{ "id": "nexus-sen-1-0034-1269934", "citation": "Res. 08829-2024 Tribunal Contencioso Administrativo", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Denegatoria de medida cautelar por prevalencia del interés público ambiental", "title_en": "Denial of precautionary measure due to prevalence of environmental public interest", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la solicitud de medida cautelar presentada por Parque Industrial Jateo S.A. contra la Municipalidad de Mora, mediante la cual se pretendía suspender los efectos del Reglamento del Servicio Público para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos y otorgar un permiso de desfogue pluvial para un proyecto de relleno sanitario. El Tribunal considera que la medida carece de instrumentalidad y provisionalidad, pues concederla equivaldría a otorgar por vía sumaria la pretensión de fondo. Además, la parte actora no acreditó el peligro en la demora al no individualizar ni cuantificar los daños alegados. En la ponderación de intereses, el Tribunal aplica los principios precautorio e in dubio pro natura, inclinando la balanza hacia la protección del interés público, la salud pública y el ambiente, al existir riesgo de daño ambiental irreversible. Se enfatiza que ante la duda debe favorecerse la protección del medio ambiente, por lo que se deniega la medida cautelar en todos sus extremos.", "summary_en": "The Administrative Litigation Court denies the precautionary measure requested by Parque Industrial Jateo S.A. against the Municipality of Mora, which sought to suspend the effects of the Municipal Regulation on Solid Waste Management and to obtain a stormwater drainage permit for a landfill project. The Court finds the measure lacks instrumentality and provisionality, as granting it would amount to prematurely deciding the merits. Additionally, the plaintiff failed to prove the danger in delay by not specifying or quantifying the alleged damages. In balancing interests, the Court applies the precautionary principle and in dubio pro natura, tilting the balance in favor of public interest, public health, and environmental protection, given the risk of irreversible environmental harm. It stresses that in case of doubt, environmental protection must prevail, leading to the denial of the precautionary measure in its entirety.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo", "date": "26/11/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "art-50-constitution" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "medida cautelar", "principio precautorio", "in dubio pro natura", "fumus boni iuris", "periculum in mora", "interés público", "desfogue pluvial", "relleno sanitario" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 19", "law": "CPCA" }, { "article": "Art. 21", "law": "CPCA" }, { "article": "Art. 22", "law": "CPCA" }, { "article": "Art. 8", "law": "Ley 8839" } ], "keywords_es": [ "medida cautelar", "principio precautorio", "in dubio pro natura", "interés público ambiental", "relleno sanitario", "desfogue pluvial", "Municipalidad de Mora", "gestión de residuos", "salud pública", "daño ambiental irreversible" ], "keywords_en": [ "precautionary measure", "precautionary principle", "in dubio pro natura", "environmental public interest", "landfill", "stormwater drainage", "Municipality of Mora", "waste management", "public health", "irreversible environmental harm" ], "excerpt_es": "El principio in dubio pro natura, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica que cuando exista un riesgo de afectación al medio ambiente, nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente. En virtud de lo expuesto supra, se debe inclinar la balanza a la prevalencia del interés público y denegar las medidas peticionadas, como en efecto se dispone.", "excerpt_en": "The in dubio pro natura principle does not depend on the existence of a risk of serious or irreversible harm—as is the case with the precautionary principle—but rather implies that when there is a risk of environmental impact, it obliges us to avoid choosing those actions that may cause environmental harm. In light of the foregoing, the balance must be tipped in favor of the public interest and the requested measures must be denied, as is hereby ordered.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Denegada", "summary_en": "The Court denied the main and accessory precautionary measure requests, as environmental public interest and health protection prevailed, and the procedural requirements were not met.", "summary_es": "El Tribunal rechazó la solicitud de medida cautelar principal y accesorias, al prevalecer el interés público ambiental y la protección de la salud, y no acreditarse los presupuestos procesales." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III, citando Voto 2024003959 Sala Constitucional", "quote_en": "Thus, when faced with a situation requiring the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modified request that reasonably entails a serious risk; they are even obliged to suspend ongoing activities.", "quote_es": "Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando." }, { "context": "Considerando III, criterio del Tribunal", "quote_en": "The in dubio pro natura principle does not depend on the existence of a risk of serious or irreversible harm—as is the case with the precautionary principle—but rather implies that when there is a risk of environmental impact, it obliges us to avoid choosing those actions that may cause environmental harm.", "quote_es": "El principio in dubio pro natura, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica que cuando exista un riesgo de afectación al medio ambiente, nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente." }, { "context": "Considerando III, conclusión", "quote_en": "In light of the foregoing, the balance must be tipped in favor of the public interest and the requested measures must be denied, as is hereby ordered.", "quote_es": "En virtud de lo expuesto supra, se debe inclinar la balanza a la prevalencia del interés público y denegar las medidas peticionadas, como en efecto se dispone." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1269934", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 08829 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 26 de Noviembre del 2024 a las 19:04\n\nExpediente: 24-003919-1027-CA\n\nRedactado por: Alejandra Soto Fonseca\n\nClase de asunto: Medida cautelar\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo\n\nTema: Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo\n\nSubtemas:\n\nAplicación del principio precautorio y del in dubio pro natura al estar frente a aspectos de salud pública y protección del medio ambiente al resolver medidas cautelares que pueden constituir un daño irreversible.\n\nTema: Medidas cautelares en materia ambiental\n\nSubtemas:\n\nAplicación del principio precautorio y del in dubio pro natura al estar frente a aspectos de salud pública y protección del medio ambiente al resolver medidas cautelares que pueden constituir un daño irreversible.\nAplicación del principio precautorio y del in dubio pro natura al estar frente a aspectos de salud pública y protección del medio ambiente al resolver medidas cautelares que pueden constituir un daño irreversible.\nAplicación del principio precautorio y del in dubio pro natura al estar frente a aspectos de salud pública y protección del medio ambiente al resolver medidas cautelares que pueden constituir un daño irreversible.\n\nTema: Daño ambiental\n\nSubtemas:\n\nAplicación del principio precautorio y del in dubio pro natura al estar frente a aspectos de salud pública y protección del medio ambiente al resolver medidas cautelares que pueden constituir un daño irreversible.\n\nTema: Medio ambiente\n\nSubtemas:\n\nAplicación del principio precautorio y del in dubio pro natura al estar frente a aspectos de salud pública y protección del medio ambiente al resolver medidas cautelares que pueden constituir un daño irreversible.\n\nTema: Protección del ambiente\n\nSubtemas:\n\nAplicación del principio precautorio y del in dubio pro natura al estar frente a aspectos de salud pública y protección del medio ambiente al resolver medidas cautelares que pueden constituir un daño irreversible.\n\nTema: Principio preventivo en materia ambiental\n\nSubtemas:\n\nAplicación del principio precautorio y del in dubio pro natura al estar frente a aspectos de salud pública y protección del medio ambiente al resolver medidas cautelares que pueden constituir un daño irreversible.\n\nTema: Principio precautorio en materia ambiental\n\nSubtemas:\n\nAplicación del principio precautorio y del in dubio pro natura al estar frente a aspectos de salud pública y protección del medio ambiente al resolver medidas cautelares que pueden constituir un daño irreversible.\n\nTema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado\n\nSubtemas:\n\nAplicación del principio precautorio y del in dubio pro natura al estar frente a aspectos de salud pública y protección del medio ambiente al resolver medidas cautelares que pueden constituir un daño irreversible.\n\n\"III.-[...]El principio in dubio pro natura, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica que cuando exista un riesgo de afectación al medio ambiente,  nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente. En virtud de lo expuesto supra, se debe inclinar la balanza a la prevalencia del interés público y  denegar las medidas peticionadas, como en efecto se dispone.\"\n\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\nDocumento PJEDITOR\n\n \n\n????????????????\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n24-003919-1027-CA - 5\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nMEDIDA CAUTELAR\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nPARQUE INDUSTRIAL JATEO S.A.\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nGRETEL AGËRO ALFARO\n\n \n\n N° 2024008829\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diecinueve horas con cuatro minutos del veintiseis de Noviembre del dos mil veinticuatro.-\n\n \n\n MEDIDA CAUTELAR\n\n \n\n              CONSIDERANDO\n\nI. DE TRÁMITE:\n\n1.  Mediante memorial del 14 de junio de 2024 se interpuso proceso de conocimiento con medida cautelar por PARQUE INDUSTRIAL JATEO S.A. CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE MORA y OTRO.\n\nII. PRESUPUESTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR.-\n\nTal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del CPCA establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). De conformidad con el artículo 21 CPCA, el juez, a la hora de determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, debe verificar que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. Por otro lado, el mismo numeral 21 del Código establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Por último, el artículo 22 CPCA establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el Despacho a conceder la medida cautelar solicitada.\n\nIII. PRETENSIÓN Y ARGUMENTOS DE LA PARTE PROMOVENTE Y DEMANDADA Y ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.-  El objeto de la presente solicitud cautelar -de carácter positivo- es conminar a la Municipalidad de Mora a otorgar la autorización de desfogue pluvial solicitada por Parque Industrial Jateo S.A., dado que no se verifican supuestos que impidan el vertido de la escorrentía en las quebradas anexas al centro tecnológico de valorización de residuos, siendo una medida requerida para la tutela del interés público. (imagen 48). Posteriormente, la parte desglosa su pretensión cautelar en una principal y tres accesorias como se indica: \"Pretensión principal: Se suspendan, de manera inmediata, los efectos del Reglamento del Servicio Público para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos dictado por la Municipalidad de Mora. Y a su vez se ordene a dicha Municipalidad otorgar provisionalmente a la actora, la autorización para el desfogue de aguas pluviales requerido para el desarrollo del Parque Industrial Jateo. Pretensión accesoria 1: Se autorice la continuación de los trámites en las diferentes Administraciones Públicas con  competencia en cualquier aspecto del proyecto, y así mismo, el inicio de las obras del Parque Industrial Jateo. Pretensión accesoria 2: Se ordene a la Municipalidad demandada la rendición de una garantía suficiente para cubrir los daños, perjuicios, pérdida del chance, intereses y costas, ante una posible sentencia firme estimatoria de la demanda. Pretensión accesoria 3:  Se conmine a la Municipalidad de Mora a conocer por el fondo, tanto en aspectos jurídicos como técnicos la solicitud de desfogue pluvial tramitada por la actora y en un plazo razonable disponga lo correspondiente en derecho\" ( imágenes 57 a 58). Manifiesta la parte promovente, Parque Industrial Jateo S.A., que es propietaria de la finca de la provincia de San José, matrícula 568922, ubicada en Picagres de Mora, con una medida de 237 hectáreas según el plano catastrado SJ-0992578-2005, inmueble en el que tramita la construcción de un complejo industrial para el tratamiento y revalorización de los residuos emanados por el Gran Área Metropolitana. (Prueba documental 1). Que el 22 de noviembre de 2004, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo emitió la resolución PU-C-AT-2849-A-2004, certificando la compatibilidad del uso de suelo del Parque Industrial Jateo con la locación del inmueble por desarrollar, ello tras solicitud de la Municipalidad de Mora (Prueba documental 2 y 17). Que el  20 de abril de 2005, el Ministerio de Salud, mediante resolución DPAH-2250-PCU- 298-05 aprobó el permiso de ubicación para la construcción del Parque Industrial Jateo S.A. (Prueba documental 3). Que el 18 de junio de 2012, mediante oficio UGA-OF-014-2012, suscrito por la coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Mora, señora Gretel Agüero Alfaro, remitió a la Alcaldía Municipal la propuesta técnica del Reglamento del Servicio Público para la gestión Integral y aprovechamiento de los residuos sólidos del Cantón de Mora. (Prueba documental 13, folio 107). Que el 16 de abril de 2013, en La Gaceta no. 72, se publicó en consulta pública el proyecto del Reglamento del Servicio Público para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos. (Prueba documental 13, folio 181). Que el 29 de mayo de 2013, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental emitió resolución 1423-2013-SETENA en la que aprobó la viabilidad ambiental solicitada por la actora para el desarrollo del Parque Industrial Jateo, la cual contemplaba un periodo de dos años para el inicio de las obras a partir de su firmeza. (Prueba documental 4). Que el miércoles 26 de junio de 2013, en La Gaceta No. 122, se publicó edicto de la Municipalidad de Mora publicitando que no se presentaron objeciones a la propuesta de Reglamento del Servicio Público para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos, dicho edicto indicó: queda el mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir de esta publicación. (Prueba documental 5, imagen 58). Que el  5 de agosto de 2015, el Ministro de Ambiente y Energía emitió la Resolución R-231- 2015-MINAE que declaró sin lugar el último de los recursos interpuestos contra la aprobación de la Viabilidad Ambiental dictada por SETENA en resolución 1423-2013- SETENA, dando inicio al periodo de dos años para el inicio de las obras. (Prueba documental 6). Que el  6 de octubre de 2016, mi representada formuló ante la Municipalidad de Mora una solicitud de información sobre la tramitología a seguir para obtener el alineamiento vial y autorización para desfogue de aguas pluviales, gestiones necesarias para obtener el Visado de Planos del CFIA. (Prueba documental 7). Que el  7 de diciembre de 2016, la Municipalidad de Mora emitió la Resolución AMM-603- 2016, en la cual, la Alcaldesa a.i. avocó el conocimiento de la solicitud de información planteada por la accionante, rechazando tal gestión. (Prueba documental 8). Que entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, la actora gestionó de manera formal la solicitud de autorización de desfogue de aguas pluviales y alineamiento vial correspondiente a la finca 1-568922. (Prueba documental 9). Que el 26 de mayo de 2017, mediante resolución DDCU-006-2017, la Municipalidad de Mora, mediante el señor Wilbur Arce Mora, rechazó la solicitud de desfogue de aguas pluviales indicadas en el hecho anterior, la cual fue impugnada por mi representada hasta la apelación ante el jerarca impropio. (Prueba Documental 9). Que el 5 de junio de 2017, SETENA emitió la resolución 1105-2017, en la que suspendió el plazo de dos años otorgado inicialmente como plazo para inicio de obras producto de la imposibilidad de obtener el visado de planos por parte de CFIA en tanto se finiquita el trámite de desfogue ante la Municipalidad de Mora. (Prueba Documental 11). Que el  17 de mayo de 2018, la actora presentó ante la municipalidad accionada la autorización para desfogue de aguas pluviales y alineamiento vial en el proyecto Parque Industrial Jateo. (Prueba documental 12). Que el  20 de setiembre de 2022, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía emitió la Resolución DA-1338-2022, que otorgó a la actora el permiso de vertido de aguas residuales generadas por Parque Industrial Jateo. (Prueba documental 15). Que el 13 de setiembre de 2023, el Tribunal Contencioso Administrativo, en calidad de jerarca impropio bifásico, emitió la resolución 2023003305, en la que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la actora contra la resolución AMR-047-2020. (Prueba documental 16). Sobre los presupuestos de las medidas cautelares argumenta la actora respecto de la APARIENCIA DE BUEN DERECHO: En el caso concreto, la seriedad de la demanda interpuesta es evidente, argumenta el actor, toda vez que el permiso de desfogue pluvial ha sido denegado por la Municipalidad de Mora en abierta contradicción con el bloque de legalidad, mediante la aplicación improcedente de un reglamento inválido e ineficaz, y contraviniendo las autorizaciones previas otorgadas por los órganos rectores en materia de salud, ambiente y urbanismo, haciendo nugatorias las competencias de estas instancias. Respecto del  PERICULUM IN MORA:  El numeral 21 del CPCA se refiere a este presupuesto al indicar que “la medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca  graves daños o perjuicios, actuales o potenciales de la situación aducida (…)”. Así, el requisito del peligro en la demora se encuentra estrechamente vinculado con la existencia del daño actual o inminente, pues el objeto cautelar es precisamente mitigar o evitar que se produzca este. En el presente asunto, manifiesta, se configura el periculum in mora, haciendo imperioso el acogimiento de la medida cautelar, esto permitiría evitar daños severos a la salud pública, el ambiente, e incrementar los perjuicios sobre la accionada. Como se desprende del estudio técnico MS-DPRSA-USA-0180-2024 (prueba documental 18) elaborado por el Ministerio de Salud, los pocos rellenos sanitarios autorizados que operan actualmente en el GAM están próximos a agotar su vida útil, lo implica una crisis de residuos en ciernes. El sitio de disposición final de residuos sólidos ubicado en La Carpio, que recibe la gran mayoría de los desechos generados en esta región, ha alcanzado niveles críticos de acumulación que hacen prever su saturación total en un plazo máximo de 5 a 7 meses. Mientras que el relleno de Los Pinos ya ha quedado fuera de operación. Lo anterior conlleva una alta presión para el relleno sanitario de El Huazo-Aczerrí (actualmente recibe los desechos del relleno sanitario de Los Pinos), pues absorbería la totalidad de residuos que anteriormente se distribuían entre 3 rellenos sanitarios (La Carpio, Los Pinos, Los mangos), reduciendo considerablemente su vida útil restante y afectando particularmente a las comunidades aledañas a ese relleno, ubicadas a una calle de distancia. (Al efecto ver prueba documental 18). Adicionalmente, el otorgamiento de la presente medida cautelar permitiría mitigar la profundización de los daños y perjuicios que ha sufrido la accionante, pues ha realizado cuantiosas inversiones y esfuerzos para desarrollar un proyecto innovador que cumple a cabalidad con todos los requerimientos técnicos y legales exigidos por el ordenamiento jurídico. PONDERACIÓN DE INTERESES:  La medida cautelar solicitada no solo no lesiona el interés público, sino que más bien lo garantiza en su más alto grado al tutelar de forma preventiva la salud pública.  Dada la audiencia de ley, la MUNICIPALIDAD DE MORA indicó sobre la competencia otorgada mediante la norma N° 8839, Ley Para la Gestión Integral de Residuos, la cual en su numeral 8, inciso B establece lo siguiente: “(…) ARTÍCULO 8.- Funciones de las municipalidades: Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón; para ello deberán: b) Dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, recolección selectiva y disposición final de residuos, los cuales deberán responder a los objetivos de esta Ley y su Reglamento. (…)” (El resaltado es propio). Continúa manifestando la Municipalidad que de esta manera, puede verse como la Municipalidad de Mora ha actuado en todo momento bajo el principio de legalidad y por ende, se encuentra ejerciendo las funciones que le han sido conferidas por medio de la norma supra indicada. Aunado a lo anterior se tiene como la misma Procuraduría General de la República ha indicado como las municipalidades se encuentra legalmente facultadas para emitir normativa que regule el tema de residuos, esto mediante criterio N° C-066-2016 de fecha del 04 de abril de 2016, del cual se extrae lo siguiente: “(…) Consecuentemente, no es que las municipalidades se encuentren imposibilitadas para dictar reglamentos en esta materia, sino que su contenido debe quedar limitado a los temas que le han sido autorizados por ley. En lo que respecta a la gestión integral de residuos y el manejo de rellenos sanitarios o plantas industriales, las municipalidades deben someterse a la reglamentación nacional emitida por el Poder Ejecutivo como parte de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, por lo que si emiten normativa en esta materia deberá quedar sujeta a los lineamientos establecidos en tales disposiciones de carácter nacional. (…)”  Respecto del peligro en la demora: Es importante para esta administración recalcar el hecho de que el proyecto que pretende generar la parte actora, el cual consiste en el establecimiento de un relleno sanitario, encierra una gran serie de variantes ambientales que deben ser analizados, pues es necesario realizar o actualizar un análisis técnico y detallado que tenga como fin último y prioritario el resguardo del medio ambiente y la salud pública, evitando de esta manera, que llegue a generarse un posible daño ambiental que, por su propia génesis, no pueda ser retrotraído. Respecto de la ponderación de intereses:  Es necesario tomar en cuenta que el Reglamento del servicio público para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos del Cantón de Mora, regula toda una serie de temas tales como proyectos educativos, políticas sobre el almacenamiento, clasificación, separación de residuos, sobre la recuperación de residuos, el transporte de estos, centros de acopio, temas varios sobre reciclaje, registro estadísticos, sobre el servicio de recolección, limpieza de vías y sitios públicos, prohibiciones, multas y sanciones, siendo todos estos temas para los cuales la Municipalidad se encuentra facultada de conformidad con el bloque de legalidad aquí expuesto, sin que tales funciones ni dicho cuerpo normativo municipal como tal realice una invasión de las competencias que ostenta por ley el Ministerio de Salud.  Finalmente indica la municipalidad,de todas las pretensiones pretendidas por la parte actora, es importante señalar que el caso de la pretensión segunda, sobre la rendición de una garantía por parte de este Municipio, es completamente desproporcional, pues la misma podría generar una gravísima afectación a las finanzas de la Municipalidad de Mora, conllevando a una afectación de diversos programas y servicios que son ofrecidos por dicha institución a favor de todas las personas que tienen algún tipo de vinculación con el cantón de Mora, razón por la cual es necesario ponderar tal medida en el tanto que la misma acarrearía una fuerte afectación al bien común que persigue este Gobierno Local en favor de toda la población, así como el incumplimiento del numeral 170 de la Constitución Política con respecto a las funciones que debe ser desarrolladas y atendida por las Municipalidades. Así también, tome en cuenta este Tribunal que como ya ha sido indicado en la presente el Reglamento del servicio público para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos del Cantón de Mora, regula una gran cantidad de temas y aspectos medulares que son necesarios para el debido funcionamiento de esta corporación, así como de los servicios ofrecidos a la comunidad, por lo que en caso de que se estime pertinente proceder con la medida cautelar solicita por la aquí actora, estímese conveniente no suspender la totalidad de dicha norma municipal, por lo que si ha bien lo tiene este tribunal procédase únicamente con la suspensión del transitorio II de dicho cuerpo normativo, el cual ha fungido como fundamento legal para la atención de las gestiones solicitadas a este Gobierno Local en relación con el proyecto del relleno sanitario. Por su parte, la codemandada GRETEL AGUERO ALFARO, ante la audiencia concedida manifestó que  la medida cautelar solicitada consiste en obligar a la Municipalidad de Mora a suspender los efectos del Reglamento del Servicio Público para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos y a otorgar la autorización del desfogue pluvial solicitado por la empresa actora, entre otras pretensiones cautelares accesorias. Tales pretensiones cautelares son coincidentes, en contenido y extensión, con las pretensiones de fondo número uno y número 4, solicitadas en la demanda, con lo cual se está desnaturalizando el carácter de instrumentalidad de las medidas cautelares, pues su otorgamiento en este estado procesal equivaldría a estar concediendo parte de lo pedido por el fondo. En relación con la necesaria instrumentalidad de las medidas cautelares, la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo se ha decantado por denegar aquellas solicitudes que implican el otorgamiento de la pretensión de fondo desde la medida cautelar. Finalmente, al efectuar el análisis del peligro en la demora, no debe perderse de vista que estamos frente a un tema que roza aspectos de Salubridad Pública y Protección del Medio Ambiente, temas del más alto raigambre constitucional, ya que el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son dos derechos humanos y fundamentales reconocidos, no solo por la propia Carta Magna costarricense, sino por los Convenios Internacionales suscritos por el país y frente a dicha realidad se requieren acciones concretas y efectivas que busquen de algún modo, paliar los efectos de actividades privadas que puedan significar un riesgo para esos bienes protegidos. En particular, el principio precautorio aconseja, tal como lo ha señalado reiteradamente la Sala Constitucional, que en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. De la misma prueba aportada por la parte actora se desprende que el proyecto de relleno sanitario que ha sido tramitado por la parte demandante ha sido acreditada como relleno sanitario en diferentes tramites, sin recuperación del valor de los residuos, véase la prueba 12 en donde se describe la actividad como Relleno Sanitario, y no como se ha afirmado por la parte demandante sin contemplar la revalorización de residuos, por lo que prolongaría la práctica bastante más rentable económicamente, de simplemente enterrar residuos de todo tipo, a pesar del desarrollo de tecnologías que podrían minimizar los impactos ambientales negativos, e incorporar las externalidades ambientales. Según los estudios realizados por la municipalidad sería incluso más gravoso la instalación de un relleno sanitario en la finca propuesta por el proyecto,Finalmente, al efectuar el análisis del peligro en la demora, no debe perderse de vista que estamos frente a un tema que roza aspectos de Salubridad Pública y Protección del Medio Ambiente, temas del más alto raigambre constitucional, ya que el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son dos derechos humanos y fundamentales reconocidos, no solo por la propia Carta Magna costarricense, sino por los Convenios Internacionales suscritos por el país y frente a dicha realidad se requieren acciones concretas y efectivas que busquen de algún modo, paliar los efectos de actividades privadas que puedan significar un riesgo para esos bienes protegidos. En particular, el principio precautorio aconseja, tal como lo ha señalado reiteradamente la Sala Constitucional, que en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate1. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. De la misma prueba aportada por la parte actora se desprende que el proyecto de relleno sanitario que ha sido tramitado por la parte demandante ha sido acreditada como relleno sanitario en diferentes tramites, sin recuperación del valor de los residuos, véase la prueba 12 en donde se describe la actividad como Relleno Sanitario, y no como se ha afirmado por la parte demandante sin contemplar la revalorización de residuos, por lo que prolongaría la práctica bastante más rentable económicamente, de simplemente enterrar residuos de todo tipo, a pesar del desarrollo de tecnologías que podrían minimizar los impactos ambientales negativos, e incorporar las externalidades ambientales. Según los estudios realizados por la municipalidad sería incluso más gravoso la instalación de un relleno sanitario en la finca propuesta por el proyecto. Y solicita declarar sin lugar las medidas peticionadas. CRITERIO DEL  TRIBUNAL:  Corresponde previamente al análisis de los presupuestos, valorar la instrumentalidad y provisionalidad de la medida peticionada. Respecto de la INSTRUMENTALIDAD y PROVISIONALIDAD de una medida cautelar, la misma consiste en  procurar la efectividad del fallo judicial del proceso de fondo, la medida cautelar no puede tener una finalidad en sí misma y debe estar vinculada al proceso de fondo. En el caso concreto, el proceso de fondo pretende declarar la nulidad de resoluciones dictadas por la Municipalidad de Mora que rechazaron el permiso de desfogue pluvial con base en un Reglamento de la Municipalidad al considerar la parte que se da \"abierta contradicción con el bloque de legalidad, mediante la aplicación improcedente de un reglamento inválido e ineficaz, y contraviniendo las autorizaciones previas otorgadas por los órganos rectores en materia de salud, ambiente y urbanismo, haciendo nugatorias las competencias de estas instancias\" (análisis que corresponde al proceso de conocimiento y no a esta vía sumaria). De un análisis de  las pretensiones del proceso de conocimiento así como de las pretendidas medidas cauteles, es criterio de este Tribunal que conceder la medida cautelar principal o accesoria que pretende la promovente es otorgar por vía sumaria la pretensión de fondo, sea: obtener un permiso de desfogue pluvial. La parte promovente ofrece un conjunto de  agravios, tendentes a acreditar la ilegalidad de los razonamientos sustantivos en que se basó la Municipalidad para rechazar el permiso de desfogue pluvial; análisis de fondo del proceso de conocimiento. Véase que la teoría del caso de la actora para conceder el permiso de desfogue se circunscribe a la ilegalidad del Reglamento de la Municiplaidad de Mora, así conceder la pretensión principal o accesoria número 1 ( \"Pretensión principal: Se suspendan, de manera inmediata, los efectos del Reglamento del Servicio Público para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos dictado por la Municipalidad de Mora. Y a su vez se ordene a dicha Municipalidad otorgar provisionalmente a la actora, la autorización para el desfogue de aguas pluviales requerido para el desarrollo del Parque Industrial Jateo. Pretensión accesoria 1: Se autorice la continuación de los trámites en las diferentes Administraciones Públicas con  competencia en cualquier aspecto del proyecto, y así mismo, el inicio de las obras del Parque Industrial Jateo.), es conceder en vía sumaria, un permiso cuyo sustento está condicionado al analisis del Reglamento indicado. Por otra parte, las pretensiones accesorias 2 y 3 se consideran prematuras e impertinentes en esta vía, por su orden . Con base en lo expuesto supra, se considera que la pretensión cautelar NO posee instrumentalidad ni provisionalidad, toda vez que  lo que se pretende es que se conmine a la Municipalidad a otorgar un permiso de desfogue pluvial. No obstante lo anterior, se ampliará en el análisis de los presupuestos en caso de que se considere procedente el análisis de lo peticionado. Si bien es cierto, el justiciable tiene la posibilidad de acudir a la vía contenciosa a cuestionar la validez de una decisión de la administración o norma reglamentaria que considera lesiva a sus derechos, siendo  que de conformidad con los artículos 49 constitucional y 36 y 42 del CPCA, es posible recurrir a esta jurisdicción para cuestionar actuaciones administrativas como la que aquí refiere, configurándose preliminarmente la apariencia de buen derecho, siempre y cuando se considere con criterio distinto al expuesto por esta juzgadora que la pretensión cuenta con instrumentalidad y provisionalidad. Sustenta la actora la apariencia de buen derecho en la siguiente argumentación:  \"Incluso, la Procuraduría General de la República, órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública, ha dictaminado en reiteradas ocasiones (C-066-2016 y otros) que las municipalidades carecen de competencia para regular vía reglamento aspectos sustantivos y técnicos de la operación de rellenos sanitarios. Esa potestad está reservada al Ministerio de Salud como órgano rector. Los reglamentos locales solo pueden normar asuntos puntuales de la gestión de residuos a nivel cantonal, sin contravenir la normativa y directrices de alcance nacional o invadir campos competenciales de otros entes. Por lo anterior, el rechazo de la denegatoria de desfogue de aguas que la Municipalidad ha dictado padece de vicios de fondo y forma calificables de nulidad absoluta, esencialmente, por invocar el Reglamento de Reglamento del Servicio Público para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos que invade competencias de la administración con rectoría nacional en materia sanitaria, ambiental y urbanística, al impedir el desarrollo de proyectos de tratamiento de residuos, o en su caso, rellenos sanitarios, en la totalidad del territorio del cantón de Mora. Norma que además, que no fue publicada en La Gaceta de manera definitiva.\" Por su parte manifiesta la Municipalidad demandada que el Reglamento del servicio público para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos del Cantón de Mora, regula toda una serie de temas tales como proyectos educativos, políticas sobre el almacenamiento, clasificación, separación de residuos, sobre la recuperación de residuos, el transporte de estos, centros de acopio, temas varios sobre reciclaje, registro estadísticos, sobre el servicio de recolección, limpieza de vías y sitios públicos, prohibiciones, multas y sanciones, siendo todos estos temas para los cuales la Municipalidad se encuentra facultada de conformidad con el bloque de legalidad aquí expuesto, sin que tales funciones ni dicho cuerpo normativo municipal como tal realice una invasión de las competencias que ostenta por ley el Ministerio de Salud. Análisis competencial resorte del proceso de conocimiento, en criterio de esta juzgadora.  Respecto del PERICUMLUM IN MORA, debe recordarse que la carga de la prueba para acreditar la existencia de daños o perjuicios graves en los términos del artículo 21 del CPCA, es de la parte. Así se requiere que, para la procedencia de la tutela cautelar,  la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, en la situación jurídica del promovente. En ese sentido, debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial), sino que debe probarse. En el caso concreto la PETENTE aduce que el otorgamiento de la presente medida cautelar permitiría mitigar la profundización de los daños y perjuicios que ha sufrido la accionante, pues ha realizado cuantiosas inversiones y esfuerzos para desarrollar un proyecto innovador que cumple a cabalidad con todos los requerimientos técnicos y legales exigidos por el ordenamiento jurídico; no obstante, no individualiza los daños, no individualiza las inversiones (créditos, activos, etc) ni los estima, no siendo suficiente alegarlos sin identificarlos y estimarlos. No cumpliendo con el presupuesto de peligro en la demora en los términos del artículo 21 del CPCA, conviene inclinar la balanza a la protección del interés público. No obstante lo anterior, resulta importante indicar que la parte sustenta la necesidad de acoger la pretensión cautelar para evitar daños a la salud pública y al ambiente (al estar los demás rellenos sanitarios existentes a su capacidad máxima); pero en criterio de esta juzgadora, debe considerarse que al estar frente a aspectos de Salud Pública y Protección del Medio Ambiente nos encontramos ante derechos fundamentales que deben ser protegidos de acciones que puedan constituir un daño irreversible, haciendo eco de lo resuelto por la Sala Constitucional en Voto número 2024003959. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciseis de febrero de dos mil veinticuatro que dispuso respecto del PRINCIPIO PRECAUTORIO:  \"Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado\" Y respecto del PRINCIPIO IN DUBIO PRO NATURA: \"Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos (ver principio V). En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”. El principio in dubio pro natura, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica que cuando exista un riesgo de afectación al medio ambiente,  nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente. En virtud de lo expuesto supra, se debe inclinar la balanza a la prevalencia del interés público y  denegar las medidas peticionadas, como en efecto se dispone.\n\nIV. PRUEBA TESTIMONIAL: De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Código Procesal  Contencioso Administrativo, respecto de la prueba testimonial ofrecida, la misma no se considera necesaria por cuanto con la prueba documental en autos en suficiente para dictar la presente resolución.\n\n \n\nPOR TANTO\n\nSe RECHAZA la presente solicitud de medida cautelar en su carácter principal y accesorio, interpuesta por PARQUE INDUSTRIAL JATEO S.A. CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE MORA. Se falla sin especial condenatoria en costas. Notifíquese. ALEJANDRA SOTO FONSECA,  JUEZA TRAMITADORA.-\n\n\n????????????????\nHE47QROCUNLA61\nALEJANDRA MARÍA SOTO FONSECA - JUEZ/A TRAMITADOR/A\n\n \n\nEXP: 24-003919-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:35:30.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nContentious-Administrative Tribunal\n\nResolution No. 08829 - 2024\n\nDate of Resolution: November 26, 2024, at 7:04 p.m.\n\nCase File: 24-003919-1027-CA\n\nDrafted by: Alejandra Soto Fonseca\n\nType of Matter: Precautionary measure\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\nContent of Interest:\n\nStrategic Topics: Derechos Humanos, Ambiental, Der Económicos sociales culturales y ambientales\n\nType of Content: Majority vote\n\nBranch of Law: Derecho Procesal Contencioso Administrativo\n\nTopic: Precautionary measures in the contentious-administrative process\n\nSubtopics:\n\nApplication of the precautionary principle and the in dubio pro natura principle when facing aspects of public health and environmental protection in resolving precautionary measures that may constitute irreversible damage.\n\nTopic: Precautionary measures in environmental matters\n\nSubtopics:\n\nApplication of the precautionary principle and the in dubio pro natura principle when facing aspects of public health and environmental protection in resolving precautionary measures that may constitute irreversible damage.\nApplication of the precautionary principle and the in dubio pro natura principle when facing aspects of public health and environmental protection in resolving precautionary measures that may constitute irreversible damage.\nApplication of the precautionary principle and the in dubio pro natura principle when facing aspects of public health and environmental protection in resolving precautionary measures that may constitute irreversible damage.\n\nTopic: Environmental damage\n\nSubtopics:\n\nApplication of the precautionary principle and the in dubio pro natura principle when facing aspects of public health and environmental protection in resolving precautionary measures that may constitute irreversible damage.\n\nTopic: Environment\n\nSubtopics:\n\nApplication of the precautionary principle and the in dubio pro natura principle when facing aspects of public health and environmental protection in resolving precautionary measures that may constitute irreversible damage.\n\nTopic: Environmental protection\n\nSubtopics:\n\nApplication of the precautionary principle and the in dubio pro natura principle when facing aspects of public health and environmental protection in resolving precautionary measures that may constitute irreversible damage.\n\nTopic: Preventive principle in environmental matters\n\nSubtopics:\n\nApplication of the precautionary principle and the in dubio pro natura principle when facing aspects of public health and environmental protection in resolving precautionary measures that may constitute irreversible damage.\n\nTopic: Precautionary principle in environmental matters\n\nSubtopics:\n\nApplication of the precautionary principle and the in dubio pro natura principle when facing aspects of public health and environmental protection in resolving precautionary measures that may constitute irreversible damage.\n\nTopic: Right to a healthy and ecologically balanced environment\n\nSubtopics:\n\nApplication of the precautionary principle and the in dubio pro natura principle when facing aspects of public health and environmental protection in resolving precautionary measures that may constitute irreversible damage.\n\n\"III.-[...] The principle of in dubio pro natura does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage —as occurs with the precautionary principle— but rather implies that when there is a risk of environmental harm, it obliges us to avoid opting for those conducts that may cause damage to the environment. By virtue of the foregoing, the balance must be tipped in favor of the prevalence of the public interest and the requested measures denied, as is hereby ordered.\"\n\nCitations of Legislation and Doctrine Related Judgments\nText of the resolution\nPJEDITOR Document\n\nEXPEDIENTE:\n\n24-003919-1027-CA - 5\n\nPROCEEDING:\n\nPRECAUTIONARY MEASURE\n\nPLAINTIFF:\n\nPARQUE INDUSTRIAL JATEO S.A.\n\nDEFENDANT:\n\nGRETEL AGÜERO ALFARO\n\nNo. 2024008829\n\nCONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at seven o'clock and four minutes in the evening on the twenty-sixth of November, two thousand twenty-four.-\n\nPRECAUTIONARY MEASURE\n\nWHEREAS\n\nI. PROCEDURAL BACKGROUND:\n\n1. By means of a brief dated June 14, 2024, a proceeding for declaratory relief with a precautionary measure was filed by PARQUE INDUSTRIAL JATEO S.A. AGAINST THE MUNICIPALITY OF MORA and ANOTHER.\n\nII. REQUIREMENTS FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE.-\n\nAs has been developed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment (Resolution 7190-1994, of 3:24 p.m. on December 6). In this same sense, Article 19 of the CPCA establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is to provisionally protect and guarantee the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. The doctrine has indicated that the purpose of precautionary justice is not to declare a fact or liability, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy a right held without being discussed, nor to settle a litigation, but to prevent the damages that the litigation may bring or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). In accordance with Article 21 CPCA, the judge, when determining the admissibility of a request for a precautionary measure, must verify that the claim of the declaratory proceeding is not reckless or, patently, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine whether what the doctrine and case law have called appearance of good legal right or fumus boni iuris exists in the case at hand. On the other hand, the same numeral 21 of the Code establishes the admissibility of the precautionary measure when the execution or continuation of the conduct under proceeding produces serious damages or losses, current or potential, a situation that has been defined in the doctrine as periculum in mora or danger in the delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial process, a current, real, and objective danger exists that serious harm will be generated to the promoting party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Finally, Article 22 CPCA establishes the obligation of the judge to carry out, in light of the principle of proportionality, a weighing of the interests at stake, that is, between the individual's circumstance, on the one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Only upon the concurrence of the three elements, that is, the appearance of good legal right, the danger in the delay, and that from the analysis of the weighing of interests it is considered that the damage suffered by the individual must be protected above the other interests at stake, may the Court proceed to grant the requested precautionary measure.\n\nIII. CLAIM AND ARGUMENTS OF THE PROMOTING AND DEFENDANT PARTIES AND ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE.- The object of this request for a precautionary measure —of a positive nature— is to compel the Municipality of Mora to grant the stormwater drainage (desfogue pluvial) authorization requested by Parque Industrial Jateo S.A., given that no assumptions are verified that prevent the discharge of runoff into the streams (quebradas) adjacent to the technological waste valorization center, it being a measure required for the protection of the public interest. (image 48). Subsequently, the party breaks down its precautionary claim into one principal and three accessory claims as indicated: \"Principal claim: That the effects of the Regulation of the Public Service for the Integral Management and Utilization of Solid Waste (Reglamento del Servicio Público para la Gestión Integral y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos) issued by the Municipality of Mora be immediately suspended. And in turn, that said Municipality be ordered to provisionally grant the plaintiff the authorization for the stormwater drainage required for the development of Parque Industrial Jateo. Accessory claim 1: That the continuation of procedures in the different Public Administrations with competence in any aspect of the project be authorized, and likewise, the commencement of works for Parque Industrial Jateo. Accessory claim 2: That the defendant Municipality be ordered to render sufficient guarantee to cover damages, losses, loss of chance (pérdida del chance), interest, and costs, in the event of a possible final and favorable judgment upholding the lawsuit. Accessory claim 3: That the Municipality of Mora be compelled to hear on the merits, both in legal and technical aspects, the request for stormwater drainage processed by the plaintiff and within a reasonable period provide what is appropriate under the law\" (images 57 to 58). The promoting party, Parque Industrial Jateo S.A., states that it is the owner of the property in the province of San José, registration number 568922, located in Picagres de Mora, with an area of 237 hectares according to the cadastral plan SJ-0992578-2005, a property on which it is processing the construction of an industrial complex for the treatment and revalorization of waste emanating from the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana). (Documentary Evidence 1). That on November 22, 2004, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo issued resolution PU-C-AT-2849-A-2004, certifying the compatibility of land use of Parque Industrial Jateo with the location of the property to be developed, following a request from the Municipality of Mora (Documentary Evidence 2 and 17). That on April 20, 2005, the Ministry of Health, by means of resolution DPAH-2250-PCU-298-05, approved the location permit for the construction of Parque Industrial Jateo S.A. (Documentary Evidence 3). That on June 18, 2012, through official letter UGA-OF-014-2012, signed by the coordinator of the Environmental Management Unit (Unidad de Gestión Ambiental) of the Municipality of Mora, Mrs. Gretel Agüero Alfaro, she referred to the Municipal Mayor's Office the technical proposal for the Regulation of the Public Service for the Integral Management and Utilization of Solid Waste of the Canton of Mora. (Documentary Evidence 13, folio 107). That on April 16, 2013, in La Gaceta No. 72, the draft Regulation of the Public Service for the Integral Management and Utilization of Solid Waste was published in public consultation. (Documentary Evidence 13, folio 181). That on May 29, 2013, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental issued resolution 1423-2013-SETENA in which it approved the environmental viability (viabilidad ambiental) requested by the plaintiff for the development of Parque Industrial Jateo, which contemplated a period of two years for the commencement of works from its finality. (Documentary Evidence 4). That on Wednesday, June 26, 2013, in La Gaceta No. 122, an edict of the Municipality of Mora was published advertising that no objections were presented to the proposal for the Regulation of the Public Service for the Integral Management and Utilization of Solid Waste, said edict indicated: it is definitively approved and enters into force as of this publication. (Documentary Evidence 5, image 58). That on August 5, 2015, the Minister of Environment and Energy issued Resolution R-231-2015-MINAE which declared without merit the last of the appeals filed against the approval of the Environmental Viability issued by SETENA in resolution 1423-2013-SETENA, starting the two-year period for the commencement of works. (Documentary Evidence 6). That on October 6, 2016, my represented party filed with the Municipality of Mora a request for information on the procedural path to follow to obtain the road alignment (alineamiento vial) and authorization for stormwater drainage, necessary procedures to obtain the Plan Approval (Visado de Planos) from the CFIA. (Documentary Evidence 7). That on December 7, 2016, the Municipality of Mora issued Resolution AMM-603-2016, in which the Interim Mayor avocó the knowledge of the request for information filed by the petitioner, rejecting such petition. (Documentary Evidence 8). That between December 2016 and May 2017, the plaintiff formally processed the request for authorization for stormwater drainage and road alignment corresponding to property 1-568922. (Documentary Evidence 9). That on May 26, 2017, through resolution DDCU-006-2017, the Municipality of Mora, through Mr. Wilbur Arce Mora, rejected the request for stormwater drainage indicated in the preceding fact, which was challenged by my represented party up to the appeal before the improper hierarchical superior (jerarca impropio). (Documentary Evidence 9). That on June 5, 2017, SETENA issued resolution 1105-2017, in which it suspended the two-year period initially granted as a deadline for the commencement of works resulting from the impossibility of obtaining plan approval from the CFIA while the drainage procedure before the Municipality of Mora is finalized. (Documentary Evidence 11). That on May 17, 2018, the plaintiff filed before the respondent municipality the authorization for stormwater drainage and road alignment for the Parque Industrial Jateo project. (Documentary Evidence 12). That on September 20, 2022, the Directorate of Water (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment and Energy issued Resolution DA-1338-2022, which granted the plaintiff the permit for the discharge of wastewater (vertido de aguas residuales) generated by Parque Industrial Jateo. (Documentary Evidence 15). That on September 13, 2023, the Contentious-Administrative Tribunal, acting as improper biphasic hierarchical superior (jerarca impropio bifásico), issued resolution 2023003305, in which it declared without merit the appeal filed by the plaintiff's representative against resolution AMR-047-2020. (Documentary Evidence 16). Regarding the requirements for precautionary measures, the plaintiff argues regarding the APPEARANCE OF GOOD LEGAL RIGHT: In the specific case, the seriousness of the filed lawsuit is evident, the plaintiff argues, given that the stormwater drainage permit has been denied by the Municipality of Mora in open contradiction with the legal framework, through the improper application of an invalid and ineffective regulation, and contravening the prior authorizations granted by the governing bodies in matters of health, environment, and urban planning, rendering the competencies of these bodies nugatory. Regarding PERICULUM IN MORA: Numeral 21 of the CPCA refers to this requirement by indicating that \"the precautionary measure shall be admissible when the execution or permanence of the conduct subjected to proceedings produces serious current or potential damages or losses from the alleged situation (…)\". Thus, the requirement of danger in the delay is closely linked to the existence of current or imminent damage, as the object of the precautionary measure is precisely to mitigate or prevent it from occurring. In the present matter, it states, the periculum in mora is configured, making the granting of the precautionary measure imperative, as this would allow avoiding severe damages to public health, the environment, and increasing the losses to the defendant. As is inferred from the technical study MS-DPRSA-USA-0180-2024 (documentary evidence 18) prepared by the Ministry of Health, the few authorized landfills (rellenos sanitarios) currently operating in the GAM are close to exhausting their useful life, which implies an impending waste crisis. The final solid waste disposal site located in La Carpio, which receives the vast majority of waste generated in this region, has reached critical accumulation levels that foresee its total saturation within a maximum period of 5 to 7 months. Meanwhile, the Los Pinos landfill has already ceased operations. The foregoing entails high pressure for the El Huazo-Aczerrí landfill (currently receiving waste from the Los Pinos landfill), as it would absorb all the waste that was previously distributed among 3 landfills (La Carpio, Los Pinos, Los Mangos), considerably reducing its remaining useful life and particularly affecting the communities surrounding that landfill, located a street away. (See documentary evidence 18). Additionally, the granting of this precautionary measure would allow mitigating the deepening of the damages and losses that the plaintiff has suffered, as it has made substantial investments and efforts to develop an innovative project that fully complies with all the technical and legal requirements demanded by the legal system. WEIGHING OF INTERESTS: The requested precautionary measure not only does not harm the public interest, but rather guarantees it to its highest degree by protectively safeguarding public health. Given the legal hearing, the MUNICIPALITY OF MORA indicated regarding the competence granted by Law No. 8839, Ley Para la Gestión Integral de Residuos, which in its numeral 8, subsection B establishes the following: \"(…) ARTÍCULO 8.- Functions of the municipalities: Municipalities shall be responsible for the integral management of waste generated in their canton; for this purpose, they must: b) Issue the regulations in the canton for the classification, selective collection, and final disposal of waste, which must respond to the objectives of this Law and its Regulation. (…)\" (Emphasis is original). The Municipality continues stating that in this way, it can be seen how the Municipality of Mora has acted at all times under the principle of legality and therefore, is exercising the functions that have been conferred upon it by means of the norm indicated above. In addition to the foregoing, it is noted that the Procuraduría General de la República itself has indicated how municipalities are legally empowered to issue regulations governing waste matters, this through opinion No. C-066-2016 dated April 4, 2016, from which the following is extracted: \"(…) Consequently, it is not that municipalities are unable to issue regulations in this matter, but rather that their content must be limited to the topics that have been authorized to them by law. Regarding the integral management of waste and the operation of landfills or industrial plants, municipalities must submit to the national regulations issued by the Executive Branch as part of the National Policy and the National Plan for Integral Waste Management, so if they issue regulations in this matter, they must remain subject to the guidelines established in such national provisions. (…)\" Regarding the danger in the delay: It is important for this administration to emphasize the fact that the project the plaintiff intends to generate, which consists of the establishment of a landfill, involves a large series of environmental variables that must be analyzed, as it is necessary to carry out or update a technical and detailed analysis with the ultimate and priority goal of safeguarding the environment and public health, thus preventing a possible environmental damage that, by its very genesis, cannot be retracted. Regarding the weighing of interests: It is necessary to take into account that the Regulation of the public service for the Integral Management and Utilization of Solid Waste of the Canton of Mora regulates a whole series of topics such as educational projects, policies on storage, classification, separation of waste, on waste recovery, the transportation thereof, collection centers, various topics on recycling, statistical records, on the collection service, cleaning of roads and public sites, prohibitions, fines and sanctions, all of these being topics for which the Municipality is empowered in accordance with the legal framework set forth herein, without such functions nor said municipal regulatory body as such performing an invasion of the competencies held by law by the Ministry of Health. Finally, the municipality indicates, of all the claims sought by the plaintiff, it is important to note that in the case of the second claim, regarding the rendering of a guarantee by this Municipality, it is completely disproportionate, as it could generate a very serious impact on the finances of the Municipality of Mora, leading to an impact on various programs and services that are offered by said institution for the benefit of all persons who have some type of connection with the canton of Mora, which is why it is necessary to weigh such measure to the extent that it would entail a strong impact on the common good pursued by this Local Government for the benefit of all the population, as well as the breach of numeral 170 of the Political Constitution regarding the functions that must be developed and addressed by the Municipalities. Likewise, let this Tribunal take into account that as has already been indicated herein, the Regulation of the public service for the Integral Management and Utilization of Solid Waste of the Canton of Mora regulates a large number of topics and core aspects that are necessary for the proper functioning of this corporation, as well as for the services offered to the community, therefore, in the event that it is deemed pertinent to proceed with the precautionary measure requested by the plaintiff herein, let it be deemed convenient not to suspend the entirety of said municipal norm, and therefore, if this tribunal sees fit, proceed only with the suspension of Transitory Provision II (transitorio II) of said regulatory body, which has served as the legal basis for addressing the petitions requested from this Local Government in relation to the landfill project. For her part, the co-defendant GRETEL AGUERO ALFARO, upon the granted hearing, stated that the requested precautionary measure consists of compelling the Municipality of Mora to suspend the effects of the Regulation of the Public Service for the Integral Management and Utilization of Solid Waste and to grant the authorization for the stormwater drainage requested by the plaintiff company, among other accessory precautionary claims. Such precautionary claims coincide, in content and scope, with the substantive claims number one and number 4, requested in the lawsuit, thereby distorting the instrumental character of precautionary measures, as their granting at this procedural stage would be equivalent to granting part of what is sought on the merits. In relation to the necessary instrumentality of precautionary measures, the case law of the Contentious-Administrative Tribunal has opted to deny those requests that imply granting the substantive claim from the precautionary measure. Finally, when carrying out the analysis of the danger in the delay, one must not lose sight of the fact that we are facing a topic that touches on aspects of Public Health and Environmental Protection, topics of the highest constitutional importance, since the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment are two fundamental human rights recognized not only by the Costa Rican Magna Carta itself, but also by the International Conventions signed by the country, and in the face of this reality, concrete and effective actions are required that seek, in some way, to mitigate the effects of private activities that may pose a risk to those protected assets. In particular, the precautionary principle (principio precautorio) advises, as has been repeatedly pointed out by the Constitutional Chamber, that in the event that there is a risk of serious or irreversible damage —or a doubt in this regard—, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, the repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment. From the very evidence provided by the plaintiff, it is inferred that the landfill project that has been processed by the plaintiff has been accredited as a landfill in different procedures, without recovery of the value of the waste, see evidence 12 where the activity is described as a Landfill (Relleno Sanitario), and not as has been affirmed by the plaintiff without contemplating the valorization of waste, thereby prolonging the economically much more profitable practice of simply burying waste of all kinds, despite the development of technologies that could minimize negative environmental impacts and incorporate environmental externalities. According to the studies carried out by the municipality, the installation of a landfill on the property proposed by the project would be even more burdensome. Finally, when carrying out the analysis of the danger in the delay, one must not lose sight of the fact that we are facing a topic that touches on aspects of Public Health and Environmental Protection, topics of the highest constitutional importance, since the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment are two fundamental human rights recognized not only by the Costa Rican Magna Carta itself, but also by the International Conventions signed by the country, and in the face of this reality, concrete and effective actions are required that seek, in some way, to mitigate the effects of private activities that may pose a risk to those protected assets. In particular, the precautionary principle advises, as has been repeatedly pointed out by the Constitutional Chamber, that in the event that there is a risk of serious or irreversible damage —or a doubt in this regard—, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, the repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment. From the very evidence provided by the plaintiff, it is inferred that the landfill project that has been processed by the plaintiff has been accredited as a landfill in different procedures, without recovery of the value of the waste, see evidence 12 where the activity is described as a Landfill, and not as has been affirmed by the plaintiff without contemplating the valorization of waste, thereby prolonging the economically much more profitable practice of simply burying waste of all kinds, despite the development of technologies that could minimize negative environmental impacts and incorporate environmental externalities. According to the studies carried out by the municipality, the installation of a landfill on the property proposed by the project would be even more burdensome. And she requests that the requested measures be declared without merit. CRITERION OF THE TRIBUNAL: Before analyzing the requirements, it is necessary to assess the instrumentality and provisionality of the requested measure. Regarding the INSTRUMENTALITY and PROVISIONALITY of a precautionary measure, it consists of ensuring the effectiveness of the judicial ruling in the substantive proceeding; the precautionary measure cannot have an end in itself and must be linked to the substantive proceeding. In the specific case, the substantive proceeding seeks to declare the nullity of resolutions issued by the Municipality of Mora that denied the stormwater drainage permit based on a Municipal Regulation, the party considering that there is an \"open contradiction with the legal framework, through the improper application of an invalid and ineffective regulation, and contravening the prior authorizations granted by the governing bodies in matters of health, environment, and urban planning, rendering the competencies of these bodies nugatory\" (an analysis that corresponds to the declaratory proceeding and not to this summary proceeding). From an analysis of the claims of the declaratory proceeding as well as the requested precautionary measures, it is the criterion of this Tribunal that granting the principal or accessory precautionary measure sought by the promoter is to grant through summary proceedings the substantive claim, that is: to obtain a stormwater drainage permit. The promoting party offers a set of grievances aimed at proving the illegality of the substantive reasonings on which the Municipality relied to deny the stormwater drainage permit; a merits analysis of the declaratory proceeding. Note that the plaintiff's theory of the case for granting the drainage permit is circumscribed to the illegality of the Regulation of the Municipality of Mora; thus, granting the principal claim or accessory claim number 1 (\"Principal claim: That the effects of the Regulation of the Public Service for the Integral Management and Utilization of Solid Waste issued by the Municipality of Mora be immediately suspended. And in turn, that said Municipality be ordered to provisionally grant the plaintiff the authorization for the stormwater drainage required for the development of Parque Industrial Jateo.\n\nAccessory claim 1: That the continuation of proceedings before the various Public Administrations with competence in any aspect of the project be authorized, and likewise, the commencement of works for the Jateo Industrial Park.), is to grant, through summary proceedings, a permit whose basis is conditional upon the analysis of the indicated Regulation. On the other hand, accessory claims 2 and 3 are considered premature and impertinent in this proceeding, in their order. Based on the foregoing, it is considered that the precautionary claim does NOT possess instrumentality or provisionality, since what is sought is to compel the Municipality to grant a stormwater discharge permit. Notwithstanding the foregoing, the analysis of the prerequisites will be expanded upon should the analysis of the petition be deemed appropriate. While it is true that the claimant has the possibility of resorting to the contentious-administrative jurisdiction to challenge the validity of an administrative decision or regulatory norm that it considers harmful to its rights, and that in accordance with Articles 49 of the Constitution and 36 and 42 of the CPCA, it is possible to resort to this jurisdiction to challenge administrative actions such as the one referred to here, the appearance of good law is preliminarily configured, provided that it is considered, under a criterion different from that expressed by this judge, that the claim possesses instrumentality and provisionality. The plaintiff bases the appearance of good law on the following argument: \"Even the Procuraduría General de la República, the superior technical-legal consultative body of the Public Administration, has ruled on repeated occasions (C-066-2016 and others) that municipalities lack the competence to regulate, via regulation, substantive and technical aspects of the operation of sanitary landfills. That power is reserved to the Ministry of Health as the governing body. Local regulations may only govern specific matters of waste management at the cantonal level, without contravening national-level regulations and guidelines or invading the jurisdictional fields of other entities. Therefore, the rejection of the denial of water discharge that the Municipality has issued suffers from substantive and procedural defects classifiable as absolute nullity, essentially, for invoking the Regulation of the Public Service for the Comprehensive Management and Utilization of Solid Waste, which invades the competencies of the administration with national governance in sanitary, environmental, and urban planning matters, by preventing the development of waste treatment projects, or in this case, sanitary landfills, throughout the entire territory of the canton of Mora. A norm which, furthermore, was not definitively published in La Gaceta.\" For its part, the defendant Municipality states that the Regulation of the public service for the Comprehensive Management and Utilization of Solid Waste of the Canton of Mora regulates a whole series of topics such as educational projects, policies on storage, classification, and separation of waste, on waste recovery, its transport, collection centers, various recycling topics, statistical records, on the collection service, cleaning of roads and public places, prohibitions, fines and sanctions, all of these being topics for which the Municipality is empowered in accordance with the legal framework set forth herein, without such functions nor said municipal regulatory body itself constituting an invasion of the competencies legally held by the Ministry of Health. A jurisdictional analysis falling within the scope of the main proceedings, in the opinion of this judge.\n\nRegarding PERICULUM IN MORA, it must be remembered that the burden of proof to demonstrate the existence of serious damages or losses under the terms of Article 21 of the CPCA lies with the party. Thus, it is required that, for the precautionary protection to be granted, the execution or continuation of the administrative conduct subject to the proceedings must produce serious, current or potential, damages or losses to the petitioner's legal situation. In this sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of serious damage (or loss) (current or potential), but rather it must be proven. In the specific case, the PETITIONER argues that granting the present precautionary measure would allow for mitigating the deepening of the damages and losses that the plaintiff has suffered, as it has made substantial investments and efforts to develop an innovative project that fully complies with all the technical and legal requirements demanded by the legal system; however, it does not individualize the damages, it does not individualize the investments (credits, assets, etc.) nor estimate them, it being insufficient to allege them without identifying and estimating them. As the prerequisite of danger in delay under the terms of Article 21 of the CPCA is not met, the balance should be tilted in favor of protecting the public interest. Notwithstanding the foregoing, it is important to note that the party bases the need to grant the precautionary claim on avoiding damage to public health and the environment (since the other existing sanitary landfills are at their maximum capacity); but in this judge's opinion, it must be considered that when dealing with aspects of Public Health and Environmental Protection, we are faced with fundamental rights that must be protected from actions that could constitute irreversible damage, echoing the ruling of the Constitutional Chamber in Voto number 2024003959. CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty minutes on the sixteenth of February two thousand twenty-four, which provided regarding the PRECAUTIONARY PRINCIPLE: \"Thus, when faced with a situation requiring the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request that reasonably entails a serious risk; they are even obligated to suspend activities that are being carried out. Simultaneously, they must efficiently and effectively adopt all measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.\" And regarding the IN DUBIO PRO NATURA PRINCIPLE: \"For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the 'World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters,' that 'in case of doubt, all proceedings before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them' (see principle V). In this sense, according to the document '95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Corte Plena in article XIX of session no. 28-2020 of May 25, 2020), 'Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, according to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over particular ones, environmental preservation shall be favored, and in case of doubt, the interpretation that most broadly protects the environment shall be preferred.'\" The in dubio pro natura principle does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage —as occurs with the precautionary principle— but rather implies that when there is a risk of affecting the environment, it obliges us to avoid opting for conduct that could cause environmental damage. By virtue of the foregoing, the balance must be tilted towards the prevalence of public interest and the requested measures must be denied, as is hereby ordered.\n\nIV. TESTIMONIAL EVIDENCE: In accordance with the provisions of Article 24 of the Contentious-Administrative Procedural Code, regarding the testimonial evidence offered, it is not considered necessary since the documentary evidence in the case file is sufficient to issue this resolution.\n\n \n\nTHEREFORE\n\nThe present request for a precautionary measure, in its principal and accessory character, filed by PARQUE INDUSTRIAL JATEO S.A. AGAINST THE MUNICIPALITY OF MORA, is hereby DENIED. No special award of costs is made. Let it be notified. ALEJANDRA SOTO FONSECA, TRIAL JUDGE.-\n\n????????????????\nHE47QROCUNLA61\nALEJANDRA MARÍA SOTO FONSECA - TRIAL JUDGE\n\n \n\nEXP: 24-003919-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nClassification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 13:35:30.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }