Arista interpuso un proceso ordinario agrario contra el Banco Nacional de Costa Rica y Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve HA SRL, solicitando la prescripción positiva (usucapión especial agraria) sobre una porción del inmueble del partido de Limón, o en subsidio, el pago de mejoras y el derecho de retención. El Juzgado Agrario declaró parcialmente con lugar la demanda, reconociendo únicamente las mejoras útiles y necesarias con derecho de retención a favor de la actora, pese a haber declarado la demanda improponible en cuanto a la usucapión y haber constatado mala fe de la demandante. Ambas partes apelaron. El Tribunal Agrario anula la sentencia por vicios de fundamentación en lo relativo a la liquidación del estado posesorio. Estima que la sentencia omitió identificar y razonar sobre las mejoras, su naturaleza, los efectos de la buena o mala fe en el régimen de mejoras y el derecho de retención, y no valoró la vivienda ni otros elementos probatorios, lo que genera indefensión y dificulta la ejecución. Se ordena dictar nueva sentencia cumpliendo con los deberes de motivación y congruencia.",
  "summary_en": "Plaintiff Gladis Oporta Arista filed an ordinary agrarian proceeding against Banco Nacional de Costa Rica and Finca Dos Ríos Three Hundred Twenty-Nine HA LLC, seeking positive prescription (special agrarian adverse possession) over a portion of a Limón district property, or alternatively, payment for improvements and a right of retention. The Agrarian Court partially granted the claim, recognizing only useful and necessary improvements with a right of retention in favor of the plaintiff, despite having declared the main claim unallowable and having found bad faith on her part. Both parties appealed. The Agrarian Tribunal annuls the judgment due to defective reasoning regarding the possessory state liquidation. It finds the judgment failed to identify and reason about the improvements, their nature, the effects of good or bad faith on the improvements regime and right of retention, and did not assess the dwelling or other evidence, causing defenselessness and complicating enforcement. A new judgment must be issued complying with the duties of reasoning and consistency.",
  "court_or_agency": "Tribunal Agrario",
  "date": "16/08/2024",
  "year": "2024",
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    "usucapión especial agraria",
    "liquidación de estado posesorio",
    "mejoras útiles y necesarias",
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    "Ley de Jurisdicción Agraria artículo 26"
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    "usucapión especial agraria",
    "liquidación de estado posesorio",
    "mejoras",
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  "keywords_en": [
    "special agrarian adverse possession",
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    "bad faith",
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    "Agrarian Tribunal",
    "agrarian property"
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  "excerpt_es": "“IX- En uso de las facultades del ordinal 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria y su artículo 54 ha de anularse la sentencia apelada. A fin de que sea emitida nuevamente en cumplimiento de las reglas de la correcta fundamentación y valoración probatoria. Además de la correcta aplicación de los institutos jurídicos aplicables al proceso, acorde con las pretensiones y objeto del proceso. \n\n POR TANTO\n\nSe anula la sentencia número 2023000335...”",
  "excerpt_en": "“IX- Using the powers of article 26 of the Agrarian Jurisdiction Law and its article 54, the appealed judgment must be annulled. So that a new one is issued in compliance with the rules of proper reasoning and evidentiary assessment. In addition to the correct application of the legal institutions applicable to the process, in accordance with the claims and purpose of the process. \n\n THEREFORE\n\nJudgment number 2023000335 is annulled...”",
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    "label_en": "Judgment annulled",
    "label_es": "Anulación de sentencia",
    "summary_en": "The Agrarian Tribunal annuls the first-instance judgment due to defective reasoning on the possessory state liquidation, ordering a new resolution that complies with the duties of motivation, consistency, and proper evidentiary assessment.",
    "summary_es": "El Tribunal Agrario anula la sentencia de primera instancia por vicios de fundamentación en la liquidación del estado posesorio, ordenando dictar una nueva resolución que cumpla con los deberes de motivación, congruencia y adecuada valoración probatoria."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando VIII",
      "quote_en": "“Under these circumstances, pursuant to article 26 of the Agrarian Jurisdiction Law, there are omissions that violate the right of defense and adversarial proceedings of the co-defendant in the resolution of the plaintiff’s possessory state liquidation, which warrants declaring the nullity of the appealed judgment...”",
      "quote_es": "“Bajo estas circunstancias, al tenor del ordinal 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, existen omisiones que transgreden el derecho de defensa y contradictorio de la parte codemandada en la resolución de la liquidación del estado posesorio de la parte actora que amerita el dictado de la nulidad de la sentencia venida en alzada...”"
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    {
      "context": "Considerando VIII",
      "quote_en": "“The resolution lacks in its reasoning section any analysis of what is considered an improvement, its type, the effects of good and bad faith in that institution, and the effects thereof on the right of retention.”",
      "quote_es": "“La resolución carece en la parte considerativa de un razonamiento sobre lo que se estima es mejora, su especie, los efectos de buena y mala fe en tal instituto y los efectos de lo anterior en el derecho de retención.”"
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    {
      "context": "Considerando VIII",
      "quote_en": "“For this Chamber, the reasoning causes defenselessness due to an inconsistency between what was requested and what was denied on the cited grounds. Because the institution of improvements and accessions requires a study of the conditions under which the building was constructed...”",
      "quote_es": "“Para esta Cámara la fundamentación produce indefensión debido a una incongruencia entre lo solicitado y lo denegado por la causa citada. Pues el instituto de mejoras y accesiones requiere el estudio de las condiciones en que se edificó...”"
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1249281",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00802 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 16 de Agosto del 2024 a las 11:46\n\nExpediente: 18-000018-0507-AG\n\nRedactado por: María Rosa Castro García\n\nClase de asunto: Proceso ordinario\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\nSentencias del mismo expediente\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n18-000018-0507-AG - 0\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nORDINARIO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nGLADIS MARINA OPORTA ARISTA\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nBANCO NACIONAL DE COSTA RICA\n\n \n\n   \n\nVOTO N°  N° 2024000802\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las once horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro.-\n\n PROCESO ORDINARIO interpuesto por GLADIS APORTA ARISTA, mayor, soltera, agricultora, vecina de Guácimo, cédula de identidad número dos - cuatrocientos cinco - quinientos diecisiete; contra BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, cédula jurídica cuatro - cero cero cero - mil veintiuno, representado por su apoderado general judicial  sin límite de suma Alejandro Gómez Picado, cédula de identidad número uno - quinientos dieciséis - ciento cincuenta y cinco;  y FINCA DOS RÍOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE HA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica tres - ciento dos - setecientos cincuenta y nueve mil setecientos veintiocho, representada por sus gerentes José Mauricio Rojas Araya, cédula de identidad número uno - mil cuatrocientos ochenta y uno - cero cero ocho y Mauricio Rojas Cascante, cédula de identidad número uno - seiscientos diez - trescientos setenta y nueve. Interviene como parte interesada el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica cuatro - cero cero cero - cero cuatro dos uno cuatro tres - once, representado por su asesor legal el licenciado Manuel Rojas Sanabria, colegiado veinte mil doscientos cincuenta y cinco. Actúa como apoderado especial judicial de la parte actora el licenciado Edgar Rodríguez Ramírez, cédula de identidad cinco - doscientos dos - cuatrocientos cuarenta y ocho, carné catorce mil seiscientos veintidós. El proceso es tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.\n\n Resuelve la jueza Castro García, y;\n\n  CONSIDERANDO\n\n I.- Demanda. La señora Gladis Oporta Arista, plantea proceso ordinario, solicitando que en sentencia se declare lo siguiente: Principales: \"1) Que se acoja y aplique la medida cautelar solicitada. 2) Una vez dictada la sentencia correspondiente se ordene protocolizar piezas a efecto de inscribir en el Registro Nacional, Sección Propiedades, a nombre de mi poderdante las áreas que posee y ocupa desde hace más de dieciocho años en el inmueble en conflicto. 3) Que de conformidad con el artículo 328 siguientes y concordantes del Código Civil, se obligue a la accionada al pago del valor de las mejoras introducidas en el inmueble, que ya fueron descritas en la Pretensión de Liquidación de Estado Posesorio que en forma subsidiaria se interpone\". Subsidiarias: \"4) Que, de conformidad con la legislación vigente y la jurisprudencia, para que de manera subsidiaria se me conceda el derecho a retener bajo mi poder las mejoras y el inmueble en conflicto, hasta que dichas mejoras más los gastos me sean canceladas en su totalidad, conforme la estimación y avalúo que haya determinado el perito, de igual forma se me cancele el mantenimiento dado al inmueble por todos los dieciocho años. 5) Solicito se condene en costas procesales y personales a la parte demandada; es decir al Banco Nacional de Costa Rica\" (05/02/2018 11:00:07). - Asimismo la parte actora amplió pretensiones solicitando lo   siguiente: \"Principales: 1) Con lugar en todos sus extremos el presente proceso de prescripción positiva. 2) Que una vez dictada la sentencia correspondiente se ordene protocolizar piezas a efecto de poder inscribir en el Registro Nacional, Sección Propiedades, a nombre de mi poderdante el área que posee y ocupa desde hace más de dieciocho años en el   inmueble en conflicto. 3) Solicito se condene en costas procesales y personales a la parte demandada, más los intereses de las costas hasta la efectiva cancelación. 4) Solicito se condene al pago de las costas e intereses sobre las liquidaciones futuras de costas e intereses. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS O ACCESORIAS: 1) Que de conformidad con el artículo 328 siguientes y concordantes del Código Civil, se obligue a la accionada al pago del valor de las mejoras introducidas en el inmueble, que ya fueron descritas en la pretensión de la liquidación del estado posesorio que en forma subsidiaria se interpuso. 2) Que, de conformidad con la legislación vigente y la jurisprudencia, para que de manera subsidiaria se me conceda el derecho a retener bajo mi poder las mejoras y el inmueble en conflicto, hasta que dichas mejoras me sean canceladas en su totalidad, conforme la estimación y avalúo que haya determinado el perito; de igual forma se me cancele el mantenimiento dado al inmueble por todos los dieciocho años. 3) Solicito se concede en costas procesales y personales a la parte demandada, más los intereses de las costas hasta la efectiva cancelación. 4) Solicito se condene al pago de las costas e intereses sobre las liquidaciones futuras de costas e intereses (14/02/2018 06:10:36) 2. Contestaciones. El Banco Nacional de Costa Rica contestó la demanda incoada en su contra de forma negativa e interpuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva, (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Guápiles, escrito incorporado el 29/09/2020 01:15:08).  La sociedad Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve HA Sociedad de Responsabilidad Limitada, no contestó la demanda interpuesta en su contra, por lo que el Juzgado Agrario de Guápiles la declaró rebelde en resolución de las quince horas cuarenta y seis minutos del cinco de octubre de dos mil veinte (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Guápiles resolución incorporada el 05/10/2020 15:46:42).\n\n II.-  El Juez José Armando Gómez Castillo, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, en  sentencia numero 2023000335, de las  veinte horas y cero minutos del veintiocho de junio del dos mil veintitrés, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con las jurisprudencias mencionadas y los artículos 41, 50, 74 de la  Constitución Política; 92, 94, 101 de la Ley de Tierras y Colonización; 6, 26, 38, 54, 55, 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria; 35.5.1, 35.5.2, 35.5.3, 35.5.4, 35.5.9 del Código Procesal Civil; y, 20, 21, 285, 330, 853, 855, 856, 860 del Código Civil, procedo a DECLARAR CON LUGAR la solicitud de improponibilidad de demanda realizada por la sociedad codemandada en cuanto a las pretensiones principales de la demanda, pero, en virtud de lo estatuido en el ordinal 330 del código civil, declaro PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda ordinaria por usucapión especial agraria establecida por GLADIS OPORTA ARISTA en contra del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA representado por su apoderada general judicial Grace María Vargas Rojas, y, FINCA DOS RÍOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE HA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA representada por su gerente 01 Mauricio Rojas Cascante, digo parcialmente con lugar porque concedo únicamente las pretensiones subsidiarias en el siguiente sentido: 1) Se obliga a la Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve HA Sociedad de Responsabilidad Limitada al pago del valor de las mejoras útiles y necesarias introducidas por la actora en el área del inmueble reclamada. En caso contrario, bajo el supuesto de que la actora pueda retirarlas, se le ordena hacerlo sin realizar detrimento del área donde se encuentran. 2) En virtud de lo otorgado en el punto anterior, únicamente se concede el derecho de retención por las mejoras necesarias realizadas, lo anterior dada la mala fe comprobada con la que actuó la actora, eso sí, deberá de previo iniciarse el correspondiente trámite de ejecución de sentencia. Lo que no está expresamente consignado, entiéndase por no concedido. Por la forma en la que se resuelve este asunto, se exonera del pago de ambas costas a las partes. Se les hace saber a las partes el derecho que les asiste de recurrir este fallo en caso de inconformidad. NOTIFÍQUESE\", (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, documentos asociados, sentencia de primera instancia incorporada el 28/06/2023 20:00:34).\n\n III.- Apelaciones.  Se recurre la sentencia N° 2023000335 de las veinte horas y cero minutos del veintiocho de junio del dos mil veintitrés.  El Banco Nacional de Costa Rica interpone apelación con nulidad concomitante, que se conoce en virtud del voto N° 2023000727 de este Tribunal de las diez horas veinticinco minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés que lo admitió. En los reclamos del recurso se exponen: a) Falta de fundamentación de la sentencia, incongruencia, violación al artículo 61 del Código Procesal Civil y 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. La sentencia incurre en incongruencia entre lo resuelto en el considerando V, donde se acogen las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación en su modo activo y pasivo a favor del Banco Nacional de Costa Rica, y en la parte dispositiva se declara sin lugar la demanda contra la entidad bancaria. Invoca el artículo 61. 3 y 4  del Código Procesal Civil en cuanto la estructura y contenido de las sentencias ya argumenta las sentencias deben contener un análisis de las cuestiones de fondo fijadas por las partes, con las razones y citas de doctrina y leyes que se consideren aplicables, siendo que la sentencia emitida no resulta clara conforme lo expuesto en el considerando antes citado y lo que indica sin concretar en la parte dispositiva, sobre todo para tener claridad en cuanto a las impugnaciones que correspondan.  Señala, a pesar de que el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria establece el sistema de análisis de la prueba a conciencia y sin sujeción a las normas del derecho común, existe el deber de expresar de forma razonada, clara, concreta y suficiente, los motivos sobre los cuales dicta la sentencia, que la declara sin lugar respecto al Banco y así debe ser decretado en la parte dispositiva. Estima infundada la sentencia respecto a la codemandada Banco Nacional de Costa Rica y debe ser razonado adecuadamente el fallo y cita extracto de la sentencia 739-2007 de la Sala Constitucional al respecto.  Considera, surge incertidumbre al no existir claridad respecto al Banco codemandado, que queda en estado de indefensión a causa de la incongruencia señalada. Reseña surge contradicción entre los hechos demostrados, el razonamiento del considerando V y lo dispuesto en la parte dispositiva de la sentencia. Lo indicado en el considerando no guarda relación con lo ordenado en la parte resolutiva, lo cual constituye un vicio que debe ser corregido. Por lo que solicita la nulidad parcial de la sentencia recurrida, a fin de garantizar la debida motivación y congruencia de la misma que evite su indefensión. b) Costas. Se combate, no existe fundamentación jurídica en la exoneración de costas a la actora contenida en la sentencia recurrida. Que es contrario al haberse acogida las excepciones interpuestas por el Banco codemandado. Omisión que transgrede el deber de motivar las decisiones, que consecuentemente viola el derecho de defensa y debido proceso. Arguye, el deber de motivación de las decisiones es garantía del derecho de apelar de las partes y asegura la confianza en la función de la administración de justicia al mostrar el ejercicio de la competencia judicial fundado en el ordenamiento jurídico. Esgrime, Ley de la Jurisdicción Agraria en su ordinal 55 y el Código Procesal Civil en sus artículos 73.1 y 73.2, establecen la obligación en sentencia del pronunciamiento de las costas, lo que se omite en esta sentencia. Razona, debe ser considerado que el Banco codemandado ha incurrido gastos para el ejercicio del derecho de defensa para ejercer su defensa: honorarios de abogado, tiempo de asistencia a audiencias, desplazamientos a los Tribunales de Justicia y a la finca en litis. Que deben ser reconocidos para resolver sobre las costas. Se faculta a la parte recurrente para ejercer el cobro de estas, según al efecto se disponga. Argumenta, la demanda en su contra le obligó a enfrentar este proceso donde las partes discutieron tratativas, incluso de orden privado, en las que este Banco no tuvo participación. Motivo suficiente para el reconocimiento de costas del proceso a su favor. Señala que en la sentencia al referirse a las pretensiones que concede en el punto “2)” indica: “dada la mala fe comprobada con la que actuó la actora”, y resultando la buena fe un requisito fundamental para que opere la exoneración en costas. Pide, sea acogida la solicitud de condenatoria en costas, debido a la falta de fundamentación. (imagen 863 a 868 expediente modo pdf).\n\n IV- Apelación con nulidad concomitante de Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve HA Sociedad de Responsabilidad Limitada.  Reclaman como reproches recursivos: a) Incongruencia en el otorgamiento de mejoras y accesiones a pesar de la denegatoria de la demanda. Se concluyó que la accionante no ingresó a la finca por un estado de necesidad económica o precariedad, sino con la intención de retener el inmueble para obtener compensación por las mejoras introducidas. Conclusión coherente con el voto 2427-2020 de la Sala Primera, que declaró sin lugar una demanda anterior sobre la misma finca, evidenciando la mala fe de la accionante. Por lo que ha de revocarse los puntos 1 y 2 de la resolución impugnada, declarando la improcedencia de la usucapión especial agraria y aplicando erróneamente las normas sustantivas, específicamente el artículo 329 del Código Civil. Para evitar un enriquecimiento sin causa a favor de la accionante, que incumplió con la demostración de los presupuestos de la acción interpuesta. Expone, se acoge en sentencia de fondo la excepción de demanda improponible que se interpusiera por su parte (cuadro 607 expediente modo PDF) acorde con los puntos 1, 2, 5 y 9 del artículo 35.5 del Código Procesal Civil. No obstante, lo anterior, de forma incongruente se conceden parcialmente las pretensiones subsidiarias primera y segunda (mejoras retención y exoneración del pago de costas). Sin que exista coherencia lo decidido con el incumplimiento comprobado de la actora de los presupuestos de la acción para acceder a tales pretensiones que se le reconocen en sentencia. Procede a citar extractos del considerando IV, V y el hecho probado cuarto, referidos a la falta de prueba de acreditación de presupuestos de la usucapión especial agraria (falta de prueba de estado de necesidad, origen de la ocupación y condición de la posesión de la actora).  b) Mala Fe evidente y Fraude.  Se reseña sobre la manipulación de hechos de actora Gladys Oporta Arista, respecto a su relación laboral para la sociedad demandada Compañía Bananera Dos Ríos HA SRL., que fuera anterior dueña registral de la finca en litis. Cuya respuesta es esencial para determinar la aplicación de las normas de usucapión agraria o usucapión especial agraria, según corresponda. En relación con lo anterior surgen incongruencias, pues aún y cuando tácitamente se niegue en este proceso que la actora haya trabajado para la sociedad codemandada, en documentos presentados ante instituciones públicas por su parte, donde se piden beneficios, afirma expresamente haber laborado allí y no haber recibido el pago de sus extremos laborales. Agrega, a pesar de que en autos no existe evidencia que acredite su trabajo para esa sociedad, los documentos firmados por su parte deben considerarse legítimos y verídicos hasta que se demuestre lo contrario. Expone, la sentencia establece la inaplicabilidad de la usucapión especial agraria o usucapión agraria, por ser una pretensión contraria al ordenamiento jurídico, se por lo que ha de revocarse lo concedido por errónea aplicación de la norma sustantiva del artículo 330 del Código Civil, pues debió aplicarse correctamente el ordinal 329 Ibídem. No se deben reconocer mejoras, accesiones ni la exoneración de costas procesales y personales. Se expone, se probó en el fallo judicial apelado la improcedencia de la usucapión especial agraria por no acreditarse el ingreso a la finca, el arraigo a la parcela, la ocupación en precario, el plazo mínimo de 10 años que exige artículo 860 del Código Civil. Adicionalmente, en sentencia apelada se concluyó que la accionante no ingresó a la finca por un estado de necesidad alimentaria o económica, sino con la intención de retener el inmueble para obtener una compensación por las mejoras introducidas. Lo que es congruente con el voto 2427-2020 de la Sala Primera citado, que declaró sin lugar una demanda anterior sobre la misma finca, al verificarse la mala fe de la accionante. En virtud de los argumentos expuestos, se solicita revocar los puntos 1 y 2 de la resolución impugnada y, en su lugar, declarar la improcedencia de la usucapión especial agraria y la errónea aplicación de normas sustantiva, al proceder aplicar el artículo 329 del Código Civil. De esta forma, se evitaría un enriquecimiento sin causa a favor de la accionante, quien no cumplió con los presupuestos materiales y temporales exigidos por la ley para alegar derechos sobre la finca. Y además retiene el inmueble para obtención de recursos económicos. Menciona, no debe ser reconocido mejoras y accesiones, lo que encuentra fundamento en la sentencia de la Sala Primera que resolvió sobre el pago de liquidación de estado posesorio en la misma finca en litis dentro del 14-000197-0507-AG. Donde en voto 2427-2020 se argumentó: “se encontraba inscrita a nombre de un tercero (el Banco), pese a lo cual levantó edificaciones y realizó cultivos en el predio, mediando mala fe que ha podido ser verificada. Se acoge la excepción de falta de derecho y se declara sin lugar la demanda\". c) Debida aplicación del artículo 329 del Código Civil. Además, argumenta, la debida aplicación del numeral 329 del Código Civil en virtud del razonamiento de la sentencia realizado cuando se invocó la demanda improponible: no demostración de una posesión en precario, continua, que subsista de la misma, habite la parcela. Además, la actuación de mala fe al conocer la titularidad del inmueble y la intención de retener la parcela para la obtención de un reconocimiento económico por mantenimiento, cultivo y mejoras, mantenerse en el terreno por condición diversa a la de dueña y pretender maquillar una usucapión especial agraria para obtención de fines económicos. Además de tampoco acreditarse que ese fundo sea la única fuente por la cual se garantice su seguridad alimentaria y sus ingresos económicos. d) Exoneración del Banco Nacional de Costa Rica al pago del valor de las mejoras necesarias y útiles. Combate, acorde con el artículo 327 del Código Civil, que determina en caso de indemnización se debe restituir los frutos hasta ANTES DE LA NOTIFICACIÓN, en consecuencia, en el caso que se ordene el pago de mejoras, SE SOLICITA se obligue al BNCR al pago del valor de estas, toda vez que la enajenación de la propiedad se realizó posterior a la presentación de la demanda, y por ende las mejoras alegadas se introdujeron durante la heredad del BNCR. Se estima, a la sociedad no le corresponde el pago de mejoras, toda vez que después de presentada la demanda no corresponde el reconocimiento del pago de las mejoras al accionante. Reseña, en sentencia de este Tribunal en voto 283-F-2021 se rechazo la sucesión procesal que pretendía excluir al BNCR como parte demandada. Fundamentando los hechos en que no procedía, por cuanto los hechos demandados por la parte actora en su estadía ocurrieron en la heredad del BNCR, actos que han sido muchos años antes del traspaso de la finca Dos Ríos, cuando la finca pertenecía al Banco Nacional. (cuadro 359 expediente modo PDF). Se cita extracto del voto 283-F-2021 del Tribunal Agrario emitido en este asunto que: “Del recuento de eventos se denota en la especie no se está en presencia de una sucesión procesal, dado que el actor ha indicado que su estadía en la heredad lo ha sido a vista y paciencia de la entidad bancaria, muchos años antes del traspaso a Finca Dos Ríos” … “resulta improcedente el empleo de la figura de la sucesión procesal y en consecuencia una inadecuada aplicación del derecho”.  e) Condena en abstracto de las mejoras y sin indicación de la base para la fijación. La decisión se acusa de inadecuada por realizarse en abstracto y sin especificar las bases para la fijación de los extremos económicos. Lo anterior transgrede el artículo 68.1 del Código Procesal Civil. Refuta, se otorgaron mejoras aun cuando la actora renunció a la realización del peritaje. Donde podría haberse establecido el monto exacto de las cantidades otorgadas. Argumenta, de la revisión del apartado de Liquidación de Estado Posesorio, se evidencia que tampoco se describen las mejoras y se citó: “Se estima de manera prudencial en razón de detentar y desplegar una posesión consisten en la explotación organizada del ciclo biológico agrario, animal y ambiental que se traduce en las mejoras realizadas en el área que ocupo y poseo en el inmueble, que por ley tiene un valor agregado y accesorio de la acción de prescripción positiva que se interpone, se liquide de manera subsidiaria ese estado posesorio por el monto que establezca estudio o peritaje”. Señala, la valuación técnica está normada en el artículo 44.2 del Código Procesal Civil que reza: “La falta de depósito de los honorarios, en el plazo establecido, tendrá como consecuencia la inevacuabilidad total de la prueba”. Lo anterior, también está tipificado en el artículo 41.4.10 inevacuabilidad, que reza: “La prueba no practicada por culpa de la parte proponente se tendrá por inevacuable, sin necesidad de resolución expresa”. También el artículo 35.3 de mismo cuerpo normativo, referente a la estimación establece: “En las pretensiones sobre bienes inmuebles el valor del objeto de la pretensión que conste documentalmente”. Aduce, la carga de la prueba es responsabilidad del accionante y al no establecerse los extremos económicos en la sentencia, no indicar las bases y tampoco disponer de la prueba pericial por decisión del accionante como estrategia de defensa, se está violentando nuestro derecho a recusar el monto en la apelación conforme a derecho corresponde. f) Exoneración del pago de costas a las partes. Se reclama la exoneración a la parte actora del pago de costas procesales y personales, a pesar de haber declarado con lugar la demanda improponible y de haber comprobado la mala fe de la actora. Arguye, el artículo 23 del Código Procesal Civil regula que, a la parte perdidosa, se le debe condenar al pago de las costas ocurridas. Asimismo, el artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, en aplicación del principio dispositivo, indica que la exoneración de costas solo procede cuando sea evidente que se ha litigado de buena fe. Estima, en el presente caso, en la misma parte dispositiva se resolvió al respecto que la exoneración se debió a la mala fe comprobada de la actora. Por lo tanto, al haber declarado la demanda improponible y comprobar la mala fe de la actora, se debió condenarla al pago de ambas costas, tanto procesales como personales. Por lo que se solicita revocarse la exoneración de costas y condenar a la actora al pago de las costas procesales y personales, en aplicación de los artículos 23 del Código Procesal Civil y 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, para mantener la coherencia de la sentencia que declaró la demanda improponible por la mala fe comprobada de la actora. g) Cosa juzgada y periodo de posesión menor al legal para la prescripción. Se esgrime, la violación de normas sustantivas y de la incorrecta valoración e interpretación de la prueba, por no considerarse la sentencia firme y cosa juzgada emitida por el Juzgado Civil del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, que adjudicó la finca de Limón al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) mediante remate en julio de 2009. Se razona, se incorpora como hecho probado quinto que en sentencia firme el BNCR adjudicó la finca mediante resolución del 31 de julio de 2009. Y todas las personas ocupantes, incluida la actora tienen menos de diez años de posesión desde su ingreso en septiembre de 2000. Por lo que se ha infringido el 860 del Código Civil, al poseerse el inmueble por un periodo menor a los diez años. No estando legitimado para alegar derecho de prescripción positiva según la norma. Se alega que, a pesar de la existencia de la sentencia firme, en sentencia se optó por no resolver la demanda en función de la cosa juzgada, ignorando que la finca está en ejecución de sentencia desde 2009. Esto contraviene el principio de independencia y autonomía de los procesos judiciales. h) Medidas Cautelares y Estado de Indefensión. Combate, se han emitido tres medidas cautelares (19 de mayo de 2010, 23 de marzo de 2018 y 31 de mayo de 2023) para suspender la toma de posesión de la finca de forma ilegal y se ha puesto al propietario registral en un estado de indefensión. Decisiones que han impedido la ejecución de la sentencia firme, afectando gravemente los derechos del propietario. i) Violación del derecho constitucional a la propiedad (artículo 45) y el derecho a una justicia pronta y cumplida (artículo 41). La inejecutoriedad de la sentencia ha generado pérdidas económicas continuas para el propietario registral. Solicita la revocatoria de la sentencia, se ordene la toma de posesión de la finca Dos Ríos a favor del Banco Nacional de Costa Rica y la restitución de los derechos del propietario registral, garantizando el cumplimiento de la sentencia firme y el respeto a los principios de justicia y legalidad. Además, los siguientes aspectos: 1) se revoque la aplicación del artículo 330 de la sentencia, y en su lugar se fundamente en el ordinal 329 del Código Civil, debido a la mala fe y el fraude comprobados en la demanda de la accionante. De lo contrario, mantener el artículo 330 implicaría un enriquecimiento sin causa para la actora. 2) el impedimento a apelar el extremo del reconocimiento de las mejoras debido la inexistencia de fundamentación y bases de los extremos económicos en la sentencia y se declare la inevacuabilidad de la prueba pericial sin resolución expresa. 3) Indemnización y Frutos: Con base en el artículo 327 del Código Civil, se solicita que, en caso de ordenarse el pago de mejoras y accesiones, se obligue al BNCR a pagar por las mismas y se revoque la retención de la parcela, ya que las mejoras se introdujeron durante la heredad del BNCR y no corresponde el reconocimiento del pago tras la presentación de la demanda. 4) Condena en Costas: Se solicita que, habiendo sido declarada la demanda improponible, se condene al accionante al pago de costas procesales y personales, dado que la exoneración de costas solo aplica cuando se ha litigado de buena fe, lo cual no es el caso aquí. 5) Declaración de Improponibilidad se declare sin lugar la demanda por improponible y se ordene el archivo del expediente, levantamiento de medida cautelar sobre la finca, ordenar a la actora retirar mejoras en un plazo de 15 días, con la advertencia de perder su derecho si no lo hace, ordenarle salir de la finca en el mismo plazo, con asistencia policial de ser necesario. Condenar al actor al pago de costas procesales y personales y la devolución de los bienes inmuebles de la finca Dos Ríos (imagen 847 a 861 modo pdf. expediente digital).\n\n V- La actora Galdys Oporta interpone recurso de apelación con nulidad concomitante. Inicia con una descripción de quien fue la parte demandada inicialmente: Banco Nacional de Costa Rica. Luego de la compra de la finca por la sociedad codemandada se dictó una sucesión procesal que se revocó por el Tribunal Agrario, que mantuvo a ambas partes en el proceso como codemandados. Señala, el Banco Nacional contestó la demanda oportunamente e interpuso las excepciones y la codemandada Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve Ha SRL, no contestó la demanda, se le declaró rebelde, litigó sin patrocinio letrado y con la intención de atrasar el proceso durante varios años. Los agravios contra la sentencia venida en alzada señalan que los hechos probados son inexactos, por la no adecuada valoración de la prueba que acredita su posesión y actos sobre la finca en cuestión. 1) Disconformidad contra los hechos probados. Inicia combatiendo los hechos probados de la pieza recurrida como sigue:  Hecho Segundo: Se reclama sobre la consideración de un informe de la Defensoría de los Habitantes del 07 de marzo del 2011 dentro de expediente administrativo de esa entidad, donde se cita que Juan Mayorga Gutiérrez (testigo de este proceso) representó a 76 familias para que el ente intercediera ante un intento de desalojo. La parte actora sostiene, nunca haber trabajado para la empresa bananera, ni ser parte de esas gestiones o manifestaciones. Y haber poseído el inmueble desde el año 2000. Hecho Sexto: combate la afirmación de conocer la actora que la finca era propiedad del Banco Nacional, argumentando que la finca fue registrada a nombre del Banco en 2011, mucho después de que la actora comenzara a trabajar la parcela. Hecho Séptimo: al respecto se argumenta, la inscripción de la finca a nombre del Banco Nacional no es relevante, al haber tenido más de diez años de posesión. Hecho Noveno: se muestra disconforme pues de la declaración de que la actora se deduce no tenía conocimiento de la propiedad registrada a su nombre desde 1999, argumentando que el proceso de titulación fue largo y que la actora no fue informada en esas épocas. Hecho Décimo: cuestiona la afirmación contenida en cuanto la actora no habita en la finca, argumentando que la jurisprudencia establece que no es necesario habitar en el lugar para adquirir derechos de posesión. 2) Sobre resoluciones del Tribunal Agrario de ser innecesario habitar el terreno. Se señala que en sentencia 271-F-18 se ha resuelto no es necesario habitar en el terreno para adquirir derechos por prescripción positiva. Al fundarse en el principio de que \"la tierra debe ser de quien la trabaja\", al resaltarse la importancia del trabajo agrario como un derecho esencial y un instrumento para el acceso a la propiedad. Y con esa idea se desechan requisitos del derecho civil del título traslativo de dominio y buena fe, y se utilizan aspectos fundados en la realidad de la posesión efectiva de la tierra. Se citan los votos 100-F-19, 271-F-18, 0467-F-09, 0073-F-07, 0732-F-06.  3) Sobre hechos no probados. Los reclamos respecto a estos hechos se centran en el tema de la falta de demostración de la posesión de Gladis Oporta Arista en la propiedad de Limón, matrícula 54429-000. Hecho no probado primero. Se reclama que la sentencia razona la falta de demostración del ingreso de la actora a la propiedad por un estado de necesidad. Requisito para la posesión en precario. Lo que se estima se concluye por la no valoración profunda del expediente y la presentación de prueba tendenciosa de la contraria.  Pues consta la actora posee un registro a su nombre desde un año antes de 1999 del ingreso al fundo,  producto de la titulación mediante la ley 7599 de 1996 Ley de Titulación de tierras ubicadas en reservas nacionales, a cargo de del entonces  IDA y que la aquí accionante a la fecha de ocupación en precario del fundo en litis, desconocía del beneficio obtenido, pues el ente tardó más de quince años en entregar los títulos de propiedad, con las limitaciones conocidas y especificadas establecidas en la Ley. Para esa fecha hace 24 años, la accionante era una mujer joven de 34 años de edad cumplidos, trabajadora, soltera hasta hoy y jefa de hogar, que en ese entonces debía trabajar y labrar la tierra para llevar el sustento a sus cuatro hijos todos menores y de edad escolar, lo que para esos tiempos en la Finca Dos Ríos era muy difícil y una gran responsabilidad para esta joven madre, como para que hoy la codemandada de mala fe pretenda sacar ventaja y beneficio indebido en contra de una mujer luchadora de la ruralidad de Costa Rica.   Sobre el hecho II- falta de dependencia económica de la actora de las 11 hectáreas para su seguridad alimentaria y económica. Se combate la persona juzgadora no participó del recorrido en el reconocimiento judicial de la propiedad. Lo concluido es una mera presunción, por no haber tenido el juez que emite el fallo, contacto con la prueba, las partes, ni el terreno. Incumpliéndose con el principio de inmediación de la prueba, careciendio el juezgador de fundamentación fáctica o jurídica, cuanto en el plano real y material está parcela es donde la actora labra la tierra, produce cultivos y tiene una vivienda en la parcela, lo que es crucial para su sustento y el de su familia. La comunidad también reconoce su posesión como legítima. Considera existe suficiencia probatoria que demuestra que la actora sí depende de estos cultivos para su sobrevivir 4) Respecto de la mala fe. Se apela que la afirmación de que la actora es de mala fe resulta infundada. Se argumenta, la accionante ha actuado apegada a la ley y el debido proceso, buscando regularizar su posesión del inmueble en litis. Las pretensiones de la demanda solicitan principalmente se inscriba a su nombre el inmueble o bien, recibir compensación por las mejoras realizadas. Califica de subjetiva la apreciación de la sentencia respecto a la mala fe, sin pruebas que lo sustenten. Se esgrime, la actora desconocía el entonces IDA había inscrito un inmueble a su nombre en 1999 y que, en el contexto de la usucapión especial, no es necesario demostrar título o buena fe. Califica la decisión de excesiva y violatoria de la normativa vigente contraviene el artículo 92 de la Ley del ITCO y la jurisprudencia invocada en el recurso. 5) Demanda improponible. Se reclama, se fundó la decisión en el artículo 508 inciso 3 del Código de Trabajo y 35.5 del Código Procesal Civil para la declaratoria de la demanda improponible, bajo la argumentación de poderse decretar al existir evidencia de demanda simulada o el fin perseguido en el proceso sea ilícito o prohibido y que hay evidencia de falta de un presupuesto material o esencial de la pretensión. Siendo una interpretación parcializada y en favor de las partes codemandadas. Reclama, los presupuestos de la acción interpuesta se encuentran presentes y la finalidad es la obtención de la propiedad para el sustento de la familia. Se cita haber cumplido con los presupuestos legales de la acción interpuesta. Además, cumplió con el plazo de posesión necesario para reclamar las pretensiones. Se cuestiona la parcialidad de la decisión judicial al declarar la demanda como improponible al estimar la actora no vivía en el fundo, Aun cuando la jurisprudencia del Tribunal Agrario no considerado no es un requisito indispensable. Sobre la usucapión especial agraria, se argumenta que la parte demandante tiene otro bien inmueble registrado a su nombre, lo que según la recurrente se debe a que ello se debió a lo actuado por el entonces IDA al amparo de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en reservas nacionales. Estima, se acogió la defensa de la codemandada sin fundamentos sólidos. Se reprocha que se validen las actuaciones de la parte codemandada, y sean aceptados documentos sin relación directa con el proceso en condición de prueba para mejor resolver sin que tenga relación con la actora. No se encuentra conforme con la conclusión referida a que la ocupación de la actora en la parcela no fue por necesidad de trabajar la tierra para sustentar a su familia. Se argumenta la finca proporcionada por el IDA se obtuvo, como se citó en virtud de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales, lo que se desconocía en ese momento. Se rechaza la mala fe procesal que se le achaca.  6)  Exoneración de costas del proceso de las codemandadas. Refuta, esa decisión lesiona los derechos de la actora y su abogado. Se justifica la solicitud de que la parte demandada y codemandada asuman las costas del proceso, basándose en la jurisprudencia y el Código Procesal Civil y solicita se condene a las codemandadas al pago de costas. Respecto a la buena fe de la parte vencida como criterio para exonerarle del pago de costas, acorde con el Código Procesal Civil le brinda mayores facultades. Igualmente existen deberes de conducta para las partes: lealtad, probidad, uso racional del sistema procesal; todos elementos de valoración de la buena fe. Ha de estudiarse la conducta de la parte vencida dentro del proceso en aspectos como la cooperación con pruebas, la veracidad en alegaciones, ausencia de gestiones dilatorias. Ha de ponderarse objeto litigioso y aspectos diversos que el mismo conlleva respecto a aplicación diáfana de normas, dificultades de la obtención de la prueba, entre otros. Todo lo cual debe ser considerado al momento de exonerar el deber del pago de costas.  Igualmente, si la parte demandada satisface unilateralmente la pretensión, se puede eximir del pago de costas según las circunstancias. Realiza el apelante diversos razonamientos generales de temas referidos a situaciones en la cuales procede exonerar en costas. Motivos de nulidad. Se invoca la nulidad por los siguientes motivos: a) no se consideró en la sentencia las decisiones anteriores del Tribunal Agrario y la transgresión de los principios de imparcialidad y congruencia. b) violaciones procesales:  la contraposición de lo decidido con la resolución del Tribunal Agrario, que estableció que el Banco Nacional debía mantenerse en el proceso como demandado. Al proceder a condenarla a ella, sin considerar la responsabilidad del Banco Nacional. Aspecto que violenta el debido proceso. c) Ausencia de análisis riguroso del conjunto probatorio, al no valorarse la documentación presentada durante casi seis años de tramitación de este expediente, que condujo a una sentencia infundada. Que lesiona los derechos procesales de la parte actora. d) Omisión de Conciliación al no atenderse la solicitud de audiencia de conciliación que realizara por actora, que transgrede la Ley RAC. Lo que impidió una solución amigable al conflicto y habría evitado la necesidad de dictar una sentencia. 4 imparcialidad al asumirse en la sentencia la postura de una parte, con lenguaje sugerente de parcialidad.\n\nVI- Se omite pronunciamiento en cuanto al elenco de hechos probados y no probado de la sentencia recurrida, por la forma en que se resolverá esta sentencia.\n\n VII- El sub judice, según la demanda se requirió, en lo de interés, lo siguiente: declarar con lugar el proceso de prescripción positiva; inscribir a favor de la actora la porción ocupada desde hace más de 18 años en el Registro Nacional. De manera subsidiaria contra las dos entidades codemandadas se pidió: se obligue a la accionada al pago del valor de las mejoras introducidas; se conceda el derecho de retener hasta su cancelación (imagen 2 a 5, 12 y 19 y 148 a 151 de expediente digital modo pdf).  En el hecho segundo de las demandadas, se   señala se poseía el fundo terreno hacía 12 años, durante lo que se ha cuidado y cultivado con pipa, árboles frutales, arboles maderables, maíz, cítricos, guanábana, mango y otros cultivos. Además, que existe una casa de habitación en regular estado de conservación, construida en cemento, con cuatro cuartos, cocina, sala, corredor y servicio y baño externo, que mide de construcción aproximadamente ciento veinte metros de construcción tipo casa de campo.  En el hecho tercero se mencionó el lugar donde se reclama el fundo es un caserío, ostenta más de diez años después de poseer la parcela y que la finca la inscribió el Banco Nacional, pero nunca a detentado la posesión del inmueble y por tanto nunca ha ejercido la posesión de este en forma directa o indirecta.   En el hecho quinto se adujo que en el ejercicio de los derechos de posesión, ocupación y explotación agrícola por más de dieciocho años, había realizado gran cantidad de mejoras con un valor muy elevado, aunado a la permanencia estable y al cuidado del bien, a la producción agraria permanente y en forma organizada, lo que me ha permitido vivir en el lugar en forma permanente con mi familia y obtener los alimentos de los cultivos conforme las estaciones del año; además de que como productor agrícola contribuyo al abastecimiento del mercado nacional generando estabilidad en la familia, a pesar de la pobreza que se vive en la zona. Por lo que ha consolidado la prescripción positiva. A estos hechos en la contestación del Banco Nacional de Costa Rica citó no constarle que el terreno de la actora se ubique en el fundo o la posesión de ésta y que el terreno se adquirió por la sociedad, inscribiéndose el 9 de octubre del 2018. Por su parte la codemandada integrada a la litis de forma posterior en fecha 31 de octubre del 2018 visible (imagen 148 a 151), no contestó la demanda, se le declaró rebelde, pero ha actuado en el proceso. Cabe citar que en la demanda se incluyó un apartado que reza: \"LIQUIDACIÓN DE ESTADO POSESORIO. Se estima de manera prudencial debido a detentar y desplegar una posesión consisten en la explotación organizada del ciclo biológico agrario, animal y ambiental que se traduce en las mejoras realizadas en el área que ocupo y poseo en el inmueble, que por ley tienen un valor agregado y accesorio de la acción de prescripción positiva que se interpone, se liquide de manera subsidiaria ese estado posesorio por el monto que establezca estudio o peritaje\". En las pretensiones subsidiarias del escrito de aclaración de demanda solicitó (imagen 11 expediente modo pdf.), al tenor del artículo 328 del Código Civil el pago de valor de las mejoras y derecho de retención hasta la cancelación y sujeto a valoración pericial, así como el mantenimiento al terreno por los 18 años.  En el reconocimiento judicial celebrado el 7 de junio del 2022 y resguardado en videos parte del expediente, se observa lo encontrado respecto a plantaciones varias, el estado de los linderos (videos MAH01216 a 01223) y una casa de cemento habitada con electricidad y pozo, de techo de zinc, pisos de mosaico, aposento de corredor, estructura de concreto, cocina, dormitorios, baño, patio trasero, casa en mal estado de pintura (videos MAH01224 a 01225).  Cabe citar que las pretensiones de la demanda están constituidas por la acción real de prescripción especial agraria cuyos presupuestos los regula la Ley de Tierras y Colonización y que es diversa a la usucapión común, así como la liquidación del estado posesorio. Por lo que el objeto del proceso se conforma por lo solicitado en las pretensiones al respecto del reconocimiento de lo que se denomina en general mejoras, que debe integrarse con el hecho quinto y segundo del escrito de demanda y resolver conforme las pruebas recabadas en el expediente, en cuenta lo observado en el reconocimiento judicial y lo citado en la prueba testimonial respecto a este tema. Lo anterior respecto a ambas entidades codemandadas que se encuentran integrada en esa condición al proceso. En la sentencia apelada sobre el tema de la liquidación del estado posesorio no se incorpora en el elenco de hechos probados ninguno sobre lo encontrado en las áreas de la finca en litis, tampoco se cita como hecho no probado reseña alguna sobre el tema vinculado con mejoras. En el considerando III se razona sobre la procedencia de la demanda de usucapión especial agraria y la falta de acreditación de los presupuestos. Se razonó, en lo de interés, en la sentencia que a pesar de ser innecesaria la buena fe en la usucapión alegada en este proceso, su posesión no era de buena fe.  Para arribar a la conclusión de declarar la falta de legitimación pasiva del banco codemandado debido a la transmisión de la finca a la sociedad Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve HA SRL por no ser titular registral el primero.               \n\n VIII- Sobre la liquidación del estado posesorio, el considerando VIII de la sentencia recurrida denominado Sobre las Mejoras, se razonó : \"En éste asunto la parte actora solicita en sus pretensiones subsidiarias que se le reconozcan las mejoras hechas dentro terreno del partido de Limón 54429- 000, sin embargo, la misma no indica cuáles son esas mejoras que realizó ni tampoco hace mención de qué tipo de mejoras reclama, por ende, en virtud de la decisión que en adelante se conocerá, resulta únicamente oportuno concederle el derecho al reconocimiento de las mejoras necesarias y útiles introducidas al terreno, pues, éstas, aunque el poseedor sea de mala fe (como lo es el caso de doña Gladis Oporta Arista), tiene derecho a que se le reconozcan y se le abone el valor de ellas, o, también, si tales mejoras pueden ser retiradas sin menoscabar el terreno en disputa, puede proceder a su retiro. Debo indicar que esta decisión la tomó porque, de no concederlas podría incurrirse en un enriquecimiento sin causa por parte del propietario registral del inmueble mencionado, ya que, esta sociedad al momento de adquirir su terreno, lo hizo conociendo de las demandas vigentes interpuestas sobre el mismo”. Al respecto en la parte dispositiva se dispuso la obligatoriedad de Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve HA Sociedad de Responsabilidad Limitada:  \"pago del valor de las mejoras útiles y necesarias introducidas por la actora en el área del inmueble reclamada. En caso contrario, bajo el supuesto de que la actora pueda retirarlas, se le ordena hacerlo sin realizar detrimento del área donde se encuentran. Además, que se concedió el derecho de retención por las mejoras necesarias realizadas, lo anterior dada la mala fe comprobada con la que actuó la actora, eso sí, deberá de previo iniciarse el correspondiente trámite de ejecución de sentencia.\" Bajo estas circunstancias, al tenor del ordinal 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, existen omisiones que transgreden el derecho de defensa y contradictorio de la parte codemandada en la resolución de la liquidación del estado posesorio de la parte actora que amerita el dictado de la nulidad de la sentencia venida en alzada, al no ser posible subsanarse por esta Cámara, debido a la imposibilidad de resolverse en una única instancia el tema.  Lo anterior, por desconocerse de la lectura de la sentencia de la parte obligada a cancelar por las mejoras reconocidas, cuáles son esas mejoras a las que se les otorga el derecho de retención y bajo que normas legales; no se incluyen los razonamientos que dieron fundamento a esa decisión. En igual sentido, media una falta de consideración en la sentencia apelada de la constatación de la casa de habitación observada en el reconocimiento judicial y citada en el escrito inicial en los hechos de la demanda, que tiene efectos en el tema de la liquidación del estado posesorio. La resolución carece en la parte considerativa de un razonamiento sobre lo que se estima es mejora, su especie, los efectos de buena y mala fe en tal instituto y los efectos de lo anterior en el derecho de retención. Así como la calificación de la vivienda ubicada en el sitio en el reconocimiento judicial. Observa esta Instancia, se ha realizado un reconocimiento en la decisión apelada del otorgamiento de mejoras con derecho de retención, sin mención alguna en la parte dispositiva o considerativa que identifique todos los elementos atinentes al régimen de mejoras que otorga. Lo cual tiene un efecto directo en la fase de ejecución de la sentencia. Con una decisión como la emitida en este proceso, en donde constan elementos probatorios suficientes para resolver respecto a la identificación de los bienes, plantaciones o especies forestales encontradas, ha de resolverse al respecto, a fin de no dejar a la fase de ejecución de sentencia un tema propio de la fase ordinaria. Se desconoce con lo fallado las razones de hecho y derecho de las mejoras reconocidas en abstracto y trasladar a la fase de ejecución de sentencia la determinación de mejoras, a cuáles elementos se refiere y los efectos de buena o mala fe. Sin que se justifique realizar una condenatoria genérica en la forma emitida en este extremo, cuando ya se evacuó la prueba necesaria para su determinación y dejar para la ejecución temas para la valoración económica. Tómese en cuenta que se sujeta al pago y en fase de ejecución y ello retarda el cumplimiento de lo ordenado. Por lo que ha de anularse la sentencia apelada, para que el juzgado de origen proceda a resolver el tema objeto del proceso al tenor del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria.  Pues han de indicarse los motivos de hecho y derecho a partir de una valoración integral de la prueba, que debe confrontarse, se produce la estimación o desestimación de la demanda. Lo cual no ocurre en la pieza apelada y ello causa indefensión, pues se desconoce el ejercicio intelectivo desarrollado para llegar a las conclusiones derivadas respecto al estado posesorio.  Lo que es de importancia medular en acciones de esta naturaleza, dada la demanda respecto a la pretensión subsidiaria de la demanda de liquidación de estado posesorio.  Para esta Cámara la fundamentación produce indefensión debido a una incongruencia entre lo solicitado y lo denegado por la causa citada. Pues el instituto de mejoras y accesiones requiere el estudio de las condiciones en que se edificó, si medió obstáculo o no por parte del propietario, si se denegó el permiso o se hizo a vista y paciencia del titular registral. Nada de lo cual fue objeto de valoración y fundamentación. Lo cual resulta de medular importancia a fin de determinar los efectos jurídicos de eventuales regímenes de copropiedad o destrucción de las accesiones, o bien desestimación de las pretensiones de mejoras (artículos 505,507,508 y 509 del Código Civil).\n\nIX- En uso de las facultades del ordinal 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria y su artículo 54 ha de anularse la sentencia apelada. A fin de que sea emitida nuevamente en cumplimiento de las reglas de la correcta fundamentación y valoración probatoria. Además de la correcta aplicación de los institutos jurídicos aplicables al proceso, acorde con las pretensiones y objeto del proceso. \n\n   POR TANTO\n\n Se anula la sentencia número 2023000335, de las veinte horas y cero minutos del veintiocho de junio del dos mil veintitrés.\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\n\nS5CZIA78Y2S61\nMARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\n20NUFB4F2UO61\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nFSD47AVTHFXG61\nHEILIN MAYELA ROJAS MADRIGAL - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 18-000018-0507-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:30:02.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**Case File:**\n\n18-000018-0507-AG - 0\n\n**PROCEEDING:**\n\nORDINARY\n\n**PLAINTIFF:**\n\nGLADIS MARINA OPORTA ARISTA\n\n**DEFENDANT:**\n\nBANCO NACIONAL DE COSTA RICA\n\n**VOTE No. No. 2024000802**\n\n**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At eleven hours and forty-six minutes on the sixteenth of August, two thousand and twenty-four.-\n\n**ORDINARY PROCEEDING** filed by GLADIS OPORTA ARISTA, of legal age, single, farmer, resident of Guácimo, identity card number two - four hundred five - five hundred seventeen; against BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, legal identification number four - zero zero zero - one thousand twenty-one, represented by its general judicial attorney-in-fact without limit of sum Alejandro Gómez Picado, identity card number one - five hundred sixteen - one hundred fifty-five; and FINCA DOS RÍOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE HA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal identification number three - one hundred two - seven hundred fifty-nine thousand seven hundred twenty-eight, represented by its managers José Mauricio Rojas Araya, identity card number one - one thousand four hundred eighty-one - zero zero eight and Mauricio Rojas Cascante, identity card number one - six hundred ten - three hundred seventy-nine. The INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number four - zero zero zero - zero four two one four three - eleven, represented by its legal advisor attorney Manuel Rojas Sanabria, bar association number twenty thousand two hundred fifty-five, intervenes as an interested party. Attorney Edgar Rodríguez Ramírez, identity card number five - two hundred two - four hundred forty-eight, bar card number fourteen thousand six hundred twenty-two, acts as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff. The proceeding is processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone.\n\nJudge Castro García resolves, and;\n\n**WHEREAS**\n\n**I.- Complaint.** Mrs. Gladis Oporta Arista files an ordinary proceeding, requesting that the judgment declare the following: Principal claims: \"1) That the requested precautionary measure be accepted and applied. 2) Once the corresponding judgment is issued, that the necessary documents be ordered to be notarized for the purpose of registering in the National Registry, Property Section, in the name of my principal the areas she possesses and occupies for more than eighteen years on the property in conflict. 3) That in accordance with Article 328 et seq. of the Civil Code, the defendant be obligated to pay the value of the improvements introduced on the property, which were already described in the Claim for Liquidation of the Possessory Estate filed subsidiarily.\" Subsidiary claims: \"4) That, in accordance with current legislation and jurisprudence, I be subsidiarily granted the right to retain under my power the improvements and the property in conflict, until said improvements plus expenses are paid to me in full, according to the estimate and appraisal determined by the expert, likewise that I be paid for the maintenance provided to the property for all eighteen years. 5) I request that procedural and personal costs be imposed on the defendant; that is, on Banco Nacional de Costa Rica\" (02/05/2018 11:00:07). - Likewise, the plaintiff expanded claims requesting the following: \"Principal: 1) That the present proceeding for positive prescription be granted in all its terms. 2) That once the corresponding judgment is issued, the necessary documents be ordered to be notarized for the purpose of being able to register in the National Registry, Property Section, in the name of my principal the area she possesses and occupies for more than eighteen years on the property in conflict. 3) I request that procedural and personal costs be imposed on the defendant, plus interest on costs until effective payment. 4) I request the payment of costs and interest on future liquidations of costs and interest be ordered. SUBSIDIARY OR ACCESSORY CLAIMS: 1) That in accordance with Article 328 et seq. of the Civil Code, the defendant be obligated to pay the value of the improvements introduced on the property, which were already described in the claim for liquidation of the possessory estate that was filed subsidiarily. 2) That, in accordance with current legislation and jurisprudence, I be subsidiarily granted the right to retain under my power the improvements and the property in conflict, until said improvements are paid to me in full, according to the estimate and appraisal determined by the expert; likewise, that I be paid for the maintenance provided to the property for all eighteen years. 3) I request that procedural and personal costs be imposed on the defendant, plus interest on costs until effective payment. 4) I request the payment of costs and interest on future liquidations of costs and interest be ordered (02/14/2018 06:10:36). 2. Answers. Banco Nacional de Costa Rica answered the complaint filed against it negatively and raised the defenses of lack of right and lack of active and passive standing (see virtual desk of the Agrarian Court of Guápiles, document filed on 09/29/2020 01:15:08). The company Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve HA Sociedad de Responsabilidad Limitada did not answer the complaint filed against it, therefore the Agrarian Court of Guápiles declared it in default in a resolution issued at fifteen hours forty-six minutes on October fifth, two thousand twenty (see virtual desk of the Agrarian Court of Guápiles, resolution filed on 10/05/2020 15:46:42).\n\n**II.-** Judge José Armando Gómez Castillo, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, in judgment number 2023000335, issued at twenty hours and zero minutes on June twenty-eighth, two thousand twenty-three, resolved: \"THEREFORE: In accordance with the mentioned jurisprudence and Articles 41, 50, 74 of the Political Constitution; 92, 94, 101 of the Ley de Tierras y Colonización; 6, 26, 38, 54, 55, 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria; 35.5.1, 35.5.2, 35.5.3, 35.5.4, 35.5.9 of the Código Procesal Civil; and, 20, 21, 285, 330, 853, 855, 856, 860 of the Civil Code, I proceed to DECLARE WITH MERIT the request for unenforceability of the complaint filed by the co-defendant company regarding the principal claims of the complaint, but, by virtue of the provisions of Article 330 of the Civil Code, I declare PARTIALLY WITH MERIT the present ordinary complaint for special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) filed by GLADIS OPORTA ARISTA against BANCO NACIONAL DE COSTA RICA represented by its general judicial attorney-in-fact Grace María Vargas Rojas, and, FINCA DOS RÍOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE HA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA represented by its manager 01 Mauricio Rojas Cascante, I say partially with merit because I grant only the subsidiary claims in the following sense: 1) Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve HA Sociedad de Responsabilidad Limitada is obligated to pay the value of the useful and necessary improvements introduced by the plaintiff in the claimed area of the property. Otherwise, under the assumption that the plaintiff can remove them, she is ordered to do so without causing detriment to the area where they are located. 2) By virtue of what is granted in the previous point, the right of retention is granted only for the necessary improvements made, given the proven bad faith with which the plaintiff acted, provided that the corresponding execution of judgment proceedings must first be initiated. What is not expressly stated shall be understood as not granted. Due to the manner in which this matter is resolved, both parties are exonerated from the payment of costs. The parties are informed of the right they have to appeal this ruling in case of disagreement. NOTIFY,\" (see virtual desk of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, associated documents, first instance judgment filed on 06/28/2023 20:00:34).\n\n**III.- Appeals.** Judgment No. 2023000335 issued at twenty hours and zero minutes on June twenty-eighth, two thousand twenty-three is appealed. Banco Nacional de Costa Rica files an appeal with concomitant nullity, which is heard by virtue of Vote No. 2023000727 of this Tribunal issued at ten hours twenty-five minutes on August thirtieth, two thousand twenty-three, which admitted it. The grievances of the appeal state: a) Lack of reasoning in the judgment, incongruence, violation of Article 61 of the Código Procesal Civil and 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria. The judgment incurs in incongruence between what is resolved in Considering V, where the defenses of lack of right, lack of standing in its active and passive form are upheld in favor of Banco Nacional de Costa Rica, and in the operative part, the complaint against the banking entity is dismissed. It invokes Article 61. 3 and 4 of the Código Procesal Civil regarding the structure and content of judgments, arguing that judgments must contain an analysis of the substantive issues determined by the parties, with the reasons and citations of doctrine and laws considered applicable, and the issued judgment is not clear regarding what is stated in the aforementioned Considering and what is indicated without specifying in the operative part, especially to have clarity regarding the corresponding challenges. It points out that, although Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria establishes the system of analysis of evidence conscientiously and without subjection to common law rules, there is a duty to express in a reasoned, clear, concrete, and sufficient manner the grounds upon which the judgment is issued, which dismisses it with respect to the Bank, and this must be decreed as such in the operative part. It deems the judgment unfounded regarding the co-defendant Banco Nacional de Costa Rica and the ruling must be adequately reasoned, citing an excerpt from judgment 739-2007 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in this regard. It considers that uncertainty arises as there is no clarity regarding the co-defendant Bank, which is left in a state of defenselessness due to the indicated incongruence. It notes that a contradiction arises between the proven facts, the reasoning of Considering V, and what is ordered in the operative part of the judgment. What is indicated in the Considering bears no relation to what is ordered in the operative part, which constitutes a defect that must be corrected. Therefore, it requests the partial nullity of the appealed judgment, in order to guarantee its proper motivation and congruence, preventing its defenselessness. b) Costs. It challenges the lack of legal reasoning for the exoneration of costs to the plaintiff contained in the appealed judgment. That this is contrary to the fact that the defenses raised by the co-defendant Bank were upheld. An omission that transgresses the duty to provide reasons for decisions, which consequently violates the right of defense and due process. It argues that the duty to provide reasons for decisions is a guarantee of the parties' right to appeal and ensures confidence in the administration of justice function by showing the exercise of judicial competence based on the legal system. It asserts that the Ley de la Jurisdicción Agraria in its article 55 and the Código Procesal Civil in its articles 73.1 and 73.2 establish the obligation in a judgment to rule on costs, which is omitted in this judgment. It reasons that it must be considered that the co-defendant Bank has incurred expenses for the exercise of its right of defense: attorney's fees, time attending hearings, travel to the Courts of Justice and the property in litis. That these must be recognized to resolve regarding costs. The appellant is authorized to collect these, as accordingly ordered. It argues that the complaint against it forced it to face this proceeding where the parties discussed negotiations, even of a private nature, in which this Bank did not participate. Sufficient reason for the recognition of the proceeding's costs in its favor. It points out that in the judgment, when referring to the claims it grants in point \"2)\", it states: \"given the proven bad faith with which the plaintiff acted,\" and good faith being a fundamental requirement for the exoneration of costs to apply. It requests that the request for the imposition of costs be granted, due to the lack of reasoning. (image 863 to 868 file in pdf format).\n\n**IV- Appeal with concomitant nullity by Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve HA Sociedad de Responsabilidad Limitada.** The following are claimed as grievances on appeal: a) Incongruence in the granting of improvements and accessions despite the dismissal of the complaint. It was concluded that the plaintiff did not enter the property due to a state of economic necessity or precariousness, but with the intention of retaining the property to obtain compensation for the improvements introduced. A conclusion consistent with Vote 2427-2020 of the First Chamber (Sala Primera), which dismissed a previous complaint regarding the same property, evidencing the plaintiff's bad faith. Therefore, points 1 and 2 of the challenged resolution must be revoked, declaring the inadmissibility of the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) and the erroneous application of substantive rules, specifically Article 329 of the Civil Code. To prevent unjustified enrichment in favor of the plaintiff, who failed to demonstrate the prerequisites of the action filed. It states that the defense of unenforceability of the complaint filed by it (box 607 file in PDF format) is upheld in the judgment on the merits, in accordance with points 1, 2, 5, and 9 of Article 35.5 of the Código Procesal Civil. However, notwithstanding the foregoing, the first and second subsidiary claims (improvements, retention, and exoneration from payment of costs) are partially granted in an incongruent manner. Without the decision being coherent with the plaintiff's proven failure to meet the prerequisites of the action to access such claims that are recognized in the judgment. It proceeds to cite excerpts from Considering IV, V, and the fourth proven fact, referring to the lack of evidence proving the prerequisites of the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) (lack of proof of state of necessity, origin of the occupation, and condition of the plaintiff's possession). b) Evident Bad Faith and Fraud. It outlines the manipulation of facts by plaintiff Gladys Oporta Arista, regarding her employment relationship with the defendant company Compañía Bananera Dos Ríos HA SRL., which was the previous registered owner of the property in litis. The answer to this is essential to determine the application of the rules of agrarian usucapion (usucapión agraria) or special agrarian usucapion (usucapión especial agraria), as applicable. In relation to the above, incongruences arise, because even though it is tacitly denied in this proceeding that the plaintiff worked for the co-defendant company, in documents presented by her to public institutions, where benefits are requested, she expressly affirms having worked there and not having received payment for her employment entitlements. It adds that, although there is no evidence in the record proving her work for that company, the documents signed by her must be considered legitimate and truthful until proven otherwise. It states that the judgment establishes the inapplicability of the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) or agrarian usucapion (usucapión agraria), as it is a claim contrary to the legal system, and therefore what was granted must be revoked due to erroneous application of the substantive rule of Article 330 of the Civil Code, since Article 329 Ibidem should have been correctly applied. Improvements, accessions, and exoneration from procedural and personal costs should not be recognized. It states that the inadmissibility of the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) was proven in the appealed judicial ruling because the entry onto the property, the attachment to the parcel, the occupation in precariousness (precario), and the minimum period of 10 years required by Article 860 of the Civil Code were not accredited. Additionally, the appealed judgment concluded that the plaintiff did not enter the property due to a state of food or economic necessity, but with the intention of retaining the property to obtain compensation for the improvements introduced. This is consistent with the cited Vote 2427-2020 of the First Chamber (Sala Primera), which dismissed a previous complaint regarding the same property, upon verifying the plaintiff's bad faith. By virtue of the arguments stated, it requests revoking points 1 and 2 of the challenged resolution and, instead, declare the inadmissibility of the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) and the erroneous application of substantive rules, by proceeding to apply Article 329 of the Civil Code. In this way, unjustified enrichment in favor of the plaintiff, who did not meet the material and temporal prerequisites required by law to claim rights over the property, would be avoided. And furthermore, she retains the property to obtain economic resources. It mentions that improvements and accessions should not be recognized, which finds basis in the judgment of the First Chamber (Sala Primera) that resolved on the payment of liquidation of the possessory estate on the same property in litis within 14-000197-0507-AG. Where in Vote 2427-2020 it was argued: \"it was registered in the name of a third party (the Bank), despite which she erected buildings and carried out cultivation on the land, mediating bad faith that has been verified. The defense of lack of right is upheld and the complaint is dismissed.\" c) Due application of Article 329 of the Civil Code. Furthermore, it argues the due application of Article 329 of the Civil Code by virtue of the reasoning in the judgment when the unenforceability of the complaint was invoked: failure to demonstrate a possession in precariousness (precario), continuous, that she subsists on it, inhabits the parcel. Also, the bad faith action knowing the ownership of the property and the intention to retain the parcel to obtain economic recognition for maintenance, cultivation, and improvements, to remain on the land for a reason other than that of owner, and to attempt to disguise a special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) for obtaining economic purposes. Besides also failing to prove that this property is the only source through which her food security and economic income are guaranteed. d) Exoneration of Banco Nacional de Costa Rica from payment of the value of the necessary and useful improvements. It contests, in accordance with Article 327 of the Civil Code, which determines that in case of indemnification, fruits must be returned up to BEFORE THE NOTIFICATION, consequently, in the event that payment for improvements is ordered, IT IS REQUESTED that BNCR be obligated to pay their value, since the alienation of the property took place after the complaint was filed, and therefore the alleged improvements were introduced during BNCR's ownership period. It is estimated that the payment of improvements does not correspond to the company, since after filing the complaint, recognition of payment for improvements to the plaintiff is not applicable. It points out that in a judgment of this Tribunal in Vote 283-F-2021, the procedural succession (sucesión procesal) that sought to exclude BNCR as a defendant was rejected. Grounding the facts on its inadmissibility, since the acts complained of by the plaintiff during her stay occurred during BNCR's ownership, acts that took place many years before the transfer of the Finca Dos Ríos property, when the property belonged to Banco Nacional. (box 359 file in PDF format). An excerpt from Vote 283-F-2021 of the Agrarian Tribunal issued in this matter is cited: \"From the recount of events, it is denoted that in this case, there is no presence of a procedural succession (sucesión procesal), given that the plaintiff has indicated that her stay on the property has been in plain sight and with the patience of the banking entity, many years before the transfer to Finca Dos Ríos\" … \"the use of the figure of procedural succession (sucesión procesal) and consequently an inadequate application of the law is inadmissible.\" e) Abstract ruling on improvements and without indicating the basis for determination. The decision is accused of being inadequate for being made in the abstract and without specifying the bases for determining the economic amounts. The foregoing transgresses Article 68.1 of the Código Procesal Civil. It refutes that improvements were granted even though the plaintiff waived the performance of the expert examination (peritaje). Where the exact amount of the granted amounts could have been established. It argues that upon reviewing the Liquidation of Possessory Estate section, it is evident that the improvements were also not described, and it was cited: \"It is estimated prudentially by reason of holding and displaying a possession consisting of the organized exploitation of the biological agrarian, animal, and environmental cycle, which translates into the improvements made in the area I occupy and possess on the property, which by law have an added and accessory value to the action of positive prescription being filed, that this possessory estate be liquidated subsidiarily for the amount determined by a study or expert examination (peritaje).\" It points out that technical valuation is regulated in Article 44.2 of the Código Procesal Civil, which reads: \"The lack of deposit of fees, within the established period, will result in the complete inevacuability of the evidence.\" The foregoing is also stipulated in Article 41.4.10 inevacuability, which reads: \"Evidence not practiced due to the fault of the proponent party shall be deemed inevacuable, without the need for an express resolution.\" Also Article 35.3 of the same normative body, regarding estimation, establishes: \"In claims regarding immovable property, the value of the object of the claim that appears documented.\" It alleges that the burden of proof is the responsibility of the plaintiff, and by not establishing the economic amounts in the judgment, not indicating the bases, and also not having the expert evidence (prueba pericial) available due to the plaintiff's decision as a defense strategy, our right to challenge the amount on appeal according to law is being violated. f) Exoneration from payment of costs to the parties. The exoneration of the plaintiff from payment of procedural and personal costs is challenged, despite having declared the unenforceability of the complaint with merit and having proven the plaintiff's bad faith. It argues that Article 23 of the Código Procesal Civil regulates that the losing party must be ordered to pay the incurred costs. Likewise, Article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, in application of the dispositive principle, indicates that exoneration from costs only applies when it is evident that litigation was conducted in good faith. It estimates that, in the present case, in the same operative part, it was resolved regarding this that the exoneration was due to the proven bad faith of the plaintiff. Therefore, having declared the complaint unenforceable and having proven the plaintiff's bad faith, she should have been ordered to pay both procedural and personal costs. Therefore, it is requested that the exoneration from costs be revoked and the plaintiff be ordered to pay procedural and personal costs, in application of Articles 23 of the Código Procesal Civil and 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, to maintain the coherence of the judgment that declared the complaint unenforceable due to the plaintiff's proven bad faith. g) Res judicata (cosa juzgada) and possession period less than the legal requirement for prescription. It argues the violation of substantive rules and the incorrect valuation and interpretation of the evidence, for not considering the final judgment and res judicata (cosa juzgada) issued by the Civil Court of the II Judicial Circuit of the Atlantic Zone, which awarded the Limón property to Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) by public auction in July 2009. It reasons that it is incorporated as the fifth proven fact that in a final judgment, BNCR was awarded the property through a resolution dated July 31, 2009. And all occupants, including the plaintiff, have less than ten years of possession since their entry in September 2000. Therefore, Article 860 of the Civil Code has been infringed, as the property was possessed for a period of less than ten years. Not being legitimized to allege a right of positive prescription according to the rule. It alleges that despite the existence of the final judgment, the judgment opted not to resolve the complaint based on the res judicata (cosa juzgada), ignoring that the property has been in execution of judgment since 2009. This contravenes the principle of independence and autonomy of judicial proceedings. h) Precautionary Measures (Medidas Cautelares) and State of Defenselessness. It challenges that three precautionary measures (medidas cautelares) have been issued (May 19, 2010, March 23, 2018, and May 31, 2023) to suspend the taking of possession of the property illegally, and the registered owner has been placed in a state of defenselessness. Decisions that have prevented the execution of the final judgment, seriously affecting the owner's rights. i) Violation of the constitutional right to property (Article 45) and the right to prompt and complete justice (Article 41). The inexecutability of the judgment has generated continuous economic losses for the registered owner. It requests the revocation of the judgment, that the taking of possession of the Finca Dos Ríos property be ordered in favor of Banco Nacional de Costa Rica, and the restitution of the registered owner's rights, guaranteeing compliance with the final judgment and respect for the principles of justice and legality. Furthermore, the following aspects: 1) the application of Article 330 in the judgment be revoked, and instead it be based on Article 329 of the Civil Code, due to the proven bad faith and fraud in the plaintiff's complaint. Otherwise, maintaining Article 330 would imply unjustified enrichment for the plaintiff. 2) the impediment to appealing the aspect of the recognition of improvements due to the lack of reasoning and bases for the economic amounts in the judgment, and the inevacuability of the expert evidence (prueba pericial) be declared without express resolution. 3) Indemnification and Fruits: Based on Article 327 of the Civil Code, it is requested that, if payment for improvements and accessions is ordered, BNCR be obligated to pay for them and the retention of the parcel be revoked, since the improvements were introduced during BNCR's ownership and recognition of payment does not correspond after filing the complaint. 4) Imposition of Costs: It is requested that, the complaint having been declared unenforceable, the plaintiff be ordered to pay procedural and personal costs, given that cost exoneration only applies when litigation was conducted in good faith, which is not the case here. 5) Declaration of Unenforceability: the complaint be dismissed as unenforceable, and the archiving of the file be ordered, lifting the precautionary measure (medida cautelar) on the property, ordering the plaintiff to remove improvements within a period of 15 days, with the warning of losing her right if she does not, ordering her to leave the property within the same period, with police assistance if necessary. Order the plaintiff to pay procedural and personal costs and return the immovable property of the Finca Dos Ríos estate (image 847 to 861 in pdf format. digital file).\n\n**V-** The plaintiff Galdys Oporta files an appeal with concomitant nullity. She begins with a description of who the defendant initially was: Banco Nacional de Costa Rica. After the purchase of the property by the co-defendant company, a procedural succession (sucesión procesal) was declared, which was revoked by the Agrarian Tribunal, which kept both parties in the proceeding as co-defendants. She points out that Banco Nacional answered the complaint in a timely manner and raised defenses, and the co-defendant Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve Ha SRL did not answer the complaint, was declared in default, litigated without legal representation, and with the intention of delaying the proceeding for several years. The grievances against the judgment on appeal point out that the proven facts are inaccurate, due to the inadequate valuation of the evidence proving her possession and acts on the property in question. 1) Disagreement with the proven facts. She begins by challenging the proven facts of the appealed ruling as follows: Second Fact: It challenges the consideration of a report from the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) dated March 7, 2011, within an administrative file of that entity, where it is cited that Juan Mayorga Gutiérrez (a witness in this proceeding) represented 76 families so that the entity would intervene regarding an eviction attempt. The plaintiff maintains that she never worked for the banana company, nor was she part of those proceedings or demonstrations. And that she has possessed the property since the year 2000. Sixth Fact: It challenges the affirmation that the plaintiff knew that the property was owned by Banco Nacional, arguing that the property was registered in the name of the Bank in 2011, long after the plaintiff began working the parcel. Seventh Fact: In this regard, it is argued that the registration of the property in the name of Banco Nacional is not relevant, having had more than ten years of possession.\n\nNinth Allegation: It disagrees with the declaration that the plaintiff is inferred not to have had knowledge of the property registered in her name since 1999, arguing that the titling process was lengthy and that the plaintiff was not informed at that time. Tenth Allegation: It questions the statement that the plaintiff does not reside on the farm, arguing that case law establishes that residing on the property is not required to acquire possession rights. 2) Regarding resolutions of the Agrarian Court stating it is unnecessary to reside on the land. It is pointed out that judgment 271-F-18 resolved that residing on the land is not necessary to acquire rights by adverse possession (prescripción positiva). It is based on the principle that \"the land should belong to those who work it,\" highlighting the importance of agricultural work as an essential right and an instrument for access to property. And with this idea, requirements of civil law for a deed of transfer of ownership and good faith are discarded, and aspects based on the reality of effective possession of the land are used. The following rulings are cited: 100-F-19, 271-F-18, 0467-F-09, 0073-F-07, 0732-F-06. 3) Regarding unproven facts. The claims regarding these facts focus on the issue of the lack of demonstration of Gladis Oporta Arista’s possession of the Limón property, registration number 54429-000. First unproven fact. It is claimed that the judgment reasons the lack of demonstration of the plaintiff's entry onto the property due to a state of necessity. A requirement for precarious possession (posesión en precario). It is considered that this conclusion is reached due to the lack of a thorough assessment of the case file and the presentation of biased evidence by the opposing party. As it is on record that the plaintiff has had a registration in her name since one year before the 1999 entry onto the farm, a product of the titling process through Law 7599 of 1996, the Ley de Titulación de Tierras ubicadas en reservas nacionales, carried out by the then IDA, and that the claimant here, at the date of precarious occupation (ocupación en precario) of the farm in litis, was unaware of the benefit obtained, since the entity took more than fifteen years to deliver the property titles, with the known limitations specified and established in the Law. On that date, 24 years ago, the claimant was a young woman, 34 years of age, a worker, single to this day, and head of household, who at that time had to work and till the land to provide sustenance for her four children, all minors and of school age, which in those times at Finca Dos Ríos was very difficult and a great responsibility for this young mother, such that today the co-defendant in bad faith seeks to take undue advantage and benefit against a hard-working woman from rural Costa Rica. Regarding the second fact—the plaintiff's lack of economic dependence on the 11 hectares for her food security and economic well-being. It is contested that the adjudicating judge did not participate in the site visit during the judicial inspection (reconocimiento judicial) of the property. The conclusion reached is a mere presumption, as the judge issuing the ruling had no contact with the evidence, the parties, nor the land. The principle of immediacy of evidence (principio de inmediación de la prueba) was breached, with the judge lacking factual or legal basis, when in reality, in the material and physical plane, this plot is where the plaintiff tills the land, produces crops, and has a dwelling on the plot, which is crucial for her sustenance and that of her family. The community also recognizes her possession as legitimate. It considers there is sufficient probative evidence demonstrating that the plaintiff does depend on these crops for her survival. 4) Regarding bad faith. It appeals that the assertion that the plaintiff acted in bad faith is unfounded. It is argued that the claimant has acted in accordance with the law and due process, seeking to regularize her possession of the property in litis. The claims of the lawsuit principally request that the property be registered in her name or, alternatively, that she receive compensation for the improvements made. It qualifies the judgment's assessment regarding bad faith as subjective, without evidence to support it. It is argued that the plaintiff was unaware that the then IDA had registered a property in her name in 1999 and that, in the context of the special adverse possession (usucapión especial), it is not necessary to demonstrate title or good faith. It qualifies the decision as excessive and in violation of current regulations, contravening Article 92 of the ITCO Law and the case law invoked in the appeal. 5) Unproposable claim (demanda improponible). It is claimed that the decision was based on Article 508, subsection 3, of the Labor Code and Article 35.5 of the Civil Procedure Code for the declaration of the action as unproposable (demanda improponible), under the argument that it can be decreed when there is evidence of a simulated lawsuit or the purpose pursued in the process is illicit or prohibited, and there is evidence of the lack of a material or essential prerequisite for the claim. This being a biased interpretation in favor of the co-defendant parties. It claims that the prerequisites of the action filed are present and the purpose is to obtain the property for the family's sustenance. It cites having met the legal prerequisites of the action filed. Furthermore, it met the possession period necessary to claim the relief sought. The partiality of the judicial decision in declaring the action as unproposable (demanda improponible) by considering the plaintiff did not live on the farm is questioned, even though the case law of the Agrarian Court has not considered it an indispensable requirement. Regarding the special agricultural adverse possession (usucapión especial agraria), it is argued that the plaintiff has another real property registered in her name, which according to the appellant is due to the actions of the then IDA under the Ley de Titulación de Tierras ubicadas en reservas nacionales. It considers that the co-defendant's defense was accepted without solid grounds. It reproaches that the actions of the co-defendant party are validated, and documents without a direct relationship to the process are accepted as evidence for a better resolution (prueba para mejor resolver) without any relation to the plaintiff. It disagrees with the conclusion that the plaintiff's occupation of the plot was not due to a need to work the land to support her family. It is argued that the farm provided by the IDA was obtained, as cited, by virtue of the Ley de Titulación de Tierras ubicadas en reservas nacionales, which was unknown at that time. The procedural bad faith attributed to her is rejected. 6) Exoneration of the co-defendants from the costs of the proceedings. It refutes that this decision harms the rights of the plaintiff and her attorney. The request that the defendant and co-defendant parties assume the costs of the proceedings is justified, based on case law and the Civil Procedure Code, and requests that the co-defendants be ordered to pay costs. Regarding the good faith of the losing party as a criterion for exempting them from paying costs, in accordance with the Civil Procedure Code, it grants broader powers. There are also duties of conduct for the parties: loyalty, probity, rational use of the procedural system; all elements for assessing good faith. The conduct of the losing party within the process must be studied in aspects such as cooperation with evidence, truthfulness in allegations, and the absence of dilatory actions. The subject matter of the litigation must be weighed, and various aspects that it entails regarding the transparent application of norms, difficulties in obtaining evidence, among others. All of which must be considered at the time of exempting the duty to pay costs. Likewise, if the defendant unilaterally satisfies the claim, they may be exempted from paying costs according to the circumstances. The appellant makes various general reasonings on topics referring to situations in which exoneration from costs is appropriate. Grounds for annulment. Annulment is invoked for the following reasons: a) the previous decisions of the Agrarian Court and the transgression of the principles of impartiality and congruity were not considered in the judgment. b) Procedural violations: the contradiction of what was decided with the resolution of the Agrarian Court, which established that the Banco Nacional should remain in the process as a defendant. By proceeding to condemn her, without considering the responsibility of the Banco Nacional. An aspect that violates due process. c) Absence of a rigorous analysis of the body of evidence, by not evaluating the documentation presented during almost six years of processing this case file, which led to an unfounded judgment. This harms the procedural rights of the plaintiff. d) Omission of Conciliation by not attending to the request for a conciliation hearing made by the plaintiff, which transgresses the RAC Law. This prevented an amicable solution to the conflict and would have avoided the need to issue a judgment. Impartiality by assuming in the judgment the position of one party, with language suggestive of partiality.\n\nVI- A ruling on the list of proven and unproven facts of the appealed judgment is omitted, due to the manner in which this judgment will be decided.\n\nVII- The sub judice case, according to the lawsuit, requested, of interest, the following: to declare the adverse possession (prescripción positiva) action with merit; to register in favor of the plaintiff the portion occupied for more than 18 years in the National Registry. As a subsidiary claim against the two co-defendant entities, it was requested: the defendant be obligated to pay the value of the improvements introduced; the right to retain the property until its payment be granted (image 2 to 5, 12 and 19 and 148 to 151 of the digital case file in pdf mode). In the second allegation of the lawsuits, it is stated that the farm plot had been possessed for 12 years, during which it has been cared for and cultivated with coconut, fruit trees, timber trees, corn, citrus, soursop, mango, and other crops. Furthermore, that there is a dwelling house in a fair state of conservation, built of cement, with four rooms, kitchen, living room, hallway, and service and external bathroom, which measures approximately one hundred twenty square meters of construction, a country-house type. In the third allegation, it was mentioned that the place where the farm is claimed is a hamlet, that more than ten years have passed since possessing the plot, and that the farm was registered by the Banco Nacional, but it has never held possession of the property and therefore has never exercised possession of it, directly or indirectly. In the fifth allegation, it was adduced that in the exercise of the rights of possession, occupation, and agricultural exploitation for more than eighteen years, a large number of improvements of very high value had been made, coupled with stable permanence and care of the property, permanent agricultural production in an organized manner, which has allowed me to live in the place permanently with my family and obtain food from the crops according to the seasons of the year; in addition to the fact that as an agricultural producer I contribute to supplying the national market, generating stability for the family, despite the poverty experienced in the area. Therefore, adverse possession (prescripción positiva) has been consolidated. Regarding these allegations, in the response of the Banco Nacional de Costa Rica, it stated it could not verify that the plaintiff's land is located on the farm or her possession thereof, and that the land was acquired by the company, being registered on October 9, 2018. For its part, the co-defendant joined to the litis later, on October 31, 2018, as visible (image 148 to 151), did not answer the lawsuit, was declared in default, but has acted in the process. It is worth citing that the lawsuit included a section that reads: \"LIQUIDATION OF POSSESSORY STATUS (LIQUIDACIÓN DE ESTADO POSESORIO). It is prudentially estimated that, due to holding and carrying out possession consisting of the organized exploitation of the agricultural, animal, and environmental biological cycle, which translates into the improvements made in the area that I occupy and possess on the property, which by law have an added and accessory value to the adverse possession (prescripción positiva) action being filed, this possessory status (estado posesorio) be liquidated in a subsidiary manner for the amount established by a study or expert report.\" In the subsidiary claims of the writ clarifying the lawsuit, it requested (image 11 of the case file in pdf mode), pursuant to Article 328 of the Civil Code, the payment of the value of the improvements and the right of retention until payment and subject to expert valuation, as well as the maintenance of the land for the 18 years. In the judicial inspection (reconocimiento judicial) held on June 7, 2022, and safeguarded in videos part of the case file, what was found regarding various plantations, the state of the boundaries (videos MAH01216 to 01223), and an inhabited cement house with electricity and a well, with a zinc roof, tile floors, hallway room, concrete structure, kitchen, bedrooms, bathroom, backyard, a house in a poor state of paint (videos MAH01224 to 01225) are observed. It is worth citing that the claims of the lawsuit are constituted by the real action of special agricultural adverse possession (prescripción especial agraria) whose prerequisites are regulated by the Ley de Tierras y Colonización and which is different from ordinary adverse possession (usucapión común), as well as the liquidation of the possessory status (estado posesorio). Therefore, the object of the process is formed by what is requested in the claims regarding the recognition of what is generally called improvements, which must be integrated with the fifth and second allegations of the complaint and resolved according to the evidence gathered in the case file, including what was observed in the judicial inspection (reconocimiento judicial) and what was cited in the testimonial evidence regarding this topic. The foregoing with respect to both co-defendant entities that are joined to the process in that capacity. In the appealed judgment on the topic of the liquidation of the possessory status (estado posesorio), none of the facts found in the areas of the farm in litis is included in the list of proven facts, nor is any mention cited as an unproven fact regarding the topic linked to improvements. In Considerando III, it reasons about the appropriateness of the lawsuit for special agricultural adverse possession (usucapión especial agraria) and the lack of accreditation of its prerequisites. It was reasoned, of interest, in the judgment that, despite good faith being unnecessary in the adverse possession (usucapión) alleged in this process, her possession was not in good faith. To reach the conclusion of declaring the lack of passive standing of the co-defendant bank due to the transfer of the farm to the company Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve HA SRL, because the first was no longer the registered owner.\n\nVIII- Regarding the liquidation of the possessory status (estado posesorio), Considerando VIII of the appealed judgment, titled On the Improvements, stated: \"In this matter, the plaintiff requests in her subsidiary claims that the improvements made within the land of the Limón property 54429-000 be recognized; however, she does not indicate what those improvements she made are, nor does she mention what type of improvements she claims; therefore, by virtue of the decision that will be known hereafter, it is only appropriate to grant her the right to recognition of the necessary and useful improvements introduced to the land, since, for these, even if the possessor is in bad faith (as is the case of Ms. Gladis Oporta Arista), she has the right to have them recognized and the value thereof paid, or, also, if such improvements can be removed without damaging the land in dispute, she may proceed to remove them. I must indicate that I make this decision because, if they are not granted, it could lead to unjust enrichment by the registered owner of the aforementioned property, since this company, at the time of acquiring its land, did so knowing of the pending lawsuits filed regarding it.\" In this regard, the operative part ordered the obligation of Finca Dos Ríos Trescientos Veintinueve HA Sociedad de Responsabilidad Limitada: \"payment of the value of the useful and necessary improvements introduced by the plaintiff in the claimed area of the property. Otherwise, under the assumption that the plaintiff can remove them, she is ordered to do so without causing detriment to the area where they are located. Furthermore, the right of retention was granted for the necessary improvements made, this given the proven bad faith with which the plaintiff acted, provided that the corresponding judgment execution proceeding must first be initiated.\" Under these circumstances, according to Article 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria, there are omissions that transgress the right of defense and adversarial principle of the co-defendant party in the resolution of the liquidation of the possessory status (estado posesorio) of the plaintiff, which merits issuing the annulment of the judgment brought on appeal, as it is not possible for this Chamber to remedy this, due to the impossibility of resolving the issue in a single instance. The foregoing, because from reading the judgment, it is unknown which party is obligated to pay for the recognized improvements, what those improvements for which the right of retention is granted are, and under what legal rules; the reasoning that provided the basis for that decision is not included. Similarly, there is a lack of consideration in the appealed judgment of the verification of the dwelling house observed during the judicial inspection (reconocimiento judicial) and cited in the initial pleading of the lawsuit’s allegations, which has effects on the topic of the liquidation of the possessory status (estado posesorio). The resolution lacks in the reasoning part a rationale about what is considered an improvement, its type, the effects of good and bad faith on such an institution, and the effects of the foregoing on the right of retention. As well as the classification of the dwelling located at the site during the judicial inspection (reconocimiento judicial). This Instance observes that a recognition in the appealed decision has been made of the granting of improvements with the right of retention, without any mention in the operative or reasoning part that identifies all the elements pertaining to the improvements regime granted. This has a direct effect on the judgment execution phase. With a decision like the one issued in this process, where there are sufficient probative elements on record to resolve regarding the identification of the goods, plantations, or forest species found, a resolution must be made on this matter, in order not to leave a topic proper to the ordinary phase to the judgment execution phase. The factual and legal reasons for the improvements recognized in the abstract are unknown from what was decided, and to transfer to the judgment execution phase the determination of improvements, to which elements it refers, and the effects of good or bad faith. Without justifying issuing a generic condemnation in the form issued on this point, when the evidence necessary for its determination has already been gathered and leaving topics for economic valuation for the execution phase. It should be considered that it is subject to payment and in the execution phase, and this delays compliance with what was ordered. Therefore, the appealed judgment must be annulled, so that the court of origin proceeds to resolve the issue subject to the process pursuant to Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria. The factual and legal reasons must be indicated based on a comprehensive assessment of the evidence, which must be confronted to produce the estimation or dismissal of the lawsuit. This does not occur in the appealed decision, and this causes defenselessness, as the intellectual exercise carried out to reach the derived conclusions regarding the possessory status (estado posesorio) is unknown. This is of core importance in actions of this nature, given the lawsuit regarding the subsidiary claim for the liquidation of the possessory status (estado posesorio). For this Chamber, the deficient reasoning produces defenselessness due to an incongruence between what was requested and what was denied for the cited reason. This is because the institution of improvements and accessions requires the study of the conditions under which the building was constructed, whether there was an obstacle or not on the part of the owner, whether permission was denied, or whether it was done with the sight and patience of the registered owner. None of this was subject to assessment and reasoning. This is of core importance in order to determine the legal effects of potential co-ownership regimes or the destruction of the accessions, or the dismissal of the claims for improvements (Articles 505, 507, 508, and 509 of the Civil Code).\n\nIX- In use of the powers of Article 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria and its Article 54, the appealed judgment must be annulled. So that it is issued again in compliance with the rules of correct reasoning and evidentiary assessment. In addition to the correct application of the legal institutions applicable to the process, in accordance with the claims and object of the process.\n\nTHEREFORE\n\nJudgment number 2023000335, of twenty hundred hours and zero minutes on June twenty-eighth, two thousand and twenty-three, is annulled.\n\nMARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - DECISION-MAKING JUDGE\n\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - DECISION-MAKING JUDGE\n\nHEILIN MAYELA ROJAS MADRIGAL - DECISION-MAKING JUDGE\n\nEXP: 18-000018-0507-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4th floor, Tribunales de Justicia building, Calle Blancos de Goicoechea, in front of the Hospital Hotel La Católica parking lot, Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:30:02.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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