{ "id": "nexus-sen-1-0034-1267148", "citation": "Res. 01103-2024 Tribunal Agrario", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Titulación posesoria en Refugio Barra del Colorado con humedales privados", "title_en": "Possessory titling in Barra del Colorado Refuge with private wetlands", "summary_es": "El Tribunal Agrario revoca la sentencia de primera instancia que había denegado la información posesoria sobre un inmueble de treinta hectáreas en La Pajarera, Pococí, Limón, dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. La parte promovente, Araya y Jiménez S.A., acreditó posesión decenal anterior a la creación del refugio en 1985, ejercida por sus antecesores desde los años 70 mediante actividades agropecuarias. El Tribunal valora el estudio fotointerpretativo que muestra reducción de cobertura forestal del 56,22% para 1985 y un incremento posterior al 13,32% desde 2010, evidenciando un esfuerzo de recuperación ecológica con ganadería de búfalos de agua y cercas vivas. Sobre los humedales presentes en el terreno, se reitera la doctrina del Tribunal Agrario y la Sala Constitucional: los humedales no declarados en propiedad privada son de interés público y están sujetos a limitaciones de protección, pero no forman parte del dominio público ni deben excluirse del plano de mensura. Se ordena inscribir la propiedad con las restricciones legales de la Ley de Aguas (arts. 72 y 73) y la Ley Forestal (arts. 13, 14 y 33).", "summary_en": "The Agrarian Tribunal overturns the lower court's denial of a possessory information proceeding for a 30-hectare property in La Pajarera, Pococí, Limón, located within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge. The applicant, Araya y Jiménez S.A., proved decennial possession predating the refuge's creation in 1985, exercised by predecessors since the 1970s through agricultural activities. The Tribunal considers a photo-interpretation study showing a 56.22% reduction in forest cover by 1985, followed by an increase to 13.32% since 2010, reflecting ecological recovery efforts including water buffalo ranching and living fences. Regarding on-site wetlands, the Tribunal reaffirms settled doctrine: undeclared wetlands on private land are of public interest and subject to protection restrictions, but do not belong to the public domain nor require exclusion from the survey plan. The court orders registration of the property subject to legal restrictions under the Water Law (Arts. 72 and 73) and the Forestry Law (Arts. 13, 14 and 33).", "court_or_agency": "Tribunal Agrario", "date": "18/11/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "property-and-titling", "wildlife-law-7317" ], "primary_topic_id": "property-and-titling", "es_concept_hints": [ "diligencias de información posesoria", "posesión decenal", "humedal no declarado", "Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado", "Patrimonio Natural del Estado", "interés público vs. dominio público", "usucapión", "reservas nacionales", "función ambiental de la propiedad" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 7", "law": "Ley de Informaciones Posesorias" }, { "article": "Arts. 13, 14, 33, 34", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "Arts. 72, 73", "law": "Ley de Aguas 276" }, { "article": "Arts. 7, 11", "law": "Ley de Tierras y Colonización 2825" }, { "article": "Arts. 32-38, 45", "law": "Ley Orgánica del Ambiente 7554" }, { "article": "Art. 860", "law": "Código Civil" } ], "keywords_es": [ "información posesoria", "posesión decenal", "humedales privados", "Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado", "interés público", "dominio público", "Patrimonio Natural del Estado", "titulación agraria", "usucapión", "reservas nacionales", "cobertura forestal", "posesión ecológica", "limitaciones agroambientales" ], "keywords_en": [ "possessory information", "decennial possession", "private wetlands", "Barra del Colorado National Wildlife Refuge", "public interest", "public domain", "State Natural Heritage", "agrarian titling", "adverse possession", "national reserves", "forest cover", "ecological possession", "agro-environmental restrictions" ], "excerpt_es": "“VI.- Sobre humedales en terrenos privados.- Este Tribunal en Voto N° 734-F-14 de las dieciséis horas y cincuenta y uno minutos del veintiocho de agosto de dos mil catorce: estableció: \"Este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse en asuntos similares al que nos ocupa, señalando lo siguiente: (...) De este modo no cabe duda que los humedales son de interés público lo que no equivale al dominio público, de manera que en el plano no debe de exigirse la exclusión de esa área del plano. Diferente es el caso de humedales que forman parte de Áreas Silvestres Protegidas en cuyo caso serían parte del dominio público, lo cual no sucede en la especie...\". Así también lo ha interpretado la Sala Constitucional cuando ha analizado el régimen del dominio público y del Patrimonio Natural del Estado (sentencia No. 2012-16629 del 18 de noviembre del 2012).”", "excerpt_en": "“VI. On wetlands on private lands. — This Tribunal, in Decision No. 734-F-14 of sixteen hours fifty‑one minutes of twenty‑eight August two thousand fourteen, held: ‘This Tribunal has had occasion to rule in similar matters, stating the following: (…) There is therefore no doubt that wetlands are of public interest, which does not equate to public domain; accordingly, their exclusion from the survey plan must not be required. The situation differs where wetlands form part of Protected Wild Areas, in which case they would be part of the public domain — which is not the case here…’. The Constitutional Chamber has interpreted the public‑domain regime and the State Natural Heritage in the same manner (decision No. 2012‑16629 of 18 November 2012).”", "outcome": { "label_en": "Overturned and granted", "label_es": "Revocada con lugar", "summary_en": "The Agrarian Tribunal overturns the denial, grants the possessory information proceeding, and orders registration of the property in the name of Araya y Jiménez S.A. subject to applicable legal restrictions.", "summary_es": "El Tribunal Agrario revoca la sentencia denegatoria y acoge las diligencias de información posesoria, ordenando inscribir la propiedad a nombre de Araya y Jiménez S.A. con las limitaciones legales correspondientes." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI", "quote_en": "“...there is therefore no doubt that wetlands are of public interest, which does not equate to public domain; accordingly, their exclusion from the survey plan must not be required.”", "quote_es": "“…no cabe duda que los humedales son de interés público lo que no equivale al dominio público, de manera que en el plano no debe de exigirse la exclusión de esa área del plano.”" }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "“It is important to bear in mind that although a wetland exists, the significance of the above lies in the fact that it is an area that must be protected because wetlands are highly vulnerable, fragile ecosystems that provide a range of environmental services; their protection and conservation is therefore important, regardless of whether or not they have been declared as such…”", "quote_es": "“Es importante tener presente si bien existe un humedal, la importante de lo anterior radica en que es un área que se debe proteger por cuanto los humedales son ecosistemas de gran vulnerabilidad, fragilidad y que prestan una serie de servicios ambientales por lo que es importante su protección y conservación, independientemente estén o no declarados como tales…”" }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "“...the possessor who seeks to acquire by adverse possession forested land that was part of the national reserves must prove decennial possession (original or transmitted) and must have conserved the forest resource.”", "quote_es": "“...el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal.”" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1267148", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 01103 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 18 de Noviembre del 2024 a las 13:46\n\nExpediente: 17-000061-0507-AG\n\nRedactado por: Enrique Ulate Chacón\n\nClase de asunto: Actividad judicial no contenciosa\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Agrario\n\nTema: Propiedad agraria\n\nSubtemas:\n\nConsideraciones sobre los humedales en terrenos privados.\n\nTema: Humedales\n\nSubtemas:\n\nConsideraciones sobre los humedales en terrenos privados.\n\n\"VI.- Sobre humedales en terrenos privados.- Este Tribunal en Voto N° 734-F-14 de las dieciséis horas y cincuenta y uno minutos del veintiocho de agosto de dos mil catorce: estableció: \"Este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse en asuntos similares al que nos ocupa, señalando lo siguiente: \"VI.- Finalmente, tocante al segundo agravio, referente a que los humedales no son susceptibles de apropiación por los particulares, aún cuando aquellos no se encuentren decretados, tampoco lleva razón la recurrente. De reciente data, este Tribunal ha señalado: \"IV.- No lleva razón la recurrente en sus agravios. Las limitaciones agroambientales de la propiedad, alcanzan gran cantidad de aspectos en el ejercicio de actividades productivas y en el ámbito de la conservación de los recursos naturales, la Biodiversidad, el uso y conservación de suelos, la protección del bosque y los ecosistemas, el uso y control de los plaguicidas y productos de síntesis química, el control fitosanitario y sanitario animal y vegetal, los desechos agrícolas, la conservación de las aguas, la utilización y manejo de aguas residuales en agricultura, la recuperación de suelos y cuencas hidrográficas, etcétera. En el próximo apartado, haremos referencia solo a algunas de dichas limitaciones. Dentro del contexto de los principios y valores constitucionales descritos, comienza a dictarse gran cantidad de leyes agroambientales, que no solo marcan la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible, sino que además, imponen una serie de limitaciones agroambientales a la propiedad y la libertad de empresa, buscando consolidar también una nueva cultura agraria y ambiental o ecológica. 1) La Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554 del 4 de octubre de 1995) establece la obligación del Estado de propiciar un desarrollo económico y ambiental sostenible, lo que implica, necesariamente imponer límites ambientales al ejercicio de las actividades económicas productivas y al ejercicio del derecho de propiedad. Pero para que esos límites tengan una verdadera aplicación, es necesario un cambio cultural. De la cultura agraria tradicional, en donde solo importaba lo económico, debe pasarse a una cultura ambiental o agroambiental para el desarrollo sostenible (Ley Orgánica del Ambiente, artículos 12, 13, 14, 15 y 16) [...]\"\n\nEs importante tener presente si bien existe un humedal, la importante de lo anterior radica en que es un área que se debe proteger por cuanto los humedales son ecosistemas de gran vulnerabilidad, fragilidad y que prestan una serie de servicios ambientales por lo que es importante su protección y conservación, independientemente estén o no declarados como tales, y ello fue lo precisamente declarado por la Sala Constitucional en el Voto 16938-11, ya antes citado.  Además la sentencia establece esas limitaciones tendientes a su conservación y protección\". De este modo no cabe duda que los humedales son de interés público lo que no equivale al dominio público, de manera que en el plano no debe de exigirse la exclusión de esa área del plano. Diferente es el caso de humedales que forman parte de Áreas Silvestres Protegidas en cuyo caso serían parte del dominio público, lo cual no sucede en la especie...\".  Así también lo ha interpretado la Sala Constitucional cuando ha analizado el régimen del dominio público y del Patrimonio Natural del Estado (sentencia No. 2012-16629 del 18 de noviembre del 2012).  En igual sentido, sentencias de este Tribunal No. 693-2016.  En este caso particular, es evidente que se excluyeron del plano original, que comprendía más de 47 hectáreas,  un poco más de 17 hectáreas, siendo que el Juzgado, en resolución de las 7:35 horas del 27 de setiembre del 2022 previno aportar un nuevo plano exluyendo las zonas  \"...Siendo así, cuando se aporta el plano actual de estas diligencias evidentemente la exclusión de esas zonas incidieron en la disminución de la cabida del fundo....\".(ver razonamiento del aq-uo, al final del Considerando VI). Lo que representa más del 30% del total del terreno que se pretendía titular originalmente [...]\".\n\n... Ver más\nSentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\nEV Generación de Machote: E:\\GESTION-JUDICIAL\\SERVIDOR DE ARCHIVOS\\MODELOS\\CIVIL\\TGTRIB009.dpj\n\n????????????????\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n17-000061-0507-AG - 8\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nARAYA Y JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nARAYA Y JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA\n\n \n\n   \n\nVOTO N°  N° 2024001103\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las trece horas cuarenta y seis minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro.-\n\nPROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovida por ARAYA Y JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres - ciento uno - cien mil diecinueve, representada por Efraín Araya Sánchez, cédula de identidad número  uno - cuatrocientos cincuenta y siete - cero noventa y seis. Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Yamileth Monestel Vargas, mayor, soltera, vecina de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad número  dos - quinientos cuarenta y cinco - seiscientos uno, en su condición de procuradora; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica cuatro - cero cero cero - cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres - once, representado por su apoderada general judicial Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad uno - quinientos noventa y ocho - ciento uno, colegiada veintiún mil trescientos cuarenta y dos. Actúa como apoderado especial judicial de la parte promovente, el licenciado Ernesto Jiménez Mora, colegiado  dieciocho mil seiscientos sesenta. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles.-\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- La parte promovente interpuso diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad la finca que se describe así: \"El fundo objeto de estas diligencias es de naturaleza de potrero, humedal, con una casa. Situada en La Pajarera, en el DISTRITO tres La Rita, CANTÓN segundo POCOCÍ, de la provincia de LIMÓN. COLINDA: al NORTE: Efraín Araya Sánchez, al SUR con el Consorcio Agrícola  Marechachi Sociedad Anónima, Luis Eliecer, Luis Ángel, Lilliam, Nain, Seidy, Roiner, Alex, Marvin y Norman, todos de apellidos Calderón Padilla, al ESTE con Brazo del Río Chirripo y al OESTE calle pública con un frente a ella de seiscientos veinticuatro metros con un centímetro lineal. MIDE: treinta hectáreas y nueve mil cuatrocientos cinco metros cuadrados.\", (folios 13 y  19 y sentencia de primera instancia incorporada el  22/09/2023 07:55:47).-\n\n2.- La Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Rural se apersonaron al proceso. ( ver descarga del expediente en formato PDF, imágenes  107, 112 a 114 y 119)\n\n 3.- El juez Geison López Barrantes, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, mediante sentencia número 2023000475, de las siete horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil veintitrés, resolvió: \"POR TANTO: Se rechazan las presentes diligencias de información posesoria que promueve Araya y Jiménez Sociedad Anónima. Una vez firme este fallo, se ordena el archivo definitivo de este expediente. - Hágase saber\" ( ver  escritorio virtual del Juzgado Agrario de Guápiles, documentos  asociados, sentencia de primera instancia incorporada el 22/09/2023 07:55:47).-\n\n4.- El licenciado Ernesto Jiménez Mora,  como apoderado especial judicial de la parte promovente, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, ( ver descarga del expediente en formato PDF, imágenes  373 a 377).-\n\n5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-\n\nRedacta el juez ULATE CHACÓN, y,\n\n \n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- HECHOS PROBADOS.- El Tribunal comparte la relación de hechos tenidos por demostrados en primera instancia, con las siguientes correcciones: HECHO SIETE: El inmueble fue poseído desde, al menos los años 70, por más de cuarenta y cinco años, siendo sus poseedores por Francisco Luis Picado Godínez, José Luis Araya Figueroa y Gerardo Araya Sánchez (ver declaraciones testimoniales de Eliécer Fernández Delgado, Eliécer Calderón Chinchilla y Carlos Rivera García).\n\n \n\nII.- HECHOS NO PROBADOS.- No se comparten los hechos tenidos por indemostrados, en cuanto al tiempo de la posesión y el tipo de posesión ejercida en el inmueble.- Ello es contradictorio con los hechos probados y algunos de los razonamientos de fondo vertidos por el a-quo, los cuales, como se verá, son contradictorios.\n\n \n\nIII.- RECURSO DE APELACIÓN: El abogado de la gestionante de las presentes diligencias de información posesoria, Ernesto Jiménez Mora, apeló el fallo aduciendo lo siguiente: 1. El pilar de la titulación es velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales, y su aprovechamiento, a través del princpio de uso adecuado y sostenible de los recursos, el incremento del nivel de vida de la población y su efectiva incorporación a las actividades silviculturales, siendo que la Ley forestal, en su artículo 18 prohíbe la corta y aprovechamiento de bosques. En este caso, aduce, su representada demostró una posesión agraria sobre un terreno que se recibió como se encuentra actualmente, no lo ha desmejorado, sino más bien ha realizado mejoras para mantener búfalos de agua en la finca, a través de apartos. Además ha conservado en mejores condiciones posibles los apartos.   Además, agrega, se han conservado en las mejores condiciones posibles los humedales de la finca, buscando mantenerlos sin dragarlos o causarles un daño irreversible o de difícil reparación. A diferencia de otras personas, aduce, que antes de 1985 talaron los árboles, como lo analizó el a-quo.  Los conocimientos en agronomía del presidente de su representada, agrega, han permido dar un tratamiento ecológico a la finca, en las condiciones que la recibieron por cesión, mejorando los suelos bajo una difícil reforestación.  2)  Con respecto a la prueba testimonial, señala, todas son personas mayores que han vivido en la zona, hablaron de posesión de más de cuarenta años, desde antes de 1985, por lo que se da antes de la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. En la zona, agrega, se han realizado titulaciones en fincas aledañas,  en las mismas condiciones. Agrega, cuenta con el visado del plano por parte del MINAE, lo que le permite la posibilidad de titular. Por ello, aduce haber cumplido os requisitos, hizo un nuevo plano para determinar dónde están los humendales (L-9375-2023), demostrando además una posesión ecológica, pues el inmueble se tomó en un estado de deforestación no imputable a su representada, que más bien ha realizado mejoras, cambiando a actividades sostenibles. No se han construido diques, drenajes o desecamientos, ni se han alterado los ecosistemas, tal y como queda determinado en el audio y video del reconocimiento judicial, con respecto a alteraciones que pueda interrumpir los ciclos naturales existentes.\n\nIV.- Este Tribunal Agrario ha procedido a valorar la prueba de conformidad con los principios de libre valoración probatoria (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), criterios de derecho y de equidad, así como el principio de irretroactividad en la aplicación de las normas en el tiempo.\n\n a) En cuanto a la posesión decenal: Al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias,  el Tribunal concluye que la titulante sí demostró una posesión decenal anterior a la declaratoria del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado.  Véase que  en la valoración de los testigos Eliécer Fernández Delgado, Eliécer Calderón Chinchilla y Carlos Rivera García, el a-quo afirmó:  \"Los tres testigos indicaron conocer el terreno a inicios de los años 1970 y mencionaron que el inmueble se formó producto de la reunión de dos terrenos que en su oportunidad pertenecieron a Francisco Luis Picado Godínez y José Luis Araya Figueroa, quienes a su vez se lo vendieron a Gerardo Araya Sánchez, y éste fue quien se lo vendió a  la sociedad titulante; no obstante, no mencionaron de forma precisa el período de posesión que ejerció cada uno de estas personas...\" (ver considerando V del fallo de primera instancia).  De lo anterior se infiere, sin ninguna duda, que ya para los años 70 se ejerció posesión agraria sobre el inmueble, consistente en la realización de repastos, prueba de ello es que para el año en que se crea el Refugio (1985), ya habían pasado más de diez años de posesión, la cual se acredita con el estudio fotointerpretativo de la identificación de la cobertura forestal del primer plano aportado (L-1941820-2016), de donde se deriva que la cobertura forestal se redujo en un 56.22%, en el año 1985, justamente el año de la creación del Refugio, fecha para la cual ya se habría consolidado una posesión de aproximadamente 15 años. Posesión agraria ejercida de acuerdo a las normas vigentes en ese momento, en particular la Ley de Tierras y Colonización, que permitía la ocupación de los terrenos baldíos nacionales como terrenos agrícolas del Estado, y la misma Ley de Informaciones Posesorias de 1941, que establecía como condición para adquirir la propiedad la posesión agraria (función económica y social).\n\n b) En cuanto a la posesión ecológica:  Por otra parte, hay que considerar que la Ley Forestal anterior, del año 1985, no prohibía el cambio de uso del suelo, es con al Ley de 1996 que se da ese cambio a nivel normativo, y ya para esa, el inmueble estaba con aproximadamente un 75% de repastos.  Finalmente, se puede desprender que a partir del año 2010 en adelante, la cobertura forestal del inmueble comenzó a aumentar a un 13.32%, de lo que se desprende que en la última década ha existido un esfuerzo por la recuperación del recurso natural, así como el mantenimiento de las condiciones húmedas del mismo, a través de una actividad agropecuaria de crianza de búfalos de agua, y el cuido de la cobertura forestal existente.   Ello se puede desprender del repaso de los distintos videos relacionados con el reconocimiento judicial.  La Ley de Informaciones Posesorias establece la obligación de la persona juzgadora constatar en el reconocimiento judicial la situación del inmueble y verificar \"si acusa una larga posesión\", eso se determina, a través de la experiencia de vida y sentido común y la percepción de lo que se observa en el lugar (reglas de sana crítica racional). Este Tribunal considera que, de la observancia de los videos del reconocimiento judicial, el inmueble a titular, efectivamente acusa una larga posesión, lo cual se verifica en la existencia de cercas viejas de antigua data, así como de una casa de habitación, el corral y la bodega existente, que tienen vestigios de tener varias décadas de existencia, por el estado de la madera y la insfraestrucura en general. De igual manera se puede observar que hay una actividad agro-silvo-pastoril, en el sentido de que se han incorporado cercas vivas (de poró y otras especies) en los apartos, y se han delimitado las zonas de protección de la quebrada existente, con cercas naturales de poró. Las anteriores consideraciones son suficientes para revocar la sentencia recurrida y aprobar estas diligencias, no sin antes realizar algunas consideraciones sobre el tema de los humendales en terrenos privados.- En un caso similar al que ahora nos ocupa, este Tribunal dispuso:              \n\n \"Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son:  el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son:  el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público.  (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003).\n\n V.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. Dicho criterio, fue ratificado, recientemente por la Sala Constitucional, en el Voto No. 2015-0098, de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: \"VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales, y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los dos kilómetros de radio en Volcanes y Parques Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.” De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada “Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales”. Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas “reservas nacionales”, conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.” Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobreponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales, no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años.\" VI.- En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, el titulante, aportó los planos catastrado No. A-1587501-2012 y A-1587536-2012 que describen terrenos de potrero y bosque, situados en La Poma de San Rafael de Guatuso de la Provincia de Alajuela, siendo que los anteriores planos eran del año 1973 lo que significa que la finca no solamente acusa una larga posesión sino que también han sido dedicados a actividades agropecuarias y forestales. Pese a lo anterior, se nota en las certificaciones del INTA 8certificaciones de folios 34 a 37 del expediente digitalizado) indica que conforme al artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, y con base en la visita de campo se determinó que se ha ejercido el uso conforme a la actividad, que existen repastos y cobertura forestal, lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agropecuaria y forestal sostenible, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible, lo cual también se puede verificar en el acta de reconocimiento judicial, y además en las declaraciones testimoniales (folios 94 a 96 del expediente digitalizado) en donde se indica que en los terrenos hay ganadería, y bosques debidamente protegidos. (HASTA AQUÍ LA CITA). VI.- En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, el titulante, aportó los planos catastrado No. A-1587501-2012 y A-1587536-2012 que describen terrenos de potrero y bosque, situados en La Poma de San Rafael de Guatuso de la Provincia de Alajuela, siendo que los anteriores planos eran del año 1973 lo que significa que la finca no solamente acusa una larga posesión sino que también han sido dedicados a actividades agropecuarias y forestales. Pese a lo anterior, se nota en las certificaciones del INTA certificaciones de folios 34 a 37 del expediente digitalizado) indica que conforme al artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, y con base en la visita de campo se determinó que se ha ejercido el uso conforme a la actividad, que existen repastos y cobertura forestal, lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agropecuaria y forestal sostenible, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible, lo cual también se puede verificar en el acta de reconocimiento judicial, y además en las declaraciones testimoniales (folios 94 a 96 del expediente digitalizado) en donde se indica que en los terrenos hay ganadería, y bosques debidamente protegidos.(Tribunal Agrario No.1011-F-15 del 02 de octubre de 2015)\n\n \n\nVI.- Sobre humedales en terrenos privados.- Este Tribunal en Voto N° 734-F-14 de las dieciséis horas y cincuenta y uno minutos del veintiocho de agosto de dos mil catorce: estableció: \"Este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse en asuntos similares al que nos ocupa, señalando lo siguiente: \"VI.- Finalmente, tocante al segundo agravio, referente a que los humedales no son susceptibles de apropiación por los particulares, aún cuando aquellos no se encuentren decretados, tampoco lleva razón la recurrente. De reciente data, este Tribunal ha señalado: \"IV.- No lleva razón la recurrente en sus agravios. Las limitaciones agroambientales de la propiedad, alcanzan gran cantidad de aspectos en el ejercicio de actividades productivas y en el ámbito de la conservación de los recursos naturales, la Biodiversidad, el uso y conservación de suelos, la protección del bosque y los ecosistemas, el uso y control de los plaguicidas y productos de síntesis química, el control fitosanitario y sanitario animal y vegetal, los desechos agrícolas, la conservación de las aguas, la utilización y manejo de aguas residuales en agricultura, la recuperación de suelos y cuencas hidrográficas, etcétera. En el próximo apartado, haremos referencia solo a algunas de dichas limitaciones. Dentro del contexto de los principios y valores constitucionales descritos, comienza a dictarse gran cantidad de leyes agroambientales, que no solo marcan la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible, sino que además, imponen una serie de limitaciones agroambientales a la propiedad y la libertad de empresa, buscando consolidar también una nueva cultura agraria y ambiental o ecológica. 1) La Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554 del 4 de octubre de 1995) establece la obligación del Estado de propiciar un desarrollo económico y ambiental sostenible, lo que implica, necesariamente imponer límites ambientales al ejercicio de las actividades económicas productivas y al ejercicio del derecho de propiedad. Pero para que esos límites tengan una verdadera aplicación, es necesario un cambio cultural. De la cultura agraria tradicional, en donde solo importaba lo económico, debe pasarse a una cultura ambiental o agroambiental para el desarrollo sostenible (Ley Orgánica del Ambiente, artículos 12, 13, 14, 15 y 16). Entre los límites más importantes impuestos a la propiedad, para garantizar la función económica, social y ambiental, pueden destacarse los siguientes: A.- El ejercicio de toda actividad agroambiental, que pueda alterar o destruir elementos del ambiente, requiere necesariamente de una evaluación de impacto ambiental, cuya aprobación debe ser previa al proyecto. También se exige la evaluación cuando por obras o infraestructura puedan afectarse recursos marinos, costeros y humedales. B.- El ordenamiento territorial, para equilibrar el desarrollo sostenible, implica la reubicación territorial de las actividades productivas, lo que podría significar límites importantes al derecho de propiedad, pues deben tomarse en consideración, entre otros aspectos, los recursos naturales, las actividades económicas predominantes, la capacidad de uso de los suelos y la zonificación por productos y actividades agropecuarias, en razón de consideraciones ecológicas y productivas. C- El Poder Ejecutivo está facultado para incluir dentro de las áreas silvestres protegidas las fincas de particulares necesarias para el cumplimiento de la función ambiental, o crear las servidumbres legales para la protección ecológica. En los casos donde la Ley exija indemnización, los particulares pueden someterse voluntariamente al régimen forestal, caso en el cual la propiedad queda afectada en el Registro Público (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37). D.- Están prohibidas las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedales, que puedan provocar su deterioro y la eliminación (Ley orgánica del Ambiente, artículo 45). E.- Las actividades productivas deben evitar la contaminación del agua, dar tratamiento a las aguas residuales, impedir o minimizar el deterioro o contaminación de cuencas hidrográficas, así como del suelo. F.- La agricultura orgánica, como forma de ejercicio de actividades agrarias sostenibles, implica una forma de cumplimiento de la función económica, social y ambiental, pues se exige una certificación ambiental de los productos orgánicos que se hayan obtenido sin aplicar insumos o productos de síntesis química (artículos 73-75). G.- El crédito ambiental: está destinado a financiar los costos de reducción de la contaminación en procesos productivos. Cuando implican el uso del suelo se requiere un plan de manejo y uso de tierras de conformidad con la capacidad de uso (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 113). Indudablemente, la estructura de la propiedad y su función está condicionada, en este caso por el elemento ambiental, requerido en el ejercicio empresarial. 2) La Ley Forestal (No. 7575 de 5 de febrero de 1996, reformada por leyes No. 7609 de 11 de junio de 1996, 7761 de 2 de abril de 1998 y 7788 de 30 de abril de 1998), orientada por los principios constitucionales de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables, establece regulaciones en cuanto a la conservación, protección y administración de los bosques naturales, y por la producción, aprovechamiento, industrialización y fomento de los recursos forestales, buscando la incorporación de los particulares al ejercicio sostenido de actividades silviculturales. Si bien es cierto, el MINAE está facultado para crear áreas silvestres protegidas en terrenos privados, ello requiere indemnización, salvo que el propietario decida someterse voluntariamente al régimen forestal, o sean ya propiedad del Estado, dentro de su patrimonio de Reservas Nacionales. La Ley prevé dos claros límites, en interés de las áreas protegidas: a: “Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de recursos.” (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37, en relación con el artículo 2 de la Ley Forestal. Dicha reforma fue introducida por la Ley de Biodiversidad, en el artículo 14). Lo cual constituye un claro límite para el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad. B.“Cuando, previa justificación científica y técnica de interés público, se determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad biológica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo. Esta restricción deberá inscribirse como afectación en el Registro Público.” (Ley Forestal, artículo 2 párrafo segundo). Como se observa, no se trata de un límite irrazonable. Por el contrario el propietario podría ejercer su actividad siempre y cuando sea compatible con la función ambiental que, por naturaleza, viene asignada al inmueble, para conservar recursos hídricos o diversidad biológica. El Título III de la Ley, referido a la propiedad forestal privada, como propiedad especial, establece un conjunto de derechos y obligaciones para los propietarios de bosques que condicionan el cumplimiento de la función ambiental, atendiendo a la naturaleza del bien: a) No es permitido a los titulares cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado puede otorgar permiso para realizar obras complementarias a la actividad agroforestal, siempre y cuando la corta del bosque sea limitada, proporcional y razonable (Ley Forestal, artículo 19. Cuando sea necesario, se exigiría evaluación de impacto ambiental); b) El aprovechamiento del bosque solo se puede realizar si el propietario cuenta con un plan de manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar al ambiente, según criterios de sostenibilidad científica; c) El pago por servicios ambientales (La Ley define los servicios ambientales como: “Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de emisiones de gases efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.), constituye una de las manifestaciones más modernas de ejercicio de la función ambiental, pues el propietario se compromete a conservar el bosque por un período no inferior a los veinte años, para recibir el Certificado de Conservación del Bosque. También lo reciben los propietarios que deseen someter su inmueble a la regeneración del bosque, para áreas que por su estado deteriorado y necesidades ambientales, deben convertirse al uso forestal. Las afectaciones y limitaciones, así como los incentivos se inscribe en el Registro Público como afectación a la propiedad; d) Las plantaciones forestales, incluidos sistemas agroforestales y árboles plantados individualmente, no requieren permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación, salvo cuanto exista plan de manejo derivado de un contrato forestal con el Estado; e) Todo propietario tiene prohibiciones de cortar o eliminar árboles en las áreas de protección establecidas por Ley para las nacientes permanentes, ríos, lagos y manantiales (Ley Forestal, artículo 33 y 34.). f) Está prohibido realizar quemas en terrenos forestales, ni aledaños, sin obtener el permiso respectivo de la Administración Forestal del Estado; g) Como parte de la función ambiental, los inmuebles sometidos voluntariamente al régimen forestal o dedicados a esa actividad, gozan de una protección especial respecto de invasiones, pudiendo solicitar la protección inmediata de las autoridades de policía; h) El crédito forestal, se consolida como instituto para financiar a pequeños y medianos productores, mediante créditos y otros mecanismos de fomento del manejo de bosques, procesos de reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas. El financiamiento comprende, además, el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques y plantaciones forestales. La tierra con bosque y los árboles en pie servirán como garantía de dichos créditos, quedando anotadas como afectaciones a la propiedad (Ley Forestal, artículos 46, 48 y 49). 3).- La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (No. 7779 de 30 de abril de 1998), es de fundamental importancia para el cumplimiento de la función económica, social y ambiental de la propiedad. Se pretende lograr el manejo, conservación y recuperación de suelos en forma sostenible, integrada con los demás recursos naturales, logrando una participación más activa de las comunidades y los productores, e impulsando la implementación y control de prácticas mejoradas en los sistemas de uso, para evitar la erosión y degradación del recurso. Se plantea la agroecología, como una forma de lograr la convergencia entre los objetivos de la producción agrícola y la conservación de los recursos suelo y agua. La Ley plantea un conjunto de limitaciones agroambientales, para lograr cumplir con los objetivos señalados: En áreas críticas de cuencas o subcuencas (con gravedad en degradación del suelo y su entorno, como limitante a cualquier actividad), sean de dominio público o privado, los dueños de terrenos deben aplicar forzosamente todas las medidas y prácticas que conlleven la recuperación del suelo y preservación del ambiente en general. Toda adjudicación de terrenos que realice el Instituto de Desarrollo Agrario, tendrá como limitación que el uso del terreno no puede ir en contra de su capacidad de uso, cuyo incumplimiento se convierte en causal para revocarla. Como obligaciones de los particulares se establecen entre otras: Fomentar, contribuir y ejecutar todas las prácticas y actividades necesarias para el manejo, conservación y recuperación de suelos; es un derecho obligación vigilar y controlar el cumplimiento de la legislación en materia de suelos; prevenir la degradación de los suelos que pueda ser causada por las aguas, para lo cual deberán aplicarse todas las prácticas que aumenten la capacidad de infiltración en sus terrenos o la evacuación de aguas sobrantes hacia cauces naturales; prevenir o impedir la contaminación de acuíferos y capas de agua subterránea; permitir el ingreso de técnicos autorizados para verificar el mantenimiento de las prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos. 4) Quizás se han mencionado las limitaciones más importantes, establecidas por el Legislador, para el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad. V.- El reglamento a la Ley sobre Uso, Manejo y Conservación de Suelos (No 29375-, MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT), contiene en el Título IV \"De las acciones punibles\", el capítulo III \"De la Jurisdicción Agraria\", en la cual se le otorgan suficientes poderes el juez agrario, para solicitar en cualquier proceso un estudio de uso y manejo de suelos y aguas, disponiéndose que \"En caso de que se demostrare incumplimiento, indistintamente del resultado del proceso, deberá ordenar a las partes incumplientes que dentro del plazo que se otorgará al efecto, procedan a adecuar su actividad y prácticas a los planes de manejo del suelo...\" (artículo 159) además, \"...podrá ordenar que el empresario agrario adopte las medidas que a ese efecto establezca el Plan Nacional, el Plan de Manejo del Área o en su caso el estudio de uso manejo y conservación de suelos, aguas y caminos específico para la finca o la microcuenca que se trate....\" (artículo 161), en el caso de que no se cumplan dichas prevenciones, cumpliendo con las prácticas de manejo de suelos de acuerdo con la tecnología aprobada al efecto, debe denegarse el trámite de la información posesoria.\" (véase entre otros voto N° 659-F-10 de las 11:00 hrs. del 9 de julio de 2010, voto N° 897-F-2013 de este Tribunal). En el presente caso, el oficio Nº ACAHN-SCH-855-11, emitido por el Sistema Nacional de Areas de Conservación indica existe un suampo con características de humedal de aproximadamente 36 hectáreas. Dice no se encuentra declarado.    En todo caso, véase se trata de un humedal en un terreno privado, que no es parte del Patrimonio Natural del Estado, ni está bajo la administración del MINAET, como lo interpreta la Procuraduría. Ello por cuanto la acción de inconstitucionalidad se dirigió a determinar la administración de los bienes que son Patrimonio Natural del Estado únicamente, sean declarados o no como zonas o áreas protegidas. Mientras que en el presente caso nos encontramos frente a un bien sometido a dominio privado desde hace más de diez años. En el presente caso, también se desprende que el inmueble a titular cumple con la función económica, social y ambiental de la propiedad. Según el informe del INTA, el mismo cumple el uso conforme del suelo.  Se trata, evidentemente, de zonas de protección legal, previstos en la Ley Forestal, como limitaciones del derecho de propiedad, pero el área de protección sigue formando parte del inmueble, artículos 33 y 34 de la Ley, como lo hizo ver el juez de instancia en su sentencia. Por ello se cumple con los requerimientos de tutela del interés público (Ver en sentido similar el voto de este Tribunal No. 636-F-13 y el 515-F-2012 ). Es importante tener presente si bien existe un humedal, la importante de lo anterior radica en que es un área que se debe proteger por cuanto los humedales son ecosistemas de gran vulnerabilidad, fragilidad y que prestan una serie de servicios ambientales por lo que es importante su protección y conservación, independientemente estén o no declarados como tales, y ello fue lo precisamente declarado por la Sala Constitucional en el Voto 16938-11, ya antes citado.  Además la sentencia establece esas limitaciones tendientes a su conservación y protección\". De este modo no cabe duda que los humedales son de interés público lo que no equivale al dominio público, de manera que en el plano no debe de exigirse la exclusión de esa área del plano. Diferente es el caso de humedales que forman parte de Áreas Silvestres Protegidas en cuyo caso serían parte del dominio público, lo cual no sucede en la especie...\".  Así también lo ha interpretado la Sala Constitucional cuando ha analizado el régimen del dominio público y del Patrimonio Natural del Estado (sentencia No. 2012-16629 del 18 de noviembre del 2012).  En igual sentido, sentencias de este Tribunal No. 693-2016.  En este caso particular, es evidente que se excluyeron del plano original, que comprendía más de 47 hectáreas,  un poco más de 17 hectáreas, siendo que el Juzgado, en resolución de las 7:35 horas del 27 de setiembre del 2022 previno aportar un nuevo plano exluyendo las zonas  \"...Siendo así, cuando se aporta el plano actual de estas diligencias evidentemente la exclusión de esas zonas incidieron en la disminución de la cabida del fundo....\".(ver razonamiento del aq-uo, al final del Considerando VI). Lo que representa más del 30% del total del terreno que se pretendía titular originalmente.\n\nVII.-En virtud de lo expuesto, se revoca la sentencia apelada.  En su lugar se resuelve:  Se ordena al Registro Público Inmobiliario inscribir a nombre de la sociedad ARAYA Y JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-100019, representada por Efraín Araya Sánchez, cédula de identidad número 1-0457-0096, la propiedad que se describe así:  naturaleza de potrero, humedal, con una casa. Situada en La Pajarera, en el DISTRITO tres La Rita, CANTÓN segundo POCOCÍ, de la provincia de LIMÓN. COLINDA: al NORTE: Efraín Araya Sánchez, al SUR con el Consorcio Agrícola Marechachi Sociedad Anónima, Luis Eliecer, Luis Ángel, Lilliam, Nain, Seidy, Roiner Alex, Marvin y Norman, todos de apellidos Calderón Padilla, al ESTE con Brazo del Río Chirripo y al OESTE calle pública con un frente a ella de seiscientos veinticuatro metros con un centímetro lineal. MIDE: treinta hectáreas y nueve mil cuatrocientos cinco metros cuadrados, tal como lo indica el plano catastrado número 7-9375-2023.  Las presentes diligencias fue estimado en la suma de cuatro millones de colones. La promovente ha ejercido una posesión de más de cincuenta años, sumada a la de sus anterior trasmitente. El inmueble se ubica  dentro  del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado creado según Decreto Ejecutivo Nº 16358-MAG, del 26 de julio de 1985 y la Reforma a la Declaración del Refugio N° 31804-MINAE, quedando sujeta a las reservas y limitaciones contenidas en la Ley General de Caminos Públicos, la Ley de Aguas, en sus artículos 72 y 73, y la Ley Forestal, artículos 13, 14 y 33. El inmueble fue estimado en la suma de cincuenta millones de colones para efectos fiscales.- Por parte del juzgador de primera instancia, expídase el mandamiento correspondiente.\n\nPOR TANTO:\n\n \n\nSe revoca la sentencia apelada.  En su lugar, se acogen las presentes diligencias de información posesoria y se resuelve:  Se ordena al Registro Público Inmobiliario inscribir a nombre de la sociedad ARAYA Y JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-100019, representada por Efraín Araya Sánchez, cédula de identidad número 1-0457-0096, la propiedad que se describe así:  naturaleza de potrero, humedal, con una casa. Situada en La Pajarera, en el DISTRITO tres La Rita, CANTÓN segundo POCOCÍ, de la provincia de LIMÓN. COLINDA: al NORTE: Efraín Araya Sánchez, al SUR con el Consorcio Agrícola Marechachi Sociedad Anónima, Luis Eliecer, Luis Ángel, Lilliam, Nain, Seidy, Roiner Alex, Marvin y Norman, todos de apellidos Calderón Padilla, al ESTE con Brazo del Río Chirripo y al OESTE calle pública con un frente a ella de seiscientos veinticuatro metros con un centímetro lineal. MIDE: treinta hectáreas y nueve mil cuatrocientos cinco metros cuadrados, tal como lo indica el plano catastrado número 7-9375-2023.  Las presentes diligencias fue estimado en la suma de cuatro millones de colones. La promovente ha ejercido una posesión de más de cincuenta años, sumada a la de sus anterior trasmitente. El inmueble se ubica  dentro  del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado creado según Decreto Ejecutivo Nº 16358-MAG, del 26 de julio de 1985 y la Reforma a la Declaración del Refugio N° 31804-MINAE, quedando sujeta a las reservas y limitaciones contenidas en la Ley General de Caminos Públicos, la Ley de Aguas, en sus artículos 72 y 73, y la Ley Forestal, artículos 13, 14 y 33. El inmueble fue estimado en la suma de cincuenta millones de colones para efectos fiscales.- Por parte del juzgador de primera instancia, expídase el mandamiento correspondiente.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\n???????????????\nD77DJBUOPQC61\nENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n???????????????\nZABJQBZUMJA61\nANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n????????????????\nS43RGN7DLTDK61\nCARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 17-000061-0507-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:39:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Tribunal Agrario\n\nResolución Nº 01103 - 2024\n\nDate of Resolution: November 18, 2024 at 13:46\n\nExpediente: 17-000061-0507-AG\n\nDrafted by: Enrique Ulate Chacón\n\nType of matter: Non-contentious judicial activity\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\nContent of Interest:\n\nStrategic Themes: Environmental\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Agrarian Law\n\nTopic: Agrarian property\n\nSubtopics:\n\nConsiderations regarding wetlands on private lands.\n\nTopic: Wetlands\n\nSubtopics:\n\nConsiderations regarding wetlands on private lands.\n\n\"VI.- On wetlands on private lands.- This Tribunal, in Voto N° 734-F-14 of sixteen hours and fifty-one minutes of the twenty-eighth of August of two thousand fourteen: established: \"This Tribunal has had the opportunity to rule on matters similar to the one before us, stating the following: \"VI.- Finally, regarding the second grievance, concerning the fact that wetlands are not susceptible to appropriation by private individuals, even when those are not officially declared, the appellant is also incorrect. Recently, this Tribunal has stated: \"IV.- The appellant is incorrect in her grievances. The agro-environmental limitations on property cover a great number of aspects in the exercise of productive activities and in the field of conservation of natural resources, Biodiversity, the use and conservation of soils, the protection of forests and ecosystems, the use and control of pesticides and chemical synthesis products, animal and plant phytosanitary and sanitary control, agricultural waste, water conservation, the utilization and management of wastewater in agriculture, the recovery of soils and hydrographic basins, etcetera. In the next section, we will refer only to some of those limitations. Within the context of the described constitutional principles and values, a large number of agro-environmental laws begin to be enacted, which not only mark the consolidation of a sustainable development model, but also impose a series of agro-environmental limitations on property and the freedom of enterprise, also seeking to consolidate a new agrarian and environmental or ecological culture. 1) The Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554 of October 4, 1995) establishes the State's obligation to promote sustainable economic and environmental development, which necessarily implies imposing environmental limits on the exercise of productive economic activities and the exercise of property rights. But for these limits to have a true application, a cultural change is necessary. From the traditional agrarian culture, where only the economic mattered, there must be a shift to an environmental or agro-environmental culture for sustainable development (Ley Orgánica del Ambiente, articles 12, 13, 14, 15 and 16) [...]\"\n\nIt is important to keep in mind that while a wetland exists, the importance of the foregoing lies in the fact that it is an area that must be protected because wetlands are ecosystems of great vulnerability, fragility, and that provide a series of environmental services, making their protection and conservation important, regardless of whether or not they are declared as such, and that was precisely what was declared by the Sala Constitucional in Voto 16938-11, already cited above. Furthermore, the judgment establishes those limitations aimed at its conservation and protection\". In this way, there is no doubt that wetlands are of public interest, which is not equivalent to the public domain, so that the exclusion of that area on the survey plan should not be required. Different is the case of wetlands that form part of Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas), in which case they would be part of the public domain, which does not happen in the case at hand...\". This has also been interpreted by the Sala Constitucional when it has analyzed the regime of the public domain and the State Natural Heritage (sentencia No. 2012-16629 of November 18, 2012). In the same sense, judgments of this Tribunal No. 693-2016. In this particular case, it is evident that slightly more than 17 hectares were excluded from the original survey plan, which comprised more than 47 hectares, given that the Court, in a resolution of 7:35 hours on September 27, 2022, ordered the submission of a new survey plan excluding the zones \"...This being so, when the current survey plan for these proceedings is submitted, it is evident that the exclusion of those zones influenced the decrease in the area of the property....\" (see reasoning of the a-quo, at the end of Considerando VI). Which represents more than 30% of the total land originally intended to be titled [...]\".\n\n... See more\nRelated Judgments\nText of the resolution\nEV Machote Generation: E:\\GESTION-JUDICIAL\\SERVIDOR DE ARCHIVOS\\MODELOS\\CIVIL\\TGTRIB009.dpj\n\n????????????????\n\nEXPEDIENTE:\n\n17-000061-0507-AG - 8\n\nPROCEEDING:\n\nNON-CONTENTIOUS JUDICIAL ACTIVITY\n\nPETITIONER:\n\nARAYA Y JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA\n\nRESPONDENT:\n\nARAYA Y JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA\n\nVOTO N° N° 2024001103\n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At thirteen hours forty-six minutes on the eighteenth of November of two thousand twenty-four.-\n\nPOSSESSORY INFORMATION PROCEEDING promoted by ARAYA Y JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number three - one zero one - one hundred thousand nineteen, represented by Efraín Araya Sánchez, identity card number one - four hundred fifty-seven - zero ninety-six. Appearing in the proceeding are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Yamileth Monestel Vargas, of legal age, single, resident of San Ramón de Alajuela, identity card number two - five hundred forty-five - six hundred one, in her capacity as procuradora; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number four - zero zero zero - zero forty-two thousand one hundred forty-three - eleven, represented by its general judicial attorney-in-fact Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, married, lawyer, resident of San Ramón de Alajuela, identity card one - five hundred ninety-eight - one zero one, bar association number twenty-one thousand three hundred forty-two. Acting as special judicial attorney-in-fact for the petitioner is the licensed Ernesto Jiménez Mora, bar association number eighteen thousand six hundred sixty. Processed before the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles.-\n\nCONSIDERING (RESULTANDO):\n\n1.- The petitioner initiated possessory information proceedings so that by means of this avenue, the farm described as follows be registered in the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad): \"The property subject to these proceedings is of a pasture, wetland nature, with a house. Located in La Pajarera, in the THIRD DISTRICT (DISTRITO tres) La Rita, SECOND CANTON (CANTÓN segundo) POCOCÍ, of the province of LIMÓN. BORDERS: to the NORTH: Efraín Araya Sánchez, to the SOUTH with the Consorcio Agrícola Marechachi Sociedad Anónima, Luis Eliecer, Luis Ángel, Lilliam, Nain, Seidy, Roiner, Alex, Marvin and Norman, all with the surnames Calderón Padilla, to the EAST with Brazo del Río Chirripo and to the WEST public road with a frontage to it of six hundred twenty-four meters and one linear centimeter. MEASURES: thirty hectares and nine thousand four hundred five square meters.\", (folios 13 and 19 and first instance judgment incorporated 22/09/2023 07:55:47).-\n\n2.- The Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Rural appeared in the proceeding. (see file download in PDF format, images 107, 112 to 114 and 119)\n\n3.- Judge Geison López Barrantes, of the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, by means of judgment number 2023000475, of seven hours fifty-five minutes of the twenty-second of September of two thousand twenty-three, resolved: \"THEREFORE (POR TANTO): These possessory information proceedings promoted by Araya y Jiménez Sociedad Anónima are rejected. Once this ruling is final, the definitive archiving of this expediente is ordered. - Let it be known\" (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Guápiles, associated documents, first instance judgment incorporated on 22/09/2023 07:55:47).-\n\n4.- Licensed Ernesto Jiménez Mora, as special judicial attorney-in-fact for the petitioner, filed an appeal with an express indication of the reasons why he refutes the thesis of the lower Court, (see file download in PDF format, images 373 to 377).-\n\n5.- In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of producing its nullity are noted in the ruling.-\n\nDrafted by Judge ULATE CHACÓN, and,\n\nCONSIDERING (CONSIDERANDO):\n\nI.- PROVEN FACTS.- The Tribunal shares the list of facts held as proven in the first instance, with the following corrections: FACT SEVEN: The property was possessed since, at least the 70s, for more than forty-five years, with its possessors being Francisco Luis Picado Godínez, José Luis Araya Figueroa and Gerardo Araya Sánchez (see testimonial statements of Eliécer Fernández Delgado, Eliécer Calderón Chinchilla and Carlos Rivera García).\n\nII.- UNPROVEN FACTS.- The facts held as unproven are not shared, regarding the time of possession and the type of possession exercised on the property.- This is contradictory to the proven facts and some of the substantive reasoning provided by the a-quo, which, as will be seen, are contradictory.\n\nIII.- APPEAL: The lawyer for the petitioner of these possessory information proceedings, Ernesto Jiménez Mora, appealed the ruling, alleging the following: 1. The pillar of titling is to ensure the conservation, protection, and administration of natural forests, and their use, through the principle of adequate and sustainable use of resources, increasing the population's standard of living and their effective incorporation into silvicultural activities, with the Ley Forestal, in its Article 18, prohibiting the cutting and use of forests. In this case, he argues, his represented party demonstrated an agrarian possession over a land that was received as it currently is, has not deteriorated it, but rather has made improvements to keep water buffaloes on the farm, through paddocks (apartos). Furthermore, it has preserved the paddocks (apartos) in the best possible conditions. In addition, he adds, the wetlands of the farm have been conserved in the best possible conditions, seeking to maintain them without dredging them or causing irreversible or difficult-to-repair damage. Unlike other people, he argues, who before 1985 cut down the trees, as analyzed by the a-quo. The agronomic knowledge of the president of his represented party, he adds, has allowed for ecological treatment of the farm, in the conditions they received it by cession, improving the soils under difficult reforestation. 2) Regarding the testimonial evidence, he points out, all are older persons who have lived in the area, they spoke of possession of more than forty years, since before 1985, so it occurs before the creation of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. In the area, he adds, titlings have been carried out on adjacent farms, under the same conditions. He adds, he has the MINAE’s approval (visado) of the survey plan, which allows him the possibility to title. Therefore, he alleges having met the requirements, made a new survey plan to determine where the wetlands are (L-9375-2023), also demonstrating an ecological possession, since the property was taken in a state of deforestation not attributable to his represented party, which has rather made improvements, switching to sustainable activities. No dikes, drainages, or desiccations have been built, nor have the ecosystems been altered, as determined in the audio and video of the judicial inspection (reconocimiento judicial), with respect to alterations that could interrupt the existing natural cycles.\n\nIV.- This Tribunal Agrario has proceeded to assess the evidence in accordance with the principles of free evidentiary assessment (Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria), criteria of law and equity, as well as the principle of non-retroactivity in the application of norms over time.\n\na) Regarding the ten-year possession: In accordance with the provisions of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the Tribunal concludes that the titling party did demonstrate a ten-year possession prior to the declaration of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. It should be noted that in the assessment of the witnesses Eliécer Fernández Delgado, Eliécer Calderón Chinchilla and Carlos Rivera García, the a-quo affirmed: \"The three witnesses indicated they knew the land in the early 1970s and mentioned that the property was formed as a result of the union of two terrains that in their time belonged to Francisco Luis Picado Godínez and José Luis Araya Figueroa, who in turn sold them to Gerardo Araya Sánchez, and the latter was the one who sold it to the titling corporation; however, they did not mention precisely the period of possession exercised by each of these persons...\" (see considerando V of the first instance ruling). From the foregoing, it can be inferred, without any doubt, that agrarian possession was already exercised over the property in the 70s, consisting of the creation of pastures (repastos), proof of which is that by the year the Refuge was created (1985), more than ten years of possession had already passed, which is accredited with the photointerpretive study of the identification of the forest cover (cobertura forestal) of the first survey plan provided (L-1941820-2016), from which it is derived that the forest cover (cobertura forestal) was reduced by 56.22%, in the year 1985, precisely the year of the creation of the Refuge, a date by which a possession of approximately 15 years would have already been consolidated. Agrarian possession exercised in accordance with the norms in force at that time, in particular the Ley de Tierras y Colonización, which permitted the occupation of national vacant lands (terrenos baldíos nacionales) as agricultural lands of the State, and the same Ley de Informaciones Posesorias of 1941, which established agrarian possession (economic and social function) as a condition to acquire property.\n\nb) Regarding ecological possession: On the other hand, it must be considered that the previous Ley Forestal, of 1985, did not prohibit land-use change (cambio de uso del suelo); it is with the Law of 1996 that this change occurs at a normative level, and by that time, the property was approximately 75% pastures (repastos). Finally, it can be deduced that from the year 2010 onwards, the forest cover (cobertura forestal) of the property began to increase to 13.32%, from which it can be deduced that in the last decade there has been an effort for the recovery of the natural resource, as well as the maintenance of its humid conditions, through an agricultural activity of water buffalo breeding, and the care of the existing forest cover (cobertura forestal). This can be deduced from the review of the various videos related to the judicial inspection (reconocimiento judicial). The Ley de Informaciones Posesorias establishes the obligation of the judge to verify during the judicial inspection (reconocimiento judicial) the situation of the property and verify \"if it shows a long possession,\" that is determined, through life experience and common sense and the perception of what is observed at the location (rules of sound rational criticism). This Tribunal considers that, from the observation of the videos of the judicial inspection (reconocimiento judicial), the property to be titled indeed shows a long possession, which is verified in the existence of old fences of ancient date, as well as a dwelling house, the corral and the existing shed, which have vestiges of having several decades of existence, due to the state of the wood and the infrastructure in general. Similarly, it can be observed that there is an agro-silvo-pastoral activity, in the sense that live fences (de poró and other species) have been incorporated in the paddocks (apartos), and the protection zones of the existing stream have been delimited, with natural fences of poró. The foregoing considerations are sufficient to revoke the appealed judgment and approve these proceedings, not before making some considerations on the topic of wetlands on private lands.- In a case similar to the one now before us, this Tribunal ordered:\n\n\"It is important to mention that the law would not be applied retroactively either, as the appellant indicates, because the ten-year period of possession for usucapion (usucapir) is established in the Civil Code and the challenged provision simply highlights certain elements of usucapion (usucapión) that are also defined in general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion (usucapión). In that sense, it is important to note what the Sala Constitucional stated in this regard in the cited vote “…The challenged Article 7, first paragraph of the Ley de Informaciones Posesorias, the text of which is prior to the last amendment by Ley Forestal No.7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling of real estate comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve or protective zone. That article states that the titling party must demonstrate having exercised ten-year possession at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wilderness area. The challenged provision regulates the case of titling of real estate that has been affected to the public domain by the declaration of a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its specificity. It is now appropriate to determine whether, according to the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of usucapion (usucapión) and the necessary possession for usucapion (usucapir), set forth above, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership over real estate, which imposes specific requirements that may infringe upon the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. Firstly, it should be noted that the challenged article does not modify - increases or decreases - the ten-year period of possession necessary for usucapion (usucapir), set in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which it is intended to acquire ownership of real estate by positive prescription. The extension of the period alleged by the petitioner as infringing the right to property does not occur, because given the nature of the property sought to be titled (public thing), the period of possession suitable for usucapion (usucapión) must transpire before the property is affected to the public domain. That is, the declaration of a protected wilderness area (área silvestre protegida) prevents possession subsequent to the affectation from counting, and prevents the requirements of usucapion (usucapión) from being concretized if the right has not been acquired at that time, that is, the ten years of possession suitable for usucapion (usucapir) have not elapsed under the conditions established by law. The foregoing is solely the natural result of applying the concepts about the object of possession and its condition of exercise as the owner, necessary for possessio ad usucapionem. It should be remembered that property affected to the public domain, whatever the specifications, is not susceptible to acquisition by usucapion (usucapión), if the necessary conditions for the acquisition of the right did not occur before the affectation occurred. In that sense, the challenged provision, despite apparently regulating a specific case of usucapion (usucapión), does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year period of possession for usucapion (usucapir) is established in the Civil Code and the challenged provision simply highlights certain elements of usucapion (usucapión) that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion (usucapión). That is, the norm does not come to establish any different principle - or more rigorous requirement - in relation to the application of the general rules of usucapion (usucapión). It simply specifies the manner in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the demanial property condition of the object to be titled. Hence, it is not considered that the amendment to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the text of which is challenged, introduced a different regime in relation to the requirements of usucapion (usucapión), which could have worsened the situation of persons who were exercising possessio ad usucapionem on lands that were declared of public interest. (Tribunal Agrario, No. 173 of 16:29 hours on March 31, 2003).\n\nV.- Therefore, the possessor who intends to acquire by usucapion (usucapión) a land covered with forest, which formed part of the national reserves, must demonstrate ten-year possession (original or transmitted), and having conserved the forest resource. Said criterion was ratified, recently by the Sala Constitucional, in Voto No. 2015-0098, of 9 hours on January 7, 2015, when responding to a judicial consultation of constitutionality, related to titling in national reserves: \"VI.- TITLING OF LANDS IN NATIONAL RESERVES, THE STATE NATURAL HERITAGE, THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Tribunal, regarding the consultation submitted for consideration, considers it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves (Reservas Nacionales), and that of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), formerly called State Agricultural Heritage (Patrimonio Agrícola del Estado). The Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, in its Article 7, established the so-called State Agricultural Heritage (Patrimonio Agrícola del Estado), based on a conception of agrarian property as originally belonging to the Nation. The State Agricultural Heritage (Patrimonio Agrícola del Estado) comprised all lands that were inalienable and not susceptible to acquisition by claim or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, the Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the two-kilometer radius in Volcanoes and National Parks (Articles 7 to 10). That is, the Heritage comprises those terrains with inalienability characteristics, subject to the public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves (Reservas Nacionales), in Article 11, indicating that “Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves (reservas nacionales): a) All terrains comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, of the Municipalities, or of Autonomous Institutions; b) Those not protected by ten-year possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services.” From the foregoing, it follows that terrains forming part of the national reserves (reservas nacionales), as terrains for agricultural, livestock, or forestry use, possessed by private individuals for more than ten years and that do not form part of the State Agricultural Heritage (Patrimonio Agrícola del Estado), were susceptible to legal recognition. Such recognition is attained by private individuals, through Possessory Information (Información Posesoria) proceedings, or else, through the instrument created through Multiple Land Titling (Titulación Múltiple de Tierras), later called “Titling of Lands Located in National Reserves (Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales)”. Then, the Ley Forestal No. 4465 of 1969, introduces the concept of State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), conferring the forest administration, of the forest reserves, the national parks, the state forest nurseries, the protective zones and the biological reserves, to the Dirección General Forestal. At that moment, the Public Administration realizes that within the so-called “national reserves (reservas nacionales)”, the two regimes coexist, which is why in 1972, representatives of the Ministerio de Agricultura y Ganadería (on which the Dirección General Forestal depended), the Instituto de Tierras y Colonización and the Instituto Costarricense de Turismo signed an agreement, which precisely defined the powers of the three organisms over the national reserves (Convenio MAG-ITCO-ICT), March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the Ley de Tierras y Colonización, still in force, entrusts the administration of the national reserves (reservas nacionales), with agricultural vocation, to the Instituto de Tierras y Colonización, the body in charge of parceling and colonization. For its part, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of 1995, incorporates the concept of protected wilderness areas (áreas silvestre protegidas), indicating that they form part of the state natural heritage (patrimonio natural del Estado) and establishing their lifetime tenure (irreductibilidad) character (Articles 32 to 38). Subsequently, the current Ley Forestal No. 7575 of 1996 incorporates, in Title Two, single chapter, the concept of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), even clarifying what it comprises of the national reserves: “The State natural heritage shall be constituted by forests and forest terrains of the national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name and those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, except real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its heritage. The Ministerio del Ambiente y Energía shall administer the heritage.” The foregoing excludes as part of the state natural heritage (patrimonio natural del Estado), for not being forestal, the terrains of agricultural aptitude, which continue to be part of the national reserves (reservas nacionales), and susceptible to usucapion (usucapión) by private individuals. Finally, the same Ley Forestal of 1996, modified Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, to authorize usucapion (usucapión), and therefore registration through possessory information (and the repealed procedure of titling in national reserves), of terrains that belong to the national reserves (reservas nacionales), with forestal vocation and, even, terrains in private possession, that were comprised within some category of protected wilderness area (área silvestre protegida) (State Natural Heritage), provided that a ten-year possession prior to the creation date of the respective area was demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all of the above stated, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Ley de Titulación Múltiple de tierras (later, the Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), came to allow the streamlining of the titling procedures for agrarian possessors, who had completed a short usucapion (usucapión) (first of three and then of five years), so that they could obtain a title of ownership, and have possibilities of access to land, agrarian credit, and decent housing. The foregoing, without prejudice to third parties with better right (terceros de mejor derecho), understanding as such, those private individuals who could have exercised a better right of possession action, within the zones considered as national reserves (reservas nacionales), for which they only had three years to claim it, otherwise the title would be totally consolidated, since the period of negative prescription was reduced by the legislator. However, a distinct situation occurs with private property affected in those multiple land titling processes. It was logical that by creating a Multiple Titling Program (Programa de Titulación Múltiple), the property constituted and registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización, later Instituto de Desarrollo Agrario, overlapped with properties registered in the name of private individuals (since the requirement was that in the delimited geographic zone there be at least 20% of terrains without a title registered in the public registry). This therefore implied that the title granted by the ITCO was for terrains from the national reserves (reservas nacionales), not for terrains previously registered as private property of individuals. The foregoing clarifies that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, on a private property previously registered, the record owner would have the right to reivindicate, just as the same norm establishes it, but not within the three-year term, applicable to third parties with better right, but within the ten-year term.\" VI.- In this particular case, the requirement demanded by the Ley de Informaciones Posesorias, in its Articles 1, 6 and 7, is considered proven. Indeed, the titling party provided the cadastral survey plans No.\n\nA-1587501-2012 and A-1587536-2012, which describe pasture and forest lands, located in La Poma de San Rafael de Guatuso of the Province of Alajuela, given that the previous survey plans were from the year 1973, meaning that the farm not only reflects a long possession but that the lands have also been dedicated to agricultural/livestock and forestry activities. Despite the foregoing, it is noted in the INTA certifications (certifications on folios 34 to 37 of the digitized case file) indicate that pursuant to Article 58 of the Regulation to the Law on Use, Management and Conservation of Soils, and based on the field visit, it was determined that use has been exercised in accordance with the activity, that there are pastures and forest cover, far from affecting the resource, a sustainable agricultural/livestock and forestry activity has taken place, for which reason it is concluded that sustainable possession has been exercised, which can also be verified in the judicial inspection record, and additionally in the witness statements (folios 94 to 96 of the digitized case file) where it is indicated that on the lands there is cattle ranching, and duly protected forests. (END OF QUOTE). VI.- In this particular case, the requirement demanded by the Law of Possessory Informations, in its Articles 1, 6 and 7, is deemed proven. Indeed, the title applicant provided survey plans No. A-1587501-2012 and A-1587536-2012, which describe pasture and forest lands, located in La Poma de San Rafael de Guatuso of the Province of Alajuela, given that the previous survey plans were from the year 1973, meaning that the farm not only reflects a long possession but that the lands have also been dedicated to agricultural/livestock and forestry activities. Despite the foregoing, it is noted in the INTA certifications (certifications on folios 34 to 37 of the digitized case file) indicate that pursuant to Article 58 of the Regulation to the Law on Use, Management and Conservation of Soils, and based on the field visit, it was determined that use has been exercised in accordance with the activity, that there are pastures and forest cover, far from affecting the resource, a sustainable agricultural/livestock and forestry activity has taken place, for which reason it is concluded that sustainable possession has been exercised, which can also be verified in the judicial inspection record, and additionally in the witness statements (folios 94 to 96 of the digitized case file) where it is indicated that on the lands there is cattle ranching, and duly protected forests. (Agrarian Tribunal No. 1011-F-15 of October 2, 2015)\n\n\nVI.- Regarding wetlands on private lands.- This Tribunal, in Voto N° 734-F-14 of sixteen hours and fifty-one minutes of August twenty-eighth, two thousand fourteen, established: \"This Tribunal has had the opportunity to rule on matters similar to the one at hand, stating the following: 'VI.- Finally, regarding the second grievance, concerning that wetlands are not susceptible to appropriation by private individuals, even when those have not been officially declared, the appellant is also incorrect. In recent times, this Tribunal has stated: \"IV.- The appellant is incorrect in her grievances. The agri-environmental limitations on property encompass a great number of aspects in the exercise of productive activities and in the sphere of conservation of natural resources, Biodiversity, the use and conservation of soils, the protection of the forest and ecosystems, the use and control of pesticides and chemically synthesized products, phytosanitary and animal and plant health control, agricultural waste, water conservation, the use and management of wastewater in agriculture, the recovery of soils and watersheds, etcetera. In the next section, we will refer only to some of these limitations. Within the context of the described constitutional principles and values, a great number of agri-environmental laws began to be enacted, which not only mark the consolidation of a model of sustainable development, but also impose a series of agri-environmental limitations on property and freedom of enterprise, also seeking to consolidate a new agrarian and environmental or ecological culture. 1) The Organic Law of the Environment (No. 7554 of October 4, 1995) establishes the State's obligation to promote sustainable economic and environmental development, which necessarily implies imposing environmental limits on the exercise of productive economic activities and on the exercise of the right of property. But for those limits to have a true application, a cultural change is necessary. From the traditional agrarian culture, where only the economic mattered, a shift must be made to an environmental or agri-environmental culture for sustainable development (Organic Law of the Environment, Articles 12, 13, 14, 15 and 16). Among the most important limits imposed on property, to guarantee its economic, social and environmental function, the following can be highlighted: A.- The exercise of any agri-environmental activity that may alter or destroy elements of the environment, necessarily requires an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), whose approval must be prior to the project. The assessment is also required when works or infrastructure may affect marine, coastal, and wetland resources. B.- Territorial planning, to balance sustainable development, implies the territorial relocation of productive activities, which could signify important limits on the right of property, since consideration must be taken of, among other aspects, the natural resources, the predominant economic activities, the land use capacity, and the zoning by products and agricultural/livestock activities, based on ecological and productive considerations. C- The Executive Branch is empowered to include within protected wilderness areas private farms necessary for the fulfillment of the environmental function, or to create legal easements (servidumbres) for ecological protection. In cases where the Law requires compensation, private individuals can voluntarily submit to the forestry regime, in which case the property becomes an encumbrance in the Public Registry (Organic Law of the Environment, Article 37). D.- Activities aimed at interrupting the natural cycles of wetland ecosystems, which may cause their deterioration and elimination, are prohibited (Organic Law of the Environment, Article 45). E.- Productive activities must avoid water contamination, treat wastewater, prevent or minimize the deterioration or contamination of watersheds, as well as of the soil. F.- Organic agriculture, as a form of exercising sustainable agrarian activities, implies a form of fulfilling the economic, social and environmental function, since an environmental certification is required for organic products that have been obtained without applying chemically synthesized inputs or products (Articles 73-75). G.- Environmental credit: is destined to finance the costs of reducing contamination in productive processes. When they involve the use of soil, a land management and use plan is required in accordance with the land use capacity (Organic Law of the Environment, Article 113). Undoubtedly, the structure of property and its function is conditioned, in this case, by the environmental element, required in business enterprise. 2) The Forestry Law (Ley Forestal) (No. 7575 of February 5, 1996, amended by laws No. 7609 of June 11, 1996, 7761 of April 2, 1998 and 7788 of April 30, 1998), guided by the constitutional principles of adequate and sustainable use of renewable natural resources, establishes regulations regarding the conservation, protection and administration of natural forests, and for the production, exploitation, industrialization and promotion of forest resources, seeking the incorporation of private individuals into the sustained exercise of silvicultural activities. While it is true, MINAE is empowered to create protected wilderness areas on private lands, this requires compensation, unless the owner decides to voluntarily submit to the forestry regime, or they are already State property, within its National Reserves estate. The Law provides two clear limits, in the interest of protected areas: a: 'In the case of forest reserves, protective zones and wildlife refuges and in the event that payment or expropriation has not been effected and while it is effected, the areas shall be subjected to an environmental planning plan that includes the environmental impact assessment and subsequently, to the plan for management, recovery and replenishment of resources.' (Organic Law of the Environment, Article 37, in relation to Article 2 of the Forestry Law. Said amendment was introduced by the Biodiversity Law, in Article 14). Which constitutes a clear limit for the fulfillment of the environmental function of property. B. 'When, upon prior scientific and technical justification of public interest, it is determined by law that the land is indispensable for conserving biological diversity or water resources, a limitation on the property shall be constituted that will prevent cutting trees and changing the land use (cambio de uso del suelo). This restriction must be registered as an encumbrance in the Public Registry.' (Forestry Law, Article 2 second paragraph). As observed, it is not an unreasonable limit. On the contrary, the owner could exercise their activity as long as it is compatible with the environmental function that, by nature, is assigned to the property, to conserve water resources or biological diversity. Title III of the Law, referring to private forest property, as special property, establishes a set of rights and obligations for forest owners that condition the fulfillment of the environmental function, attending to the nature of the asset: a) It is not permitted for titleholders to change the land use, nor to establish forest plantations. However, the State Forestry Administration can grant permission to carry out works complementary to the agroforestry activity, provided the forest clearing is limited, proportional and reasonable (Forestry Law, Article 19. When necessary, an environmental impact assessment would be required); b) Forest exploitation can only be carried out if the owner has a management plan containing the impact it may cause to the environment, according to sustainability scientific criteria; c) The payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales, PSA) (The Law defines environmental services as: 'Those provided by the forest and forest plantations and that directly impact the protection and improvement of the environment. They are the following: mitigation of greenhouse gas emissions (fixation, reduction, sequestration, storage and absorption), water protection for urban, rural or hydroelectric use, biodiversity protection for its conservation and sustainable, scientific and pharmaceutical use, research and genetic improvement, protection of ecosystems, forms of life and natural scenic beauty for tourism and scientific purposes.'), constitutes one of the most modern manifestations of exercising the environmental function, since the owner commits to conserve the forest for a period not less than twenty years, to receive the Forest Conservation Certificate. It is also received by owners who wish to subject their property to forest regeneration, for areas that due to their deteriorated state and environmental needs, must be converted to forestry use. Encumbrances and limitations, as well as incentives, are registered in the Public Registry as an encumbrance on the property; d) Forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees, do not require a permit for clearing, transportation, industrialization or export, except when there is a management plan derived from a forestry contract with the State; e) Every owner is prohibited from cutting or eliminating trees in the protection areas established by Law for permanent springs (nacientes), rivers, lakes and water sources (Forestry Law, Articles 33 and 34.); f) It is prohibited to carry out burning on forestry lands, nor adjoining ones, without obtaining the respective permit from the State Forestry Administration; g) As part of the environmental function, properties voluntarily submitted to the forestry regime or dedicated to that activity, enjoy special protection against invasions, being able to request immediate protection from the police authorities; h) Forestry credit is consolidated as an institute to finance small and medium producers, through credits and other mechanisms for promoting forest management, reforestation processes, forest nurseries, agroforestry systems, recovery of denuded areas. Financing also includes the payment for environmental services (PSA) provided by forests and forest plantations. Land with forest and standing trees shall serve as collateral for said credits, being annotated as encumbrances on the property (Forestry Law, Articles 46, 48 and 49). 3).- The Law on Use, Management and Conservation of Soils (No. 7779 of April 30, 1998), is of fundamental importance for the fulfillment of the economic, social and environmental function of property. It seeks to achieve sustainable management, conservation and recovery of soils, integrated with other natural resources, attaining a more active participation from communities and producers, and promoting the implementation and control of improved practices in land-use systems, to avoid erosion and degradation of the resource. Agroecology is proposed as a way to achieve convergence between the objectives of agricultural production and the conservation of soil and water resources. The Law sets forth a set of agri-environmental limitations, to achieve the stated objectives: In critical areas of watersheds or sub-watersheds (with gravity of soil degradation and its surroundings, as a limiting factor to any activity), whether in public or private domain, the landowners must mandatorily apply all the measures and practices that entail the recovery of the soil and preservation of the environment in general. Any land adjudication carried out by the Institute of Agrarian Development, shall have as a limitation that the land use cannot go against its land use capacity, non-compliance with which becomes grounds for its revocation. As obligations of private individuals, the following are established, among others: To promote, contribute and execute all necessary practices and activities for the management, conservation and recovery of soils; it is a right-obligation to monitor and control compliance with soil legislation; to prevent soil degradation that may be caused by water, for which all practices that increase infiltration capacity on their lands or the evacuation of excess water towards natural channels must be applied; to prevent or impede the contamination of aquifers and groundwater layers; to allow the entry of authorized technicians to verify the maintenance of soil management, conservation and recovery practices. 4) Perhaps the most important limitations, established by the Legislator for the fulfillment of the environmental function of property, have been mentioned. V.- The regulation to the Law on Use, Management and Conservation of Soils (No. 29375-, MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT), contains in Title IV 'On Punishable Actions', Chapter III 'On the Agrarian Jurisdiction', in which the agrarian judge is granted sufficient powers to request, in any process, a study of soil and water use and management, providing that 'In the event that non-compliance is demonstrated, irrespective of the outcome of the process, the judge must order the non-compliant parties, within the period granted for that effect, to proceed to adapt their activity and practices to the soil management plans...' (Article 159). Furthermore, '...the judge may order the agrarian entrepreneur to adopt the measures established for that purpose by the National Plan, the Area Management Plan, or in its case, the study of use, management and conservation of soils, waters and roads specific to the farm or micro-watershed in question...' (Article 161). In the event that said provisions are not complied with, adhering to soil management practices in accordance with the technology approved for that purpose, the processing of the possessory information must be denied.' (see, among others, Voto N° 659-F-10 of 11:00 hrs. of July 9, 2010, Voto N° 897-F-2013 of this Tribunal). In the present case, official letter Nº ACAHN-SCH-855-11, issued by the National System of Conservation Areas indicates the existence of a swamp with wetland characteristics of approximately 36 hectares. It states it is not declared. In any case, it is noted that it concerns a wetland on private land, which is not part of the Natural Heritage of the State, nor under the administration of MINAET, as the Procuraduría interprets. This is because the unconstitutionality action was directed at determining the administration solely of assets that are Natural Heritage of the State, whether declared or not as protected zones or areas. Whereas, in the present case, we are faced with an asset subject to private domain for more than ten years. In the present case, it can also be inferred that the property to be titled fulfills the economic, social and environmental function of property. According to the INTA report, it complies with the lawful use of the soil. It concerns, evidently, legal protection zones, provided for in the Forestry Law, as limitations on the right of property, but the protection area continues to form part of the property, Articles 33 and 34 of the Law, as the trial judge noted in his judgment. Therefore, the requirements for safeguarding the public interest are met (See in a similar sense Voto No. 636-F-13 and 515-F-2012 of this Tribunal). It is important to keep in mind that although a wetland exists, the importance of the foregoing lies in that it is an area that must be protected because wetlands are ecosystems of great vulnerability and fragility and that provide a series of environmental services, which is why their protection and conservation is important, regardless of whether or not they are declared as such, and that was precisely what the Constitutional Chamber declared in Voto 16938-11, already cited. Furthermore, the judgment establishes those limitations aimed at its conservation and protection'. In this way, there is no doubt that wetlands are of public interest, which is not equivalent to public domain, meaning that the exclusion of that area from the survey plan (plano) should not be required. Different is the case of wetlands that form part of Protected Wilderness Areas, in which case they would be part of the public domain, which does not occur in the present case...'. The Constitutional Chamber has also interpreted it this way when it has analyzed the regime of public domain and the Natural Heritage of the State (judgment No. 2012-16629 of November 18, 2012). In the same sense, judgments of this Tribunal No. 693-2016. In this particular case, it is evident that a little more than 17 hectares were excluded from the original survey plan, which comprised more than 47 hectares, given that the Court, in a resolution at 7:35 hours on September 27, 2022, directed the provision of a new survey plan excluding the zones \"...That being the case, when the current survey plan for these proceedings is provided, evidently the exclusion of those zones resulted in the reduction of the capacity of the fund...\" (see reasoning of the lower court, at the end of Considerando VI). This represents more than 30% of the total land originally intended to be titled.\n\n\nVII.- By virtue of the foregoing, the appealed judgment is revoked. In its place, it is resolved: The Public Real Estate Registry is ordered to register in the name of the company ARAYA Y JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID number 3-101-100019, represented by Efraín Araya Sánchez, identification number 1-0457-0096, the property described as follows: nature of pasture, wetland, with a house. Located in La Pajarera, in DISTRITO three La Rita, CANTÓN two POCOCÍ, of the province of LIMÓN. BOUNDARIES: to the NORTH: Efraín Araya Sánchez, to the SOUTH with the Consorcio Agrícola Marechachi Sociedad Anónima, Luis Eliecer, Luis Ángel, Lilliam, Nain, Seidy, Roiner Alex, Marvin and Norman, all with the last names Calderón Padilla, to the EAST with Brazo del Río Chirripo and to the WEST public road with a frontage on it of six hundred twenty-four meters and one linear centimeter. MEASURES: thirty hectares and nine thousand four hundred five square meters, as indicated by survey plan number 7-9375-2023. These proceedings were valued at the sum of four million colones. The petitioner has exercised possession for more than fifty years, added to that of its previous transferor. The property is located within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge created by Decreto Ejecutivo Nº 16358-MAG, of July 26, 1985 and the Amendment to the Refuge Declaration N° 31804-MINAE, remaining subject to the reservations and limitations contained in the Ley General de Caminos Públicos, the Ley de Aguas, in its Articles 72 and 73, and the Ley Forestal, Articles 13, 14 and 33. The property was valued at the sum of fifty million colones for fiscal purposes.- By the first instance judge, issue the corresponding order.\n\nTHEREFORE:\n\n\nThe appealed judgment is revoked. In its place, the present possessory information proceedings are granted and it is resolved: The Public Real Estate Registry is ordered to register in the name of the company ARAYA Y JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID number 3-101-100019, represented by Efraín Araya Sánchez, identification number 1-0457-0096, the property described as follows: nature of pasture, wetland, with a house. Located in La Pajarera, in DISTRITO three La Rita, CANTÓN two POCOCÍ, of the province of LIMÓN. BOUNDARIES: to the NORTH: Efraín Araya Sánchez, to the SOUTH with the Consorcio Agrícola Marechachi Sociedad Anónima, Luis Eliecer, Luis Ángel, Lilliam, Nain, Seidy, Roiner Alex, Marvin and Norman, all with the last names Calderón Padilla, to the EAST with Brazo del Río Chirripo and to the WEST public road with a frontage on it of six hundred twenty-four meters and one linear centimeter. MEASURES: thirty hectares and nine thousand four hundred five square meters, as indicated by survey plan number 7-9375-2023. These proceedings were valued at the sum of four million colones. The petitioner has exercised possession for more than fifty years, added to that of its previous transferor. The property is located within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge created by Decreto Ejecutivo Nº 16358-MAG, of July 26, 1985 and the Amendment to the Refuge Declaration N° 31804-MINAE, remaining subject to the reservations and limitations contained in the Ley General de Caminos Públicos, the Ley de Aguas, in its Articles 72 and 73, and the Ley Forestal, Articles 13, 14 and 33. The property was valued at the sum of fifty million colones for fiscal purposes.- By the first instance judge, issue the corresponding order.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n???????????????\nD77DJBUOPQC61\nENRIQUE ULATE CHACÓN - DECISOR/A JUDGE\n\n\n \n\n\n???????????????\nZABJQBZUMJA61\nANTONIO DARCIA CARRANZA - DECISOR/A JUDGE\n\n\n \n\n\n\n????????????????\nS43RGN7DLTDK61\nCARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECISOR/A JUDGE\n\n \n\nEXP: 17-000061-0507-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4th floor, Tribunales de Justicia building, Calle Blancos de Goicoechea in front of the Hospital Hotel La Católica parking lot. Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nClassification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. 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