{ "id": "nexus-sen-1-0034-1255670", "citation": "Res. 05898-2024 Tribunal Contencioso Administrativo", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Medida cautelar rechazada contra operación del Relleno Sanitario Los Pinos", "title_en": "Precautionary measure denied against Los Pinos Sanitary Landfill operation", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la medida cautelar solicitada por un particular contra el Estado, las municipalidades de Cartago, El Guarco y Cervantes, y empresas operadoras del Relleno Sanitario Los Pinos. La medida pretendía ordenar el cese inmediato del traslado y depósito de desechos sólidos en un vertedero contiguo, la limpieza de desechos expuestos y la presentación de informes mensuales al tribunal. El tribunal determina que la pretensión carece de instrumentalidad, ya que su concesión resolvería indirectamente el fondo del litigio, rompiendo la relación accesoria con la sentencia final. Además, concluye que no se acredita el peligro en la demora (periculum in mora), pues las pruebas aportadas son insuficientes para demostrar un daño grave actual o potencial, limitándose a señalar posibles incumplimientos contractuales. Se reconoce la apariencia de buen derecho, pero la falta de los demás presupuestos conduce al rechazo total, sin condena en costas.", "summary_en": "The Administrative Litigation Tribunal denies the precautionary measure requested by an individual against the State, the municipalities of Cartago, El Guarco and Cervantes, and operators of the Los Pinos Sanitary Landfill. The measure sought an immediate halt to solid waste transfer and disposal at an adjacent dump, cleanup of exposed waste, and monthly operational reports to the court. The tribunal finds the claim lacks instrumentality, as granting it would indirectly resolve the main dispute, breaking the accessory link to the final judgment. It also concludes the danger in delay (periculum in mora) is unproven, since the evidence is insufficient to show serious actual or potential harm, merely pointing to possible contractual breaches. The appearance of good right is acknowledged, but the absence of the other requirements leads to total denial, without costs.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo", "date": "06/09/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "medida cautelar ante causam", "fumus boni iuris", "periculum in mora", "instrumentalidad", "provisionalidad", "ponderación de intereses", "relleno sanitario", "Orden Sanitaria" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 19, 21, 22 y 29", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" }, { "article": "Art. 41 y 82, por remisión del Art. 220 CPCA", "law": "Código Procesal Civil" } ], "keywords_es": [ "medida cautelar", "Relleno Sanitario Los Pinos", "desechos sólidos", "periculum in mora", "apariencia de buen derecho", "instrumentalidad", "interés público", "contratación administrativa", "salud pública" ], "keywords_en": [ "precautionary measure", "Los Pinos Sanitary Landfill", "solid waste", "periculum in mora", "appearance of good right", "instrumentality", "public interest", "administrative contracting", "public health" ], "excerpt_es": "De manera que en ese caso, resulta evidente que la tutela cautelar ya carecería de sentido, en el tanto lo pretendido debe ser analizado en fondo del proceso. Por ello, considera esta juzgadora que la parte gestionante pretende que esta instancia cautelar se convierta en un efectivo ente revisor de legalidad, he incluso más allá de ello. [...] no puede pretenderse que en vía cautelar se logre determinar si efectivamente han mediado aspectos para una suspensión del contrato, si la contratación está apegada a derecho, si se está operando en un terreno que no es el destinado para tales efectos, o si esa operación se está dando con permisos de funcionamientos. [...] el concederla efectivamente haría innecesario el proceso de conocimiento y por consiguiente romper con esa instrumentalidad de las que gozan este tipo de gestiones, por lo que a consideración de la suscrita no existe razón que justifique seguir con este asunto, por ser situaciones propias de ser abordadas en el proceso de conocimiento.", "excerpt_en": "Thus, in this case, it is evident that the precautionary protection would already be meaningless, as what is sought must be examined in the main proceedings. Therefore, this judge considers that the applicant intends for this precautionary instance to become an effective legality review body, and even beyond that. [...] it cannot be intended that in precautionary proceedings it be determined whether grounds for a contract suspension have effectively arisen, whether the contracting complies with the law, whether operations are on land not designated for such purposes, or whether such operations are taking place with operating permits. [...] granting it would effectively render the main proceedings unnecessary and thus break the instrumentality that characterizes these applications; consequently, in the undersigned's view, there is no reason to continue with this matter, as these are issues to be addressed in the main proceedings.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The precautionary measure is denied due to lack of instrumentality and failure to prove danger in delay.", "summary_es": "Se declara sin lugar la medida cautelar por falta de instrumentalidad y no acreditarse el peligro en la demora." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "precautionary protection is granted to temporarily guarantee and protect the object of the proceedings and the effectiveness of the judgment and substantive legal situations, not to analyze the merits of the case to be discussed.", "quote_es": "la tutela cautelar se da para garantizar y proteger, PROVISIONALMENTE EL OBJETO DEL PROCESO Y LA EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA Y DE LAS SITUACIONES JURÍDICO SUSTANCIALES, más no para analizar el fondo del proceso que deberá ser discutido." }, { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "It is not enough to allege the existence of serious harm or damage, current or potential; it must be proven. In this specific case, there is not a single piece of evidence to substantiate it.", "quote_es": "NO BASTA CON ALEGAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO o perjuicio grave, actual o potencial, SINO QUE DEBE PROBARSE; en el caso concreto no hay una sola prueba lo acredite." }, { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "Determining whether the landfill operation has complied with the contractual clauses or has operated without operating permits are matters outside this judge's jurisdiction.", "quote_es": "determinar si la operación relleno se ha dado o no conforme a las cláusulas de la contratación, o si bien, se ha operado sin permisos de funcionamiento, son aspectos que escapan de la competencia de esta juzgadora." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1255670", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 05898 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 06 de Setiembre del 2024 a las 15:18\n\nExpediente: 20-002027-1027-CA\n\nRedactado por: Alana Fonseca Lobo\n\nClase de asunto: Medida cautelar ante causam\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo\nSubtemas:\nFinalidad y presupuestos para su adopción.\nSentencias en igual sentido\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n20-002027-1027-CA - 7\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nMEDIDA CAUTELAR\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nALEXIS RODOLFO CERVANTES MORALES\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nEL ESTADO\n\n \n\n N° 2024005898\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas con dieciocho minutos del seis de Setiembre del dos mil venticuatro.-\n\n \n\n Solicitud de medida cautelar ante causam, establecida por ALEXIS RODOLFO CERVANTES MORALES, portador de la cédula de identidad 3-0237-0233, vecino de Cartago, contra EL ESTADO, representado por la señora ELIZABETH LI QUIRÓS, mayor, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-576-571, MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, representada por el señor MARIO REDONDO POVEDA, mayor, casado, alcalde municipal, portador de la cédula de identidad 1-589- 526, MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, representada por el señor LUIS ARIAS RICHMOND, mayor, WPP CONTINENTAL COSTA RICA, S.A, representada por la señora OLGA MARTA RIVAS ARIAS, WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL, S.A representada por la señora ILEANA MARÍA GONZÁLEZ PANIAGUA, MUNICIPALIDAD DE CERVANTES, quien no se apersonó al proceso.\n\n \n\nRESULTANDOS\n\n  I)  En fecha trece de abril del dos mil veinticuatro, la gestionante formula medida cautelar ante causam solicitando lo que de seguido se transcribe “[…] Se le ordene a las Municipalidades de Cartago, El Guarco y Cervantes, al Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este, Area Rectora de Salud Cartago y a las empresas WPP Continental de Costa Rica S.A. y WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. proceder conforme al ámbito de sus respectivas competencias, al cese inmediato de traslado y depósito de desechos sólidos en el Vertedero que existe en la finca Matrícula de Folio Real N° 259350, propiedad de ésta última y que se ubica contiguo al Relleno Sanitario Los Pinos. 2) Se le ordene a la Municipalidad de Cartago, en coordinación con el Ministerio de Salud, adoptar de manera inmediata, las medidas necesarias para limpiar las zonas tanto del Relleno Sanitario Los Pinos como el Vertedero anexo al mismo, en las que se observen desechos sólidos no cubiertos -sea expuestos o al aire libre- como técnicamente corresponde. 3) Se ordene al Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este, Area Rectora de Salud Cartago, rendir ante el Tribunal Contencioso un informe mensual de la operación del Relleno Sanitario Los Pinos, a partir del momento en que la Municipalidad de Cartago tome el control del mismo […]” (secuencia 13 / 04 / 2020 17:08:10).\n\n II)  La solicitud cautelar en carácter de provisionalísima fue rechazada por resolución de las diecisiete horas cincuenta y dos minutos del tres de abril de dos mil veinte y confirió audiencia a las partes demandadas (secuencia 13 / 04 / 2020 17:09:36).\n\n III) El actor presentó ampliación de hechos en fecha trece de mayo del dos mil veinte, donde sostiene la existencia de un hecho nuevo que a criterio del actor “[…] se pretende arribar a una “conciliación administrativa” con WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A  con lo que se pretende que la Municipalidad renuncie, ahora formalmente y no por simple omisión en el ejercicio de sus potestades de imperio para sancionar administrativa y patrimonialmente, sino también para que las violaciones ambientales sean archivadas sin fiscalización alguna […]” (secuencia 13/ 05 2020 14:30: 11).\n\n IV) La gestión de ampliación fue rechazada en carácter de provisionalísima mediante resolución de las dieciséis horas quince minutos del día catorce de mayo del año dos mil veinte, por lo que se procedió a brindar audiencia sobre éstos a las partes demandadas (secuencia 14/ 05 / 2020 16:19:38).\n\n V) La MUNICIPALIDAD DE CARTAGO en fecha dos de junio del dos mil veinte, contesta de forma negativa la presente gestión cautelar solicitando su rechazo  (secuencias 02 / 06 / 2020 14:09:25).\n\n IV) La MUNICIPALIDAD DEL GUARCO mediante escrito de fecha cuatro de junio del dos mil veinte se pronunciaron respecto a la medida cautelar solicitando su rechazo (secuencias 04 / 06 / 2020 20:17:20).\n\n V) En escrito de fecha ocho de junio del dos mil veinte la empresa WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A se opuso a la medida cautelar y solicitó su rechazo (secuencia 08 / 06 / 2020 22:13:17).\n\n VI) EL ESTADO en fecha diecinueve de junio del dos mil veinte se pronunció respecto a la medida cautelar solicitando su rechazo (secuencia 19 / 06 / 2020 14:50:58).\n\n VII) Mediante resolución N. 410-2020 de las doce horas con diez minutos del catorce de agosto del año dos mil veinte se emitió pronunciamiento sobre la presente medida cautelar, la cual fue anulada mediante voto número 507-2020-I por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo (secuencias 18 / 08 / 2020 11:31:18 y 05 / 11 / 2020 11:34:26 ).\n\n VIII) Mediante  resolución de las  nueve horas quince minutos del día siete de marzo del año dos mil veintitrés, la jueza de instancia ordenó traer como prueba  lo que de seguido se transcribe de forma literal “[…] el expediente administrativo completo sobre contrataciones existentes y seguimientos ambientales relativos a las empresas WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA y WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPONSAL, S.A, relacionados con el objeto de la presente litis, 2) al Estado: se le ordena entregar el expediente administrativo completo que al efecto se maneja del proyecto, objeto de la presente litis, incluyendo planos visados que fueron en su momento aprobados que delimitan el área del proyecto y sus capacidades […]” (secuencia 07/03/ 2023 09:30:44).\n\n IX) En fecha nueve de marzo del dos mil veintitrés La Municipalidad de Cartago cumplió con lo prevenido; en fecha diecisiete de marzo del dos mil veintitrés  el Estado aportó lo prevenido  (secuencias 09 / 03 / 2023 18:40:16 ; 17 / 03 / 2023 15:25:31 )\n\n X) En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley, y no se notan vicios u omisiones que puedan causar indefensión a las partes o nulidades futuras.