{ "id": "nexus-sen-1-0034-1256987", "citation": "Res. 05402-2024 Tribunal Contencioso Administrativo", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Improcedencia de indemnización por proyecto habitacional no viable", "title_en": "No Compensation for Unviable Housing Project", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza íntegramente la demanda de Ana Yensy Monge Vargas contra la Municipalidad de Desamparados. La actora, quien alegaba haber realizado aportes económicos a la Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios para adquirir un lote en San Miguel de Desamparados, reclamaba daños económicos, morales y perjuicios porque el proyecto habitacional nunca se concretó. Atribuía la paralización a una interpretación municipal errónea sobre la vigencia y el uso de suelo del terreno, clasificado como Zona Recreativa Deportiva. El Tribunal, tras analizar el expediente administrativo, concluye que la Municipalidad actuó conforme a derecho al exigir los requisitos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, particularmente la disponibilidad de descarga de aguas pluviales. Constata que fue la inacción de la Asociación —y no una conducta ilegítima municipal— la que impidió el avance del anteproyecto. Además, declara de oficio falta de legitimación pasiva respecto al daño económico, pues los dineros fueron entregados por la actora a la Asociación, sin participación municipal. Se acoge la excepción de falta de derecho, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condena a la actora al pago de las costas.", "summary_en": "The Administrative Litigation Tribunal denies in full the claim filed by Ana Yensy Monge Vargas against the Municipality of Desamparados. The plaintiff alleged having made payments to the 'Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios' for a lot in a housing project that was never built. She sought economic, moral, and consequential damages, blaming the municipality for a seven-year freeze caused by an alleged misinterpretation of the zoning and land-use certificates. The Tribunal, after examining the administrative record, holds that the municipality acted lawfully when requiring compliance with the Land-Use Plan requirements, especially the stormwater discharge permit. It finds that the association's own failure to fulfill these conditions, not any wrongful municipal conduct, halted the project. Additionally, the Tribunal rules sua sponte that the municipality lacked standing to be sued for the economic damage claim, since the payments were made to the association without municipal intervention. The court upholds the defense of lack of right, dismisses all claims, and orders the plaintiff to pay costs.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo", "date": "23/08/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "responsabilidad objetiva", "nexo causal", "legitimación pasiva", "Plan de Ordenamiento Territorial", "uso de suelo no conforme", "zona recreativa deportiva", "desfogue de aguas pluviales", "anteproyecto" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 190", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 196", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 193", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" }, { "article": "Art. 41.1", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" }, { "article": "Art. 48", "law": "Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados" }, { "article": "Art. 129", "law": "Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados" }, { "article": "Art. 162", "law": "Código Municipal" } ], "keywords_es": [ "responsabilidad objetiva del Estado", "nexo causal", "falta de legitimación pasiva", "daño económico", "daño moral", "plan de ordenamiento territorial", "uso de suelo no conforme", "zona recreativa deportiva", "desfogue de aguas pluviales", "anteproyecto de condominio", "asociación pro vivienda", "Municipalidad de Desamparados", "Tribunal Contencioso Administrativo", "carga de la prueba", "falta de derecho" ], "keywords_en": [ "state strict liability", "causal link", "lack of standing", "economic damage", "moral damage", "land-use plan", "non-conforming land use", "recreational sports zone", "stormwater discharge", "preliminary condo project", "pro-housing association", "Municipality of Desamparados", "Administrative Litigation Tribunal", "burden of proof", "lack of right" ], "excerpt_es": "Así las cosas y considerando que conforme la vigencia del certificado de uso de suelo PPT-C.U.S.-C-252-2010 de fecha 30 de junio del 2010, aún la tramitación para la aprobación del anteproyecto se encuentra ayuno de requisitos que deben ser tamizados por la Municipalidad demandada, y que no corresponde a este Órgano Jurisdiccional, atribuirse competencias propias de la Administración, concluye esta Cámara de Juzgadores, que la parte actora no ha logrado demostrar que las autoridades municipales hayan bloqueado sin justificación legal, la presentación del ante proyecto mencionado, por cuanto es lo cierto que se limitó a que se cumplieran a cabalidad con los requisitos establecidos en el Plan Regulador, conocido como Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados. Por otro lado, tampoco ha quedado constatado, como lo acusa la demandante, la existencia de responsabilidad objetiva de la Municipalidad de Desamparados a través de sus funcionarios, en la toma de decisiones para autorizar el proyecto habitacional promovido por la Asociación Vivienda Proyecto, mucho menos el nexo causal ineludible entre la supuesta conducta lesiva y el daño reclamado, razón por la cual se rechazan los extremos pretendidos.\n\nDe todo lo anterior podemos concluir que esos dineros, que según quedó acreditado fueron aportados por el exesposo de la actora, fueron entregados por la actora a la Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José, sin ninguna intervención en este sentido por parte de la Municipalidad de Desamparados en la promoción del proyecto o en el manejo de los dineros que la actora voluntariamente entregó a la Asociación.", "excerpt_en": "Thus, considering that the land use certificate PPT-C.U.S.-C-252-2010 dated June 30, 2010 remains valid, the approval process for the preliminary project still lacks requirements that must be screened by the defendant municipality, and it is not for this Court to assume the administration's powers. This panel concludes that the plaintiff has failed to prove that municipal authorities blocked the submission of the mentioned preliminary project without legal justification, since it is certain that they merely demanded full compliance with the requirements set forth in the Regulating Plan, known as the Desamparados Canton Land-Use Plan. Moreover, it has not been established, as the plaintiff argues, that there is strict liability on the part of the Municipality of Desamparados through its officials regarding the decision-making to authorize the housing project promoted by the Asociación Vivienda Proyecto, much less the unavoidable causal link between the alleged harmful conduct and the damages claimed, for which reason all claims are denied.\n\nFrom all of the above, we can conclude that these moneys, which as proven were provided by the plaintiff's ex-husband, were given by the plaintiff to the Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José, without any intervention by the Municipality of Desamparados in promoting the project or in handling the funds that the plaintiff voluntarily gave to the Association.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The complaint is denied in full. The court sua sponte finds lack of standing for the economic damage claim and upholds the defense of lack of right, ordering the plaintiff to pay costs.", "summary_es": "Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. De oficio se aprecia falta de legitimación pasiva para el reclamo de daño económico y se acoge la excepción de falta de derecho, condenando a la actora al pago de las costas." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI", "quote_en": "only when it is established that such damages are a direct or indirect consequence of that conduct, will compensation be viable, with the burden of proof resting on the victim according to the principle of onus probandi", "quote_es": "solo cuando se establezca que tales daños son consecuencia directa o indirecta de aquella conducta, será viable la condena compensatoria, correspondiéndole a la víctima tal demostración conforme al principio del onus probandi o carga de la prueba" }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "the plaintiff has failed to prove that the municipal authorities blocked without legal justification the submission of said preliminary project, since it is true that they merely demanded full compliance with the requirements established in the Regulating Plan", "quote_es": "la parte actora no ha logrado demostrar que las autoridades municipales hayan bloqueado sin justificación legal, la presentación del ante proyecto mencionado, por cuanto es lo cierto que se limitó a que se cumplieran a cabalidad con los requisitos establecidos en el Plan Regulador" }, { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "these moneys (...) were given by the plaintiff to the Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José, without any intervention in this regard by the Municipality of Desamparados in promoting the project or in handling the funds", "quote_es": "esos dineros (...) fueron entregados por la actora a la Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José, sin ninguna intervención en este sentido por parte de la Municipalidad de Desamparados en la promoción del proyecto o en el manejo de los dineros" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1256987", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 05402 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 23 de Agosto del 2024 a las 08:39\n\nExpediente: 18-008427-1027-CA\n\nRedactado por: Karla Alexandra Madríz Martínez\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n18-008427-1027-CA - 3\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nCONOCIMIENTO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nANA YENSY MONGE VARGAS\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nMUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS\n\n \n\n N° 2024005402\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con treinta y nueve minutos del ventitres de Agosto del dos mil venticuatro.-\n\n \n\n Proceso de conocimiento contencioso administrativo interpuesto por ANA YENSY MONGE VARGAS, mayor, casada, oficinista, con cédula de identidad número 1-0877-0502, vecina de San José, por medio de su apoderado especial judicial Gerardo Calazans Monge Vargas, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad número 9-0073-0754, vecino de San José, carné número 5039, contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, representada por el apoderado especial judicial, Randall Escalante Gutiérrez, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad número 1-0918-0094, vecino de Desamparados, carné número 11210.-\n\n \n\nCONSIDERANDO\n\n \n\nI.- ASPECTOS PRELIMINARES. Como parte del iter procesal se tiene lo siguiente:\n\n1) Mediante escrito de demanda, presentado el día 03 de octubre del 2018 y posterior ampliación de fecha 27 de noviembre del 2019, la parte actora formuló las siguientes pretensiones que se fijaron en la audiencia preliminar: \"...Solicito se acoja la presente acción judicial de conocimiento en contra de la Municipalidad de Desamparados, y en sentencia estimatoria se declare a la demandada responsable exclusivo (sic) de la actuación administrativa en contra de los intereses de mi mandante, y se le declare responsable a pagar los daños y perjuicios, ocasionados con su actuar, de la siguiente forma: 1- DAÑOS: DAÑO ECONÓMICO: VEINTIUN (sic) MILLONES SEISCIENTOS MIL COLONES, consistentes en los aportes realizados a la Asociación para la compra del terreno y el préstamo para los pagos de los trámites administrativos para los permisos y la deuda existente con una entidad bancaria relacionado a lo mismo que hoy en día está pendiente. DAÑO MORAL SUBJETIVO: QUINCE MILLONES DE COLONES, por el sufrimiento moral que ello les provocó a mi mandante y su familia por un sueño que no se hizo realidad. PERJUICIOS: DIECISIETE MILLONES DE COLONES, como producto de pagos nuevos para construir una vivienda en Alajuelita, donde habitar con su familia en vista del fallido proyecto por irresponsabilidad de la Municipalidad demandada. 2- Se debe declarar en sentencia que la actuación de la municipalidad no se ajustó a los parámetros legales vigentes para el año 2009-2010, para la aprobación del ante proyecto del desarrollo habitacional en San Miguel de Desamparados, promovido por la Asociación Vivienda Proyectos (o sic) de Dios. 3- Se debe reconocer que los encargados de otorgar los permisos de planos y ante proyecto, del departamento de ingeniería u oficinas respectivas de la Municipalidad de Desamparados, bloquearon en toda medida sin justificación legal, la presentación del ante proyecto cuando se cumplieron a cabalidad con los requisitos del artículo 48 del Plan Regulador, conocido como Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados. 4- Que existe total responsabilidad objetiva de la Municipalidad de Desamparados a través de sus funcionarios, en la toma de decisiones para autorizar el proyecto habitacional promovido por la Asociación Vivienda Proyecto de Dios, entre el año 2009 y 2010, y posteriormente, con relación a los requisitos del artículo 48 del Plan Regulador. 5- En sentencia se condene al pago de los intereses (indexación), y ambas costas del proceso...\". (Ver  imágenes 5, 89,90 y 167 a 170 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).-\n\n2) En fechas 19 de diciembre del 2018, 4 de diciembre del 2019 y 11 de mayo del 2020, la representación de la Municipalidad demandada se apersonó a los autos, contestó en forma negativa la demanda, interponiendo la excepción de falta de derecho, solicitó que en sentencia se declare sin lugar en todos sus extremos, la presente demanda y se condene a la actora al pago de ambas costas de este proceso. (Ver  imágenes 20 a 30, 101 a 103 y 132 a 140 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).-\n\n3) Mediante resolución N° 1557-2019 de las 11 horas del 02 de setiembre del 2019, se declaró sin lugar la acumulación de este proceso con el expediente 18-006353-1027-CA. (Ver  imágenes 80 a 82 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).-\n\n4) En fecha 11 de marzo del 2021, se celebró la Audiencia Preliminar establecida en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, donde ninguna de las partes alegó aspectos de nulidad y se fijaron las pretensiones tal y como se consignaron en el punto 1 de este Considerando. No hubo defensas previas que resolver, por lo que se determinaron los hechos controvertidos. Se admitió la prueba documental, testimonial y pericial de interés de las partes. (Ver el respaldo digital de la audiencia preliminar celebrada y la minuta a imágenes 167 a 170 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).\n\n5) Mediante resolución de las 12:09 horas  del 6 de mayo del 2021, se nombró al perito actuario matemático a Luis Alberto Rodríguez Astúa, sin embargo por resolución de las 09:04 horas del 10 de mayo del 2022, se tuvo por desistida de la prueba pericial a solicitud del apoderado de la parte actora y siendo que el señor Luis Alberto Rodríguez Astúa no rindió el informe pericial en el plazo otorgado, se dejó sin efecto su nombramiento, ordenándose la devolución del monto de los honorarios a la parte actora. (Ver imágenes 178 a 202 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).\n\n6) Mediante hoja de turno de expedientes para juicio, el día 08 de julio del 2022 se trasladó el presente proceso a la Sección IV de este Tribunal, para realizar el señalamiento a juicio, convocado mediante resolución de las 13:13 horas del cuatro de agosto del 2022, para celebrarse el día  07 de agosto del 2024. (Ver imágenes 215 a 217 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).\n\n7) Conforme al proceso de implementación del rediseño del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda propuesto por la Dirección de Planificación del Poder Judicial y aprobado por el Consejo Superior, según los acuerdos números XXVIII de la Sesión N° 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N° 95-2021 del 04 de noviembre de 2021, se determinaron los criterios de distribución del circulante de los procesos pendientes de fallo, tanto de puro derecho como de juicio oral y público, conforme a los cuales la Coordinación del Tribunal ejecutó la reasignación de una gran cantidad de expedientes en el mismo momento. De tal manera, el proceso fue turnado a la suscrita juzgadora Madriz Martínez, integrante del Tribunal Colegiado del Equipo Siete, a quien se le trasladó el presente expediente para realizar una nueva convocatoria y por ende el juicio oral y público respectivo, todo atendiendo las políticas de prioridad establecidas por la Corte Plena. (Ver imagen 222 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).\n\n8) Mediante resolución de las 16:16 horas del 15 de febrero del 2024, la Jueza Ponente Karla Madriz Martínez, se inhibió de conocer el presente proceso, al considerar la existencia de la causal de impedimento dispuesta en el numeral 12.16 del Código Procesal Civil, aplicable al presente asunto por dispensa del numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Ver imágenes 222 y 223 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).\n\n 9) Mediante resolución N° 2024001576 de las 16:03 horas del 14 de marzo del 2024, se rechazó la inhibitoria de la Juzgadora Madriz Martínez, habilitándosele para seguir con el conocimiento de la causa. (Ver imágenes 232 a 237 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).\n\n10) Mediante resolución de las 15:50 horas del 10 de abril del 2024, el Tribunal Colegiado del Equipo Siete, convocó a las partes para la celebración del juicio oral y público para los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto del 2024. (Ver imágenes 240 a 244 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia).\n\n11) El Juicio Oral y Público se inició a las 8:36 horas del día 30 de julio del 2024, donde el apoderado de la parte actora alegó vicios en el poder especial judicial del abogado de la Municipalidad demandada, gestión que fue declarada sin lugar. Asimismo, ofreció como prueba para mejor proveer, un contrato de arrendamiento de  fecha 30 de marzo del 2003. La representación de la Municipalidad de Desamparados no alegó aspectos de saneamiento, concluyendo que no existían vicios que pudieran generar eventuales nulidades, ni ofreció prueba para mejor proveer. Las partes prescindieron de los alegatos de apertura, por lo que se procedió a realizar el reconocimiento judicial en San Miguel de Desamparados, adonde se desplazaron los integrantes del Tribunal y las partes. Se continúo con la audiencia de juicio el día 31 de julio, en la cual la parte actora prescindió del testimonio de Jéssica Martínez Porras, Carlos Alberto Fonseca Meza y José Félix Calero Miranda y la parte demandada prescindió del testimonio de Gustavo Zeledón Céspedes, Gerardo Víquez Esquivel y Jesús Chinchilla González. Así las cosas, el Tribunal declaró inevacuable la prueba de los testigos desistidos y únicamente se recibió el testimonio del señor Edwin Solano Villalta, por lo que ambas partes rindieron sus conclusiones en forma oral. (Ver minuta a imágenes 275 a 282 del expediente judicial electrónico al dictado de la sentencia y el respaldo digital del juicio y reconocimiento celebrado).\n\n12)  Se dicta esta sentencia, previa deliberación de los integrantes del Tribunal, dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo al haberse declarado complejo el presente asunto, considerando los días feriados del 2 y 15 de agosto, sin que se perciban vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Redacta la Jueza Madriz Martínez con el voto afirmativo de los Jueces Hidalgo Rueda y Conejo Cantillo.\n\nII.- SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: El apoderado de Ia parte actora ofreció en su carácter de prueba para mejor resolver: un contrato de arrendamiento de una casa de habitación, suscrito entre el señor Luis Diego Beltrán y Edwin Solano Villalta, en fecha 30 de marzo del 2003. Considerando que la prueba no resulta útil y pertinente para la decisión que habrá de tomarse en la presente litis, este Tribunal toma la determinación de no tenerla por admitida.\n\n \n\nIII.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Conforme al elenco documental probatorio admitido en este proceso y la prueba evacuada en juicio, se tienen por demostrados los siguientes hechos:\n\n1. En fecha 09 de junio del 2008, tomo y asiento ilegibles, se inscribió el Acta Constitutiva de la \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\", celebrada el día 29 de abril del 2008, en la cual se realizó el nombramiento de la Junta Directiva de la siguiente manera: Presidente: Carlos Alberto Fonseca Meza, VicePresidente: José Félix Calero Miranda, Secretario: Juan Carlos Vargas Araya, Tesorero: Juan Carlos Rosales Álvarez, Vocal uno: Luis Diego Fernández Castro, Vocal dos: Hannia Linett Simipuy Moraga, Vocal tres: Sonia María Bermúdez y como Fiscal Raquel Espinoza González, se estipuló en el artículo décimo sétimo, como atribución de la Junta Directiva: \"tomar los acuerdos necesarios para que la Asociación cumpla con sus fines esenciales\" y en su artículo décimo octavo, la atribución del fiscal: \"supervisar todas las operaciones y movimientos económicos de la Asociación\". (Ver imágenes 69 a 73 del expediente administrativo N°1).\n\n2. La cédula de persona jurídica de la \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\"  número 3-002-546255, tenía una vigencia del 25 de agosto del 2008 al 25 de agosto del 2018. (Ver imagen 68 del expediente administrativo N°1).\n\n3. Mediante escritura pública número treinta y cinco, otorgada ante el Notario Público Víctor Hugo Avendaño Jiménez, el día 17 de diciembre del 2008, América Entrerprises Incorporated S.A., cédula jurídica número 3-101-20307 vendió a la \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\", la finca del partido de San José, matrícula número 117842-000, situada en San Miguel de Desamparados, bajo el plano catastrado SJ-808529-2002, con una de medida de 12.821.31 m2. Además, se traspasó por medio del \"Fideicomiso de Garantía I-2084-2008\", al Banco Improsa S.A., en su condición de Fiduciario, siendo la Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\" la fideicomitente y el Banco Crédito Agrícola de Cartago el fideicomisario. (Ver imágenes 333 al 321 del expediente administrativo N° 1).\n\n4. En fecha 30 de marzo del 2009, la Municipalidad de Desamparados, a solicitud de América Empresas S.A., expidió el Certificado de Uso de Suelo número PPT-C.U.S.-C-441-2009, para \"Condominio Residencial\", de la finca referenciada bajo el plano catastrado SJ-808529-2002, en el que se dispuso: \"...De conformidad con el Mapa de Zonificación del Reglamento de Zonificación del Plan de Ordenamiento Territorial, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 243, del 18 de diciembre de 2007 y tomando como cierta la información contenida en el plano de catastro, la propiedad se localiza en ZONA RECREATIVA DEPORTIVA (ZRD). El uso es NO CONFORME, según artículo 129 del Reglamento de Zonificación...\". Además se indicó: \"...Para efectos de tramitar el anteproyecto de Condominio debe cumplir con lo siguiente: a. Solicitud de revisión del anteproyecto firmada por el profesional responsable. b. Referencia del otorgamiento municipal del certificado del uso del suelo. c. Disponibilidad de descarga de aguas pluviales. d. Plano con las curvas de nivel existente y modificado. e. Alineamientos y afectaciones extendidos por las instituciones atinentes (M.O.P.T, I.C.A.A, M.I.N.A.E, I.N.V.U, compañías de electricidad correspondientes) f. Traer aprobado por la Comisión Costarricense de Nomenclatura, del Instituto Geográfico Nacional del MOPT, el nombre que se le dará al proyecto. a. (sic) Disponibilidad de Agua potable extendido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o por el acueducto rural. Respaldado en documento suscrito por el responsable del acueducto. En caso de que no exista suministro de agua potable en la zona se debe aportar el visto bueno del departamento de aguas del MINAE para perforación y explotación del pozo. d. Disponibilidad de alcantarillado sanitario. h. Presentar diseño y cálculo hidráulico para la disponibilidad de desfogue de aguas pluviales. Todo proyecto antes ser aprobado definitivamente por la Municipalidad deberá contar con la respectiva aprobación del INVU. En lo no regulado por el Plan de Ordenamiento Territorial, deberá cumplir con la Normativa Nacional vigente de carácter supletorio. El certificado de uso del suelo es de carácter informativo, por lo que no constituye una licencia ni genera derecho a desarrollar una actividad u otra, ni implica la obligatoriedad a ninguna institución de otorgar permisos o autorizar la actividad...\". (Ver imágenes 12 al 08 del expediente administrativo N°1).\n\n5. Mediante recibo por dinero N° 0057 de fecha 05 de mayo del 2009, la Asociación Pro Vivienda de Dios recibió de la señora Ana Monge Vargas, por medio del señor Juan Carlos Rosales, y por concepto de \"abono lote San Miguel\", la suma de ¢ 1.700.000,00. (Ver imagen 11 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia).\n\n6. Mediante resolución GTA-e-1341-11-2009 con fecha 02 de noviembre del 2009, se conoció recurso de revisión interpuesto por la señora Gloria Elena Corrales G, viuda de Calvo contra el uso de suelo PPT-C.U.S.-C-441-2009, se resolvió: \"...1. Referente al dictamen CTA-095-2007, que usted menciona como antecedente al trámite en cuestión, es importante aclarar que tal y como se establece en el Transitorio IV: del Plan de Ordenamiento Territorial: \"...Los certificados de uso de suelo para proyectos de urbanización, conjunto habitacional y condominios, otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente reglamento, tendrán una vigencia de ocho meses, tiempo dentro del cual los interesados al menos deberán haber obtenido la aprobación municipal para el respectivo anteproyecto. A efecto de que los proyectos a desarrollar conserven las condiciones otorgadas en esos certificados de uso de suelo. Caso contrario los mismos caducaran y los proyectos deben adecuarse a las disposiciones normativas del presente reglamento...\". De igual forma el citado dictamen pierde vigencia en el momento en que entra a regir el nuevo Plan Regulador, tal y como lo establece el artículo No. 15, de la Ley de Planificación. En este sentido las condiciones inicialmente descritas en el dictamen CTA-095-2007, deben ajustarse a las nuevas disposiciones de zonificación normadas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 2. De acuerdo con la zonificación establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados, publicado en La Gaceta No. 243 del 18 de diciembre del 2007, la propiedad citada en el Plano de Catastro SJ-808529-2002 se encuentra ubicada como zona recreativa deportiva. 3. En razón de que la zonificación descrita afectaba una propiedad privada sobre la cual no se había ejecutado ningún proceso formal de expropiación, se asume la zonificación para efectos residenciales más cercana a la propiedad la cual es zona residencial de mediana densidad, que presenta las siguientes características según el artículo 93 del Plan de Ordenamiento Territorial: superficie mínima del lote, con red de cloaca 200 m2, superficie mínima del lote sin red de cloaca 250 m2, frente mínimo 10 metros, altura máxima cuatro pisos, cobertura máxima 70%, retiro frontal 2.5 metros, retiro posterior 3 metros, densidad: 40 viviendas por hectáreas. Dichas características no pueden ser modificadas hasta tanto sea modificado el Plan Regulador, proceso que se rige por el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana y en el cual precisamente nos encontramos en este momento. 4. Respecto al tema de tratamiento de aguas negras y servidas, es necesario ser respetuosos de las áreas que establece el Plan Regulador, para efecto del desarrollo de los lotes. Asimismo, de acuerdo con el estudio ambiental realizado a la finca, la propiedad presenta suelos favorables para la infiltración de agua dada su alta porosidad y conductividad, situación que obliga a buscar una solución para el manejo de esta agua que sea diferente al tradicional tanque escéptico (sic), el cual ha demostrado ser altamente contaminante para las aguas superficiales. Como usted bien indica en su recurso lo que se busca es minimizar el efecto contaminante que las aguas produzcan, más que reducir el volumen de agua generado por este concepto. De allí que la solución de tanque escéptico (sic) no es una alternativa viable para esta propiedad en particular. Es comprensible el costo que podría generar eventualmente la implementación de una planta de tratamiento para un proyecto de interés social, sin embargo debe el desarrollador proponer una alternativa que esté debidamente avalada por el Ministerio de Salud para solventar el manejo adecuado de estas aguas y cumplir así con los requerimientos establecido por esta Municipalidad. Finalmente, dada la situación ya expresada en cuanto a los requerimientos establecidos en el Plan Regulador y a la propuesta constructiva que se plantea, la Gestión Territorial Ambiental únicamente podría valorar una modificación de las condiciones establecidas, en el cuanto se presente un estudio de IFAs (Índices de Fragilidad Ambiental), a escala 1:1000 que muestren en detalle las condiciones ambientales, geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, y en general de capacidad de soporte del suelo para esa finca en particular. No obstante, hasta tanto se cuente con estos estudios detallados, deberán respetarse las condiciones establecidas en los puntos 3 y 4 del presente oficio...\". (Ver imágenes 30 y 31 del expediente administrativo N°1).\n\n7.  Mediante recibo por dinero N° 0085 de fecha 25 de noviembre del 2009 la Asociación Pro Vivienda de Dios, por medio del señor Juan Carlos Rosales, recibió de la señora Ana Monge, por concepto de \"abono del lote\" la suma de ¢ 1.300.000,00. (Ver imagen 11 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia).\n\n8. Mediante informe técnico DPM-INF-327-2010 del 27 de abril del 2010, el Geólogo Juan Ignacio Chaves Salas, del Departamento de Prevención y Mitigación, de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención (CNE), valoró la condición de riesgo de la propiedad SJ-1340559-2009 y concluyó: \"...1. El terreno es apto para realizar cualquier tipo de proyecto, siempre y cuando se cumplan en la estructura, lo establecido por el Código Sísmico y Cimentaciones de Costa Rica, se respeten 15 metros de zona de protección del río. 2. Además se debe aportar, un estudio hidrológico que determine las características de los drenajes de canalización de aguas para evitar anegamientos en la zona, y un estudio de estabilidad de taludes para determinar la seguridad de las laderas...\". (Ver imágenes 113 a 115 del expediente administrativo N°1).\n\n9. Mediante recibo por dinero N° 0091 de fecha 03 de marzo del 2010 la Asociación Pro Vivienda de Dios, por medio del señor Juan Carlos Rosales, recibió de la señora Ana Monge Vargas, por concepto de \"pago de abogado\" la suma de ¢ 70.000,00. (Ver imagen 10 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia).\n\n10. En fecha 30 de junio del 2010, la Municipalidad de Desamparados, a solicitud de Carmen Gómez Piedraita, expidió el Certificado de Uso de Suelo número PPT-C.U.S.-C-252-2010, para \"Condominio Residencial\", de la finca referenciada bajo el plano catastrado SJ-1340559, en el que se dispuso: \"...De conformidad con el Mapa de Zonificación del Reglamento de Zonificación del Plan de Ordenamiento Territorial, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 243, del 18 de diciembre de 2007 y tomando como cierta la información contenida en el plano de catastro, la propiedad se localiza en ZONA RECREATIVA DEPORTIVA (ZRD). El uso es NO CONFORME, según artículo 129 del Reglamento de Zonificación...\". Además se indicó: \"...Para efectos de tramitar el anteproyecto de Condominio debe cumplir con lo siguiente: a. Solicitud de revisión del anteproyecto firmada por el profesional responsable. b. Referencia del otorgamiento municipal del certificado del uso del suelo. c. Disponibilidad de descarga de aguas pluviales. d. Plano con las curvas de nivel existente y modificado. e. Alineamientos y afectaciones extendidos por las instituciones atinentes (M.O.P.T, I.C.A.A, M.I.N.A.E, I.N.V.U, compañías de electricidad correspondientes) f. Traer aprobado por la Comisión Costarricense de Nomenclatura, del Instituto Geográfico Nacional del MOPT, el nombre que se le dará al proyecto. a. (sic) Disponibilidad de Agua potable extendido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o por el acueducto rural. Respaldado en documento suscrito por el responsable del acueducto. En caso de que no exista suministro de agua potable en la zona se debe aportar el visto bueno del departamento de aguas del MINAE para perforación y explotación del pozo. d. Disponibilidad de alcantarillado sanitario. h. Presentar diseño y cálculo hidráulico para la disponibilidad de desfogue de aguas pluviales. Todo proyecto antes ser aprobado definitivamente por la Municipalidad deberá contar con la respectiva aprobación del INVU. En lo no regulado por el Plan de Ordenamiento Territorial, deberá cumplir con la Normativa Nacional vigente de carácter supletorio. El certificado de uso del suelo es de carácter informativo, por lo que no constituye una licencia ni genera derecho a desarrollar una actividad u otra, ni implica la obligatoriedad a ninguna institución de otorgar permisos o autorizar la actividad...\". (Ver imágenes 55 a 60 del expediente administrativo N°1).\n\n11. Mediante resolución OP-e-601-2010 de fecha 28 de setiembre del 2010 del Proceso de Obras Públicas de la Municipalidad de Desamparados, en relación al plano catastrado SJ-1340559-2009 perteneciente a la finca 1-117842-000, se dictaminó: \"...Referente a la disponibilidad de descarga de aguas pluviales; con fundamento en la propuesta presentada para el proyecto y las observaciones de campo realizadas en las laderas del río Cucubres, su comportamiento geotécnico ha alterado significativamente la dinámica del río Cucubres, provocando desbordamientos y una condición de anegación en el terreno, correspondiente al plano catastrado SJ-1340559-2009, por lo que no se considera viable la descarga de aguas pluviales solicitada...\". (Ver imágenes 116 a 119 y 131 del expediente administrativo N° 1).\n\n12. Mediante escrito con fecha 25 de octubre del 2010, el señor Carlos Fonseca Meza, en su calidad de Presidente de la \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\", interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra la resolución  OP-e-601-2010. (Ver imágenes 201 a 209 del expediente administrativo N° 1).\n\n13. Mediante recibo por dinero N° 0121 de fecha 03 de noviembre del 2010, la Asociación Pro Vivienda de Dios, recibió de la señora Ana Monge, por concepto \"ilegible\", la suma de ¢ 5.000,00. (Ver imagen 10 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia).\n\n14. Mediante resolución N° 0003-2011 de las 15 horas del 27 de enero del 2011, la Arq. Jéssica Martínez Porras, Coordinadora Gestión Territorial Ambiental y el Ing. Jesús Chinchilla González, Coordinador Proceso de Obras Públicas, ambos de la Municipalidad de Desamparados, rechazaron el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución OP-e-601-2010. (Ver imágenes 244 a 255 del expediente administrativo N°1).\n\n15. Mediante oficio DU-i-0461-05-2011 de fecha 19 de mayo del 2011, la Dirección de Urbanismo de la Municipalidad de Desamparados, solicitó una reevaluación del informe de la Comisión Nacional de Emergencias DPM-INF-327-2010. (Ver imágenes 257 a 261 del expediente administrativo N° 1).\n\n16. Mediante resolución de las 10 horas del 31 de mayo del 2011, la Alcaldía de Desamparados, rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la resolución OP-e-601-2011 y confirmó la resolución N° 0003-2011. El presidente de la \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\", interpuso revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, el día 10 de junio del 2011. (Ver imágenes 281 a 285 y 270 a 278 del expediente administrativo N°1).\n\n17. Mediante escrito con fecha 27 de octubre del 2011, el presidente de la \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\", solicitó la aplicación del Silencio Positivo. (Ver imágenes 288 290 del expediente administrativo N°1).\n\n18. Mediante resolución de las 10 horas del 27 de julio del 2011, la Alcaldía de Desamparados, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución del 21 de mayo del 2011 y ordenó elevar el recurso de Apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. (Ver imágenes 302 a 305 del expediente administrativo).\n\n19. Mediante resolución de las 15 horas del 10 de noviembre del 2011, la Alcaldía de Desamparados, declaró inadmisible la aplicación del Silencio Positivo. (Ver imágenes 292 a 300 del expediente administrativo N°1).\n\n20. Mediante resolución N° 247-2012 de las 11:30 hrs del 22 de junio del 2012, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, actuando como jerarca impropio, confirmó el acto impugnado, sea la resolución del 31 de mayo del 2011, emitida por la Alcaldía Municipal, y dio por agotada la vía administrativa. (Ver imágenes 309 a 312 del expediente administrativo N°1).\n\n21. En fecha 31 de octubre del 2013, la Municipalidad de Desamparados, a solicitud del señor Francisco Miralles Caravaca, expidió el Certificado de Uso de Suelo número  PPT-C.U.S.-C-636-2013, para \"Condominio Residencial\", de la finca 117842, bajo el plano catastrado SJ-808529-2002, en el que se dispuso: \"...De conformidad con el Mapa de Zonificación y el Reglamento del Plan de Ordenamiento Territorial, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 243, del 18 de diciembre de 2007 y tomando como cierta la información contenida en el plano catastro, la propiedad se localiza en ZONA RECREATIVA DEPORTIVA (ZRD). Por tanto el uso para Condominio Residencial es NO CONFORME, según el artículo 129 del Reglamento de Zonificación...\". (Ver imágenes 340 a 359 del expediente administrativo N°1).\n\n22. Mediante resolución de las 11 horas del 11 de febrero del 2014, la Alcaldía de la Municipalidad de Desamparados, resolvió: \"... De conformidad a los argumentos de hecho y de derecho expuestos, se rechaza el recurso de apelación interpuesto contra el certificado de uso de suelo UPT-CUS-H-636-2013 de fecha 31 de octubre de 2013, por encontrarse el mismo conforme a derecho. A su vez se ordena a la Dirección de Urbanismo preparar un informe de las razones por las cuales se otorgó el certificado de uso de suelo PPT-CUS-C-252-2010 como conforme para uso residencial de baja densidad en la finca descrita en el plano catastrado SJ-808529-2002, a efecto de ordenar las acciones que correspondan al respecto. Contra la presente resolución y de conformidad al artículo 162 del Código Municipal puede interponer los recursos de revocatoria ante la Alcaldía Municipal y el de apelación para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, los cuales deben de interponerse en el despacho de la Alcaldía Municipal, dentro del quinto día hábil posterior a la comunicación de la presente resolución. Notifíquese...\". (Ver imágenes 360 a 362 del expediente administrativo N°1).\n\n23. Mediante resolución de las 10 horas del 13 de marzo del 2014, la Alcaldía de la Municipalidad de Desamparados, rechazó el recurso de \"apelación\" interpuesto contra la resolución del 11 de febrero del 2013 y ordenó elevar el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. (Ver imágenes 365 y 366 del expediente administrativo N°1).\n\n24. Mediante resolución N° 159-2015 de las 14:10 hrs del 09 de abril del 2015, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, actuando como jerarca impropio, declaró con lugar el recurso y anuló la resolución de la Alcaldía Municipal de las 11 horas del 11 de febrero del 2014 y por conexidad el certificado de uso de suelo PPT-CUS-H-636-2013, y dio por agotada la vía administrativa. (Ver imágenes 83 a 91 del expediente administrativo N° 2).\n\n25. En fecha 11 de mayo del 2016, la Municipalidad de Desamparados, a solicitud de Enoc Bermúdez Estrada, expidió el Certificado de Uso de Suelo número PPT-C.U.S.-C-506-2016, para \"Condominio Residencial\", de la finca 117842, bajo el plano catastrado SJ-1340559-2009, en el que se dispuso: \"...De conformidad con el Mapa de Zonificación y el Reglamento del Plan de Ordenamiento Territorial, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 243, del 18 de diciembre de 2007 y tomando como cierta la información contenida en el plano catastro, la propiedad se localiza en ZONA RECREATIVA DEPORTIVA (ZRD). Por tanto el uso para Condominio Residencial es NO CONFORME, según el artículo 129 del Reglamento de Zonificación...\". (Ver imagen 000 del expediente administrativo N°3).\n\n26. Mediante escrito sin fecha de redacción ni sello de recibido, el Ing. Félix Calero Miranda, solicitó ante la Municipalidad de Desamparados, la revisión del Anteproyecto/Asociación Pro-Vivienda Proyecto de Dios, San Miguel de Desamparados. (Ver imagen 012 del expediente administrativo N°3).\n\n27. Mediante oficio CR-389-17 de fecha 30 de mayo del 2017, el señor Gustavo Zeledón Céspedes, Coordinador de Planificación Urbana de la Municipalidad de Desamparados, le contesta al señor Calero Miranda: \"...le indico que el certificado de suelo PPT-CUS-506-2016, determino (sic) el uso de suelo como No conforme, dado que la propiedad se ubica en Zona Recreativa Deportiva (ZRD), zona en la cual el uso de vivienda resulta como No Conforme. Por otro lado, no existe aprobación de desfogue pluvial, ambas aprobaciones resultan vitales para la determinación de la viabilidad de un proyecto constructivo...\". (Ver imagen 014 del expediente administrativo N°3).\n\n28. Mediante resolución UCU-REV-025-2017 de las 11:40 hrs del 12 de octubre del 2017, la Unidad de Control Urbano, conoció el recurso de revocatoria interpuesto por el Ing. Calero Miranda en contra del oficio CR-389-17, y dispuso: \"...Se acoge parcialmente el recurso en vista a que el certificado de uso de suelo PPT CUS C 252 2010, mantiene su vigencia y el mismo determinó el uso residencial como compatible en su área de influencia. No obstante, la disponibilidad de desfogue pluvial y demás requisitos indicados, en el Artículo 48 del POT no se encuentran presentes en la solicitud. De igual manera, la Unidad de Planificación Urbana puede realizar observaciones a la propuesta arquitectónica, haciendo de nueva cuenta la observación del requerimiento de los requisitos pendientes de ser aportados. Notifíquese....\". (Ver imagen 021 del expediente administrativo N°3).\n\n29. Mediante resolución N° A22-228-17 de las 10 horas del 9 de noviembre del 2017, la Alcaldía Municipal de Desamparados, conoció el recurso de apelación interpuesto por el Ing. Calero Miranda, en contra el oficio CR-389-17, y dispuso: \"...De conformidad a los argumentos de hecho y de derecho expuestos, se acoge parcialmente el recurso de apelación contra el oficio CR-389-17 de fecha 30 de mayo de 2017 en cuanto a la vigencia del certificado de uso de suelo PPT-CUS 252 2010 para efectos de la revisión de un anteproyecto en la finca descrita en el plano catastrado SJ-1340559-2009. Se mantiene lo resuelto con relación a la presentación de la disponibilidad de descarga de aguas pluviales para poder evaluar el anteproyecto. Contra la presente resolución y de conformidad al artículo 162 del Código Municipal puede interponer los recursos de revocatoria ante la Alcaldía Municipal y el de apelación para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, los cuales deben interponerse en el despacho de la Alcaldía Municipal, dentro del quinto día hábil posterior a la comunicación de la presente resolución. Notifíquese...\".(Ver imágenes 28 a 35 del expediente administrativo N°3).\n\n30. En fecha 30 de julio del 2024, el Tribunal se trasladó a la zona donde se había solicitado realizar un reconocimiento judicial en San Miguel de Desamparados, lugar en el que, según lo señalaron ambas partes del proceso, se iba a desarrollar el Proyecto de Vivienda, denominado \"Proyecto de Dios\". Así las cosas, tal y como consta en el video del reconocimiento judicial, en el primer vértice no hay acceso a la propiedad, ya que cuenta con una cerca con latas de zinc,  observándose de lejos y por encima de las latas, un terreno irregular con monte y maleza. El Tribunal a petición de ambas partes, se trasladó a otro vértice del terreno donde las partes dijeron que se iba a desarrollar el Proyecto de Vivienda, denominado \"Proyecto de Dios\", en el cual no hay acceso a la propiedad al observarse un rótulo de propiedad privada, además a lo lejos se observa un terreno irregular con monte y maleza. (Ver el respaldo digital del reconocimiento judicial)\n\n31.- El señor Edwin Solano Villalta, testigo en esta causa y exesposo de la actora, declaró en juicio que fue quien suministró el dinero a la señora Ana Monge Vargas, para realizar los pagos que corresponden a los recibos de dinero N° 0057, 0085, 0091 y 0121. (Ver el respaldo digital del juicio oral y público)\n\n \n\nIV.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: De interés para la resolución de este asunto tiene por no demostrado lo siguiente:\n\n1) Que la señora Ana Yensi Monge Vargas, fuera miembro activo de la \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\" (no hay evidencia en los autos).\n\n2) Que se le otorgara a la señora Monge Vargas, un certificado de reconocimiento por ser parte del Proyecto de Dios (no hay evidencia en los autos).\n\n3) Que la señora Monge Vargas comprara de manera efectiva un lote, a la Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José o al Fiduciario Banco Improsa S.A., en San Miguel de Desamparados (no hay evidencia en los autos).\n\n4) Que los dineros cancelados por parte de la señora Monge Vargas a la Asociación Pro Vivienda de Dios, sean producto de un crédito bancario (no hay evidencia en los autos).\n\n5) Que la \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\", presentara el requisito de solución para la disponibilidad de descarga de aguas pluviales ante la Municipalidad de Desamparados, con el fin que se procediera a evaluar el anteproyecto desde el año 2010 (no hay evidencia en los autos).\n\n6) Que la accionante Monge Vargas hubiere presentado a título personal alguna gestión, solicitud de permiso de uso o de licencia constructiva para lograr la aprobación de un proyecto de vivienda ante la Municipalidad de Desamparados, relacionada con el terreno que da origen a esta contienda judicial (ayuno de prueba).\n\n7) Que la demandante Monge Vargas hubiese obtenido a su favor por parte del Ayuntamiento de Desamparados, algún aval administrativo que le generara un interés legítimo o derecho subjetivo para construir una vivienda en el terreno objeto de esta litis (no se extrae de la prueba examinada).\n\n8) Que la Comuna de Desamparados haya ordenado realizar algún aporte de dinero, o bien, que hubiese tenido alguna participación en relación con las sumas económicas que la parte actora dijo realizar a la Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios (no se extrae así de los autos).\n\n \n\nV.- SOBRE ARGUMENTOS DE LAS PARTES: El apoderado de la PARTE ACTORA, manifiesta que su poderdante ingresó a la Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios, de San Miguel de Desamparados, cédula jurídica 3-002-546255, desde el 16 de diciembre del año 2008. Indica que la actora hizo varios aportes de capital para la obtención de un lote para su grupo familiar formado por su esposo y dos hijos, que ascendieron a TRES MILLONES DE COLONES (3,000.000,00). Desde que ella solicitó ser asociado hasta el año 2017, por concepto de alquiler de vivienda erogó un total de DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL COLONES (12,600.000,00). Agregó, que en el año 2010, la Asociación a la que pertenece su mandante, realizó las gestiones administrativas pertinentes ante la Municipalidad de Desamparados para que se le confirieran los permisos para la construcción de las viviendas. Sin embargo, la Municipalidad a través del Departamento de Ingeniería, determinó que el certificado de uso de suelo PPT-CUS 252-2010, no estaba vigente y paralizó el trámite, y con ello el inicio de las obras, hasta que por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, se determinó que el certificado de uso de suelo para el proyecto de vivienda de la Asociación, se encontraba aún vigente, por lo que no había razón alguna para que se hubiera rechazado el trámite. Considera que esta actuación de la Municipalidad fue crucial para que su mandante no logrará cumplir sus sueños de vivienda digna. El 23 de mayo del 2017, es decir, siete años después, con fundamento a lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, se procedió a solicitar la aprobación del proyecto de vivienda, siendo nuevamente rechazado por oficio CR-389-17, al justificarse que el uso del suelo no estaba vigente y que además el terreno se encontraba en una zona deportiva. Es decir, para el año 2010, no existía la naturaleza de zona deportiva y así fue aprobado y avalado con la certificación del uso de suelo, sin embargo, con la evolución y cambio de reglamentación al día de hoy, el terreno pasó a reducir su capacidad de utilización para construir un número mayor de viviendas por la naturaleza actual de la zona. Señala que contra lo resuelto por la Unidad de Planificación Territorial, se interpusieron los recursos de revocatoria y apelación, por lo que la Unidad de Control Urbano, acogió parcialmente la revocatoria, indicando que efectivamente el certificado de uso de suelo PPT-CUS 252-2010, seguía vigente. La paralización del proyecto en el año 2010, por una desafortunada e irresponsable interpretación de la Municipalidad de Desamparados sobre la vigencia del certificado de uso de suelos, obligó a la paralización de los trámites administrativos para obtener los permisos para la aprobación del proyecto y la construcción de las viviendas, lo que provocó que el proyecto ya no fuera viable. El terreno en donde se construirían las viviendas, fue adquirido mediante préstamos, en las que su mandante se convirtió en deudor. El congelamiento de más de siete años, ocasionando serios daños y perjuicios a cada asociado, incluyendo a su mandante. La idea de comprar un lote era para dejar de pagar alquileres y buscar la estabilidad social y familiar con una vivienda digna. En cambio, sin vivienda y aplicar a un préstamo para adquirir un condominio por la suma de seis millones de colones, fue la única alternativa para dejar de pagar alquileres una vez que el proyecto dejó de ser viable. El terreno hoy en día se encuentra en un fideicomiso a nombre del Banco Improsa, luego de la quiebra del Bancrédito, que fue la entidad inicial con quien se hizo el préstamo para la compra del terreno. Considera que la situación financiera de los asociados en su mayoría es la misma, dejaron de pagar sus respectivos préstamos, no hay capital ni financiamiento para continuar hoy en día con el proyecto, pues más de siete años, desde que la Municipalidad de Desamparados detuvo los trámites impidió que los sueños de tener casa propia se convirtiera en una realidad. Por su parte, la representación de la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, manifiesta que la actora, no presenta pruebas de que la Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados, haya presentado gestiones administrativas para que le confirieran los permisos de construcción en el año 2010. Indica que lo que sucedió en el año 2010, fue que la Sra. Carmen Gómez Piedraita solicitó un certificado para uso de suelo para \"condominio Vertical de Interés Social\" en la finca matrícula de folio real 1-117842-000, descrita en plano catastrado SJ-1340559-2009, el cual fue resuelto mediante el certificado de uso de suelo N° PPT-CUS-252-2010 de fecha 30 de junio de 2010. Posteriormente, mediante el trámite de la Plataforma de Servicios Municipales N°14515-2013, un interesado de nombre Francisco Miralles Caravaca, presentó una solicitud de certificado de uso de suelo para la construcción de un condominio residencial. La Unidad de Planificación Territorial mediante el certificado de uso de suelo UPT-CUS-H-636-2013 de fecha 31 de octubre de 2013, de conformidad con el artículo 129 del Plan de Ordenamiento Territorial Parcial del Cantón de Desamparados, declaró no conforme el uso solicitado por cuanto la propiedad se ubica en una zona recreativa deportiva, lo cual fue recurrido por el interesado mediante el trámite de Plataforma de Servicios 17174-2013 de fecha 9 de Diciembre de 2013, dando inicio a la escalerilla recursiva dispuesta en el artículo 162 del Código Municipal (actual art. 171 del CM), lo cual fue resuelto finalmente por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante la resolución N° 159-2015 de la 14 horas con 10 minutos del 9 de abril de 2015, ordenando la anulación del certificado de uso de suelo recurrido. Asimismo afirma, que el día 23 de mayo de 2017, un Ingeniero Civil de nombre Félix Calero Miranda, carné IC-5859, mediante el trámite de la Plataforma de Servicios N° 11189-2017 de fecha 23 de mayo de 2017, solicitó la valoración de un anteproyecto para un proyecto residencial en la modalidad de condominio vertical, en la finca descrita en el plano catastrado SJ-1340559-2009, proyecto a nombre de la Asociación Pro-Vivienda Proyecto de Dios. Dicho trámite fue rechazado mediante el oficio CR-389-17 de fecha 17 de mayo de 2017, por dos motivos, el primero por considerar que la finca de referencia se ubicaba en una zona recreativa deportiva, según lo resuelto en el certificado de uso de suelo PPT-CUS-506-2016 de fecha 11 de mayo de 2016, solicitado por el un interesado de nombre Enoc Bermúdez Estrada, en el cual se indicó que el uso residencial es una actividad no conforme y segundo por cuanto para conocer un trámite de anteproyecto era necesario presentar el requisito de la aprobación previa por parte de la Municipalidad de Desamparados, del trámite de disponibilidad de desfogue de aguas pluviales. Lo que no es cierto, es que para el año 2010, no existiera la zonificación de zona recreativa deportiva donde se localiza ese inmueble, pues así quedó en el mapa de zonificación del Plan de Ordenamiento Territorial Parcial del Cantón de Desamparados, el cual está vigente desde su publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 de fecha 17 de Diciembre de 2008. Luego, el Sr. Félix Calero Miranda, mediante el trámite de la plataforma de servicios N° 12059-2017 de fecha 13 de junio de 2017, presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio CR-389-17 de fecha 17 de mayo de 2017, por lo que la Unidad de Control Urbano mediante la resolución UCU REV- 025-2017 de las 11 horas con 40 minutos del 12 de octubre de 2017, resolvió acoger parcialmente el recurso de revocatoria en cuanto mantuvo la vigencia del certificado de uso de suelo PPT-CUS 252 2010, en todo lo demás rechazó el recurso presentado, ante la falta del requisito del trámite aprobado de la disponibilidad de descarga de aguas pluviales. Por su parte la Alcaldía Municipal mediante la resolución AM-228-17 de las 14 horas con 10 minutos del 9 de noviembre de 2017, resolvió acoger parcialmente el recurso de apelación, ordenando mantener la vigencia del certificado de uso de suelo PPT-CUS-252-2010, para efectos de la revisión posterior del trámite de anteproyecto, pero manteniendo lo resuelto en cuanto a la necesidad de que el interesado presentara el trámite de la disponibilidad de desfogue de aguas pluviales, para evaluar ese tipo de solicitud. Considera oportuno realizar las siguientes aclaraciones: a) Se mantuvo la vigencia del certificado de uso de suelo PPT-CUS-252-2010 de fecha 30 de junio de 2010, en virtud de lo resuelto por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante la resolución N° 159-2015 de la 14 horas con 10 minutos del 9 de abril de 2015. b) Efectivamente para valorar la solicitud de un anteproyecto, se deben de cumplir los requisitos publicados, en este caso los establecidos en los artículos 48 y 51 del Plan de Ordenamiento Parcial del Cantón de Desamparados. Se debe indicar que el cumplimiento previo de requisitos a la aprobación de un trámite o solicitud por parte de un administrado, forma parte de la potestad de imperio conocida como \"poder de policía\", la cual se emplea cuando se deben resolver solitudes de autorizaciones, permisos y licencias, con el objeto que de forma previa se verifique el cumplimiento de los requisitos que deben mediar para la aprobación de un acto de esa naturaleza, y de forma posterior para fiscalizar que el acto aprobado sea conforme a lo administrativamente autorizado. Además, cuando un trámite administrativo conlleva el cumplimiento de requisitos, éste se convierte en un acto reglado, que consiste en la constatación del cumplimiento del o los presupuestos de hecho o de derecho que contiene la norma, los cuales una vez comprobados su cumplimiento, provoca la aprobación del trámite que se trate. Los actos administrativos reglados, son propios de los trámites que conllevan la aprobación de una licencia por parte de una Municipalidad, como lo son los permisos de construcción y sus requisitos como lo es el caso de un anteproyecto y la disponibilidad de desfogue de aguas pluviales. c) La finca matrícula de folio real del partido de San José N° 117842-000, en donde se pretende desarrollar el proyecto habitacional de referencia, es propiedad registral del Banco Improsa S.A., en su condición de fiduciario del fideicomiso constituido por la Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados a favor del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Esta situación es importante por cuanto el Ing. José Félix Calero, quién gestionó el trámite de anteproyecto no presentó ninguna autorización por parte del fiduciario, para tramitar la solicitud de anteproyecto, ni tampoco aportó al menos un contrato de servicios profesionales mediante el cual asumiera la dirección profesional del proyecto. Señala que no es cierto que su representada tenga paralizado ningún proyecto de vivienda en la finca matrícula de folio real 1-117842-000. Si bien es cierto, que ha habido algún contradictorio, con relación a ciertos trámites, como la certificación de uso de suelo de ese inmueble, por ubicarse en una zona recreativa deportiva según el mapa de zonificación del Plan de Ordenamiento Territorial, tal situación se ha dirimido ante las instancias administrativas y judiciales respectivas. Concluye manifestando que basta con la simple observación que entre una y otra gestión de solicitudes de uso de suelo presentadas por diversas personas interesadas, hasta llegar a la solicitud del estudio de un anteproyecto, simple y sencillamente pasan años entre uno y otro trámite, lo cual no es responsabilidad de la Municipalidad, sino de los interesados en la tramitación y obtención del proyecto, ya sea el Banco Improsa S.A. como propietario y fiduciario de ese inmueble o a quienes autorice debidamente, a lo que hay que recalcar, que bajo ese precepto, no ha habido ninguna autorización de ese ente bancario, pues los certificados de uso de suelo pueden ser solicitados por cualquier interesado, y en el caso del anteproyecto antes citado, el Ing. Félix Calero Miranda, lo solicitó a título personal, sin que mediara ninguna autorización de ese ente bancario, ni de ninguna otra persona legitimada para realizar esa tramitología, tal y como se puede corroborar en el expediente administrativo de esa solicitud.\n\n \n\nVI.- SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: En relación a la responsabilidad objetiva de la Administración ha sido un aspecto que ha sido desarrollado en múltiples ocasiones por las distintas secciones de este Tribunal, así como por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia desde vieja data, donde en distintas resoluciones se ha explicado el giro vertido en torno a la responsabilidad administrativa y la eliminación del privilegio de exoneración del Estado, a partir de los artículos 9, 41, 11, 148 y 194 de la Constitución Política y los numerales 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública -LGAP- (a modo de ejemplo pueden consultarse las sentencias de la Sala Primera números 025-F-99 de las 14:15 horas del 22 de enero de 1999 y 589-F-99 de las 14:20 horas del 01 de octubre de 1999 y de esta misma Sección, el voto N° 42-2023 de las 07:35 horas del 21 de julio del 2023. Ahora bien, a raíz del desarrollo jurisprudencial sobre el tema, resulta harto conocido que la Administración Pública es responsable por su conducta lícita e ilícita o por su funcionamiento normal o anormal, según el precepto normativo 190 de la LGAP, responsabilidad que es de naturaleza preeminentemente objetiva y que puede generarse tanto por acción como por omisión, es decir, por una actuación concreta o por la falta de realización de una determinada conducta que le impone el ordenamiento jurídico que cause un daño, supuesto este último que es precisamente lo que en el caso de estudio ha manifestado el señor Navarro Vargas. Sin embargo, pese al avance y apertura que se ha dado respecto a la responsabilidad objetiva, también se ha sostenido reiteradamente, que la indemnización de los daños y perjuicios que pueda surgir del poder público, está sujeta a que se logre demostrar, primeramente su existencia, y después, el nexo causal entre lo que se reclama y la conducta atacada, que permita imputar al Estado una responsabilidad patrimonial por su conducta, ya sea por acción u omisión. Por consiguiente, solo cuando se establezca que tales daños son consecuencia directa o indirecta de aquella conducta, será viable la condena compensatoria, correspondiéndole a la víctima tal demostración conforme al principio del onus probandi o carga de la prueba, según lo estipulado en el artículo 41.1) del actual Código Procesal Civil -otrora numeral 317-, mediante cualquiera de los mecanismos probatorios que permite el ordenamiento jurídico. Lo anterior obedece a que no podría la autoridad judicial partir de conjeturas, ni asumir que se han producido daños cuando la parte que los pretende no los ha reclamado, o bien, cuando habiéndolo hecho, no ha sido capaz de demostrar que en efecto se hayan ocasionado o hubieren ocurrido como consecuencia de una conducta administrativa. La demostración del daño y su nexo causal, es por tanto ineludible en la dinámica del régimen objetivo de responsabilidad administrativa, ergo, si no llegan a acreditarse, no podrían ser objeto de reparación. Precisamente por esa circunstancia, y con el fin de prevenir cualquier enriquecimiento sin causa de la supuesta víctima, es que el nexo causal constituye un requisito sine qua non para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial, vinculación que se torna impostergable para efectuar el juicio de imputabilidad y para establecer la relación existente entre la lesión sufrida por la persona que se constituye en víctima y el deber de indemnizar a cargo del ente público causante. A nivel doctrinal y jurisprudencial, existen diversas teorías para determinar la causalidad, lo que ha producido distintas posiciones al respecto [v.gr. la teoría de la equivalencia de las condiciones y la causa adecuada]. En tal sentido, la Sala Primera en su sentencia número 000584-F-2005 de las 10:40 horas del 11 de agosto del 2005, desarrolló la concepción de la causalidad eficiente y adecuada, señalando lo siguiente: “(…) El nexo causal como presupuesto de responsabilidad. La diversa tipología de las causas. Establecida en este caso, la anormalidad e ilicitud del comportamiento omisivo, resta por establecer si esa patológica inacción administrativa fue o no causa de la lesión reclamada, y en concreto, del fallecimiento de don (...), pues para la estimación de la demanda resulta imprescindible comprobar la existencia del nexo causal, en su tradicional noción de causa-efecto. Al respecto cabe recordar que en la producción del daño, suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, dentro de los cuales es preciso determinar aquellos que directa o indirectamente son causa eficiente y adecuada del mal causado (sobre la causa próxima, adecuada y eficiente, puede consultarse la sentencia ya citada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. N° 252-F-01, de las 16 horas 15 minutos del 28 de marzo del 2001). En esa confluencia de elementos fácticos o jurídicos que rodean la situación dañosa, habrá necesidad de establecer la acción u omisión apta que provocó la consecuencia; desplazando aquéllas que no han tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Se trata de una especie de análisis objetivo, a través de la cual se pueda afirmar que con tal acción u omisión es lógico o probable que se produzca el daño específico (…)” [la negrita está en la sentencia original]. Pues bien, llegados a este punto, resulta claro que el régimen de responsabilidad objetiva del Estado se encuentra desarrollado en los numerales 9, 41, 11, 148 y 194 de la Constitución Política y los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, de los cuales se extrae la concurrencia de presupuestos indispensables para que se genere la responsabilidad de la Administración, que no se centra en el elemento subjetivo en el sentido que exista dolo o culpa, sino en la existencia de un daño que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar, y de que debe mediar una vinculación entre la generación de un daño y el nexo de causalidad en la atribución de una conducta licita, ilícita o funcionamiento anormal, pues no basta con demostrar haber sufrido una lesión, sino que se torna necesario evidenciar la relación directa causal entre el daño alegado y la conducta lesiva reprochada a la organización administrativa. Expuestas las anteriores nociones generales, de seguido se analizará el caso concreto planteado.\n\n \n\nVII.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO: Luego de valorados los argumentos de ambas partes, así como la prueba que consta en autos, considera este Tribunal que no es de recibo el planteamiento realizado por la actora, por las razones que de seguido se dirán. En el presente caso, estamos en presencia de un proceso civil de hacienda por cuanto su objeto sustancial es el resarcimiento o indemnización por presuntos daños y perjuicios causados por una conducta administrativa de la Municipalidad de Desamparados, concretamente por la supuesta paralización del estudio del anteproyecto denominado \"Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\", al considerar que el uso de suelo PPT-CUS 252 2010, de fecha 30 de junio del 2010 de \"uso no conforme\", al localizarse la propiedad bajo el plano catastrado SJ-1340559-2009 en la Zona Recreativa Deportiva (ZRD), pero agregando en su contenido que \"...no obstante, el uso no presenta impacto negativo y es un uso compatible en su área de influencia, por lo que se recomienda de conformidad con los Índices de Fragilidad Ambiental una densidad baja. Sin embargo, dado que la zonificación del POT establece en su espíritu la necesidad de contar con espacios recreativos en el sector. Deberá el interesado prever un área mínima del 20% del total del terreno para ser utilizada en áreas recreativas y núcleos de servicios\", estableciendo una serie de requisitos, e indicando que para efectos de tramitar el anteproyecto de Condominio debía cumplir con lo siguiente: \"a. Solicitud de revisión del anteproyecto firmada por el profesional responsable. b. Referencia del otorgamiento municipal del certificado del uso del suelo. c. Disponibilidad de descarga de aguas pluviales. d. Plano con las curvas de nivel existente y modificado. e. Alineamientos y afectaciones extendidos por las instituciones atinentes (M.O.P.T, I.C.A.A, M.I.N.A.E, I.N.V.U, compañías de electricidad correspondientes) f. Traer aprobado por la Comisión Costarricense de Nomenclatura, del Instituto Geográfico Nacional del MOPT, el nombre que se le dará al proyecto. a. (sic) Disponibilidad de Agua potable extendido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o por el acueducto rural. Respaldado en documento suscrito por el responsable del acueducto. En caso de que no exista suministro de agua potable en la zona se debe aportar el visto bueno del departamento de aguas del MINAE para perforación y explotación del pozo. d. Disponibilidad de alcantarillado sanitario. h. Presentar diseño y cálculo hidráulico para la disponibilidad de desfogue de aguas pluviales. Todo proyecto antes ser aprobado definitivamente por la Municipalidad deberá contar con la respectiva aprobación del INVU. En lo no regulado por el Plan de Ordenamiento Territorial, deberá cumplir con la Normativa Nacional vigente de carácter supletorio. El certificado de uso del suelo es de carácter informativo, por lo que no constituye una licencia ni genera derecho a desarrollar una actividad u otra, ni implica la obligatoriedad a ninguna institución de otorgar permisos o autorizar la actividad...\". (Ver imágenes 55 a 60 del expediente administrativo N°1). En ese sentido, la actora reclama el pago de los siguientes daños: -DAÑO ECONÓMICO: VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS MIL COLONES, consistentes en los aportes realizados a la Asociación para la compra del terreno y el préstamo para los pagos de los trámites administrativos para los permisos y la deuda existente con una entidad bancaria relacionado a lo mismo que hoy en día está pendiente. -DAÑO MORAL SUBJETIVO: QUINCE MILLONES DE COLONES, por el sufrimiento moral que ello les provocó a la actora  y su familia por un sueño que no se hizo realidad. -PERJUICIOS: DIECISIETE MILLONES DE COLONES, como producto de pagos nuevos para construir una vivienda en Alajuelita, donde habitar con su familia en vista del fallido proyecto. No obstante, para que el daño resulte indemnizable, debe ser efectivo (artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública). Esto implica, que el daño no puede ser hipotético, sino real o cierto, lo que conlleva entonces a la necesidad indispensable de probar su existencia conforme a las reglas procesales de la carga de la prueba, carga que en este caso corresponde a la actora y que en el caso de estudio, no tiene por acreditado este Tribunal, que la Municipalidad de Desamparados le haya generado afectación patrimonial alguna a la señora actora.  Además, dicho daño debe derivar o ser consecuencia de una conducta (acción u omisión) de la entidad demandada (nexo causal o de causalidad), lo cual  igualmente debe ser probado. Sin embargo, en la especie la actora no prueba la existencia real de los daños que reclama y sobre todo, que hayan sido causados por una conducta -activa u omisiva- de la Municipalidad de Desamparados por no continuar con la evaluación de los requisitos para la aprobación del anteproyecto de Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José. En efecto, la actora no logró demostrar con prueba idónea y fehaciente que las conductas de la Municipalidad, exigiendo la presentación de requisitos con sustento normativo y técnico, hayan sido las causantes de la supuesta paralización del proyecto, siendo que de los autos más bien se desprende que es la inacción de la Asociación la que condujo a dicho resultado. Como ha quedado acreditado en autos, mediante resolución OP-e-601-2010 de fecha 28 de setiembre del 2010 el Proceso de Obras Públicas de la Municipalidad de Desamparados, en relación al plano catastrado SJ-1340559-2009 perteneciente a la finca 1-117842-000, dictaminó: \"...Referente a la disponibilidad de descarga de aguas pluviales; con fundamento en la propuesta presentada para el proyecto y las observaciones de campo realizadas en las laderas del río Cucubres, su comportamiento geotécnico ha alterado significativamente la dinámica del río Cucubres, provocando desbordamientos y una condición de anegación en el terreno, correspondiente al plano catastrado SJ-1340559-2009, por lo que no se considera viable la descarga de aguas pluviales solicitada...\". (Ver imágenes 116 a 119 y 131 del expediente administrativo N° 1), quedando con total claridad la falta del requisito h) del certificado de uso de suelo PPT-C.U.S.-C-252-2010 de fecha 30 de junio del 2010, razón por la cual mediante escrito con fecha 25 de octubre del 2010, el señor Carlos Fonseca Meza, en su calidad de Presidente de la \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\", interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra la resolución  OP-e-601-2010. (Ver imágenes 201 a 209 del expediente administrativo N° 1). Por lo que la Municipalidad de Desamparados mediante resolución N° 0003-2011 de las 15 horas del 27 de enero del 2011, la Arq. Jéssica Martínez Porras, Coordinadora Gestión Territorial Ambiental y el Ing. Jesús Chinchilla González, Coordinador Proceso de Obras Públicas, rechazaron el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución OP-e-601-2010. (Ver imágenes 244 a 255 del expediente administrativo N°1). Luego, mediante resolución de las 10 horas del 31 de mayo del 2011, la Alcaldía de Desamparados, rechaza el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución N° 0003-2011. Por su parte el presidente de la \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\", nuevamente interpuso revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución. (Ver imágenes 281 a 285 y 270 a 278 del expediente administrativo N°1), siendo conocido el primero mediante resolución de las 10 horas del 27 de julio del 2011, por la Alcaldía de Desamparados, donde rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución del 21 de mayo del 2011 y ordenó elevar el recurso de Apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. (Ver imágenes 302 a 305 del expediente administrativo). Posteriormente, mediante resolución N° 247-2012 de las 11:30 hrs del 22 de junio del 2012, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, actuando como jerarca impropio, confirmó el acto impugnado, sea la resolución del 31 de mayo del 2011, emitida por la Alcaldía Municipal, y dio por agotada la vía administrativa. (Ver imágenes 309 a 312 del expediente administrativo N°1). Sin que dicha resolución fuera recurrida en sede judicial. Así las cosas y considerando que conforme la vigencia del certificado de uso de suelo PPT-C.U.S.-C-252-2010 de fecha 30 de junio del 2010, aún la tramitación para la aprobación del anteproyecto se encuentra ayuno de requisitos que deben ser tamizados por la Municipalidad demandada, y que no corresponde a este Órgano Jurisdiccional, atribuirse competencias propias de la Administración, concluye esta Cámara de Juzgadores, que la parte actora no ha logrado demostrar que las autoridades municipales hayan bloqueado sin justificación legal, la presentación del ante proyecto mencionado, por cuanto es lo cierto que se limitó a que se cumplieran a cabalidad con los requisitos establecidos en el Plan Regulador, conocido como Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados. Por otro lado, tampoco ha quedado constatado, como lo acusa la demandante, la existencia de responsabilidad objetiva de la Municipalidad de Desamparados a través de sus funcionarios, en la toma de decisiones para autorizar el proyecto habitacional promovido por la Asociación Vivienda Proyecto, mucho menos el nexo causal ineludible entre la supuesta conducta lesiva y el daño reclamado,  razón por la cual se rechazan los extremos pretendidos.\n\n \n\nVIII.- SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA APRECIADA DE OFICIO: La legitimación es un presupuesto material de la relación procesal revisable de oficio, para lo cual es menester señalar que desde vieja data, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que la legitimación ad causam alude a la condición de titular del derecho (el actor) y del obligado a la prestación (el demandado). En ese sentido, están legitimados en la causa las personas que jurídica y directamente van a ser afectadas en sus derechos por la sentencia. Así, para la efectiva concurrencia de esa legitimación, se torna necesario la existencia de un interés directo y legítimo de quien demanda (activa) y contra quien se acciona (pasiva). Esta última -de interés en el caso en estudio- supone que la demandada debe ser la persona, sea física o jurídica, a quien le corresponde por ley oponerse a la pretensión del actor o frente a la cual la ley permite que se declare la relación jurídica sustancial objeto de la demanda. Visto de otro modo, existe legitimación pasiva cuando el demandado es el sujeto que debe satisfacer la prestación requerida, es decir, por las circunstancias fácticas y jurídicas esgrimidas es quien debe responder y atender la prestación planteada. (Al respecto se pueden consultar, entre otros, los votos No. 1023 de las 14 horas 50 minutos del 1° de octubre de 2009 y No. 475 de las 10 horas 40 minutos del 21 de febrero de 2020 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Teniendo claro lo que ha dicho nuestra jurisprudencia, es perceptible la falta de legitimación pasiva en este caso, por cuanto el reclamo patrimonial de la actora va dirigido hacia el Gobierno Local que no fue quien le causó el daño reclamado. Nótese lo que la accionante señaló, en relación al daño económico: \"consistente en los aportes realizados a la Asociación para la compra del terreno y el préstamo para los pagos de los trámites administrativos para los permisos, y la deuda existente con una entidad bancaria relacionado a lo mismo que hoy en día está pendiente\". Así, ha quedado acreditado a los autos, que mediante recibo por dinero N° 0057, de fecha 05 de mayo del 2009 de la Asociación Pro Vivienda de Dios, por medio del señor Juan Carlos Rosales, recibió de Ana Monge Vargas, por concepto de \"abono lote San Miguel\" la suma de ¢ 1.700.000,00. (Ver imagen 11 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia). Mediante recibo por dinero N° 0085, de fecha 25 de noviembre del 2009 de la Asociación Pro Vivienda de Dios, por medio del señor Juan Carlos Rosales, recibió de Ana Monge, por concepto de \"abono del lote \" la suma de ¢ 1.300.000,00 (Ver imagen 11 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia). Mediante recibo por dinero N° 0091 de fecha 03 de marzo del 2010, la Asociación Pro Vivienda de Dios, por medio del señor Juan Carlos Rosales, recibió de Ana Monge Vargas, por concepto de \"pago de abogado\" la suma de ¢ 70.000,00 (Ver imagen 10 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia) y mediante recibo por dinero N° 0121 de fecha 03 de noviembre del 2010, la Asociación Pro Vivienda de Dios, ecibió de Ana Monge, por concepto \"ilegible\", la suma de ¢ 5.000,00. (Ver imagen 10 del expediente judicial electrónico al dictado de esta sentencia). De todo lo anterior podemos concluir que esos dineros, que según quedó acreditado fueron aportados por el exesposo de la actora, fueron entregados por la actora a la Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José, sin ninguna intervención en este sentido por parte de la Municipalidad de Desamparados en la promoción del proyecto o en el manejo de los dineros que la actora voluntariamente entregó a la Asociación. En este sentido, en el acta de constitución de la misma, inscrita ante el Registro Público desde 9 de junio del 2008, siendo quedo establecido que una de las atribuciones de la Junta Directiva, era tomar los acuerdos necesarios para que la Asociación cumpla con sus fines esenciales, así como la competencia del Fiscal en cuanto a la supervisión de todas las operaciones y movimientos económicos de la Asociación. Asimismo, no se logró acreditar que la accionante Monge Vargas hubiere presentado a título personal alguna gestión, solicitud de permiso de uso o de licencia constructiva para lograr la aprobación de un proyecto de vivienda ante la Municipalidad de Desamparados, relacionada con el terreno que da origen a esta contienda judicial (ayuno de prueba), así como que la demandante Monge Vargas hubiese obtenido a su favor por parte del Ayuntamiento de Desamparados, algún aval administrativo que le generara un interés legítimo o derecho subjetivo para construir una vivienda en el terreno objeto de esta litis (no se extrae de la prueba examinada) y que la Comuna de Desamparados haya ordenado realizar algún aporte de dinero, o bien, que hubiese tenido alguna participación en relación con las sumas económicas que la parte actora dijo realizar a la Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios (no se extrae así de los autos). Así las cosas, estamos frente a una falta de legitimación pasiva parcial de la Municipalidad de Desamparados y así se declara en relación a la pretensión del daño económico.\n\n \n\nIX.- SOBRE  LA  EXCEPCIÓN  DE FALTA DE DERECHO INTERPUESTA: Por las razones explicadas en los considerandos VII y VIII, la excepción de falta de derecho planteada por la entidad demandada debe ser acogida, en virtud de no ser procedentes por el fondo las pretensiones de la actora, por lo que la presente demanda debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos, como en efecto se dispone en este acto. \n\n            \n\nX.- SOBRE LAS COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del CPCA, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no se encuentra motivo alguno que permita aplicar las excepciones citadas, toda vez que se pudo corroborar la improcedencia de la acción ejercida en los términos expuestos; razón por lo cual ambas costas serán a cargo de la parte actora.\n\n \n\nPOR TANTO\n\n \n\nConforme a los términos expuestos, de manera oficiosa se declara una falta de legitimación pasiva respecto al reclamo del daño económico planteado contra la Municipalidad de Desamparados, se acoge la excepción de falta de derecho en el resto de las peticiones tendientes a establecer una responsabilidad objetiva de la Municipalidad demandada, y por ende el cobro de daño moral y perjuicios. En consecuencia, se declara SIN LUGAR la demanda incoada por ANA YENSY MONGE VARGAS, contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS. Se condena a la parte actora vencida al pago de las costas derivadas de este proceso, extremo que deberá ser liquidado en fase de ejecución de sentencia.- \n\n \n\nKarla Madriz Martínez\n\n \n\nFrancisco Hidalgo Rueda                                                        Martín Conejo Cantillo\n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n\nZPZRWADIK7W61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nKARLA ALEXANDRA MADRIZ MARTINEZ, JUEZ/A DECISOR/A\nFRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A\nJOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 18-008427-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:34:03.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**RESOLUTION Nº 05402 - 2024**\n\n**Date of Resolution:** August 23, 2024, at 08:39\n\n**Case File:** 18-008427-1027-CA\n\n**Drafted by:** Karla Alexandra Madríz Martínez\n\n**Type of Matter:** Ordinary Proceeding (*Proceso de conocimiento*)\n\n**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n**Text of the Resolution**\n\n**EXPEDIENTE:**\n\n18-008427-1027-CA - 3\n\n**PROCEEDING:**\n\nORDINARY PROCEEDING (CONOCIMIENTO)\n\n**PLAINTIFF:**\n\nANA YENSY MONGE VARGAS\n\n**DEFENDANT:**\n\nMUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS\n\n**N° 2024005402**\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight thirty-nine in the morning on the twenty-third of August two thousand twenty-four.-\n\nOrdinary administrative contentious proceeding (*Proceso de conocimiento contencioso administrativo*) filed by ANA YENSY MONGE VARGAS, of legal age, married, office clerk, identity card number 1-0877-0502, resident of San José, through her special judicial attorney-in-fact Gerardo Calazans Monge Vargas, of legal age, married, lawyer, identity card number 9-0073-0754, resident of San José, bar number 5039, against the MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, represented by its special judicial attorney-in-fact, Randall Escalante Gutiérrez, of legal age, divorced, lawyer, identity card number 1-0918-0094, resident of Desamparados, bar number 11210.-\n\n**CONSIDERANDO**\n\n**I.- PRELIMINARY ASPECTS.** As part of the procedural history, the following is noted:\n\n1) By means of the complaint (*demanda*), filed on October 3, 2018, and a subsequent amendment dated November 27, 2019, the plaintiff formulated the following claims, which were established in the preliminary hearing: \"...I request that this judicial action of ordinary proceeding be admitted against the Municipalidad de Desamparados, and that in the estimatory judgment, the defendant be declared exclusively responsible for the administrative action against the interests of my principal, and be declared liable to pay the damages and losses (*daños y perjuicios*), caused by its actions, as follows: 1- DAMAGES: ECONOMIC DAMAGE: TWENTY-ONE MILLION SIX HUNDRED THOUSAND COLONES, consisting of the contributions made to the Association for the purchase of the land and the loan for the payments of the administrative procedures for the permits and the existing debt with a banking entity related to the same that is currently pending. SUBJECTIVE MORAL DAMAGE: FIFTEEN MILLION COLONES, for the moral suffering that this caused my principal and her family for a dream that did not come true. LOSSES: SEVENTEEN MILLION COLONES, as a result of new payments to build a dwelling in Alajuelita, where she could live with her family in view of the failed project due to the irresponsibility of the defendant Municipality. 2- It must be declared in the judgment that the Municipality's action did not conform to the legal parameters in force for the year 2009-2010, for the approval of the preliminary project (*anteproyecto*) for the housing development in San Miguel de Desamparados, promoted by the Asociación Vivienda Proyectos de Dios. 3- It must be recognized that those in charge of granting the permits for plans and preliminary project (*anteproyecto*), from the engineering department or respective offices of the Municipalidad de Desamparados, blocked in every way without legal justification, the submission of the preliminary project when the requirements of Article 48 of the Regulatory Plan, known as the Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados, were fully met. 4- That there is total strict liability (*responsabilidad objetiva*) of the Municipalidad de Desamparados through its officials, in the decision-making to authorize the housing project promoted by the Asociación Vivienda Proyecto de Dios, between 2009 and 2010, and subsequently, in relation to the requirements of Article 48 of the Regulatory Plan. 5- That the judgment condemn to the payment of interest (indexation), and both costs of the proceeding...\". (See images 5, 89, 90 and 167 to 170 of the electronic judicial file at the time of issuing the judgment).-\n\n2) On December 19, 2018, December 4, 2019, and May 11, 2020, the representation of the defendant Municipality appeared in the proceedings, answered the complaint negatively, filing the defense of lack of right, and requested that the judgment be declared without merit in all its aspects, the present complaint, and that the plaintiff be condemned to pay both costs of this proceeding. (See images 20 to 30, 101 to 103 and 132 to 140 of the electronic judicial file at the time of issuing the judgment).-\n\n3) By resolution N° 1557-2019 at 11:00 a.m. on September 2, 2019, the consolidation of this proceeding with case file 18-006353-1027-CA was declared without merit. (See images 80 to 82 of the electronic judicial file at the time of issuing the judgment).-\n\n4) On March 11, 2021, the Preliminary Hearing established in Article 90 of the Code of Administrative Contentious Procedure (*Código Procesal Contencioso Administrativo*) was held, where none of the parties alleged grounds for nullity and the claims were established as stated in point 1 of this Considerando. There were no preliminary defenses to resolve, so the disputed facts were determined. The documentary, testimonial, and expert evidence of interest to the parties was admitted. (See the digital record of the preliminary hearing held and the minutes at images 167 to 170 of the electronic judicial file at the time of issuing the judgment).-\n\n5) By resolution at 12:09 p.m. on May 6, 2021, Luis Alberto Rodríguez Astúa was appointed as the mathematical actuary expert, however, by resolution at 09:04 a.m. on May 10, 2022, the expert evidence was deemed withdrawn at the request of the plaintiff's attorney-in-fact, and since Mr. Luis Alberto Rodríguez Astúa did not render the expert report within the granted period, his appointment was voided, ordering the refund of the amount of the fees to the plaintiff. (See images 178 to 202 of the electronic judicial file at the time of issuing the judgment).-\n\n6) Through the docketing sheet for trial cases, on July 8, 2022, the present proceeding was transferred to Section IV of this Tribunal, to set the scheduling for trial, summoned by resolution at 1:13 p.m. on August 4, 2022, to be held on August 7, 2024. (See images 215 to 217 of the electronic judicial file at the time of issuing the judgment).-\n\n7) In accordance with the implementation process of the redesign of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda proposed by the Dirección de Planificación of the Poder Judicial and approved by the Consejo Superior, according to agreements numbers XXVIII of Session N° 84-2021 of September 28, 2021, and XXXIX of Session N° 95-2021 of November 4, 2021, the distribution criteria for the caseload of proceedings pending judgment, both pure questions of law and oral and public trial, were determined, pursuant to which the Tribunal's Coordination executed the reassignment of a large number of case files at that time. In this manner, the proceeding was assigned to the undersigned judge Madriz Martínez, member of the Collegiate Tribunal of Team Seven, to whom the present case file was transferred to conduct a new summons and therefore the respective oral and public trial, all in compliance with the priority policies established by the Corte Plena. (See image 222 of the electronic judicial file at the time of issuing the judgment).-\n\n8) By resolution at 4:16 p.m. on February 15, 2024, the Presiding Judge (*Jueza Ponente*) Karla Madriz Martínez recused herself from hearing the present proceeding, considering the existence of the ground for impediment set forth in numeral 12.16 of the Code of Civil Procedure (*Código Procesal Civil*), applicable to the present matter by dispensation of numeral 220 of the Code of Administrative Contentious Procedure (*Código Procesal Contencioso Administrativo*). (See images 222 and 223 of the electronic judicial file at the time of issuing the judgment).-\n\n9) By resolution N° 2024001576 at 4:03 p.m. on March 14, 2024, the recusal of Judge Madriz Martínez was rejected, enabling her to continue hearing the case. (See images 232 to 237 of the electronic judicial file at the time of issuing the judgment).-\n\n10) By resolution at 3:50 p.m. on April 10, 2024, the Collegiate Tribunal of Team Seven summoned the parties for the holding of the oral and public trial for July 30 and 31 and August 1, 2024. (See images 240 to 244 of the electronic judicial file at the time of issuing the judgment).-\n\n11) The Oral and Public Trial began at 8:36 a.m. on July 30, 2024, where the attorney-in-fact for the plaintiff alleged defects in the special judicial power of attorney of the defendant Municipality's lawyer, a motion that was declared without merit. Likewise, he offered as evidence to better provide (*prueba para mejor proveer*), a lease contract dated March 30, 2003. The representation of the Municipalidad de Desamparados did not allege any procedural cleansing aspects, concluding that there were no defects that could generate eventual nullities, nor did it offer evidence to better provide. The parties waived the opening statements, so the court proceeded to conduct the judicial inspection (*reconocimiento judicial*) in San Miguel de Desamparados, where the members of the Tribunal and the parties traveled. The trial hearing continued on July 31, in which the plaintiff waived the testimony of Jéssica Martínez Porras, Carlos Alberto Fonseca Meza, and José Félix Calero Miranda, and the defendant waived the testimony of Gustavo Zeledón Céspedes, Gerardo Víquez Esquivel, and Jesús Chinchilla González. Thus, the Tribunal declared the evidence of the waived witnesses unevacuable and only received the testimony of Mr. Edwin Solano Villalta, after which both parties rendered their conclusions orally. (See minutes at images 275 to 282 of the electronic judicial file at the time of issuing the judgment and the digital record of the trial and inspection held).-\n\n12) This judgment is issued, after deliberation by the members of the Tribunal, within the fifteen-day period established in Article 111.1 of the Code of Administrative Contentious Procedure (*Código Procesal Contencioso Administrativo*), as this matter has been declared complex, considering the holidays on August 2 and 15, without perceiving any defects or omissions susceptible of generating nullity or defenselessness for the parties. Judge Madriz Martínez drafts with the affirmative vote of Judges Hidalgo Rueda and Conejo Cantillo.-\n\n**II.- REGARDING THE EVIDENCE TO BETTER RESOLVE:** The attorney-in-fact for the plaintiff offered, in the nature of evidence to better provide (*prueba para mejor resolver*): a lease contract for a dwelling house, entered into between Mr. Luis Diego Beltrán and Edwin Solano Villalta, on March 30, 2003. Considering that the evidence is not useful or pertinent for the decision to be made in the present litigation, this Tribunal determines not to admit it.-\n\n**III.- REGARDING THE PROVEN FACTS.** In accordance with the documentary evidence admitted in this proceeding and the evidence adduced at trial, the following facts are deemed proven:\n\n1. On June 9, 2008, with illegible entry and registration, the Constitutive Act of the \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\" was registered, executed on April 29, 2008, in which the appointment of the Board of Directors was made as follows: President: Carlos Alberto Fonseca Meza, Vice President: José Félix Calero Miranda, Secretary: Juan Carlos Vargas Araya, Treasurer: Juan Carlos Rosales Álvarez, First Board Member: Luis Diego Fernández Castro, Second Board Member: Hannia Linett Simipuy Moraga, Third Board Member: Sonia María Bermúdez, and as Auditor (*Fiscal*) Raquel Espinoza González. Article Seventeen stipulated as a power of the Board of Directors: \"to take the necessary agreements so that the Association fulfills its essential purposes,\" and in Article Eighteen, the power of the auditor: \"to supervise all economic operations and movements of the Association.\" (See images 69 to 73 of administrative file N°1).-\n\n2. The legal entity identification document for the \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José,\" number 3-002-546255, was valid from August 25, 2008, to August 25, 2018. (See image 68 of administrative file N°1).-\n\n3. Through public deed number thirty-five, granted before Notary Public Víctor Hugo Avendaño Jiménez, on December 17, 2008, América Entrerprises Incorporated S.A., legal entity number 3-101-20307, sold to the \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\" the property of the San José district, registration number 117842-000, located in San Miguel de Desamparados, under cadastral map SJ-808529-2002, with an area of 12,821.31 m2. Furthermore, it was transferred through the \"Guarantee Trust I-2084-2008\" to Banco Improsa S.A., in its capacity as Trustee, with the \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\" as the trustor and Banco Crédito Agrícola de Cartago as the beneficiary. (See images 333 to 321 of administrative file N° 1).-\n\n4. On March 30, 2009, the Municipalidad de Desamparados, at the request of América Empresas S.A., issued the Land Use Certificate (*Certificado de Uso de Suelo*) number PPT-C.U.S.-C-441-2009, for \"Residential Condominium,\" for the property referenced under cadastral map SJ-808529-2002, which stated: \"...In accordance with the Zoning Map of the Zoning Regulation of the Plan de Ordenamiento Territorial, published in the Official Gazette La Gaceta N° 243, of December 18, 2007, and taking as true the information contained in the cadastral map, the property is located in a SPORTS RECREATIONAL ZONE (ZRD). The use is NON-CONFORMING, according to Article 129 of the Zoning Regulation...\". Furthermore, it was indicated: \"...For purposes of processing the preliminary project (*anteproyecto*) for the Condominium, the following must be complied with: a. Application for review of the preliminary project signed by the responsible professional. b. Reference to the municipal granting of the land use certificate. c. Availability of stormwater discharge. d. Plan with existing and modified contour lines. e. Alignments and affectations issued by the relevant institutions (M.O.P.T, I.C.A.A, M.I.N.A.E, I.N.V.U, corresponding electricity companies). f. Bring the approval from the Comisión Costarricense de Nomenclatura, of the Instituto Geográfico Nacional of the MOPT, of the name to be given to the project. a. (sic) Availability of potable water issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados or by the rural aqueduct. Supported by a document signed by the person in charge of the aqueduct. If there is no potable water supply in the area, the approval of the water department of MINAE for drilling and exploitation of the well must be provided. d. Availability of sanitary sewerage. h. Present hydraulic design and calculation for the availability of stormwater discharge. Every project, before being definitively approved by the Municipality, must have the respective approval of the INVU. In matters not regulated by the Plan de Ordenamiento Territorial, it must comply with the current National Regulations of a supplementary nature. The land use certificate is for informational purposes, therefore it does not constitute a license nor does it generate a right to develop one activity or another, nor does it imply the obligation for any institution to grant permits or authorize the activity...\". (See images 12 to 08 of administrative file N°1).-\n\n5. Through money receipt N° 0057 dated May 5, 2009, the Asociación Pro Vivienda de Dios received from Mrs. Ana Monge Vargas, through Mr. Juan Carlos Rosales, and for the concept of \"payment on lot San Miguel,\" the sum of ¢ 1,700,000.00. (See image 11 of the electronic judicial file at the time of issuing this judgment).-\n\n6. Through resolution GTA-e-1341-11-2009 dated November 2, 2009, the appeal for review (*recurso de revisión*) filed by Mrs. Gloria Elena Corrales G, widow of Calvo, against the land use (*uso de suelo*) PPT-C.U.S.-C-441-2009 was heard, and it was resolved: \"...1. Regarding the opinion CTA-095-2007, which you mention as an antecedent to the procedure in question, it is important to clarify that as established in Transitory Provision IV: of the Plan de Ordenamiento Territorial: '...The land use certificates for urbanization, housing complex, and condominium projects, granted prior to the entry into force of this regulation, shall be valid for eight months, within which time the interested parties must have at least obtained the municipal approval for the respective preliminary project (*anteproyecto*). In order for the projects to be developed to preserve the conditions granted in those land use certificates. Otherwise, they shall expire and the projects must conform to the normative provisions of this regulation...'. Likewise, the cited opinion loses validity at the moment the new Regulatory Plan enters into force, as established by Article No. 15 of the Planning Law. In this sense, the conditions initially described in opinion CTA-095-2007 must adjust to the new zoning provisions regulated in the Plan de Ordenamiento Territorial. 2. In accordance with the zoning established in the Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados, published in La Gaceta No. 243 of December 18, 2007, the property cited in Cadastral Map SJ-808529-2002 is located as a sports recreational zone. 3. Given that the described zoning affected a private property upon which no formal expropriation proceeding had been executed, the zoning for residential purposes closest to the property is assumed, which is a medium-density residential zone, presenting the following characteristics according to Article 93 of the Plan de Ordenamiento Territorial: minimum lot area, with sewer network 200 m2, minimum lot area without sewer network 250 m2, minimum frontage 10 meters, maximum height four stories, maximum coverage 70%, front setback 2.5 meters, rear setback 3 meters, density: 40 dwellings per hectare. Said characteristics cannot be modified until the Regulatory Plan is modified, a process governed by Article 17 of the Urban Planning Law and in which we are precisely at this moment. 4. Regarding the issue of treatment of black and gray water, it is necessary to respect the areas established by the Regulatory Plan for the development of the lots. Likewise, according to the environmental study carried out on the property, the property presents soils favorable for water infiltration given their high porosity and conductivity, a situation that mandates seeking a solution for managing this water that is different from the traditional septic tank, which has proven to be highly contaminating for surface waters. As you rightly state in your appeal, what is sought is to minimize the contaminating effect that the waters produce, rather than reducing the volume of water generated by this concept. Hence, the septic tank solution is not a viable alternative for this particular property. The cost that the implementation of a treatment plant for a social interest project could eventually generate is understandable; however, the developer must propose an alternative that is duly endorsed by the Ministry of Health to solve the adequate management of these waters and thus comply with the requirements established by this Municipality. Finally, given the situation already expressed regarding the requirements established in the Regulatory Plan and the construction proposal set forth, the Gestión Territorial Ambiental could only assess a modification of the established conditions, provided a study of Environmental Fragility Indices (Índices de Fragilidad Ambiental, IFAs) is presented, at a scale of 1:1000, showing in detail the environmental, geological, geomorphological, hydrological, and general soil-support capacity conditions for that specific property. However, until such detailed studies are available, the conditions established in points 3 and 4 of this official communication must be respected...\". (See images 30 and 31 of administrative file N°1).-\n\n7. Through money receipt N° 0085 dated November 25, 2009, the Asociación Pro Vivienda de Dios, through Mr. Juan Carlos Rosales, received from Mrs. Ana Monge, for the concept of \"payment on the lot,\" the sum of ¢ 1,300,000.00. (See image 11 of the electronic judicial file at the time of issuing this judgment).-\n\n8. Through technical report DPM-INF-327-2010 of April 27, 2010, Geologist Juan Ignacio Chaves Salas, from the Department of Prevention and Mitigation, of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención (CNE), assessed the risk condition of property SJ-1340559-2009 and concluded: \"...1. The land is suitable for carrying out any type of project, as long as the structure complies with what is established by the Código Sísmico and Cimentaciones de Costa Rica, and a 15-meter river protection zone is respected. 2. Furthermore, a hydrological study must be provided that determines the characteristics of the water channeling drainages to prevent waterlogging in the zone, and a slope stability study to determine the safety of the hillsides...\". (See images 113 to 115 of administrative file N°1).-\n\n9. Through money receipt N° 0091 dated March 3, 2010, the Asociación Pro Vivienda de Dios, through Mr. Juan Carlos Rosales, received from Mrs. Ana Monge Vargas, for the concept of \"payment for lawyer,\" the sum of ¢ 70,000.00. (See image 10 of the electronic judicial file at the time of issuing this judgment).-\n\n10. On June 30, 2010, the Municipalidad de Desamparados, at the request of Carmen Gómez Piedraita, issued the Land Use Certificate (*Certificado de Uso de Suelo*) number PPT-C.U.S.-C-252-2010, for \"Residential Condominium,\" for the property referenced under cadastral map SJ-1340559, which stated: \"...In accordance with the Zoning Map of the Zoning Regulation of the Plan de Ordenamiento Territorial, published in the Official Gazette La Gaceta N° 243, of December 18, 2007, and taking as true the information contained in the cadastral map, the property is located in a SPORTS RECREATIONAL ZONE (ZRD). The use is NON-CONFORMING, according to Article 129 of the Zoning Regulation...\". Furthermore, it was indicated: \"...For purposes of processing the preliminary project (*anteproyecto*) for the Condominium, the following must be complied with: a. Application for review of the preliminary project signed by the responsible professional. b. Reference to the municipal granting of the land use certificate. c. Availability of stormwater discharge. d. Plan with existing and modified contour lines. e. Alignments and affectations issued by the relevant institutions (M.O.P.T, I.C.A.A, M.I.N.A.E, I.N.V.U, corresponding electricity companies). f. Bring the approval from the Comisión Costarricense de Nomenclatura, of the Instituto Geográfico Nacional of the MOPT, of the name to be given to the project. a. (sic) Availability of potable water issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados or by the rural aqueduct. Supported by a document signed by the person in charge of the aqueduct. If there is no potable water supply in the area, the approval of the water department of MINAE for drilling and exploitation of the well must be provided. d. Availability of sanitary sewerage. h. Present hydraulic design and calculation for the availability of stormwater discharge. Every project, before being definitively approved by the Municipality, must have the respective approval of the INVU. In matters not regulated by the Plan de Ordenamiento Territorial, it must comply with the current National Regulations of a supplementary nature. The land use certificate is for informational purposes, therefore it does not constitute a license nor does it generate a right to develop one activity or another, nor does it imply the obligation for any institution to grant permits or authorize the activity...\". (See images 55 to 60 of administrative file N°1).-\n\n11. Through resolution OP-e-601-2010 dated September 28, 2010, from the Public Works Process of the Municipalidad de Desamparados, in relation to cadastral map SJ-1340559-2009 belonging to property 1-117842-000, the following was determined: \"...Regarding the availability of stormwater discharge; based on the proposal submitted for the project and the field observations carried out on the slopes of the Cucubres River, its geotechnical behavior has significantly altered the dynamics of the Cucubres River, causing overflows and a condition of waterlogging on the land corresponding to cadastral map SJ-1340559-2009, therefore the requested stormwater discharge is not considered viable...\". (See images 116 to 119 and 131 of administrative file N° 1).-\n\n12. Through a written submission dated October 25, 2010, Mr. Carlos Fonseca Meza, in his capacity as President of the \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José,\" filed an appeal for reversal with subsidiary appeal (*recurso de revocatoria y apelación en subsidio*) against resolution OP-e-601-2010. (See images 201 to 209 of administrative file N° 1).-\n\n13. Through money receipt N° 0121 dated November 3, 2010, the Asociación Pro Vivienda de Dios received from Mrs. Ana Monge, for the concept \"illegible,\" the sum of ¢ 5,000.00. (See image 10 of the electronic judicial file at the time of issuing this judgment).-\n\n14. Through resolution N° 0003-2011 at 3:00 p.m. on January 27, 2011, Architect Jéssica Martínez Porras, Coordinator of Gestión Territorial Ambiental, and Engineer Jesús Chinchilla González, Coordinator of the Public Works Process, both of the Municipalidad de Desamparados, rejected the appeal for reversal filed against resolution OP-e-601-2010. (See images 244 to 255 of administrative file N°1).-\n\n15. Through official communication DU-i-0461-05-2011 dated May 19, 2011, the Dirección de Urbanismo of the Municipalidad de Desamparados requested a re-evaluation of the Comisión Nacional de Emergencias report DPM-INF-327-2010. (See images 257 to 261 of administrative file N° 1).-\n\n16. Through a resolution at 10:00 a.m. on May 31, 2011, the Mayor's Office (*Alcaldía*) of Desamparados rejected the appeal filed against resolution OP-e-601-2011 and confirmed resolution N° 0003-2011. The president of the \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\" filed an appeal for reversal with subsidiary appeal against said resolution on June 10, 2011. (See images 281 to 285 and 270 to 278 of administrative file N°1).-\n\n17. Through a written submission dated October 27, 2011, the president of the \"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\" requested the application of the Positive Silence (*Silencio Positivo*). (See images 288 to 290 of administrative file N°1).-\n\n18. Through a resolution at 10:00 a.m. on July 27, 2011, the Mayor's Office of Desamparados rejected the appeal for reversal filed against the resolution of May 21, 2011, and ordered the appeal to be elevated to the Tribunal Contencioso Administrativo. (See images 302 to 305 of the administrative file).-\n\n19. Through a resolution at 3:00 p.m. on November 10, 2011, the Mayor's Office of Desamparados declared the application of Positive Silence (*Silencio Positivo*) inadmissible. (See images 292 to 300 of administrative file N°1).-\n\n20. Through resolution N° 247-2012 at 11:30 a.m. on June 22, 2012, the Second Section of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, acting as an improper hierarchical superior (*jerarca impropio*), confirmed the challenged act, i.e., the resolution of May 31, 2011, issued by the Municipal Mayor's Office, and deemed the administrative remedy exhausted (*vía administrativa agotada*). (See images 309 to 312 of administrative file N°1).-\n\n21. On October 31, 2013, the Municipalidad de Desamparados, at the request of Mr. Francisco Miralles Caravaca, issued the Land Use Certificate (*Certificado de Uso de Suelo*) number PPT-C.U.S.-C-636-2013, for \"Residential Condominium,\" for property 117842, under cadastral map SJ-808529-2002, which stated: \"...In accordance with the Zoning Map and the Regulation of the Plan de Ordenamiento Territorial, published in the Official Gazette La Gaceta N° 243, of December 18, 2007, and taking as true the information contained in the cadastral map, the property is located in a SPORTS RECREATIONAL ZONE (ZRD). Therefore, the use for Residential Condominium is NON-CONFORMING, according to Article 129 of the Zoning Regulation...\". (See images 340 to 359 of administrative file N°1).-\n\n22. Through a resolution at 11:00 a.m. on February 11, 2014, the Mayor's Office of the Municipalidad de Desamparados resolved: \"...\n\nIn accordance with the arguments of fact and law presented, the appeal filed against the land-use certificate (certificado de uso de suelo) UPT-CUS-H-636-2013 dated October 31, 2013, is denied, as it is found to be in accordance with the law. In turn, the Planning Department (Dirección de Urbanismo) is ordered to prepare a report on the reasons why land-use certificate PPT-CUS-C-252-2010 was granted as compliant for low-density residential use on the property described in cadastral plan SJ-808529-2002, in order to order the corresponding actions in this regard. Against this resolution and in accordance with Article 162 of the Municipal Code, you may file an appeal for reconsideration (recurso de revocatoria) before the Municipal Mayor's Office and an appeal (recurso de apelación) before the Contentious-Administrative Court, which must be filed at the office of the Municipal Mayor's Office, within the fifth business day following the notification of this resolution. Notify...\\\". (See images 360 to 362 of administrative file No. 1).\n\n23. By resolution at 10:00 a.m. on March 13, 2014, the Mayor's Office of the Municipality of Desamparados denied the \\\"appeal\\\" filed against the resolution of February 11, 2013, and ordered the appeal to be elevated to the Contentious Administrative and Civil Treasury Court. (See images 365 and 366 of administrative file No. 1).\n\n24. By resolution No. 159-2015 at 2:10 p.m. on April 9, 2015, the Third Section of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, acting as an improper hierarch, granted the appeal and annulled the resolution of the Municipal Mayor's Office at 11:00 a.m. on February 11, 2014, and by connection the land-use certificate PPT-CUS-H-636-2013, and deemed the administrative channel exhausted. (See images 83 to 91 of administrative file No. 2).\n\n25. On May 11, 2016, the Municipality of Desamparados, at the request of Enoc Bermúdez Estrada, issued Land-Use Certificate number PPT-C.U.S.-C-506-2016, for \\\"Condominio Residencial\\\", for property 117842, under cadastral plan SJ-1340559-2009, in which it was ordered: \\\"...In accordance with the Zoning Map and the Regulation of the Territorial Planning Plan, published in the Official Gazette La Gaceta No. 243, of December 18, 2007, and taking as true the information contained in the cadastral plan, the property is located in a RECREATIONAL SPORTS ZONE (ZONA RECREATIVA DEPORTIVA, ZRD). Therefore, the use for Condominio Residencial is NON-COMPLIANT, according to Article 129 of the Zoning Regulation...\\\". (See image 000 of administrative file No. 3).\n\n26. By means of a writing without a drafting date or received stamp, Engineer Félix Calero Miranda, requested before the Municipality of Desamparados, the review of the Preliminary Project/Pro-Housing Association Proyecto de Dios, San Miguel de Desamparados. (See image 012 of administrative file No. 3).\n\n27. By official letter CR-389-17 dated May 30, 2017, Mr. Gustavo Zeledón Céspedes, Urban Planning Coordinator of the Municipality of Desamparados, replied to Mr. Calero Miranda: \\\"...I inform you that land certificate PPT-CUS-506-2016, determined the land use as Non-Compliant, given that the property is located in a Recreational Sports Zone (ZRD), a zone in which residential use is considered Non-Compliant. On the other hand, there is no approval for stormwater drainage (desfogue pluvial), both approvals are vital for determining the viability of a construction project...\\\". (See image 014 of administrative file No. 3).\n\n28. By resolution UCU-REV-025-2017 at 11:40 a.m. on October 12, 2017, the Urban Control Unit, heard the appeal for reconsideration filed by Engineer Calero Miranda against official letter CR-389-17, and ordered: \\\"...The appeal is partially granted in view that land-use certificate PPT CUS C 252 2010, remains in force and it determined residential use as compatible in its area of influence. However, the availability of stormwater drainage and other requirements indicated in Article 48 of the POT are not present in the application. Likewise, the Urban Planning Unit may make observations on the architectural proposal, again noting the requirement of the pending requirements to be provided. Notify....\\\". (See image 021 of administrative file No. 3).\n\n29. By resolution No. A22-228-17 at 10:00 a.m. on November 9, 2017, the Municipal Mayor's Office of Desamparados, heard the appeal filed by Engineer Calero Miranda, against official letter CR-389-17, and ordered: \\\"...In accordance with the arguments of fact and law presented, the appeal against official letter CR-389-17 dated May 30, 2017, is partially granted regarding the validity of land-use certificate PPT-CUS 252 2010 for the purposes of the review of a preliminary project on the property described in cadastral plan SJ-1340559-2009. What was resolved regarding the presentation of the availability of stormwater discharge to be able to evaluate the preliminary project is upheld. Against this resolution and in accordance with Article 162 of the Municipal Code, you may file the appeals for reconsideration before the Municipal Mayor's Office and the appeal before the Contentious-Administrative Court, which must be filed at the office of the Municipal Mayor's Office, within the fifth business day following the notification of this resolution. Notify...\\\". (See images 28 to 35 of administrative file No. 3).\n\n30. On July 30, 2024, the Court traveled to the area where a judicial inspection (reconocimiento judicial) had been requested in San Miguel de Desamparados, the place where, as indicated by both parties in the process, the Housing Project, called \\\"Proyecto de Dios\\\", was to be developed. Thus, as recorded in the video of the judicial inspection, at the first vertex there is no access to the property, as it has a fence with zinc sheets, observing from a distance and above the sheets, an irregular terrain with scrub and weeds. The Court, at the request of both parties, traveled to another vertex of the land where the parties said the Housing Project, called \\\"Proyecto de Dios\\\", was to be developed, where there is no access to the property, observing a private property sign, and in the distance an irregular terrain with scrub and weeds is observed. (See the digital backup of the judicial inspection)\n\n31.- Mr. Edwin Solano Villalta, witness in this case and former spouse of the plaintiff, declared at trial that he was the one who supplied the money to Mrs. Ana Monge Vargas, to make the payments corresponding to money receipts No. 0057, 0085, 0091, and 0121. (See the digital backup of the oral and public trial)\n\nIV.- ON THE UNPROVEN FACTS: Of interest for the resolution of this matter, the following is deemed not demonstrated:\n\n1) That Mrs. Ana Yensi Monge Vargas, was an active member of the \\\"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\\\" (there is no evidence in the case file).\n\n2) That Mrs. Monge Vargas was granted a certificate of recognition for being part of Proyecto de Dios (there is no evidence in the case file).\n\n3) That Mrs. Monge Vargas effectively bought a lot, from the Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José or from the Trustee Banco Improsa S.A., in San Miguel de Desamparados (there is no evidence in the case file).\n\n4) That the monies paid by Mrs. Monge Vargas to the Asociación Pro Vivienda de Dios, are the proceeds of a bank loan (there is no evidence in the case file).\n\n5) That the \\\"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\\\", presented the requirement for a solution for the availability of stormwater discharge before the Municipality of Desamparados, in order to proceed to evaluate the preliminary project since 2010 (there is no evidence in the case file).\n\n6) That the plaintiff Monge Vargas had personally filed any action, application for a use permit, or construction license to achieve the approval of a housing project before the Municipality of Desamparados, related to the land giving rise to this judicial dispute (devoid of proof).\n\n7) That the plaintiff Monge Vargas had obtained in her favor from the Municipality of Desamparados, any administrative endorsement that generated a legitimate interest or subjective right for her to build a dwelling on the land subject to this litigation (it is not extracted from the examined evidence).\n\n8) That the Commune of Desamparados ordered any monetary contribution to be made, or that it had any participation in relation to the economic sums that the plaintiff stated she provided to the Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios (it is not extracted from the case file).\n\nV.- ON THE PARTIES' ARGUMENTS: The legal representative of the PLAINTIFF, states that his client joined the Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios, of San Miguel de Desamparados, legal identification 3-002-546255, as of December 16, 2008. He indicates that the plaintiff made several capital contributions for the acquisition of a lot for her family group consisting of her husband and two children, which amounted to THREE MILLION COLONES (3,000,000.00). From the time she requested to become a member until 2017, she spent a total of TWELVE MILLION SIX HUNDRED THOUSAND COLONES (12,600,000.00) on housing rent. He added that in 2010, the Association to which his client belongs, carried out the pertinent administrative procedures before the Municipality of Desamparados to obtain the permits for the construction of the dwellings. However, the Municipality, through the Engineering Department, determined that the land-use certificate PPT-CUS 252-2010, was not in force and halted the procedure, and with it the start of the works, until by resolution of the Contentious Administrative Court, it was determined that the land-use certificate for the Association's housing project, was still in force, so there was no reason for the procedure to have been rejected. He considers that this action by the Municipality was crucial in preventing his client from fulfilling her dreams of decent housing. On May 23, 2017, that is, seven years later, based on what was resolved by the Contentious Administrative Court, the approval of the housing project was requested, being rejected again by official letter CR-389-17, on the grounds that the land use was not in force and that furthermore the land was located in a sports zone. That is, in 2010, the nature of a sports zone did not exist and it was thus approved and endorsed with the land-use certification, however, with the evolution and change of regulations to date, the land's capacity for use to build a larger number of dwellings was reduced due to the current nature of the zone. He points out that against what was resolved by the Territorial Planning Unit, appeals for reconsideration and appeal were filed, so the Urban Control Unit, partially granted the reconsideration, indicating that indeed the land-use certificate PPT-CUS 252-2010, was still in force. The paralysis of the project in 2010, due to an unfortunate and irresponsible interpretation by the Municipality of Desamparados regarding the validity of the land-use certificate, forced the halt of the administrative procedures to obtain the permits for the approval of the project and the construction of the dwellings, which caused the project to no longer be viable. The land where the dwellings were to be built, was acquired through loans, in which his client became a debtor. The freezing of more than seven years, caused serious damages to each member, including his client. The idea of buying a lot was to stop paying rent and seek social and family stability with decent housing. Instead, having no housing and applying for a loan to acquire a condominium for the sum of six million colones, was the only alternative to stop paying rent once the project ceased to be viable. The land today is held in a trust (fideicomiso) in the name of Banco Improsa, after the bankruptcy of Bancrédito, which was the initial entity with which the loan was made for the purchase of the land. He considers that the financial situation of the members is mostly the same, they stopped paying their respective loans, there is no capital or financing to continue today with the project, as more than seven years, since the Municipality of Desamparados stopped the procedures, prevented the dreams of having their own home from becoming a reality. For its part, the representation of the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS, states that the plaintiff, does not present evidence that the Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados, filed administrative procedures to obtain the construction permits in 2010. It indicates that what happened in 2010, was that Mrs. Carmen Gómez Piedraita requested a land-use certificate for \\\"Condominio Vertical de Interés Social\\\" on the property registered under real folio 1-117842-000, described in cadastral plan SJ-1340559-2009, which was resolved by land-use certificate No. PPT-CUS-252-2010 dated June 30, 2010. Subsequently, through Municipal Services Platform procedure No. 14515-2013, an interested party named Francisco Miralles Caravaca, submitted a request for a land-use certificate for the construction of a residential condominium. The Territorial Planning Unit, through land-use certificate UPT-CUS-H-636-2013 dated October 31, 2013, in accordance with Article 129 of the Partial Territorial Planning Plan of the Canton of Desamparados, declared the requested use non-compliant because the property is located in a recreational sports zone, which was appealed by the interested party through Services Platform procedure 17174-2013 dated December 9, 2013, initiating the recursive ladder provided in Article 162 of the Municipal Code (current art. 171 of the CM), which was finally resolved by the Third Section of the Contentious Administrative Court, by resolution No. 159-2015 at 2:10 p.m. on April 9, 2015, ordering the annulment of the appealed land-use certificate. It also affirms that on May 23, 2017, a Civil Engineer named Félix Calero Miranda, license IC-5859, through Services Platform procedure No. 11189-2017 dated May 23, 2017, requested the assessment of a preliminary project for a residential project in the vertical condominium modality, on the property described in cadastral plan SJ-1340559-2009, a project in the name of the Asociación Pro-Vivienda Proyecto de Dios. This procedure was rejected by official letter CR-389-17 dated May 17, 2017, for two reasons: the first, because it considered that the reference property was located in a recreational sports zone, according to what was resolved in land-use certificate PPT-CUS-506-2016 dated May 11, 2016, requested by an interested party named Enoc Bermúdez Estrada, which indicated that residential use is a non-compliant activity; and second, because to hear a preliminary project procedure, it was necessary to present the requirement of prior approval by the Municipality of Desamparados, of the stormwater drainage availability procedure. What is not true, is that in 2010, the recreational sports zone zoning where that property is located did not exist, as it was established in the zoning map of the Partial Territorial Planning Plan of the Canton of Desamparados, which has been in force since its publication in the Official Gazette La Gaceta No. 218 dated December 17, 2008. Then, Mr. Félix Calero Miranda, through services platform procedure No. 12059-2017 dated June 13, 2017, filed an appeal for reconsideration with a subsidiary appeal against official letter CR-389-17 dated May 17, 2017, so the Urban Control Unit, by resolution UCU REV- 025-2017 at 11:40 a.m. on October 12, 2017, resolved to partially grant the appeal for reconsideration in that it maintained the validity of land-use certificate PPT-CUS 252 2010; in all other respects it rejected the appeal filed, due to the lack of the requirement of the approved stormwater discharge availability procedure. For its part, the Municipal Mayor's Office, by resolution AM-228-17 at 2:10 p.m. on November 9, 2017, resolved to partially grant the appeal, ordering the validity of land-use certificate PPT-CUS-252-2010 to be maintained, for the purposes of the subsequent review of the preliminary project procedure, but maintaining what was resolved regarding the need for the interested party to present the stormwater drainage availability procedure, in order to evaluate that type of request. It considers it timely to make the following clarifications: a) The validity of land-use certificate PPT-CUS-252-2010 dated June 30, 2010, was maintained, by virtue of what was resolved by the Third Section of the Contentious Administrative Court, through resolution No. 159-2015 at 2:10 p.m. on April 9, 2015. b) Indeed, to evaluate the application for a preliminary project, the published requirements must be met, in this case those established in articles 48 and 51 of the Partial Planning Plan of the Canton of Desamparados. It must be noted that the prior fulfillment of requirements for the approval of a procedure or application by an administered party, is part of the sovereign power known as \\\"police power,\\\" which is employed when applications for authorizations, permits, and licenses must be resolved, in order to verify beforehand compliance with the requirements that must mediate for the approval of an act of that nature, and subsequently to supervise that the approved act conforms to what was administratively authorized. Moreover, when an administrative procedure entails the fulfillment of requirements, it becomes a regulated act, which consists of verifying compliance with the factual or legal preconditions contained in the rule, which once their compliance is verified, lead to the approval of the procedure in question. Regulated administrative acts are typical of procedures that involve the approval of a license by a Municipality, such as construction permits and their requirements, as is the case of a preliminary project and the availability of stormwater drainage. c) The property registered under real folio of the San José registry No. 117842-000, where the reference housing project is intended to be developed, is the registered property of Banco Improsa S.A., in its condition as trustee of the trust constituted by the Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados in favor of Banco Crédito Agrícola de Cartago. This situation is important because Engineer José Félix Calero, who managed the preliminary project procedure, did not present any authorization from the trustee, to process the preliminary project application, nor did he provide at least a professional services contract through which he assumed the professional direction of the project. It points out that it is not true that its represented party has paralyzed any housing project on the property registered under real folio 1-117842-000. While it is true, that there has been some controversy, in relation to certain procedures, such as the land-use certification of that property, because it is located in a recreational sports zone according to the zoning map of the Territorial Planning Plan, such situation has been resolved before the respective administrative and judicial instances. It concludes by stating that it suffices with the simple observation that between one and another land-use application procedure presented by various interested parties, up to the application for the study of a preliminary project, years simply and plainly pass between one procedure and another, which is not the responsibility of the Municipality, but of those interested in the processing and obtaining of the project, whether Banco Improsa S.A. as owner and trustee of that property or those it duly authorizes, to which it must be emphasized, that under that precept, there has been no authorization from that banking entity, since land-use certificates can be requested by any interested party, and in the case of the aforementioned preliminary project, Engineer Félix Calero Miranda, requested it in his personal capacity, without any authorization from that banking entity, or from any other person legitimated to carry out that bureaucracy, as can be corroborated in the administrative file of that application.\n\nVI.- ON STATE LIABILITY: Regarding the objective liability of the Administration, this has been an aspect that has been developed on multiple occasions by the different sections of this Court, as well as by the First Chamber of the Supreme Court of Justice since long ago, where in different resolutions the shift regarding administrative liability and the elimination of the State's exoneration privilege has been explained, based on Articles 9, 41, 11, 148, and 194 of the Political Constitution and numerals 190 and following of the General Law of Public Administration -LGAP- (as an example, the judgments of the First Chamber numbers 025-F-99 at 2:15 p.m. on January 22, 1999, and 589-F-99 at 2:20 p.m. on October 1, 1999, and of this same Section, vote No. 42-2023 at 7:35 a.m. on July 21, 2023, may be consulted). Now, as a result of the jurisprudential development on the subject, it is well known that the Public Administration is liable for its lawful and unlawful conduct or for its normal or abnormal functioning, according to normative precept 190 of the LGAP, a liability that is preeminently objective in nature and that can be generated both by action and by omission, that is, by a specific action or by the failure to carry out a certain conduct that the legal system imposes and that causes damage, this last assumption being precisely what Mr. Navarro Vargas has manifested in the case under study. However, despite the progress and opening that has occurred regarding objective liability, it has also been repeatedly held, that the compensation for damages that may arise from public power, is subject to the ability to demonstrate, first, its existence, and then, the causal link (nexo causal) between what is claimed and the conduct challenged, which allows the State to be attributed patrimonial liability for its conduct, whether by action or omission. Consequently, only when it is established that such damages are a direct or indirect consequence of that conduct, will the compensatory sanction be viable, with the victim bearing such demonstration in accordance with the principle of onus probandi or burden of proof, as stipulated in Article 41.1) of the current Civil Procedure Code -formerly numeral 317-, through any of the evidentiary mechanisms allowed by the legal system. The foregoing is because the judicial authority could not proceed from conjecture, nor assume that damages have occurred when the party claiming them has not claimed them, or, having done so, has not been able to demonstrate that they were indeed caused or would have occurred as a consequence of administrative conduct. The demonstration of the damage and its causal link, is therefore unavoidable in the dynamic of the objective regime of administrative liability, ergo, if they are not accredited, they could not be subject to reparation. Precisely because of that circumstance, and in order to prevent any unjust enrichment of the alleged victim, the causal link constitutes a sine qua non requirement for the emergence of patrimonial liability, a connection that becomes imperative to carry out the judgment of imputability and to establish the existing relationship between the injury suffered by the person who constitutes the victim and the duty to compensate by the causing public entity. At the doctrinal and jurisprudential level, there are various theories to determine causality, which has produced different positions in this regard [e.g. the theory of the equivalence of conditions and the adequate cause]. In this sense, the First Chamber in its judgment number 000584-F-2005 at 10:40 a.m. on August 11, 2005, developed the concept of efficient and adequate causality, stating the following: “(…) The causal link as a prerequisite for liability. The diverse typology of causes. Having established in this case, the abnormality and unlawfulness of the omissive behavior, it remains to establish whether that pathological administrative inaction was or was not the cause of the claimed injury, and specifically, of the death of Mr. (...), since for the estimation of the claim it is essential to verify the existence of the causal link, in its traditional notion of cause-effect. In this regard, it is worth recalling that in the production of the damage, multiple factors often concur, within which it is necessary to determine those that directly or indirectly are the efficient and adequate cause of the harm caused (on the proximate, adequate, and efficient cause, the already cited judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 252-F-01, at 4:15 p.m. on March 28, 2001, may be consulted). In that confluence of factual or legal elements that surround the harmful situation, it will be necessary to establish the apt action or omission that caused the consequence; displacing those that have had no influence on the result (extraneous causes), from those that, had they not taken place, would have avoided the impairment. It is a kind of objective analysis, through which it can be affirmed that with such action or omission it is logical or probable that the specific damage will occur (…)” [the bold is in the original judgment]. Well, having reached this point, it is clear that the objective liability regime of the State is developed in numerals 9, 41, 11, 148, and 194 of the Political Constitution and Articles 190 and following of the General Law of Public Administration, from which the concurrence of indispensable preconditions for the Administration's liability to arise is extracted, which does not center on the subjective element in the sense that there is intent or fault, but on the existence of damage that the victim has no legal duty to bear, and that there must be a link between the generation of damage and the causal link in the attribution of lawful, unlawful conduct, or abnormal functioning, since it is not enough to demonstrate having suffered an injury, but it becomes necessary to evidence the direct causal relationship between the alleged damage and the harmful conduct reproached to the administrative organization. Having set out the foregoing general notions, the specific case presented will now be analyzed.\n\nVII.- ON THE SPECIFIC CASE: After evaluating the arguments of both parties, as well as the evidence in the case file, this Court considers that the approach taken by the plaintiff is not acceptable, for the reasons that will be stated below. In the present case, we are in the presence of a civil treasury process since its substantial object is the compensation or indemnification for alleged damages caused by administrative conduct of the Municipality of Desamparados, specifically for the alleged paralysis of the study of the preliminary project called \\\"Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\\\", upon considering that land-use certificate PPT-CUS 252 2010, dated June 30, 2010, of \\\"non-compliant use\\\", as the property under cadastral plan SJ-1340559-2009 is located in the Recreational Sports Zone (ZRD), but adding in its content that \\\"...however, the use does not present a negative impact and is a compatible use in its area of influence, so a low density is recommended in accordance with the Environmental Fragility Indices. However, given that the POT zoning establishes in its spirit the need to have recreational spaces in the sector. The interested party must provide a minimum area of 20% of the total land to be used in recreational areas and service cores\\\", establishing a series of requirements, and indicating that for the purposes of processing the preliminary Condominium project, it had to comply with the following: \\\"a. Application for review of the preliminary project signed by the responsible professional. b. Reference of the municipal granting of the land-use certificate. c. Availability of stormwater discharge. d. Plan with existing and modified contour lines. e. Alignments and encumbrances extended by the relevant institutions (M.O.P.T, I.C.A.A, M.I.N.A.E, I.N.V.U, corresponding electricity companies) f.\n\nBring approved by the Costa Rican Commission on Nomenclature, of the National Geographic Institute of the MOPT, the name that will be given to the project. a. (sic) Potable Water Availability issued by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers or by the rural aqueduct. Supported by a document signed by the person responsible for the aqueduct. In the event that there is no potable water supply in the area, the approval of the water department of MINAE must be provided for drilling and exploitation of the well. d. Sanitary Sewer Availability. h. Present hydraulic design and calculation for the stormwater discharge availability. Every project, before being definitively approved by the Municipality, must have the respective approval of the INVU. In matters not regulated by the Land Use Plan (Plan de Ordenamiento Territorial), it must comply with the current National Regulations of a supplementary nature. The land-use certificate (certificado de uso del suelo) is for informational purposes only, therefore it does not constitute a license nor does it generate a right to develop one activity or another, nor does it imply the obligation for any institution to grant permits or authorize the activity...\\\" (See images 55 to 60 of administrative file No. 1). In that regard, the plaintiff claims payment for the following damages: -ECONOMIC DAMAGE: TWENTY-ONE MILLION SIX HUNDRED THOUSAND COLONES, consisting of the contributions made to the Association for the purchase of the land and the loan for the payments of the administrative procedures for permits and the existing debt with a banking entity related to the same matter that is pending today. -SUBJECTIVE MORAL DAMAGE: FIFTEEN MILLION COLONES, for the moral suffering that this caused the plaintiff and her family due to a dream that did not come true. -LOSSES: SEVENTEEN MILLION COLONES, as a result of new payments to build a dwelling in Alajuelita, where she could live with her family in view of the failed project. However, for the damage to be compensable, it must be effective (article 196 of the General Law of Public Administration). This implies that the damage cannot be hypothetical, but real or certain, which then entails the indispensable need to prove its existence in accordance with the procedural rules of the burden of proof, a burden that in this case corresponds to the plaintiff and which, in the case under study, this Court does not consider accredited that the Municipality of Desamparados has caused any patrimonial harm to the plaintiff. Furthermore, said damage must derive from or be a consequence of a conduct (action or omission) of the defendant entity (causal nexus or causality), which must also be proven. However, in the case at hand, the plaintiff does not prove the real existence of the damages she claims and, above all, that they were caused by conduct—active or omissive—of the Municipality of Desamparados for not continuing with the evaluation of the requirements for the approval of the preliminary project (anteproyecto) of Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José. Indeed, the plaintiff failed to demonstrate with suitable and reliable evidence that the Municipality's conduct, demanding the presentation of requirements with normative and technical support, was the cause of the alleged stoppage of the project, given that it is clear from the case file that it was rather the inaction of the Association that led to that result. As has been proven in the case file, through resolution OP-e-601-2010 dated September 28, 2010, the Public Works Process of the Municipality of Desamparados, in relation to cadastral map SJ-1340559-2009 belonging to property 1-117842-000, ruled: \\\"...Regarding the availability of stormwater discharge; based on the proposal submitted for the project and the field observations made on the slopes of the Cucubres River, its geotechnical behavior has significantly altered the dynamics of the Cucubres River, causing overflows and a flooding condition on the land, corresponding to cadastral map SJ-1340559-2009, therefore the requested stormwater discharge is not considered viable...\\\". (See images 116 to 119 and 131 of administrative file No. 1), leaving with total clarity the lack of requirement h) of the land-use certificate PPT-C.U.S.-C-252-2010 dated June 30, 2010, which is why through a document dated October 25, 2010, Mr. Carlos Fonseca Meza, in his capacity as President of the \\\"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\\\", filed a petition for revocation and subsidiary appeal against resolution OP-e-601-2010. (See images 201 to 209 of administrative file No. 1). Therefore, the Municipality of Desamparados, through resolution No. 0003-2011 of 3:00 p.m. on January 27, 2011, Arch. Jéssica Martínez Porras, Coordinator of Territorial Environmental Management, and Eng. Jesús Chinchilla González, Coordinator of the Public Works Process, rejected the petition for revocation filed against resolution OP-e-601-2010. (See images 244 to 255 of administrative file No. 1). Subsequently, through a resolution at 10:00 a.m. on May 31, 2011, the Mayor's Office of Desamparados rejected the appeal filed and confirmed resolution No. 0003-2011. For his part, the president of the \\\"Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José\\\" again filed a petition for revocation and subsidiary appeal against said resolution. (See images 281 to 285 and 270 to 278 of administrative file No. 1), with the former being resolved through a resolution at 10:00 a.m. on July 27, 2011, by the Mayor's Office of Desamparados, which rejected the petition for revocation filed against the resolution of May 21, 2011, and ordered the Appeal to be elevated before the Administrative Contentious Tribunal. (See images 302 to 305 of the administrative file). Later, through resolution No. 247-2012 at 11:30 a.m. on June 22, 2012, the Third Section of the Administrative Contentious and Civil Treasury Tribunal, acting as an improper superior, confirmed the challenged act, that is, the resolution of May 31, 2011, issued by the Municipal Mayor's Office, and deemed the administrative channel exhausted. (See images 309 to 312 of administrative file No. 1). Without said resolution having been challenged in the judicial venue. Thus, considering that according to the validity of the land-use certificate PPT-C.U.S.-C-252-2010 dated June 30, 2010, the processing for the approval of the preliminary project remains lacking requirements that must be screened by the defendant Municipality, and that it does not correspond to this Jurisdictional Body to arrogate powers proper to the Administration, this Chamber of Judges concludes that the plaintiff has not been able to demonstrate that the municipal authorities blocked, without legal justification, the presentation of the aforementioned preliminary project, since it is certain that it was limited to ensuring full compliance with the requirements established in the Regulatory Plan, known as the Land Use Plan of the Canton of Desamparados. On the other hand, it has also not been verified, as the plaintiff alleges, the existence of objective liability (responsabilidad objetiva) of the Municipality of Desamparados through its officials, in the decision-making to authorize the housing project promoted by the Asociación Vivienda Proyecto, much less the inescapable causal nexus between the alleged harmful conduct and the claimed damage, which is why the requested claims are rejected.\n\nVIII.- ON THE LACK OF PASSIVE LEGITIMACY (LEGITIMACIÓN PASIVA) NOTED EX OFFICIO: Legitimacy is a material prerequisite of the procedural relationship reviewable ex officio, for which it is necessary to point out that for a long time, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated that standing to sue (legitimación ad causam) refers to the condition of the holder of the right (the plaintiff) and of the person obliged to the provision (the defendant). In that sense, those persons who are legally and directly going to be affected in their rights by the judgment have standing in the cause. Thus, for the effective concurrence of that standing, the existence of a direct and legitimate interest of the one who demands (active) and against whom action is taken (passive) becomes necessary. The latter—of interest in the case under study—presupposes that the defendant must be the person, whether natural or legal, to whom it corresponds by law to oppose the plaintiff's claim or against whom the law allows the substantial legal relationship subject of the lawsuit to be declared. Seen another way, passive legitimacy exists when the defendant is the subject who must satisfy the required provision, that is, due to the factual and legal circumstances argued, it is the one who must respond and attend to the stated provision. (In this regard, one may consult, among others, rulings No. 1023 of 2:50 p.m. on October 1, 2009, and No. 475 of 10:40 a.m. on February 21, 2020, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Being clear on what our case law has stated, the lack of passive legitimacy in this case is perceptible, insofar as the plaintiff's pecuniary claim is directed against the Local Government which was not the one that caused the claimed damage. Note what the plaintiff stated, in relation to the economic damage: \\\"consisting of the contributions made to the Association for the purchase of the land and the loan for the payments of the administrative procedures for permits, and the existing debt with a banking entity related to the same matter that is pending today\\\". Thus, it has been proven in the case file that through money receipt No. 0057, dated May 5, 2009, from the Asociación Pro Vivienda de Dios, by means of Mr. Juan Carlos Rosales, it received from Ana Monge Vargas, for the concept of \\\"installment for lot San Miguel\\\", the sum of ¢ 1,700,000.00. (See image 11 of the electronic judicial file upon issuance of this judgment). Through money receipt No. 0085, dated November 25, 2009, from the Asociación Pro Vivienda de Dios, by means of Mr. Juan Carlos Rosales, it received from Ana Monge, for the concept of \\\"installment for the lot\\\", the sum of ¢ 1,300,000.00 (See image 11 of the electronic judicial file upon issuance of this judgment). Through money receipt No. 0091 dated March 3, 2010, the Asociación Pro Vivienda de Dios, by means of Mr. Juan Carlos Rosales, received from Ana Monge Vargas, for the concept of \\\"lawyer's payment\\\", the sum of ¢ 70,000.00 (See image 10 of the electronic judicial file upon issuance of this judgment) and through money receipt No. 0121 dated November 3, 2010, the Asociación Pro Vivienda de Dios, received from Ana Monge, for the \\\"illegible\\\" concept, the sum of ¢ 5,000.00. (See image 10 of the electronic judicial file upon issuance of this judgment). From all the above we can conclude that these monies, which as proven were contributed by the plaintiff's ex-husband, were delivered by the plaintiff to the Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios de San Miguel de Desamparados de San José, without any intervention in this regard by the Municipality of Desamparados in the promotion of the project or in the handling of the monies that the plaintiff voluntarily delivered to the Association. In this sense, in the minutes of its incorporation, registered before the Public Registry since June 9, 2008, it was established that one of the powers of the Board of Directors was to make the agreements necessary for the Association to fulfill its essential purposes, as well as the competence of the Auditor regarding the supervision of all operations and economic movements of the Association. Likewise, it was not possible to prove that the plaintiff Monge Vargas had personally presented any procedure, application for a use permit, or construction license to achieve the approval of a housing project before the Municipality of Desamparados, related to the land that gives rise to this judicial dispute (lack of evidence), as well as that the plaintiff Monge Vargas had obtained in her favor from the Municipality of Desamparados, some administrative endorsement that generated a legitimate interest or subjective right to build a dwelling on the land subject of this litigation (it is not extracted from the evidence examined) and that the Municipality of Desamparados had ordered some contribution of money, or that it had any participation in relation to the economic sums that the plaintiff stated she made to the Asociación Pro Vivienda Proyecto de Dios (it is not extracted thus from the case file). Thus, we are faced with a partial lack of passive legitimacy of the Municipality of Desamparados, and it is so declared in relation to the claim for economic damage.\n\nIX.- ON THE EXCEPTION OF LACK OF RIGHT (FALTA DE DERECHO) FILED: For the reasons explained in recitals VII and VIII, the exception of lack of right raised by the defendant entity must be granted, by virtue of the plaintiff's claims not being admissible on the merits, reason for which the present lawsuit must be declared without merit in all its aspects, as is indeed ordered in this act.\n\nX.- ON COSTS: In accordance with numeral 193 of the CPCA, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party for the fact of being so. The exemption from this condemnation is only viable when there was, in the judgment of the Court, sufficient reason to litigate, or when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the case at hand, no reason is found that allows applying the cited exceptions, since the inadmissibility of the action exercised in the stated terms could be corroborated; reason for which both costs will be borne by the plaintiff.\n\nPOR TANTO\n\nIn accordance with the terms stated, ex officio, a lack of passive legitimacy is declared regarding the claim for economic damage filed against the Municipality of Desamparados, the exception of lack of right is granted for the rest of the petitions aimed at establishing objective liability of the defendant Municipality, and therefore the collection for moral damages and losses. Consequently, the lawsuit filed by ANA YENSY MONGE VARGAS, against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS, is declared SIN LUGAR (WITHOUT MERIT). The defeated plaintiff is condemned to pay the costs derived from this process, an aspect that must be liquidated in the judgment execution phase.-\n\nKarla Madriz Martínez\n\nFrancisco Hidalgo Rueda                                                         Martín Conejo Cantillo\n\n- Verification Code -\n\nZPZRWADIK7W61\n\nDocument signed by:\n\nKARLA ALEXANDRA MADRIZ MARTINEZ, JUEZ/A DECISOR/A\nFRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A\nJOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, JUEZ/A DECISOR/A\n\nEXP: 18-008427-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:34:03.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }