{ "id": "nexus-sen-1-0034-1251772", "citation": "Res. 01598-2024 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Apelación de absolución por pesca ilegal con arbaleta", "title_en": "Appeal of acquittal for illegal fishing with speargun", "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal anuló la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Penal de Heredia, sede Sarapiquí, en favor de un imputado acusado de pesca ilegal en aguas continentales protegidas, utilizando arbaleta, conducta tipificada en el artículo 97 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley 7317). La absolutoria se basó en la aplicación del principio in dubio pro reo, por supuestas irregularidades en la cadena de custodia y manejo de la escena. Sin embargo, el Tribunal de Apelación determinó que el juez de instancia incurrió en falta de fundamentación, errónea valoración de la prueba y contradicciones, al omitir valorar integralmente testimonios de funcionarios del SINAC y prueba documental que acreditaban la flagrancia. Se evidenció que no existió vicio en la cadena de custodia ni en la actuación policial, y que el a quo realizó afirmaciones especulativas sin sustento probatorio. En consecuencia, se anuló el fallo absolutorio y se ordenó el reenvío de la causa para nueva sustanciación, incluyendo la acción civil resarcitoria planteada por la Procuraduría General de la República.", "summary_en": "The Criminal Sentencing Appeals Court overturned the acquittal issued by the Heredia Criminal Court, Sarapiquí seat, in favor of a defendant accused of illegal fishing in protected inland waters using a speargun, conduct criminalized under Article 97 of the Wildlife Conservation Law (Law 7317). The acquittal was based on the in dubio pro reo principle due to alleged irregularities in the chain of custody and crime scene management. However, the Appeals Court found that the trial judge lacked proper reasoning, erred in evaluating evidence, and made contradictory statements by failing to comprehensively assess the testimony of SINAC officials and documentary evidence that proved flagrancy. It was shown that there was no defect in the chain of custody or police actions, and that the lower court's doubts were speculative and unsupported by evidence. Consequently, the acquittal was annulled and the case remanded for a new trial, including the civil damages claim filed by the Attorney General's Office.", "court_or_agency": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "date": "25/09/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "criminal-environmental", "wildlife-law-7317" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "in dubio pro reo", "cadena de custodia", "acción civil resarcitoria", "flagrancia", "sana crítica", "SINAC", "ley de vida silvestre", "arbaleta" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 97", "law": "Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317" }, { "article": "Arts. 1, 9, 142, 180-184, 363", "law": "Código Procesal Penal" }, { "law": "Ley Orgánica del Ministerio Público" }, { "article": "Art. 97 inciso a", "law": "Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317" } ], "keywords_es": [ "pesca ilegal", "arbaleta", "Ley de Conservación de Vida Silvestre", "SINAC", "in dubio pro reo", "cadena de custodia", "acción civil resarcitoria", "apelación penal ambiental", "flagrancia", "valoración probatoria", "Artículo 97 Ley 7317" ], "keywords_en": [ "illegal fishing", "speargun", "Wildlife Conservation Law", "SINAC", "in dubio pro reo", "chain of custody", "civil damages claim", "environmental criminal appeal", "flagrancy", "evidentiary assessment", "Article 97 Law 7317" ], "excerpt_es": "Así las cosas, esta Cámara de Apelaciones concluye que el Tribunal Penal realizó una valoración sesgada, parcial y contradictoria del elenco probatorio, que claramente no se ajustó a la rigurosa aplicación de las reglas de sana crítica que legalmente corresponde, lo cual implica un defecto formal de carácter esencial por la inobservancia de lo regulado en los artículos 1, 9, 142, 180, 181, 182, 184 y 363 del Código Procesal Penal, lo que conllevó a la errónea aplicación del principio in dubio pro reo en favor de [Nombre 001] y determina la ilegalidad de la sentencia absolutoria objeto de impugnación, por lo que la misma debe anularse. [...] En razón de todo lo expuesto, se declara con lugar el primer motivo del recurso de apelación presentado por la licenciada Katty Lobo Rodríguez, en su calidad de representante de la Fiscalía de Sarapiquí, así como el primer reparo de la impugnación planteada por la licenciada Margot Avellán Ruíz, en su condición de representante del Estado. En consecuencia, se anula en su totalidad la sentencia oral recurrida, y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que, con distinta integración, se resuelva lo que legalmente corresponde.", "excerpt_en": "Thus, this Appeals Chamber concludes that the Criminal Court carried out a biased, partial and contradictory assessment of the evidentiary body, which clearly did not conform to the rigorous application of the rules of sound criticism legally required, which implies an essential formal defect due to the non-observance of the provisions of articles 1, 9, 142, 180, 181, 182, 184 and 363 of the Code of Criminal Procedure, which led to the erroneous application of the in dubio pro reo principle in favor of [Nombre 001] and determines the illegality of the acquittal under appeal, so it must be annulled. [...] Therefore, the first ground of the appeal filed by Ms. Katty Lobo Rodríguez, as representative of the Sarapiquí Prosecutor's Office, and the first claim of the challenge brought by Ms. Margot Avellán Ruíz, as representative of the State, are upheld. Consequently, the appealed oral judgment is annulled in its entirety, and the case is remanded to the Criminal Court of origin so that, with a different panel, the matter may be resolved as legally appropriate.", "outcome": { "label_en": "Upheld", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The acquittal for illegal fishing was overturned due to erroneous evidentiary assessment and improper application of the in dubio pro reo principle.", "summary_es": "Se anuló la sentencia absolutoria por pesca ilegal al determinarse errónea valoración probatoria e indebida aplicación del in dubio pro reo." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "Thus, this Appeals Chamber concludes that the Criminal Court carried out a biased, partial and contradictory assessment of the evidentiary body, which clearly did not conform to the rigorous application of the rules of sound criticism legally required.", "quote_es": "Así las cosas, esta Cámara de Apelaciones concluye que el Tribunal Penal realizó una valoración sesgada, parcial y contradictoria del elenco probatorio, que claramente no se ajustó a la rigurosa aplicación de las reglas de sana crítica que legalmente corresponde." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "Therefore, it is determined that there was in fact no irregular action by the SINAC officials in this case that compromised or raised any doubt as to the identity of the seized objects.", "quote_es": "En razón de lo expuesto, se determina que en realidad no hubo actuación irregular alguna por parte de los funcionarios del SINAC actuantes en el sub judice, que comprometiera o haga surgir alguna duda, en cuanto a la identidad de los objetos decomisados." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1251772", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José\n\nResolución Nº 01598 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 25 de Setiembre del 2024 a las 08:45\n\nExpediente: 20-000355-0573-PE\n\nRedactado por: Edwin Esteban Jiménez González\n\nClase de asunto: Recurso de apelación\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\nResolución: 2024-1598\n\nExpediente: 20-000355-0573-PE(12 )\n\n \n\n TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las ocho horas cuarenta y cinco minutos, del veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.-\n\n RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], [...]; por el delito de INFRACCIÓN LEY DE CAZA Y PESCA, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso el juez Edwin Esteban Jiménez González, las juezas Iris Lucia Valverde Usaga y Laura Gabriela Murillo Mora. Se apersonaron en esta sede la licenciada Katty Lobo Rodríguez como representante del Ministerio Público, la licenciada Margot Avellán Ruíz como representante de la Procuraduría General de la República y la licenciada Marielena Guevara Castillo como defensora pública del imputado.\n\nRESULTANDO:\n\n I.- Que mediante sentencia número 19-2024, de las ocho horas del treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, el Tribunal Penal de Heredia, sede Sarapiquí, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con el artículo 39 y 41 de la Constitución Política, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1 del Código Penal, 97 inciso a de  la Ley Vida Silvestre, 1, 9, 12, 142, 180 al 184, 265 a 267, 360, 363, 364, 365, 366 del  Código  Procesal Penal. Al resolver el presente asunto se ABSUELVE de toda pena y  responsabilidad bajo el principio IN DUBIO PRO REO a [Nombre 001], de un delito de PESCA ILEGAL que se venía tribuyendo como  cometido en perjuicio de la LEY VIDA SILVESTRE. Se declara sin lugar la Acción Civil  Resarcitoria incoada por la representación de la Procuraduría General de la República.  Se ordena levantar toda medida cautelar que tuviese el acusado por esta causa. Se  condena sin especial condenatoria en costas. Son los gastos del proceso penal a  cargo del Estado. Se ordena la destrucción de la evidencia material existente, como el  archivo de los autos una vez firme la sentencia. Quedan notificadas las partes de lo  resuelto. MSc. Manuel Fallas Calderón, Juez de Juicio.\" (sic).\n\n \n\n II.- Que contra el anterior pronunciamiento,  licenciada Katty Lobo Rodríguez como representante del Ministerio Público, la licenciada Margot Avellán Ruíz como representante de la Procuraduría General de la República, interpusieron recurso de apelación.\n\n III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.\n\n IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal Jiménez González; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- a) Mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2024 visible de folio 93 a folio 96 de los autos, la licenciada Katty Lobo Rodríguez, en su calidad de representante del Ministerio Público, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia N°19-2024, dictada por el Tribunal Penal de Heredia, sede Sarapiquí, a las 08:00 horas del 31 de enero de 2024, en la que en virtud del principio in dubio pro reo, se absolvió de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre 001], por el delito de pesca ilegal regulado en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que se acusó en su contra como cometido en perjuicio de los recursos naturales. b) La licenciada Margot Avellán Ruíz, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, mediante escrito remitido por correo electrónico el 20 de febrero de 2024 (cfr. folios 97 a 102 del principal), impugna el fallo absolutorio antes indicado, en el que se rechazó la querella que dicho ente estatal interpuso en contra de [Nombre 001] por la ilicitud previamente citada. c) En libelo presentado el 19 de marzo de 2024 que consta a folios 107 y 108 de los autos, la licenciada Marielena Guevara Castillo, en su condición de defensora pública del imputado [Nombre 001], expone las razones por las que solicita que se declaren sin lugar las impugnaciones previamente descritas. Los recursos de apelación son admisibles. De la lectura de las impugnaciones y del estudio de los antecedentes del expediente, se determina que las mismas se presentaron en tiempo conforme al plazo de ley, así como que cumplen con los presupuestos necesarios para su adecuado conocimiento en orden al examen integral del fallo, tal y como lo exige el numeral 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.\n\n II.- En virtud de la relación existente entre el primer motivo del recurso de apelación planteado por el órgano fiscal, y el primer reclamo de la impugnación presentada por la representación del Estado, ambos se resuelven de manera conjunta conforme de seguido se expone. a) Primer motivo del recurso del Ministerio Público. La licenciada Katty Rodríguez Lobo, alega “Falta de fundamentación intelectiva: errónea valoración de la prueba durante el debate, violación a las reglas de la sana crítica racional/fundamentación contradictoria, falta de objetividad e imparcialidad”. Alude que el análisis del fallo que fustiga permite establecer, que el Tribunal sentenciador no ponderó el elenco probatorio conforme a las máximas del correcto entendimiento humano, concretamente, las normas de “la lógica y la deribación” (Sic.). Señala que es importante hacer ver los gravísimos errores que se presentan en la sentencia de mérito, indicando al respecto, que el primer yerro se dio en virtud de la valoración parcial que hizo el a quo de la prueba testimonial, ya que solo apreció la que favorecía al aquí justiciable, inobservando así el deber de apreciar las probanzas integralmente, las que considera que fueron subjetivamente analizadas. Esto, al hacer referencia a aspectos atinentes a la cadena de custodia y al manejo del escenario del delito, omitiéndose valorar concatenadamente la prueba testimonial y documental, y limitándose a hacer presunciones y a mencionar datos que los deponentes nunca mencionaron en el contradictorio. Así, la recurrente estima que el a quo a efectos de absolver a [Nombre 001], se conformó con hacer referencia a la temática “del escenario contaminado”, señalando en tal sentido, que los funcionarios del SINAC atendieron dos eventos al mismo tiempo, así como trasladaron a un grupo de detenidos a otro lugar en el que estaban otras personas “aprendidas” (Sic.), por lo cual, el juzgador de instancia, estimó que hubo un mal manejo que implicó el quebrantamiento de la cadena de custodia de los indicios recolectados. Califica tal criterio como un terrible error, ya que [Nombre 001] fue capturado en flagrante delito mientras realizaba labores de pesca en el [...], utilizando para ello, el objeto conocido como una “arbaleta”. Señala la impugnante, que en el juicio se recibió el testimonio de Roger Gómez Loría, quien declaró: “[…] el 08 de abril del 2020, a las 23 horas realizaba un recorrido de rutina en compañía de Juan Obando Ugalde, y dos funcionarios covierenas, Antonio Ezeta, Jehovannv Camacho Méndez, (tío del imputado), [...], observamos un foco dentro del agua a lo que procedimos a acercarnos para verificar de que se trataba, nos mantuvimos unos minutos esperando v logramos de observar que es una personas estaban pescando, con el método de arbaleta, foco estaba encendido, y los rayos. Procedemos a encender los focos de nosotros identificamos como funcionarios del sinac, logrando proceder con la detención del señor [Nombre 001], el cual porta en su mano una arbaleta y la detención de las personas que se encuentran sentados a la orilla de río y la par de ellos un saco de color blanco, los identificamos y realzar la revisión de lo que había dentro del saco; tres peces de machaca, tres especies moga, un pes guapote, 1 pez mojarra, y un camarón de río. Procedimos a revisar los peces, revisamos los peces para verificar que cada pez, fue pescado con el método de arbaleta, en este caso específico tenían orificios de ingreso de puntera de la arbaleta” … continúa indicando … Anterior a este cumplimiento realizamos otro cumplimiento a unos 25 metros, de igual forma se aprendieron a dos personas que también estaban pescando con el método de arbaleta, y juan y Antonio quedaron custodiando a esas dos personas que estaban en calidad de aprendidos. En la escena del grupo 1, el compañero Jehovannv Camacho, cruzo el rio a la otra orilla del rio, para ver que no hubiera escena, si hizo cada procedimiento individual… Con exactitud no la tengo la hora de intervención del grupo 1, la intervención fue muy rápida, por la topografía, ambas fueron rápidas, desde que llegamos al lugar divisamos al grupo 2. En ese mismo sentido el testigo Juan Obando manifestó ...” Mi compañero Roger Gómez del SINAC, Antonio, y un covirena Jehovanni realizamos recorrido de protección en [...], cuando llegamos al sector se visualiza desde un punto, focos en el agua, dos grupos, dos puntos distintos del rio, procedemos a llegar al primer grupo que se encontraba más cerca de donde nos encontrábamos, se procedió con la visualización de las actividades, de ese primer grupo lo que estaban haciendo, cuando determinamos que es actividad ilegal de pesca procedimos a interceptar el primer grupo que vemos en el río. yo quedo en custodia de ese primer grupo, entonces Jehovannv v Roger proceden a desplazarse hasta el segundo punto donde estaba el segundo grupo posterior proceden a capturar las personas para trasladarlos al primer grupo donde yo estaba, con el primer grupo se hace dirección funcional, mismo proceso se hace con el segundo grupo, procedemos a dejarlos en libertad. de acuerdo a la dirección funcional […]” (cfr. folio 94 del principal. El cúmulo de errores ortográficos y gramaticales corresponden al original). La fiscal recurrente, considera que, de lo anterior, quedó claro que en el momento de la intervención que se le hizo al imputado [Nombre 001], se le observó saliendo del río con una arbaleta en la mano junto con otros dos sujetos, y con un saco que contenía pescados que presentaban orificios de dicho tipo de instrumento de pesca. Fustiga que el juzgador de mérito haya expuesto presunciones en el fallo oral, atinentes a la probabilidad de que los funcionarios estuvieran acostados por una hora realizando vigilancias estacionarias, lo cual le preocupa, toda vez que tal situación solo estuvo en la imaginación del a quo, ya que ningún testigo hizo referencia a la misma. Estima que otro error en el sustento de la resolución que reprocha, radica en que el Tribunal Penal consideró que el acta de decomiso no se hizo en el lugar del suceso de marras, lo que es completamente contradictorio con lo que narraron los funcionarios del SINAC y lo que se colige de la prueba documental, ya que de tales medios probatorios se determina que el acta de decomiso se hizo en el [...]. Cuestiona que el juez haya establecido que se dio una contaminación del escenario en virtud de que se realizó un transporte irregular que rompió la cadena de custodia, motivo por el que estimó que hubo una nulidad absoluta. Al respecto, alega que no sabe en qué debate estuvo el juzgador de instancia, ya que los funcionarios del SINAC fueron contestes en explicarle, cuáles fueron los indicios que se le incautaron a [Nombre 001], así como que manifestaron que nunca se mezclaron las evidencias vinculadas a cada uno de los grupos de personas detenidas, siendo que se siguieron causas penales separadas, reiterando que el decomiso se hizo en el mismo sitio en que se dio el hallazgo. Así, alude que nunca hubo tal contaminación, sin embargo, el a quo consideró que a cada uno de los pescados decomisados se le debió hacer su respectivo embalaje, etiquetado y lacrado, lo que es totalmente equivocado. Esto, por cuanto a folio 7 de los autos consta un acta de destrucción, así como una secuencia fotográfica en la que se observa que los funcionarios enterraron los pescados decomisados, tal y como procede en este tipo de delitos. Es absurdo requerir en un caso como el que nos ocupa, la cadena de custodia de los peces muertos, ya que los mismos deben ser enterrados, de tal modo que concluye que, en la especie, no hubo infracción alguna en el manejo de la evidencia decomisada al imputado [Nombre 001]. Por último, señala que el Tribunal de instancia en su exposición, hizo referencia a otro tipo de delitos como tenencia de drogas y portación de armas, de lo cual no existió nada en el sub judice. Indica que los funcionarios manifestaron que hicieron una revisión en el lugar de los hechos, para descartar que se estuviera dando algún otro ilícito, aclarando que lo único que se encontró se hizo constar en el acta de decomiso. Aduce que, si bien es cierto, el día del evento en cuestión se dieron dos intervenciones por parte de funcionarios del SINAC, relacionadas con la actividad de pesca ilegal, cada una de las actuaciones se hizo separadamente, por lo que nunca se dio la mezcla de evidencias que erróneamente valoró el juzgador de mérito. Concluye indicando, que la situación que reprocha causó un perjuicio ilegítimo a las pretensiones punitivas del Ministerio Público, y que la condenatoria que se solicitó en contra del aquí justiciable estaba sustentada en pruebas suficientes y, a pesar de ello, se procedió a absolver a [Nombre 001], por lo que pide que se acoja el recurso de apelación, y se ordene el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen. b) Primer motivo del recurso de la Procuraduría General de la República. La licenciada Margot Avellán Ruíz, alega “Insuficiente fundamentación de la sentencia en cuanto a la manipulación o transporte irregular de la prueba en el presente caso, en abierta transgresión del numeral 142 del Código Procesal Penal por inobservancia de las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo”. La licenciada Avellán Ruíz, alude que la decisión de absolver por duda a [Nombre 001], y en virtud de ello, declarar sin lugar la querella y acción civil resarcitoria que el Estado presentó en su contra, es errada, por cuanto se originó en un trato inadecuado de la prueba. En concreto, considera que el a quo externó criterios contradictorios, ya que en un primer momento expresó que sería ingenuo dar crédito a la versión de los hechos dada por el encartado [Nombre 001], pero luego, de modo incoherente, el a quo refirió que tenía dudas sobre la actividad de pesca ilegal imputada, en razón de que las diligencias realizadas en relación con la detención de dicho justiciable tardaron mucho tiempo, aunado a que no se acordonó el sitio y no se hicieron las actas de decomiso en el propio lugar del suceso. Destaca la recurrente, que, para tales efectos, el Tribunal Penal valoró que, en calidad de prueba para mejor resolver, se trajo a debate el expediente N°20-000356-0573-PE, el que se relaciona con la aprehensión de otras personas que se hizo casi de manera simultánea con la captura del aquí encausado [Nombre 001], en razón de que aquellas fueron encontradas realizando faenas de pesca idénticas, en el mismo lugar y hora en que, flagrantemente, se dio la detención del aquí justiciable. Cuestiona la recurrente la forma en que se valoró el oficio N°PNBC-QG-D-004-2020 por parte del juez de mérito, documento que constituye la notitia criminis en el expediente antes citado, ya que se apreció por el a quo que era muy extraño que se estableciera que los funcionarios del SINAC llegaron al sito de los hechos a las 20:30 horas, y desde ese momento hasta las 22:30 horas, se dedicaran a observar que los sujetos involucrados estaban realizando actividades de pesca, ya que fue hasta este último momento en que se dio su detención, así como la del imputado en esta sumaria, [Nombre 001], espacio temporal que el Tribunal Penal estimó que era exagerado, y que implicó que la captura de las personas involucradas y la recolección de pruebas estuviera viciada, al estimarse que no se obtuvieron con los estándares policiales normales por descuido de la cadena de custodia. La licenciada Avellán Ruiz, considera que el juzgador perdió el norte en torno al tipo de delito investigado, al exigir y cuestionar, por ejemplo, que el sitio del suceso no se haya acordonado con cinta amarilla similar a la utilizada por la Fuerza Pública, argumento erróneo que se apreció para dictar la absolutoria, lo que conllevó a que en el fallo oral se hiciera un escaso e inadecuado análisis del elenco probatorio. Así, cuestiona que, para sostener sus incorrectas afirmaciones, el a quo solo haya valoró el oficio N°PNBC-QG-D-004-2020, siendo que no se comprende qué incidencia tiene para la demostración de los hechos, el que las diligencias policiales se hayan desarrollado entre las 20:30 horas y las 22:30 horas, y por qué tal situación generara una duda para absolver al aquí encartado. Alude que independientemente del margen de tiempo que duró la actuación de los funcionarios del SINAC, no se determinó en modo alguno, ni por asomo, que se haya generado alguna actuación viciada o que se haya dado algún comportamiento ilegítimo por parte de aquellos. Al respecto, considera que, de la valoración integral de las pruebas, principalmente de las detalladas explicaciones que brindaron los funcionarios de la administración ambiental del Estado, Roger Eduardo Gómez Loría y Juan Antonio Obando Ugalde, se colige que ambos son personeros de amplia experiencia, y que actuaron en todo momento bajo la dirección funcional del fiscal Luis Fernando Aguilar Salazar. En el debate, dichos deponentes de modo contundente, afirmaron coherentemente que sus acciones fueron llevadas a cabo debida y separadamente, respecto de los dos grupos de personas que fueron sorprendidas en labores de pesca ilegal, siendo que se hizo una debida identificación de los sujetos involucrados, y se confeccionaron las actas de decomiso y destrucción correspondientes. Agrega que el tiempo de duración de la intervención de los funcionarios del SINAC, no solo no incide en la demostración de los hechos, sino que, tampoco, implica violación alguna al principio de congruencia, ya que del contenido de la querella y de la acción civil resarcitoria, se establece con absoluta claridad que los acontecimientos ocurrieron aproximadamente alrededor de las 23:00 horas, lo que concuerda con lo establecido en el oficio N°PNBC-QG-D-004-2020 y en el acta de secuestro N°PNBC-QG-007-2020, por lo que estima que la queja del juzgador de instancia en tal sentido, es improcedente. Alude que: “[…] A la luz de lo anterior, es viable señalar que el hecho de que se tardase o no en realizar la actuación policial, es un argumento que, aparte de vacío, carece de impacto probatorio en cuanto al cumplimiento policial de acuerdo a la ley y la detención del encartado, por lo que su absolutoria en infundada y torna en ineficaz la presente sentencia, y así se solicita se declare en sentencia de apelación […]” (cfr. folios 99 vuelto y 100 frente. La copia es literal). Por otra parte, en relación con el resguardo de la escena del crimen y la supuesta manipulación de la prueba, estima que es un criterio que carece de asidero fáctico, jurídico y de una fundamentación mínima, que acredite que las aparentes falencias en cuestión, impidieron demostrar los eventos ilícitos querellados, los que claramente se constataron de la prueba documental y testimonial evacuada en el contradictorio. Señala que los requerimientos del a quo, no tomaron en cuenta que las actuaciones en la persecución de ilícitos como el ventilado en la especie, se da en lugares inhóspitos como lo son ríos, lagos, refugios o mares que son parte del patrimonio del Estado, y que las acciones delictivas se ejecutan en horas nocturnas para asegurar la clandestinidad. En el sub judice, la actividad de pesca ilegal se dio en un río, no en sus orillas, por lo que es imposible imaginarse que los oficiales del SINAC pudieran acordonar con cinta las aguas del río para el aseguramiento de la zona de los hechos, según lo echó de menos el juzgador de instancia, por lo que considera que tal postura es absurda e imposible. Contrario sensu, estima que los personeros del SINAC cumplieron con un manejo adecuado de la escena del crimen, desde el momento en que se detuvo y se identificó al justiciable [Nombre 001], siendo que conforme corresponde en materia ambiental, se le decomisaron todas las artes relacionadas con la pesa, así como las presas que se obtuvieron de la actividad ilícita que desplegó, lo que se demostró con las correspondientes actas de decomiso y de destrucción, diligencias que a la fecha han bastado en sede judicial, para establecer un manejo adecuado del caso de cara al resguardo de la evidencia y del lugar de comisión del delito. Igualmente, la recurrente fustiga que el Tribunal Penal haya establecido que las actas se confeccionaron en una zona geográfica distinta al sitio del suceso de marras, y que ello implicó la violación de la cadena de custodia. Señala que tal apreciación del juzgador carece de sustento probatorio y, más bien, el elenco probatorio demostró lo contrario. En este sentido, la impugnante aduce lo siguiente: “[…]  Según el juez, la falencia que acusa se extrae del testimonio del señor Juan Antonio Obando Ugalde; pero no obstante, al revisar la declaración de este servidor, es evidente que lo derivado por el señor juzgador es una lectura sesgada de este testimonio, ya que ante una pregunta sobre cuando se elaboraron las actas de decomiso, ese testigo es contundente en señalar que \"...Es por parte de !a dirección funcional que nos dicen en el momento, esas se confeccionaron donde ocurre el hecho...\" y que en [...] - donde se encuentra el puesto del SINAC - lo que se realizó fue la destrucción de las especies pescadas y las fotografías que constan en el informe de denuncia que se remite a la fiscalía. En este supuesto, donde la prueba es contundente en señalar que las actas se elaboraron en el sitio de los hechos, no se logra determinar en qué momento \"se violentó la cadena de custodia\" pues el juez no lo dice ni medianamente, siendo que tampoco indica como fue que ese vicio afectó la prueba o a la demostracion de los hechos para impedir que se condenara al encartado […]” (cfr. folio 100 del principal. La transcripción es literal). Hace ver la impugnante, que jurisprudencialmente ya se ha establecido que la circunstancia referente al lugar en que se confecciona un acta de decomiso, puede acreditarse mediante otros medios de prueba, como por ejemplo en la resolución N°2004-35, de las 08:45 horas del 30 de enero de 2004, de la Sala de Casación Penal, así como en el pronunciamiento N°2016-0222, de las 15:35 horas del 01 de marzo de 2016, del Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela. Sumado a lo anterior, señala que es harto conocido que el actuar de los funcionarios del SINAC se adecúa al tipo de delitos que deben abordar, y se apega a estándares policiales en el manejo de prueba que son propios de tal especie de ilicitudes, aunado a que se verificó que los personeros de la administración ambiental actuaron bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Agrega que, en el presente caso, se contó con el amplio testimonio de Roger Gómez Loría, quien detalló que observó al encausado [Nombre 001] saliendo del [...] con varios objetos en sus manos, incluyendo una arbaleta, una máscara de buceo y un foco, el que se utiliza para alumbrar las aguas y detectar las presas. Asimismo, se tiene que Juan Antonio Obando Ugalde relató en el debate, que vio a [Nombre 001] con su vestimenta mojada, lo que es conteste con el hecho de que el encartado estaba dentro del cauce del río llevando a cabo faenas de pesca, lo que se tipifica como un delito en el artículo 97 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Así las cosas, la licenciada Avellán Ruíz estima que el imputado [Nombre 001] fue detectado por los funcionarios del SINAC en flagrancia, por cuanto estaba en el [...] usando una arbaleta, así como en virtud de que se logró identificar las especies que fueron perjudicadas por su ilícito actuar, lo que confirmó el oficial Gómez Loría y también el testigo José Andrés Solano Navarro, quien emitió una valoración del daño ambiental causado por [Nombre 001], por lo que lo procedente era la condenatoria de dicho justiciable, siendo evidente el vicio de falta de fundamentación de la sentencia. Solicita que se revoque en su totalidad el fallo impugnado y se declare ineficaz, y que se ordene el reenvío de la causa para su nueva sustanciación. Los motivos son procedentes. Esta Cámara de Apelaciones ha examinado de modo integral el fallo oral impugnado por las representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, documentado digitalmente en el archivo 200003550573PE-31012024080502-2_Multi, concluyendo que, efectivamente, el Tribunal Penal no valoró el elenco probatorio conforme legalmente correspondía, y se concentró en hacer referencia a su particular percepción en cuanto a la manera en que debió manejarse el sitio en que se dio la detención de [Nombre 001], así como la custodia la evidencia, por parte de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Al respecto, debe indicarse que es evidente que el a quo no concretó, jurídicamente, qué incidencia tenían tales consideraciones formales en relación con la determinación de los hechos, de cara a los eventos ilícitos descritos en la acusación de la fiscalía, y en la querella y acción civil resarcitoria de la representación del Estado, lo que implica la inobservancia de lo regulado en los artículos 1, 9, 142, 180, 181, 182, 184 y 363 del Código Procesal Penal, ergo, la decisión de absolver por duda a [Nombre 001] por el delito de pesca ilegal que se le endilgó y, en virtud de ello, declarar sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en su contra, es ilegítima. Además, el razonamiento dado por el juzgador de instancia en el análisis de fondo que expuso en el fallo oral de marras, es contradictorio, confuso y especulativo, siendo que hizo afirmaciones en torno a circunstancias que no se coligen en modo alguno de los elementos probatorios evacuados el juicio, aunado a que de modo totalmente incoherente al inicio de su argumento fue preciso en acotar que no tenía por qué dudar de los testimonios de Roger Eduardo Gómez Loría y Juan Obando Ugalde, en cuanto al evento ilícito endilgado a [Nombre 001] en la presente causa, así como fue claro en señalar que no creía la versión de los hechos que dio dicho encartado en el ejercicio de su defensa material. Sin embargo, posteriormente, cuestionó la veracidad de Gómez Loría en cuanto a lo que relató en torno a su actuación en el cumplimiento de sus funciones como funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Es oportuno a efectos de entender el caso, recapitular el marco fáctico descrito en la acusación del Ministerio Público: “[…] PRIMERO: El 08 de abril de 2020, al ser aproximadamente las 23:00 horas en [...] el encartado [Nombre 001], realizó faenas de pesca dentro del agua mediante utilización de una arbaleta, acción con la cual logró capturar de forma ilegal 9 peces, con un peso de 2.128 kilogramos, cantidad que mantenía en la orilla del río. Los peces son de las especies machaca, moga, guapote, lagunero, mojarra y camarón de río. SEGUNDO: Con lo anterior, el encartado [Nombre 004] mediante la utilización de dicha arbaleta, como herramienta de esca prohibida puso en peligro la continuidad de las especies del exosistema riberino, ya que dicho instrumento captura especímenes adultos, sino que también especímenes juveniles que no han alcanzado la madurez del ciclo biológico […]” (cfr. folio 47 del sumario. La transcripción es literal). Por su parte, se tiene que la base fáctica de la querella y de la acción civil resarcitoria planteada por la Procuraduría General de la República, fue la siguiente: “[…]  PRIMERO: El día ocho de abril del año dos mil veinte, al ser aproximadamente las veintitrés horas con cero minutes en el sector de [...], sorprendieron de manera infraganti al imputado [Nombre 001] quien a sabiendas de la ilicitud de sus actos, utilizando artes de pesca prohibidas y sin contar con los permisos de Ley en aguas del [...] pescó las siguientes presas: tres individuos de la especie Machaca con medidas entre los 26 centímetros y 19 centímetros de largo, tres individuos de la especie Moga con medidas entre los 25 centímetros y 17 centímetros de largo, un individuo de la especie guapote con 18 centímetros de largo, un individuo de la especie Mojarra de 14 centímetros de largo y un camarón de rio de 82 gramos de peso para un total de nueve individuos de distintas especies todos capturados de manera ilegal mediante la utilización de una arbaleta. SEGUNDO: La actividad desplegada por el imputado [Nombre 001] ocasionó un daño al ambiente que se pondera como consecuencia de la afectación y los costos para llevar el recurso natural al estado en que se encontraba antes del impacto sufrido. Lesionando una serie de valores de distintos impactos, como lo es el valor comercial, siendo este valor el costo de los productos ó subproductos de un animal silvestre ó su homólogo doméstico; generado de la venta en el mercado nacional y se estima a través de la suma del valor de la carne más el valor de los subproductos ó productos; se incluye también el valor de la descendencia, por otra el valor ecológico radica en que cada individuo (defínase como miembro de una especie) cumple una función y juega un papel importante a nivel ecológico; el valor ecológico puede ser catalogado como inapreciable, pasajero ó permanente, de acuerdo al sitio donde se realice y el grado de afectación, y el valor de protección, siendo que Con dichas acciones además se amenazaron otros hábitats marinos, pues al utilizarse métodos prohibidos para pescar, se dio lugar a una elevada proporción de capturas accesorias de especies no deseadas y a los consiguientes descartes. Las capturas accesorias afectan también la cadena alimenticia de otras especies como las aves marinas, razón por la cual, no se permite pescar en las zonas protegidas debido a los daños que pueden ocasionar a la diversidad marina, las cuales pueden ser desbastadores. Dicho daño ambiental y comercial fue valorado por el Sistema de Áreas de Conservación, Área de Conservación Central, Parque Nacional Braulio Carrillo en la suma de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON OCHENTA Y SETS CENTAVOS DE DOLAR (2.377.86). […]” (cfr. folio 98 del sumario. La copia es literal). Asimismo, es pertinente recapitular lo regulado en el artículo 97 de la Ley de Conservación de Fauna Silvestre (Ley N°7317), que es la norma en que se tipifica la conducta punible endilgada a [Nombre 001]: “[…]  Artículo 97.- Será sancionado con pena de multa de cinco (5) a diez (10) salarios base o pena de prisión de dos (2) a ocho (8) meses, y el comiso del equipo o material correspondiente, quien pesque en aguas continentales -ríos, riachuelos y quebradas hasta su desembocadura, lagos, lagunas, embalses, esteros y demás humedales-, de propiedad nacional, empleando explosivos, arbaletas, atarrayas, chinchorros, líneas múltiples, trasmallo o cualquier otro método que ponga en peligro la continuidad de las especies. En caso de que la pesca se efectúe en aguas continentales, empleando venenos, cal o plaguicidas, será sancionado con pena de multa de diez (10) a treinta (30) salarios base o pena de prisión de uno (1) a dos (2) años, siempre que no se configure un delito de mayor gravedad, y el comiso del equipo y el material correspondientes. Igual pena se impondrá a quien dañe a las poblaciones de especies objetivo de la pesca, a las especies capturadas incidentalmente y a los ecosistemas de los cuales estas dependen para llevar a cabo sus funciones biológicas, como ecosistemas marinos, marino costeros, coralinos, rocosos, manglares, ríos, esteros, estuarios y bancos de pastos […]”. Con el panorama fáctico y jurídico sometido a discusión en el sub judice en claro, esta Cámara de Apelaciones debe indicar que llevan razón las recurrentes, en cuanto a la carencia de sentido jurídico, a la falta de fundamentación, y a la ausencia de esencialidad, de los motivos con base en los que se trató de fundamentar —fallidamente—, el fallo absolutorio dictado en favor de [Nombre 001], por la aplicación del principio in dubio pro reo. En concreto, se tiene lo siguiente: i.- el a quo no sustentó ni expuso qué elementos de convicción le permitieron concluir, lógicamente, que Roger Eduardo Gómez Loría, funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que declaró en calidad de testigo en el debate y que participó en la aprehensión del aquí justiciable, faltó a la verdad al explicar en el juicio que dicha detención se originó en virtud de que, flagrantemente, [Nombre 001] fue sorprendido cometiendo la conducta tipificada en el artículo 97 de la Ley de Conservación de Fauna Silvestre. Esto, por cuanto estaba haciendo una pesca ilegal en el [...] con una arbaleta, instrumento con el cual Gómez Loría dijo haber visto salir del agua a [Nombre 001], así como con un foco y una mascarilla para inmersión acuática. Tampoco, el Tribunal Penal razonó conforme a las reglas del correcto entendimiento humano, por qué consideró que Gómez Loría mintió en cuanto a las actuaciones que realizó de cara a la detención de dicho justiciable, y la elaboración de las actas de decomiso y de destrucción de evidencia que se evacuaron como prueba documental en el contradictorio. ii. En la resolución de instancia, no se explica qué elementos de juicio en concreto, acuerparon las dudas en cuanto a la identidad del objeto que Gómez Loría dijo que portaba en sus manos el justiciable [Nombre 001], al salir del [...] —la arbaleta—, con el que fue descrito en el acta de decomiso visible a folio 6 de los autos. iii.- Tampoco quedan claras, las razones por las que el a quo indicó en el fallo oral recurrido, que desconfiaba de la cadena de custodia de la evidencia, en virtud de que el acta de decomiso de referencia no se hizo en el propio lugar de los hechos o de la detención. Tal afirmación, es absolutamente infundada y contraria a la correcta aplicación del principio de razón suficiente, ya que de dicha probanza documental, lo que se deriva es que a [Nombre 001], a las 23:22 horas del 08 de abril de 2020, en [...], se le incautó lo siguiente: un foco marca “Toolcraft”; una arbaleta marca Caralcro con puño blanco; una máscara de buceo color verde con negro; 3 pescados de la especie machaca, tres pescados de la especie moga, un pescado de la especie guapote, un pescado de la especie mojarra, y un camarón de río (ver documento de folio 6). Así las cosas, es palpable que la afirmación del Tribunal Penal atinente a que la cadena de custodia de la prueba era dudosa en la especie, por no haberse confeccionado el acta de decomiso en el lugar de los hechos, no deriva de la correcta valoración de la prueba documental y, tampoco, de lo que Gómez Loría declaró en tal sentido en el debate, lo que implica el vicio de errónea valoración del elenco probatorio, así como el de falta de fundamentación que se recaman. Cabe agregar, que en su exposición el a quo no precisa un solo elemento de convicción que siquiera permita presumir, que el oficial Gómez Loría le implantó evidencia ilegalmente al encausado [Nombre 001], ni tampoco que permita derivar que tenía un motivo para perjudicarlo mendazmente, y mentir en torno a su actuación en el presente caso como funcionario del SINAC. iv. Del escrutinio objetivo y racional de los argumentos con base en los que el Tribunal Penal procuró afincar su decisión de absolver por duda al imputado Aguirre Camacho, no se logra determinar por qué, jurídicamente, tiene incidencia para la solución del caso, el hecho de que el recorrido de vigilancia que propició la captura de [Nombre 001], haya iniciado a las 20:30 horas del 08 de abril de 2020, y la efectiva aprensión del aquí justiciable se haya dado a las 23:30 horas de ese mismo día. Cabe agregar, que, sin justificación alguna, el juzgador hace referencia a que las vigilancias del SINAC se prolongaron por casi 5 horas, lo que no se deriva en modo alguno del elenco probatorio evacuado en el debate, aspecto puntual que revela la confusión que mostró el a quo al momento de valorar las pruebas del sub judice. v.- Tampoco se sustenta adecuadamente en la resolución oral de marras, qué elementos de juicio le permitieron establecer al Tribunal, por qué los funcionarios de dicho ente ambiental, no tenían la posibilidad material de abordar y detener a los dos grupos de personas que estaban ejecutando actos de pesca ilegal, en dos sitios muy cercanos en las aguas del [...], y mucho menos, se precisa por qué se consideró que tal situación pudo generar alguna confusión en cuanto a los objetos que se incautaron al aquí justiciable, siendo que el argumento del a quo se afincó en meras especulaciones en relación con la forma en que los funcionarios del SINAC ejecutaron el abordaje y detención de los dos grupos de personas que se encontraban el día de los hechos en la márgenes del [...]. Al respecto, se considera que sin dar un sustento objetivo y racional, el juzgador de mérito no analizó conforme legalmente correspondía lo que el oficial Gómez Loría relató en cuanto a la manera en que se dio la detención del aquí justiciable, así como del otro grupo de personas que se encontraban a una distancia aproximada de 25 metros respecto del punto en que [Nombre 001] fue sorprendido con una arbaleta en sus manos dentro de las aguas del [...]. Dicho deponente, incluso, dijo que el aquí encartado no se percató de la llegada de los funcionarios del SINAC, en virtud de que era noche y, también, porque las personas que se presentaban al sitio a pescar ilegalmente utilizaban linternas, por lo que su presencia se confundía con la de otros pescadores ilegales. Asimismo, el Tribunal Penal dejó de lado arbitrariamente, que lo que se detalla y describe con precisión en el acta de decomiso visible a folio 6 del sumario, es totalmente concordante con el testimonio de Gómez Loría, así como que, incluso, dicho documento tiene la firma del encartado [Nombre 001] y la de dos testigos de actuación. vi.- Cabe agregar, que tal y como lo aduce la representante de la Procuraduría General de la República, licenciada Margot Avellán Ruíz, del informe policial del SINAC PNBC-QG-D005-20 de folios 1 a 5 del sumario, así como del testimonio de Gómez Loría, se deriva que los oficiales del SINAC siempre actuaron conforme a la dirección funcional que se recibió por parte del fiscal Luis Fernando Aguilar Salazar, lo que injustificadamente no se valoró conforme legalmente correspondía por el Tribunal Penal. vii.- Asimismo, se considera que en el presente caso no existió alguna variación irregular ni que se haya dado un trato distinto, en cuanto a la manera en que habitualmente, en virtud de las particularidades propias de los delitos cometidos en daño del ambiente —como el que nos ocupa en el presente caso—, se hace el abordaje de las personas involucradas y se recolecta la prueba por parte de las autoridades competentes. En el sub judice, es totalmente entendible y era lo procedente, que parte de la evidencia, sean los pescados que fueron presa del ilícito actuar de [Nombre 001], por ser materia biológica, debía fijarse fotográficamente y desecharse adecuadamente antes de que se diera su descomposición, lo que se verifica que hizo correctamente del contenido del informe policial visible de folios 1 a 5 del sumario, así como del acta de destrucción que consta a folio 7, por lo que no se comprende el confuso argumento del a quo, en cuanto a que cada uno de los pescados debió ser embalado y lacrado, para trasladarlos del lugar en que se dio la captura de [Nombre 001], al sitio en que se enterraron y se confeccionó el acta de destrucción. Tampoco, es muy claro lo que se figura el juzgador de mérito en relación con lo que, en su criterio, es la correcta fijación de la escena del crimen, ya que, confusamente, hace referencia a la necesidad de acordonar la zona o poner cinta de seguridad como la que usa la Fuerza Pública en el lugar en que se hace el hallazgo de la evidencia. Al respecto, esta Cámara de Apelaciones considera que el Tribunal de instancia dejó de lado la tipología del delito acusado y querellado en la presente causa, así como las particularidades del caso, en que según lo relató Roger Gómez Loría, [Nombre 001] fue sorprendido in fraganti cuando estaba en el [...] pescando con un instrumento prohibido, conducta penada en el artículo 97 de la Ley de Conservación de Fauna Silvestre. En razón de lo expuesto, se determina que en realidad no hubo actuación irregular alguna por parte de los funcionarios del SINAC actuantes en el sub judice, que comprometiera o haga surgir alguna duda, en cuanto a la identidad de los objetos decomisados a los que hizo referencia Roger Gómez Loría y que se describen en la prueba documental supra referenciada, con los que en la realidad histórica fueron utilizados por el encartado [Nombre 001] para realizar el evento punible descrito en la acusación del Ministerio Público, así como en la querella y en la acción civil planteadas por la Procuraduría General de la República, lo que determina un defecto esencial en el fundamento de la absolutoria que por duda, se dictó en favor de [Nombre 001], tal cual lo reclaman las aquí impugnantes. Con el fin de evidenciar el vicio de preterición de prueba de carácter esencial, es importante recapitular lo que testificó Roger Eduardo Gómez Loría en el juicio en torno al evento ilícito de marras y su actuación como funcionario del SINAC, declaración que es coincidente con lo que se colige del acta de decomiso de folio 6, del acta de destrucción de folio 7 y del informe policial del SINAC PNBNC-QG-D-005-20 que consta de folios 1 a 5 del sumario, probanzas que sin justificación alguna el Tribunal de instancia omitió valorar integralmente conforme lo exige el deber de fundamentación que es parte del debido proceso. Así, el escrutinio del fundamento descriptivo de la sentencia recurrida, documentada en el archivo digital 200003550573PE-31012024080502-2_Multi, en la secuencia que da inicio a las 00:10:37 de contador, permite establecer que Gómez Loría relató lo siguiente “[…] Acto seguido se recibió la declaración del testigo Roger Eduardo Gómez Loría, quien labora para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y Energía, propiamente en el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector [...], el cual es técnico ambiental y coordinador del programa de prevención, protección y control. Refirió que conoce a [Nombre 001], pues había colaborado en patrullajes anteriormente. Declaró, si realizamos patrullajes de rutina en la zona de [...], también en [...] y por el sector del [...]. Este es el límite entre el Braulio Carrillo y las fincas privadas. Se posee un grupo que se llama Covires, Comité de Protección de Recursos Naturales, se buscan personas en las comunidades, personas con conocimiento de la zona, los delitos que se atacan, y conocimiento de patrullaje en montaña. [Nombre 001] nos acompañó en algunas ocasiones en patrullajes de rutina, enfocados en la prevención del delito, con mi persona en dos ocasiones nos acompañó [Nombre 001]. Al final el comité no se formó, esto fue durante el año 2021 o 2122, aproximadamente. No se hace evaluación, se les selecciona y se les capacita. Para mí [Nombre 001] era una persona seleccionada. El día 08 de abril del año 2020, a las 23:00 horas realizaba un recorrido de rutina, en compañía de Juan Obando Ugalde, y los dos funcionarios ad honorem, Antonio Ezeta y Giovanni Camacho, tío de [Nombre 001]. El recorrido en las márgenes al lado izquierdo, río arriba, sobre el [...], se observa un foco dentro del agua, nos acercamos para verificar, nos mantuvimos unos minutos en espera, y observamos que se trataba de una persona realizando pesca con el método de arbaleta, se procede a iluminar e identificar, y nos identificamos como funcionarios del SINAC, logrando la detención de [Nombre 001], el cual porta una arbaleta en sus manos, y la detención de dos personas más que se encuentran a la orilla del río, y a la par de ellos un saco color blanco. Se les identifica y al realizar la revisión del interior del saco, de lo cual se trataba de 3 tres peces de la especie machaca, 3 peces de la especie moga, 1 pez de la especie guapote, y un camarón de río. Se revisaron los peces para verificar que cada uno, eh, la forma en como habían sido capturados, y se determinó que esto era bajo el método de arbaleta. Los 8 peces poseían orificios de ingreso de puntera de arbaleta. [Nombre 001] dentro del agua, tenía la arbaleta, venía saliendo del agua, los otros dos sentados a la orilla del río sobre la arena, viendo de frente al río, ellos no tenían nada en sus manos, solo estaban sentados cerca del saco. [Nombre 001] de los dos sujetos, estaba como a dos metros de distancia. [Nombre 001] portaba la arbaleta, el foco, y la máscara de buceo sobre la cabeza a la altura de la frente. Sí conocía a [Nombre 001] para este momento. Antes del evento [Nombre 001] nos colaboraba en patrullajes, de igual forma conocía a uno de los otros sujetos, David Mora, quien labora como guía naturalista en el Parque Nacional Corcovado. Procedemos a la detención Giovanny Camacho, el tío de [Nombre 001], y se procede a despojar de la arbaleta. Se le colocan las esposas de frente por Giovanny. Se les informa a lo que obedece a detención, por la pesca ilegal con arbaleta. El detenido se mantiene callado, se les informa la necesidad de conservar los recursos naturales, la conservación de especies, se les dice e informa toda esta situación. A [Nombre 001] se le decía también de esta situación. Minutos anteriores se realizó un cumplimiento como a 25 metros de distancia. Se apresaron a dos personas por pesca con el método de arbaleta. Juan Obando y Antonio Ezeta quedaron custodiando a estos dos detenidos. Acto seguido pasó el testigo a la pizarra, y dibujó y explicó su dibujo. Hizo saber que esto era, eh, el dibujo reflejaba dónde quedaba el [...], a la margen de la zona donde pasó. Indica con una donde es que se da el evento como tal. Dice que es una superficie plana, lugar donde se observa plenamente la actividad, tanto del grupo 1 como del grupo 2. Una vez asegurada la primera escena, nos trasladamos a la segunda escena, donde figura [Nombre 001]. Los sujetos están al mismo lado de nosotros. Continúa declarando, en la primera escena Giovanni Camacho cruza el río frente al grupo 1 para verificar que no quedara nada de evidencias, no se encontró nada, el grupo 2, Antonio, posterior a la detención llega al lugar. Se hizo un informe para cada caso, en ambos fungí como oficial actuante. Con las herramientas de pesca se procede al decomiso de la arbaleta, el foco y la máscara de buceo, y los peces. Se custodia en nuestra oficina los peces, y se procede con el acta de entierro bajo la orden del Ministerio Público. Se ordenó la identificación, decomiso del equipo y peces, presentación de un informe, y se deja en libertad, en razón de pandemia Covid-19. A las demás personas con [Nombre 001], no se les decomisó algún equipo o algún indicio al respecto. Se verifica si hay presencia de drogas, armas, otros, no hubo hallazgos. No se trasladó al grupo 2 donde el grupo 1. Se hizo un informe y actas y se presenta al Ministerio Público. la arbaleta empuñadura negra, tubo de color negro, ligas negras. No se percataron del primer abordaje al grupo 1. No poseían pertenencias, se aborda uno a uno. Fue una equivocación mía decir que [Nombre 001] nos había colaborado posterior al evento, siendo que lo correcto es que nos acompañaba en patrullajes antes del evento propiamente dicho, y pues era una persona joven, tenía gran potencial, buena condición física, conocimiento de montaña, es decir, era un firme candidato. A preguntas de la procuraduría, el testigo declaró: el ligar de los hechos [...], [...], Rio Bijagual, la información se la pasa al técnico ambiental José Solano Granados, quien elabora un informe técnico. Dentro de la capacitación está el rastreo de huellas, ubicación de comederos de animales, labores de detención no se les capacita. En esa zona Guaria, es común que se de la pesca, es común que se vean focos alumbrando en razón de la actividad de otros pescadores, es por ello que no se percatan de nuestra presencia. A preguntas de la defensa de [Nombre 001], nos informa: [Nombre 001] nos colaboraba anteriormente al evento, como dos ocasiones, creo que unos años antes, como dos años antes del evento la colaboración y el patrullaje, no preciso la hora exacta del recorrido, la intervención fue rápida al ser una fotografía plana, fueron rápidas ambas, desde que llegamos se divisó al grupo 2. La distancia entre grupos era de 25 metros aproximadamente. Entre nosotros, la misma distancia en línea recta. No recuerdo sus ropas. Ad honorem, Antonio Ezeta y Juan Obando, no reciben pago y no elaboran informes técnicos. Se detiene, custodian, y colaboran en las diligencias. Mi persona es vigilante de toda la actuación y que no se cometan irregularidades. Mi persona realizó el decomiso. Testigos Antonio Ezeta y Juan Obando. Se les identifica, ninguno portaba cédula de identidad, conozco a [Nombre 001], David, al otro según la información dada. El informe que respalda está en el archivo […]” (La transcripción es literal). De lo antes expuesto, tal y como supra se estableció, se determina que del testimonio del oficial del SINAC Roger Eduardo Gómez Loría, conforme a la correcta aplicación del principio de razón suficiente, se colegían, lógicamente, una serie de elementos de convicción que analizados integralmente con los que se derivan de la prueba documental supra indicada, sea el acta de decomiso, el acta de destrucción y el informe policial, permitían establecer la existencia de gran cantidad de aspectos incriminatorios de cara a la conducta ilícita acusada y querellada en contra de [Nombre 001], los que no se valoraron adecuadamente en el fallo oral impugnado por el Tribunal Penal, conforme a lo preceptuado en los artículos 142 y 184 del Código Procesal Penal, lo que devela una inobservancia esencial del deber de fundamentación, en consecuencia, la indebida aplicación del principio in dubio pro reo en favor del justiciable [Nombre 001], ergo, la ilegalidad de su absolutoria. Cabe agregar, que el examen integral de la resolución oral que se impugna, permite constatar que en la secuencia que inicia a las 00:27:30 horas y que finaliza a las 00:58:49 del contador, el a quo expuso verbalmente su análisis de fondo —Considerando III—, siendo que se verifica que su ánimo dubitativo se afincó en líneas generales y, esencialmente, en su errónea e infundada postura en torno al mal manejo de la escena del crimen y de la evidencia en el presente caso, omitiendo valorar de modo integral la prueba testimonial y la documental evacuada en el contradictorio, con lo cual se constatan los cuestionamientos que, en tal sentido, han sido planteados en las impugnaciones de las representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República. Así las cosas, esta Cámara de Apelaciones concluye que el Tribunal Penal realizó una valoración sesgada, parcial y contradictoria  del elenco probatorio, que claramente no se ajustó a la rigurosa aplicación de las reglas de sana crítica que legalmente corresponde, lo cual implica un defecto formal de carácter esencial por la inobservancia de lo regulado en los artículos 1, 9, 142, 180, 181, 182, 184 y 363 del Código Procesal Penal, lo que conllevó a la errónea aplicación del principio in dubio pro reo en favor de [Nombre 001] y determina la ilegalidad de la sentencia absolutoria objeto de impugnación, por lo que la misma debe anularse. Cabe agregar, que la decisión de declarar sin lugar la acción civil resarcitoria, radicó en el hecho de que se absolvió al demandado [Nombre 001] por el delito de pesca ilegal, sobre el cual se imputó su responsabilidad civil extracontractual —generadora de los daños ambientales cuya reparación se reclamó por la representación del Estado—, por lo que al anularse en su totalidad el fallo absolutorio emitido en favor de [Nombre 001] por el delito de pesca ilegal que se acusó y se querelló en su contra, debe anularse, igualmente, la sentencia impugnada en lo que respecta a los extremos civiles, lo cual fue recurrido expresamente en el segundo motivo del recurso de apelación planteado por la Procuraduría General de la República. En razón de todo lo expuesto, se declara con lugar el primer motivo del recurso de apelación presentado por la licenciada Katty Lobo Rodríguez, en su calidad de representante de la Fiscalía de Sarapiquí, así como el primer reparo de la impugnación planteada por la licenciada Margot Avellán Ruíz, en su condición de representante del Estado. En consecuencia, se anula en su totalidad la sentencia oral recurrida, y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que, con distinta integración, se resuelva lo que legalmente corresponde. Por resultar innecesario, se omite conocer el segundo motivo del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el primer motivo del recurso de apelación planteado por la representación del Ministerio Público, así como el primer reclamo de la impugnación presentada por la representante de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se anula en su totalidad el fallo oral impugnado, y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que, con distinta integración, se proceda a resolver lo que legalmente corresponde. Por ser innecesario, se omite conocer el segundo motivo del recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. NOTIFIQUESE. -\n\n \n\n \n\n \n\nEdwin Esteban Jiménez González\n\n \n\nIris Lucia Valverde Usaga                                                Laura Gabriela Murillo Mora\n\nJuez y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal\n\n \n\nExpediente: 20-000355-0573-PE(12)\n\nImputado:  [Nombre 001]\n\nOfendido: Los Recursos Naturales\n\nDelito: Infracción a la Ley de caza y pesca\n\n  \n\nJFERNANDEZGA\n\nExp.: 20-000355-0573-PE (12) 2024-1598- pág.: 1\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:30:43.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eight forty-five on September twenty-fifth, two thousand twenty-four.-**\n\n**APPEAL** filed in the present case against [Name 001], [...]; for the crime of **VIOLATION OF THE HUNTING AND FISHING LAW**, to the detriment of **NATURAL RESOURCES**. Judges Edwin Esteban Jiménez González, Iris Lucia Valverde Usaga, and Laura Gabriela Murillo Mora participate in the decision of the appeal. Attorney Katty Lobo Rodríguez appeared at this venue as representative of the Public Prosecutor's Office, Attorney Margot Avellán Ruíz as representative of the Procuraduría General de la República, and Attorney Marielena Guevara Castillo as public defender of the accused.\n\n**WHEREAS:**\n\n**I.-** That by judgment number 19-2024, at eight o'clock on January thirty-first, two thousand twenty-four, the Criminal Trial Court of Heredia, Sarapiquí venue, resolved: \"**THEREFORE:** In accordance with articles 39 and 41 of the Political Constitution, 8.2 of the American Convention on Human Rights, 1 of the Penal Code, 97 subsection a of the Wildlife Law, 1, 9, 12, 142, 180 to 184, 265 to 267, 360, 363, 364, 365, 366 of the Criminal Procedure Code. In resolving this matter, [Name 001] is **ACQUITTED** of all penalty and responsibility under the principle *IN DUBIO PRO REO* for a crime of **ILLEGAL FISHING** that was being attributed as committed to the detriment of the **WILDLIFE LAW**. The Civil Action for Damages brought by the representation of the Procuraduría General de la República is declared without merit. Any precautionary measure the accused may have for this cause is ordered lifted. Costs are not specially imposed. The expenses of the criminal process are borne by the State. The destruction of the existing material evidence is ordered, as well as the archiving of the records once the judgment becomes final. The parties are notified of the ruling. MSc. Manuel Fallas Calderón, Trial Judge.\" (sic).\n\n**II.-** That against the preceding ruling, Attorney Katty Lobo Rodríguez, as representative of the Public Prosecutor's Office, and Attorney Margot Avellán Ruíz, as representative of the Procuraduría General de la República, filed an appeal.\n\n**III.-** That once the respective deliberation was verified in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal.\n\n**IV.-** That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nJudge of Criminal Sentence Appeal Jiménez González writes; and,\n\n**CONSIDERING:**\n\n**I.-** a) By means of a brief filed on February 19, 2024, visible from folio 93 to folio 96 of the records, Attorney Katty Lobo Rodríguez, in her capacity as representative of the Public Prosecutor's Office, files an appeal against judgment No. 19-2024, issued by the Criminal Trial Court of Heredia, Sarapiquí venue, at 08:00 on January 31, 2024, in which, by virtue of the principle *in dubio pro reo*, the accused [Name 001] was acquitted of all penalty and responsibility for the crime of illegal fishing regulated in the Wildlife Conservation Law, charged against him as committed to the detriment of natural resources. b) Attorney Margot Avellán Ruíz, in her condition as representative of the Procuraduría General de la República, by means of a brief sent by email on February 20, 2024 (cf. folios 97 to 102 of the main file), challenges the aforementioned acquittal, in which the complaint that said state entity filed against [Name 001] for the previously cited illegality was rejected. c) In a brief filed on March 19, 2024, which appears at folios 107 and 108 of the records, Attorney Marielena Guevara Castillo, in her condition as public defender of the accused [Name 001], sets forth the reasons why she requests that the previously described challenges be declared without merit. The appeals are admissible. From the reading of the challenges and the study of the file's history, it is determined that they were filed within the time limit according to the legal term, and that they meet the necessary requirements for their proper knowledge in order to conduct a comprehensive review of the judgment, as required by numeral 8.2h of the American Convention on Human Rights.\n\n**II.-** By virtue of the relationship between the first ground of the appeal raised by the prosecuting body and the first claim of the challenge presented by the State's representation, both are resolved jointly as set forth below. a) First ground of the Public Prosecutor's Office appeal. Attorney Katty Rodríguez Lobo alleges \"Lack of intellectual reasoning: erroneous assessment of the evidence during the trial, violation of the rules of rational sound criticism/contradictory reasoning, lack of objectivity and impartiality.\" She states that the analysis of the judgment she challenges allows establishing that the sentencing court did not weigh the body of evidence according to the maxims of correct human understanding, specifically, the rules of \"logic and derivation\" (Sic.). She points out that it is important to highlight the very serious errors present in the judgment on the merits, indicating in this regard that the first error occurred by virtue of the partial assessment that the trial court made of the testimonial evidence, since it only appreciated the evidence that favored the defendant here, thus disregarding the duty to assess the evidence integrally, which she considers was subjectively analyzed. This, by referring to aspects related to the chain of custody and the management of the crime scene, failing to jointly assess the testimonial and documentary evidence, and limiting itself to making presumptions and mentioning data that the deponents never mentioned in the adversarial proceedings. Thus, the appellant considers that the trial court, for the purpose of acquitting [Name 001], was satisfied with referring to the issue of \"the contaminated scene,\" indicating in this regard that the SINAC officers attended two events at the same time, and they also transferred a group of detainees to another place where other \"apprehended\" (Sic.) persons were, for which reason, the trial court judge considered that there was poor management that implied the breach of the chain of custody of the collected evidence. She qualifies this criterion as a terrible error, since [Name 001] was captured in flagrante delicto while performing fishing activities in the [...], using for this purpose the object known as a \"speargun (arbaleta).\" The challenger indicates that at trial, the testimony of Roger Gómez Loría was received, who declared: \"[...] on April 8, 2020, at 11 p.m., I was conducting a routine patrol in the company of Juan Obando Ugalde, and two COVIRENA officers, Antonio Ezeta, Jehovannv Camacho Méndez, (uncle of the accused), [...], we observed a light inside the water, upon which we proceeded to approach to verify what it was, we stayed for a few minutes waiting and we managed to observe that some people were fishing, using the speargun method, the light was on, and the rays. We proceed to turn on our lights, we identify ourselves as SINAC officers, managing to proceed with the detention of Mr. [Name 001], who carries a speargun in his hand, and the detention of the people who are sitting on the riverbank and next to them a white sack, we identify them and perform a review of what was inside the sack; three machaca fish, three moga species, one guapote fish, 1 mojarra fish, and a river shrimp. We proceeded to review the fish, we reviewed the fish to verify that each fish was caught using the speargun method, in this specific case they had entry holes from the speargun tip\" ... he continues indicating ... \"Prior to this compliance we performed another compliance about 25 meters away, similarly two other people who were also fishing with the speargun method were apprehended, and Juan and Antonio stayed guarding those two people who were in the condition of apprehended persons. At the scene of group 1, officer Jehovannv Camacho crossed the river to the other bank, to see that there was no scene, each individual procedure was done... I do not have the exact time of the intervention of group 1, the intervention was very rapid, due to the topography, both were rapid, from the moment we arrived at the location we spotted group 2. In that same sense, witness Juan Obando stated...\" My colleague Roger Gómez from SINAC, Antonio, and a COVIRENA officer Jehovanni conducted a protection patrol in [...], when we arrived at the sector, lights in the water are visualized from a point, two groups, two different points on the river, we proceed to arrive at the first group that was closest to where we were, we proceeded with the visualization of the activities, of what that first group was doing, when we determined that it is illegal fishing activity, we proceeded to intercept the first group that we see in the river. I stay in custody of that first group, then Jehovannv and Roger proceed to move to the second point where the second group was, later they proceed to capture the people to transfer them to the first group where I was, with the first group functional direction is performed, the same process is performed with the second group, we proceed to release them according to functional direction [...]\" (cf. folio 94 of the main file. The accumulation of spelling and grammatical errors corresponds to the original). The prosecuting attorney considers that, from the foregoing, it was clear that at the moment of the intervention made on the accused [Name 001], he was observed leaving the river with a speargun in his hand along with two other subjects, and with a sack containing fish that had holes from said type of fishing instrument. She criticizes that the judge on the merits expressed presumptions in the oral judgment regarding the probability that the officers were lying down for an hour conducting stationary surveillance, which worries her, since such a situation only existed in the trial court's imagination, given that no witness referred to it. She considers that another error in the basis of the ruling she reproaches lies in the fact that the Criminal Trial Court considered that the seizure report was not made at the place of the incident at issue, which is completely contradictory to what the SINAC officers narrated and what is inferred from the documentary evidence, since from such evidentiary means it is determined that the seizure report was made in the [...]. She questions that the judge established that contamination of the scene occurred by virtue of an irregular transport that broke the chain of custody, for which reason he considered that there was an absolute nullity. In this regard, she claims she does not know what trial the trial court judge was in, since the SINAC officers were in agreement in explaining to him what evidence was seized from [Name 001], and they stated that the evidence linked to each of the groups of detained persons was never mixed, given that separate criminal proceedings were followed, reiterating that the seizure was made at the same site where the discovery occurred. Thus, she states that there was never such contamination; however, the trial court considered that each of the seized fish should have been individually packaged, labeled, and sealed, which is entirely wrong. This is because, on folio 7 of the records, there is a destruction report, as well as a photographic sequence in which it is observed that the officers buried the seized fish, as is appropriate in this type of crime. It is absurd to require, in a case like the one at hand, the chain of custody of dead fish, since they must be buried, in such a way that she concludes that, in the instant case, there was no infraction in the handling of the evidence seized from the accused [Name 001]. Finally, she points out that the trial court in its exposition referred to other types of crimes such as drug possession and weapons carrying, of which nothing existed in the *sub judice*. She indicates that the officers stated they conducted a search at the crime scene to rule out that any other illicit act was occurring, clarifying that the only thing found was recorded in the seizure report. She argues that, although it is true that on the day of the event in question there were two interventions by SINAC officers related to illegal fishing activity, each of the actions was carried out separately, so the mixture of evidence that the judge on the merits erroneously assessed never occurred. She concludes by indicating that the situation she reproaches caused illegitimate harm to the punitive claims of the Public Prosecutor's Office, and that the conviction sought against the defendant here was based on sufficient evidence and, despite this, [Name 001] was acquitted, for which reason she requests that the appeal be granted, and the case be remanded to the trial court of origin. b) First ground of the appeal by the Procuraduría General de la República. Attorney Margot Avellán Ruíz alleges \"Insufficient reasoning of the judgment regarding the manipulation or irregular transport of the evidence in the present case, in open transgression of numeral 142 of the Criminal Procedure Code for disregard of the rules of sound criticism, with respect to evidentiary means or elements of decisive value.\" Attorney Avellán Ruíz states that the decision to acquit [Name 001] due to doubt, and by virtue thereof, to declare without merit the complaint and civil action for damages that the State filed against him, is erroneous, because it originated from inadequate handling of the evidence. Specifically, she considers that the trial court expressed contradictory criteria, given that it first expressed that it would be naive to give credit to the version of the facts given by the defendant [Name 001], but then, incoherently, the trial court stated it had doubts about the illegal fishing activity charged, because the proceedings conducted in relation to the detention of said defendant took too long, coupled with the fact that the site was not cordoned off and the seizure reports were not made at the place of the incident itself. The appellant highlights that, for such purposes, the Criminal Trial Court assessed that, as evidence for better resolution, file No. 20-000356-0573-PE was brought to trial, which relates to the apprehension of other persons carried out almost simultaneously with the capture of the defendant here, [Name 001], given that those persons were found performing identical fishing activities, at the same place and time when the detention of the defendant here occurred flagrantly. The appellant questions the manner in which official letter No. PNBC-QG-D-004-2020 was assessed by the judge on the merits, a document that constitutes the *notitia criminis* in the aforementioned file, since it was appreciated by the trial court that it was very strange to establish that the SINAC officers arrived at the site of the events at 8:30 p.m., and from that moment until 10:30 p.m., they dedicated themselves to observing that the involved subjects were performing fishing activities, given that it was not until this last moment that their arrest occurred, as well as that of the accused in this summary proceeding, [Name 001], a period of time that the Criminal Trial Court considered to be exaggerated, and which implied that the capture of the involved persons and the collection of evidence was flawed, by considering that they were not obtained with normal police standards due to neglect of the chain of custody. Attorney Avellán Ruiz considers that the judge lost focus regarding the type of crime under investigation, by demanding and questioning, for example, that the crime scene was not cordoned off with yellow tape similar to that used by the Fuerza Pública, an erroneous argument that was appreciated to issue the acquittal, which led to a scarce and inadequate analysis of the body of evidence in the oral judgment. Thus, she questions that, to sustain his incorrect statements, the trial court only assessed official letter No. PNBC-QG-D-004-2020, since it is not understood what impact the fact that the police proceedings took place between 8:30 p.m. and 10:30 p.m. has on the demonstration of the facts, and why such a situation generated a doubt to acquit the defendant here. She states that regardless of the time margin that the action of the SINAC officers lasted, it was in no way determined, not even remotely, that any flawed action was generated or that any illegitimate behavior on their part occurred. In this regard, she considers that, from the integral assessment of the evidence, mainly from the detailed explanations provided by the officers of the State's environmental administration, Roger Eduardo Gómez Loría and Juan Antonio Obando Ugalde, it is inferred that both are officers with extensive experience, and that they acted at all times under the functional direction of prosecutor Luis Fernando Aguilar Salazar. At trial, these deponents, in a categorical manner, coherently affirmed that their actions were carried out properly and separately, with respect to the two groups of people who were caught in illegal fishing activities, with a proper identification of the involved subjects being made, and the corresponding seizure and destruction reports being prepared. She adds that the duration of the intervention by the SINAC officers not only does not affect the demonstration of the facts, but also does not imply any violation of the principle of congruence, since from the content of the complaint and the civil action for damages, it is established with absolute clarity that the events occurred approximately around 11:00 p.m., which agrees with what is established in official letter No. PNBC-QG-D-004-2020 and in seizure report No. PNBC-QG-007-2020, for which reason she considers that the complaint of the trial court judge in this regard is unfounded. She states that: \"[...] In light of the foregoing, it is viable to point out that the fact that the police action took a long time or not is an argument that, apart from being empty, lacks evidentiary impact regarding police compliance according to the law and the detention of the defendant, so his acquittal is unfounded and renders the present judgment ineffective, and it is so requested to be declared in the appeal judgment [...]\" (cf. folios 99 verso and 100 recto. The copy is literal). On the other hand, regarding the safeguarding of the crime scene and the alleged manipulation of the evidence, she considers it a criterion that lacks factual and legal basis and minimum reasoning to prove that the apparent deficiencies in question prevented demonstrating the illicit events alleged in the complaint, which were clearly verified from the documentary and testimonial evidence presented in the adversarial proceedings. She points out that the trial court's requirements did not take into account that actions in the prosecution of illicit acts like the one aired in the instant case occur in inhospitable places such as rivers, lakes, refuges, or seas that are part of the State's heritage, and that the criminal actions are executed at night to ensure secrecy. In the *sub judice*, the illegal fishing activity occurred in a river, not on its banks, so it is impossible to imagine that the SINAC officers could cordon off the river waters with tape to secure the area of the events, according to what the trial court judge found lacking, for which reason she considers this position absurd and impossible. *Contrario sensu*, she considers that the SINAC officers complied with adequate management of the crime scene, from the moment the defendant [Name 001] was detained and identified, given that, as corresponds in environmental matters, all the fishing-related gear was seized from him, as well as the prey obtained from the illicit activity he carried out, which was demonstrated with the corresponding seizure and destruction reports, proceedings that to date have been sufficient in judicial proceedings to establish adequate case management regarding the safeguarding of the evidence and the place of commission of the crime. Likewise, the appellant criticizes that the Criminal Trial Court established that the reports were prepared in a geographic area different from the place of the incident at issue, and that this implied a violation of the chain of custody. She points out that such an appreciation by the judge lacks evidentiary support and, rather, the body of evidence demonstrated the opposite. In this sense, the challenger argues the following: \"[...] According to the judge, the deficiency he accuses is extracted from the testimony of Mr. Juan Antonio Obando Ugalde; but despite this, upon reviewing the statement of this officer, it is evident that what the judge derived is a biased reading of this testimony, since in response to a question about when the seizure reports were prepared, that witness is categorical in pointing out '...It is by part of the functional direction that they tell us at the time, those were prepared where the event occurs...' and that in [...] - where the SINAC post is located - what was carried out was the destruction of the fished species and the photographs that appear in the complaint report sent to the prosecutor's office. In this case, where the evidence is categorical in pointing out that the reports were prepared at the site of the events, it cannot be determined at what moment 'the chain of custody was violated' since the judge does not even remotely say so, nor does he indicate how that defect affected the evidence or the demonstration of the facts to prevent condemning the defendant [...]\" (cf. folio 100 of the main file. The transcription is literal). The challenger notes that, jurisprudentially, it has already been established that the circumstance referring to the place where a seizure report is prepared can be accredited through other means of evidence, such as in ruling No. 2004-35, from 08:45 on January 30, 2004, of the Criminal Cassation Chamber, as well as in pronouncement No. 2016-0222, from 15:35 on March 1, 2016, of the Sentence Appeals Court of the III Judicial Circuit of Alajuela. In addition to the foregoing, she points out that it is widely known that the actions of SINAC officers adapt to the type of crimes they must address, and they adhere to police standards in the handling of evidence that are specific to this kind of illicit acts, coupled with the fact that it was verified that the environmental administration officers acted under the functional direction of the Public Prosecutor's Office. She adds that, in the present case, there was the extensive testimony of Roger Gómez Loría, who detailed that he observed the accused [Name 001] leaving the [...] with various objects in his hands, including a speargun, a diving mask, and a light, which is used to illuminate the waters and detect prey. Likewise, it is held that Juan Antonio Obando Ugalde related at trial that he saw [Name 001] with his clothes wet, which is consistent with the fact that the defendant was inside the riverbed carrying out fishing activities, which is classified as a crime under Article 97 of the Wildlife Conservation Law. Thus, Attorney Avellán Ruíz considers that the accused [Name 001] was detected by the SINAC officers in flagrante delicto, since he was in the [...] using a speargun, as well as by virtue of the fact that it was possible to identify the species that were harmed by his illicit action, which was confirmed by officer Gómez Loría and also by the witness José Andrés Solano Navarro, who issued an assessment of the environmental damage caused by [Name 001], for which reason the conviction of said defendant was appropriate, with the defect of lack of reasoning of the judgment being evident. She requests that the challenged judgment be revoked in its entirety and declared ineffective, and that the case be remanded for new proceedings. The grounds are admissible. This Court of Appeals has integrally examined the oral judgment challenged by the representatives of the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República, digitally documented in file 200003550573PE-31012024080502-2_Multi, concluding that, effectively, the Criminal Trial Court did not assess the body of evidence as legally required, and concentrated on referring to its particular perception regarding the way in which the site where the arrest of [Name 001] occurred, as well as the custody of the evidence, should have been managed by the officers of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC). In this regard, it must be indicated that it is evident that the trial court did not specify, legally, what impact such formal considerations had regarding the determination of the facts, in view of the illicit events described in the prosecutor's accusation, and in the complaint and civil action for damages of the State's representation, which implies the disregard of what is regulated in Articles 1, 9, 142, 180, 181, 182, 184, and 363 of the Criminal Procedure Code, *ergo*, the decision to acquit [Name 001] due to doubt for the crime of illegal fishing attributed to him and, by virtue of this, to declare the civil action for damages brought against him without merit, is illegitimate. Furthermore, the reasoning given by the trial court judge in the substantive analysis he set forth in the oral judgment at issue is contradictory, confusing, and speculative, making statements regarding circumstances that are in no way inferred from the evidentiary elements presented at trial, in addition to the fact that, in a totally incoherent manner, at the beginning of his argument he was precise in stating that he had no reason to doubt the testimonies of Roger Eduardo Gómez Loría and Juan Obando Ugalde, regarding the illicit event attributed to [Name 001] in the present case, just as he was clear in pointing out that he did not believe the version of the facts that said defendant gave in the exercise of his material defense. However, subsequently, he questioned the veracity of Gómez Loría regarding what he related concerning his actions in the performance of his duties as an officer of the National System of Conservation Areas. It is timely, for the purpose of understanding the case, to recapitulate the factual framework described in the accusation of the Public Prosecutor's Office: \"[...] FIRST: On April 8, 2020, at approximately 11:00 p.m. in [...] the defendant [Name 001], performed fishing activities inside the water through the use of a speargun, an action with which he managed to illegally capture 9 fish, with a weight of 2,128 kilograms, a quantity that he kept on the riverbank. The fish are of the species machaca, moga, guapote, lagunero, mojarra, and river shrimp. SECOND: With the foregoing, defendant [Name 004] through the use of said speargun, as a prohibited fishing tool, endangered the continuity of the species of the riparian ecosystem, since said instrument captures adult specimens, as well as juvenile specimens that have not reached maturity in the biological cycle [...]\" (cf. folio 47 of the summary. The transcription is literal). In turn, the factual basis of the complaint and the civil action for damages raised by the Procuraduría General de la República, was the following: \"[...] FIRST: On the eighth day of April of the year two thousand twenty, at approximately twenty-three hundred hours with zero minutes in the sector of [...], they caught in flagrante delicto the accused [Name 001] who, knowingly aware of the illegality of his acts, using prohibited fishing gear and without having the legal permits in waters of the [...] fished the following prey: three individuals of the Machaca species with lengths between 26 centimeters and 19 centimeters, three individuals of the Moga species with lengths between 25 centimeters and 17 centimeters, one individual of the guapote species with 18 centimeters in length, one individual of the Mojarra species of 14 centimeters in length, and one river shrimp weighing 82 grams, for a total of nine individuals of different species, all captured illegally through the use of a speargun. SECOND: The activity carried out by the accused [Name 001] caused environmental damage that is assessed as a consequence of the affectation and the costs to restore the natural resource to the state it was in before the impact suffered. [...]\"\n\nDamaging a series of values from different impacts, such as the commercial value, this value being the cost of the products or by-products of a wild animal or its domestic counterpart; generated from the sale in the national market and estimated through the sum of the value of the meat plus the value of the by-products or products; the value of the offspring is also included, on the other hand the ecological value lies in the fact that each individual (defined as a member of a species) fulfills a function and plays an important role at the ecological level; the ecological value can be classified as priceless, temporary, or permanent, according to the site where it occurs and the degree of impact, and the protection value, given that With said actions other marine habitats were also threatened, since by using prohibited fishing methods, a high proportion of bycatch of unwanted species and the consequent discards occurred. Bycatch also affects the food chain of other species such as seabirds, which is why fishing is not permitted in protected areas due to the damage they can cause to marine diversity, which can be devastating. Said environmental and commercial damage was valued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Central, Parque Nacional Braulio Carrillo in the sum of TWO THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY-SEVEN DOLLARS AND EIGHTY-SIX CENTS (2,377.86). […]” (cfr. folio 98 of the summary. The copy is literal). Likewise, it is pertinent to recapitulate what is regulated in Article 97 of the Ley de Conservación de Fauna Silvestre (Law No. 7317), which is the norm that classifies the punishable conduct attributed to [Name 001]: “[…] Article 97.- Anyone who fishes in continental waters -rivers, streams and creeks up to their mouth, lakes, lagoons, reservoirs, estuaries and other wetlands-, of national property, using explosives, crossbows (arbaletas), cast nets (atarrayas), seine nets (chinchorros), multiple lines, trammel nets (trasmallo) or any other method that endangers the continuity of the species, shall be sanctioned with a fine of five (5) to ten (10) base salaries or a prison sentence of two (2) to eight (8) months, and the confiscation of the corresponding equipment or material. In the event that fishing is carried out in continental waters, using poisons, lime or pesticides, it shall be sanctioned with a fine of ten (10) to thirty (30) base salaries or a prison sentence of one (1) to two (2) years, provided that a more serious crime is not constituted, and the confiscation of the corresponding equipment and material. The same penalty shall be imposed on anyone who damages the populations of target fishing species, incidentally captured species and the ecosystems on which they depend to carry out their biological functions, such as marine, coastal marine, coral, rocky, mangrove, river, estuary, estuarine and seagrass bed ecosystems […]”. With the factual and legal panorama submitted for discussion in the sub judice clear, this Court of Appeals must indicate that the appellants are correct regarding the lack of legal sense, the lack of proper reasoning (fundamentación), and the absence of essentiality of the grounds on which an attempt was made to base —unsuccessfully— the acquittal verdict issued in favor of [Name 001], by application of the in dubio pro reo principle. Specifically, the following is noted: i.- the trial court (a quo) neither supported nor explained what evidence allowed it to logically conclude that Roger Eduardo Gómez Loría, an official of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación who testified as a witness at trial and participated in the apprehension of the accused herein, was untruthful when explaining at trial that said detention originated because, flagrantly, [Name 001] was caught committing the conduct classified in Article 97 of the Ley de Conservación de Fauna Silvestre. This, because he was engaging in illegal fishing in the [...] with a crossbow (arbaleta), an instrument with which Gómez Loría stated he saw [Name 001] exit the water, as well as with a spotlight and an underwater mask. Nor did the Penal Tribunal reason according to the rules of correct human understanding why it considered that Gómez Loría lied regarding the actions he carried out leading to the detention of said accused, and the drafting of the confiscation and destruction of evidence reports that were entered as documentary evidence in the adversarial proceedings. ii. The lower court's resolution does not explain which specific elements of judgment supported the doubts regarding the identity of the object that Gómez Loría stated the accused [Name 001] was holding in his hands when exiting the [...] —the crossbow (arbaleta)—, with the object described in the confiscation report visible at folio 6 of the case file. iii.- The reasons why the trial court (a quo) indicated in the appealed oral ruling that it distrusted the chain of custody of the evidence, by virtue of the fact that the referenced confiscation report was not made at the very place of the events or the detention, are also not clear. Such an assertion is absolutely unfounded and contrary to the correct application of the principle of sufficient reason, since what is derived from said documentary evidence is that at 23:22 hours on April 8, 2020, in [...], the following was seized from [Name 001]: a “Toolcraft” brand spotlight; a Caralcro brand crossbow (arbaleta) with a white handle; a green and black diving mask; 3 fish of the machaca species, three fish of the moga species, one fish of the guapote species, one fish of the mojarra species, and one river shrimp (see document at folio 6). Thus, it is palpable that the Penal Tribunal's assertion concerning the chain of custody of the evidence being doubtful in the case, because the confiscation report was not prepared at the scene of the events, does not derive from the correct assessment of the documentary evidence nor, moreover, from what Gómez Loría declared in that regard at trial, which implies the defect of erroneous assessment of the body of evidence, as well as the lack of proper reasoning (fundamentación) that is claimed. It should be added that in its exposition, the trial court (a quo) does not specify a single element of evidence that even allows for the presumption that officer Gómez Loría illegally planted evidence on the defendant [Name 001], nor that allows for the derivation that he had a motive to mendaciously harm him and lie about his actions in the present case as an official of SINAC. iv. From the objective and rational scrutiny of the arguments on which the Penal Tribunal sought to base its decision to acquit the accused Aguirre Camacho by doubt, it is not possible to determine why, legally, the fact that the surveillance patrol that led to the capture of [Name 001] began at 20:30 hours on April 8, 2020, and the effective apprehension of the accused herein occurred at 23:30 hours on that same day, has any bearing on the resolution of the case. It should be added that, without any justification, the judge refers to the SINAC surveillance lasting almost 5 hours, which is in no way derived from the body of evidence submitted at trial, a specific point that reveals the confusion shown by the trial court (a quo) when assessing the evidence of the sub judice. v.- The oral resolution under discussion also does not adequately support which elements of judgment allowed the Tribunal to establish why the officials of said environmental entity did not have the material possibility of approaching and detaining the two groups of people who were carrying out illegal fishing acts, in two very close sites in the waters of the [...], and much less is it specified why it was considered that such a situation could have generated any confusion regarding the objects seized from the accused herein, given that the trial court's (a quo) argument was based on mere speculations regarding the manner in which the SINAC officials executed the approach and detention of the two groups of people who were on the banks of the [...] on the day of the events. In this regard, it is considered that without providing objective and rational support, the trial judge did not analyze, as legally required, what officer Gómez Loría related regarding the manner in which the detention of the accused herein, as well as the other group of people who were at an approximate distance of 25 meters from the point where [Name 001] was caught with a crossbow (arbaleta) in his hands inside the waters of the [...], occurred. Said deponent even stated that the accused herein did not notice the arrival of the SINAC officials, by virtue of the fact that it was night and, also, because the people who came to the site to fish illegally used flashlights, so their presence was confused with that of other illegal fishermen. Likewise, the Penal Tribunal arbitrarily ignored that what is detailed and precisely described in the confiscation report visible at folio 6 of the summary is totally consistent with the testimony of Gómez Loría, as well as that, even, said document bears the signature of the defendant [Name 001] and that of two procedural witnesses. vi.- It should be added that, as argued by the representative of the Procuraduría General de la República, attorney Margot Avellán Ruíz, it is derived from the SINAC police report PNBC-QG-D005-20 at folios 1 to 5 of the summary, as well as from the testimony of Gómez Loría, that the SINAC officials always acted in accordance with the functional direction received from prosecutor Luis Fernando Aguilar Salazar, which was unjustifiably not assessed as legally required by the Penal Tribunal. vii.- Likewise, it is considered that in the present case there was no irregular variation nor was there a different treatment, regarding the manner in which, habitually, by virtue of the specific characteristics inherent to crimes committed to the detriment of the environment —such as the one that concerns us in the present case—, the approach of the people involved is made and the evidence is collected by the competent authorities. In the sub judice, it is totally understandable and was appropriate, that part of the evidence, namely the fish that were the prey of the unlawful conduct of [Name 001], being biological matter, had to be photographically documented and properly discarded before decomposition occurred, which it is verified was correctly done from the content of the police report visible at folios 1 to 5 of the summary, as well as from the destruction report found at folio 7, so the confused argument of the trial court (a quo) is not understood, regarding the fact that each of the fish should have been packaged and sealed, to move them from the place where the capture of [Name 001] occurred, to the site where they were buried and the destruction report was prepared. Nor is it very clear what the trial judge imagines regarding what, in his opinion, is the correct securing of the crime scene, since, confusingly, he refers to the need to cordon off the area or use security tape like that used by the Public Police Force (Fuerza Pública) at the place where the evidence is found. In this regard, this Court of Appeals considers that the trial court ignored the typology of the crime charged in the accusation and private criminal complaint in the present case, as well as the particularities of the case, in which according to what Roger Gómez Loría related, [Name 001] was caught in flagrante delicto while he was in the [...] fishing with a prohibited instrument, conduct penalized in Article 97 of the Ley de Conservación de Fauna Silvestre. Based on the foregoing, it is determined that in reality there was no irregular action whatsoever by the SINAC officials involved in the sub judice, that compromised or raised any doubt regarding the identity of the seized objects to which Roger Gómez Loría referred and which are described in the documentary evidence referenced above, with those that in historical reality were used by the defendant [Name 001] to carry out the punishable event described in the accusation of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), as well as in the private criminal complaint and the civil action filed by the Procuraduría General de la República, which determines an essential defect in the basis of the acquittal that was issued, by doubt, in favor of [Name 001], just as the appellants herein claim. In order to demonstrate the defect of pretermission of essential evidence, it is important to recapitulate what Roger Eduardo Gómez Loría testified at trial regarding the unlawful event under discussion and his actions as an official of SINAC, a statement that is consistent with what is inferred from the confiscation report at folio 6, the destruction report at folio 7, and the SINAC police report PNBNC-QG-D-005-20 found at folios 1 to 5 of the summary, evidence that without any justification the trial court omitted to assess fully as required by the duty of proper reasoning (fundamentación), which is part of due process. Thus, the scrutiny of the descriptive basis of the appealed judgment, documented in the digital file 200003550573PE-31012024080502-2_Multi, in the sequence that begins at the 00:10:37 counter mark, allows us to establish that Gómez Loría related the following “[…] The testimony of witness Roger Eduardo Gómez Loría was then received, who works for the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y Energía, specifically in the Parque Nacional Braulio Carrillo, [...] sector, who is an environmental technician and coordinator of the prevention, protection and control program. He stated that he knows [Name 001], as he had collaborated on patrols previously. He declared, we conduct routine patrols in the [...] area, also in [...] and in the [...] sector. This is the boundary between the Braulio Carrillo and the private farms. We have a group called Covires, Comité de Protección de Recursos Naturales, people are sought in the communities, people with knowledge of the area, the crimes that are targeted, and knowledge of mountain patrolling. [Name 001] accompanied us on some occasions on routine patrols, focused on crime prevention, [Name 001] accompanied me personally on two occasions. In the end the committee was not formed, this was during the year 2021 or 2122, approximately. No evaluation is done, they are selected and trained. For me, [Name 001] was a selected person. On April 8, 2020, at 23:00 hours, I was conducting a routine patrol, accompanied by Juan Obando Ugalde, and two ad honorem officials, Antonio Ezeta and Giovanni Camacho, uncle of [Name 001]. During the patrol on the left-side banks, upriver, on the [...], a spotlight was observed inside the water, we approached to verify, we waited a few minutes, and we observed that it was a person fishing with the crossbow method (arbaleta), we proceeded to illuminate and identify them, and we identified ourselves as SINAC officials, achieving the detention of [Name 001], who was holding a crossbow (arbaleta) in his hands, and the detention of two more people who were at the riverbank, and next to them a white sack. They are identified and upon inspecting the inside of the sack, it contained 3 three fish of the machaca species, 3 fish of the moga species, 1 fish of the guapote species, and one river shrimp. The fish were examined to verify how each one, uh, had been captured, and it was determined that this was by the crossbow method (arbaleta). The 8 fish had entry holes from a crossbow spear tip. [Name 001] in the water, had the crossbow, was coming out of the water, the other two were sitting on the riverbank on the sand, facing the river, they had nothing in their hands, they were just sitting near the sack. [Name 001] was about two meters away from the two subjects. [Name 001] was carrying the crossbow (arbaleta), the spotlight, and the diving mask on his head at forehead height. I did know [Name 001] at this time. Before the event, [Name 001] collaborated with us on patrols, likewise I knew one of the other subjects, David Mora, who works as a naturalist guide in the Parque Nacional Corcovado. We proceed to detain Giovanny Camacho, the uncle of [Name 001], and proceed to strip him of the crossbow (arbaleta). He is handcuffed from the front by Giovanny. They are informed of the reason for the detention, for illegal fishing with a crossbow (arbaleta). The detainee remains silent, they are informed of the need to conserve natural resources, species conservation, this whole situation is told and informed to them. [Name 001] was also told about this situation. Minutes earlier an enforcement action was carried out about 25 meters away. Two people were arrested for fishing with the crossbow method (arbaleta). Juan Obando and Antonio Ezeta stayed guarding these two detainees. The witness then went to the whiteboard, and drew and explained his drawing. He indicated that this was, uh, the drawing reflected where the [...] was, on the bank of the area where it happened. He indicates with a mark where the event itself occurs. He says it is a flat surface, a place where the activity is fully observed, both from group 1 and group 2. Once the first scene was secured, we moved to the second scene, where [Name 001] was. The subjects are on the same side as us. He continues testifying, at the first scene Giovanni Camacho crosses the river in front of group 1 to verify that no evidence remained, nothing was found, group 2, Antonio, arrives at the place after the detention. One report was made for each case, in both I acted as the acting officer. With the fishing tools, we proceed to confiscate the crossbow (arbaleta), the spotlight and the diving mask, and the fish. The fish are guarded in our office, and we proceed with the burial record under the order of the Public Prosecutor's Office. Identification, confiscation of equipment and fish, submission of a report were ordered, and they are released, due to the Covid-19 pandemic. No equipment or any evidence in that regard was seized from the other people with [Name 001]. A check is made for the presence of drugs, weapons, others, there were no findings. Group 2 was not moved to where group 1 was. A report and records were made and presented to the Public Prosecutor's Office. The crossbow (arbaleta) had a black handle, black tube, black bands. They did not notice the first approach to group 1. They had no belongings, they are approached one by one. It was a mistake on my part to say that [Name 001] had collaborated with us after the event, the correct fact is that he accompanied us on patrols before the event itself, and well, he was a young person, had great potential, good physical condition, mountain knowledge, that is, he was a strong candidate. In response to questions from the Attorney General's Office (Procuraduría), the witness declared: the place of the events [...], [...], Rio Bijagual, the information is passed to the environmental technician José Solano Granados, who prepares a technical report. Within the training is footprint tracking, locating animal feeders, they are not trained in detention tasks. In that Guaria area, fishing is common, it is common to see spotlights shining due to the activity of other fishermen, which is why they did not notice our presence. In response to questions from the defense of [Name 001], he informs us: [Name 001] collaborated with us before the event, about two times, I think a few years before, like two years before the event the collaboration and patrolling, I do not specify the exact time of the patrol, the intervention was quick being a flat photograph, both were quick, from the moment we arrived group 2 was spotted. The distance between groups was approximately 25 meters. Between us, the same distance in a straight line. I do not remember their clothes. Ad honorem, Antonio Ezeta and Juan Obando, receive no pay and do not prepare technical reports. They detain, guard, and collaborate in the proceedings. I am the overseer of all actions and ensure that no irregularities are committed. I personally carried out the confiscation. Witnesses Antonio Ezeta and Juan Obando. They are identified, none carried an identity card, I know [Name 001], David, the other one according to the information given. The supporting report is in the file […]” (The transcription is literal). From the foregoing, as established above, it is determined that from the testimony of SINAC official Roger Eduardo Gómez Loría, according to the correct application of the principle of sufficient reason, a series of evidentiary elements were logically inferred that, analyzed together with those derived from the documentary evidence indicated above, namely the confiscation report, the destruction record, and the police report, allowed for the establishment of the existence of a large number of incriminating aspects regarding the unlawful conduct charged in the accusation and private criminal complaint against [Name 001], which were not adequately assessed in the oral ruling appealed by the Penal Tribunal, in accordance with the provisions of Articles 142 and 184 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), which reveals an essential non-observance of the duty of proper reasoning (fundamentación), consequently, the undue application of the in dubio pro reo principle in favor of the accused [Name 001], ergo, the illegality of his acquittal. It should be added that the comprehensive examination of the oral resolution being appealed allows us to verify that in the sequence that begins at the 00:27:30 counter mark and ends at 00:58:49, the trial court (a quo) verbally set out its substantive analysis —Considering III—, and it is verified that its doubtful state of mind was based, in general terms and essentially, on its erroneous and unfounded position regarding the poor handling of the crime scene and the evidence in the present case, omitting to fully assess the testimonial and documentary evidence submitted in the adversarial hearing, thus confirming the challenges that, in this regard, have been raised in the appeals of the representatives of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) and the Procuraduría General de la República. Thus, this Court of Appeals concludes that the Penal Tribunal conducted a biased, partial, and contradictory assessment of the body of evidence, which clearly did not conform to the rigorous application of the rules of sound criticism as legally required, which implies a formal defect of an essential nature due to the non-observance of what is regulated in Articles 1, 9, 142, 180, 181, 182, 184 and 363 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), which led to the erroneous application of the in dubio pro reo principle in favor of [Name 001] and determines the illegality of the acquittal sentence that is the object of the appeal, for which reason it must be annulled. It should be added that the decision to dismiss the civil action for damages was based on the fact that the defendant [Name 001] was acquitted of the crime of illegal fishing, upon which his extracontractual civil liability was imputed —generating the environmental damages whose repair was claimed by the representation of the State—, so by annulling in its entirety the acquittal verdict issued in favor of [Name 001] for the crime of illegal fishing that was charged and privately prosecuted against him, the appealed judgment must likewise be annulled with respect to the civil aspects, which was expressly appealed in the second ground of the appeal motion filed by the Procuraduría General de la República. Based on all the foregoing, the first ground of the appeal motion filed by attorney Katty Lobo Rodríguez, in her capacity as representative of the Fiscalía de Sarapiquí, is granted, as is the first challenge of the appeal filed by attorney Margot Avellán Ruíz, in her capacity as representative of the State. Consequently, the oral judgment appealed is annulled in its entirety, and the case is ordered to be remanded to the Penal Tribunal of origin, so that, with a different composition, it may resolve what legally corresponds. As it is unnecessary, the second ground of the appeal motion filed by the Procuraduría General de la República is not addressed.\n\nPOR TANTO:\n\nThe first ground of the appeal motion filed by the representation of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) is granted, as is the first claim of the appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la República. Consequently, the oral judgment appealed is annulled in its entirety, and the case is ordered to be remanded to the Penal Tribunal of origin, so that, with a different composition, it may proceed to resolve what legally corresponds. As it is unnecessary, the second ground of the appeal motion filed by the Procuraduría General de la República is not addressed. NOTIFIQUESE. -\n\n\n\nEdwin Esteban Jiménez González\n\nIris Lucia Valverde Usaga Laura Gabriela Murillo Mora\n\nJudge and judges of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal\n\nExpediente: 20-000355-0573-PE(12)\n\nAccused: [Name 001]\n\nVictim: Los Recursos Naturales\n\nCrime: Infracción a la Ley de caza y pesca\n\nJFERNANDEZGA\n\nExp.: 20-000355-0573-PE (12) 2024-1598- pág.: 1\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:30:43.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }