{ "id": "nexus-sen-1-0034-1258504", "citation": "Res. 07480-2024 Tribunal Contencioso Administrativo", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "INCOFER responsable por omisión ante vertedero ilegal desde vía férrea", "title_en": "INCOFER Liable for Omission Regarding Illegal Dumping from Railway Line", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo declara con lugar la demanda de [Nombre 002] S.A. contra el INCOFER por responsabilidad objetiva, al omitir impedir el ingreso de terceros a la vía férrea colindante, desde donde lanzan basura hacia la propiedad de la actora. El Tribunal acredita la omisión, el daño y el nexo causal, rechazando las excepciones de falta de legitimación y falta de derecho. Se condena en abstracto al INCOFER a indemnizar los daños y perjuicios, a cuantificar en ejecución de sentencia, y se le ordena elaborar un plan integral para detener el lanzamiento de basura, con informes trimestrales. El fallo se fundamenta en los artículos 50 constitucional, 190 LGAP, Ley General de Salud y Ley de Gestión Integral de Residuos, destacando el deber de todo ente público de garantizar un ambiente sano.", "summary_en": "The Administrative Court upholds the claim of [Nombre 002] S.A. against INCOFER for objective liability, due to its failure to prevent third parties from accessing the adjacent railway line and dumping waste onto the plaintiff's property. The Court finds the omission, damage and causal link proven, rejecting the defenses of lack of standing and lack of right. INCOFER is ordered in abstract to compensate damages, to be quantified in enforcement proceedings, and to implement a comprehensive plan to stop the dumping, with quarterly progress reports. The ruling relies on Article 50 of the Constitution, Article 190 of the General Public Administration Act, the General Health Law and the Integral Waste Management Law, emphasizing every public entity's duty to ensure a healthy environment.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo", "date": "25/10/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "art-50-constitution" ], "primary_topic_id": "art-50-constitution", "es_concept_hints": [ "responsabilidad objetiva", "nexo causal", "derecho de vía", "orden sanitaria", "in dubio pro natura", "ambiente sano", "INCOFER", "Ley General de Salud" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 190", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Arts. 4, 37, 39, 282", "law": "Ley General de Salud" }, { "article": "Arts. 53, 54, 60, 62", "law": "Ley para la Gestión Integral de Residuos" }, { "article": "Arts. 21, 22", "law": "Código Civil" }, { "article": "Arts. 84, 85", "law": "Código Municipal" } ], "keywords_es": [ "responsabilidad objetiva", "omisión administrativa", "vertedero ilegal", "INCOFER", "derecho de vía férrea", "ambiente sano", "artículo 50 constitucional", "Ley General de Salud", "Ley de Gestión Integral de Residuos", "orden sanitaria", "nexo causal", "indemnización en abstracto", "buena vecindad", "Tribunal Contencioso Administrativo" ], "keywords_en": [ "strict liability", "administrative omission", "illegal dumpsite", "INCOFER", "railway right-of-way", "healthy environment", "Article 50 Constitution", "General Health Law", "Waste Management Law", "sanitary order", "causal link", "abstract damages", "good neighborliness", "Administrative Court" ], "excerpt_es": "Al quedar clara la obligación del Instituto demandado, se debe proceder con el análisis de causalidad, en ese tanto la conducta administrativa que ha provocado el daño sufrido por la empresa actora ha sido, indubitablemente la omisión del INCOFER de impedir el ingreso de terceras personas a la vía férrea donde aprovechan la facilidad de tirar la basura por gravedad hacia la propiedad de la actora, sobre ello no existe justificación alguna para que deba soportarlo. Esta situación genera una obligación indemnizatoria condicionada a los factores jurídicos, antes explicados, por lo que se puede atribuir la responsabilidad correspondiente en este caso, al relacionar la conducta con el daño causado.\n\nDe este acto administrativo –conducta formal- firme, dictado por la Administración Pública, se extrae con claridad la obligación del INCOFER de impedir que terceros ingresen a la vía férrea, bajo su administración, para lanzar basura hacia el Tajo, siendo este un deber ineludible que fundamenta la omisión jurídicamente relevante a la que viene haciendo referencia la parte actora.\n\nCabe recordar que la función económica y social de los inmuebles entraña también una función ecológica en armonía con el entorno, colocando en el centro al ser humano, relacionado con la naturaleza. Son estos objetivos de preservación del medio ambiente sano, claramente, la filosofía del artículo 50 de la Constitución Política.", "excerpt_en": "Once the obligation of the defendant Institute is clear, the causality analysis must proceed, insofar as the administrative conduct that has caused the damage suffered by the plaintiff company has undoubtedly been INCOFER's omission in preventing third parties from entering the railway line, where they take advantage of the ease of dumping waste by gravity onto the plaintiff's property, for which there is no justification that it should be borne. This situation generates an obligation to compensate, conditioned on the legal factors previously explained, so liability can be attributed in this case by linking the conduct with the damage caused.\n\nFrom this administrative act—a final formal conduct issued by the Public Administration—INCOFER's obligation to prevent third parties from entering the railway line under its management in order to dump waste onto the quarry is clearly derived, this being an unavoidable duty that grounds the legally relevant omission referenced by the plaintiff.\n\nIt should be recalled that the economic and social function of real estate also entails an ecological function in harmony with the surroundings, placing the human being at the center, in relationship with nature. These objectives of preserving a healthy environment are clearly the philosophy of Article 50 of the Political Constitution.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "Claim granted; INCOFER ordered to pay damages in abstract and implement a comprehensive plan to stop waste dumping from the railway line.", "summary_es": "Se declara con lugar la demanda, condenando en abstracto al INCOFER por daños y perjuicios y ordenando un plan integral para detener el lanzamiento de basura desde la vía férrea." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI", "quote_en": "The activity of indiscriminately dumping waste is, in itself, directed against nature and the environment.", "quote_es": "La actividad de lanzar basura en forma indiscriminada, en sí misma, va dirigida contra la naturaleza y el medio ambiente." }, { "context": "Considerando II, argumentos de la parte actora", "quote_en": "In the specific case, the constant deposit of waste from INCOFER's railway lines onto the plaintiff's property constitutes an effective violation of the right to property...", "quote_es": "En el caso concreto el constante depósito de basura desde las vías férreas del INCOFER sobre la propiedad de su representada, constituye una efectiva violación del derecho de propiedad..." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "INCOFER's omission in limiting or restricting vehicle traffic on the train line in that area of Pavas is facilitating the commission of criminal acts by third parties...", "quote_es": "La omisión del INCOFER, en limitar o restringir la circulación de vehículos sobre la línea del tren, en esa zona de Pavas, está facilitando la comisión de hechos delictivos por parte de terceros..." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1258504", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 07480 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 25 de Octubre del 2024 a las 15:40\n\nExpediente: 21-005265-1027-CA\n\nRedactado por: Francisco José Chaves Torres\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Administrativo\n\nTema: Responsabilidad objetiva de la Administración\n\nSubtemas:\n\nOmisión del INCOFER de impedir el ingreso de terceras personas a la vía férrea donde aprovechan la facilidad de tirar la basura por gravedad hacia la propiedad de la actora.\n\nTema: Daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil de la Administración\n\nSubtemas:\n\nOmisión del INCOFER de impedir el ingreso de terceras personas a la vía férrea donde aprovechan la facilidad de tirar la basura por gravedad hacia la propiedad de la actora.\n\nTema: Responsabilidad civil de la Administración\n\nSubtemas:\n\nOmisión del INCOFER de impedir el ingreso de terceras personas a la vía férrea donde aprovechan la facilidad de tirar la basura por gravedad hacia la propiedad de la actora.\n\nTema: Indemnización al administrado\n\nSubtemas:\n\nOmisión del INCOFER de impedir el ingreso de terceras personas a la vía férrea donde aprovechan la facilidad de tirar la basura por gravedad hacia la propiedad de la actora.\n\nTema: Instituto Costarricense de Ferrocarriles\n\nSubtemas:\n\nOmisión del INCOFER de impedir el ingreso de terceras personas a la vía férrea donde aprovechan la facilidad de tirar la basura por gravedad hacia la propiedad de la actora.\n\n\"VI.-[...]Al quedar clara la obligación del Instituto demandado, se debe proceder con el análisis de causalidad, en ese tanto la conducta administrativa que ha provocado el daño sufrido por la empresa actora ha sido, indubitablemente la omisión del INCOFER de impedir el ingreso de terceras personas a la vía férrea donde aprovechan la facilidad de tirar la basura por gravedad hacia la propiedad de la actora, sobre ello no existe justificación alguna para que deba soportarlo.\"\n\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\n\nEV Generación de Machote: F:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\Modelos\\Contencioso\\TCRESOL016.dpj\n\n \n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA \n\nSegundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Antiguo Edificio Motorola)\n\n __________________________________________________________________________\n\nEXPEDIENTE:21-005265-1027-CA\n\nPROCESO: Conocimiento\n\nACTOR/A: [Nombre 002] S.A.\n\nDEMANDADO/A: El INCOFER\n\n N° 2024007480\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas con cuarenta minutos del venticinco de Octubre del dos mil venticuatro.-\n\n \n\nProceso de Conocimiento interpuesto por el abogado Alberto Salas Salinas, portador de la cédula de identidad N°1-1513-0996, carné profesional N°29889, en su condición de apoderado especial judicial (imagen 28) de la empresa [Nombre 002] Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica [Valor 001]; contra el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), representado en esta oportunidad por el abogado Jeremy Soto Bolaños, portador de la cédula de identidad N°1-1117-0966, en condición de apoderado general judicial (imagen 457 del legajo cautelar).\n\nRedacta el juez Chaves Torres, con el voto afirmativo de las juezas Solano Ulloa y Rodríguez Cubero; y,\n\nCONSIDERANDO \n\nI.- Antecedentes procesales. De previo se debe aclarar que esta sentencia se emite de conformidad con las formalidades mínimas establecidas en el Código Procesal Civil –Ley N°9342- aplicado de forma supletoria por disposición del 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo; y las referencias a la foliatura del expediente son del documento electrónico generado en un único archivo con formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual (herramienta informática para la tramitación de los expedientes de forma electrónica en los despachos Judiciales del país) con las opciones \"Orden Descendente\" y \"Ver descripción de Documento (PDF)\" desmarcadas, y con \"Ver detalles carátula del Expediente\" seleccionado en \"Final\"; siendo que en caso de requerirlo al Despacho, las partes podrán tener acceso a una copia del expediente descargado de dicha manera, previa coordinación. Para el dictado de la presente resolución resultan de interés las siguientes actuaciones procesales:\n\n1.-La parte actora formula la demanda que ha dado origen al presente proceso, en lo que interesa, con las siguientes pretensiones: “1.- Se declare procedente la presente demanda contra el INCOFER. 2.- Se ordene al INCOFER a establecer un plan integral para resolver el constante lanzamiento de basura desde las líneas del tren, el cual deberá presentar avances cada 3 meses para demostrar un seguimiento activo. 3.-Que se condene en abstracto al INCOFER por los daños y perjuicios sufridos por mi representada por su inacción ante los hechos aquí descritos. 4.- Que se condene al INCOFER al pago de las costas procesales y personales incluidos todos los gastos legales incurridos en el presente proceso”. (Ver imágenes 21 y 267, del expediente judicial descargado de forma ascendente).     \n\n2.- Conferido el traslado de rigor, en auto de las doce horas y veintiséis minutos del catorce de marzo del dos mil veintidós, la representación del INCOFER, contestó en forma negativa la demanda e interpuso las defensas de falta de integración de la litis consorcio pasiva necesaria, falta de derecho, y falta de legitimación ad causam pasiva. (Ver documentos a imágenes 221 y 327 del expediente judicial).\n\n3.- Mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del once de mayo del dos mil veintidós, se otorga la audiencia del artículo 70 del CPCA a la parte actora, sobre las excepciones planteadas por la representación del INCOFER; y con resolución N°847-2022 de las nueve horas quince minutos del veintiséis de mayo del dos mil veintidós, se declara sin lugar la defensa previa de litis consorcio pasivo necesario. (Ver documentos a imágenes 252 y 258 del expediente judicial). \n\n4.- La audiencia preliminar comenzó a las 9:00 horas del 15 de julio del 2022, donde se fijan las pretensiones por parte de la Jueza Tramitadora, quien también determina que todos los hechos de la demanda son controvertidos, se admite la totalidad de la prueba documental y testimonial ofrecida por ambas partes, así como el reconocimiento judicial propuesto por la parte actora. En consecuencia, se admiten las declaraciones de los testigos [Nombre 003], [Nombre 004] y [Nombre 005] de la parte actora, y el testigo-perito Isaac Jacob González Gamboa. (Ver minuta a imagen 268 del expediente judicial y grabación de audio y video que consta en el sistema de escritorio virtual).\n\n5.- La audiencia complementaria de juicio oral y público, se celebró a partir de las 08:30 horas del 04 de octubre del 2024, la cual, fue grabada en el sistema electrónico correspondiente y se encuentra visible en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual. Que, en dicha diligencia, la parte actora desiste del reconocimiento judicial y de dos de los testigos ofrecidos, por lo que únicamente se evacuó la declaración de la señora [Nombre 003]; y el testigo-perito Isaac Jacob González Gamboa. Por último, se les concedió a las personas representantes de ambas partes, el espacio de tiempo correspondiente para que expusieran oralmente sus conclusiones. (Ver respaldo digital de la audiencia de evacuación de prueba, celebrada el 04 de octubre del 2024, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual). -\n\n6.- En los procedimientos ante este Tribunal no se observaron nulidades que deban subsanarse o que generen indefensión y la sentencia se dicta por unanimidad en el plazo establecido en el artículo 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo.\n\nII.- Argumentos de las partes. De la lectura pormenorizada de los escritos presentados por las partes durante la tramitación del presente proceso, y las conclusiones rendidas en forma oral, excluyendo cualquier argumento novedoso o sorpresivo planteado en dicha fase conclusiva, en resumen sostienen los siguientes argumentos conducentes con lo pretendido y que pueden ser analizados por el Tribunal, a saber: a) La representación de la parte actora señala que las instituciones públicas deben ser las primeras garantes en la protección de los derechos de las personas, en el presente caso específico estamos ante una situación donde han pasado 8 años sin que se hayan tomado las medidas efectivas para resolver una situación donde terceros están utilizando su propiedad para cometer delitos y daños contra toda la comunidad, y en específico contra su representada. Adiciona, que tanto la Constitución en sus artículos 9 y 41, como la ley establecen que las Instituciones son responsables y deben asumir los daños que causen, para ello cita los artículos 190 y 196 de la Ley General de Administración Pública, que establecen que la Administración responderá por todos los daños que causa su funcionamiento por acción u omisión, en apoyo de este argumento cita el dictamen de la Procuraduría General de la República C-052-1999. También dice que el artículo 45 de la Constitución Política establece el principio de la intangibilidad del patrimonio, siendo que la propiedad tiene una especial protección por entenderse que se trata de un derecho fundamental y pilar del ordenamiento jurídico. Puntualiza que en el caso concreto el constante depósito de basura desde las vías férreas del INCOFER sobre la propiedad de su representada, constituye una efectiva violación del derecho de propiedad puesto que, de manera innegable, se afectan las posibilidades reales de disponer del inmueble y se genera un daño cuantioso sobre el valor del bien. También dice que, en relación con la situación ambiental, el depósito constante de basura y los incendios que se provocan, generan una violación directa al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se resguarda en el artículo 50 de la Carta Magna. Sobre dicho ordinal, concluye que existe una obligación del Estado y sus instituciones, sin excepción, de intervenir en los casos que se esté perjudicando el derecho a un ambiente sano, en el caso concreto, el continuo y persistente depósito de basura sobre la propiedad de su representada, así como los gases tóxicos que generan las quemas, constituyen una evidente violación a este derecho constitucional. Agrega que esta violación responde a una falta y negligencia por parte de la Administración Pública sobre sus bienes, dado que estos son el instrumento que faculta el menoscabo alegado, al permitir que se emplee la propiedad del INCOFER como sitio de descarga de los desechos. Por otra parte, señala que no es de recibo el alegato que plantea el INCOFER de que se encuentra exento de responsabilidad en este caso, por ser actos cometidos por terceros, ya que son sus bienes los medios empleados bajo los cuales se genera el daño sobre la propiedad de su representada, así como en toda la comunidad aledaña, afirma que esta entidad se encuentra en la obligación de intervenir y reparar el daño provocado motivo de su conducta negligente y con falta por concepto de omisión, ya que actualmente sus bienes públicos están siendo abiertamente empleados para fines delictivos, ello con pleno conocimiento. Además, manifiesta que el presente caso tampoco está contemplado en los eximentes de responsabilidad indicados en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, por lo que no existe ninguna liberación de responsabilidad que le asista a la parte demandada en este caso. En relación a lo resuelto por la Sala Constitucional al caso concreto, explica que debe entenderse la vinculatoriedad del fallo circunscrita exclusivamente a las cuestiones de naturaleza y trascendencia constitucional, entiéndase por tanto, respecto de la interpretación de los alcances de los derechos fundamentales y de las normas constitucionales, no así en cuanto a los aspectos de legalidad que aquí se exponen, por consiguiente el rechazo parcial del recurso de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad administrativa por conducta ilícita omisiva en la que incurre el INCOFER al no dar mantenimiento a sus bienes facilitando así el medio para que terceros lancen basura desde sus líneas férreas. En apoyo a su argumento cita la resolución número 107-2010 de las 8:30 horas del 30 de abril del 2010 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Sobre los daños reclamados explica que su representada tiene 35 años de administrar la propiedad, logrando consolidar un próspero negocio en el movimiento de tierras y sedimentos, construyendo con el esfuerzo de años de trabajo el valor económico del inmueble. Empero, desde que empezó al caer basura desde la propiedad del INCOFER, ese valor construido con décadas de trabajo se ha visto mermado, dado que no solo se impacta el valor económico de la propiedad al concentrar cientos de toneladas de basura, sino que también se obstaculice el movimiento de sedimentos motivo de todo el metraje cubierto de basura, lo cual efectivamente limita continuar con la actividad económica de su representada en secciones cada vez más grandes de la propiedad, que ha alcanzado el 15% de la misma, que representa aproximadamente 3000 metros cuadrados cubierto de basura. Por lo que solicita que se condene al INCOFER por los perjuicios causados a su representada puesto que toda el área cubierta de basura se vuelve inutilizable para la actividad económica que desarrolla en la propiedad. Finalmente, dice que de la prueba evacuada se acredita el uso por parte de terceros del derecho de vía, para lanzar la basura hacia la propiedad de su representada. Luego también se aporta una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud contra el INCOFER porque dicha autoridad determinó que la situación del origen de esta problemática se estaba dando desde las líneas del tren hacia la propiedad de su representada. Explica que se aporta un expediente penal donde se acredita que inicialmente su representada estaba gestionando denuncias contra los conductores de los camiones y lamentablemente empezaron a recibir amenazas de muerte por los criminales. Señala que en las actas notariales tanto en 2020 como en el 2021 y 2022 se acredita la cantidad de basura y los camiones que llegan a diferentes horas, y como está creciendo la montaña de basura con los años. También como prueba aporta la carta del corredor de bienes raíces donde se muestra el deterioro tangible que ha tenido el valor de la propiedad puesto que en el 2016 cuando apenas está sucediendo, la propiedad tenía un valor estimado de 90 dólares el metro cuadrado y para el momento de la interposición de la demanda el metro cuadrado no llega a los 7 dólares, por lo tanto es una reducción de más del 90% del valor de la propiedad, puesto que es un basurero y no hay una actividad económica real que se puede realizar en el basurero a cielo abierto ilegal más grande del Área Metropolitana. b) Por su parte, la representación del INCOFER responde que la demanda planteada por la parte actora, carece a todas luces en sus argumentos de un nexo causal necesario para sustentar lo peticionado, toda vez que los alegatos vienen a responsabilizar al Instituto de actuaciones que no tienen relación alguna con la funcionalidad ferroviaria que por ley le encarga el legislador; como lo es el tema de la limpieza de residuos (basura) que son exclusivas de otras entidades. Para ello hace referencia a los objetivos del INCOFER, que dispone el artículo 3 de la ley N°7001 y su patrimonio descrito en el artículo 36 de la misma Ley, así como lo regulado sobre el derecho de vía férrea en el decreto Ejecutivo N°22483-MOPT, que establece las dimensiones de los derechos de vía en los ferrocarriles nacionales. Afirma que en la demanda se aprecian hechos que practican terceros, donde el fondo del asunto es el depósito de desechos (basura), que por competencia de ley se designa a instituciones que se encarguen del tratamiento de esas materias, y señala lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del Código Municipal Ley N°7794, así como los artículos 5, 8, 44, 45 de la Ley de Gestión Integral de Residuos N°8839. También expone que en la demanda se afirma que llegan camiones a la vía férrea para depositar basuras desde ahí hasta la propiedad del actor, pero no se establece la relación directa entre el daño alegado y la conducta lesiva que se reprocha, al efecto cita el criterio de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia expuesto en la resolución N°406-2022, de lo cual concluye que existe un eximente de responsabilidad para el Instituto que representa, que es el hecho de un tercero, mismo que viene a ser el sujeto que el actor señala, como quienes lanzan basura a su propiedad desde la vía férrea, y es un eximente amparado en el artículo 190 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). En otro orden considera importante que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el recurso de amparo tramitado bajo expediente N°20-015603-0007-CO, interpuesto por el señor [Nombre 001] en representación del [Nombre 002] S.A., tramitó la misma queja que señala el actor en su demanda, emitiéndose la resolución N°2020018319 de las 9:15 horas del 25 de septiembre del 2020, y al INCOFER no se le declara responsable de ninguna actuación y tampoco se le apercibe de tener que cumplir a tomar medidas ni informar de estas. Pese a ello, indica que la Dirección del Área Rectora de Salud de Pavas, Ministerio de Salud, notificó al Instituto Costarricense de Ferrocarriles acerca de la orden sanitaria MS- DRRSCS- DARS-P-OS-004- 2021-BAG, bajo los mismos aspectos tratados en el recurso de amparo en cuestión, lo que considera improcedente ya que se está obligando al INCOFER a realizar actuaciones que no son posibles dentro del marco jurídico, puesto que son contrarias a su competencia legal. Por lo anterior dice haber interpuesto un incidente de nulidad absoluta evidente y manifiesta contra la orden sanitaria emitida por la Dirección del Área Rectora de Salud de Pavas. Finalmente, indica que la competencia el Instituto Costarricense de Ferrocarriles recae en velar por todo lo atinente al ferrocarril y no en la recolección o gestión de recolección de residuos sólidos, y así sigue manteniendo su posición respecto del presente asunto. Finalmente, sostienen que la maquinaria del [Nombre 002] S.A., ha venido escarbando la pared sobre la cual se ubican las líneas donde transita el tren, ocasionando una invasión en la vía férrea. En cuanto a los daños y perjuicios, dice que estamos ante una innegable situación de hecho de un tercero prevista en la Ley General de la Administración Pública y que es una causal de eximente de responsabilidad para la Administración, y por lo tanto no es responsable el INCOFER de ningún daño y/o perjuicio como lo aduce el actor.\n\nIII.- Objeto del proceso. Los argumentos expuestos por la parte actora se direccionan principalmente, para que en sentencia se declare la responsabilidad objetiva del INCOFER, en aplicación del artículo 190 y siguientes de Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), por la conducta omisiva de dicha Administración, que impida el lanzamiento de desechos (basura) por parte de terceros, desde la vía férrea que se ubica en la colindancia sur del inmueble con folio real N°172997-000 propiedad de la empresa actora, que está en la parte inferior de un paredón vertical o acantilado de 50 metros aproximadamente. Y es que conforme al principio de congruencia que rige el ejercicio de la función jurisdiccional, y que regula de manera expresa el numeral 119 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo del siguiente modo \"...La sentencia resolverá todas las pretensiones y todos los extremos permitidos por este Código...\", así como los ordinales 28.1 y  61.2 del Código Procesal Civil, se atenderá únicamente a los siguientes pedimentos transcritos en el punto 1) del considerando anterior, que fueron aclarados y confirmados por la jueza tramitadora en audiencia preliminar del 21 de setiembre del 2021. En cuanto a este principio de congruencia, la Sala Primera en su voto N°1239-2022 de las 10:45 horas del 26 de mayo del 2022, reitera la siguiente línea de razonamiento: “...el principio de congruencia se complementa con el denominado postulado ‘iura novit curia’, (el juez conoce el Derecho), el cual implica que es a él a quien corresponde determinar cuáles son las normas aplicables al caso concreto, observando los límites impuestos por la congruencia, a saber: la causa petendi, que corresponde a los hechos narrados por los litigantes (que constituyen la base de su petitoria), y a partir de esta, sus pretensiones y excepciones. Por ende, el Juzgador, sin variar los hechos ni los pedimentos o excepciones, debe emplear su conocimiento en derecho (…) para resolver el objeto fundamental del proceso. La correcta comprensión de lo anteriormente indicado permite concluir (que) (…) la congruencia procesal no requiere una subordinación o sujeción plena a los alegatos y fundamento de derecho de las partes. Basta que exista una correspondencia entre el cuadro fáctico debatido, la pretensión material y los pronunciamientos de la sentencia.” (voto 301-2007 de esta Cámara, reiterado en los fallos 82-2005 y 23-2018)…\". Al considerar, el criterio jurisprudencial recién expuesto, esta integración del Tribunal advierte que en los siguientes considerandos se analizará los factores de atribución de responsabilidad extracontractual objetiva así planteado por la parte actora, contra la Administración demandada, no obstante, en aplicación del principio iura novit curia, se realizarán referencias de forma integral a la normativa que regula el marco factico de la demanda y las pretensiones de la demanda, en los términos que fue trabada la litis. -     \n\nIV.- Hechos probados. De importancia para la correcta solución de este proceso, se tienen por demostrados los hechos que serán descritos de seguido: 1) Que la empresa [Nombre 002] S.A., con cédula jurídica [Valor 001], es propietaria del inmueble inscrito en el Registro Nacional bajo matrícula de folio real 1-172997-000, ubicado en el cantón central de San José, distrito Pavas, que linda al sur con el derecho de vía férrea, administrado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), y que existe una abrupta depresión del suelo o desnivel – tipo paredón vertical o acantilado-  con una diferencia en altura de 50 metros aproximadamente desde las líneas férreas, ubicándose el inmueble de la actora en la parte inferior. Por lo que, terceras personas ingresan por la vía férrea, desde la parte superior del paredón, donde se encuentra la línea del tren, y aprovechan la topografía, para lanzar desechos de distintas clases a la propiedad de la parte actora, antes indicada, que se están amontonando en un enorme montículo de basura que llega hasta al borde superior del paredón vertical. (Ver certificación registral, plano catastrado N°SJ-1887236-2016, a imágenes 31 al 34 del expediente, así como fotografías a imágenes 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, la escritura pública N°116 Acta N°1-2021 de la notaria Diana María Vargas Rodríguez a imagen 173, y la declaración de la testigo [Nombre 003]). 2) Que el 5 de octubre del 2016, la Dirección del Área Rectora de Salud de Pavas, gira la orden sanitaria N°CS-ARS-P-OS-061-2016 a la representación de [Nombre 002] S.A., donde indica: “...En atención a denuncias recibidas en el Área Rectora de Salud de Pavas en fecha 21 de julio del 2016, por parte de su persona por contaminación con basura en materia fecal arrojados por camiones que llegan a las colindancias de dicho tajo, luego de haber realizado la inspección física sanitaria in situ, la cual se consignó mediante actas de inspección de fecha 10 de agosto del 2016 y 6 de septiembre del 2016 y el informe técnico CS-ARS-P-IT-127-2016-BAG, se logró comprobar una acumulación en forma de montículo de residuos sólidos que llegan al Tajo que puede ser fuente de acumulaciones de agua y de la presencia del vector que transmite Zika, Dengue y Chikungunya, por lo cual se le ordena: 1. presentar por escrito un plan de acciones para su debida revisión y aprobación con acciones a tomar, responsables y plazos en cuanto a la correcta disposición de los residuos sólidos que se encuentran en el lado sur de la empresa [Nombre 002]...”. (Ver imagen 47 del expediente judicial). 3) Que el 23 de febrero del 2017, la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial, rinde su informe N°095-DVCI-2017, relacionado con la causa penal N°16-015824-0042-PE tramitada por el delito de Infracción a la Ley de Gestión Integral de Residuos en perjuicio de [Nombre 001] y [Nombre 002] S.A.; donde se indica: “... En el momento en que se realizó la inspección (02 de diciembre del 2016) en la parte superior, aún en presencia de las autoridades, estaban cuatro (4) camiones de carga liviana y pesada con varias personas, a los cuales ratificó el ofendido, conocer del sector del precario Nueva Esperanza, ya que desde la posición de los investigadores que realizaban la inspección no era posible detallar calidades de los sujetos o características de los vehículos, los primeros sin consideración alguna vertían gran cantidad de desechos sólidos y desperdicios plásticos, siendo esta acción respaldada en video y fotografía. Producto de dicha acción se apreciaron a lo largo del paredón cuatro montañas de desechos de proporciones gigantescas de aproximadamente veinte(20) metros de altura, además en los bordes del paredón se observan como destilaban líquidos hacia el precipicio lo que al parecer se trataban de aguas negras (...) En el momento en el que se determinó que los camiones estaban arrojando basura a la propiedad afectada, se comunicó a la Dirección Funcional en la Fiscalía adjunta Agraria Ambiental, con el objetivo de establecer el procedimiento a seguir con las personas que estaban infringiendo la Ley; por lo que el Lic. Luis Hernández Araya, Fiscal Auxiliar; nos recomendó identificar de manera plena a los sujetos y posteriormente presentar un informe con las pruebas recopiladas durante el proceso de investigación. Motivo por el cual se le solicitó la colaboración al Sub Intendente Roberto Mora Espinoza, destacado en la Delegación Policial de Pavas; mismo que coordinó con los oficiales (...) procediendo con la detención en flagrancia e identificación plena de las personas que estaban tirando la basura de sus camiones en el borde del precipicio que corresponde a la propiedad del tajo, la cual caía en los montículos ya conformados en el terreno...”. (Ver imagen 88 del expediente).  4) Que el 28 de febrero del 2017, la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, con su oficio DPAH-UASSAH-798-2017, le comunica al Director Regional de Rectoría de la Salud Central Sur de la misma cartera ministerial, que: “...2. Por otro lado, aunque se lleven a cabo las obras de cierre, esto no garantiza la detención de la práctica ilegal de terceros de disponer residuos sobre el inmueble aprovechando las condiciones topográficas como el acceso por el paso del derecho de vía del tren y el posible riesgo por haber la presencia de vehículos en la zona de paso de esta clase de transporte, por lo que es necesario: (...) solicitar al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), valorar de forma inmediata el riesgo por la presencia de vehículos en la zona de paso del tren contiguo al costado sur de la propiedad del [Nombre 002] S.A. y realizar las medidas correspondientes para prevenir, además de la disposición ilegal de residuos, un posible accidente ante la presencia de esta clase de vehículos en el lugar...”. (Ver imagen 51 del expediente judicial). 5) Que el 7 de abril del 2020, en la resolución N°228-2020, la Dirección de Geología y Minas luego de visitar el inmueble de la parte actora, concluye: “...La basura que se observa en el sector proviene de vecinos ubicados en la parte alta del escarpe (paredón) y no tiene relación con la actividad minera ni obras relacionadas como la colocación de tierra. La basura presente se encuentra al pie del paredón y en forma de conos y se puede trazar fácilmente su proveniencia desde la parte superior del paredón...”. (Ver imagen 74 del expediente judicial). 6) Que el 25 de setiembre del 2020, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dicta la resolución N°2020018319, en relación con el recurso de amparo presentado por [Nombre 001] en representación de [Nombre 002] S.A.; donde se “...ordena al Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud y a Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal de San José, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que realicen las actuaciones y coordinaciones necesarias para que se resuelva la denuncia formulada por la parte recurrente el 24 de junio del 2016, referente al vertedero ilegal de basura y la quema de residuos que contaminan el ambiente, todo en un plazo no mayor a dieciocho meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia...”, al considerar que “...VI.- SOBRE EL INCOFER: Este Tribunal observa que de conformidad con la legislación que regula el Instituto Costarricense de Ferrocarriles no tuvo incidencia alguna en relación con la denuncia que acusa la parte recurrente. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en este extremo...”. (Ver imagen 191 del expediente judicial). 7) Que el 29 de abril del 2021, el Ministro de Salud decide rechazar por extemporáneo el incidente de nulidad absoluta incoado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) contra la orden sanitaria MS-DRRSCS-DARS-P-OS-004-2021-BAG del 13 de enero del 2021, por lo que confirma lo dispuesto por el Director del Área Rectora de Salud de Pavas, para que dicho Instituto cumpla con “...Tomar las medidas que sean necesarias para evitar que la línea férrea colindante al costado sur del [Nombre 002] ubicado en Rincón Grande de Pavas, sea invadida y utilizada por vehículos de cualquier índole, así como de terceras personas como punto de descarga y disposición de residuos sólidos en el [Nombre 002]. (PLAZO: 6 meses). 2. Mantener informada a esta Dirección de Área Rectora de Salud, así como a la Municipalidad de San José sobre las medidas tomadas para responder adecuadamente ante la Sala Constitucional...”. (Ver imagen 177 del expediente judicial).\n\nV.- Hechos no probados. De tal naturaleza por no existir constancia en autos y ser de relevancia para la solución de esta controversia se tienen como hechos no probados los siguientes: 1) Que el INCOFER implementara un plan para evitar el tránsito de vehículos distintos al tren, sobre la vía férrea en la sección que es colindante con la propiedad de la empresa actora [Nombre 002] S.A. (Los autos). 2) Que el INCOFER levantara algún tipo de infraestructura que obstaculizara el lanzamiento de basura desde la vía férrea a la propiedad de la empresa actora [Nombre 002] S.A. (Los autos). 3) Que el [Nombre 002] S.A., hubiese escarbado invadiendo la vía férrea. (Los autos)\n\nVI.- Sobre el fondo. De acuerdo con las probanzas, se obtiene que el Instituto demandado, en su condición de titular de la vía férrea (artículo 36 de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense Ferrocarriles INCOFER N°7001), en el sector del distrito de Pavas, mantiene abierta dicha vía sin vigilancia alguna, por lo que en los momentos que el tren no está circulando por los rieles, es decir, ante la ausencia del ferrocarril, terceras personas transitan libremente con vehículos cargados de basura de distintos tipos, y aprovechando la diferencia topográfica generada por una abrupta depresión del suelo, estilo paredón vertical de varios metros de altura lanzan estos desechos a la propiedad de la actora que se ubica en la parte inferior. Lo que sucede sin ninguna vigilancia, prevención u obstáculo generado por parte del INCOFER, como podría suceder con el levantamiento de cercas, tapias o portones. Por consiguiente, existen indudablemente, las condiciones de riesgo necesarias para causar daños a los colindantes del derecho de vía férrea en esa área. Las posibilidades de riesgo o peligrosidad se multiplican, al no ejercer ningún control sobre ese bien, por parte de la Administración accionada. La empresa colindante, sufrió daños como consecuencia del botadero de basura, que cada vez se encuentra en aumento, lo cual genera un impacto negativo en el uso y explotación del inmueble. Por lo anterior, este Tribunal considera debidamente acreditada la omisión señalada por parte de la actora, y los elementos fácticos necesarios para analizar la responsabilidad objetiva del INCOFER, en cuanto a los presupuestos jurídicos. Ahora bien, en esta línea, el sistema de responsabilidad extracontractual de la Administración Pública, en general se erige sobre la base de los principios de ordinales 9, 11, 18, 33, 41 y 45 de la Constitución Política, es decir, los principios rectores de responsabilidad de los dirigentes políticos, de legalidad, contribución equitativa o igualitaria de las cargas públicas, de acceso a la justicia e intangibilidad del patrimonio. Lo cual es desarrollado por los ordinales 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, siendo de naturaleza esencialmente objetiva, es decir, procura que la persona sea indemnizada por toda lesión ocasionada por una entidad pública, sobre el cual no hay deber de soportar. Así el inciso primero del ordinal 190 de LGAP, establece: \" 1) La administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o legítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero...”. Véase que se trata, de un régimen que excluye claramente las valoraciones sobre el dolo o la culpa, como factores de atribución de la responsabilidad, para fundamentarse exclusivamente en la conducta administrativa, el daño, la causalidad y su reparación. Así tenemos, que derivada de la función administrativa se encuentran las omisiones formales o materiales las cuales son potencialmente conductas generadoras de responsabilidad. Entonces, en la composición jurídica de la actividad administrativa, se incluyen conductas activas o pasivas como declaración de voluntad destinadas a la producción de efectos jurídicos o bien del desarrollo de conductas materiales, así la Administración Pública contará con una amplia gama de deberes que debe acatar y ejercer; desde esta perspectiva estará determinada su obligatoriedad y los medios e instrumentos jurídicos que el ordenamiento ponga al alcance del particular para hacerla cumplir. En este sentido se puede afirmar que hay toda una disposición normativa a la que debe ajustarse la Administración Pública en sus deberes legales, esto es así porque la Constitución misma lo plasma en sus principios rectores tanto el de auto vinculación positiva como de legalidad, tanto en su vertiente positiva como negativa, contenido en el artículo 11 de la Carta Magna. La obligación o el deber legal de actuar constituye un marco de legalidad para crear el sistema que pueda venir a compeler a la Administración a su final despliegue de una actuación. Más simple, todas y cada una de las funciones del Estado incluidas el deber hacer, estarán acordes y de conformidad con lo indicado por el ordenamiento jurídico en relación con los derechos subjetivos e intereses legítimos regulados en las normas. En esta línea la conducta administrativa que obligue a un ciudadano a soportar lo que la ley no autoriza, o le impida hacer lo que la ley le permite no solamente es una acción contraria al ordenamiento jurídico sino también una vulneración a la libertad de este ciudadano, y tanto será ilegal un acto administrativo emitido sin la tutela de una norma jurídica que lo fundamente, como una acción que se le demanda a la Administración y no la lleva a cabo, pese a la obligación contenida en la norma. Con este contexto no cabe duda de que si la Administración mediante su inactividad material causa un daño, incurre en una infracción al ordenamiento jurídico, y por ende surge el deber indemnizatorio bajo las reglas del régimen objetivo de responsabilidad en referencia. Así el ordinal 66 de la LGAP, dispone que las ”...potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles...”; en el caso concreto vemos como la representación del INCOFER, se ha defendido sosteniendo que impedir el paso en la vía férrea y por consiguiente, que se lance basura desde la línea del tren a la propiedad de la actora, escapa de sus competencias, por lo que se mantiene renuente a dicha petición, y agrega que la Sala Constitucional le exoneró de responsabilidad sobre ello en la resolución N°2020018319. Al respecto, se equivoca la representación del INCOFER, dado que la Sala resuelve en el contexto de la denuncia planteada por [Nombre 002] S.A. ante el Ministerio de Salud, para que dentro de sus competencias procediera a dictar las ordenes sanitarias respectivas, situación por la cual el fallo constitucional excluye al INCOFER, no obstante, ello no prejuzga sobre la responsabilidad administrativa de dicho Instituto. En cuanto al alegato que las competencias del INCOFER no alcanzan para impedir el lanzamiento de basura, no es de recibo, por los motivos que de seguido se expondrán. La actividad de lanzar basura en forma indiscriminada, en sí misma, va dirigida contra la naturaleza y el medio ambiente. Este tipo de acciones resultan incompatibles con toda lógica y racionalidad, ya que generan destrucción, contaminación en perjuicio de la salud pública.  En el caso, se atenta contra la sanidad en cuanto arriesga el bienestar de los colindantes, así como a los valores de protección al medio ambiente. Cabe recordar que la función económica y social de los inmuebles entraña también una función ecológica en armonía con el entorno, colocando en el centro al ser humano, relacionado con la naturaleza. Son estos objetivos de preservación del medio ambiente sano, claramente, la filosofía del artículo 50 de la Constitución Política. A los cuales se encuentran vinculados todos los habitantes, y con mucha más razón la Administración Pública, al respecto la Sala Constitucional ha afirmado de manera reiterada que “...El artículo 50, constitucional, establece como fin fundamental y valor esencial del Estado costarricense procurar \"el mayor bienestar a todos los habitantes del país\". De tal manera que, el \"ambiente sano y ecológicamente equilibrado\" forma parte del contenido del mayor bienestar de todos los habitantes, causa, fin y también condición y límite del ejercicio de las potestades y competencias públicas...” (Voto N°4621-2016 del 5 de abril del 2016); por lo que corresponde a todos los entes públicos, constituirse en garantes y velar por el respeto a ese ambiente sano y ecológicamente equilibrado, del cual no escapa el Instituto demandado. Por otra parte, la Ley General de Salud N°5395, dispone en su artículo 4 que toda “persona natural o jurídica, queda sujeta a los mandatos de esta ley”; y en el ordinal 37 dice que “ninguna persona podrá actuar o ayudar en actos que signifiquen peligro, menoscabo o daño para la salud de terceros o de la población y deberá evitar toda omisión en tomar medidas o precauciones en favor de la salud de terceros.”; y el 39 aún más preciso establece que el “...propietario y el encargado de bienes muebles o inmuebles deberán evitar las molestias y daños que puedan derivarse, para la salud de terceros, de la mala calidad o mal estado de conservación o de higiene de tales bienes. (...) En ambos casos tales propietarios y encargados deberán tomar las medidas que la autoridad sanitaria ordene dentro del plazo que el efecto se fije, sin perjuicio de las providencias que la autoridad pueda tomar según la peligrosidad o gravedad del caso...”. En un sentido similar el numeral 282 ordena que los “propietarios de terrenos desocupados en áreas urbanas están obligados a mantenerlos cerrados y en buenas condiciones higiénicas. Quedarán obligados, asimismo, a realizar las prácticas u obras, dentro del plazo que la autoridad de salud les ordene, cuando tales terrenos constituyen un foco de contaminación ambiental”. Los artículos 262, 263, 293, 294 hacen referencia a la obligación de toda persona física y jurídica de proteger el ambiente, y la salud pública, para finalmente recordar que el 378 establece la sanción por el incumplimiento de las ordenes sanitarias giradas por las autoridades de salud dentro de sus competencias. Y aquí, es de recordar que el Director del Área Rectora de Salud de Pavas giró al INCOFER, la orden sanitaria MS-DRRSCS-DARS-P-OS-004-2021-BAG del 13 de enero del 2021, para que dicho Instituto cumpla con “...Tomar las medidas que sean necesarias para evitar que la línea férrea colindante al costado sur del [Nombre 002] ubicado en Rincón Grande de Pavas, sea invadida y utilizada por vehículos de cualquier índole, así como de terceras personas como punto de descarga y disposición de residuos sólidos en el [Nombre 002]. (PLAZO: 6 meses). 2. Mantener informada a esta Dirección de Área Rectora de Salud, así como a la Municipalidad de San José sobre las medidas tomadas para responder adecuadamente ante la Sala Constitucional...”. De este acto administrativo –conducta formal- firme, dictado por la Administración Pública, se extrae con claridad la obligación del INCOFER de impedir que terceros ingresen a la vía férrea, bajo su administración, para lanzar basura hacia el Tajo, siendo este un deber ineludible que fundamenta la omisión jurídicamente relevante a la que viene haciendo referencia la parte actora. Adicionalmente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos N°8839, describe una serie de hechos que constituyen infracciones y la correspondiente sanción, entre ellas en el ordinal 53 se incluye “Gestionar, almacenar, valorizar, tratar, depositar y disponer residuos peligrosos o residuos de manejo especial declarados por el Ministerio de Salud, en lugares no autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones correspondientes”; como una infracción gravísima, y en el artículo 54 se sanciona “Disponer residuos ordinarios por vía de quema, enterramiento de residuos no orgánicos o abandono de residuos ordinarios en la vía pública, sistemas de alcantarillados, nacientes, cauces de agua y sus zonas de protección; así como en propiedad privada no autorizada para tales fines”; y el ordinal 60 describe la siguiente acción delictiva de tráfico ilícito de residuos, siendo que “...Se impondrá la pena de prisión de dos a quince años a la persona que sin autorización exporte, importe, transporte, almacene, comercialice o ponga en circulación residuos o sustancias peligrosas, bioinfecciosos o radioactivos.  La pena será de seis meses a tres años si estas conductas se realizan con otros tipos de residuos y sin autorización”. Es por esta última acción que el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, investigan los hechos ocurridos en flagrancia sobre la línea férrea en perjuicio de la parte actora, descritos en el informe 095-DVCI-2017 del 23 de febrero del 2017 dentro de la causa 16-015824-042-PE. Nótese, entonces que la omisión del INCOFER, en limitar o restringir la circulación de vehículos sobre la línea del tren, en esa zona de Pavas, está facilitando la comisión de hechos delictivos por parte de terceros, situación que en sí misma es justificante para concluir que si existe una obligación jurídica que recae sobre el Instituto accionado. En este orden, el artículo 62 de la misma Ley N°8839, establece un tipo de responsabilidad solidaria sobre los daños y perjuicios ocasionados al ambiente, en razón de las infracciones administrativas y penales antes reseñadas, que recae sobre los “titulares de las empresas o las actividades donde se causan los daños”, siendo esta otra razón más para considerar que el INCOFER tiene un deber de evitar que se produzca la afectación ambiental tantas veces indicada. Y ahí no termina la obligación del Instituto accionado, sino que de conformidad con el ordinal 56 de la Ley de cita, cuenta con el deber de denunciar al “Tribunal Ambiental Administrativo Cuando se presuma daño ambiental o ante las infracciones descritas en el artículo 48 de la presente ley, el Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, las municipalidades o cualquier otra autoridad de policía presentarán la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, el cual deberá conceder audiencia al interesado, de conformidad con lo establecido en la Ley 7554, Ley Orgánica del Ambiente y el reglamento de procedimiento de dicho Tribunal”. Como se puede observar, la basura que se deposita en la propiedad de la empresa actora, usando como medio que facilita el daño, el derecho de vía del tres, no es competencia exclusiva del Ministerio de Salud y la Municipalidad, sino es una competencia integral de las instituciones estatales y todos los habitantes de conformidad con el ordinal 50 de la Constitución Política. Finalmente, esta Cámara de Jueces, considera también vulneradas las reglas de buena vecindad que los Tribunales Civiles extraen del ejercicio abusivo del derecho de propiedad, regulado en los numerales 21 y 22 del Código Civil. Esas normas indican: “Artículo 21. Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe.”. Artículo 22: “La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”. Es evidente que, en este caso, es al INCOFER a quien le corresponde la responsabilidad por la decisión de no impedir que le lancen basura a su vecino colindante, desde la vía férrea, toda vez que el derecho de propiedad, como cualquier otro, tiene sus límites sobre todo en supuestos como éste cuando su ejercicio lesiona los derechos de uso y disfrute del dominio que también ostenta [Nombre 002] S.A.; según parece no resulta justo que una persona tenga que soportar molestias o perturbaciones tan graves de parte de un vecino como las acreditadas en este proceso. No obstante, considera este Tribunal que esas reglas de buena vecindad, también de nutren de los ordinales 84 y 85 del Código Municipal Ley N°7794, que obliga al vecino que sea “...personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles” a “b) Cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición. (...) h) Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades, cuando se afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas”. Al quedar clara la obligación del Instituto demandado, se debe proceder con el análisis de causalidad, en ese tanto la conducta administrativa que ha provocado el daño sufrido por la empresa actora ha sido, indubitablemente la omisión del INCOFER de impedir el ingreso de terceras personas a la vía férrea donde aprovechan la facilidad de tirar la basura por gravedad hacia la propiedad de la actora, sobre ello no existe justificación alguna para que deba soportarlo. Esta situación genera una obligación indemnizatoria condicionada a los factores jurídicos, antes explicados, por lo que se puede atribuir la responsabilidad correspondiente en este caso, al relacionar la conducta con el daño causado. En este punto cabe recordar lo resuelto por la Sala Primera en el voto Nº 300-F-S1-2009 de las 11:25 horas del 26 de marzo de 2009, sobre el nexo causal: “...En cuanto a la causalidad, es menester indicar que se trata de una valoración casuística realizada por el juzgador en la cual, con base en los hechos, determina la existencia de relación entre el daño reclamado y la conducta desplegada (...).Si bien existen diversas teorías sobre la materia, la que se ha considerado más acorde con el régimen costarricense es la de causalidad adecuada, según la cual existe una vinculación entre daño y conducta cuando el primero se origine, si no necesariamente, al menos con una alta probabilidad según las circunstancias específicas que incidan en la materia, de la segunda (en este sentido, pueden verse, entre otras, las resoluciones 467-F-2008 de las 14 horas 25 minutos del 4 de julio de 20085, o la 1008-F-2006 de las 9 horas 30 minutos del 21 de diciembre de 2006).\" (Lo resaltado no es del original). Así, se entiende que el nexo causal es el vínculo o relación entre el daño y la conducta que permite deducir con un alto grado de probabilidad que el daño fue producto de la conducta activa u omisiva, siendo indemnizable el daño que “...es consecuencia directa e inmediata de la falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado o deban necesariamente causarse...”, en los términos del ordinal 704 del Código Civil. Véase que, en la especie, el reclamo de la actora es sobre la inactividad del Instituto demandado, en obstaculizar el paso sobre la línea del tren, ya que es ello lo que ha facilitado que camiones de carga lleguen hasta el borde del peñasco a tirar la basura con suma facilidad, lo cual le ha imposibilitado utilizar una parte del inmueble, que a su vez ha perdido valor y obstaculiza la actividad económica desarrollada de tajo; por ello es indudable la relación de causalidad entre la conducta de la Administración y el daño a indemnizar. Por su parte, la representación del INCOFER, señala que el [Nombre 002] S.A. escarbó el paredón donde se ubica en la parte superior las líneas donde transita el tren, y que ello ha provocado una invasión en la vía férrea, este argumento quedó en una mera manifestación de la parte, ya que no existe prueba que le acredite, toda vez que la parte incumplió su obligación procesal de hacer llegar las probanzas sobre esa tesis. Tampoco explica con alguna precisión la efectividad del argumento para desvirtuar lo hasta aquí resuelto, debe recordarse que el lanzamiento de la basura hasta la propiedad de la parte actora no fue un hecho controvertido de su parte. En cuanto a la eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, alegada por la parte accionada, y contenida en el párrafo 1 del artículo 190 de la Ley General de Administración Pública, cabe aclarar, que esta aplica en aquellos casos en que, pese a todas las medidas tomadas por la Administración para cumplir con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, siempre ocurra el hecho de un extraño que cause perjuicios, no obstante como se ha explicado anteriormente, en la especie no aplica, dado que se trata que el INCOFER ha omitido efectuar alguna acción qué garantice el buen funcionamiento y evite los daños descritos en los hechos contra la parte actora. Claro es de recordar que el INCOFER es titular de un predio, donde se encuentran instaladas las líneas férreas, y permite el libre tránsito de vehículos automotores que logran lanzar desechos en la finca colindante. En consecuencia y por todo lo expuesto, se acoge la demanda sobre la declaratoria de responsabilidad administrativa del INCOFER, y se rechaza la excepción de falta de legitimación ad causam pasiva planteada por la representante de la parte accionada.\n\nVII.- Excepciones. Por lo expuesto en los anteriores considerandos, la excepción de falta de derecho opuesta por la representación del INCOFER se rechaza, pues a lo largo de este proceso, se ha logrado acreditar dentro del marco de la responsabilidad objetiva por funcionamiento anormal, que, a la empresa actora, le asistía en su condición de propietario de inmueble colindante de la línea férrea, propiedad que sufrió el daño, el derecho, la legitimación y el interés actual para pretender mediante el establecimiento de este proceso, el resarcimiento por la lesión sufrida contra la Administración Pública demandada. \n\nVIII.-Sobre los extremos indemnizatorios y la conducta de hacer. Establecidos los puntos anteriores, procede ahora determinar qué tipo de resarcimiento tiene derecho el actor en este caso. En las pretensiones solicita “se condene en abstracto al INCOFER por los daños y perjuicios sufridos por mi representada por su inacción ante los hechos aquí descritos”; la cual se acoge de conformidad con el ordinal 122.m.iii del CPCA, siendo que se condena al INCOFER a indemnizar a la empresa actora por los daños y perjuicios producidos con su omisión, los que deberá probar y cuantificar en ejecución de sentencia, que deben versar en relación con afectación en las posibilidades reales de disponer del inmueble y el daño cuantioso sobre el valor del bien, así delimitado en la demanda. También peticiona la empresa actora que “se ordene al INCOFER a establecer un plan integral para resolver el constante lanzamiento de basura desde las líneas del tren, el cual deberá presentar avances cada 3 meses para demostrar un seguimiento activo”, sobre este extremo también se acoge la demanda, a fin que el INCOFER cese en su inactividad, y sea elaborado el plan integral, que reclama la parte actora, para resolver e impedir el lanzamiento de basura a su propiedad, desde las líneas del tren, sobre el cual deberá presentar avances cada 3 meses ante la persona juzgadora de la etapa de ejecución de sentencia de este Tribunal, hasta que mediante su ejecución se obstaculice efectivamente el ingreso de vehículos a la vía férrea que pretendan lanzar desechos desde el borde del acantilado.\n\nIX.-Sobre las costas. El artículo 193 del CPCA establece que las costas procesales y personales son impuestas al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor de lo dispuesto en esa misma norma, en concordancia con el numeral 119.2 ibídem. Del mismo ordinal 193 y 194 del CPCA, se extrae que las excepciones a la regla anterior son: a) cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. b) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar; y c) No habrá lugar a la condenatoria en costas, cuando la parte vencedora haya incurrido en plus petitio, y habrá plus petitio, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva sea de un quince por ciento (15%) o más, a no ser que las bases de la demanda sean expresamente consideradas provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos. En la especie, no encuentra este Tribunal que estemos frente a alguna de las excepciones dichas que permita quebrar el postulado de imposición de costas al vencido, y en ese tanto, lo procedente es condenar al INCOFER al pago de ambas costas del presente proceso a favor de la parte actora, las cuales se determinarán en la Etapa de Ejecución de Sentencia.\n\nPOR TANTO\n\nSe rechazan las excepciones de falta de legitimación ad causam pasiva, y falta de derecho, interpuestas por el INCOFER. Se declara con lugar la presente demanda en todos sus extremos. Por lo que se condena en abstracto al INCOFER para el pago de los daños y perjuicios a favor de la empresa [Nombre 002] S.A., los que deberá probar y cuantificar en ejecución de sentencia, y que deben versar en relación con la afectación en las posibilidades reales de disponer del inmueble y el daño cuantioso sobre su valor. Deberá el INCOFER elaborar un plan integral para resolver e impedir el lanzamiento de basura hacia la propiedad de la empresa actora [Nombre 002] S.A., desde las líneas del tren, sobre el cual deberá presentar avances cada 3 meses ante la persona juzgadora de la etapa de ejecución de sentencia de este Tribunal, hasta que mediante su ejecución se obstaculice efectivamente el ingreso de vehículos a la vía férrea que pretendan lanzar desechos desde el borde del acantilado. Se imponen ambas costas a cargo del INCOFER, que se determinarán y liquidarán en fase de ejecución de sentencia, una vez firme este pronunciamiento. Notifíquese. Francisco José Chaves Torres, Juez. Evelyn Solano Ulloa, Jueza. Lindsay Rodríguez Cubero, Jueza. -\n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n???????????????\nRVWIDRM1KQS61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nFRANCISCO CHAVES TORRES, JUEZ/A DECISOR/A\nLINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO, JUEZ/A DECISOR/A\nEVELYN SOLANO ULLOA, JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 21-005265-1027-CA\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:36:14.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Administrative Law\n\nTopic: Strict liability of the Administration\n\nSubtopics:\n\nOmission of INCOFER to prevent the entry of third parties to the railway line where they take advantage of the ease of throwing garbage by gravity onto the plaintiff's property.\n\nTopic: Damages and losses derived from civil liability of the Administration\n\nSubtopics:\n\nOmission of INCOFER to prevent the entry of third parties to the railway line where they take advantage of the ease of throwing garbage by gravity onto the plaintiff's property.\n\nTopic: Civil liability of the Administration\n\nSubtopics:\n\nOmission of INCOFER to prevent the entry of third parties to the railway line where they take advantage of the ease of throwing garbage by gravity onto the plaintiff's property.\n\nTopic: Compensation to the administered party\n\nSubtopics:\n\nOmission of INCOFER to prevent the entry of third parties to the railway line where they take advantage of the ease of throwing garbage by gravity onto the plaintiff's property.\n\nTopic: Instituto Costarricense de Ferrocarriles\n\nSubtopics:\n\nOmission of INCOFER to prevent the entry of third parties to the railway line where they take advantage of the ease of throwing garbage by gravity onto the plaintiff's property.\n\n\"VI.-[...]Having made clear the obligation of the defendant Institute, we must proceed with the analysis of causation, insofar as the administrative conduct that has caused the damage suffered by the plaintiff company has been, undoubtedly, the omission of INCOFER to prevent the entry of third parties to the railway line where they take advantage of the ease of throwing garbage by gravity onto the plaintiff's property, for which there is no justification whatsoever that it should have to bear it.\"\n\nCitations of Legislation and Doctrine Related Sentences\nText of the resolution\n\nEV Machote Generation: F:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\Modelos\\Contencioso\\TCRESOL016.dpj\n\n \nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA\n\nSecond Judicial Circuit of San José, Annex A (Former Motorola Building)\n\n __________________________________________________________________________\n\nEXPEDIENTE: 21-005265-1027-CA\n\nPROCESS: Ordinary Proceeding\n\nPLAINTIFF: [Nombre 002] S.A.\n\nDEFENDANT: The INCOFER\n\n N° 2024007480\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fifteen hours and forty minutes on the twenty-fifth of October of two thousand twenty-four.-\n\n \nOrdinary Proceeding filed by the attorney Alberto Salas Salinas, bearer of identity card number 1-1513-0996, professional license number 29889, in his capacity as special judicial representative (image 28) of the company [Nombre 002] Sociedad Anónima, with legal entity identification number [Valor 001]; against the Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), represented in this instance by the attorney Jeremy Soto Bolaños, bearer of identity card number 1-1117-0966, in his capacity as general judicial representative (image 457 of the precautionary file).\n\nDrafted by Judge Chaves Torres, with the affirmative vote of Judges Solano Ulloa and Rodríguez Cubero; and,\n\nCONSIDERING\n\nI.- Procedural background. Previously, it must be clarified that this judgment is issued in accordance with the minimum formalities established in the Civil Procedure Code –Law No. 9342– applied supplementarily by provision of Article 220 of the Administrative Contentious Procedure Code; and the references to the foliation of the file are from the electronic document generated in a single file in PDF format, obtained from the Virtual Desktop (computer tool for the electronic processing of files in the country's Judicial offices) with the options \"Descending Order\" and \"Show Document Description (PDF)\" unchecked, and with \"Show file cover details\" selected as \"End\"; and should the Office be required to do so, the parties may have access to a copy of the file downloaded in said manner, upon prior coordination. The following procedural actions are of interest for the issuance of this resolution:\n\n1.- The plaintiff filed the lawsuit that gave rise to this proceeding, with the following claims, as relevant: “1.- That this lawsuit against INCOFER be declared admissible. 2.- That INCOFER be ordered to establish a comprehensive plan to resolve the constant throwing of garbage from the train lines, which must present progress every 3 months to demonstrate active follow-up. 3.- That INCOFER be held liable in the abstract (condenado en abstracto) for the damages and losses suffered by my represented party due to its inaction in the face of the facts described herein. 4.- That INCOFER be ordered to pay the procedural and personal costs, including all legal expenses incurred in this proceeding.” (See images 21 and 267, of the judicial file downloaded in ascending order).\n\n2.- Having been granted the corresponding transfer, by order issued at twelve hours and twenty-six minutes on the fourteenth of March of two thousand twenty-two, the representation of INCOFER answered the lawsuit in the negative and raised the defenses of failure to join a necessary passive litis consortium, lack of right, and lack of passive standing to be sued (falta de legitimación ad causam pasiva). (See documents at images 221 and 327 of the judicial file).\n\n3.- By order issued at eleven hours and fifty-six minutes on the eleventh of May of two thousand twenty-two, the hearing provided for in Article 70 of the CPCA was granted to the plaintiff, regarding the exceptions raised by the representation of INCOFER; and by resolution No. 847-2022 at nine hours fifteen minutes on the twenty-sixth of May of two thousand twenty-two, the preliminary defense of necessary passive litis consortium was declared without merit. (See documents at images 252 and 258 of the judicial file).\n\n4.- The preliminary hearing began at 9:00 a.m. on July 15, 2022, where the claims were defined by the Case Management Judge, who also determined that all the facts of the lawsuit are disputed, all documentary and testimonial evidence offered by both parties was admitted, as well as the judicial inspection proposed by the plaintiff. Consequently, the statements of witnesses [Nombre 003], [Nombre 004], and [Nombre 005] for the plaintiff, and the expert witness Isaac Jacob González Gamboa, were admitted. (See minutes at image 268 of the judicial file and audio and video recording recorded in the virtual desktop system).\n\n5.- The complementary oral and public trial hearing was held starting at 08:30 on October 4, 2024, which was recorded in the corresponding electronic system and is visible in the associated documents folder of the virtual file. At said proceeding, the plaintiff withdrew the request for judicial inspection and two of the offered witnesses, so only the statement of Ms. [Nombre 003] and the expert witness Isaac Jacob González Gamboa were received. Finally, the representatives of both parties were granted the corresponding time period to present their oral conclusions. (See digital backup of the evidentiary hearing, held on October 4, 2024, in the associated documents folder of the virtual file). -\n\n6.- In the proceedings before this Court, no nullities were observed that must be remedied or that generate defenselessness, and the judgment is issued unanimously within the period established in Article 111, subsection 1) of the Administrative Contentious Procedure Code.\n\nII.- Arguments of the parties. From a detailed reading of the briefs filed by the parties during the processing of this proceeding, and the conclusions rendered orally, excluding any novel or surprising argument raised in said concluding phase, they summarize the following arguments conducive to what is claimed and that can be analyzed by the Court, namely: a) The representation of the plaintiff argues that public institutions must be the primary guarantors in the protection of people's rights; in this specific case, we are facing a situation where 8 years have passed without effective measures being taken to resolve a situation where third parties are using their property to commit crimes and damage against the entire community, and specifically against their represented party. It adds that both the Constitution in its Articles 9 and 41, and the law establish that Institutions are responsible and must assume the damages they cause, citing Articles 190 and 196 of the General Public Administration Law (Ley General de Administración Pública), which establish that the Administration shall be responsible for all damages caused by its operation through action or omission; in support of this argument, it cites the opinion of the Procuraduría General de la República C-052-1999. It also states that Article 45 of the Political Constitution establishes the principle of the intangibility of assets, property having special protection as it is understood to be a fundamental right and pillar of the legal system. It specifies that in this specific case, the constant deposit of garbage from the INCOFER railway lines onto the property of its represented party constitutes an effective violation of the right to property since, undeniably, the real possibilities of disposing of the property are affected and significant damage is generated to the value of the asset. It also states that, regarding the environmental situation, the constant deposit of garbage and the fires that are caused generate a direct violation of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, which is protected in Article 50 of the Magna Carta. Regarding said article, it concludes that there is an obligation of the State and its institutions, without exception, to intervene in cases where the right to a healthy environment is being harmed; in this specific case, the continuous and persistent deposit of garbage on the property of its represented party, as well as the toxic gases generated by the fires, constitute an obvious violation of this constitutional right. It adds that this violation responds to a fault and negligence on the part of the Public Administration regarding its assets, given that these are the instrument enabling the alleged impairment, by allowing the INCOFER property to be used as a waste dumping site. Moreover, it points out that the argument raised by INCOFER that it is exempt from liability in this case, because they are acts committed by third parties, is unacceptable, since it is its assets that are the means employed through which the damage is generated to the property of its represented party, as well as to the entire surrounding community; it asserts that this entity is obligated to intervene and repair the damage caused by its negligent conduct and fault due to omission, since its public assets are currently being openly used for criminal purposes, with full knowledge thereof. Furthermore, it states that the present case is not contemplated under the liability exemptions indicated in Articles 32, 33, and 34 of the Organic Law of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, therefore, there is no release of liability that assists the defendant in this case. Regarding what was resolved by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in this specific case, it explains that the binding nature of the ruling must be understood as circumscribed exclusively to questions of constitutional nature and significance, understood, therefore, with respect to the interpretation of the scope of fundamental rights and constitutional norms, but not as regards the legality aspects set forth herein; consequently, the partial rejection of the amparo appeal does not prejudge the administrative liability for unlawful omission conduct incurred by INCOFER by failing to maintain its assets, thus facilitating the means for third parties to throw garbage from its railway lines. In support of its argument, it cites resolution number 107-2010 at 8:30 a.m. on April 30, 2010, issued by the Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Regarding the claimed damages, it explains that its represented party has been managing the property for 35 years, successfully consolidating a prosperous business in earthworks (movimiento de tierras) and sediments, building the economic value of the property through years of hard work. However, since garbage began to fall from the INCOFER property, that value built over decades of work has been diminished, since not only is the economic value of the property impacted by concentrating hundreds of tons of garbage, but the movement of sediments is also obstructed due to the entire area covered by garbage, which effectively limits continuing the economic activity of its represented party in increasingly larger sections of the property, which has reached 15% of it, representing approximately 3000 square meters covered by garbage. Therefore, it requests that INCOFER be ordered to pay compensation for the damages caused to its represented party, since the entire area covered by garbage becomes unusable for the economic activity carried out on the property. Finally, it states that the evidence received proves the use by third parties of the right-of-way to throw garbage onto the property of its represented party. Subsequently, a sanitary order issued by the Ministry of Health against INCOFER is also provided because said authority determined that the origin of this problem was occurring from the train lines onto the property of its represented party. It explains that a criminal file is provided, which proves that initially its represented party was filing complaints against the truck drivers, and unfortunately they began to receive death threats from the criminals. It points out that in the notarial certificates from 2020, 2021, and 2022, the amount of garbage and the trucks arriving at different times are proven, as well as how the garbage mountain is growing over the years. It also provides as evidence the letter from the real estate broker showing the tangible deterioration in the value of the property, since in 2016, when it was just beginning to happen, the property had an estimated value of 90 dollars per square meter, and at the time of filing the lawsuit, the square meter value does not reach 7 dollars; therefore, it is a reduction of more than 90% of the property's value, since it is a garbage dump and there is no real economic activity that can be carried out in the largest illegal open-air garbage dump in the Greater Metropolitan Area. b) For its part, the representation of INCOFER responds that the lawsuit filed by the plaintiff clearly lacks, in its arguments, the causal link necessary to support its request, since the allegations seek to hold the Institute responsible for actions that are unrelated to the railway functionality entrusted to it by law, such as the matter of waste cleanup (garbage), which is exclusive to other entities. To this end, it references the objectives of INCOFER, as set forth in Article 3 of Law No. 7001, and its assets described in Article 36 of the same Law, as well as the provisions on the railway right-of-way in Executive Decree No. 22483-MOPT, which establishes the dimensions of the rights-of-way on national railways. It asserts that the lawsuit reveals acts practiced by third parties, where the core of the matter is the deposit of waste (garbage), which, by legal competence, is assigned to institutions responsible for the treatment of such matters, and cites the provisions of Articles 83 and 84 of the Municipal Code, Law No. 7794, as well as Articles 5, 8, 44, and 45 of the Comprehensive Waste Management Law, No. 8839. It also states that the lawsuit claims that trucks arrive at the railway line to deposit garbage from there onto the plaintiff's property, but the direct relationship between the alleged damage and the harmful conduct being reproached is not established; in this regard, it cites the criterion of the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) set forth in resolution No. 406-2022, from which it concludes that an exonerating circumstance of liability exists for the Institute it represents, which is the act of a third party, said third party being the subject that the plaintiff points out as the ones who throw garbage onto its property from the railway line, and this is a defense based on Article 190, subsection 1 of the General Public Administration Law (LGAP). In another vein, it considers it important that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in the amparo appeal processed under expediente No. 20-015603-0007-CO, filed by Mr. [Nombre 001] on behalf of [Nombre 002] S.A., processed the same complaint that the plaintiff alleges in its lawsuit, issuing resolution No. 2020018319 at 9:15 a.m. on September 25, 2020; and INCOFER was not declared responsible for any action, nor was it warned to have to comply with taking measures or reporting on them. Despite this, it indicates that the Dirección del Área Rectora de Salud de Pavas, Ministry of Health, notified the Instituto Costarricense de Ferrocarriles about sanitary order MS- DRRSCS- DARS-P-OS-004- 2021-BAG, under the same aspects addressed in the amparo appeal in question, which it considers improper since INCOFER is being forced to perform actions that are not possible within the legal framework, as they are contrary to its legal competence. For the foregoing reason, it claims to have filed an incident of evident and manifest absolute nullity against the sanitary order issued by the Dirección del Área Rectora de Salud de Pavas. Finally, it indicates that the competence of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles lies in ensuring everything related to the railway and not in the collection or management of solid waste collection, and it thus maintains its position regarding the present matter. Finally, they argue that the machinery of [Nombre 002] S.A. has been digging at the wall on which the lines where the train travels are located, causing an invasion of the railway line. Regarding the damages and losses, it states that we are facing an undeniable situation of an act of a third party provided for in the General Public Administration Law, which is a ground for exemption of liability for the Administration, and therefore INCOFER is not responsible for any damage and/or loss as alleged by the plaintiff.\n\nIII.- Object of the proceeding. The arguments presented by the plaintiff are mainly directed towards having the judgment declare the strict liability (responsabilidad objetiva) of INCOFER, in application of Article 190 and following of the General Public Administration Law (hereinafter LGAP), for the omission conduct of said Administration, by failing to prevent the throwing of waste (garbage) by third parties, from the railway line located on the southern boundary of the property with real folio number 172997-000 owned by the plaintiff company, which is at the lower part of a vertical wall or cliff of approximately 50 meters. And it is in accordance with the principle of congruence that governs the exercise of the jurisdictional function, and which is expressly regulated by numeral 119, subsection 1) of the Administrative Contentious Procedure Code, as follows: \"...The judgment shall resolve all claims and all matters permitted by this Code...\", as well as numerals 28.1 and 61.2 of the Civil Procedure Code, that only the following claims transcribed in point 1) of the previous considering clause, which were clarified and confirmed by the case management judge in the preliminary hearing of September 21, 2021, will be addressed. Regarding this principle of congruence, the First Chamber in its vote No. 1239-2022 at 10:45 a.m. on May 26, 2022, reiterates the following line of reasoning: \"...the principle of congruence is complemented by the so-called postulate ‘iura novit curia’ (the judge knows the law), which implies that it is up to the judge to determine which rules are applicable to the specific case, observing the limits imposed by congruence, namely: the causa petendi, which corresponds to the facts narrated by the litigants (which constitute the basis of their petition), and based on this, their claims and exceptions. Therefore, the Judge, without varying the facts or the requests or exceptions, must use their knowledge in law (...) to resolve the fundamental object of the process. The correct understanding of the foregoing allows concluding (that) (...) procedural congruence does not require subordination or full subjection to the allegations and legal grounds of the parties. It is sufficient that there is a correspondence between the debated factual framework, the material claim, and the pronouncements of the judgment.\" (vote 301-2007 of this Chamber, reiterated in rulings 82-2005 and 23-2018)…”. Upon considering the recently expressed jurisprudential criterion, this composition of the Court warns that the following considering clauses will analyze the factors attributing strict extra-contractual liability as raised by the plaintiff against the defendant Administration; however, in application of the principle iura novit curia, comprehensive references will be made to the regulations governing the factual framework of the lawsuit and the claims of the lawsuit, within the terms in which the litis was established. - \n\nIV.- Proven facts. Of importance for the correct resolution of this proceeding, the following facts have been demonstrated, as will be described below: 1) That the company [Nombre 002] S.A., with legal identification number [Valor 001], is the owner of the property registered in the National Registry under real folio registration number 1-172997-000, located in the central canton of San José, Pavas district, which borders to the south the railway right-of-way, managed by the Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), and that there is an abrupt depression in the ground or unevenness – a vertical wall-type or cliff– with a height difference of approximately 50 meters from the railway lines, the plaintiff's property being located at the lower part. Consequently, third parties enter via the railway line, from the upper part of the wall, where the train line is located, and take advantage of the topography to throw different types of waste onto the property of the plaintiff, indicated above, which are accumulating in a huge mound of garbage that reaches up to the upper edge of the vertical wall. (See registry certification, cadastral map No. SJ-1887236-2016, at images 31 to 34 of the file, as well as photographs at images 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, public deed No. 116, Act No. 1-2021 of notary Diana María Vargas Rodríguez at image 173, and the statement of witness [Nombre 003]). 2) That on October 5, 2016, the Dirección del Área Rectora de Salud de Pavas issued sanitary order No. CS-ARS-P-OS-061-2016 to the representation of [Nombre 002] S.A., stating: “...In response to complaints received at the Área Rectora de Salud de Pavas on July 21, 2016, from your person regarding contamination with garbage in fecal matter thrown by trucks arriving at the boundaries of said quarry, after having carried out the on-site physical sanitary inspection, which was recorded by inspection minutes dated August 10, 2016, and September 6, 2016, and technical report CS-ARS-P-IT-127-2016-BAG, it was verified that there is an accumulation in the form of a mound of solid waste reaching the Quarry that may be a source of water accumulation and the presence of the vector transmitting Zika, Dengue, and Chikungunya, therefore you are ordered: 1. to submit in writing an action plan for its proper review and approval with actions to be taken, responsible parties, and deadlines regarding the correct disposal of solid waste found on the south side of the company [Nombre 002]...”. (See image 47 of the judicial file). 3) That on February 23, 2017, the Sección de Delitos Varios of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial) issued its report No. 095-DVCI-2017, related to criminal case No. 16-015824-0042-PE processed for the crime of Infraction of the Comprehensive Waste Management Law to the detriment of [Nombre 001] and [Nombre 002] S.A.; which states: “... At the time the inspection was carried out (December 2, 2016) in the upper part, even in the presence of the authorities, there were four (4) light and heavy-duty trucks with several people, whom the victim confirmed he recognized from the sector of the precario Nueva Esperanza, since from the position of the investigators conducting the inspection it was not possible to detail the features of the subjects or characteristics of the vehicles; the former, without any consideration, were dumping large quantities of solid waste and plastic scraps, this action being supported by video and photography. As a result of said action, four gigantic mounds of waste approximately twenty (20) meters high were observed along the wall; additionally, liquids could be seen distilling down over the precipice at the edges of the wall, which appeared to be black water (...) At the time it was determined that the trucks were throwing garbage onto the affected property, the Functional Directorate in the Adjacent Agrarian Environmental Prosecutor's Office was contacted, in order to establish the procedure to follow with the individuals who were breaking the Law; therefore, Mr. Luis Hernández Araya, Assistant Prosecutor, recommended that we fully identify the subjects and subsequently submit a report with the evidence collected during the investigation process. For this reason, collaboration was requested from Sub-Intendant Roberto Mora Espinoza, assigned to the Pavas Police Delegation; who coordinated with the officers (...) proceeding with the arrest in flagrante delicto and full identification of the individuals who were throwing garbage from their trucks over the edge of the precipice that corresponds to the quarry property, which fell onto the mounds already formed on the land...” (See image 88 of the file). 4) That on February 28, 2017, the Dirección de Protección al Ambiente Humano of the Ministry of Health, by its official letter DPAH-UASSAH-798-2017, communicated to the Director Regional de Rectoría de la Salud Central Sur of the same ministerial portfolio, that: “...2. On the other hand, although the closure works are carried out, this does not guarantee the cessation of the illegal practice by third parties of disposing waste on the property, taking advantage of topographic conditions such as access via the railway right-of-way and the possible risk due to the presence of vehicles in the transit zone of this type of transport, therefore it is necessary: (...) to request the Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) to immediately assess the risk due to the presence of vehicles in the train transit zone adjacent to the southern boundary of the property of [Nombre 002] S.A. and implement the corresponding measures to prevent, in addition to the illegal disposal of waste, a possible accident due to the presence of this type of vehicle in the location...” (See image 51 of the judicial file). 5) That on April 7, 2020, in resolution No. 228-2020, the Dirección de Geología y Minas, after visiting the property of the plaintiff, concluded: “...The garbage observed in the sector comes from neighbors located in the upper part of the escarpment (wall) and is unrelated to the mining activity or related works such as the placement of earth. The present garbage is found at the foot of the wall and in cone shapes, and its provenance from the upper part of the wall can be easily traced...” (See image 74 of the judicial file). 6) That on September 25, 2020, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice issued resolution No. 2020018319, regarding the amparo appeal filed by [Nombre 001] on behalf of [Nombre 002] S.A.; where “...orders Dr.\n\nDaniel Salas Peraza, Minister of Health and Johnny Araya Monge, Municipal Mayor of San José, or whoever holds those positions in their place, shall carry out the necessary actions and coordination to resolve the complaint filed by the appellant on June 24, 2016, regarding the illegal garbage dump and the burning of waste that contaminate the environment, all within a period not exceeding eighteen months, counted from the notification of this judgment...”, by considering that “...VI.- REGARDING INCOFER: This Court observes that, in accordance with the legislation regulating the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, it had no incidence whatsoever in relation to the complaint alleged by the appellant. Consequently, it is proper to dismiss the appeal in this respect...”. (See image 191 of the judicial file). 7) That on April 29, 2021, the Minister of Health decided to reject as untimely the motion for absolute nullity filed by the Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) against the sanitary order MS-DRRSCS-DARS-P-OS-004-2021-BAG of January 13, 2021, thereby confirming what was ordered by the Director of the Governing Health Area of Pavas, for said Institute to comply with “...Take the necessary measures to prevent the railway line adjacent to the south side of [Name 002] located in Rincón Grande de Pavas, from being invaded and used by vehicles of any kind, as well as by third parties as a point for unloading and disposing of solid waste on [Name 002]. (DEADLINE: 6 months). 2. Keep this Directorate of the Governing Health Area informed, as well as the Municipality of San José, regarding the measures taken to respond adequately before the Constitutional Chamber...”. (See image 177 of the judicial file).\n\nV.- Unproven facts. Due to the lack of evidence in the record and being relevant for the resolution of this dispute, the following are considered unproven facts: 1) That INCOFER implemented a plan to prevent the transit of vehicles other than the train, on the railway track in the section adjacent to the property of the plaintiff company [Name 002] S.A. (The record). 2) That INCOFER erected any type of infrastructure that would hinder the dumping of garbage from the railway track onto the property of the plaintiff company [Name 002] S.A. (The record). 3) That [Name 002] S.A., had excavated, encroaching on the railway track. (The record)\n\nVI.- On the merits. According to the evidence, it is obtained that the defendant Institute, in its capacity as owner of the railway track (article 36 of the Organic Law of the Instituto Costarricense Ferrocarriles INCOFER No. 7001), in the sector of the district of Pavas, keeps said track open without any surveillance, such that when the train is not circulating on the rails, that is, in the absence of the railway, third parties freely transit with vehicles loaded with various types of garbage, and taking advantage of the topographical difference generated by an abrupt depression in the ground, like a vertical cliff of several meters in height, they throw this waste onto the plaintiff's property located at the lower part. This occurs without any surveillance, prevention, or obstacle generated by INCOFER, as could happen with the erection of fences, walls, or gates. Consequently, there undoubtedly exist the necessary risk conditions to cause damage to those adjacent to the railway right-of-way in that area. The possibilities of risk or danger are multiplied by failing to exercise any control over that property by the defendant Administration. The adjacent company suffered damages as a consequence of the garbage dump, which is ever-increasing, generating a negative impact on the use and exploitation of the property. Therefore, this Court considers the omission alleged by the plaintiff, and the factual elements necessary to analyze the strict liability of INCOFER regarding the legal presuppositions, to be duly accredited. Now, in this line, the system of extra-contractual liability of the Public Administration is generally built upon the principles of articles 9, 11, 18, 33, 41, and 45 of the Political Constitution, that is, the guiding principles of responsibility of political leaders, legality, equitable or equal contribution to public burdens, access to justice, and inviolability of property. This is developed by article 190 and following of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), being essentially strict in nature, that is, it seeks to ensure that the person is compensated for any injury caused by a public entity, which there is no duty to bear. Thus, the first paragraph of article 190 of the LGAP establishes: “1) The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party...”. It is seen that this is a regime that clearly excludes assessments of willful misconduct or negligence as factors for attributing liability, to be based exclusively on administrative conduct, damage, causation, and its reparation. Thus, we have that derived from the administrative function are formal or material omissions which are potentially conduct generating liability. Therefore, in the legal composition of the administrative activity, active or passive conduct is included as a declaration of will intended to produce legal effects, or the development of material conduct, so the Public Administration will have a wide range of duties it must observe and exercise; from this perspective, its obligatoriness and the legal means and instruments that the legal system makes available to the individual to enforce compliance will be determined. In this sense, it can be stated that there is an entire normative provision to which the Public Administration must conform in its legal duties, this is so because the Constitution itself embodies it in its guiding principles, both that of positive self-binding and legality, in both its positive and negative aspects, contained in article 11 of the Magna Carta. The obligation or legal duty to act constitutes a framework of legality to create the system that can compel the Administration to the final deployment of an action. More simply, each and every one of the State's functions, including the duty to do, will be in accordance and conformity with what is indicated by the legal system in relation to subjective rights and legitimate interests regulated in the norms. In this line, administrative conduct that compels a citizen to bear what the law does not authorize, or prevents them from doing what the law permits, is not only an action contrary to the legal system but also a violation of this citizen's freedom, and just as an administrative act issued without the protection of a legal norm to support it is illegal, so too is an action demanded of the Administration that it does not carry out, despite the obligation contained in the norm. With this context, there is no doubt that if the Administration, through its material inactivity, causes damage, it incurs an infraction of the legal system, and consequently, the indemnity duty arises under the rules of the strict liability regime in reference. Thus, article 66 of the LGAP provides that the “...imperium powers and their exercise, and public duties and their fulfillment, shall be non-waivable, non-transferable, and imprescriptible...”; in the specific case, we see how the representation of INCOFER has defended itself by asserting that preventing passage on the railway track and, consequently, preventing garbage from being thrown from the train line onto the plaintiff's property, falls outside its powers, so it remains reluctant to said request, and adds that the Constitutional Chamber exonerated it from liability regarding this in resolution No. 2020018319. In this regard, the representation of INCOFER is mistaken, given that the Chamber resolves within the context of the complaint filed by [Name 002] S.A. before the Ministry of Health, so that within its powers it could proceed to issue the respective sanitary orders, a situation for which the constitutional ruling excludes INCOFER; however, this does not prejudge the administrative liability of said Institute. Regarding the argument that INCOFER's powers are insufficient to prevent the dumping of garbage, it is not acceptable, for the reasons that will be set forth below. The activity of indiscriminately throwing garbage is, in itself, directed against nature and the environment. These types of actions are incompatible with all logic and rationality, as they generate destruction and contamination to the detriment of public health. In this case, it threatens public health as it endangers the well-being of the adjacent neighbors, as well as environmental protection values. It should be remembered that the economic and social function of real estate also entails an ecological function in harmony with the environment, placing the human being at the center, related to nature. These objectives of preserving a healthy environment are, clearly, the philosophy of article 50 of the Political Constitution. To which all inhabitants are bound, and with much more reason, the Public Administration; in this regard, the Constitutional Chamber has repeatedly affirmed that “...Article 50 of the Constitution establishes as a fundamental purpose and essential value of the Costa Rican State to seek 'the greatest well-being for all inhabitants of the country.' In such a way that the 'healthy and ecologically balanced environment' forms part of the content of the greatest well-being of all inhabitants, cause, end, and also condition and limit of the exercise of public powers and competencies...” (Vote No. 4621-2016 of April 5, 2016); therefore, it is incumbent upon all public entities to constitute themselves as guarantors and ensure respect for this healthy and ecologically balanced environment, from which the defendant Institute does not escape. Furthermore, the General Health Law (Ley General de Salud) No. 5395, provides in its article 4 that every “natural or legal person is subject to the mandates of this law”; and article 37 states that “no person may act or assist in acts that signify danger, impairment, or damage to the health of third parties or the population, and must avoid any omission in taking measures or precautions in favor of the health of third parties.”; and article 39, even more precisely, establishes that the “...owner and the person in charge of movable or immovable property must avoid the nuisances and damages that may arise for the health of third parties from the poor quality or poor state of conservation or hygiene of such property. (...) In both cases, such owners and persons in charge must take the measures that the sanitary authority orders within the time period set for this purpose, without prejudice to the measures that the authority may take according to the danger or seriousness of the case...”. In a similar sense, numeral 282 orders that “owners of unoccupied land in urban areas are obligated to keep them fenced and in good hygienic conditions. They shall also be obligated to carry out the practices or works, within the period ordered by the health authority, when such land constitutes a source of environmental contamination”. Articles 262, 263, 293, 294 refer to the obligation of every physical and legal person to protect the environment and public health, to finally recall that article 378 establishes the penalty for non-compliance with sanitary orders issued by health authorities within their competencies. And here, it must be remembered that the Director of the Governing Health Area of Pavas issued sanitary order MS-DRRSCS-DARS-P-OS-004-2021-BAG of January 13, 2021, to INCOFER, for said Institute to comply with “...Take the necessary measures to prevent the railway line adjacent to the south side of [Name 002] located in Rincón Grande de Pavas, from being invaded and used by vehicles of any kind, as well as by third parties as a point for unloading and disposing of solid waste on [Name 002]. (DEADLINE: 6 months). 2. Keep this Directorate of the Governing Health Area informed, as well as the Municipality of San José, regarding the measures taken to respond adequately before the Constitutional Chamber...”. From this firm administrative act – formal conduct – issued by the Public Administration, the obligation of INCOFER to prevent third parties from entering the railway track under its administration, to throw garbage towards the Pit, is clearly extracted, this being an unavoidable duty that underpins the legally relevant omission to which the plaintiff has been referring. Additionally, the Law for Integrated Waste Management (Ley para la Gestión Integral de Residuos) No. 8839 describes a series of acts that constitute infractions and the corresponding penalty, among them, article 53 includes “Managing, storing, valorizing, treating, depositing, and disposing of hazardous waste or special handling waste declared by the Ministry of Health, in places not authorized or approved by the competent authorities or in conditions contrary to those established in the corresponding provisions”; as a very serious infraction, and article 54 penalizes “Disposing of ordinary waste by burning, burying non-organic waste, or abandoning ordinary waste on public roads, sewer systems, springs, watercourses, and their protection zones; as well as on private property not authorized for such purposes”; and article 60 describes the following criminal action of illicit waste trafficking, it being that “...A prison sentence of two to fifteen years shall be imposed on the person who, without authorization, exports, imports, transports, stores, markets, or puts into circulation hazardous, bio-infectious, or radioactive waste or substances. The sentence shall be six months to three years if these conducts are carried out with other types of waste and without authorization”. It is for this last action that the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial) and the Deputy Agricultural Environmental Prosecutor's Office (Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental) are investigating the events that occurred in flagrante delicto on the railway line to the detriment of the plaintiff, described in report 095-DVCI-2017 of February 23, 2017, within case 16-015824-042-PE. It is noted, then, that the omission by INCOFER to limit or restrict the circulation of vehicles on the train line, in that area of Pavas, is facilitating the commission of criminal acts by third parties, a situation that in itself is justification for concluding that there is indeed a legal obligation resting on the defendant Institute. In this order, article 62 of the same Law No. 8839 establishes a type of joint and several liability for damages caused to the environment, by reason of the administrative and penal infractions previously outlined, which falls on the “owners of the enterprises or activities where the damages are caused”, this being another reason to consider that INCOFER has a duty to prevent the environmental impact so often indicated. And the obligation of the defendant Institute does not end there, as, in accordance with article 56 of the cited Law, it has the duty to report to the “Environmental Administrative Tribunal When environmental damage is presumed or before the infractions described in article 48 of this law, the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, the municipalities, or any other police authority shall file the complaint before the Environmental Administrative Tribunal, which must grant a hearing to the interested party, in accordance with the provisions of Law 7554, Organic Law of the Environment, and the procedural regulations of said Tribunal”. As can be observed, the garbage that is deposited on the property of the plaintiff company, using the railway right-of-way as a means that facilitates the damage, is not the exclusive competence of the Ministry of Health and the Municipality, but is an integral competence of state institutions and all inhabitants in accordance with article 50 of the Political Constitution. Finally, this Chamber of Judges also considers the rules of good neighborliness, which the Civil Courts extract from the abusive exercise of property rights, regulated in numerals 21 and 22 of the Civil Code, to have been violated. These norms indicate: “Article 21. Rights must be exercised in accordance with the requirements of good faith.” Article 22: “The law does not protect the abuse of right or the antisocial exercise thereof. Every act or omission in a contract, which, by the intention of its author, by its object, or by the circumstances in which it is performed, manifestly exceeds the normal limits of the exercise of a right, causing damage to a third party or to the counterparty, shall give rise to the corresponding indemnification and the adoption of judicial or administrative measures that prevent the persistence of the abuse”. It is evident that, in this case, it is INCOFER who bears the responsibility for the decision not to prevent garbage from being thrown at its adjacent neighbor from the railway track, since the right of property, like any other, has its limits, especially in cases like this where its exercise harms the rights of use and enjoyment of the domain also held by [Name 002] S.A.; it does not seem fair that a person should have to endure annoyances or disturbances as serious from a neighbor as those proven in this process. However, this Court considers that these rules of good neighborliness are also nourished by articles 84 and 85 of the Municipal Code (Código Municipal) Law No. 7794, which obliges the neighbor that is “...natural or legal persons, owners or possessors, by any title, of immovable property” to “b) Fence and clean both lots where there are no constructions and those with uninhabited dwellings or those in a state of demolition. (...) h) Adequately guarantee the safety, cleanliness, and maintenance of properties, when public roads or properties or third parties related to them are affected”. Having clarified the obligation of the defendant Institute, we must proceed with the analysis of causation, insofar as the administrative conduct that has caused the damage suffered by the plaintiff company has undoubtedly been INCOFER's omission to prevent the entry of third parties to the railway track, where they take advantage of the ease of throwing garbage by gravity onto the plaintiff's property; there is no justification whatsoever for having to bear this. This situation generates an indemnity obligation conditioned on the legal factors previously explained, so the corresponding liability can be attributed in this case, by linking the conduct with the damage caused. At this point, it is worth recalling what was resolved by the First Chamber in vote No. 300-F-S1-2009 of 11:25 a.m. on March 26, 2009, regarding the causal link: “...Regarding causation, it is necessary to indicate that it is a case-by-case assessment made by the judge in which, based on the facts, determines the existence of a relationship between the claimed damage and the deployed conduct (...). Although there are various theories on the matter, the one considered most in line with the Costa Rican regime is that of adequate causation, according to which there is a link between damage and conduct when the former originates, if not necessarily, at least with a high probability according to the specific circumstances affecting the matter, from the latter (in this sense, see, among others, resolutions 467-F-2008 of 2:25 p.m. on July 4, 2008, or 1008-F-2006 of 9:30 a.m. on December 21, 2006).” (Highlighting is not from the original). Thus, it is understood that the causal link is the bond or relationship between the damage and the conduct that allows deducing with a high degree of probability that the damage was the product of the active or omissive conduct, the damage being indemnifiable which “...is a direct and immediate consequence of the failure to fulfill the obligation, whether they have been caused or must necessarily be caused...”, in the terms of article 704 of the Civil Code. It is noted that, in the species, the plaintiff's claim is about the inactivity of the defendant Institute in obstructing passage on the train line, as it is this which has facilitated that cargo trucks arrive at the edge of the crag to throw garbage with great ease, which has made it impossible for it to use a part of the property, which in turn has lost value and hinders the economic activity developed thereat; therefore, the causal relationship between the Administration's conduct and the damage to be indemnified is undeniable. For its part, the representation of INCOFER argues that [Name 002] S.A. excavated the cliff where the lines on which the train transits are located at the top, and that this has caused an encroachment on the railway track; this argument remained a mere statement by the party, since there is no evidence that accredits it, given that the party failed to comply with its procedural obligation to bring evidence on that thesis. Nor does it explain with any precision the effectiveness of the argument to refute what has been resolved here; it must be remembered that the dumping of garbage onto the plaintiff's property was not an event controverted by them. As for the exemption from liability for the act of a third party, alleged by the defendant party, and contained in paragraph 1 of article 190 of the General Law of Public Administration, it should be clarified that this applies in those cases where, despite all the measures taken by the Administration to comply with the provisions of the legal system, the act of a stranger still occurs causing damages; however, as previously explained, in this case it does not apply, given that INCOFER has omitted to take any action that guarantees proper functioning and prevents the damages described in the facts against the plaintiff. It is clear to remember that INCOFER is the owner of a property, where the railway lines are installed, and allows the free transit of motor vehicles that manage to throw waste onto the adjacent property. Consequently, and for all the foregoing, the claim for the declaration of administrative liability of INCOFER is granted, and the defense of lack of passive legal standing asserted by the representative of the defendant party is dismissed.\n\nVII.- Defenses. For the reasons set forth in the preceding paragraphs (Considerandos), the defense of lack of right asserted by the representation of INCOFER is dismissed, because throughout this process, it has been possible to prove, within the framework of strict liability for abnormal functioning, that the plaintiff company, in its condition as owner of the property adjacent to the railway line, property that suffered the damage, had the right, the standing, and the current interest to seek, through the establishment of this process, compensation for the injury suffered against the defendant Public Administration.\n\nVIII.- On the indemnification claims and the conduct to undertake. Having established the previous points, it is now appropriate to determine what type of compensation the plaintiff is entitled to in this case. In its claims, it requests that “INCOFER be condemned in the abstract for the damages suffered by my represented party due to its inaction in the face of the facts described herein”; which is granted in accordance with article 122.m.iii of the CPCA, it being that INCOFER is ordered to compensate the plaintiff company for the damages produced by its omission, which it must prove and quantify in the sentence execution phase, which must relate to the impact on the real possibilities of disposing of the property and the significant damage to the value of the asset, as delimited in the complaint. The plaintiff company also petitions that “INCOFER be ordered to establish a comprehensive plan to resolve the constant dumping of garbage from the train lines, for which it must present progress reports every 3 months to demonstrate active follow-up”; this claim is also granted, so that INCOFER ceases its inactivity, and a comprehensive plan is developed, as claimed by the plaintiff, to resolve and prevent the dumping of garbage onto its property from the train lines, for which it must present progress reports every 3 months before the judge of the sentence execution phase of this Court, until through its execution the entry of vehicles onto the railway track intending to throw waste from the edge of the cliff is effectively obstructed.\n\nIX.- On costs. Article 193 of the CPCA establishes that procedural and personal costs are imposed on the losing party by the mere fact of being so, a ruling that must be made even ex officio, according to the provisions of that same norm, in accordance with numeral 119.2 of the same code. From the same article 193 and 194 of the CPCA, it is extracted that the exceptions to the previous rule are: a) when the judgment is handed down by virtue of evidence whose existence the opposing party could verisimilarly not have known and, for this reason, the party's opposition was justified. b) Due to the nature of the issues debated, there existed, in the Court's judgment, sufficient reason to litigate; and c) There shall be no order for costs when the victorious party has incurred plus petitio, and there shall be plus petitio when the difference between what was claimed and what was finally obtained is fifteen percent (15%) or more, unless the basis of the complaint is expressly considered provisional or its determination depends on judicial discretion or expert opinion. In this case, this Court does not find that we are facing any of the said exceptions that would allow breaking the postulate of imposing costs on the losing party, and to that extent, it is proper to order INCOFER to pay both costs of this proceeding in favor of the plaintiff, which shall be determined in the Sentence Execution Phase.\n\nTHEREFORE\n\nThe defenses of lack of passive legal standing and lack of right, filed by INCOFER, are dismissed. This complaint is declared with merit in all its aspects. Therefore, INCOFER is condemned in the abstract to pay damages in favor of the company [Name 002] S.A., which it must prove and quantify in the sentence execution phase, and which must relate to the impact on the real possibilities of disposing of the property and the significant damage to its value. INCOFER must develop a comprehensive plan to resolve and prevent the dumping of garbage towards the property of the plaintiff company [Name 002] S.A., from the train lines, for which it must present progress reports every 3 months before the judge of the sentence execution phase of this Court, until through its execution the entry of vehicles onto the railway track intending to throw waste from the edge of the cliff is effectively obstructed. Both costs are imposed on INCOFER, to be determined and liquidated in the sentence execution phase, once this ruling is final. Notify. Francisco José Chaves Torres, Judge. Evelyn Solano Ulloa, Judge. Lindsay Rodríguez Cubero, Judge. -\n\nReproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nFaithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:36:14.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }