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  "id": "nexus-sen-1-0034-1267898",
  "citation": "Res. 01007-2024 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Absolución de transportista de mariscos por falta de dolo y error de prohibición",
  "title_en": "Acquittal of seafood transporter due to lack of intent and mistake of law",
  "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del III Circuito Judicial de Alajuela confirma la absolución de un chofer acusado de posesión y transporte ilegal de productos de fauna acuática. La sentencia de flagrancia absolvió al imputado aplicando el principio de indubio pro reo, al no acreditarse que conocía la ilegalidad de su conducta ni que hubiera comprado o comercializado el pescado. La apelación del Ministerio Público alegó falta de fundamentación, contradicción y errónea aplicación de la Ley de Pesca y Acuicultura, pero el Tribunal de Apelación rechaza todos los agravios. Considera que el imputado era un empleado de la empresa Sea Food Mandarín, que no tenía obligación de conocer los permisos de transporte requeridos por INCOPESCA, y que su actuación carece de antijuridicidad penal. La responsabilidad administrativa recae sobre la empresa, no sobre el conductor. El fallo destaca que la ausencia de los permisos no constituye delito en este caso, sino una infracción administrativa, y que no hubo daño ambiental imputable al acusado. Se confirma la absolución y se ordena la devolución de los bienes y del dinero decomisado.",
  "summary_en": "The Criminal Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela upholds the acquittal of a driver accused of illegal possession and transport of aquatic fauna products. The trial court acquitted the defendant under the principle of in dubio pro reo, finding no proof that he knew his conduct was illegal or that he had purchased or commercialized the fish. The prosecution's appeal alleged lack of reasoning, contradictions, and misapplication of the Fisheries and Aquaculture Law, but the appellate court rejects all grievances. It holds that the defendant was an employee of Sea Food Mandarín S.A., had no duty to know the transport permits required by INCOPESCA, and his actions lack criminal unlawfulness. Administrative responsibility falls on the company, not the driver. The court emphasizes that the absence of permits does not constitute a crime in this context, but an administrative infraction, and that no environmental harm attributable to the defendant was proven. The acquittal is confirmed, and the return of seized property and money is ordered.",
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  "excerpt_es": "Efectivamente, la prueba de cargo, que se cita a partir del contador 06:12 minutos, fue clara al indicar que el acusado trabaja para una empresa, misma que fue citada al proceso como tercera interesada pero no se presentó, lo que impide que a [Nombre 001] se le considere autor del hecho, en tanto era Sea Food Mandarín S.A, quien debía contar con los permisos de transporte, no así la persona que conduce el vehículo. (...) Bajo esa tesitura, es acertada la posición del Tribunal de Juicio al indicar que no hay antijuridicidad, pues se desconocía, por parte del imputado, que su acción era contraria a la ley.",
  "excerpt_en": "Indeed, the prosecution evidence, cited from the 06:12 minute counter onwards, clearly indicated that the defendant works for a company, which was summoned to the proceedings as an interested third party but did not appear, which prevents [Name 001] from being considered the perpetrator, since it was Sea Food Mandarín S.A. that should have had the transport permits, not the person driving the vehicle. (...) Under this reasoning, the Trial Court's position is correct in stating that there is no unlawfulness, since the defendant was unaware that his action was contrary to the law.",
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    "summary_es": "Se confirma la sentencia absolutoria. El recurso de apelación del Ministerio Público es declarado sin lugar, manteniendo la absolución del imputado por el delito de posesión y transporte ilegal de productos de fauna acuática."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón\n\nResolución Nº 01007 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 05 de Diciembre del 2024 a las 15:40\n\nExpediente: 23-000273-1109-PE\n\nRedactado por: Hannia Soto Arroyo\n\nClase de asunto: Recurso de apelación penal\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\nResolución: 2024-1007\n\nExpediente: 23-000273-1109-PE\n\n \n\n TRIBUNAL PENAL DE APELACIONES ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. Primer Circuito Judicial de San José. (En función del T. A. S. P., del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón). Al ser  las quince horas cuarenta minutos, del cinco de diciembre del año dos mil veinticuatro.-\n\n RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 001], nació el 13 de julio de 1985, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], soltero, de oficio chofer, vecino de Puntarenas; por un delito de POSESIÓN Y TRANSPORTE ILEGAL DE PRODUCTOS DE FAUNA ACUÁTICOS, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, la Jueza Hannia Soto Arroyo, los Jueces Raúl Madrigal Lizano y Edwin Salinas Durán. Se apersonó en esta sede, la licenciada Luz Annia González Alvarado, representante del Ministerio Público, Fiscalía Adjunta de Puntarenas.\n\nRESULTANDO:\n\n I.- Que mediante sentencia número 241-F-23 de las veintiún horas ocho minutos, del día veintiséis de setiembre del año dos mil veinticuatro, el Tribunal Penal de Flagrancia de Puntarenas, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, reglas de la sana crítica y artículos 39, 41 de la Constitución Política, 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 6, 9, 142, 184, 267, 360, a 366 del Código Procesal Penal, 1, 30, 31, 45, 50, 71, 74, del Código Penal, artículo 150 inciso a) de la Ley de Pesca y Acuicultura, al resolver este asunto el tribunal, acuerda absolver de toda pena y responsabilidad en aplicación al principio de indubio pro reo, al imputado [Nombre 001] por el delito de POSESION Y TRANSPORTE ILEGAL DE PRODUCTOS DE FAUNA ACUÁTICA, como cometido en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas y son los gastos del proceso a cargo del Estado. Una vez firme la presente sentencia, se ordena el archivo definitivo de la causa. Se ordena la entrega en forma definitiva de los bines, e igualmente se ordena la devolución de los trescientos diez mil colones a quien demuestre ser su legitimo propietario. Quedan notificadas las partes en este acto y queda a su disposición el respaldo audiovisual. Ha dictado esta sentencia manera integral Maritza Arias Morales quien preside y dicta sentencia. Quedan en este acto notificadas las  partes y queda a su disposición el medio digital en el cual consta la totalidad del debate. Además se hace constar que todo lo actuado en este debate quedara grabado tanto en CD, así como en el equipo de soporte técnico de la Sala número 107 del Tribunal Penal de Flagrancia de Puntarenas, bajo la carpeta \"Sala 107\" con el número de expediente 23-000273-1109-PE, para que si a bien lo tengan las partes por sus propios medios obtengan su grabación. Se deja constancia de que el suscrito técnico judicial Harold Aguirre Mora procedió a constatar la debida grabación de la audiencia y sentencia oral en el respectivo DVD adjunto al expediente principal, así como en el respectivo DVD de respaldo, que queda bajo custodia de este Tribunal. Es todo.- Maritza Arias Morales Jueza de Juicio Tribunal Penal de Flagrancia de Puntarenas\" (sic).\n\n           II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Luz Annia González Alvarado, representante del Ministerio Público, Fiscalía Adjunta de Puntarenas, interpuso el recurso de apelación de sentencia penal, mismo que es resuelto por la presente integración del Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, según acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial número XXVI, en la sesión número 53-2023, del 23 de junio de 2023.\n\n  III.-  Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en la impugnación.\n\n IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia Penal Soto Arroyo; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- La licenciada Luz Annia González Alvarado, representante del Ministerio Público, interpone  recurso de apelación contra la sentencia oral N° 341-F-2023, de las 21:08 horas, del 26 de setiembre de 2023, del Tribunal de Flagrancia de Puntarenas. De conformidad con los artículos 437, 438, 439, 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal, el recurso de apelación reúne los requisitos de ley para su conocimiento por el fondo, por lo que se procede a resolverlo por el Tribunal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, según el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, número XXVI, en la sesión número 53-2023, del 23 de junio de 2023.\n\n II.- El único motivo de apelación acusa falta de fundamentación intelectiva, fundamentación contradictoria y errónea aplicación de la ley sustantiva, específicamente los artículos 152 y siguientes de la Ley de Pesca y Acuicultura. Tras citar los hechos acusados, la calificación legal  y los hechos probados, hace ver la recurrente que el Tribunal establece que el acusado no tenía la obligación de saber que la empresa dueña del vehículo que conducía, no contaba con la licencia de transporte de mariscos, pues él era un empleado de la misma, que no compró ni comercializó el producto. Además, indica que la sentencia expone supuestos errores en la Ley de Pesca y Acuicultura y que es INCOPESCA quien legisla mediante acuerdos y circulares, labor que corresponde a la Asamblea Legislativa, y que son “normas penales en blanco” porque es ese poder de la República quien emite las normas, por lo que la falta, de haberla, es de orden administrativo. Considera que la posición del Tribunal tiene escasa fundamentación y violenta los numerales 150 y 151 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Cita los votos del Tribunal de Apelación del Tercer Circuito Judicial de Alajuela de las 15:18 horas, del 28 de mayo de 2013 y de las 16:20 horas, del 19 de enero de 2012 (no brinda los números de ambas resoluciones), así como el pronunciamiento n° 722-f-95, de las 10:05 horas, del 1 de diciembre, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y hace ver que la posición de la a quo causa indefensión al Ministerio Público, pues debieron haberse aplicado correctamente las normas de fondo. Destaca que los fallos citados dejan en claro que los hechos constituyen actos delictivos, no así infracciones administrativas, mismas que sí se contemplan en el numeral 152 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Reclama que se violentan las reglas de la sana crítica ya que se determina en sentencia que el vehículo que conducía el ofendido tenía el “CVO” al día, por lo que podía transportar las hieleras, que el daño ambiental invocado por el Ministerio Público, sin una acción civil, no tiene sustento alguno y que hay un error de prohibición porque el imputado desconocía los documentos que debía portar. Además, el fallo señala que el perito dijo que el “CVO” era lo más importante, que faltó el permiso de transporte y no lo tenía en ese momento, al tiempo que, de manera contradictoria, se afirma que ese mismo día no le dieron el permiso, que la testigo [Nombre 004] dijo que el acusado no tenía la factura del producto, al tiempo que el Ministerio Público no demostró cómo llegó el pescado a manos del acusado y que el deponente [Nombre 005] “vino a decir lo mismo” y que no llevaba los permisos respectivos, que no tenía importancia si era o no época de veda. Indica que, según la misma sentencia, a folio 28 de los autos se verifica que la empresa no contaba con los permisos de transporte respectivos, y acusa que el a quo afirma que la solicitud de 13 millones de colones por daño ambiental, es absurdo. Luego de exponer lo anterior, la recurrente estima que se obvió el análisis del reglamento de la Ley de Pesca y Acuicultura, en el que se define el concepto de “transporte” y los requisitos para realizar esa actividad y que se echa de menos el estudio de la trazabilidad, concepto que tanto la defensa como el Ministerio Público desarrollaron en debate y no se explica por qué se excusa al imputado de conocer la documentación que debía portar al transportar mariscos. Estima que la juzgadora no comprendió el tema de CVO (certificado veterinario) y su trascendencia, que es garantizar la inocuidad del producto y no es solamente un permiso para llevar el producto de un lado a otro. Detalla que no se abordó el tema de las facturas en relación con el seguimiento del pescado, dado que se estaba en época de veda ni de las guías que el transportista debía conocer. Hace ver que el fallo es contradictorio, pues al tiempo que exime al acusado del deber de conocer la existencia de los permisos de transporte, expone que justo ese día el acusado se dirigía a INCOPESCA a tramitarlos. Luego, señala que nunca el Ministerio Público pretendió cobrar el daño ambiental, sino que hizo hincapié en la comisión del mismo, pero la sentencia no explicó por qué no se afectó el bien jurídico tutelado, sea, los recursos naturales. Reconoce que el producto lo compró la empresa -quien fue la tercera interesada y su representante legal no compareció a debate-,  por lo que es falso que la fiscalía pretendiera demostrar que el imputado compró el pescado a unos “pangueros”, como lo afirma el fallo. En su criterio, la sentencia no tiene análisis normativo y presenta una deficiente fundamentación probatoria. Se refiere a los votos N° 01739-92 de la Sala Constitucional y 450-F-95 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y considera que debió condenarse al acusado por la violación al artículo 150 inc. a) de la Ley de Pesca y Acuicultura, en concordancia con el acuerdo AJDIP 086-2023 de las sesión 21-2023, del 25 de abril de 2023, emitido por la Junta Directiva de INCOPESCA, en sus artículos 98, 99, 101 y 127 inc. g.).  Solicita se anule el fallo y se ordene el reenvío para una nueva sustanciación. Se declara sin lugar el alegato. Esta Cámara de Apelación, tras analizar en detalle el fallo oral dictado por el Tribunal de Flagrancia de Puntarenas, considera que los reclamos del Ministerio Público no tienen sustento alguno. Los hechos acusados son los siguientes: “… 1.-) El día 14/06/2023 al ser las 14:00 horas aproximadamente el imputado [Nombre 001], conducía el vehículo PLACA [Valor 002], marca TOYOTA, categoría CARGA LIVIANA, carrocería FURGON. estilo DYNA, por el sector de Puntarenas centro, en El Cocal, propiamente frente a las oficinas del INCOPESCA, sobre vía publica, momento en el que poseía, almacenaba y transportaba de manera ilegal con fines comerciales, producto de fauna acuática, propiamente 3.100 KILOS de pescado conocido como BONITO, mismo que transportaba distribuido dentro de 6 BINES que mantenía en el cajón del automotor. Lo anterior a sabiendas el imputado de que ese vehículo no contaba con la AUTORIZACION PARA EL TRANSPORTE Y LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y AVICOLAS, como tampoco lo poseía la dueña registral del mismo. De ahí que no contaba, con los permisos respectivos, que lo autoricen para el transporte y comercialización de producto pesquero, que otorga el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA). De igual manera, el acusado no contaba con las facturas correspondientes que acreditaran la procedencia del producto, para establecer su origen y la trazabilidad del mismo. 2.-) Seguidamente oficiales de Guardacostas, así como funcionarios del quienes se encontraba en el sitio antes referido, realizando un operativo de prevención con motivo de la veda, establecida mediante acuerdo de la Junta Directiva del INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) AJDIP 086-2023 de la sesión 21-2023, de fecha 25/04/2023, que rige desde el 01 de mayo hasta el 31 de julio del 2023, ambas fechas incluidas. Al observar el vehículo que conducía el imputado, le dieron la voz de alto a efectos de verificar que contara con los documentos y licencias correspondientes que acreditaran la trazabilidad del producto pesquero. Siendo que el imputado les manifestó que no poseía ninguno de los documentos requeridos ni facturas de la compra del producto. Siendo que al verificar que transportaba el producto acuático supra descrito, sin contar con los permisos de ley y que además no poseía la factura de compra del mismo que dieran fe de su origen y trazabilidad procedieron de inmediato al decomiso del producto ilegal, de los bines, así como a la aprehensión del imputado. Toda vez que de esta forma se estableció una falta a las regulaciones técnicas de la Ley de pesca y acuicultura. Debido al actuar doloso del encartado se produjo un daño ambiental y económico valorado en la suma de 0 13.770.000.00 colones…”. Ahora bien, en la sentencia, que se encuentra en formato DVD en el archivo digital 2300027331109PE-26092023090812_Multi, la jueza decisora cita las declaraciones de los testigos así como la prueba documental que consta en los autos (secuencia de las 06:12 minutos en adelante), para luego fundamentar la absolutoria del acusado [Nombre 001], a partir del contador 30:07 minutos. Tal como lo indicó la juzgadora, hay una serie de hechos no controvertidos entre las partes (secuencia que inicia en contador 31:08 minutos), sea, que el imputado era la persona que conducía el camión en que se transportaban 3100 kilogramos de pescado denominado “Bonito” y que no portaba los permisos de transporte de ese producto. En la sentencia se determina, partir del contador 32:00 minutos, que no fue posible demostrar que él fue la persona que compró el pescado y que, con base en el dicho de [Nombre 004], funcionaria de INCOPESCA, el vehículo contaba con los permisos denominados CVO o certificado veterinario, que legitima el uso de las hieleras para conservar el pescado, y que el imputado era empleado de la empresa Sea Food Mandarín, lo que también recalcó el testigo [Nombre 005], declaraciones ambas que se analizaron en detalle, contrario a lo reclamado por la recurrente, como se aprecia a partir del contador 31:47 minutos. El Tribunal además indica, sobre la procedencia del pescado, que el Ministerio Público no pudo demostrar que el imputado conociera su origen de manera certera o incluso que él lo hubiera adquirido de manera ilegal, por ser época de veda y que lo usual era que él portara las facturas de la compra, más el endilgado es un empleado, por lo que las facturas las debe tener la industria en cuestión. A partir del contador 34:16, la a quo explica que [Nombre 001] era el trabajador que hacía el traslado del pescado, no lo compró y no lo comercializó, lo que reitera en la secuencia de los 41:28 minutos. De ello, es que se determina que no tiene responsabilidad en los hechos, pues su actuar no es delictivo. Hasta acá, esta Cámara de Apelación concuerda con el fallo. Efectivamente, la prueba de cargo, que se cita a partir del contador 06:12 minutos, fue clara al indicar que el acusado trabaja para una empresa, misma que fue citada al proceso como tercera interesada pero no se presentó, lo que impide que a [Nombre 001] se le considere autor del hecho, en tanto era Sea Food Mandarín S.A, quien debía contar con los permisos de transporte, no así la persona que conduce el vehículo. Incluso, como lo señala el propio fallo (contador 36:46 horas), el camión tenía el permiso de usar y llevar las hieleras grandes (permiso CVO), no así el del producto, y que era la empresa quien debía estar al día en los trámites para llevar en ellas el pescado en cuestión, reiterándose que, todos los testigos apuntaron que el imputado trabajaba para esa entidad. Bajo esa tesitura, es acertada la posición del Tribunal de Juicio al indicar que no hay antijuridicidad, pues se desconocía, por parte del imputado, que su acción era contraria a la ley (contador 38:53). Claro este punto, nos referiremos entonces al resto de disconformidades del Ministerio Público. En primer término, ciertamente la señora jueza discrepa en el fallo de la forma en que la legislación en temas de pesca es manejada, pues incluso afirma que es INCOPESCA quien por medio de acuerdos de su Junta Directiva es la que determina qué es legal o no y en qué momento (secuencia 34:41 minutos), posición que no afecta el resultado del fallo, ya que no es sino una valoración sobre la normativa, pero que no influye en lo esencial del proceso, sea la ausencia de responsabilidad penal del endilgado. Lo mismo sucede con lo referido a la existencia de un daño ambiental por un monto de ₡13.770.000.00 colones (trece millones, setecientos setenta mil colones) y que consta en la acusación. Sea que el Ministerio Público pretendiera el resarcimiento del daño o que se indicó el mismo en el requerimiento fiscal con el fin de dar peso a su teoría del caso, lo cierto es que no se puede cobrar ese monto, dado que no se instó por medio de una acción civil resarcitoria, posición acertada del fallo (contador 38:50 minutos). Finalmente, sobre el trámite del permiso al día siguiente de los hechos -15 de junio-, el que el acusado lo realizara no implica que conociera, de previo a los hechos, que debía tenerlo, sino que responde su acción justo a la falencia que se le hizo ver el día anterior. Es cierto que la Juzgadora califica esto como un trámite administrativo (contador 40:25 minutos), que se pudo hacer el día del evento pero que no fue posible por la hora, pues la oficina de INCOPESCA cierra a las tres de la tarde, y sin problema se le dio al día siguiente, pues el CVO estaba vigente y con éste la autorización del transporte es mero trámite, valoración que tampoco incide en el resultado del proceso. Finalmente, los aspectos relativos a la época de veda o si fue [Nombre 001] quien compró el pescado o no, no son parte de los hechos acusados como tal, pero igual no resultan trascendentes en tanto no se demerita que la relación laboral con Sea Food Mandarín que tenía el imputado, de la que se desprende su inocencia. Así las cosas, no se cuenta con vicio alguno que declarar en esta sede, por lo que se rechaza el alegato.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Luz Annia González Alvarado, representante del Ministerio Público. NOTIFÍQUESE.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHannia Soto Arroyo\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRaúl Madrigal Lizano                                               Edwin Salinas Durán\n\n \n\nJueza y Jueces del Tribunal Penal de Apelaciones\n\nEspecializado en Delincuencia Organizada\n\n \n\nExpediente: 23-000273-1109-PE\n\nImputado: [Nombre 001]\n\nDelito: Posesión y transporte ilegal de productos de fauna acuáticos\n\nOfendido: Los recursos naturales\n\n \n\nJPSALAS\n\nExpediente N° 23-000273-1109-PE - Voto N°2024-1007   - Pág.: 1\n\n___________________________________________________________________________________________________\n\nI Circuito Judicial de San José, San José, Edificio Tribunales, Tercer Piso, Teléfonos: 2211-5349, 2211-5350 ó 2211-5351.\n\nCorreo electrónico: sjo-tpenalapela-Jedo@Poder-Judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:38:38.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "PENAL APPEALS TRIBUNAL SPECIALIZED IN ORGANIZED CRIME. First Judicial Circuit of San José. (Acting as the Sentencing Appeals Tribunal, Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón). At fifteen hours forty minutes, on the fifth of December of the year two thousand twenty-four.-\n\nCRIMINAL SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Name 001], of legal age, Costa Rican, identity card number [Value 001], born on July 13, 1985, son of [Name 002] and [Name 003], single, occupation driver, resident of Puntarenas; for the crime of ILLEGAL POSSESSION AND TRANSPORT OF AQUATIC FAUNA PRODUCTS, to the detriment of THE NATURAL RESOURCES. Judge Hannia Soto Arroyo and Judges Raúl Madrigal Lizano and Edwin Salinas Durán participate in the decision on the appeal. Attorney Luz Annia González Alvarado, representative of the Public Prosecutor's Office, Puntarenas Deputy Prosecutor's Office, appeared at this venue.\n\nWHEREAS:\n\nI.- That by judgment number 241-F-23 at twenty-one hours eight minutes, on the twenty-sixth of September of the year two thousand twenty-four, the Flagrante Delicto Criminal Court of Puntarenas resolved: \"THEREFORE: In accordance with the foregoing, rules of sound criticism, and Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 8 and 9 of the American Convention on Human Rights, 1, 6, 9, 142, 184, 267, 360 to 366 of the Criminal Procedure Code, 1, 30, 31, 45, 50, 71, 74 of the Criminal Code, Article 150 subsection a) of the Fisheries and Aquaculture Law, upon resolving this matter, the court agrees to acquit the accused [Name 001] of all punishment and liability in application of the principle of *in dubio pro reo*, for the crime of ILLEGAL POSSESSION AND TRANSPORT OF AQUATIC FAUNA PRODUCTS, as committed to the detriment of THE NATURAL RESOURCES. This matter is resolved without special condemnation in costs and the expenses of the proceedings shall be borne by the State. Once this judgment is final, the definitive archiving of the case is ordered. The definitive return of the goods is ordered, and likewise, the return of three hundred ten thousand colones to whoever proves to be its legitimate owner is ordered. The parties are notified in this act and the audiovisual backup remains at their disposal. This judgment has been issued integrally by Maritza Arias Morales, who presides and issues judgment. The parties are hereby notified in this act and the digital medium in which the entirety of the debate is recorded remains at their disposal. Furthermore, it is recorded that everything done in this debate was recorded on CD, as well as on the technical support equipment of Courtroom 107 of the Flagrante Delicto Criminal Court of Puntarenas, under the folder \"Courtroom 107\" with case number 23-000273-1109-PE, so that the parties, if they deem it appropriate, may obtain their recording by their own means. It is recorded that the undersigned judicial technician Harold Aguirre Mora proceeded to verify the proper recording of the hearing and oral judgment on the respective DVD attached to the main case file, as well as on the respective backup DVD, which remains in the custody of this Court. That is all.- Maritza Arias Morales, Trial Judge, Flagrante Delicto Criminal Court of Puntarenas\" (sic).\n\n          II.- That, against the previous pronouncement, attorney Luz Annia González Alvarado, representative of the Public Prosecutor's Office, Puntarenas Deputy Prosecutor's Office, filed the criminal sentence appeal, which is resolved by this panel of the Penal Appeals Tribunal Specialized in Organized Crime, according to agreement number XXVI of the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 53-2023, of June 23, 2023.\n\nIII.- That, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Tribunal considered the issues raised in the challenge.\n\nIV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Sentencing Appeals Judge Soto Arroyo; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.- Attorney Luz Annia González Alvarado, representative of the Public Prosecutor's Office, files an appeal against oral judgment No. 341-F-2023, at 21:08 hours, of September 26, 2023, of the Flagrante Delicto Court of Puntarenas. In accordance with Articles 437, 438, 439, 458, 459, 460, and 462 of the Criminal Procedure Code, the appeal meets the legal requirements for its consideration on the merits, therefore, the Penal Appeals Tribunal Specialized in Organized Crime proceeds to resolve it, according to agreement number XXVI of the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 53-2023, of June 23, 2023.\n\nII.- The sole ground for appeal alleges a lack of intellectual reasoning, contradictory reasoning, and erroneous application of substantive law, specifically Articles 152 and following of the Fisheries and Aquaculture Law. After citing the charged facts, the legal classification, and the proven facts, the appellant points out that the Court establishes that the accused had no obligation to know that the company owning the vehicle he was driving did not have the seafood transport license, since he was an employee of the same, who did not buy or commercialize the product. Moreover, she indicates that the judgment exposes supposed errors in the Fisheries and Aquaculture Law and that it is INCOPESCA that legislates through agreements and circulars, a task that corresponds to the Legislative Assembly, and that these are \"blank criminal laws\" because it is that branch of the Republic that issues the norms, so any fault, if any, is of an administrative nature. She considers that the Court's position has scant reasoning and violates Articles 150 and 151 of the Fisheries and Aquaculture Law. She cites the votes of the Appeals Tribunal of the Third Judicial Circuit of Alajuela at 15:18 hours, of May 28, 2013, and at 16:20 hours, of January 19, 2012 (she does not provide the numbers of either decision), as well as pronouncement No. 722-f-95, at 10:05 hours, of December 1, of the Third Chamber of the Corte Suprema de Justicia, and points out that the a quo's position causes defenselessness to the Public Prosecutor's Office, since the substantive rules should have been correctly applied. She emphasizes that the cited rulings make it clear that the facts constitute criminal acts, not administrative infractions, the latter of which are indeed contemplated in Article 152 of the Fisheries and Aquaculture Law. She complains that the rules of sound criticism are violated since the judgment determines that the vehicle the defendant was driving had the \"CVO\" up to date, so he could transport the coolers; that the environmental damage invoked by the Public Prosecutor's Office, without a civil action, has no support whatsoever; and that there is an error of prohibition because the accused was unaware of the documents he had to carry. Furthermore, the judgment indicates that the expert said that the \"CVO\" was the most important thing, that the transport permit was missing and he did not have it at that moment, while, in a contradictory manner, it affirms that that same day they did not give him the permit, that witness [Name 004] said that the accused did not have the invoice for the product, while the Public Prosecutor's Office did not demonstrate how the fish came into the hands of the accused, and that deponent [Name 005] \"came to say the same thing\" and that he was not carrying the respective permits, that it had no importance whether it was a closed season or not. She indicates that, according to the judgment itself, at folio 28 of the case file it is verified that the company did not have the respective transport permits, and accuses the a quo of affirming that the request for 13 million colones for environmental damage is absurd. After setting forth the foregoing, the appellant considers that the analysis of the regulation to the Fisheries and Aquaculture Law was omitted, in which the concept of \"transport\" and the requirements for carrying out that activity are defined, and that the study of traceability is lacking, a concept that both the defense and the Public Prosecutor's Office developed in the debate, and it is not explained why the accused is excused from knowing the documentation he had to carry when transporting seafood. She considers that the judge did not understand the issue of the CVO (veterinary certificate) and its significance, which is to guarantee the safety of the product and is not just a permit to take the product from one place to another. She details that the issue of invoices in relation to the tracking of the fish was not addressed, given that it was during a closed season, nor were the guides that the transporter should have known about. She points out that the judgment is contradictory, because while it excuses the accused from the duty of knowing about the existence of the transport permits, it sets forth that on that very day the accused was heading to INCOPESCA to process them. Then, she points out that the Public Prosecutor's Office never intended to charge for environmental damage, but rather emphasized its commission; however, the judgment did not explain why the protected legal interest, i.e., the natural resources, was not affected. She acknowledges that the product was bought by the company – which was the interested third party and its legal representative did not appear at the debate –, so it is false that the prosecutor's office sought to demonstrate that the accused bought the fish from some \"pangueros,\" as the judgment states. In her opinion, the judgment lacks normative analysis and presents deficient evidentiary reasoning. She refers to votes No. 01739-92 of the Constitutional Chamber and 450-F-95 of the Third Chamber of the Corte Suprema de Justicia, and considers that the accused should have been convicted for violating Article 150 section a) of the Fisheries and Aquaculture Law, in accordance with agreement AJDIP 086-2023 of session 21-2023, of April 25, 2023, issued by the Board of Directors of INCOPESCA, in its Articles 98, 99, 101, and 127 section g.). She requests that the judgment be annulled and that a rehearing be ordered for a new proceeding. The argument is declared without merit. This Chamber of Appeals, after analyzing in detail the oral judgment issued by the Flagrante Delicto Court of Puntarenas, considers that the claims of the Public Prosecutor's Office have no support whatsoever. The charged facts are the following: “… 1.-) On 06/14/2023 at approximately 14:00 hours, the accused [Name 001] was driving vehicle LICENSE PLATE [Value 002], make TOYOTA, category LIGHT LOAD, body VAN, style DYNA, in the sector of downtown Puntarenas, in El Cocal, specifically in front of the INCOPESCA offices, on a public road, at which time he illegally possessed, stored, and transported for commercial purposes, aquatic fauna products, specifically 3,100 KILOS of fish known as BONITO, which he transported distributed within 6 BINS that he kept in the cargo bed of the vehicle. The accused knowing that this vehicle did not have the AUTHORIZATION FOR THE TRANSPORT AND COMMERCIALIZATION OF FISHING AND POULTRY PRODUCTS, nor did its registered owner. Hence, he did not have the respective permits authorizing him for the transport and commercialization of fishing products, granted by the INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA). Likewise, the accused did not have the corresponding invoices proving the origin of the product, to establish its origin and traceability. 2.-) Next, Coast Guard officers, as well as officials from INCOPESCA who were at the aforementioned place, carrying out a prevention operation on the occasion of the closed season, established by agreement of the Board of Directors of the INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) AJDIP 086-2023 of session 21-2023, dated 04/25/2023, in effect from May 1 to July 31, 2023, both dates inclusive. Upon observing the vehicle the accused was driving, they signaled him to stop in order to verify that he had the corresponding documents and licenses proving the traceability of the fishing product. The accused told them that he did not have any of the required documents or purchase invoices for the product. Upon verifying that he was transporting the aquatic product described above, without having the legal permits and that he also did not have the purchase invoice for it to attest to its origin and traceability, they immediately proceeded to seize the illegal product, the bins, and to apprehend the accused. Given that in this way a violation of the technical regulations of the Fisheries and Aquaculture Law was established. Due to the intentional act of the defendant, environmental and economic damage valued at an amount of 13,770,000.00 colones was produced…”. Now, in the judgment, which is in DVD format in digital file 2300027331109PE-26092023090812_Multi, the deciding judge cites the testimonies of the witnesses as well as the documentary evidence in the case file (sequence from 06:12 minutes onwards), to then substantiate the acquittal of the accused [Name 001], starting from counter 30:07 minutes. As the judge indicated, there are a series of uncontested facts between the parties (sequence beginning at counter 31:08 minutes), namely, that the accused was the person driving the truck in which 3,100 kilograms of fish called \"Bonito\" were being transported and that he was not carrying the transport permits for that product. In the judgment, it is determined, starting from counter 32:00 minutes, that it was not possible to demonstrate that he was the person who bought the fish and that, based on the statement of [Name 004], an INCOPESCA official, the vehicle had the permits called CVO or veterinary certificate, which legitimizes the use of the coolers to preserve the fish, and that the accused was an employee of the company Sea Food Mandarín, which was also stressed by witness [Name 005], declarations that were both analyzed in detail, contrary to what was claimed by the appellant, as can be seen starting from counter 31:47 minutes. The Court also indicates, regarding the origin of the fish, that the Public Prosecutor's Office could not demonstrate that the accused reliably knew its origin or even that he had acquired it illegally, because it was during a closed season, and that it was usual for him to carry the purchase invoices, but the accused is an employee, so the industry in question should have the invoices. From counter 34:16, the a quo explains that [Name 001] was the worker who was transporting the fish, he did not buy it, and he did not commercialize it, a point she reiterates in the sequence at 41:28 minutes. From this, it is determined that he has no responsibility for the facts, since his act is not criminal. Up to this point, this Chamber of Appeals agrees with the judgment. Indeed, the evidence for the prosecution, cited from counter 06:12 minutes, was clear in indicating that the accused works for a company, which was summoned to the process as an interested third party but did not appear, which prevents [Name 001] from being considered the perpetrator of the act, given that it was Sea Food Mandarín S.A. that had to have the transport permits, not the person driving the vehicle. Even, as the judgment itself points out (counter 36:46 hours), the truck had the permit to use and carry the large coolers (CVO permit), but not the one for the product, and it was the company that had to be up to date in the procedures to carry the fish in question in them, reiterating that all the witnesses indicated that the accused worked for that entity. Under this context, the position of the Trial Court is correct in indicating that there is no unlawfulness, since the accused was unaware that his action was contrary to the law (counter 38:53). Having clarified this point, we will then refer to the rest of the Public Prosecutor's Office's disagreements. In the first place, the judge certainly disagrees in the judgment with the way in which legislation on fishing matters is managed, since she even affirms that it is INCOPESCA that, through agreements of its Board of Directors, determines what is legal or not and at what time (sequence 34:41 minutes), a position that does not affect the outcome of the judgment, as it is nothing more than a valuation of the regulations but does not influence the essence of the process, namely, the absence of criminal liability of the accused. The same happens with what is referred to regarding the existence of environmental damage in the amount of ₡13,770,000.00 colones (thirteen million, seven hundred seventy thousand colones) that appears in the accusation. Whether the Public Prosecutor's Office intended the compensation for the damage or whether it was indicated in the prosecutorial request in order to give weight to its theory of the case, the truth is that this amount cannot be charged, given that it was not pursued through a compensatory civil action, a position that is correct in the judgment (counter 38:50 minutes). Finally, regarding the processing of the permit on the day after the facts – June 15 –, the fact that the accused carried it out does not imply that he knew, prior to the facts, that he had to have it, but rather that his action responds precisely to the deficiency that was pointed out to him the day before. It is true that the Judge qualifies this as an administrative procedure (counter 40:25 minutes), which could have been done on the day of the event but was not possible due to the time, since the INCOPESCA office closes at three in the afternoon, and it was given without problem the next day, since the CVO was valid and with this the transport authorization is a mere formality, an assessment that also does not affect the outcome of the process. Finally, the aspects related to the closed season or whether it was [Name 001] who bought the fish or not, are not part of the charged facts as such, but they are still not significant insofar as it does not detract from the employment relationship that the accused had with Sea Food Mandarín, from which his innocence derives. Thus, there is no defect whatsoever to declare in this venue, and therefore the argument is rejected.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal filed by attorney Luz Annia González Alvarado, representative of the Public Prosecutor's Office, is declared without merit. NOTIFY.-\n\nHannia Soto Arroyo\n\nRaúl Madrigal Lizano Edwin Salinas Durán\n\nJudge and Judges of the Penal Appeals Tribunal\nSpecialized in Organized Crime\n\nCase File: 23-000273-1109-PE\nAccused: [Name 001]\nCrime: Illegal possession and transport of aquatic fauna products\nVictim: The natural resources\n\nJPSALAS\nCase File No. 23-000273-1109-PE - Vote No. 2024-1007 - Page: 1\n___________________________________________________________________________________________________\nI Judicial Circuit of San José, San José, Courts Building, Third Floor, Telephones: 2211-5349, 2211-5350 or 2211-5351.\nEmail: sjo-tpenalapela-Jedo@Poder-Judicial.go.cr\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:38:38.\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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