\n\n \n\nCONSIDERANDOS\n\n I) DE PREVIO, SOBRE LA FECHA DE RESOLUCIÓN DE LA PRESENTE MEDIDA CAUTELAR: Conoce esta juzgadora el presente asunto en fecha 6 de setiembre del 2024 por cuanto se asume el puesto en la casilla el día 2 de setiembre del 2024.\n\n \n\n II) GENERALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR: Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es PROTEGER Y GARANTIZAR, PROVISIONALMENTE EL OBJETO DEL PROCESO Y LA EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar NO TIENE COMO FIN DECLARAR UN HECHO o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Teniendo claro lo anterior, la persona juzgadora con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008).  Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación de quien juzga de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego; es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado; y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte    instrumental y provisional. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.\n\n \n\n III)  REQUISITOS ESENCIALES PARA ADMITIR LA MEDIDA CAUTELAR:    Al respecto se ha dicho que el cumplimiento de la tutela cautelar, como derecho fundamental derivado del numeral 41 constitucional (derecho a obtener justicia pronta y cumplida),    el órgano jurisdiccional debe valorar para su efectiva materialización, además del cumplimiento de los presupuestos conocidos en doctrina como apariencia de buen derecho (Fumus Boni Iuris), peligro en la demora (Periculum in Mora), así como la ponderación de intereses en juego, los cuales se detallarán adelante; la verificación sobre la presencia o existencia de las que se han dado en llamar, características estructurales de la medida cautelar. Refiere lo anterior a la instrumentalidad, la provisionalidad, la urgencia y la summaria cognitio o sumariedad del procedimiento. Tanto los presupuestos indicados como las características señaladas, han de estar presentes para el otorgamiento de la medida que se ha solicitado con la finalidad de proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. En lo que respecta a los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, encontramos los siguientes: a)    APARIENCIA DE BUEN DERECHO: para la procedencia de la medida cautelar debe mediar \"seriedad en la demanda\", es decir, una probabilidad de éxito tal, que la demanda no resulte a simple vista palmariamente carente de seriedad, o en su caso que sea temeraria. Para la doctrina, no es otra cosa que la probable estimación posterior del derecho material del actor en la sentencia, mediante el análisis propio de un proceso sumarísimo que en forma alguna puede o debe, determinar pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino y en su lugar, únicamente una aproximación al mismo con los elementos presentes al momento del dictado del fallo que acoge o deniega la medida; b) PELIGRO EN LA MORA: consiste en el temor objetivamente fundado y razonable de que la situación jurídica sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, durante el transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia en el proceso principal. Este presupuesto requiere la presencia de dos elementos: el daño o perjuicio grave y la demora en el proceso de conocimiento, sin dejar de lado claro está, que dentro de este presupuesto se encuentra lo que la doctrina ha denominado como la \"Bilateralidad del Periculum in Mora\" o como comúnmente se le conoce, la ponderación de los intereses en juego. El presupuesto alude a la característica que habrán de encontrarse en los daños que se reprochen, son susceptibles de producirse, -actual o potencialmente-, de no adoptarse la medida que se requiere. Daños que deberán ser establecidos como graves, además de tenerse como derivados de la situación aducida. Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave. Sobre la demora en el proceso de conocimiento: Este presupuesto refiere a la situación que se genera con ocasión de los procesos jurisdiccionales que requieren para su desarrollo y posterior fenecimiento, la realización de una serie de actos a través de los cuales se garantiza no sólo el debido proceso, sino la emisión de un fallo que si no se pude llevar a cabo con prontitud al menos que sea justo. El ponerle fin a un proceso de conocimiento demanda tiempo y es precisamente donde la tutela cautelar adquiere especial relevancia, por cuanto mientras llega esa decisión del caso se esta evitando graves daños, que en el caso de darse haría nugatorio el derecho que se reclama. Sobre la bilateralidad del periculum in mora: Bajo esta denominación se alude a la ponderación de los intereses en juego, vinculado ello con el interés público que sea susceptible de encontrarse en necesidad de ser protegido, frente al interés de terceros y por supuesto al interés de quien acude por medio de una medida cautelar, debiendo valorarse comparativamente los mismos, imponiéndose la denegatoria de la medida cuando el perjuicio sufrido o susceptible de ser producido a la colectividad o terceros, sea superior al que podría experimentar el solicitante de la medida.             \n\n \n\n IV) CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA MEDIDA CAUTELAR: Tal y como fuera señalado, además de los presupuestos ya indicados, es necesario que la medida que vaya adoptarse, estructuralmente cuente con las siguientes características: la instrumentalidad lo que significa que guardan una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirven de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos planteados, la provisionalidad, que no es otra cosa que lo acordado respecto de la cautelar, se mantendrá en vigencia y condicionado a lo que se resuelva en el proceso de fondo. Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo establece el numeral 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que su su eficacia se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito, o lo que es lo mismo    tiene efectos supeditados a la disposición adoptada en el proceso principal; la urgencia para evitar el peligro en la mora, así como la sumaria cognitio, esto es, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísima efectuada por el órgano jurisdiccional SIN ENTRAR A PREJUZGAR SOBRE EL MÉRITO DEL ASUNTO, que de forma alguna podría sustituir las etapas del proceso de conocimiento.\n\n \n\n V)    ARGUMENTOS DE LA PARTE ACCIONANTE: En un primero momento señaló la parte actora que la empresa WPP Continental S.A fue contratada para operar y cerrar de manera definitiva el vertedero de basura conocido como “Navarro-Los Pinos o Relleno los Pinos”, no obstante a su criterio se han dado una serie de incumplimientos en las obligaciones que originan una serie de infracciones como se ve de seguido en la imagen que se adjunta:\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSeñaló además que el daño grave se puede evidenciar de una simple lectura de los estudios técnicos se señalan la violación ante “[…] un incumplimiento por variación del diseño del proyecto sin la autorización de la Municipalidad […]” , por lo que con la medida cautelar pretende prevenir problemas mayores de salud pública como “[…] proliferación de vertederos, debido a la creación de cúmulos de residuos de todo tipo, en las calles y aceras, con lo cual se producirá la descomposición de la materia orgánica, causando olores fétidos y propagación de moscas y roedores, conviertiendose en un problema de salud pública […]”  y que con ello se afectaría a 3 cantones, Cartago, El guarco y Cervantes.  En un segundo momento señaló que la Municipalidad de Cartago pretende llegar a una conciliación administrativa con WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA.\n\n \n\n V) ARGUMENTOS DE LAS PARTES DEMANDADAS: A- MUNICIPALIDAD DE CARTAGO: Sostiene  que “[…] el actor únicamente se ha contentado con solicitar que este Tribunal le conceda cuatro medidas cautelares que se dirigen a varias entidades públicas y privadas, y a detallar los supuestos generales que las hacen proceder, más no fundamenta en concreto, mucho meno prueba, si su demanda… ostenta una apariencia de buen derecho… si existe un peligro en la demora o si la ponderación de los intereses en juego debe favorecer […]”  B- MUNICIPALIDAD DEL GUARCO: Indica que “[…] la medida cautelar solicitada, resulta temeraria en cuanto a los efectos que podría causar en la población de El Guarco, por cuanto, quedaría la Municipalidad sin un lugar donde realizar el deposito final de los residuos, a su vez que, según lo han demostrado los procedimientos de contratación realizados, el depositar en otro lugar que no sea el relleno sanitario Los Pinos, incrementaría el costo operativo y por ende la tarifa a cancelar por parte de los usuarios finales, en vista a la distancia del municipio. Sostiene de manera adicional que “[…] contrario a existir un peligro en la demora de la posible implementación de la medida cautelar solicitada, lo cierto es que acoger la misma, representaría una afectación en cuanto al tiempo para resolver la disposición de los residuos sólidos del cantón, por parte de la Municipalidad, como entidad encargada de resolver en la población de su jurisdicción dicho servicio […]”. Finalmente agrega que “[…] el acoger la medida solicitada, implicaría para la Municipalidad, el quedarse sin un lugar para la disposición final de los residuos y encontrándose sin la facultad legal de acudir a otro relleno sanitario, sin contar con el procedimiento administrativo respectivo para la contratación, cumpliendo con el ordenamiento jurídico, al que estamos sometidos como institución pública, en este caso específico, la Ley General de la Administración Pública, siendo que para la contratación respectiva, se requiere cumplir con todas las etapas establecidas en la normativa supra citada […]” C- EMPRESA WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A y WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A  :  La empresa señala que  “[…] Lejos de que exista apariencia de buen Derecho, más bien, lo único que salta a la vista es una presunción de que el interés del actor dista mucho de ser la protección del ambiente, sino la protección del interés privado de nuestra competidora comercial EBI…   el Relleno Sanitario Los Pinos está sometido a una constante inspección y fiscalización a cargo de distintos órganos estatales, y que ninguno de ellos ha dictado una orden de cierre. El hecho de que existan mejoras u observaciones que deban atenderse, como en cualquier otro proyecto, no es sinónimo de que deba ordenarse su cierre. Al contrario, si la situación fuese tan grave como pretende exponer el actor, esos órganos competentes ya habrían actuado en consecuencia. En la realidad, luego de sus inspecciones y múltiples actuaciones, los órganos competentes hay optado por otras decisiones mucho más leves, en atención a la realidad de las cosas y acatando el principio constitucional de razonabilidad…   En cuanto a la ponderación de los distintos intereses en juego, debe prevalecer la satisfacción de la necesidad pública de otras administraciones como El Guarco y Cervantes, por citar sólo aquellas que fueron codemandadas por el actor, que requieren disponer sus desechos en un sitio idóneo. Además de que tendría que indemnizarnos (y por un monto considerable) si pretende desplazarnos en la operación del relleno, la Municipalidad de Cartago carece de capacidad para asumir su control […]”.  D-ESTADO: La representación estatal se opone al otorgamiento de la medida cautelar por lo siguiente: “[...[ En cuanto a la primera solicitud de que debe la Municipalidad de Cartago, en coordinación con el Ministerio de Salud, proceder de conformidad al ámbito de su competencia, al cese inmediato de traslado y depósito de desechos sólidos en el Vertedero que existe en la finca Matrícula de Folio Real N° 259350, resulta una medida cautelar vaga e imprecisa, que no permite realizar la revisión del presupuesto de la Apariencia de Buen Derecho. En ese sentido, no se ha fundamentado ni explicado porque el Ministerio de Salud debe ordenar el cese de traslado y depósito de desechos en el vertedero, siendo más bien esta orden de cese de traslado cumplida, en caso de proceder, por las empresas codemandadas en cuanto a la medida de que se ordene a la Municipalidad de Cartago, en coordinación con el Ministerio de Salud, adoptar las medidas necesarias para limpiar las zonas del Relleno Sanitario como del Vertedero, tampoco fundamenta ni explica la parte actora por que debe obligarse a mi representado a realizar semejante trabajo… respecto a que el Ministerio de Salud rinda ante el Tribunal Contencioso Administrativo un informe mensual de la operación del Relleno Sanitario Los Pinos, a partir del momento en que la Municipalidad de Cartago tome el control del mismo, resulta absurda, ya que está basada en un hecho futuro e incierto, lo cual desvirtuaría la finalidad de las medidas cautelares, cual es la protección o tutela de manera inmediata el objeto del proceso para no hacer nugatoria la eventual ejecución de la sentencia favorable […]. Aclara que “[…] ante Recurso de Amparo interpuesto por el señor actor, en donde se alegaron las mismas argumentaciones en esta sede contenciosa administrativa, se ordenó a mí representado, en el voto número 2020-002374 de 7 de febrero de 2020, emitir las Ordenes Sanitarias respectivas y demás acciones que procedían, así como informar a la Sala Constitucional todos los meses sobre lo actuado […]” .\n\n \n\n VI) SOBRE LA PRUEBA DOCUMENTAL ORDENADA EN RESOLUCIÓN DE LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRÉS: Como se observa de los autos el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, hizo ver la omisión de la jueza de instancia al momento de resolver la medida cautelar que nos ocupa, resaltando que independientemente de la admisión o no de esa probanza, la persona juzgadora debía pronunciarse al respecto, por ello mediante la resolución de cita, la jueza de instancia ordenó que las demandados cumplieran aportando  “[…] el expediente administrativo completo sobre contrataciones existentes y seguimientos ambientales relativos a las empresas WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA y WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPONSAL, S.A, relacionados con el objeto de la presente litis, 2) al Estado: se le ordena entregar el expediente administrativo completo que al efecto se maneja del proyecto, objeto de la presente litis, incluyendo planos visados que fueron en su momento aprobados que delimitan el área del proyecto y sus capacidades […]” y si bien es cierto, los demandados cumplieron con lo ordenado, es criterio de la suscrita que para el dictado de la presente sentencia, tal prueba resulta impertinente. Como se dirá más adelante, en el presente caso es evidente la falta de instrumentalidad que se presenta, pues acoger todas o una de las pretensiones solicitadas por la parte actora, como se verá , implicaría resolver indirectamente el litigio de fondo. De manera tal, tomando en cuenta que los expedientes que fueron solicitados, refieren a los procedimientos de contrataciones existentes, así como a los seguimientos ambientales de las empresas, y el manejo del proyecto como tal, resulta impertinente tomar en cuenta estas probanzas, puesto que no puede olvidarse o dejarse de lado, incluyendo en esta etapa cautelar, el principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba, de manera que debe considerarse esa relación lógica y jurídica que debe mediar con la prueba y los hechos, lo que implica una vinculación directa con la pretensión  y esque en este sentido es vital destacar que la prueba que se solicitó guarda total relevancia con el fondo del proceso, más no con la tutela cautelar, que no puede perderse de vista que no es una instancia declarativa, sino más bien PROTEGER Y GARANTIZAR, PROVISIONALMENTE EL OBJETO DEL PROCESO Y LA EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA, por ello, estima esta juzgara que, partiendo de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal Civil, y el artículo 41.3 del Código Procesal Civil, el cual por remisión expresa del artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se considera que la prueba solicitada resulta inconducente con el objeto de esta medida cautelar, pues no es en esta instancia que se analice si existe o existió algun conflicto a nivel de contratación que implique un incumplimiento contractual al momento de la realización contractual, lo cual necesariamente lleva a dejar de lado la probanza. Claro está que , si la parte actora considera que esa información es útil para resolver el proceso de fondo, será en esa instancia donde debe solicitaro, sin embargo, para la resolución de esta medida cautelar, esa prueba carece de toda utilidad.\n\n \n\n VII) SOBRE LA DECLARACIÓN DE PARTE OFRECIDA POR LA REPRESENTACIÓN DE WPPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPONSAL SA: La demandada ofrece a folio 382 como declaración de parte al actor, sobre el particular es necesario indicar que en la especie existen suficientes elementos de hecho y de derecho para proceder a resolver conforme al mérito de los autos por lo que sin perjuicio de que la prueba pueda ser ofrecida y valorada en una etapa posterior para los efectos de la presente medida cautelar debe ser rechazada.\n\n \n\n VIII) SOBRE LA FALTA DE INSTRUMENTALIDAD:    El presente caso tiene una serie de particularidades que deben ser mencionadas. En primero lugar la gestión fue pensada para que se concediera lo que se trascribe “[…]  Se le ordene a las Municipalidades de Cartago, El Guarco y Cervantes, al Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este, Area Rectora de Salud Cartago y a las empresas WPP Continental de Costa Rica S.A. y WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. proceder conforme al ámbito de sus respectivas competencias, al cese inmediato de traslado y depósito de desechos sólidos en el Vertedero que existe en la finca Matrícula de Folio Real N° 259350, propiedad de ésta última y que se ubica contiguo al Relleno Sanitario Los Pinos. 2) Se le ordene a la Municipalidad de Cartago, en coordinación con el Ministerio de Salud, adoptar de manera inmediata, las medidas necesarias para limpiar las zonas tanto del Relleno Sanitario Los Pinos como el Vertedero anexo al mismo, en las que se observen desechos sólidos no cubiertos -sea expuestos o al aire libre- como técnicamente corresponde. 3) Se ordene al Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este, Area Rectora de Salud Cartago, rendir ante el Tribunal Contencioso un informe mensual de la operación del Relleno Sanitario Los Pinos, a partir del momento en que la Municipalidad de Cartago tome el control del mismo […] ; y como se observa del relato de los hechos como tal la parte relata un eventual incumplimiento por parte de la empresa de Realizar un cierre técnico, según las obligaciones contractuales que fueron contraídas por WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A, lo que conlleva que a su criterio la misma siga operando de forma antijurídica en un terreno anexo, con un permiso de funcionamiento vencido, omitiendo de esa forma las municipalidades la realización de una ejecución de sus propiedades de imperio para detener una situación antijurídica que afecta el ambiente. De manera que en ese caso, resulta evidente que la tutela cautelar ya carecería de sentido, en el tanto lo pretendido debe ser analizado en fondo del proceso.  Por ello, considera esta juzgadora que la parte gestionante pretende que esta instancia cautelar se convierta en un efectivo ente revisor de legalidad, he incluso más allá de ello. Al respecto, no puede pretenderse que en vía cautelar se logre determinar si efectivamente han mediado aspectos para una suspensión del contrato, si la contratación está apegada a derecho, si se está operando en un  terreno que no es el destinado para tales efectos , o si esa operación se está dando con permisos de funcionamientos. Por ello, tomando como punto de partida que en todo proceso es la pretensión la cual delimita el marco del desarrollo del mismo y por ende, afecta directamente en la decisión que se vaya a tomar, es lógico que por las particularidades lineas arriba detalladas, lo que se pretende no puede ser concedido en esta instancia,    sino que merece ser resuelta en un proceso de fondo. Debe tomar en cuenta la parte actora que tal y como se relató líneas arriba la instrumentalidad de la medida cautelar es definida por la relación de accesoriedad con la sentencia final, de modo que esa codependencia viene dada, precisamente, porque con base en el artículo 41 Constitucional, si aquella sentencia futura fuese declarada con lugar, resulta necesaria la medida cautelar, y la eficacia y la vigencia de la misma para garantizar la efectividad de esa sentencia futura; no obstante, por la forma en que fue redactada la pretensión, el concederla efectivamente haría innecesario el proceso de conocimiento y por consiguiente romper con esa instrumentalidad de las que gozan este tipo de gestiones, por lo que a consideración de la suscrita no existe razón que justifique seguir con este asunto, por ser situaciones propias de ser abordadas en el proceso de conocimiento.\n\n \n\n VIII) SOBRE EL CASO CONCRETO: Ahora bien pese a lo anterior, se hará referencia a los presupuestos de la medida cautelar, en donde basta adelantar, tampoco se presentan en su totalidad, por lo que la medida cautelar, tampoco podría ser otorgada. APARIENCIA DE BUEN DERECHO: Este es el único de los presupuestos que se encuentra presente. Efectivamente de los argumentos externados por las partes involucradas en este asunto y de los elementos probatorios que constan en autos, podrá entrarse a analizar en un proceso de conocimiento las consideraciones en torno a los presuntos incumplimientos a la normativa efectuadas por los demandados relativas a la operación del relleno sanitario que considera genera extremos prejudiciales para el ambiente y la salud de las persona. Como se observa, la parte actora presenta una teoría del caso razonablemente motivada, exponiendo los hechos y el por que a su criterio, el funcionamiento del vertedero y relleno sanitario no se apega a la legalidad, lo cierto del caso, es que tal consideración solo puede ser debatida en un proceso de conocimiento. Analizar si han mediado incumplimientos contractuales de alguna de las partes o situaciones que permitirían la suspensión del contrato; o si la operación se está dando bajo un permiso sanitario vencido, y en un terreno no destinado para tales efectos,    son aspectos ajenos a la tutela cautelar, esto al tenor del de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo. No debe perderse de vista que independientemente de la situación que se presentaré, la parte actora podría cuestionar el accionar de la administración y entablar un proceso de conocimiento para que sea en esa instancia donde se determine si media o no alguna actuación contractual lejos de un marco de legalidad. Tomar como punto de partida una afirmación contraria solo generaría un yerro procesal para la parte actora, a quien se le haría nugatorio el derecho cautelar que la cobija, puesto que tal y como se señaló lineas arriba, el análisis de la teoría del caso expuesta por la parte actora, deberá ser resuelto en un proceso de conocimiento; sin embargo con los alegatos expuestos y elementos probatorios aportados, la acción ejercida no resulta temeraria o carente de seriedad. Nótese que en tanto el escrito de interposición de la gestión cautelar y la contestación las partes refieren asuntos propios de ser atendidos en el proceso principal y tales aspectos, como se indicó, SOLO en un proceso de conocimiento podrán ser determinados. En esta línea de pensamiento, debe considerarse que la tutela cautelar se da para garantizar y proteger, PROVISIONALMENTE EL OBJETO DEL PROCESO Y LA EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA Y DE LAS SITUACIONES JURÍDICO SUSTANCIALES, más no para analizar el fondo del proceso que deberá ser discutido. Hacerlo de otro modo, solo permeará el procedimiento cautelar de tonalidades impropias que generarían como consecuencia que quienes acudan a esta instancia lo hagan con la pretensión de la resolución de un proceso por el fondo, sin así serlo; y todo en atención a la naturaleza expedita con la que el proceso cautelar debe analizarse.\n\n Está claro para esta juzgadora que la parte aporta con su dicho prueba suficiente que permite dar por sentado el presupuesto de la apariencia de buen derecho, ya que es su derecho de presentar su posición y postura ante las particularidades que a su criterio se han dado en la ejecución contractual. Aunado a ello no podemos dejar de lado, que la competencia de esta jurisdicción derivada tanto de lo establecido en el artículo 49 Constitucional como de lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que posibilita ejercer un control plenario de la legalidad de la función administrativa, lo cual implica declarar la disconformidad jurídica de aquellas conductas formales o materiales, que resulten contrarias al bloque de legalidad. La apariencia de buen derecho  en sí, es un juicio de probabilidades que hace la persona juzgadora del resultado eventual del proceso, lo cual al encontrarnos ante una medida cautelar, y mas aún como la presente que es ante causam, es prematuro advertir la procedencia de la misma o no, por cuanto los argumentos y probanzas que fundamentarán la causa de conocimiento, podrían ser distintos al que hoy día nos ocupa. Finalmente, debe hacerse una acotación vital, la cual guarda total relación con la falta de instrumentalidad que se relató en el apartado anterior, y es que esta apariencia está dirigida y encaminada con la causa principal, donde se podrá analizar todo lo debatido por las partes. Así las cosas y al menos en esta instancia y sin prejuzgar sobre el asunto, lo cierto es que a criterio de esta juzgadora lo relatado guarda la seriedad necesaria para tener por acreditado el presupuesto de apariencia de buen derecho. Ahora bien, como se indicó en el considerando anterior, para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios, graves, actuales o potenciales, en la situación jurídica del promovente y esto es lo que se conoce como PELIGRO EN LA DEMORA, donde el daño reclamado deberá alcanzar una magnitud de gravedad, y esa gravedad únicamente se podrá constatar con la prueba pertinente, necesaria y contundente para evidenciarl. Carga procesal que de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal Civil, el cual por remisión del numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo    resulta aplicable; le corresponde a quien formule una pretensión, respecto a los hechos constitutivos de su derecho, y a criterio de esta juzgadora, no se desprenden elementos de prueba respecto de la existencia de un daño de naturaleza grave. Como se observa en el escrito inicial de la actora, pese a que ella considera que en el caso concreto se presenta un daño porque  a su criterio , se puede evidenciar de una simple lectura de los estudios técnicos se señalan la violación ante “[…] un incumplimiento por variación del diseño del proyecto sin la autorización de la Municipalidad […]” , por lo que con la medida cautelar pretende prevenir problemas mayores de salud pública como “[…] proliferación de vertederos, debido a la creación de cúmulos de residuos de todo tipo, en las calles y aceras, con lo cual se producirá la descomposición de la materia orgánica, causando olores fétidos y propagación de moscas y roedores, conviertiendose en un problema de salud pública […]” . La parte actora para sustentar el cumplimiento de este presupuesto aporta documento confeccionado por el señor Juan Carlos Pizarro Corrales  denominado “Análisis de la repercusión en el programa de recolección de residuos sólidos Municipales del Contrato de operación del relleno y su impacto en la administración del servicio ” , el cual se aprecia a folios 32-126 del expediente judicial digital, en el cual se realizan una serie de sugerencias técnicas para la operación del relleno de cita, y lo primero que denota esta juzgadora es que se trata de un  documento que data del año 2016, casi 8 años de su emisión, donde no se acredita el estado actual del lugar y mucho menos que se encuentre ocasionando un daño en los términos descritos por el actor. Adicional a ello, la parte de resultados expresamente señala “[…] surgen dudas razonables sobre la forma en que la empresa está ejecutando el contrato suscrito con la Municipalidad, en el sentido que, en apariencia, está ejecutando acciones que no están amparadas en el documento contractual que la obliga con la municipalidad… existe un deficiente archivo y custodia del expediente de la contratación lo que eleva el riesgo de pérdida… de documento… tampoco hay ecvidencia que exista una comunicación efectiva o algún mecanismo eficiente por medio del cual las instituciones que estén relacionadas con la ejecución de este contrato para comunicarle a la Municipalidad los trámites  que la empresa realizan ente ellas[…] Lo resaltado es propio. Incluso, como sus conclusiones se detalla lo siguiente “[…] a. Al menos a nivel de probabilidad, la documentación apunta a que la Empresa ha excedido sus derechos a la hora de ejecutar los contratos relacionados con el relleno municipal… d. estas modificaciones en los diseños, a menos de dos años de terminar la relación contractual representa un riesgo toda vez que introducen un elemento de incerteza para la Municipalidad en relación con el cierre técnico y el diseño final f. debe ser una alerta para que la Municipalidad refuerce la fiscalización y los controles sobre la ejecución de los servicios prestados por la Empresa […]” . Como vemos, el estudio no responde a los supuestos daños ambientales, sino más bien a la forma propia en que se ha llevado la contratación y el como la empresa ha prestado los servicios a la Municipalidad, por lo que no es suficiente para la demostración del daño alegado. La prueba 2 la constituye el permiso de funcionamiento en precario emitido por el funcionario Oscar Bermúdez García, donde se desprende que se otorgó a la empresa demandad una autorización temporal para operar el relleno sanitario, si esa operación se está dando dentro del margen de legalidad y en concordancia con lo pactado por las partes, es un aspecto ajeno a la tutela cautelar por lo que tampoco puede considerarse que este elemento probatorio pese para acreditar un daño. Por otra parte la prueba 3 que responde al documento suscrito por el Ingeniero Rodolfo Castrillo Brenes de la Municipalidad de Cartago, tampoco aporta ningún peso para acreditar un daño, véase que al igual que el primero de los informes, esté tiene una fecha de redacción bastante antigua, sea del 2 de julio del 2018, por lo que no se conoce cual es el estado actual y real del terreno donde está el vertedero, por ello, no se acredita el estado o situación actual del lugar y que se encuentre ocasionando un daño en los términos descritos, y esque la vigencia temporal es de suma importancia, puesto que en un periodo de tiempo tan prolongado, muchas cosas pudieron haber sucedido, no obstante, el actor no hizo llegar a los autos información veraz y actual que permita a esta juzgadora acreditar el daño. En cuanto a la resolución de SETENA-DT-ASA-0267-2020 (prueba 4), sus conclusiones son vitales, veáse que la 1, refiere que  no fue posible verificar alguno de los compromisos ambientales, pero que la fisalización recae en el Ministerio de Salud, adicionando que el diseño aportado al expediente administrativo no corresponde con las obras en sitio , aspectos que nuevamente se reitera, son argumentaciones y hechos que SOLAMENTE PUEDEN SER DEBATIDOS EN UN PROCESO DE CONOCIMIENTO, PUES NO CORRESPONDE EN VÍA CAUTELAR DECRETAR QUE SUCEDIERON CAMBIOS EN LOS DISEÑOS O QUE NO SE HAN SEGUIDO LOS COMPROMISOS AMBIENTALES. Ahora bien, sobre la prueba 5, oficio AM-OF-680-2018 , no cambia el escenario, véase como refiere a situaciones meramente contractuales, como se se ve en la imagen que se adjunta:\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n Siendo así, es claro para esta juzgadora que el problema radica en un eventual incumplimiento contractual, el cual escapa de la competencia de la suscrita.  Las pruebas 8 y 9 por su naturaleza al ser personerias jurídicas tampoco es idónea para acreditar un daño. En cuanto a la prueba 10, oficio AM-OF-714-2018, refiere al trámite de renovación del permiso de funcionamiento, situación que nuevamente es ajena a la tutela cautelar. Por otra parte sobre la prueba visible a imagen 324, se tiene un permiso de relleno sanitario, cuya fecha de renovación dice es el 12 de mayo del 2023, por ello, si se dio o no la ejecución de actividades dentro de ese marco de funcionamiento , deberá ser dilucidado en la etapa que corresponda. Asimismo, en cuanto a la prueba a imágenes 360-374, oficio del 8 de mayo del 2020 y oficio 2 de marzo del 2020, expone el mismo hecho relatado con la solicitud cautela, una posible conciliación administrativa entre las partes, que en absolutamente nada permite configurar un daño. Menos lo acredita el oficio MAP-0174-2020 visible a imagen 411, donde lo que se acredita es una adjudicación por contratación directa con la empresa  WPP Coriclean Waste Collection S.A.  Por el contrario, a imágenes 460 se tiene el oficio MS-DRRSCE-ARSC-0650-2020 del 17 de junio de 2020, dentro del cual es necesario destacar el punto 5, 6 y 7, los cuales se transcriben literalmente “[…] 5. El 11 de mayo de 2020 se llevó a cabo una nueva inspección al relleno sanitario en conjunto con SETENA, constatando la existencia de algunas no conformidades, tal como se señala en el informe técnico N° MS-DRRSCE-ARSC-IT-0934-2020 (se adjunta copia), suscrito por el Ing. Braulio Fonseca Ramírez, funcionario de esta Área Rectora de Salud.  6. El 16 de junio de 2020 en compañía de SETENA se efectuó visita de inspección y se verificó que las no conformidades encontradas anteriormente fueron corregidas, cumpliendo con lo solicitado por las instituciones, así se indica en el informe N° MS-DRRSCE-ARSC-IT- 0935-2020. En esta visita se corroboró que hay material de cobertura y que no había presencia de ganado dentro del área del proyecto. 7. En las visitas de inspección se ha verificado que la planta de tratamiento está en funcionamiento, llenado de bitácoras correspondientes que se mantienen en el sitio, no se ha encontrado desbordamiento de agua residual ni presencia de olores desagradables [...]\" Lo resaltado es propio. Y si bien se indica en el oficio de cita que \"[...] se notificó la Orden Sanitaria N.º MS-DRRSCE-ARSC-OS-0282-2020 con base en el informe N° MS-DRRSCE-ARSC-IT-0501- 2020 (se adjunta copia), para que en un plazo de 50 días hábiles se proceda a presentar ante el Área Rectora de Salud Cartago del Ministerio de Salud el reporte operacional del Relleno Sanitario Los Pinos con toda la información solicitada según artículo 38º del Decreto N.º 38928-S Reglamento sobre Rellenos Sanitarios [...]\" el mismo informé indica que “[…] 11. El plazo de la Orden Sanitaria aún no ha vencido y se otorgó un plazo de 50 días hábiles, para que coincida con la fecha de finalización del semestre y período de presentación del próximo reporte […]”. Por ello, no se evidencia un daño ambiental catastrófico como lo pretende hacer ver el accionante, máxime cuando incluso la Sala Constitucional ordenó por medio de resolución  2020002374 de las las nueve horas treinta minutos del siete de febrero de dos mil veinte, ordenó expresamente lo siguiente: “[…] deberán emitir de manera conjunta y coordinada los actos que corresponda en atención a la problemática acusada, sean órdenes sanitarias o cualquier otro acto de naturaleza similar tendente a eliminar el riesgo que para el ambiente y la salud pública representa la acumulación de desechos sólidos en el inmueble denunciado por los amparados, así como regular la actividad de acopio que allí se presenta; y al Tribunal Ambiental Administrativo instruir diligentemente el procedimiento administrativo con pleno respeto a las garantías y derechos de las partes pero sin perder de vista la excepcionalidad del bien jurídico tutelado (el medio ambiente y la salud pública), adoptando para ello las medidas que proceda y que el ordenamiento permite; debiendo informar a esta Sala sobre lo resuelto […]”; si se cumplió o no lo ordenado por la Sala Constitucional, es una situación qu ese desconoce porque se reitera, al día de hoy no se tiene certeza de lo acontecido con el vertedero, por todo lo analizado acá, esta juzgadora concluye que no se ha acreditado un daño. De esta forma, todos los elementos probatorios que constan en autos refieren a situaciones ajenas de la tutela cautelar, de manera que tal y como se dijo anteriormente, determinar si la operación relleno  se ha dado o no conforme a las cláusulas de la contratación, o si bien, se ha operado sin permisos de funcionamiento, son aspectos que escapan de la competencia de esta juzgadora. Los elementos que corren en autos, son insuficientes para acreditar el daño que debe ser titulado vía cautelar, porque todos y cada uno de los insumos aportados guardan una relación directa con el proceso de conocimiento y este yerro tan gravoso, solo es responsabilidad de la parte actora, puesto que tal y como se señaló desde el inicio la carga probatoria le correspondía a la misma. Por lo dicho anteriormente,  no puede esta autoridad ni siquiera presumir, cual es el tipo de daño que la parte actora está sufriendo y mucho menos las magnitudes del mismo, puesto que como se expuso líneas arriba, no hay prueba que permita realizar un análisis fundamentado. Y tal y como se indicó anteriormente, NO BASTA CON ALEGAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO o perjuicio grave, actual o potencial, SINO QUE DEBE PROBARSE; en el caso concreto no hay una sola prueba lo acredite. Se debe de indicar, que esta jurisdicción    ha sido rigurosa o exigente para tener por acreditado el presupuesto analizado, ya que SIEMPRE, independientemente del tema y/o materia puesta a conocimiento de este Tribunal, la parte que acude a este tipo de gestiones, DEBERÁ demostrar con la prueba adecuada, necesaria y pertinente que su situación particular es urgente, pero más que ello deberá demostrar que su situación particular es GRAVE para poder alcanzar la tutela cautelar, y esto se supera no solamente aportando gran cantidad de prueba, sino que la prueba que se aporte venga a evidenciar SIN NINGÚN CUESTIONAMIENTO, esa gravedad que podría experimentar en el caso de ejecución de una determinación administrativa.    Siendo así y a falta de prueba necesaria, pertinente, contundente, palpable y constatable, no se puede tener por acreditado el presupuesto analizado, por tal motivo la medida cautelar debe de ser rechazada en los términos pedidos; toda vez que los presupuestos o requisitos para la procedencia de la misma no son excluyentes entre sí, y a falta de uno de ellos la consecuencia es su rechazo, como en efecto se dispone. Finalmente, acerca de la PONDERACIÓN DE LOS INTERESES EN JUEGO involucrados en el caso debe indicarse que para la procedencia de una medida cautelar se requiere la verificación simultánea de los presupuestos legales establecidos en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sin embargo en este particular, se descartó uno de ellos, según lo expuesto en los anteriores apartados y se decretó una falta de instrumentalidad. Por ello, tomando en consideración que para realizar el análisis de ponderación de intereses y valoración del eventual interés público afectado es necesario partir de la existencia del daño grave a la situación jurídica aducida y del interés particular perjudicado, lo cual en este caso no se logró demostrar; no puede más que concluirse que es el mismo interés público el que obliga a esta juzgadora a rechazar de forma total la medida cautelar planteada, pues si se obligara a las empresas demandas al cese inmediato de traslado y depósito , implicaría que los desechos que se generen en la localidad queden a la intemperie, y es que no puede pretender la parte que la Municipalidad de Cartago asuma el control del Relleno Sanitario cuando es claro para esta juzgadora que lo que ha mediado es una contratación. De igual forma al no conocerse el estado actual del lugar, así como el resultado de lo ya ordenado por la Sala Constitucional, no puede esta autoridad ordenar limpiar zonas en el relleno sanitario donde se observen desechos sólidos no cubiertos, puesto que tal aspecto es desconocido para esta autoridad, y mucho menos puede Ordenarse al Ministerio de Salud, rendir un informe mensual de la operación del relleno Sanitario ante este Tribunal, pues hacerlo así convertiría a esta instancia un mero fiscalizador de una labor que por competencias ya radica en un Ministerio el de Salud, por ello, son las mismas pretensiones de la parte, y el análisis holístico de lo plasmado y acreditado en la medida cautelar, que debe privar ese interés público, y consecuentemente se debe rechazar a medida cautelar planteada.\n\n \n\n IX) COSTAS: Al  tratarse de una justicia cautelar, la condena en costas no está prevista en razón de que los gestionantes no pueden considerarse \"vencidos\", puesto que no se ha emitido un pronunciamiento sobre el asunto fondo, se resuelve sin especial condenatoria en costas. (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, sentencia Nº 90-2011, de las 13:30 horas, 16 de marzo, 2011).\n\n \n\nPOR TANTO\n\n  De conformidad con lo expuesto en los apartados precedentes,  por haberse determinado una FALTA DE INSTRUMENTALIDAD de la pretensión planteada, y no concurrir los elementos cautelares necesarios para le otorgamiento , se declara SIN LUGAR la medida cautelar interpuesta por ALEXIS RODOLFO CERVANTES MORALES, portador de la cédula de identidad 3-0237-0233, vecino de Cartago, contra EL ESTADO, representado por la señora ELIZABETH LI QUIRÓS, mayor, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-576-571, MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, representada por el señor MARIO REDONDO POVEDA, mayor, casado, alcalde municipal, portador de la cédula de identidad 1-589- 526, MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, representada por el señor LUIS ARIAS RICHMOND, mayor, WPP CONTINENTAL COSTA RICA, S.A, representada por la señora OLGA MARTA RIVAS ARIAS, WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL, S.A representada por la señora ILEANA MARÍA GONZÁLEZ PANIAGUA, MUNICIPALIDAD DE CERVANTES, quien no se apersonó al proceso. SE RECHAZA la  DECLARACIÓN DE PARTE OFRECIDA POR LA REPRESENTACIÓN DE WPPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPONSAL SA. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. En su oportunidad archívese el expediente. NOTIFÍQUESE. LICDA. ALANA FONSECA LOBO, JUEZA.\n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n\nJU3QPQOSJLW61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nALANA DE LOS ANGELES FONSECA LOBO, JUEZ/A TRAMITADOR/A\n\n \n\nEXP: 20-002027-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:32:28.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "EXPEDIENT:\n\n20-002027-1027-CA - 7\n\nPROCEEDING:\n\nPRECAUTIONARY MEASURE\n\nPLAINTIFF:\n\nALEXIS RODOLFO CERVANTES MORALES\n\nDEFENDANT:\n\nTHE STATE\n\nNo. 2024005898\n\nCONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fifteen hours and eighteen minutes on the sixth of September of two thousand twenty-four.-\n\nPrecautionary measure ante causam, filed by ALEXIS RODOLFO CERVANTES MORALES, holder of identity card 3-0237-0233, resident of Cartago, against THE STATE, represented by Ms. ELIZABETH LI QUIRÓS, of legal age, attorney, resident of San José, holder of identity card 1-576-571, MUNICIPALITY OF CARTAGO, represented by Mr. MARIO REDONDO POVEDA, of legal age, married, municipal mayor, holder of identity card 1-589-526, MUNICIPALITY OF EL GUARCO, represented by Mr. LUIS ARIAS RICHMOND, of legal age, WPP CONTINENTAL COSTA RICA, S.A, represented by Ms. OLGA MARTA RIVAS ARIAS, WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL, S.A represented by Ms. ILEANA MARÍA GONZÁLEZ PANIAGUA, MUNICIPALITY OF CERVANTES, which did not appear in the proceeding.\n\nWHEREAS\n\nI) On the thirteenth of April of two thousand twenty-four, the petitioner filed a precautionary measure ante causam requesting what is transcribed below \"[…] Order the Municipalities of Cartago, El Guarco and Cervantes, the Ministry of Health through the Regional Directorate of the Central East Health Stewardship, Cartago Health Stewardship Area, and the companies WPP Continental de Costa Rica S.A. and WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. to proceed, in accordance with the scope of their respective competencies, to the immediate cessation of the transfer and deposit of solid waste in the Dump existing on the property Real Folio Registration No. 259350, owned by the latter and located adjacent to the Los Pinos Sanitary Landfill. 2) Order the Municipality of Cartago, in coordination with the Ministry of Health, to immediately adopt the necessary measures to clean the areas of both the Los Pinos Sanitary Landfill and the Dump annexed thereto, where uncovered solid waste is observed—that is, exposed or in the open air—as technically required. 3) Order the Ministry of Health, through the Regional Directorate of the Central East Health Stewardship, Cartago Health Stewardship Area, to submit a monthly report to the Contentious-Administrative Court on the operation of the Los Pinos Sanitary Landfill, from the moment the Municipality of Cartago takes control of the same […]” (sequence 13 / 04 / 2020 17:08:10).\n\nII) The precautionary request in its provisionalissima nature was rejected by resolution at seventeen hours fifty-two minutes on the third of April of two thousand twenty, and a hearing was granted to the defendant parties (sequence 13 / 04 / 2020 17:09:36).\n\nIII) The plaintiff filed an amplification of facts on the thirteenth of May of two thousand twenty, where he asserts the existence of a new fact which, in the plaintiff's opinion, “[…] seeks to arrive at an 'administrative conciliation' with WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., with which it is intended that the Municipality renounce, now formally and not merely by omission in the exercise of its sovereign powers to sanction administratively and patrimonially, but also so that the environmental violations are archived without any oversight whatsoever […]” (sequence 13/ 05 2020 14:30: 11).\n\nIV) The amplification petition was rejected in its provisionalissima nature by resolution at sixteen hours fifteen minutes on the fourteenth of May of two thousand twenty, whereupon a hearing was granted on these matters to the defendant parties (sequence 14/ 05 / 2020 16:19:38).\n\nV) On the second of June of two thousand twenty, the MUNICIPALITY OF CARTAGO responded negatively to this precautionary petition, requesting its rejection (sequences 02 / 06 / 2020 14:09:25).\n\nIV) By a writing dated the fourth of June of two thousand twenty, the MUNICIPALITY OF EL GUARCO addressed the precautionary measure, requesting its rejection (sequences 04 / 06 / 2020 20:17:20).\n\nV) In a writing dated the eighth of June of two thousand twenty, the company WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. opposed the precautionary measure and requested its rejection (sequence 08 / 06 / 2020 22:13:17).\n\nVI) On the nineteenth of June of two thousand twenty, THE STATE addressed the precautionary measure, requesting its rejection (sequence 19 / 06 / 2020 14:50:58).\n\nVII) By resolution No. 410-2020 at twelve hours and ten minutes on the fourteenth of August of two thousand twenty, a ruling was issued on this precautionary measure, which was annulled by vote number 507-2020-I by the Court of Appeals for Contentious-Administrative Matters (sequences 18 / 08 / 2020 11:31:18 and 05 / 11 / 2020 11:34:26 ).\n\nVIII) By a resolution at nine hours fifteen minutes on the seventh of March of two thousand twenty-three, the trial judge ordered that the following be brought in as evidence, transcribed literally “[…] the complete administrative file on existing contracts and environmental follow-ups relating to the companies WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA and WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPONSAL, S.A., related to the object of this dispute, 2) to the State: it is ordered to deliver the complete administrative file that is kept for the project, object of this dispute, including approved (visados) plans that were at the time approved, delimiting the project area and its capacities […]” (sequence 07/03/ 2023 09:30:44).\n\nIX) On the ninth of March of two thousand twenty-three, the Municipality of Cartago complied with the order; on the seventeenth of March of two thousand twenty-three, the State provided what was ordered (sequences 09 / 03 / 2023 18:40:16 ; 17 / 03 / 2023 15:25:31 ).\n\nX) The proceedings have observed the prescriptions of law, and no defects or omissions are noted that could cause defenselessness (indefensión) to the parties or future nullities.\n\nWHEREAS\n\nI) PRELIMINARILY, REGARDING THE DATE OF RESOLUTION OF THIS PRECAUTIONARY MEASURE: This judge hears the present matter on September 6, 2024, because she assumed the position on September 2, 2024.\n\nII) GENERALITIES FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE: As developed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment (resolution 7190-1994, at 15:24 hours on December 6). In this same sense, Article 19 of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is TO PROTECT AND GUARANTEE, PROVISIONALLY, THE OBJECT OF THE PROCEEDING AND THE EFFECTIVENESS OF THE JUDGMENT. Legal doctrine has indicated that precautionary justice DOES NOT HAVE THE PURPOSE of declaring a fact or a responsibility, nor of constituting a legal relationship, nor of executing a mandate and satisfying a right held without being disputed, nor of settling a dispute, but rather of preventing the damages that the dispute may entail or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Having clarified the foregoing, the judge, observing the provisions of Article 21 of the indicated procedural rule, must determine the admissibility of a request for a precautionary measure, verifying in this regard that the claim of the main proceeding is not reckless or, manifestly, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if there exists in the case in question what doctrine and jurisprudence have called appearance of good law (fumus boni iuris). The rule under analysis also establishes the admissibility of the precautionary measure when the execution or continuation of the conduct under review produces serious damages or injuries, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as the periculum in mora, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial proceeding, there is a current, real, and objective danger of a serious damage being caused to the requesting party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Along the same line of thought, Article 22 of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes the obligation of the judge to carry out, in light of the principle of proportionality, a weighing of the interests at stake; that is, between the circumstance of the individual, on the one hand; and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Additionally, and from the same cited numeral 22, it is required that the precautionary measure be instrumental and provisional. Based on the foregoing regulatory framework for analysis and the elements required for granting a precautionary measure, we proceed to study the specific case.\n\nIII) ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR ADMITTING THE PRECAUTIONARY MEASURE: In this regard, it has been stated that for the fulfillment of precautionary protection, as a fundamental right derived from constitutional numeral 41 (right to obtain prompt and complete justice), the jurisdictional body must assess, for its effective materialization, in addition to the fulfillment of the requirements known in doctrine as appearance of good law (Fumus Boni Iuris), danger in delay (Periculum in Mora), as well as the weighing of interests at stake, which will be detailed below; the verification of the presence or existence of what have come to be called the structural characteristics of the precautionary measure. The foregoing refers to instrumentality, provisionality, urgency, and the summaria cognitio of the proceeding. Both the indicated requirements and the indicated characteristics must be present for the granting of the measure that has been requested, with the purpose of protecting and guaranteeing, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Regarding the necessary requirements for granting the precautionary measure, we find the following: a) APPEARANCE OF GOOD LAW: for the admissibility of the precautionary measure, there must be \"seriousness in the claim,\" that is, a probability of success such that the claim does not appear, at first glance, manifestly lacking in seriousness, or, as the case may be, reckless. For doctrine, this is nothing other than the probable subsequent acceptance of the plaintiff's material right in the judgment, through the analysis proper to a very summary proceeding that in no way can or should, determine a ruling on the merits of the matter raised, but rather, and instead, only an approximation to it with the elements present at the time of issuing the decision that grants or denies the measure; b) DANGER IN DELAY (Periculum in Mora): consists of the objectively founded and reasonable fear that the substantial legal situation alleged may be seriously damaged or injured in a grave and irreparable manner, during the time necessary to issue judgment in the main proceeding. This requirement requires the presence of two elements: the serious damage or injury and the delay in the main proceeding, without neglecting, of course, that within this requirement lies what doctrine has termed the \"Bilaterality of the Periculum in Mora\" or, as it is commonly known, the weighing of the interests at play. The requirement alludes to the characteristic that the damages reproached must be susceptible to occurring—currently or potentially—if the measure required is not adopted. Damages that must be established as serious, in addition to being deemed to derive from the situation alleged. The injuries claimed must at least be proven through the rational principle of proof, so it is not enough to allege the damage in the terms stated, but rather the circumstances must be accredited for it to be considered damage and for it to be serious. On the delay in the main proceeding: This requirement refers to the situation generated on the occasion of jurisdictional processes that require, for their development and subsequent conclusion, the performance of a series of acts through which not only due process is guaranteed, but also the issuance of a ruling that, if it cannot be carried out promptly, is at least fair. Bringing a main proceeding to an end takes time, and it is precisely where precautionary protection acquires special relevance, because while that decision in the case arrives, serious damages are being avoided, which, if they were to occur, would render the right claimed nugatory. On the bilaterality of the periculum in mora: Under this denomination, reference is made to the weighing of the interests at play, linked to the public interest that may need protection, versus the interest of third parties and, of course, the interest of the person who comes by way of a precautionary measure, and they must be assessed comparatively. The denial of the measure is imposed when the injury suffered or susceptible to being caused to the community or third parties is greater than that which the applicant for the measure could experience.\n\nIV) STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE PRECAUTIONARY MEASURE: As was indicated, in addition to the requirements already stated, it is necessary that the measure to be adopted structurally possesses the following characteristics: instrumentality, which means that they maintain a marked accessory relationship with the final judgment, since ultimately, they serve as an instrument to maintain the validity of the object of the proceeding on the terms presented; provisionality, which is nothing other than what is agreed upon regarding the precautionary measure, which will remain in force and conditional on what is resolved in the main proceeding. It is worth highlighting that it may also be lifted or modified at any time, given the variability of the conditions that originally gave rise to it, or a measure that was previously denied may be adopted, as established by numeral 29 of the Contentious-Administrative Procedure Code, so its effectiveness is exhausted at the moment of issuing the judgment on the merits, or what is the same, has effects subject to the disposition adopted in the main proceeding; urgency to avoid the danger in delay (periculum in mora), as well as the summaria cognitio, that is, that these measures are adopted by virtue of a very summary cognition carried out by the jurisdictional body WITHOUT PREJUDGING ON THE MERITS OF THE MATTER, which in no way could substitute the stages of the main proceeding.\n\nV) ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF: Primarily, the plaintiff stated that the company WPP Continental S.A was hired to operate and permanently close the garbage dump known as \"Navarro-Los Pinos or Relleno los Pinos\"; however, in his opinion, a series of breaches of obligations have occurred, giving rise to a series of infractions as seen below in the attached image:\n\nHe further stated that the serious damage can be evidenced from a simple reading of the technical studies, pointing out the violation before “[…] a breach due to variation of the project design without the authorization of the Municipality […]”, so with the precautionary measure he seeks to prevent greater public health problems such as “[…] proliferation of dumps, due to the creation of accumulations of waste of all kinds, in the streets and sidewalks, which will cause the decomposition of organic matter, causing foul odors and the spread of flies and rodents, becoming a public health problem […]” and that this would affect 3 cantons, Cartago, El Guarco and Cervantes. Secondarily, he stated that the Municipality of Cartago intends to reach an administrative conciliation with WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA.\n\nV) ARGUMENTS OF THE DEFENDANT PARTIES: A- MUNICIPALITY OF CARTAGO: It maintains that “[…] the plaintiff has merely contented himself with requesting that this Court grant him four precautionary measures directed at several public and private entities, and with detailing the general assumptions that make them admissible, but he does not substantiate in concrete, much less prove, whether his claim… has an appearance of good law… whether there is a danger in delay or whether the weighing of the interests at play must favor […]” B- MUNICIPALITY OF EL GUARCO: It indicates that “[…] the requested precautionary measure is reckless regarding the effects it could cause on the population of El Guarco, since the Municipality would be left without a place to carry out the final deposit of waste; in turn, as the contracting procedures carried out have shown, depositing in a place other than the Los Pinos sanitary landfill would increase the operating cost and consequently the fee to be paid by end users, in view of the distance from the municipality. It additionally maintains that “[…] contrary to there being a danger in delay from the possible implementation of the requested precautionary measure, the truth is that granting it would represent an impact in terms of the time to resolve the disposal of solid waste from the canton, by the Municipality, as the entity responsible for resolving said service for the population of its jurisdiction […]”. Finally, it adds that “[…] granting the requested measure would imply for the Municipality being left without a place for the final disposal of waste and finding itself without the legal authority to go to another sanitary landfill, without the respective administrative procedure for contracting, complying with the legal system to which we are subject as a public institution, in this specific case, the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), given that for the respective contracting, compliance with all the stages established in the aforementioned regulation is required […]” C- COMPANY WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A and WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A : The company states that “[…] Far from there being an appearance of good law, rather, the only thing that stands out is a presumption that the plaintiff's interest is far from being the protection of the environment, but rather the protection of the private interest of our commercial competitor EBI… the Los Pinos Sanitary Landfill is subject to constant inspection and oversight by various state bodies, and none of them has issued a closure order. The fact that there are improvements or observations that must be addressed, as in any other project, is not synonymous with the fact that its closure must be ordered. On the contrary, if the situation were as serious as the plaintiff intends to expose, those competent bodies would have already acted accordingly. In reality, after their inspections and multiple actions, the competent bodies have opted for other much milder decisions, in attention to the reality of things and in compliance with the constitutional principle of reasonableness… Regarding the weighing of the various interests at play, the satisfaction of the public need of other administrations such as El Guarco and Cervantes must prevail, to mention only those that were co-defendants by the plaintiff, which need to dispose of their waste in a suitable site. In addition to the fact that it would have to compensate us (and by a considerable amount) if it intends to displace us in the operation of the landfill, the Municipality of Cartago lacks the capacity to assume its control […]”. D- STATE: The state representation opposes the granting of the precautionary measure for the following reasons: “[…] Regarding the first request that the Municipality of Cartago, in coordination with the Ministry of Health, must proceed in accordance with the scope of its competence, to the immediate cessation of the transfer and deposit of solid waste in the Dump existing on the property Real Folio Registration No. 259350, it results in a vague and imprecise precautionary measure, which does not allow for the review of the requirement of Appearance of Good Law. In that sense, it has not been substantiated or explained why the Ministry of Health must order the cessation of transfer and deposit of waste in the dump, being rather this order for cessation of transfer fulfilled, if applicable, by the co-defendant companies; regarding the measure to order the Municipality of Cartago, in coordination with the Ministry of Health, to adopt the necessary measures to clean the areas of the Sanitary Landfill and the Dump, the plaintiff also does not substantiate or explain why my client must be compelled to perform such work… regarding the Ministry of Health submitting to the Contentious-Administrative Court a monthly report on the operation of the Los Pinos Sanitary Landfill, from the moment the Municipality of Cartago takes control thereof, it is absurd, since it is based on a future and uncertain event, which would distort the purpose of precautionary measures, namely the immediate protection or safeguarding of the object of the proceeding so as not to render nugatory the eventual execution of a favorable judgment […]. It clarifies that “[…] before an Amparo Appeal filed by the plaintiff, where the same arguments were alleged in this contentious-administrative venue, my client was ordered, in vote number 2020-002374 of February 7, 2020, to issue the respective Sanitary Orders and other actions that were appropriate, as well as to report to the Constitutional Chamber every month on what was done […]”.\n\nVI) REGARDING THE DOCUMENTARY EVIDENCE ORDERED IN THE RESOLUTION AT NINE HOURS FIFTEEN MINUTES ON THE SEVENTH OF MARCH OF TWO THOUSAND TWENTY-THREE: As observed from the case file, the Court of Appeals for Contentious-Administrative Matters pointed out the omission of the trial judge when resolving the precautionary measure at hand, highlighting that regardless of whether or not that evidence was admitted, the judge had to rule on it; therefore, through the cited resolution, the trial judge ordered the defendants to comply by providing “[…] the complete administrative file on existing contracts and environmental follow-ups relating to the companies WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA and WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPONSAL, S.A., related to the object of this dispute, 2) to the State: it is ordered to deliver the complete administrative file that is kept for the project, object of this dispute, including approved (visados) plans that were at the time approved, delimiting the project area and its capacities […]” and while it is true that the defendants complied with what was ordered, it is the undersigned's criterion that for the issuance of this judgment, such evidence is irrelevant. As will be stated further on, in the present case, the lack of instrumentality is evident, since granting all or one of the claims requested by the plaintiff, as will be seen, would imply indirectly resolving the main dispute. Thus, taking into account that the files that were requested refer to the existing contracting procedures, as well as to the environmental follow-ups of the companies, and the handling of the project as such, it is irrelevant to take these proofs into account, since it cannot be forgotten or set aside, including in this precautionary stage, the principle of pertinence, suitability, and utility of evidence, so that logical and legal relationship that must exist between the evidence and the facts must be considered, which implies a direct link with the claim; and it is in this sense that it is vital to emphasize that the evidence requested has total relevance to the merits of the proceeding, but not to the precautionary protection, which must not be lost sight of as not being a declaratory instance, but rather TO PROTECT AND GUARANTEE, PROVISIONALLY, THE OBJECT OF THE PROCEEDING AND THE EFFECTIVENESS OF THE JUDGMENT. Therefore, this judge considers that, based on the provisions of Article 82 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), and Article 41.3 of the Civil Procedure Code, which, by express remission of Article 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the evidence requested is considered inconsequential to the object of this precautionary measure, since it is not in this instance that it is analyzed whether there is or was any contracting-level conflict that implies a contractual breach, which necessarily leads to setting aside the evidence. It is clear that, if the plaintiff considers this information useful to resolve the main proceeding, it will be in that instance where it must be requested; however, for the resolution of this precautionary measure, this evidence lacks all usefulness.\n\nVII) REGARDING THE DECLARATION OF PARTY OFFERED BY THE REPRESENTATION OF WPPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPONSAL SA: The defendant offers on folio 382 the declaration of party of the plaintiff. In this regard, it is necessary to indicate that in this case there are sufficient elements of fact and law to proceed to resolve in accordance with the merits of the case file, so, without prejudice to the fact that the evidence may be offered and assessed at a later stage, for the purposes of this precautionary measure it must be rejected.\n\nVIII) REGARDING THE LACK OF INSTRUMENTALITY: The present case has a series of particularities that must be mentioned. In the first place, the petition was designed for the following to be granted, as transcribed: “[…] Order the Municipalities of Cartago, El Guarco and Cervantes, the Ministry of Health through the Regional Directorate of the Central East Health Stewardship, Cartago Health Stewardship Area, and the companies WPP Continental de Costa Rica S.A. and WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. to proceed, in accordance with the scope of their respective competencies, to the immediate cessation of the transfer and deposit of solid waste in the Dump existing on the property Real Folio Registration No. 259350, owned by the latter and located adjacent to the Los Pinos Sanitary Landfill. 2) Order the Municipality of Cartago, in coordination with the Ministry of Health, to immediately adopt the necessary measures to clean the areas of both the Los Pinos Sanitary Landfill and the Dump annexed thereto, where uncovered solid waste is observed—that is, exposed or in the open air—as technically required. 3) Order the Ministry of Health, through the Regional Directorate of the Central East Health Stewardship, Cartago Health Stewardship Area, to submit a monthly report to the Contentious-Administrative Court on the operation of the Los Pinos Sanitary Landfill, from the moment the Municipality of Cartago takes control of the same […]”; and as observed from the account of the facts as such, the party recounts an eventual breach on the part of the company of carrying out a technical closure, according to the contractual obligations that were assumed by WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., which leads, in its opinion, to the company continuing to operate unlawfully on an adjacent property, with an expired operating permit, thus the municipalities are omitting to exercise their sovereign powers to stop an unlawful situation that affects the environment. So in this case, it is evident that the precautionary protection would already be meaningless, insofar as what is sought must be analyzed in the main proceeding. Therefore, this judge considers that the petitioning party intends for this precautionary instance to become an effective body for reviewing legality, and even beyond that. In this regard, it cannot be attempted through a precautionary channel to determine if aspects for a contract suspension have effectively occurred, if the contract complies with the law, if operations are being conducted on a property not designated for such purposes, or if that operation is occurring with operating permits in force.\n\nTherefore, taking as a starting point that in every proceeding it is the claim (pretensión) that delimits the framework of its development and, consequently, directly affects the decision to be taken, it is logical that due to the particularities detailed above, what is sought cannot be granted at this stage, but rather deserves to be resolved in a plenary proceeding (proceso de fondo). The plaintiff must take into account that, as stated above, the instrumentality of the precautionary measure (medida cautelar) is defined by its accessory relationship with the final judgment, so that this co-dependency arises precisely because, based on Article 41 of the Constitution, if that future judgment were to be granted, the precautionary measure is necessary, and its effectiveness and validity are required to guarantee the effectiveness of that future judgment; however, due to the way the claim was drafted, granting it would effectively make the plenary proceeding (proceso de conocimiento) unnecessary and therefore break the instrumentality that these types of proceedings enjoy, so in the undersigned's opinion there is no reason justifying continuing with this matter, as these are situations that must be addressed in the plenary proceeding.\n\n \n\nVIII) ON THE SPECIFIC CASE: Now, despite the foregoing, reference will be made to the prerequisites of the precautionary measure, where it suffices to state that they are also not fully present, so the precautionary measure could not be granted either. APPEARANCE OF GOOD RIGHT (APARIENCIA DE BUEN DERECHO): This is the only prerequisite that is present. Indeed, from the arguments put forth by the parties involved in this matter and the evidentiary elements in the record, the considerations regarding the alleged breaches of regulations by the defendants concerning the operation of the landfill (relleno sanitario), which the plaintiff considers generates prejudicial extremes for the environment and people's health, may be analyzed in a plenary proceeding. As observed, the plaintiff presents a reasonably motivated theory of the case, setting forth the facts and why, in their opinion, the operation of the dump and landfill does not comply with the law; the truth of the matter is that such consideration can only be debated in a plenary proceeding. Analyzing whether there have been contractual breaches by any of the parties or situations that would allow the suspension of the contract; or whether the operation is taking place under an expired health permit and on land not intended for such purposes, are aspects outside the scope of precautionary protection, this according to the provisions of Article 21 of the Code of Contentious Administrative Procedure. It must not be overlooked that regardless of the situation that may arise, the plaintiff could question the administration's actions and initiate a plenary proceeding so that it is at that stage where it is determined whether or not there is any contractual action outside a framework of legality. Taking a contrary assertion as a starting point would only generate a procedural error for the plaintiff, for whom the precautionary right that protects them would be rendered nugatory, since, as stated above, the analysis of the theory of the case set forth by the plaintiff must be resolved in a plenary proceeding; however, with the arguments presented and evidentiary elements provided, the action taken is not reckless or lacking in seriousness. Note that in both the initial brief for the precautionary proceeding and the response, the parties refer to matters that belong to the main proceeding, and such aspects, as indicated, can ONLY be determined in a plenary proceeding. In this line of thought, it must be considered that precautionary protection is given to guarantee and protect, PROVISIONALLY, THE OBJECT OF THE PROCEEDING AND THE EFFECTIVENESS OF THE JUDGMENT AND OF THE SUBSTANTIVE LEGAL SITUATIONS, but not to analyze the merits of the proceeding that must be argued. Doing otherwise will only permeate the precautionary procedure with improper tones, resulting in those who come to this instance doing so with the intention of resolving a proceeding on the merits, without it being so; and all in view of the expeditious nature with which the precautionary proceeding must be analyzed.\n\n It is clear to this judge that the party provides, with their statement, sufficient evidence to establish the prerequisite of appearance of good right, as it is their right to present their position and stance regarding the particularities that, in their opinion, have occurred in the contractual execution. In addition to that, we cannot ignore that the competence of this jurisdiction derives both from the provisions of Article 49 of the Constitution and from the Code of Contentious Administrative Procedure, which makes it possible to exercise plenary control over the legality of the administrative function, which implies declaring the legal non-conformity of those formal or material conducts that are contrary to the body of law. The appearance of good right in itself is a judgment of probabilities made by the judge regarding the eventual outcome of the proceeding, which, as we are facing a precautionary measure, and even more so one like the present that is ante causam, it is premature to foresee its appropriateness or not, since the arguments and evidence that will support the plenary action could be different from those occupying us today. Finally, a vital observation must be made, which is entirely related to the lack of instrumentality described in the previous section, and that is that this appearance is directed and aimed at the main action, where everything debated by the parties can be analyzed. Thus, at least at this stage and without prejudging the matter, the truth is that in this judge's opinion, what has been recounted has the necessary seriousness to consider the prerequisite of appearance of good right as accredited. Now, as indicated in the previous recital (considerando), for the appropriateness of precautionary protection (tutela cautelar), it is required by legal provision that the execution or permanence of the administrative conduct submitted to the proceeding produces serious, current or potential damage or harm to the legal situation of the petitioner, and this is what is known as PERICULUM IN MORA (PELIGRO EN LA DEMORA), where the claimed damage must reach a magnitude of seriousness, and that seriousness can only be verified with the pertinent, necessary, and conclusive evidence to demonstrate it. A procedural burden which, in accordance with Article 41 of the Code of Civil Procedure, applicable by referral from numeral 220 of the Code of Contentious Administrative Procedure, corresponds to whoever formulates a claim, regarding the facts constitutive of their right, and in this judge's opinion, no evidentiary elements emerge regarding the existence of damage of a serious nature. As observed in the plaintiff's initial brief, although they consider that in this specific case damage exists because, in their opinion, it can be evidenced from a simple reading of the technical studies that a violation is noted due to “[…] a breach due to variation of the project design without the authorization of the Municipality […]”, and that with the precautionary measure they intend to prevent major public health problems such as “[…] proliferation of dumps, due to the creation of accumulations of waste of all kinds, in the streets and sidewalks, with which the decomposition of organic matter will occur, causing fetid odors and propagation of flies and rodents, becoming a public health problem […]”. To support the fulfillment of this prerequisite, the plaintiff provides a document prepared by Mr. Juan Carlos Pizarro Corrales called “Analysis of the impact on the Municipal solid waste collection program of the Landfill Operation Contract and its impact on the service administration”, which is found at folios 32-126 of the digital judicial file, in which a series of technical suggestions for the operation of the landfill in question are made, and the first thing this judge notes is that it is a document dating from 2016, almost 8 years since its issuance, which does not certify the current state of the site, much less that it is causing damage in the terms described by the plaintiff. Additionally, the results section expressly states “[…] reasonable doubts arise about the manner in which the company is executing the contract signed with the Municipality, in the sense that, apparently, it is executing actions that are not covered by the contractual document that binds it to the municipality… there is poor filing and custody of the contracting file which increases the risk of loss… of documents… nor is there evidence that there is effective communication or any efficient mechanism through which the institutions related to the execution of this contract can communicate to the Municipality the procedures that the company carries out with them […]”. The emphasis is ours. Even more, its conclusions detail the following “[…] a. At least at a probability level, the documentation points to the Company having exceeded its rights when executing the contracts related to the municipal landfill… d. these modifications in the designs, less than two years before the end of the contractual relationship, represent a risk since they introduce an element of uncertainty for the Municipality in relation to the technical closure and the final design f. it should be an alert for the Municipality to reinforce oversight and controls over the execution of the services provided by the Company […]”. As we can see, the study does not respond to the alleged environmental damages, but rather to the very manner in which the contracting has been carried out and how the company has provided services to the Municipality, therefore it is not sufficient to demonstrate the alleged damage. Piece of evidence 2 consists of the precarious operating permit issued by official Oscar Bermúdez García, from which it is evident that the defendant company was granted a temporary authorization to operate the landfill; whether this operation is taking place within the bounds of legality and in accordance with what was agreed by the parties is an aspect outside the precautionary protection, so this evidentiary element cannot be considered to weigh towards accrediting damage. On the other hand, piece of evidence 3, which is the document signed by Engineer Rodolfo Castrillo Brenes of the Municipality of Cartago, also does not carry any weight for accrediting damage; note that, like the first of the reports, it has a fairly old date of drafting, namely July 2, 2018, so the current and real state of the land where the dump is located is unknown. Therefore, the current state or situation of the site and that it is causing damage in the terms described is not accredited, and the temporal validity is of utmost importance, since in such a prolonged period of time, many things could have happened; however, the plaintiff did not bring to the record truthful and current information allowing this judge to accredit the damage. Regarding resolution SETENA-DT-ASA-0267-2020 (evidence 4), its conclusions are vital; see that point 1 states that it was not possible to verify any of the environmental commitments, but that the oversight falls on the Ministry of Health, adding that the design provided to the administrative file does not correspond to the works on site. These are aspects that, it is reiterated again, are arguments and facts that CAN ONLY BE DEBATED IN A PLENARY PROCEEDING, SINCE IT IS NOT APPROPRIATE IN THE PRECAUTIONARY ROUTE TO DECREE THAT CHANGES IN THE DESIGNS OCCURRED OR THAT THE ENVIRONMENTAL COMMITMENTS HAVE NOT BEEN FOLLOWED. Now, regarding evidence 5, official letter AM-OF-680-2018, it does not change the scenario; see how it refers to purely contractual situations, as shown in the attached image:\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nThat being so, it is clear to this judge that the problem lies in an eventual contractual breach, which falls outside the competence of the undersigned. Pieces of evidence 8 and 9, by their nature being corporate legal representations, are also not suitable to accredit damage. Regarding evidence 10, official letter AM-OF-714-2018, it refers to the renewal process of the operating permit, a situation that is again outside the precautionary protection. On the other hand, regarding the evidence visible at image 324, there is a landfill permit, whose renewal date is stated as May 12, 2023; therefore, whether or not the execution of activities took place within that operating framework must be elucidated at the appropriate stage. Likewise, regarding the evidence at images 360-374, official letter of May 8, 2020 and official letter of March 2, 2020, they set forth the same fact related to the precautionary request, a possible administrative conciliation between the parties, which in absolutely no way allows configuring damage. Nor does official letter MAP-0174-2020 visible at image 411 accredit it, where what is accredited is an award by direct contracting to the company WPP Coriclean Waste Collection S.A. On the contrary, at images 460 there is official letter MS-DRRSCE-ARSC-0650-2020 of June 17, 2020, within which it is necessary to highlight points 5, 6, and 7, which are literally transcribed: “[…] 5. On May 11, 2020, a new inspection of the landfill was carried out jointly with SETENA, verifying the existence of some non-conformities, as indicated in technical report N° MS-DRRSCE-ARSC-IT-0934-2020 (a copy is attached), signed by Eng. Braulio Fonseca Ramírez, an official of this Health Governing Area. 6. On June 16, 2020, in the company of SETENA, an inspection visit was carried out and it was verified that the non-conformities previously found were corrected, complying with what was requested by the institutions, as indicated in report N° MS-DRRSCE-ARSC-IT-0935-2020. During this visit, it was corroborated that there is covering material and that there was no presence of livestock within the project area. 7. During the inspection visits, it has been verified that the treatment plant is in operation, the corresponding logs kept on site are being filled out, no wastewater overflow or unpleasant odors have been found [...]”. The emphasis is ours. And although the official letter in question indicates that “[...] Sanitary Order No. MS-DRRSCE-ARSC-OS-0282-2020 was notified based on report N° MS-DRRSCE-ARSC-IT-0501-2020 (copy attached), so that within a period of 50 business days the operational report of the Los Pinos Landfill is submitted to the Cartago Health Governing Area of the Ministry of Health with all information requested according to Article 38 of Decree No. 38928-S Regulation on Landfills [...]”, the same report indicates that “[…] 11. The deadline for the Sanitary Order has not yet expired and a period of 50 business days was granted, so that it coincides with the semester end date and the period for submitting the next report […]”. Therefore, no catastrophic environmental damage is evidenced as the plaintiff seeks to make it appear, especially when even the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) ordered, through resolution 2020002374 at nine thirty on February seven, two thousand twenty, expressly ordered the following: “[…] they must jointly and coordinately issue the corresponding acts in response to the accused problem, be they sanitary orders or any other act of a similar nature aimed at eliminating the risk that the accumulation of solid waste on the property denounced by the protected parties represents for the environment and public health, as well as regulating the collection activity that occurs there; and the Administrative Environmental Tribunal must diligently instruct the administrative procedure with full respect for the guarantees and rights of the parties but without losing sight of the exceptional nature of the protected legal right (the environment and public health), adopting for this purpose the measures that are appropriate and that the legal system allows; they must inform this Chamber of what is resolved […]”; whether or not what was ordered by the Constitutional Chamber was complied with is a situation that is unknown because, it is reiterated, to date there is no certainty of what has occurred with the dump. For all that has been analyzed here, this judge concludes that damage has not been accredited. In this way, all the evidentiary elements in the record refer to situations outside the scope of precautionary protection, so that, as previously stated, determining whether the landfill operation has or has not been carried out in accordance with the contracting clauses, or if it has been operated without operating permits, are aspects that fall outside the competence of this judge. The elements on file are insufficient to accredit the damage that must be claimed via precautionary means, because each and every one of the inputs provided has a direct relationship with the plenary proceeding, and this very serious error is solely the responsibility of the plaintiff, since, as stated from the beginning, the burden of proof corresponded to them. For the foregoing reasons, this authority cannot even presume what type of damage the plaintiff is suffering, much less its magnitude, since, as set forth above, there is no evidence that allows for a reasoned analysis. And as previously indicated, IT IS NOT ENOUGH TO ALLEGE THE EXISTENCE OF THE DAMAGE or serious, current or potential harm, BUT IT MUST BE PROVEN; in the specific case there is not a single piece of evidence to accredit it. It must be noted that this jurisdiction has been rigorous or demanding in considering the analyzed prerequisite as accredited, since ALWAYS, regardless of the topic and/or matter brought before this Tribunal, the party that resorts to this type of proceeding MUST demonstrate with adequate, necessary, and pertinent evidence that their particular situation is urgent, but more than that, they must demonstrate that their particular situation is SERIOUS in order to obtain precautionary protection, and this is overcome not only by providing a large amount of evidence, but by providing evidence that clearly demonstrates, WITHOUT ANY QUESTION, that seriousness that they could experience in the case of the execution of an administrative determination. That being so, and in the absence of necessary, pertinent, conclusive, palpable, and verifiable evidence, the analyzed prerequisite cannot be considered accredited; for this reason, the precautionary measure must be rejected on the terms requested; since the prerequisites or requirements for its appropriateness are not mutually exclusive, and lacking one of them the consequence is its rejection, as is hereby ordered. Finally, regarding the BALANCING OF THE INTERESTS AT STAKE involved in the case, it must be stated that for the appropriateness of a precautionary measure, the simultaneous verification of the legal prerequisites established in Articles 21 and 22 of the Code of Contentious Administrative Procedure is required; however, in this particular case, one of them was ruled out, according to what was set forth in the previous sections, and a lack of instrumentality was decreed. Therefore, considering that to carry out the analysis of balancing of interests and assessment of the eventual affected public interest, it is necessary to start from the existence of serious damage to the alleged legal situation and the harmed private interest, which in this case was not demonstrated; one can only conclude that it is the public interest itself that obliges this judge to totally reject the requested precautionary measure, because if the defendant companies were compelled to immediately cease the transfer and deposit, it would imply that the waste generated in the locality remains out in the open, and the party cannot intend for the Municipality of Cartago to take control of the Landfill when it is clear to this judge that what has occurred is a contractual relationship. Similarly, as the current state of the place is unknown, as well as the result of what was already ordered by the Constitutional Chamber, this authority cannot order that areas in the landfill where uncovered solid waste is observed be cleaned up, since such an aspect is unknown to this authority, and much less can the Ministry of Health be ordered to submit a monthly report on the operation of the Landfill to this Court, because doing so would turn this instance into a mere oversight body for a task that, by competences, already resides in the Ministry of Health. Therefore, it is the plaintiff's own claims, and the holistic analysis of what is set forth and accredited in the precautionary measure, that must prevail over that public interest, and consequently, the proposed precautionary measure must be rejected.\n\n \n\nIX) COSTS: As this is a precautionary proceeding, the awarding of costs is not provided for because the applicants cannot be considered \"defeated\", since no ruling has been issued on the merits of the matter. It is resolved without a special order as to costs. (Appellate Tribunal for Contentious Administrative Matters, judgment No. 90-2011, at 13:30 hours, March 16, 2011).\n\n \n\nTHEREFORE (POR TANTO)\n\n  In accordance with the arguments set forth in the preceding sections, because a LACK OF INSTRUMENTALITY of the claim filed has been determined, and the necessary cautionary elements for granting it are not present, the precautionary measure filed by ALEXIS RODOLFO CERVANTES MORALES, bearer of identity card 3-0237-0233, resident of Cartago, against THE STATE, represented by Mrs. ELIZABETH LI QUIRÓS, of legal age, attorney, resident of San José, bearer of identity card 1-576-571, the MUNICIPALITY OF CARTAGO, represented by Mr. MARIO REDONDO POVEDA, of legal age, married, municipal mayor, bearer of identity card 1-589-526, the MUNICIPALITY OF EL GUARCO, represented by Mr. LUIS ARIAS RICHMOND, of legal age, WPP CONTINENTAL COSTA RICA, S.A, represented by Mrs. OLGA MARTA RIVAS ARIAS, WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL, S.A represented by Mrs. ILEANA MARÍA GONZÁLEZ PANIAGUA, the MUNICIPALITY OF CERVANTES, which did not appear in the proceeding, is DECLARED WITHOUT MERIT. THE DECLARATION OF A PARTY (DECLARACIÓN DE PARTE) OFFERED BY THE REPRESENTATION OF WPPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPONSAL SA IS REJECTED. It is resolved without a special order as to costs. In due course, archive the file. NOTIFY. LICDA. ALANA FONSECA LOBO, JUDGE.\n\n \n\n \n\n\n\n- Código Verificador -\n\nJU3QPQOSJLW61\n\n\n\n \n\nDocument signed by:\n\nALANA DE LOS ANGELES FONSECA LOBO, JUDGE/CLERK\n\n \n\nEXP: 20-002027-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, opposite Café Dorado. Phones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 16:32:28.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }