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  "id": "nexus-sen-1-0034-1274184",
  "citation": "Res. 00047-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Absolución por duda ante inconsistencia en fecha del hecho",
  "title_en": "Acquittal for doubt due to inconsistency in date of the act",
  "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José anuló la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Juicio de la Zona Atlántica, que había absuelto a dos imputados del delito de tala en zona de protección por duda, basada en inconsistencias en la fecha de los hechos. La apelación fue interpuesta por la Procuraduría General de la República, argumentando que el juez de juicio realizó un análisis sesgado e insuficiente de la prueba, al dar excesivo peso a la discrepancia entre las fechas mencionadas por la testigo del SINAC (20, 24 o 25 de agosto de 2020) y la consignada en la acusación, sin considerar el contexto de error material y el paso del tiempo. El Tribunal de Apelación determinó que la sentencia carecía de fundamentación adecuada, violaba las reglas de la sana crítica y no evaluó otros elementos probatorios ni la estrategia de defensa. En consecuencia, declaró con lugar el recurso, anuló la sentencia y el debate, y ordenó el reenvío para una nueva sustanciación.",
  "summary_en": "The Criminal Sentencing Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José annulled the acquittal issued by the Trial Court of the Atlantic Zone, which had acquitted two defendants of illegal logging in a protected area due to doubt, based on inconsistencies in the date of the events. The appeal was filed by the Attorney General's Office, arguing that the trial judge conducted a biased and insufficient analysis of the evidence, giving excessive weight to the discrepancy between the dates mentioned by the SINAC witness (August 20, 24, or 25, 2020) and the date stated in the accusation, without considering the context of material error and the passage of time. The Appeals Court found that the judgment lacked adequate reasoning, violated the rules of sound criticism, and did not evaluate other evidence or the defense strategy. Consequently, it upheld the appeal, annulled the judgment and the trial, and ordered a retrial before a different panel.",
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  "excerpt_es": "El tribunal ha analizado la sentencia oral narrada por el juez unipersonal Luis Daniel Montero Rojas y cuyo respaldo consta en el archivo audiovisual identificado como 200018890485PE-07062024024200-2_Multi—0 con una duración de 1:01:19 y determina que, en efecto, la decisión carece de una adecuada, completa y derivada fundamentación y en esta se transgreden las reglas de la sana crítica y la apreciación conjunta del material probatorio evacuado en el debate.\n\n[...] Tal parece que para el juzgador las formas son una esencia en sí misma considerada. Tampoco analiza la fecha contenida en los encabezados de los oficios, de modo que, en efecto, hay una deficiente fundamentación en la absolutoria y en el rechazo de la acción civil, lo que implica la nulidad de la sentencia y el que se ordene el reenvío para una nueva sustanciación.",
  "excerpt_en": "The court has analyzed the oral judgment delivered by single judge Luis Daniel Montero Rojas, whose backup is in the audiovisual file identified as 200018890485PE-07062024024200-2_Multi—0 with a duration of 1:01:19, and determines that, indeed, the decision lacks adequate, complete, and derived reasoning, and it transgresses the rules of sound criticism and the joint assessment of the evidence produced at trial.\n\n[...] It seems that for the judge, formalities are an essence in themselves. Nor does he analyze the date contained in the headings of the official letters, so that, in effect, there is deficient reasoning in the acquittal and the rejection of the civil action, which implies the nullity of the judgment and the ordering of a remand for a new proceeding.",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José\n\nResolución Nº 00047 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 14 de Enero del 2025 a las 10:00\n\nExpediente: 20-001889-0485-PE\n\nRedactado por: Rosaura Chinchilla Calderón\n\nClase de asunto: Recurso de apelación\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\nResolución: 2025-47\n\nExpediente: 20-001889-0485-PE (04)\n\n \n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las diez horas del catorce de enero de dos mil veinticinco.\n\n  RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], quien es mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad número [Valor 001], nacido en Pococí Limón, el 02 de noviembre de 1979, hijo de [Nombre 002], soltero, agricultor, vecino de Limón, Pococí, Cariari y contra [Nombre 003], quien es mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad número [Valor 002], nacido en Nicoya, Guanacaste, el 30 de junio de 1984, hijo de [...], soltero, agricultor, vecino de Limón, Pococí, Cariari; por el delito de TALA EN ZONA DE PROTECCIÓN, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, las juezas Rosaura Chinchilla Calderón, Ivette Carranza Cambronero y Kathya Jiménez Fernández. Se apersonó en esta sede la licenciada Viviana Brenes Delgado representante de la Procuraduría General de la República y,\n\nRESULTANDO:\n\n I.- Que mediante sentencia número 505-2024 de las 14:42 horas del siete de junio de 2024, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con lo antes expuesto, además de los numerales 35, 39 y 41 de la Constitución Política; 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 y 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos; 9.2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 4, 11, 18 a 20, 30, 31, 45, 110 del Código Penal 1, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 140, 180 a 184, 211, 265, 267, 324 a 338, 360, 361, 363 a 366 del Código Procesal Penal; 1045 del Código Civil; 58 y 61 de la Ley Forestal, este juzgador resuelve en definitiva el presente proceso judicial de la siguiente manera: 1) En aplicación del principio universal de in dubio pro reo se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD a [Nombre 001] y a [Nombre 003] de un delito de tala ilegal y aprovechamiento Ilegal de recursos naturales de madera en perjuicio de los recursos naturales. 2) Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República en contra de los señores [Nombre 001] y a [Nombre 003]. 3) Se ordena el comiso de la madera a favor del Estado.- 4) Se ordena la devolución de la motosierra marca Sthil, color naranja, a quien demuestre mejor derecho, una vez notificado tiene el plazo de 3 meses para su retiro, en dado (sic) que no se realice se ordena el comiso a Favor del Estado. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. En caso de que haya medidas cautelares se ordena el cese de forma inmediata. Una vez firme la presente sentencia se ordena sacar del libro de entradas para su respectivo archivo. Se notifica en este acto de forma oral. PROCÉDASE. Luis Daniel Montero Rojas. Juez de juicio\". (sic, las mayúsculas generalizadas son del original). Por auto de las 10:27 horas del 02 de julio de 2024 se adicionó esa resolución para agregar los datos, originalmente omitidos, de la fecha y hora de la sentencia.\n\n II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Viviana Brenes Delgado representante de la Procuraduría General de la República, interpuso recurso de apelación.\n\n III.- Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.\n\n IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta la jueza CHinchilla Calderón; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- Admisibilidad del recurso. La licenciada Viviana Brenes Delgado, representante de la Procuraduría General de la República, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, decisión que es impugnable por esta vía (taxatividad objetiva) y por ella, quien ha figurado como parte (impugnabilidad subjetiva). Esta impugnación se planteó mediante escrito motivado aportado ante el órgano de instancia y dentro del plazo legal pues se entregó mediante correo electrónico el 27 de junio de 2024 (folio 166). Dado que la sentencia integral se emitió el 07 de junio de 2024, el plazo de 15 días hábiles no vencía sino hasta el 28 de junio de 2024 y, por ello, debe admitirse el recurso, pues se cumplen los otros requisitos, sin que sean necesarias ulteriores formalidades pues, de lo contrario, se incumpliría el mandato establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, sentencia de 02 de julio de 2014.\n\nII.- En el único motivo (aunque se indica como primero sin haber otro) se alega la falta de fundamentación intelectiva, violación a las reglas de la sana crítica racional principalmente derivación y la lógica, y  errada valoración de la prueba. Transcribe los hechos querellados y señala que su núcleo consiste en atribuirles a los encartados actividades de tala y aprovechamiento de recursos forestales, en zona de bosque, y sin los permisos de la Administración Forestal del Estado. Copia amplios extractos de lo decidido, por duda, en sentencia oral (del minuto 28 en adelante) y agrega que dentro del escaso análisis intelectivo realizado por el tribunal de juicio, se puede apreciar que incurre en un errado, insuficiente y sesgado análisis de la prueba, pues —aunque [Nombre 004], manifestó que los hechos ocurrieron el día 20 de agosto de 2020, cuando en realidad se efectuaron el 25 de agosto de 2020— el tribunal manifiesta que como la testigo fue categórica y aseguró esa fecha no merece credibilidad. La impugnante agrega que se trata de la misma testigo que firmó el oficio de denuncia ACTO-DIR-CP-DEN-036-2020 del miércoles 25 de agosto de 2020, donde se indicó que se trataba del 25, y por error material, en un documento posterior, señaló que los hechos se dieron el 24 de agosto de 2020 por lo que estima natural la confusión por el paso del tiempo y porque los funcionarios del SINAC atienden denuncias prácticamente a diario, y realizan inspecciones de campo en la zona. Dice que los documentos oficiales mantienen números de oficio que responden a consecutivos puestos de manera automatizada por el sistema, así que, aunque pueda existir en el contenido del documento un error material, el encabezado contiene fecha y número de oficio agregados de forma sistemática y automática; lo que no da pie a error respecto de la fecha. Copia el folio segundo del documento mencionado supra, prueba judicializada e incorporada en el debate en donde se indica que “…el día 25 de agosto del presente en compañía de los funcionarios [Nombre 005] y [Nombre 006] se ubica a dos individuos realizando el aprovechamiento de varios árboles en el área de bosque.” Por lo que, nuevamente hay una clara referencia al día de los hechos y en el folio 4 de ese informe, en el punto tercero se dice que “se tomaron fotografías el día 25 de agosto del 2020 las describen los hechos mencionados”. Adicionalmente, se tiene el acta de decomiso incorporada en el debate, donde también se maneja bajo números consecutivos, y es la número 1721 del 25 de agosto de 2020, ocasión en la que se realiza el decomiso de los instrumentos con los que los imputados estaban realizando el aprovechamiento ilegal en área boscosa y firma el encartado [Nombre 001]. A pesar de lo anterior, el tribunal se decantó por la tesis de la defensa, sobre la incertidumbre de las fechas, cuando la realidad es que ha sido claro que los hechos se dan el 25 de agosto de 2020. Afirma que el análisis fue escueto y sesgado, sin considerar la universalidad de los elementos probatorios. Agrega que esa fecha consta en las piezas aportadas por la Procuraduría (querella y acción civil resarcitoria); por lo que se incurre en una falta de fundamentación y violación de las reglas de la derivación pues sobre esa base se absolvió y rechazó la acción civil, esto a pesar de tener certeza de la existencia del daño, y que fue cometido por los imputados. Solicita se anule en su totalidad la sentencia y el debate que lo antecedió y se proceda a ordenar un nuevo juicio para que se resuelva conforme a derecho. No consta respuesta de la contraparte. El recurso debe acogerse. El tribunal ha analizado la sentencia oral narrada por el juez unipersonal Luis Daniel Montero Rojas y cuyo respaldo consta en el archivo audiovisual identificado como 200018890485PE-07062024024200-2_Multi—0 con una duración de 1:01:19 y determina que, en efecto, la decisión carece de una adecuada, completa y derivada fundamentación y en esta se transgreden las reglas de la sana crítica y la apreciación conjunta del material probatorio evacuado en el debate. Este proceso inició con acusación fiscal y querella de la Procuraduría General de la República quien también planteó acción civil resarcitoria. En el documento del Ministerio Público se les atribuyó a los encartados lo siguiente: «1.- El día 25 de agosto del año del 2020, al ser aproximadamente las 14:00 horas, en Limón, Guácimo, Asentamiento Nazareth, 700 metros al norte de la plaza de deportes, propiamente en las coordenadas geográficas E543990 y N1148228, los acusados [Nombre 001] y [Nombre 003], conociendo la ilicitud de sus actos y sin contar con los permisos de la Administración Forestal del Estado, mediante el uso de una motosierra marca Sthil, talaron tres árboles de la especie Aceituno y uno de la especie Gavilán, de los cuales aprovecharon de forma ilegal, un árboles de la especie Aceituno, ya que lo procesaron y transformaron en 35 piezas de madera con medidas de 2.20 metros de largo por 20 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de grosor; siendo sorprendidos en flagrante delito por oficiales de la Área de Conservación Tortuguero. 2.- Por parte de la Administración Forestal del Estado, se valoraron los árboles de las especies Aceituno y Gavilán, en la suma de un millón setecientos treinta y cinco mil veinticuatro colones (1.735.024), \" y por daño ambiental por un monto de 2.412.177 (daño ecologico) y un monto total de 4.147.141, de acuerdo al oficio ACTo-DRFVS-PMF-183-2022 fechado 05 de agosto de 2022.» Los mismos hechos (con ligeros cambios de redacción) figuraron en los documentos penal y civil de la otra representación estatal. En el debate se incorporó, como prueba, las declaraciones de [Nombre 004], [Nombre 007] y [Nombre 008] y se incorporó la prueba documental consistente en un informe del Área de Conservación Tortuguero ACTO-DIR_CP_DEN-36-2020 de folios 1 a 10, el acta de decomiso de folio 11, otros oficios del SINAC de folio 24 y 50 a 51 y las certificaciones de antecedentes penales de ambos encartados, quienes se abstuvieron de declarar. Ambos acusadores pidieron la condena de los dos sindicados pero el tribunal absolvió por duda, la cual basó en temas de fechas mediante una sentencia que, para empezar, no tuvo ningún hecho probado (ver minuta y escuchar registro audiovisual) y tampoco consignó un elenco de hechos no probados, lo que ya de por sí es una práctica errónea, desde que, por lo menos, el juez debió aludir a si hubo corta o no de árboles en la zona (aunque se dudara de quién los hizo o su fecha) o la situación de antecedentes penales de los encartados. Además, en el minuto 30:04 el juez afirma no tener duda de que había dos personas talando árboles, lo que ya era un hecho probado y torna contradictoria la sentencia desde el inicio. Es a partir del minuto 28:47 (una vez aludidas a las piezas procesales y el resumen de las declaraciones) que el juzgador motiva su resolución y lo hace hasta el minuto 48:58 sobre la base de un solo argumento: la imputación fue incorrecta porque la fecha consignada en los documentos (acusaciones y acción civil) fue errónea. Dijo el juez:\n\n«…tanto el Ministerio Público como la acción civil resarcitoria y la querella establece que el hecho se da el 25 de agosto del año 2020 (…) Si recordamos la versión de [Nombre 004] y fue al inicio y podemos ver la grabación del audio, la grabación está cuando ella contesta la fecha que se da la detención, no el abordaje. Mejor dicho que la grabación es al minuto 25,44 segundos. Ella dice fue el 20 de agosto del año 2020. No fue que yo creo, no fue que no estoy seguro, no, no, ella lo dijo así fue el 20 de agosto del año 2020, asegurándolo. Esa versión que dará testigo acá en debate no se refleja con lo que está acusado, porque lo que se está acusado es que se dice que fue el 25 de agosto, no el 20 de agosto. Bueno, ella dice después, bueno es que pasó mucho tiempo, realmente fueron hace muchos años, inclusive no los recuerda, no sabe quién es nadie (…) entonces ahí podríamos eventualmente, si fuese posible, echar mano a la prueba documental para venir a ver cuándo fue que sucedió el hecho. Pero si nos vamos al primer este informe, el cual fue ya incorporado por este juzgador, el informe (…) lo hace el miércoles 25 de agosto del año 2020 y se dice relación de los hechos que el día 24 de agosto del año 2020 se recibe un mensaje vía WhatsApp, vía telefónica institucional, el señor [Nombre 010], funcional del Sinac, sobre una tala que se está afectando en el asentamiento de Nazaret. Es decir, el informe se hace el 25, pero lo que se dice aquí, a folio 1, se dice que fue el 24, un día antes. Podemos seguir analizando este informe. ¿Por qué? Porque a folio dos dice primero, sobre los trabajos realizados el día 25 de agosto. Seguimos analizando los otros elementos probatorios, como es el décimo tercero, que en el lugar se tomaron fotografías el día 25 de agosto del año 2020, las describen los hechos mencionados, se juntan fotografías de la evidencia. También se cuenta con el Acta de decomiso que se hace el 25 de agosto del año 2020. Entonces yo aquí podría pensar de que aquí existe un error material de que no era el 24, sino el 25 como pareciera en el primer informe que fuera el 25 de agosto, no el 24. Pero la testigo hoy. Entonces el Ministerio Público le solicita al Sinac hacer una aclaración de varios aspectos y es por eso que nos tenemos que remitir al folio 24, el folio 24, que se hace el 15 de enero del año 2021. Entonces dice lo siguiente, reciba un cordial saludo de mi parte. El fin de la presente es aclarar lo indicado según epígrafe anterior, que el 24 de agosto es la inspección realizada con los señores [Nombre 001] y [Nombre 003], habiendo talado cuatro árboles, sin embargo, en el momento del abordaje estaban procesando un árbol de la especie Aceituno. Entonces, si en algún momento yo llegué a pensar, a creer, a sospechar que existió un error material en el primer informe porque solo hay una vez que se dice 24 y todo lo demás pareciera que es 25, cuando el Ministerio Público pide una aclaración, ellos dicen fue el 24, 24 de agosto del año 2020 y el Ministerio Público, la querella y la acción civil están acusando el día 25, es decir, un día siguiente a los hechos que se le está acusando. ¿Pero quién hace el informe primero? ¿Y quién hace esta aclaración? Bueno, la señora [Nombre 004], ¿quién fue [Nombre 004]? La testigo que tuvimos hoy, la testigo que dijo que fue el 20 de agosto del año 2020. ¿Entonces a cuál de todas las versiones le vamos a dar a [Nombre 004] la que dijo hoy, la del 20 de agosto, la que dijo en el primer informe que no sabíamos si era 24 o 25, que pareciera más que el 25 o le vamos a creer a la aclaración que dice que fue el 24? Solo con una prueba testimonial ya existe muchas versiones de cuándo fue que sucedió el hecho. Los otros testigos sí, dicen que fue en agosto 2020, bueno, el último Jason hace ver que fue el 21, pero fue en agosto. Entonces no tenemos una prueba ni documental ni testimonial que nos vengan a decir qué día cometieron el hecho delictivo. Ahora bien, ustedes van a decir y por qué es tan relevante el día, la hora y la fecha, la circunstancia modal, porque ustedes tienen cómo ejercicio de derecho de defensa material, la técnica es su defensor, usted es un material, ustedes tienen el ejercicio de poder venir aquí a demostrar que el día 25 tal vez no se encontrara en el lugar. Tal vez ustedes no se encontraban realizando estas estas actividades que están acusando ustedes. Es que realmente en Costa Rica se protege mucho el ejercicio de la defensa tanto técnica, material para no llegar a conculcar derechos. Lo que dice su defensor es cierto, ustedes no podían ni siquiera presentar o por lo menos llegar a un procedimiento especial abreviado ¿Por qué, entonces, cuál es la fecha que va a tomar el Tribunal para dar como ciertos los hechos que se dicen que ustedes los cometieron:¿el día del 20, el día del 24, el día del 25? (…) ¿Qué importa, cuál, qué día fue? No, aquí se respeta mucho eso, aquí se tiene que saber qué día fue, en qué lugar fue y qué fue lo que hicieron. Circunstancias de modo tiempo, lugar (…). Pero qué día fue ya solo con ese pequeño detalle, por un puro tecnicismo. Pero ese tecnicismo es muy valioso porque entonces aquí no estamos conculcando derechos, aquí no estamos violentando a la persona imputada, porque entonces aquí estaremos afectando el derecho de defensa, que ustedes se puedan venir, como dije anteriormente, aunque sea repetitivo, no importa, venir a indicar, bueno, no es que o fue el 24 o fue el 25, dígame que ya fue. Aquí no se puede decir, bueno, no importa, pongamos el 24 y somos 25, y ahí ahí no, no, no, no. Es que aquí no se puede eso. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, los declaro autores responsables de un delito de escala y de invasión, y ustedes después traen aquí un elemento probatorio que al día siguiente salieron del país como yo demuestro que ustedes realmente fueron las personas que hicieron el delito, que dice la acusación, si la prueba no me da, si no me da la prueba, que si me tendría que decir que fue el 20 de agosto, 5 días antes de lo que está acusado? Se acusa el 25 y aquí hay una aclaración que me dice que los hechos fueron los 24 (…) Entonces el Tribunal dice, no el testigo hay que darle toda la credibilidad, puesto que viene informando lo que ha sucedido desde hace años atrás. Pero ¿Qué credibilidad le vamos a dar a la testigo propiamente [Nombre 004], porque fue la única testigo que se animó a dar una fecha concreta el 20 de agosto y no fue que dijo, no, es que creo, no, podemos escuchar el audio minuto 25 con 44 segundos y ella sin duda lo dijo 20 de agosto del año 2020. ¿Entonces, qué credibilidad le vamos a dar a testigo? ¿Qué información le vamos a creer la que dijo en el debate, la que dijo en el informe o la que dijo en la ampliación del informe?» (El énfasis es agregado).\n\nComo puede verse de la transcripción, el juez no se preocupa por descender, más allá de la diferencia entre las fechas 25, 24 o 20, a circunstancias de la narración de la testigo como el tiempo transcurrido entre los hechos y su deposición en debate, la cantidad de casos que maneja la testigo y menos la cercanía de la fecha de los documentos a los hechos. También parte de una hipotética afectación al ejercicio de la defensa con el cambio de fecha entre el documento y la acusación sin analizar la estrategia específica de la defensa en este caso, verbigracia, ¿se ubicó temporalmente a los acusados en otro lugar en esas fechas? ¿hay prueba al respecto? Tal parece que para el juzgador las formas son una esencia en sí misma considerada. Tampoco analiza la fecha contenida en los encabezados de los oficios, de modo que, en efecto, hay una deficiente fundamentación en la absolutoria y en el rechazo de la acción civil, lo que implica la nulidad de la sentencia y el que se ordene el reenvío para una nueva sustanciación.\n\n POR TANTO:\n\n Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Viviana Brenes Delgado representante de la Procuraduría General de la República. Se anula integralmente la sentencia impugnada y el debate que le precedió y se ordena el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia. NOTIFÍQUESE.\n\n \n\nRosaura Chinchilla Calderón\n\n \n\nIvette Carranza Cambronero                      Kathya Jiménez Fernández\n\nJuezas de apelación de sentencia penal\n\n \n\n \n\nSLEPIZM\n\nExp.: 20-001889-0485-PE (07) - pág.: 1\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:12:07.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Court of Appeals of Criminal Sentencing, Second Judicial Circuit of San José\n\nResolution No. 00047 - 2025\n\nDate of Resolution: January 14, 2025 at 10:00 a.m.\n\nExpediente: 20-001889-0485-PE\n\nDrafted by: Rosaura Chinchilla Calderón\n\nType of matter: Appeal\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\nText of the resolution\n\nResolution: 2025-47\n\nExpediente: 20-001889-0485-PE (04)\n\n \n\nCOURT OF APPEALS OF CRIMINAL SENTENCING. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at ten o'clock on January fourteenth, two thousand twenty-five.\n\n  APPEAL filed in the present case against [Name 001], who is of legal age, Costa Rican, with identity card number [Value 001], born in Pococí, Limón, on November 2, 1979, son of [Name 002], single, farmer, resident of Limón, Pococí, Cariari; and against [Name 003], who is of legal age, Costa Rican, with identity card number [Value 002], born in Nicoya, Guanacaste, on June 30, 1984, son of [...], single, farmer, resident of Limón, Pococí, Cariari; for the crime of FELLING IN A PROTECTION ZONE, to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judges Rosaura Chinchilla Calderón, Ivette Carranza Cambronero, and Kathya Jiménez Fernández participate in the decision of the appeal. Attorney Viviana Brenes Delgado, representative of the Procuraduría General de la República, appeared at this venue and,\n\nWHEREAS:\n\n I.- That by judgment number 505-2024 issued at 2:42 p.m. on June 7, 2024, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone resolved: \"THEREFORE: In accordance with the foregoing, in addition to articles 35, 39, and 41 of the Political Constitution; 7 and 8 of the American Convention on Human Rights; 10 and 11 of the American Declaration of Human Rights; 9.2 and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights; 1, 2, 4, 11, 18 to 20, 30, 31, 45, 110 of the Penal Code; 1, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 140, 180 to 184, 211, 265, 267, 324 to 338, 360, 361, 363 to 366 of the Code of Criminal Procedure; 1045 of the Civil Code; 58 and 61 of the Forestry Law, this court definitively resolves this judicial proceeding as follows: 1) In application of the universal principle of in dubio pro reo, [Name 001] and [Name 003] are ACQUITTED OF ALL PUNISHMENT AND RESPONSIBILITY for a crime of illegal felling and illegal use of natural timber resources to the detriment of natural resources. 2) The civil action for damages filed by the Procuraduría General de la República against [Name 001] and [Name 003] is dismissed. 3) The confiscation (comiso) of the timber in favor of the State is ordered. 4) The return of the Sthil brand chainsaw, orange color, is ordered to whoever demonstrates better right; once notified, they have a period of 3 months to retrieve it; in the event that this is not done, its confiscation (comiso) in favor of the State is ordered. The costs of the proceeding are borne by the State. It is resolved without special order as to costs. In the event that there are precautionary measures, their immediate cessation is ordered. Once this judgment becomes final, its removal from the entry book for its respective archiving is ordered. It is notified at this act orally. PROCEED ACCORDINGLY. Luis Daniel Montero Rojas. Trial Judge.\" (sic, the generalized capitalization is from the original). By order issued at 10:27 a.m. on July 2, 2024, this resolution was amended to add the originally omitted data regarding the date and time of the judgment.\n\n II.- That, against the preceding pronouncement, attorney Viviana Brenes Delgado, representative of the Procuraduría General de la República, filed an appeal.\n\n III.- That, having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the court considered the questions raised in the appeal.\n\n IV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.\n\n Judge Chinchilla Calderón drafts the opinion; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- Admissibility of the appeal. Attorney Viviana Brenes Delgado, representative of the Procuraduría General de la República, filed an appeal against the judgment rendered in this case, a decision that is challengeable through this means (objective taxativity) and by her, who has appeared as a party (subjective challengeability). This challenge was raised through a reasoned brief submitted before the trial court and within the legal deadline, as it was delivered by email on June 27, 2024 (folio 166). Given that the full judgment was issued on June 7, 2024, the 15-business-day period did not expire until June 28, 2024, and, therefore, the appeal must be admitted, as the other requirements are met, without further formalities being necessary; otherwise, the mandate established in article 8.2.h of the American Convention on Human Rights and the ruling by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa Rica, judgment of July 2, 2014, would be breached.\n\nII.- In the sole ground (though indicated as the first without there being another), a lack of intellectual reasoning, violation of the rules of sound rational criticism—mainly derivation and logic—and erroneous assessment of the evidence are alleged. It transcribes the facts of the complaint and indicates that its core consists of attributing to the defendants activities of felling and use of forest resources in a forest zone and without the permits of the State Forest Administration. It copies extensive excerpts of what was decided, due to doubt, in an oral judgment (from minute 28 onward) and adds that within the scant intellectual analysis conducted by the trial court, it can be seen that it incurs in an erroneous, insufficient, and biased analysis of the evidence because—although [Name 004] stated that the events occurred on August 20, 2020, when in reality they occurred on August 25, 2020—the court states that since the witness was categorical and assured that date, she does not deserve credibility. The appellant adds that it is the same witness who signed the complaint official letter ACTO-DIR-CP-DEN-036-2020 of Wednesday, August 25, 2020, where it was indicated that it was the 25th, and due to a material error, in a subsequent document, she indicated that the events occurred on August 24, 2020, for which reason she considers the confusion natural due to the passage of time and because SINAC officials handle complaints practically daily and conduct field inspections in the area. It states that official documents maintain official letter numbers that correspond to sequential numbers placed automatically by the system, so that, even though a material error may exist in the content of the document, the header contains the date and official letter number added systematically and automatically; which leaves no room for error regarding the date. It copies folio two of the aforementioned document, judicialized evidence admitted at trial, where it is indicated that “…on August 25 of this year, in the company of officials [Name 005] and [Name 006], two individuals were located cutting and utilizing several trees in the forest area.” So, again there is a clear reference to the day of the events, and on folio 4 of that report, in point three, it states that “photographs were taken on August 25, 2020, which describe the mentioned events.” Additionally, there is the confiscation (decomiso) record admitted at trial, which is also managed under sequential numbers, and it is number 1721 of August 25, 2020, the occasion on which the confiscation (decomiso) of the tools with which the accused were carrying out the illegal use in a forested area was made, and the defendant [Name 001] signs it. Despite the foregoing, the court opted for the defense's thesis regarding the uncertainty of the dates, when the reality is that it has been clear that the events occurred on August 25, 2020. It affirms that the analysis was brief and biased, without considering the universality of the evidentiary elements. It adds that this date appears in the documents submitted by the Procuraduría (complaint and civil action for damages); therefore, there is a lack of reasoning and a violation of the rules of derivation, since on that basis it acquitted and rejected the civil action, despite having certainty of the existence of the damage and that it was committed by the accused. It requests that the judgment and the trial that preceded it be annulled in their entirety and that a new trial be ordered so that it may be resolved in accordance with the law. No response from the counterparty is recorded. The appeal must be upheld. The court has analyzed the oral judgment delivered by single judge Luis Daniel Montero Rojas, the backup of which appears in the audiovisual file identified as 200018890485PE-07062024024200-2_Multi—0 with a duration of 1:01:19, and determines that, in effect, the decision lacks adequate, complete, and derivatively reasoned justification, and in it, the rules of sound criticism and the joint assessment of the evidentiary material produced at trial are violated. This proceeding began with a prosecutorial accusation and a complaint from the Procuraduría General de la República, which also filed a civil action for damages. In the Public Ministry's document, the following was attributed to the defendants: «1.- On August 25, 2020, at approximately 2:00 p.m., in Limón, Guácimo, Asentamiento Nazareth, 700 meters north of the sports field, specifically at geographical coordinates E543990 and N1148228, the accused [Name 001] and [Name 003], knowing the unlawfulness of their acts and without having the permits from the State Forest Administration, by using a Sthil brand chainsaw, felled three trees of the Aceituno species and one of the Gavilán species, from which they illegally used one tree of the Aceituno species, as they processed it and transformed it into 35 pieces of timber measuring 2.20 meters long by 20 centimeters wide and 2.5 centimeters thick; being caught in flagrante delicto by officers of the Tortuguero Conservation Area. 2.- By the State Forest Administration, the trees of the Aceituno and Gavilán species were valued at the sum of one million seven hundred thirty-five thousand twenty-four colones (1,735,024), \" and for environmental damage at an amount of 2,412,177 (ecological damage) and a total amount of 4,147,141, according to official letter ACTo-DRFVS-PMF-183-2022 dated August 5, 2022.» The same facts (with slight wording changes) appeared in the penal and civil documents of the other state representation. At trial, the statements of [Name 004], [Name 007], and [Name 008] were admitted as evidence, and documentary evidence was admitted consisting of a report from the Tortuguero Conservation Area ACTO-DIR_CP_DEN-36-2020 from folios 1 to 10, the confiscation (decomiso) record at folio 11, other official letters from SINAC at folio 24 and 50 to 51, and the criminal record certifications of both defendants, who abstained from testifying. Both accusers requested the conviction of both defendants, but the court acquitted due to doubt, which it based on issues of dates through a judgment that, to begin with, had no proven facts (see minute and listen to audiovisual record) and also did not set forth a list of unproven facts, which in itself is an erroneous practice, since, at the very least, the judge should have alluded to whether or not the felling of trees occurred in the area (even if there was doubt about who did it or on what date) or the criminal record situation of the defendants. Furthermore, at minute 30:04, the judge affirms having no doubt that there were two people felling trees, which was already a proven fact and makes the judgment contradictory from the start. It is from minute 28:47 (once having alluded to the procedural documents and the summary of the testimonies) that the judge reasons his decision and does so until minute 48:58 based on a single argument: the accusation was incorrect because the date stated in the documents (accusations and civil action) was erroneous. The judge said:\n\n«…both the Public Ministry and the civil action for damages and the complaint establish that the event occurs on August 25, 2020 (…) If we recall the version of [Name 004], and it was at the beginning, and we can watch the audio recording, the recording is when she answers the date the arrest occurred, not the approach. Rather, the recording is at minute 25.44 seconds. She says it was August 20, 2020. It was not that I believe, it was not that I am not sure, no, no, she said it like that, it was August 20, 2020, assuring it. That version that the witness will give here at trial is not reflected in what is being accused, because what is being accused is what's said to be August 25th, not August 20th. Well, she says later, well, it's that a lot of time has passed, it really was many years ago, she doesn't even remember them, she doesn't know who anyone is (…) so there we could eventually, if possible, resort to the documentary evidence to come and see when the event actually happened. But if we go to the first, this report, which was already admitted by this court, the report (…) is done on Wednesday, August 25, 2020, and it states a relation of events that on August 24, 2020, a message was received via WhatsApp, via the institutional phone, from [Name 010], a SINAC official, regarding felling that is affecting the Nazareth settlement. That is to say, the report is done on the 25th, but what is said here, on folio 1, is that it was on the 24th, one day before. We can continue analyzing this report. Why? Because on folio two it says first, regarding the work carried out on August 25th. We continue analyzing the other evidentiary elements, such as the thirteenth, that photographs were taken at the site on August 25, 2020, which describe the mentioned events, photographs of the evidence are attached. The confiscation (decomiso) record is also available, which was done on August 25, 2020. So I could think here that there is a material error that it was not the 24th, but the 25th, as it seemed in the first report that it was August 25th, not the 24th. But the witness today. Then the Public Ministry asks SINAC to clarify several aspects, and that is why we have to refer to folio 24, folio 24, which is done on January 15, 2021. So it says the following, receive a cordial greeting from me. The purpose of this is to clarify what was indicated according to the previous epigraph, that August 24th is the inspection carried out with [Name 001] and [Name 003], having felled four trees; however, at the moment of the approach, they were processing a tree of the Aceituno species. So, if at any point I came to think, to believe, to suspect that there was a material error in the first report because only once does it say 24, and everything else seems to be 25, when the Public Ministry requests a clarification, they say it was the 24th, August 24, 2020, and the Public Ministry, the complaint, and the civil action are accusing the 25th, that is, the day after the events being accused. But who makes the first report? And who makes this clarification? Well, Ms. [Name 004], who was [Name 004]? The witness we had today, the witness who said it was August 20, 2020. So which of all the versions of [Name 004] are we going to credit: the one she said today, the 20th of August, the one she said in the first report that we didn’t know if it was the 24th or the 25th, that seemed more like the 25th, or are we going to believe the clarification that says it was the 24th? With just one piece of testimonial evidence, there are already many versions of when the event happened. The other witnesses, yes, they say it was in August 2020, well, the last one, Jason, makes it seem like it was the 21st, but it was in August. So we have neither documentary nor testimonial evidence to tell us what day they committed the criminal act. Now, you are going to say, and why is the day, the time, and the date, the modal circumstance, so relevant? Because you have, as an exercise of material right of defense—the technical one is your defender, you are a material one—you have the exercise of being able to come here and demonstrate that on the 25th perhaps you were not at the place. Perhaps you were not engaging in these activities that you are being accused of. It is that really in Costa Rica, the exercise of defense, both technical and material, is highly protected so as not to violate rights. What your defender says is true, you could not even present or at least proceed to an abbreviated special procedure. Why, then, which date is the Court going to take to consider as true the acts that you are said to have committed: the 20th, the 24th, the 25th? (…) What does it matter, which, which day was it? No, that is highly respected here, here it has to be known what day it was, in what place it was, and what it was that you did. Circumstances of mode, time, place (…). But which day was it, just with that small detail, due to a pure technicality. But that technicality is very valuable because then here we are not violating rights, here we are not violating the accused person, because then here we would be affecting the right of defense, that you could come, as I said before, even if it is repetitive, it doesn't matter, come to indicate, well, it's not that it was the 24th or it was the 25th, tell me that it already was. Here one cannot say, well, it doesn't matter, let's put the 24th and we are the 25th, and there, no, no, no, no. That's not possible here. What happens if I tell you, I declare you the responsible perpetrators of a crime of felling and invasion, and you later bring here an evidentiary element that the next day you left the country, how can I demonstrate that you really were the people who committed the crime, that the accusation says, if the evidence does not give me, if the evidence does not give me that, if it would have to tell me that it was August 20th, 5 days before what is being accused? The 25th is being accused, and here there is a clarification that tells me that the events were on the 24th (…) So the Court says, no, the witness must be given all credibility, since she comes reporting what has happened from years ago. But, what credibility are we going to give specifically to the witness [Name 004], because she was the only witness who dared to give a concrete date, August 20th, and it was not that she said, no, it's that I believe, no, we can listen to the audio at minute 25 and 44 seconds, and she without a doubt said it, August 20, 2020. So what credibility are we going to give to the witness? What information are we going to believe: what she said at trial, what she said in the report, or what she said in the addendum to the report?» (Emphasis added).\n\nAs can be seen from the transcript, the judge does not bother to go deeper, beyond the difference between the dates the 25th, 24th, or 20th, into circumstances of the witness's narration such as the time elapsed between the events and her testimony at trial, the number of cases the witness handles, and even less the proximity of the date of the documents to the events. He also starts from a hypothetical impact on the exercise of the defense with the change of date between the document and the accusation without analyzing the specific strategy of the defense in this case, for example, were the accused located temporally elsewhere on those dates? Is there evidence of this? It seems that for the judge, forms are an essence considered in themselves. Nor does he analyze the date contained in the headers of the official letters, so that, in effect, there is deficient reasoning in the acquittal and in the rejection of the civil action, which implies the nullity of the judgment and that a remand for a new substantiation is ordered.\n\n THEREFORE:\n\n The appeal filed by attorney Viviana Brenes Delgado, representative of the Procuraduría General de la República, is granted. The challenged judgment and the trial that preceded it are annulled in their entirety, and a remand before a new composition of the trial court is ordered. NOTIFY.\n\n \n\nRosaura Chinchilla Calderón\n\n \n\nIvette Carranza Cambronero                      Kathya Jiménez Fernández\n\nJudges of appeal of criminal sentencing\n\n \n\n \n\nSLEPIZM\n\nExp.: 20-001889-0485-PE (07) - pág.: 1\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:12:07.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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