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  "id": "nexus-sen-1-0034-1277479",
  "citation": "Res. 00094-2025 Tribunal Contencioso Administrativo",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Improcedencia de indemnización por suspensión cautelar basada en principio in dubio pro natura",
  "title_en": "Denial of Damages for Precautionary Suspension Based on In Dubio Pro Natura Principle",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda de indemnización presentada por un desarrollador inmobiliario contra la Municipalidad de Escazú. El actor alegó que la municipalidad paralizó ilegítimamente sus trámites de visado al señalar la posible existencia de una naciente en su propiedad y aplicar el principio precautorio in dubio pro natura, pese a que existían dictámenes previos de la Dirección de Agua del MINAE que descartaban la presencia de un cauce. Sostuvo que la funcionaria municipal introdujo información falsa en documentos públicos y que ello le causó daños y perjuicios económicos al frustrar su proyecto de lotificación. El Tribunal, sin embargo, determina que la actuación municipal fue legítima y ajustada a derecho. Resalta que el principio in dubio pro natura opera como un principio precautorio especial que reduce el estándar de gravedad del daño exigido, y que ante la existencia de una denuncia vecinal, inspecciones que evidenciaban agua constante y la postura ambigua de la Dirección de Agua (que admitió duda razonable y requirió más estudios), la medida cautelar de suspensión fue razonable, proporcionada y no constituyó falsedad ni invasión de competencias. Concluye que no hubo conducta administrativa anormal ni ilegítima que genere responsabilidad, por lo que declara sin lugar la demanda y condena en costas al actor.",
  "summary_en": "The Administrative Appeals Court denies the damages claim brought by a real estate developer against the Municipality of Escazú. The plaintiff alleged that the municipality unlawfully halted his subdivision permit process by pointing to the possible existence of a water spring on his property and applying the precautionary principle in dubio pro natura, even though prior opinions from the Water Directorate (Dirección de Agua) had ruled out a watercourse. He argued that a municipal official inserted false information into public documents and that this caused economic harm by frustrating his development project. The court, however, finds the municipality's actions to be lawful. It stresses that the principle in dubio pro natura operates as a special precautionary principle that lowers the required threshold of damage severity. Given a neighbor's complaint, on-site inspections showing constant water, and the Water Directorate’s ambiguous stance (it acknowledged reasonable doubt and requested further studies), the precautionary suspension was reasonable, proportionate, and did not constitute falsification or jurisdictional overreach. The court concludes that there was no abnormal or unlawful administrative conduct giving rise to liability, dismisses the lawsuit, and orders the plaintiff to pay costs.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo",
  "date": "10/01/2025",
  "year": "2025",
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    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
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    "in dubio pro natura",
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    "nexo causal",
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      "law": "Constitución Política"
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      "law": "Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo"
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  "keywords_es": [
    "principio precautorio",
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    "municipalidad",
    "naciente de agua",
    "Dirección de Agua",
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  "keywords_en": [
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    "Constitutional Chamber"
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  "excerpt_es": "SÉTIMO. […] la Sala Constitucional empieza a hacer referencia al in dubio pro natura” en términos muy ajustados al tenor literal del indicado numeral 15 de la Convención de Río, en el sentido de entenderlo como una especie de cláusula general de protección, en concordancia también con la Ley Orgánica del Ambiente número 7554, entonces vigente. (véase al respecto el voto 5893-95). Sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley de Biodiversidad número 7788 de 1998, se incorporan, en su artículo 11, cuatro criterios de aplicación de la ley: preventivo, precautorio o in dubio pro natura, de interés público ambiental y de integración. En lo que aquí interesa, el tercer inciso de la norma citada expresa que: “Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. A partir de la incorporación de este instituto en la legislación patria, se aprecia un considerable desarrollo del mismo en la jurisprudencia, con especial énfasis en la constitucional, manifestándose una tendencia progresiva a hacer referencia al in dubio pro natura -en cuanto principio precautorio- cuando se realizaba una específica interpretación pro ambiente, que rebajaba el estándar exigible a la gravedad del peligro de afectación al medio ambiente, para que el in dubio pro natura/precaución sea jurídicamente relevante. Es decir, mientras el principio precautorio exige peligro de daño grave e irreversible, según su concepción original, cuando la máxima instancia constitucional hace mención al principio de “precaución o in dubio pro natura”, disminuye la gravedad e irreversibilidad exigible del daño (o el peligro de éste) para exigir medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.\n\nDe esta forma, puede indicarse que el in dubio pro natura recibe el tratamiento de principio precautorio especial, que reduce la intensidad de la gravedad exigida al peligro de degradación del medio ambiente, lo cual queda definitivamente revelado en la sentencia de la Sala Constitucional número 05994 del veintiséis de abril de 2017, donde se señala que: “Tal como lo ha examinado esta Sala en jurisprudencia anterior (véase la resolución número 2014/004243), se ha reconocido igualmente el denominado ‘principio precautorio en materia especial’ o ‘principio in dubio pro natura’, cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños de imposible o difícil reparación. De lo anterior, resulta que la administración debe contar con una certeza de carácter negativo de que no se afectará el ambiente bajo ningún supuesto, de donde resulta que ante la duda del acaecimiento de un riesgo, la administración tiene la obligación de no autorizar o efectuar actuaciones, o cesar de inmediato, la actividad administrativa que causa el peligro. En otras palabras, si carece de certeza científica sobre la inocuidad de la actividad, la administración debe abstenerse de realizar actividades con impacto ambiental negativo; ante la incertidumbre científica sobre la inocuidad o bondad”. Conforme con este desarrollo jurisprudencial, el principio precautorio tiene una doble dimensión. En primer lugar, como expresión del principio 15 de la Declaración de Río, que opera para situaciones en que haya riesgo de daño grave o irreversible del medio ambiente, aun a falta de certeza científica y; en segundo lugar, en su manifestación in dubio pro natura, como criterio de actuación para la Administración Pública ante situaciones cotidianas de su actividad, para optar por aquellas decisiones que impliquen una menor afectación al medio ambiente.",
  "excerpt_en": "SEVENTH. […] the Constitutional Chamber begins to refer to “in dubio pro natura” in terms very closely aligned with the literal wording of Principle 15 of the Rio Convention, understanding it as a kind of general protection clause, in accordance also with the then-current Organic Environmental Law No. 7554 (see in this regard ruling 5893-95). However, following the enactment of the Biodiversity Law No. 7788 of 1998, four criteria for applying the law were incorporated in Article 11: preventive, precautionary or in dubio pro natura, environmental public interest, and integration. For our purposes, the third paragraph of the cited provision states: 'When there is danger or threat of serious or imminent harm to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protective measures.' Since the incorporation of this institute into domestic legislation, it has undergone considerable jurisprudential development, especially at the constitutional level, revealing a progressive trend to refer to in dubio pro natura—as a precautionary principle—when engaging in a specific pro-environment interpretation that lowers the required threshold of seriousness of the risk of environmental harm for in dubio pro natura/precaution to be legally relevant. That is, while the precautionary principle requires a risk of serious and irreversible harm according to its original conception, when the highest constitutional body refers to the principle of “precaution or in dubio pro natura,” it reduces the required seriousness and irreversibility of the harm (or the risk thereof) to demand effective measures to prevent environmental degradation.\n\nThus, it can be stated that in dubio pro natura is treated as a special precautionary principle, which reduces the intensity of the required seriousness of the risk of environmental degradation, as definitively revealed in Constitutional Chamber ruling No. 05994 of April 26, 2017, which states: 'As this Chamber has examined in prior case law (see ruling number 2014/004243), the so-called “special precautionary principle” or “in dubio pro natura principle” has also been recognized, observance of which implies that all actions of the public administration on environmentally sensitive matters must be carried out with proper diligence to avoid risks and harms that are impossible or difficult to repair. From the foregoing, it follows that the administration must possess negative certainty that the environment will not be affected under any circumstances; thus, where there is doubt about the occurrence of a risk, the administration is obliged not to authorize or carry out actions, or immediately cease the administrative activity causing the danger. In other words, if it lacks scientific certainty about the harmlessness of the activity, the administration must refrain from engaging in activities with negative environmental impact; in the face of scientific uncertainty about harmlessness or benefit.' In accordance with this jurisprudential development, the precautionary principle has a dual dimension. First, as an expression of Principle 15 of the Rio Declaration, which applies in situations where there is a risk of serious or irreversible environmental harm, even in the absence of scientific certainty; and second, in its in dubio pro natura manifestation, as a criterion for public administration action in everyday situations, to choose those decisions that involve the least impact on the environment.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The damages claim against the Municipality of Escazú is dismissed, as the court finds its actions were lawful and consistent with the in dubio pro natura principle, without falsification or jurisdictional overreach.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar la demanda de indemnización contra la Municipalidad de Escazú, al considerar que su actuación fue legítima y ajustada al principio in dubio pro natura, sin incurrir en falsedad ni invasión de competencias."
  },
  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando SÉTIMO",
      "quote_en": "Thus, it can be stated that in dubio pro natura is treated as a special precautionary principle, which reduces the intensity of the required seriousness of the risk of environmental degradation.",
      "quote_es": "De esta forma, puede indicarse que el in dubio pro natura recibe el tratamiento de principio precautorio especial, que reduce la intensidad de la gravedad exigida al peligro de degradación del medio ambiente."
    },
    {
      "context": "Considerando SÉTIMO (citando voto Sala Constitucional 05994-2017)",
      "quote_en": "The administration must possess negative certainty that the environment will not be affected under any circumstances; thus, where there is doubt about the occurrence of a risk, the administration is obliged not to authorize or carry out actions, or immediately cease the administrative activity causing the danger.",
      "quote_es": "la administración debe contar con una certeza de carácter negativo de que no se afectará el ambiente bajo ningún supuesto, de donde resulta que ante la duda del acaecimiento de un riesgo, la administración tiene la obligación de no autorizar o efectuar actuaciones, o cesar de inmediato, la actividad administrativa que causa el peligro."
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    {
      "context": "Considerando SÉTIMO",
      "quote_en": "In summary, although in early stages the Constitutional Chamber referred to both principles—precautionary and in dubio pro natura—as a single one, when explaining its nature, it has dispensed with the requirement of the seriousness of the risk of environmental harm required by Principle 15 of the Rio Declaration for the in dubio pro natura principle to apply, positioning it as a criterion for action that obliges the Administration to refrain from activities (issuing administrative authorizations, for example) when there is no certainty that the environmental impacts will be within the standards allowed by law.",
      "quote_es": "En síntesis, aunque en primeras etapas la Sala Constitucional ha hecho referencia a ambos principios -precautorio e in dubio pro natura- como uno solo, al explicar su naturaleza, ha desprovisto de la exigencia de la gravedad del riesgo de daño ambiental requerido por el Principio 15 de la Declaración de Río para que opere el principio in dubio pro natura, situándolo como un criterio de actuación que obliga a la Administración a abstenerse de realizar actividades (entregar autorizaciones administrativas por ejemplo), cuando no existe certeza de que los impactos ambientales estarán dentro de los estándares admitidos por la legislación."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1277479",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 00094 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 10 de Enero del 2025 a las 07:53\n\nExpediente: 22-000465-1028-CA\n\nRedactado por: Gustavo Octavio Irias Obando\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nNormativa Internacional: Convenio sobre diversidad biológica y anexos, Convención de Río de Janeiro de 1992\n\nSentencias del mismo expediente Normativa internacional\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Ambiental\n\nTema: Principio precautorio en materia ambiental\n\nSubtemas:\n\nAnálisis sobre la tendencia progresiva que realiza la Sala Constitucional cuando se hace referencia al Principio in dubio pro natura.\n\nTema: Daño ambiental\n\nSubtemas:\n\nAnálisis sobre la tendencia progresiva que realiza la Sala Constitucional cuando se hace referencia al Principio in dubio pro natura.\n\n\"SÉTIMO. [...] la Sala Constitucional empieza a hacer referencia al in dubio pro natura” en términos muy ajustados al tenor literal del indicado numeral 15 de la Convención de Río, en el sentido de entenderlo como una especie de cláusula general de protección, en concordancia también con la Ley Orgánica del Ambiente número 7554, entonces vigente. (véase al respecto el voto 5893-95). Sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley de Biodiversidad número 7788 de 1998, se incorporan, en su artículo 11, cuatro criterios de aplicación de la ley: preventivo, precautorio o in dubio pro natura, de interés público ambiental y de integración. En lo que aquí interesa, el tercer inciso de la norma citada expresa que: “Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. A partir de la incorporación de este instituto en la legislación patria, se aprecia un considerable desarrollo del mismo en la jurisprudencia, con especial énfasis en la constitucional, manifestándose una tendencia progresiva a hacer referencia al in dubio pro natura -en cuanto principio precautorio- cuando se realizaba una específica interpretación pro ambiente, que rebajaba el estándar exigible a la gravedad del peligro de afectación al medio ambiente, para que el in dubio pro natura/precaución sea jurídicamente relevante. Es decir, mientras el principio precautorio exige peligro de daño grave e irreversible, según su concepción original, cuando la máxima instancia constitucional hace mención al principio de “precaución o in dubio pro natura”, disminuye la gravedad e irreversibilidad exigible del daño (o el peligro de éste) para exigir medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente [...]\".\n\nDe esta forma, puede indicarse que el in dubio pro natura recibe el tratamiento de principio precautorio especial, que reduce la intensidad de la gravedad exigida al peligro de degradación del medio ambiente, lo cual queda definitivamente revelado en la sentencia de la Sala Constitucional número 05994 del veintiséis de abril de 2017, donde se señala que: “Tal como lo ha examinado esta Sala en jurisprudencia anterior (véase la resolución número 2014/004243), se ha reconocido igualmente el denominado ‘principio precautorio en materia especial’ o ‘principio in dubio pro natura’, cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños de imposible o difícil reparación. De lo anterior, resulta que la administración debe contar con una certeza de carácter negativo de que no se afectará el ambiente bajo ningún supuesto, de donde resulta que ante la duda del acaecimiento de un riesgo, la administración tiene la obligación de no autorizar o efectuar actuaciones, o cesar de inmediato, la actividad administrativa que causa el peligro. En otras palabras, si carece de certeza científica sobre la inocuidad de la actividad, la administración debe abstenerse de realizar actividades con impacto ambiental negativo; ante la incertidumbre científica sobre la inocuidad o bondad”. Conforme con este desarrollo jurisprudencial, el principio precautorio tiene una doble dimensión. En primer lugar, como expresión del principio 15 de la Declaración de Río, que opera para situaciones en que haya riesgo de daño grave o irreversible del medio ambiente, aun a falta de certeza científica y; en segundo lugar, en su manifestación in dubio pro natura, como criterio de actuación para la Administración Pública ante situaciones cotidianas de su actividad, para optar por aquellas decisiones que impliquen una menor afectación al medio ambiente. En síntesis, aunque en primeras etapas la Sala Constitucional ha hecho referencia a ambos principios -precautorio e in dubio pro natura- como uno solo, al explicar su naturaleza, ha desprovisto de la exigencia de la gravedad del riesgo de daño ambiental requerido por el Principio 15 de la Declaración de Río para que opere el principio in dubio pro natura, situándolo como un criterio de actuación que obliga a la Administración a abstenerse de realizar actividades (entregar autorizaciones administrativas por ejemplo), cuando no existe certeza de que los impactos ambientales estarán dentro de los estándares admitidos por la legislación [...]\".\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\n\nEV Generación de Machote: F:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\Modelos\\Contencioso\\TCRESOL016.dpj\n\n \n\n????????????????\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n22-000465-1028-CA - 6\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nCONOCIMIENTO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nPABLO FRANCISCO MARIN  CASTRO\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nMUNICIPALIDAD DE ESCAZU\n\n \n\n N° 2025000094\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las siete horas con cincuenta y tres minutos del diez de Enero del dos mil venticinco.-\n\n \n\nProceso de conocimiento contencioso administrativo incoado por PABLO MARÍN CASTRO, cédula de identidad número 1-1099-0533; en contra de la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, representada por su Alcalde, Arnoldo Barahona Cortés, cédula de identidad número 3-0274-0601. Han intervenido en el proceso los profesionales en derecho Luis Alonso Salazar Rodríguez, cédula de identidad número 1-0736-0761 y Carlos Herrera Fuentes, cédula número 1-1037-0786, en condición de apoderados especiales judiciales del actor y de la demandada, respectivamente. \n\nCONSIDERANDO:\n\nPRIMERO. ANTECEDENTES PROCESALES:\n\n1.- Mediante libelo presentado el tres de marzo de 2022, el señor Pablo Marín Castro interpuso proceso de conocimiento contencioso administrativo en contra de la Municipalidad de Escazú, en el que se pide que en sentencia se declare lo siguiente: “- Que se declare con lugar la presente demanda. - Que se condene a la Municipalidad de Escazú al pago de los daños causados al suscrito por un actuar ilícito de la administración. - Que se condene a la Municipalidad de Escazú al pago de los perjuicios causados al suscrito por un actuar ilícito de la administración. - Que se condene a la Municipalidad de Escazú al pago del daño moral causados (sic) al suscrito por un actuar ilícito de la administración. - Que las sumas de dinero obtenidas sean indexadas al valor presente según el tipo cambio de las monedas involucradas. - Que se condene al pago de los respectivos intereses desde la firmeza de la sentencia hasta el efectivo pago. - Se condene al demando (sic) al pago de las costas personales y procesales.” (Imágenes 2 a 114 del expediente judicial).\n\n2.- El cuatro de agosto de 2022, la Municipalidad de Escazú contestó negativamente la demanda y opuso la excepción de indebida integración de la litis consorcio pasivo necesaria, aduciendo que debía tenerse como demandada además a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, y la de falta de derecho. Solicitó que la acción fuera declarada sin lugar en todos sus extremos, imponiendo a la parte actora las costas de esta. (Imágenes 753 a 801 del expediente judicial).\n\n3.- Mediante resolución número 1453-2022, de las nueve horas quince minutos del treinta de agosto de 2022, el Tribunal rechazó la excepción de litis consorcio pasivo necesario, pronunciamiento que adquirió firmeza al no ser impugnado. (Imágenes 807 a 811 del expediente judicial).\n\n4.- El veintiuno de febrero de 2023 dio inicio la audiencia preliminar al efecto convocada. En la etapa de aclaración y ajuste de pretensiones, el actor presentó ampliación de las mismas. Dada la extensión de la reformulación planteada, la Jueza de Trámite a cargo de dicha actuación, dispuso ordenar al actor que las presentara por escrito, y confirió un plazo de diez días hábiles a la demandada para su contestación. (Imágenes 963 a 964 del expediente judicial).\n\n5.- El veintidós de febrero de 2023, el actor presentó libelo de ampliación de la demanda y pretensiones. (Imágenes 846 a 962 del expediente judicial).\n\n6.- Mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta y siete minutos del cuatro de mayo de 2023, el Tribunal rechazó la ampliación presentada por el actor y ordenó continuar con la celebración de la audiencia preliminar. (Imágenes 968 y 969 del expediente judicial).\n\n7.- El catorce de junio de 2023 el actor ofreció y presentó prueba documental con el pedido de que fuera admitida con carácter complementario. (Imágenes 973 a 982 del expediente judicial).\n\n8.- El cinco de diciembre de 2023 se celebró una nueva audiencia preliminar con la asistencia de todas las partes. En dicha actuación se determinó que no habían aspectos que sanear, se ratificaron y fijaron las pretensiones en los términos transcritos supra, se determinaron como no controvertidos los hechos 10, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 41, 44 y 46; se admitió la prueba documental ofrecida por las partes, rechazando la prueba complementaria ofrecida el catorce de junio de 2023; y se admitió la declaración testimonial de María Sánchez Sánchez, funcionaria del sub proceso de Gestión Ambiental, ordenando la remisión del expediente a la Sección Sétima de este Tribunal para la convocatoria de juicio. (Imágenes 1014 a 1027 del expediente judicial, y grabación de la audiencia incorporada a la carpeta electrónica)\n\n9.- El juicio oral y público se celebró el seis de diciembre de 2024 con la asistencia de las representaciones de todas las partes. En dicha actuación, conferida la audiencia correspondiente, ninguno de los intervinientes protestó actividad procesal defectuosa ni requirió saneamiento y la parte actora reiteró el ofrecimiento de prueba documental con carácter para mejor resolver presentado el catorce de junio de 2023, respecto de la cual el Tribunal expuso que su admisibilidad sería determinada en sentencia. Se evacuó la declaración testimonial de María Sánchez Sánchez, cédula de identidad número 1-0880-0700, y fueron rendidas las conclusiones orales de las partes. En el cierre de la audiencia, el Tribunal declaró el asunto como complejo conforme a las reglas del artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 47 de su Reglamento. (La minuta consta en las imágenes 1054 a 1057 del expediente judicial y la audiencia quedó registrada en el Sistema de Grabación de Audiencias Orales del Poder Judicial e incorporada al expediente).\n\n10.- Se dicta esta sentencia, previa deliberación de los integrantes del Tribunal, dentro del plazo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo en relación con los numerales 173.15 y 81.2 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, sin que se detecten vicios u omisiones susceptibles de nulidad o indefensión a las partes. Redacta el juez Irías Obando con el voto afirmativo de los jueces Conejo Cantillo e Hidalgo Rueda.\n\n \n\nSEGUNDO. PRUEBA COMPLEMENTARIA. En la audiencia de juicio oral, la representación del actor ofreció con carácter de prueba para mejor resolver o complementaria, documentos que se desglosan de la siguiente manera:  solicitud de criterio presentada por el actor ante la Dirección de Aguas del MINAE con fecha del 1 de marzo del 2023, oficio DH-0032-2023, con fecha del 27 de marzo del 2023, emitido por el indicado órgano, solicitud de ampliación del indicado oficio, presentada por el actor y fechada 29 de marzo del 2023, y el oficio DH-0050-2023, con fecha del 20 de abril del 2023, emitido por la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía. Sobre el tema en particular, debe recordarse que la admisión de la prueba complementaria o para mejor resolver está reservada al grado de influencia que tenga en la decisión del fallo, y en tal sentido, se trata de una prueba del juzgador, como lo ha señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia desde vieja data. Así por ejemplo, en la sentencia número 29-95, de las 15:30 horas del 22 de febrero de 1995, reseñó que: “(...) Dentro de las facultades instructoras y ordenatorias del juez, está la de ordenar prueba para mejor proveer (artículo 97, inciso 2, y 331 del Código Procesal Civil), cuando las probanzas por practicar tengan una influencia decisiva en el resultado del proceso (…) El aspecto medular de la prueba para mejor proveer es su carácter facultativo o discrecional, no pudiendo ser exigida por las partes; su ordenación depende, enteramente, de la iniciativa prudente y criterio del órgano jurisdiccional, consecuentemente su denegatoria no causa indefensión alguna”. Por su parte, en el voto número 547-F-2002 de las 16:00 horas del 12 de julio del 2002, indicó la citada Cámara en igual sentido: “IV.- Múltiples precedentes de esta Sala, refiriéndose a la prueba para mejor resolver, han señalado que esta es prueba del juez, y no de las partes. En consecuencia, la decisión de recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional, y puede prescindirse de ella sin necesidad de resolución alguna (...)”; mientras que también ha añadido que: “…no se puede desconocer que con ésta “no se trata de corregir las omisiones, negligencias o descuidos de las partes en cuanto a la carga probatoria que les incumbe o bien subsanar deficiencias en las técnicas de defensa, dado que en esta hipótesis se vería seriamente lesionada la igualdad entre los litigantes y comprometería la imparcialidad del juzgador. De ahí que al ordenarla, deba respetarse la garantía de defensa en juicio de cada uno de los involucrados en el litigio. Así, por el contrario, debe ser introducida con el único objeto de esclarecer puntos de incertidumbre o de duda que puedan surgir luego de ponderar los elementos aportados por los litigantes.” (Sala I de la Corte Suprema de Justicia, número 213-F-S1-2008 de las 8 horas 20 minutos del 25 de marzo de 2008, reiterada en los votos 000118-F-TC-2018 de las 9 horas del 20 de setiembre de 2018 y 76-A-TC-2023 de las 08:12 horas del 24 de mayo de mayo de 2023). En este asunto, la prueba que se pide incorporar, había sido presentada por el actor con la misma solicitud de ser tenida en el carácter que se examina, mediante escrito presentado el veintidós de junio de 2023, cuando ya estaba trabada la litis, y fue rechazada en la audiencia preliminar celebrada el cinco de diciembre de ese año. Con base en esta situación, la representación de la Municipalidad de Escazú pidió en la audiencia de juicio, que se rechazara la petición por preclusión procesal. Encuentra el Tribunal, que efectivamente se trata de un ofrecimiento rechazado en el momento procesal oportuno, respecto de  documentación producida con posterioridad a la presentación y contestación de la demanda sin que se hubiere alegado ni demostrado alguna dificultad, y menos imposibilidad, de ser conseguida antes de presentar la demanda; y que no aporta elementos novedosos que modifiquen el cuadro fáctico de la relación jurídica administrativa establecida entre las partes, respecto de la que se pide indemnización.  Por consiguiente, no se admite la prueba para mejor resolver ofrecida.\n\n \n\nTERCERO. HECHOS PROBADOS. En lo que resulta atinente por la forma en que se resuelve, la revisión de los alegatos y documentos aportados por las partes, permiten tener como acreditados los siguientes hechos:\n\n \n\n1.- Que en el oficio OFDA-412-2001 del 13 de diciembre de 2001, el entonces Alcalde de Escazú indicó que desde julio de 1999, la municipalidad no administra el acueducto de ese cantón, por cuanto fue trasladado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. (Imagen 547 del expediente judicial).\n\n \n\n2.- Que en oficio SUB-G-SGAM-UEN-OS-2010-173 del veinticuatro de setiembre de 2010, el ingeniero Isidro Solís Blanco, de la UEN Optimización de Sistemas GAM del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, manifestó lo siguiente: “Para lo que corresponda o interesa, y a solicitud de la señora Isabel Agüero, le informo que en la propiedad de plano catastrado SJ-776408-88, se ubica el manantial o naciente de agua conocida como Fuente Juan Pablo, la que en algún momento se utilizó para el abastecimiento de agua por parte de la Municipalidad de Escazú y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en el sector de Calle Naranjo al este de Bebedero. Se aclara, que este manantial dejó de usarse, desde hace siete años para el abastecimiento de agua, por las características de mala potabilidad del agua, por contaminación, por la reducida capacidad o caudal de producción y porque se secaba en época de verano.” (Imagen 553 del expediente judicial).\n\n \n\n3.- Que mediante dictamen AT-2013-2014 del 20 de mayo de 2014, el Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, Dirección de Agua, emitió criterio sobre la supuesta naciente ubicada en el plano SJ-1414023-2010, para lo cual el técnico Andrés Phillips Ureña, indicó lo siguiente: “Tipo de fuente: OTROS, nombre de la Fuente: SIN NOMBRE, Hoja Cartográfica: Salitral- 3345-I-12, Afluente: NO APLICA, CUENCA: 84-24 Río Grande de Tárcoles, Latitud inicial: 209427, Latitud Final: 209427, Long. Inicial: 519506, Long. Final: 519506, criterio: NO ES CAUCE. Justificación: SE REVISARON LA CARTOGRAFÍA Y EL REGISTRO NACIONAL DE CONCESIONES CAUCES SE INSPECCIONÓ EL SITIO. EN EL SITIO NO SE PUDO DETERMINAR NINGUNA FUENTE Y NO EXISTE EVIDENCIA DE CAUCE ALGUNO. DE ACUERDO CON EL REGISTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ NO HAY FUENTE EN EL SITIO.” (Uso de mayúsculas y resaltado en negrita coincide con el documento transcrito. Imagen 123 del expediente judicial).\n\n \n\n4.- Que mediante dictamen AT-2173-2015 del 15 de junio de 2015, el Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, Dirección de Agua, emitió criterio sobre la supuesta naciente ubicada en el plano SJ-776408-1988, para lo cual el técnico Jesús Monge Mejía indicó: “Tipo de fuente: NO APLICA, nombre de la Fuente: SIN NOMBRE, Hoja Cartográfica: Salitral-3345-I-12, Afluente: NO APLICA, CUENCA: 84-24 Río Grande de Tárcoles, Latitud inicial: 209422, Latitud Final: 209422, Long. Inicial: 519525, Long. Final: 519525, criterio: NO ES CAUCE. Justificación: REALIZADA LA VISITA Y VERIFICADO EL REGISTRO NACIONAL DE CONCESIONES Y DICTÁMENES DE CUERPOS DE AGUA, ADEMÁS ANALIZADA LA INFORMACIÓN APORTADA POR EL PROPIETARIO Y VECINOS DE LA ZONA, SE VERIFICA QUE LA SUPUESTA NACIENTE CORRESPONDE A UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA COMUNIDAD, SIN EMBARGO, EL MISMO EL DÍA DE LA VISITA NO MUESTRA FLUJO Y CAUDAL Y SOLO SE UBICA TUBERÍA QUE INGRESABAN Y SALÍAN DEL SITIO EN ESTUDIO.” (Uso de mayúsculas coincide con el documento transcrito. Imagen 220 del expediente judicial y folio 027 del expediente administrativo denominado “Naciente Calle Noé Marín”)\n\n \n\n5.- Que mediante oficio 801-2015 del veintiséis de noviembre de 2015, las ingenieras Roxana Bermúdez, del Proceso Contraloría Ambiental y Sandra Blanco, Directora del Macroproceso Ingeniería y Obras de la Municipalidad de Escazú, solicitaron al Área Técnica de la Dirección de Aguas del MINAE: “…nos brinde copia del estudio técnico realizado en el cual se fundamenta el cambio del criterio respecto al cuerpo de agua conocido como Naciente Juan Pablo, ubicado en Bebedero, a un criterio de no es un cauce, según el dictamen AT-2173-2015 con fecha Lunes 15 de junio 2015 emitido por su persona. Lo anterior con el fin de respaldar las consultas que han generado algunos propietarios de terrenos cercanos, que manifiestan que han utilizado el recurso hídrico para uso en agricultura, desde el punto donde aparentemente se tiene en registros del A y A y del MINAE que se ubica la naciente Juan Pablo. Agradecemos la comprensión y pronta respuesta a dicha consulta, ya que el Municipio debe brindar respuestas con un respaldo legal y técnico a las diferentes consultas así como, a los interesados de propiedades que solicitan\n\ntrámites para permisos de construcción donde se les deben indicar si deben respetar o no alguna área de protección según lo que indica la Ley de Aguas y Ley Forestal, basados en los documentos oficiales generados por la Dirección de Aguas del MINAE.” (Imagen 125 del expediente judicial).\n\n \n\n6.- Que mediante oficios CA-078-2016, CA-0081-2016, CA-077-2016, CA-0082-2016, CA-0080-2016, CA-0079-2016, todos con fecha cinco de febrero de 2016, emitidos por el Macroproceso Ingeniería y Obras, Proceso Contraloría Ambiental de la Municipalidad de Escazú, dan respuesta a Estudios de Afectación con relación a las fincas de la provincia de San José: 615031-000, 615032-000, 615033-000, 615034-000, 615035-000, 615036-000, indicando en todos lo siguiente: “En atención a su solicitud, ingresada en este Proceso de Contraloría Ambiental para la realización del estudio por afectación de nacientes, ríos, quebradas, pozos o sus correspondientes áreas de protección, le comunico que, una vez revisada la información oficializada a la fecha en esta Contraloría, se verificó que se encuentra vigente el dictamen AT-2173-2015 emitido por la Dirección de Aguas del MINAE, en el cual indica que la supuesta naciente Juan Pablo corresponde a un tanque de almacenamiento. Sin embargo, mediante oficio 801-2015, esta Municipalidad solicitó una aclaración a la Dirección de Aguas, en relación al dictamen AT-2173-2015. A la fecha la respuesta está aún pendiente. Se Adjunta documento.” (Imágenes 126, 127, 128, 129, 130 y 131 del expediente judicial).\n\n \n\n7.- Que en el Informe Técnico IAR-INF-0088-2016, emitido en el año 2016 sin que conste fecha exacta, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo, se realizó evaluación visual de riesgo de la propiedad plano número SJ-1860948-2015 para un trámite de construcción, determinando que la propiedad está libre de riesgo en lo que respecta a amenazas naturales. (Imágenes 115 a 118 del expediente judicial).\n\n \n\n8.- Que mediante oficio DA-UHTPCOSJ-1120-2016 del 25 de mayo de 2016, el Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Agua, emite “Dictamen Sobre un Cuerpo de Agua”, a solicitud de la Ing. Roxana Bermúdez de la Contraloría Ambiental de la Municipalidad de Escazú, indicando con relación a la Fuente Número 3, con las coordenadas Latitud inicial: 209422, Latitud Final: 209422, Long. Inicial: 519525, Long. Final: 519525, que “EL CRITERIO SOBRE LA FUENTE: NO ES CAUCE.” (Uso de mayúscula coincide con el documento transcrito. Imagen 119 del expediente judicial).\n\n \n\n9.- Que mediante dictamen DA-UHTPCOSJ-0779-2018 del 22 de marzo de 2018, la Dirección de Agua del MINAE da respuesta a la solicitud planteada por la Geog. María Sánchez Sánchez, informándole en lo que interesa a este asunto lo siguiente: “Naciente \"Juan Pablo\", Expedientes 6507 y 602-R. EI Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de Aguas (base de datos de la Dirección de Agua), contiene una naciente \"Juan Pablo\" en las coordenadas latitud 209.650 longitud 519.400 bajo el expediente 6507 a nombre de la Municipalidad de Escazú, y expediente 602-R a nombre de AyA. En dictámenes AT-2013-2014, AT-2175-2015 y Fuente 3 de DA-UHTPCOSJ-1120-2016 (se adjunta copia) ubica la naciente \"Juan Pablo\" en la propiedad SJ-1414023-2010 (propiedad original SJ-776408-88 que fue segregada en 8 planos. También se adjunta copia de ambos planos), específicamente en las coordenadas Lambert Norte latitud 209.422 longitud 519.525 (figura 4). EI oficio SUB-G-SGAM-UEN-OS-2010-173 (se adjunta copia) señala que esta fuente dejó de usarse hace varios años por las malas características de potabilidad del agua, por contaminación, por la reducida capacidad o caudal de producción y porque se secaba en época de verano. Otros documentos adjuntos a estos dictámenes indican que la naciente se secó. Por esta razón los dictámenes AT-2013-2014, AT-2175-2015 y DA-UHTPCOSJ-1120-2016 indican que no es cauce.” (Folios 029 a 030 del expediente administrativo denominado “Naciente Calle Noé Marín”)\n\n \n\n10.- Que mediante oficios CA-0735-2018, CA-0736-2018, CA-0737-2018 y CA-738-2018, todos del diecisiete de setiembre de 2018, emitido por el Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Escazú, se da respuesta a solicitudes formuladas por el señor Francisco Gamboa Galera con relación a las fincas ubicadas en el distrito San Antonio, localidad de Bebedero, Calle Noé Marín, pertenecientes al  folio real 1-615305-000, planos SJ-207247-18, SJ-2072749-18, SJ-2072750-18 y SJ-2072751-18, respectivamente, indicando en todos lo siguiente: “En atención a su solicitud, ingresada al Sub-Proceso de Gestión Ambiental para la realización del estudio por afectación de nacientes, ríos, quebradas, pozos o sus correspondientes áreas de protección, le comunico que, una vez revisada la información oficializada a la fecha, y según el plano catastrado de la propiedad, se verificó que la propiedad se encuentra afectada por el área de protección del pozo AB-2454, localizado a (…) . Por tanto, es necesario respetar el área de protección del pozo, correspondiente con un radio de 40 m horizontales según la Ley de Aguas en su artículo 8, o bien solicitar ante la Dirección de Aguas una aclaración con respecto a la ubicación o condiciones actuales del pozo, tal condición deberá corresponder con cancelado y sellado para poder eliminar el radio de protección del este.” En la parte no transcrita porque es distinta en cada oficio, se indicó para la finca del primero de los planos referidos, que estaba localizada a 20.02 metros al este del vértice 4; para la segunda, a 20.02 metros del vértice 6; para la tercera, a 21.26 metros del vértice 5 y para la última, a 25.07 metros del vértice 11. (Imágenes 159, 160, 161 y 162 del expediente judicial).\n\n \n\n11.- Que en fecha primero de octubre de 2018, el señor Pablo Marín Castro, cédula 1-1099-0533, quien compareció como “Desarrollador de Proyectos Inmobiliarios”, suscribió documento denominado “CONTRATO DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE FINCASINMUEBLES (SIC) TENDIENTES A LA SEGREGACIÓN Y VENTA DE LOTES” con la sociedad Implementos Deportivos CFS Sociedad Anónima, cédula jurídica: 3-101-420228, pactando que la sociedad le entregaría al desarrollador las fincas de la provincia de San José identificadas con las matrículas de folio real 615030-000, 615031-000, 615032-000, 615033-000, 615034-000, 615035-000, 615036-000, 104996-000, “…con el objeto de que realice sobre las mismas un planteamiento estratégico tendiente a que las mismas seandesarrolladas (sic) bajo el sistema de lotificación frente a calle pública, con callejón de acceso, con la constitución de servidumbres, o por cualquier otro medio o forma legal, determinado y decidido por “EL DESARROLLADOR” con el fin de alcanzar el fin pretendido de lotificación y posterior venta”. En la cláusula sexta se estipuló que: “LAS PARTES (sic) expresa y de común acuerdo convienen en que el presente contrato tendrá un plazo de un año, que correrá a partir de que la Municipalidad de Escazú otorgue el visado municipal respectivo y correspondiente para que se segregue en cabeza propia el último de los lotes de de (sic) las siete fincas objeto de este convenio, por lo que debe entenderse que el plazo de un año no correrá a partir del otorgamiento por la Municipalidad de Escazú del primer visado para segregación, sino el plazo de un año empezará a correr a partir del otorgamiento del visado para segregación correspondiente al último lote de la última finca desarrollada. De manera expresa manifiestan LAS PARTES (sic) que, el visado de los planos de todos los lotes a segregar, deberá realizarse en el plazo máximo de UN AÑO (sic), contado a partir de la firma del presente contrato.” En la cláusula octava se estipuló la retribución económica al desarrollador, indicando que este último: “… tendrá la facultad exclusiva, durante el plazo del primer año de comercialización de lotes de este convenio, sea a partir de la finalización del plazo de visado de los planos de los lotes, indicado en la cláusula sexta de este convenio de mercadearlos y venderlos, pudiendo hacerlo a entera y completa libertad siempre y cuando se le reconozca a “LA PROPIETARIA” (sic) un mínimo de SETENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (sic) por cada metro cuadrado de terreno vendido, obteniendo “EL DESARROLLADOR” (sic) como se indicó, la diferencia entre el precio por metro cuadrado pactado entre “LAS PARTES” (sic) y el precio de venta por metro cuadrado.” (Imágenes 165 a 175 del expediente judicial).\n\n \n\n12.- Que entre el ocho de febrero de 2018 y el cuatro de enero de 2022, Implementos Deportivos CFS S.A. suscribió un total de diez contratos de opción de compraventa, de la siguiente manera: el ocho de febrero de 2018, contrato suscrito con Dafne Quintero Castro, por la finca matrícula de folio real número seiscientos noventa y siete mil setecientos noventa y siete-cero cero cero, con un precio de cincuenta mil dólares; contrato suscrito el ocho de noviembre de 2018 con Merlin Quintero Sánchez, por la finca matrícula de folio real número seiscientos noventa y siete mil setecientos noventa y ocho - cero cero cero, con un precio de cincuenta mil dólares; el nueve de febrero de 2019, contrato suscrito con Kyria Loría Sánchez, por la finca matrícula de folio real número seiscientos noventa y siete mil setecientos noventa y seis – cero cero cero, con un precio pactado de cincuenta mil dólares; contrato suscrito el dieciséis de febrero de 2019 con José Daniel Rojas Ulate, por la finca matrícula de folio real número seiscientos noventa y siete mil setecientos noventa y nueve -cero cero cero, con un precio de cincuenta mil dólares; contrato suscrito el veinte de noviembre de 2020, con Joshua Hernández Fuentes, por la finca matrícula de folio real número setecientos doce mil doscientos setenta y uno – cero cero cero, con un precio de setenta y cinco mil dólares; contrato suscrito el veintiuno de enero de 2021 con Jorge Andrés Contreras Mena, por la finca matrícula de folio real número setecientos doce mil quinientos cinco - cero cero cero, con un precio de cincuenta mil dólares; contrato suscrito el primero de agosto de 2021 con Katherine Martínez Torres, por la finca de folio real número setecientos veinte mil sesenta y ocho – cero cero cero, con un precio de cincuenta y tres mil dólares; contrato suscrito el diecisiete de julio de 2021 con Andrey Rojas Serrano, por la finca matrícula de folio real número setecientos veinte mil ciento dieciocho – cero cero cero, con un precio de cincuenta y cinco mil dólares;; contrato suscrito el primero de octubre de 2021 con Grettel Campos Landergrim y Francisco Leonel Ulloa Porras, por la finca de folio real número seiscientos quince mil treinta y uno – cero cero cero, con un precio de sesenta mil dólares, y contrato suscrito el cuatro de enero de 2022 con Jennifer Hurtado González, por la finca matrícula de folio real número setecientos veinte mil cero setenta – cero cero cero, con un precio de sesenta y un mil dólares;  todos los precios referidos correspondientes a moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. (Imágenes 312 a 406 del expediente judicial).\n\n \n\n13.- Que el veinticuatro de octubre de 2018 el señor Pablo Marín Castro presentó ante el Sub Proceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Escazú, el formulario “Consulta por afectación de nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus respectivas áreas de protección”, con relación a los inmuebles descritos en los planos catastrados números SJ-2072751-2018, SJ-2072750-2018, SJ-2072749-2018, SJ-2072747-2018 y SJ-2072746-2018, todos los cuales forman parte de la finca de folio real número 1-615036-000, indicando en todos que el objeto de la consulta era para construcción y que ocupaba que se le entregaran los planos sin sello de afectación. (Folios 003, 004, 007, 008, 011, 012, 015, 016, 019 y 020, del expediente administrativo denominado “Naciente Calle Noé Marín”)\n\n \n\n14.- Que en el oficio DA-UHTPCOSJ-3028-2018 del veintidós de octubre de 2018, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, comunica a Implementos Deportivos CFS S.A. lo siguiente: “En atención a su solicitud de verificar la ubicación del pozo AB-2454 se remite el informe DA-UHTPCOSJ-3006-2018 suscrito por la geóloga Mariel González. Se concluye que el retiro operacional del pozo no afecta a las propiedades con plano SJ-2072747-2018, SJ-2072750-2018, SJ-2072746-2018, SJ-2072751-2018 y SJ-2072749-2018.” En el informe allí referenciado, se indica lo siguiente: “EI pozo por el cual se consulta es el AB-2454, documentado en el expediente digital 1377 P. Cuenta con concesión vigente hasta el 21 de noviembre del 2022 (R-0993-2012-AGUAS-MlNAE) para aprovechar 0,10 1/s en uso doméstico. La perforación se autorizó mediante oficio en IMN-DA 0079-2009 para las coordenadas longitud 519 550 y latitud 209 500. Mediante llamada telefónica, el señor Eugenio Vargas, representante legal de VAROLIT de SAN JOSÉ S.A., autorizó el ingreso a la propiedad con plano catastro SJ-1683827-2013. La finca cuenta con una bodega y sembradíos de hortalizas y maíz. En la inspección de campo se verificó que el pozo AB-2454 (figura 1) se ubica en la coordenadas longitud 519 699 y latitud 209 597 (Sistema de Coordenadas Lambert Norte, tomada con GPS GARMIN MONTANA 650). Estas coordenadas se encuentran desfasadas 178 m de la coordenadas autorizadas en el permiso de perforación, por lo que se debe proceder con el análisis del cambio de coordenadas. Además, la distancia del pozo AB-2454 al lindero de la propiedad más cercano es de 4,6 (figura 2). Dado que se trata de un pozo perforado antes del 2010, de acuerdo con el oficio DA-0583 2018, se recomienda establecer un ROP de 4,6 m. De tal manera que las propiedades con plano catastro No. SJ-2072747-2018, SJ-2072750-2018, 3-2072746-2018, SJ-2072751-2018 y SJ-2072749 2018, no son afectadas por el ROP del pozo AB-2454.” (Imágenes 183 a 187 del expediente judicial y folios 022 a 026 del expediente administrativo denominado “Naciente Calle Noé Marín”)\n\n \n\n15.- Que mediante oficios números CA-893-2018, CA-894-2018, CA-895-2018, CA-896-2018 y CA-897-2018, todos del nueve de noviembre de 2018, referidos respectivamente a los inmuebles con planos números SJ-2072751-2018, SJ-2072750-2018, SJ-2072749-2018, SJ-2072747-2018 y SJ-2072746-2018, todos los cuales forman parte de la finca de folio real número 1-615036-000, la geógrafa María Sánchez Sánchez, encargada del Sub Proceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Escazú, dispuso para cada una de ellos lo siguiente: “En atención a su solicitud, ingresada al Sub- Proceso de Gestión Ambiental para la realización del estudio por afectación de nacientes, ríos, quebradas, pozos o sus correspondientes áreas de protección, le comunico que, una vez revisada la información oficializada a la fecha, así como la información suministrada por el interesado DA-UHTPCOSJ-3028-2018 y DA-UHTPCOSJ-3006-2018, se determinó que las coordenadas del pozo de SENARA AB-5424, no corresponden a las coordenadas indicadas en permiso de perforación, así mismo que el radio operacional del pozo no afecta al plano sujeto de esta consulta. ANOTACIÓN. Por lo tanto, no se registran cuerpos de agua natural en la propiedad o cercanos que afecten por áreas de protección.” (Folios 001, 002, 005, 006, 009, 010, 013, 014, 017 y 018 del expediente administrativo denominado “Naciente Calle Noé Marín”)\n\n \n\n16.- Que el quince de noviembre de 2018, el topógrafo Alexander Mora Piedra, solicitó a la Municipalidad de Escazú el visado de la segregación para catastro de la propiedad matrícula 1-615034-000. (Imagen 204 del expediente judicial).\n\n \n\n17.- Que sin indicarse fecha exacta, pero en el mes de diciembre de 2018, la Municipalidad de Escazú recibió una denuncia anónima vía telefónica, indicando que en la zona se estaban desarrollando trabajos afectando una naciente, donde había una estructura que servía de abrevadero y era utilizada por los vecinos para riego. (Declaración testimonial de María Isabel Sánchez Sánchez).\n\n \n\n18.- Que como resultado de la denuncia indicada en el hecho anterior, el diez de diciembre de 2018 la funcionaria municipal María Isabel Sánchez Sánchez dirigió a la Dirección de Agua del MINAE, formulario de “SOLICITUD DE DICTAMEN SOBRE CUERPOS DE AGUA” con relación a los planos catastrados SJ-1414020-2010 y SJ-1414023-2010, ambos con finca madre matrícula 1-104996-000. A dicha gestión se le asignó el número 7893-19. (Folios 031 a 033 del expediente administrativo denominado “Naciente Calle Noé Marín” y declaración testimonial de María Isabel Sánchez Sánchez).\n\n \n\n19.- Que mediante oficio GA-499-2018 de fecha trece de diciembre de 2018, suscrito por María Isabel Sánchez Sánchez y por Jerson Calderón Valverde, coordinadores de los subprocesos de Gestión Ambiental y de Gestión Urbana, respectivamente, le informan al coordinador de Planificación Territorial lo siguiente: “Por este medio el Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad se Escazú, le informa que debido a la posible existencia de una naciente denominada “Juan Pablo” de acuerdo a los registros municipales, la consultas por afectación necesarias para el trámite de visado de planos para las fincas,1-615036-000, 1-615034-000, 1-615033-000, 1-104996-000, 1-615032-000, 1-615030, se suspenden basados en el principio precautorio “indubio pronatura” (sic), hasta que no sea atendida la solicitud de aclaración presentada ante la Dirección de Agua. No omitimos manifestar que el principio “indubio pronatura” (sic) tiene como fin de garantizar la protección y gestión adecuada del recurso hídrico del Cantón.” (Imagen 205 del expediente judicial).\n\n \n\n20.- Que el diecinueve de diciembre de 2018, la Municipalidad de Escazú presentó ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, formulario de “Solicitud de Dictamen sobre cuerpos de Agua”, sobre planos catastrados SJ-2072751-2018, SJ-2072750-2018, SJ-2472749-2018, SJ 2472747-2018, SJ-2072746-2018, SJ-14T4020-2010, SJ-1414019-2010, SJ-1414022-2010, SJ-T4T402L-2010, SJ-R414018-2010, SJ-1414017-2010, todos localizados en Calle Noe Marín, Bebedero, distrito San Antonio. Se indicó que se pedía que se dictaminara “Si el cuerpo de agua es del dominio público y su caracterización.” (Imágenes 206 y 207 del expediente judicial).\n\n \n\n21.- Que los días siete, once y treinta de enero de 2019, funcionarios del sub proceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Escazú realizaron inspecciones a la propiedad, en las que determinaron gran cantidad de agua y material que aparentaba ser para obras de drenaje. (Folios 204 a 211 del expediente administrativo denominado “Naciente Calle Noé Marín”).\n\n \n\n22.- Que mediante correo electrónico enviado el ocho de abril de 2019, el ingeniero Francisco Gamboa, Encargado de Catastro de la Municipalidad de Escazú, le comunica al señor Pablo Marín lo siguiente: “Con relación a la solicitud de visto bueno para efectos de catastro presentada sobre el fraccionamiento de la finca 1615031-000; se le comunica que se va a proceder a dar una revisión del mismo a través un (sic) cuerpo colegiado conformado por miembros del Proceso de Planificación y Control Urbano, bajo tres ejes de interés para nuestro municipio (Gestión Ambiental, Control Constructivo y Planificación Territorial). EI objetivo de este análisis (de manera integral de parte de nuestro municipio), es asegurar al propietario o futuro comprador que el bien en estudio sea totalmente apto no solo para poder fraccionar sino también que en el mismo se pueda realizar cualquier tipo de desarrollo constructivo, y con ello no generar falsas expectativas a futuro. No solo se valora la propuesta a nivel de fraccionamiento y que luego no sea posible realizar algún tipo de construcción por alguna situación de afectación por cuerpos de agua o porque la zona no es apta para construir; sino a nivel global en los tres ejes indicados en el párrafo anterior. Por lo que la presente solicitud será elevada al cuerpo colegiado y se estaría dando la respuesta definitiva una vez analizada por el mismo.” (Imágenes 210 y 211 del expediente judicial)\n\n \n\n23.- Que el ocho de mayo de 2019, la señora Au Shum Tsang, dirigió nota al ingeniero Alberth Calvo Chacón, de la Dirección de Aguas del MINAE, solicitando adjuntarla al trámite número 7986-18, para tomar en consideración copia certificada del libro de actas del comité de desarrollo comunal de Cuesta Grande, Acueducto de Cuesta Grande, que determina que lo que existe en la propiedad desde aproximadamente 1991, es un tanque de almacenamiento, además se respalda con el dictamen realizado por el Ing. Monge Mejía número AT-2173-2015, del departamento de aguas del MINAE. (Imagen 214 del expediente judicial).\n\n \n\n24.- Que el veintiocho de mayo de 2019, se reunió la comisión al efecto conformada, dejándose consignado en la minuta lo siguiente con relación a la finca 1-615031-000: “Reunirse internamente para valorar fraccionamiento. Pendiente de resolución de aguas, Dirección de Aguas, para resolver.” (Imágenes 212 y 213 del expediente judicial).\n\n \n\n25.- Que en oficio DA-UHTPCOSJ-1497-2019, del diecinueve de julio de 2019, la Dirección de Aguas del MINAE, resuelve trámites de solicitud de dictamen de cuerpo de agua 7986-18 y 2798-19, señalando lo siguiente: “Se realizó toma de datos con un instrumento GPS Garmin Montana 680 (-+ 3m), fueron manejados en la Proyección Lambert Norte Costa Rica (LNCR), ubicado en las hojas SALITRAL 3345-1-12 (1: 10 000) y ABRA 3345-1 (1: 50 000) en San Antonio, Escazú, San José, en dos inspecciones de campo realizadas la primera el 30 de enero y en segunda inspección al sitio en época de estiaje realizada el día 12 de abril del año 2019 donde se cuenta con la compañía de funcionario César Sánchez Vega de la Dirección de Agua y del funcionario municipal Carlos Chamorro. Se solicita realizar \"un dictamen de cuerpo de agua\" según visita de campo para el sitio en estudio, ubicado en el punto con coordenadas Lambert Norte Costa Rica 519514 E y 209425 N para lo cual se hace revisión de la información consignada en registros digitales, a lo que se debe mencionar que se realiza consulta en el Registro Nacional de Dictámenes sobre Cuerpos de Agua, así como demás registros existentes y con uso de herramientas tecnológicas para el manejo de información disponibles en la Dirección de Agua del MINAE se tiene que se encuentran para el sitio de interés dos puntos previamente dictaminados y que son descritos a continuación: 1. EI oficio AT-2173-2015, hay registrado un Dictamen que indica que no hay fuente o no aplica, plano número SJ-776408-1988, con criterio de ausencia de cauce, ubicado en el punto con coordenadas Lambert Norte Costa Rica 519525 E y 209422 N del cual se adjunta copia de dictamen elaborado. 2. DA-UHTPCOSJ-1120-2016, hay registrado un Dictamen que indica que no hay fuente, con criterio de ausencia de cauce, sin información del plano de referencia, ubicado en el punto con coordenadas Lambert Norte Costa Rica 519525 E y 209422 N del cual se adjunta copia de dictamen elaborado. Se revisa información aportada según el número de identificación 2798-2019, que dentro de sus puntos importantes: 1. Refiere a la existencia del Acueducto de Cuesta Grande de San Antonio, Escazú en San José. 2. Habla de manera amplia de los trabajos para la construcción de un tanque de almacenamiento en apariencia llamado “Fuente Juan Pablo\" y sus desviaciones hacia otras poblaciones o direcciones. 3. Describe problemas estructurales a nivel de diámetros insuficientes, aumento en la población atendida, desperdicios en el uso, problemas con perforaciones cercanas, tanques de uso en residencias grandes vecinas, etc. 4. Describe problemas con nacientes desprotegidas y deforestación sufridas ya para la época. 5. Describe que, en lo aportado para su estudio, no aparecen datos de georreferenciación de la naciente o del tanque de almacenamiento mencionado, no son vinculantes. De acuerdo a toda la información revisada, testimonios de un vecino del sitio en inspección y a las visitas realizadas en campo se genera una duda razonable con respecto a la existencia, naturaleza, carácter de la supuesta fuente existente en el sitio y al lugar de procedencia de las tuberías que alimentan el supuesto tanque ubicado en la propiedad en estudio, pues se debe indicar que en la primera visita sí había presencia de flujo que ya en la segunda visita estaba con humedad y sin un flujo definido. Ver fotografías del sitio de inspección. Por tanto, se concluye que el sitio inspeccionado no tiene relación vinculante con la información aportada pues en ninguna parte se aclara la relación entre la información escrita y las coordenadas de referencia. Se ha visitado la fuente en un par de veces durante la época más seca del año 2019, y se encontró (sic) diferencias que definen el estado e incluso modificación antrópica del lugar, es por esto que se genera la duda para emitir un criterio definitivo sobre el sitio de estudio. Y, se propone entonces en el sitio se haga el descubrimiento de la estructura de concreto descrita como tanque de almacenamiento, de manera que se aísle la posible intervención de las tuberías que se supone traen agua a este punto, en segundo orden se solicita que se haga un descubrimiento y corte de las tuberías que vienen del exterior de la propiedad y aquellas que salen de la misma, para despejar cualquier situación que genere duda. Se realizarán visitas programadas en lo que resta del año e incluso en la próxima época seca de ser necesario, para ver el comportamiento de la fuente en las condiciones opuestas y así dictaminar la fuente.” (Imágenes 216 a 219 del expediente judicial y 052 a 053 del expediente administrativo denominado “Naciente Calle Noé Marín”).\n\n \n\n26.- Que mediante oficios GA-CA-651-2019, GA-CA-652-2019, GA-CA-653-2019, GA-CA-654-2019, GA-CA-655-2019, GA-CA-656-2019, GA-CA-657-2019 y GA-CA-658-2019, todos del cinco de agosto de 2019, se resuelven las solicitudes planteadas con relación a las fincas 1-615031-000, 1-615032-000, 1-615033-000, 1-615034-000, 1-615035-000 y 1-104996-000, planos SJ-1414018-2010, SJ-141019-2010, SJ-141020, SJ-1414021-2010, SJ-1414022-2010, SJ-141023-2010, SJ-2072750-2018 y SJ-2072749-2018, respectivamente, en los siguientes términos: “RESOLUCIÓN. En atención a su solicitud, ingresada al Sub-Proceso de Gestión Ambiental para la realización del estudio por afectación de nacientes, ríos, quebradas, pozos o sus correspondientes áreas de protección, le comunico que, una vez revisada la información oficializada a la fecha, así como la información indicada en el plano sujeto de esta consulta, y la inspección de campo se determinó la posible existencia de una naciente captada localizada a (…) del plano sujeto de esta consulta, por lo que se realizó una nueva solicitud de dictamen, amparados en el principio precautorio “indubio pronatura”, a fin de descartar o no la existencia del cuerpo de agua, y así mismo verificar la condición de la posible toma. La gestión se realizó mediante la gestión Nº 7893-2019, y se está a la espera de respuesta. ANOTACIÓN. Por lo tanto, si bien la dirección de Agua (sic), no ha emitido criterio sobre la solicitud de dictamen de la posible naciente y su carácter, sustentados en el “PRINCIPIO INDUBIO PRONATURA”, se considerará precautoriamente de carácter permanente, a fin de garantizar el respeto de las áreas de protección, según lo estipula la Ley de Aguas Art. 148-149, jurisprudencia relacionada al recurso hídrico y áreas de protección, así mismo lo establecido en la Ley Forestal, artículo 33, se debe respetar un radio de 100 m medidos horizontalmente desde el punto de ubicación. Deben permanecer con cobertura vegetal, es decir reforestada. Se le aclara al interesado, que el criterio este (sic) sujeto al pronunciamiento de la Dirección de Agua.” En la parte no transcrita, por ser diferente en cada oficio, se señaló que la naciente estaba localizada a 23.98 metros noroeste del vértice 16 del plano SJ-1414018-2010 (primer oficio citado), a 48.37 metros noroeste del vértice 2 del plano SJ-141019-2010 (segundo oficio citado), a 17.63 metros noreste del vértice 3 del plano SJ-141020 (tercer oficio citado), a 32.66 metros sureste del vértice 2 del plano SJ-1414021-2010 (cuarto oficio citado), a 59.35 metros suroeste del vértice 4 del plano SJ-1414022-2010 (tercer oficio citado), a 18.48 metros suroeste del vértice 20 del plano SJ-141023-2010 (cuarto oficio citado), a 81 metros suroeste del vértice 1 del plano SJ-2072750-2018 (segundo oficio), y a 66.48 metros sureste del vértice 1 del plano SJ-2072749-2018 (tercer oficio). (Imágenes 226 a 237 del expediente judicial, folios 037 a 045 y 057 a 124 del expediente administrativo denominado “Naciente Calle Noé Marín”).\n\n \n\n27.- Que mediante oficio VB-129-19 del 6 de agosto de 2019, la Municipalidad de Escazú aprobó los referidos planos del inmueble 1-615034, únicamente para efectos de inscripción ante el Catastro Nacional, y con la observación de que dicha finca “…se encuentra con afectación de una naciente según se indica en el oficio GA-CA-654-2019 emitido por el Subproceso de Gestión Ambiental”. (Imágenes 238 a 241 del expediente judicial).\n\n \n\n28.- Que el diecinueve de agosto de 2019, el señor Pablo Marín Castro dirigió comunicación escrita a la Dirección de Aguas del MINAE, relacionada con el trámite número 7986-18, en la que aportó el documento denominado “Estudio Geológico e Hidrogeológico, con énfasis en la evaluación de la existencia o no de una naciente dentro de la propiedad plano catastrado No. SJ-776408-1988”, realizado en agosto de 2019 (no se indica fecha exacta), por los geólogos Raysie Miller Hernández (CGCR-412) y Eduardo Rojas Solano (CGCR-333). En dicho documento se exponen, entre otras, las siguientes conclusiones: “Queda demostrado categóricamente, desde el punto de vista técnico y científico, que en el AP ni su entorno más inmediato existe ninguna naciente o manantial de ningún tipo, ni permanente ni intermitente. Bajo ninguna circunstancia se debe establecer un radio de protección con respecto a la caja de registro, ya que al no ser esta una naciente, ni un pozo, no existe ninguna regulación al respecto. De igual manera, consideramos que debería eliminarse la existencia de una fuente de agua en la propiedad objeto de la presente investigación, tanto de la base de datos de la Dirección de Aguas, como de la Municipalidad de Escazú.” (Imágenes 134 a 152 del expediente judicial).\n\n \n\n29.- Que el tres de setiembre de 2019, la señora Au Shum Tsang, representante de Implementos Deportivos CFS S.A., dirigió nota a la Municipalidad de Escazú solicitando que tenga en consideración el estudio referido en el hecho anterior. (Imágenes 157 y 158 del expediente judicial).\n\n \n\n30.- Que en setiembre de 2019, sin que se indique fecha exacta, a solicitud de Pablo Marín Castro, el geólogo Francisco Sánchez elaboró documento denominado “Estudio Geofísico mediante tomografía de Resistividad Eléctrica, Dispositivo Schlumberger, sobre plano No. SJ- 776408-1988”, en el cual se exponen las siguientes conclusiones y recomendaciones: “-Se presenta en superficie un suelo areno arcilloso con bloques de coluvios intercalados con matriz areno arcilloso. Con resistividades que van desde los 24 a los 55 Ohm-m. -Esta secuencia de coluvios se presenta a lo largo y profundo de todo el perfil tomográfico con la excepción entre la distancia de 1 a 45 metros y a partir de la elevación de 1465 metros y hasta los 1435 metros de elevación donde encontramos una lava brechosa con resistividades entre los 60 a los 86 Ohm-m. La misma situación se presenta entre las distancias de 185 a 200 metros y en las mismas cotas de elevación. Posiblemente Formación Pacacua. -El nivel freáctico es muy variable y oscila desde los tres metros hasta los 15 metros de profundidad.” (Imágenes 558 a 568 del expediente judicial).\n\n \n\n31.- Que en oficio DA-UHTPCOSJ-2441-2019 del siete de noviembre de 2019, la Dirección de Agua del MINAE, le contesta al señor Pablo Marín Castro lo siguiente: “En atención a la gestión 5165-2019 (recibida el 19/08/2019) para la revisión del “Estudio Geológico-Hidrogeológico con énfasis en la evaluación de la existencia o no de una naciente dentro de la propiedad, Plano Catastro N° SJ-776408-1988, Bebedero, San Antonio, Escazú, San José, Costa Rica”, me permito indicarle lo siguiente. Con la finalidad de verificar lo indicado en dicho estudio se realizó inspección el 17 de setiembre del 2019. Estuvo presente su persona, así como el Geol. Eduardo Rojas y la Geol. Raysie Miller responsables del estudio aportado. También estuvo presente personal de la Municipalidad de Escazú y el Ing. Alberth Calvo Chacón y la suscrita, por parte de la Dirección de Agua. En la inspección, se observó (figura 1) que en el sitio en análisis se presentaba un aporte constante de agua de varias tuberías, cuyo origen se desconoce. Dado que el sitio se encontraba inundado, no fue posible efectuar las observaciones requeridas. Por tal razón se acordó que previo a resolver la gestión, se realizaría una inspección, luego de que se liberara el agua acumulada, se expusieran las tuberías hasta los linderos de la propiedad y el punto análisis se encontrara sin el aporte de agua proveniente de cualquier tubería. Siendo que, a la fecha de hoy, no se ha reportado el cumplimiento con el acuerdo o algún avance, se le concede un plazo de 30 días hábiles para realizar las labores mencionadas y coordinar la inspección al correo electrónico [...]. De lo contrario se procederá con el archivado sin más trámite de la gestión.” (Imágenes 413 y 414 del expediente judicial y folio 097 del expediente administrativo denominado “Naciente Calle Noé Marín”).\n\n \n\n32.- Que el trece de diciembre de 2019, Pablo Marín Castro presentó ante la Dirección de Aguas del MINAE solicitud de cambio de criterio sobre el dictamen de cuerpo de agua emitido, para lo cual, presentó un estudio geológico e hidrológico realizado en el sitio objeto de análisis, por el geólogo John Gutiérrez Rojas, documento denominado “Análisis de niveles freáticos Evaluación de cuerpo de agua Propiedad SJ-776408-1988”, elaborado en diciembre de 2019 (no se indica fecha exacta), en el que se exponen las siguientes conclusiones: “-Ni la propiedad, ni en sus cercanías existen cambios litológicos que puedan generar la salida del agua proveniente del acuífero subyacente. -En el sector evaluado, no existe un control estructural que permita el ascenso del agua desde el acuífero. -Topográficamente el terreno presenta pendientes bajas-moderadas menores a los 150, además, dichas pendientes presentan una buena homogeneidad con algunas ondulaciones propias de superficie, lo que genera que en el sector no existan cambios de pendiente fuertes, que puedan generar el corte de superficie al acuífero subyacente. -Hidrogeológicamente el acuífero más somero se encuentra a una profundidad estimada de 10 metros, según tomografía eléctrica. Tomando en cuenta las afirmaciones descritas, se puede concluir categóricamente que el punto evaluado no corresponde con una naciente. La salida de agua en dicho punto es producto de la canalización de aguas realizada años atrás por los vecinos, provenientes de nacientes ubicadas en la zona montañosa que se encuentra en el sector suroeste de la propiedad.” (Imágenes 647 a 661 del expediente judicial).\n\n \n\n33.- Que en oficio DA-UHTPCOSJ-0127-2020, del 13 de enero de 2020, la Dirección de Aguas del MINAE se refiere a la gestión de cambio de criterio formulada por Pablo Marín, indicándole que “…para un mejor resolver se solicita atender prevención de oficio adjunto, plazo rige a partir de la presente notificación”.  El oficio adjuntado fue el número DA-UTHTPCOSJ-2441-2019. (Imagen 603 del expediente judicial).\n\n \n\n34.- Que mediante oficio VM-080-2020 del dos de marzo de 2020, el Subproceso de Planificación Territorial de la Municipalidad de Escazú aprueba la solicitud de visado municipal presentada por Implementos Deportivos CFS S.A. el diecisiete de diciembre de 2019, con relación a los planos catastrados 1-2172500-2019, 1-2172501-2019, 1-2172502-2019, 1-2172503-2019 y 1-2172505-2019, todos sobre la finca matrícula 1-615034-000, dejando la observación de que dicho inmueble: “…se encuentra con afectación de una naciente según se indica en los oficios GA-CA-190-2020, GA-CA-191-2020, GA-CA-192-2020, GA-CA-193-2020 y GA-CA-194-2020 emitido por el Subproceso de Gestión Ambiental.” (Imágenes 577 y 578 del expediente judicial).\n\n \n\n35.- Que mediante oficio VM-090-2020 del nueve de marzo de 2020, el Subproceso de Planificación Territorial de la Municipalidad de Escazú aprueba la solicitud de visado municipal presentada por Implementos Deportivos CFS S.A. en esa misma fecha, con relación a los planos catastrados 1-2173987-2019, 1-2173988-2019, 1-2173989-2019, 1-2173991-2019 y 1-2173992-2019, todos sobre la finca matrícula 1-615031-000, dejando la observación de que dicho inmueble: “…se encuentra con afectación de una naciente permanente según se indica en los oficios GA-CA-223-2020, GA-CA- 224-2020, GA-CA-225-2020, GA-CA-226-2020 y GA-CA-227-2020 emitido por el Subproceso de Gestión Ambiental.” (Imágenes 579 y 580 del expediente judicial).\n\n \n\n36.- Que mediante oficio VM-191-2020 del once de junio de 2020, el Subproceso de Planificación Territorial de la Municipalidad de Escazú aprueba la solicitud de visado municipal presentada por Implementos Deportivos CFS S.A. el seis de junio de ese mismo año, con relación a los planos catastrados 1-2204936-2020, 1-2204937-2020, 1-2204938-2020, 1-2204939-2020 y  1-2204940-2020, todos sobre la finca matrícula 1-615035-000, dejando la observación de que dicho inmueble: “…se encuentra con afectación de una naciente según se indica en el oficio GA-CA-834-2019 emitido por el Subproceso de Gestión Ambiental.” (Imágenes 581 a 584 del expediente judicial).\n\n \n\n37.- Que el siete de julio de 2020, Implementos Deportivos CFS S.A. y Pablo Marín Castro interpusieron recurso de amparo en contra de la Dirección de Agua del MINAE, por cuanto a esa fecha continuaban sin resolver las solicitudes presentadas desde el año 2018. El recurso se tramitó bajo el expediente 20-12195-0007-CO, y mediante resolución número 2020014339 de las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de julio de 2020, la Sala Constitucional dispuso lo siguiente: “V.- SOBRE LA FALTA DE RESOLUCIÓN DE LA GESTIÓN PRESENTADA EL 19 DE DICEMBRE DE 2018. Señalan los recurrentes que el 19 de diciembre de 2018, se solicitó a la autoridad recurrida, un dictamen sobre cuerpos de agua en el terreno de su propiedad; sin embargo, a la fecha de interposición del presente recurso su gestión no ha sido resuelta. Este Tribunal estima que no llevan razón los recurrente (sic) en sus alegatos, toda vez que, de los hechos que constan en autos, así como de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, se tiene por demostrado que (sic) 19 de diciembre de 2018 el amparado solicitó para efectos municipales, se dictaminara un cuerpo de agua ubicado en los planos catastrados: SJ-2072751-2018; SJ-2072750-2018; SJ-2072749-2018; SJ-2072748-2018; SJ-2072747-2018; SJ-2072746-2018; SJ-414020-2010; SJ-1414019-2010; SJ-1414022-2010; SJ-1414021-2010; SJ-1414018-2010; SJ-1414017-2010; gestión a la cual se otorgó el consecutivo 7986-2018. Atendiendo lo anterior, el 30 de enero del 2019 y el 12 de abril del 2019, la autoridad recurrida realizó inspecciones a la propiedad en cuestión. De igual forma, el 8 de mayo de 2019, la parte recurrente aportó una serie de documentos y solicitó revisar el dictamen emitido mediante informe AT-2173-2015 elaborado por el Ing. Jesús Monge, funcionario (sic) la Dirección accionada, el cual se ubica en el mismo sitio. Así las cosas, el 19 de julio de 2019 la autoridad recurrida generó el informe técnico No. UHPTPCOSJ-1497-2019, en el cual se incluyeron los hallazgos de las inspecciones realizadas y el análisis de los alegatos expuestos por la parte interesada. Asimismo, se le previno al amparado descubrir la estructura de concreto descrita como tanque de almacenamiento, así como el descubrimiento y corte de las tuberías que vienen del exterior de la propiedad, para evacuar cualquier situación que genere duda; documento que fue comunicado por correo a la dirección [...] y [...]. En ese sentido, el 19 de agosto de 2019 la parte recurrente presentó la gestión No. 5165- 2019 brindando respuesta al oficio No. UHPTPCOSJ-1497-2019 e incluyendo un estudio geológico e hidrogeológico elaborado por geólogos particulares. Continuando con la tramitación de la gestión, el 17 de setiembre del 2019, se realizó en el sitio en cuestión, una inspección por parte de los funcionarios de la Dirección de Agua, Ing. Alberth Calvo y la Geóloga Mariel Celeste González, acompañados de los Geólogos contratados por los recurrentes, que elaboraron el informe técnico citado y un funcionario de la Municipalidad de Escazú, con el propósito de verificar la lo (sic) indicado en dicho estudio. Finalmente, el 7 de noviembre de 2019 mediante el oficio DA-UHTPCOSJ-2441 la autoridad recurrida contesta la gestión No. 5165-2019, indicando los resultados obtenidos en la inspección realizada en fecha 17 de setiembre de 2019 y se le otorgó a la parte amparada un plazo de 30 días para eliminar la estructura que impide realizar el estudio como corresponde, bajo apercibimiento de archivar sin más trámite la gestión; documento notificado el 16 de enero de 2020. Pese a lo anterior, no se acredita el amparado con posterioridad al 16 de enero de 2020 haya cumplido con la prevención realizada por la autoridad recurrida mediante el oficio DAUHTPCOSJ-2441. Así las cosas, se determina que la autoridad recurrida ha tramitado la solicitud que se acusa como no resuelta, pues se observa la realización de inspecciones in situ y la emisión de los informes respectivos; actuaciones y documentos, que además fueron comunicados a los recurrentes a los medios señalados. No obstante, véase que el 16 de enero de 2020 la autoridad recurrida otorgó 30 días a los recurrentes para eliminar la estructura que imposibilita el efectuar el estudio de su interés, prevención que además se les realizaba por segunda ocasión; lo anterior, bajo apercibimiento de archivar sin más trámite la gestión. En ese sentido y siendo que no se acredita que con posterioridad a esa fecha, los amparados hayan atendido tal advertencia, la falta de resolución de la gestión que se reclama no resulta atribuible a la autoridad recurrida. Por lo expuesto, en cuanto a este extremo el recurso debe desestimarse. V.- SOBRE LA FALTA DE RESPUESTA A LA GESTIÓN DEL 20 DE SETIEMBRE DE 2019. Como segundo punto, reclaman los recurrentes que el 20 de setiembre de 2019 se requirió a la Dirección de Aguas del Ministerio accionado, copia completa del expediente correspondiente a la solicitud de agua No. 7986-18, así como la copia del acta de inspección realizada en fecha 17 de setiembre de ese año; gestión de la cual no han tenido respuesta. Al respecto, se tiene que la autoridad accionada -en informe rendido bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- admite el hecho acusado; sin embargo, refieren que este tipo (sic) solicitudes se denominan a nivel de tramitología propia de la Dirección de Agua, como “Gestiones”, razón por la cual no generan la elaboración ni confección de expediente administrativo alguno. De igual manera, señalan que no se atendió el requerimiento formulado el 20 de setiembre de 2019, por cuanto todas las gestiones relacionadas la solicitud de agua No. 7986-18, han sido notificadas a los accionantes, de ahí que ellos tengan copia de toda la documentación. Ahora bien, considera esta Cámara que no resultan atendibles los argumentos de la autoridad recurrida, porque aún y cuando, por cuestiones propias de ésta, las solicitudes que se presentan por las personas usuarias son denominadas como gestiones y no generan expedientes administrativos; ello no impedía que tal forma de tramitación le hubiese sido explicada a los amparados, así como lo ha hecho en el informe rendido ante este Tribunal para justificar la no contestación de la solicitud. Por lo expuesto, resulta procedente estimar el mismo en los términos que se señalan en la parte dispositiva. VI.- SOBRE LA OTRA PRETENSIÓN. Por último, los accionantes pretenden que esta Sala tenga por demostrado la inexistencia de naciente o mantos acuíferos en su propiedad; lo anterior, con los estudios científicos aportados a la recurrida. Sobre el particular se impone advertir que tal pretensión escapa de la competencia de este Tribunal, por tratarse de aspectos de mera legalidad, los cuales deben plantearse ante la misma autoridad accionada o bien ante la vía judicial competente. Por lo expuesto, en cuanto a este extremo el recurso debe desestimarse. (…) POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la falta de respuesta de la solicitud de fecha 20 de setiembre de 2019. Se le ordena a José Miguel Zeledón Calderón, Director de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, o quien en su lugar ejerza ese cargo, girar las órdenes necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que se brinde respuesta a lo peticionado por los amparados en fecha 20 de setiembre de 2019 y se les entreguen los documentos requeridos si otra causa objetiva no lo impide, todo dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir de la notificación de esta sentencia.” (Imágenes 595 a 602 y 423 a 437 del expediente judicial).\n\n \n\n38.- Que mediante oficio VM-231-2020 del veintiuno de julio de 2020, el Subproceso de Planificación Territorial de la Municipalidad de Escazú aprueba la solicitud de visado municipal presentada por Implementos Deportivos CFS S.A. el diez de julio de ese mismo año, con relación a los planos catastrados 1-2206196-2020, 1-2206198-2020, 1-2206199-2020, 1-2206200-2020 y 1-2106201-202, todos sobre la finca matrícula 1-615032-000, dejando la observación de que dicho inmueble: “…se encuentra con afectación de una naciente según se indica en el oficio GA-CA-834-2019 emitido por el Subproceso de Gestión Ambiental.” (Imágenes 415 a 418 del expediente judicial).\n\n \n\n39.- Que mediante oficio VM-232-2020 del veintiuno de julio de 2020, el Subproceso de Planificación Territorial de la Municipalidad de Escazú aprueba la solicitud de visado municipal presentada por Implementos Deportivos CFS S.A. el diez de julio de ese mismo año, con relación a los planos catastrados 1-2212467-2020, 1-2212465-2020, 1-2212463-2020, 1-2212461-2020, 1-2212460-2020 y 1-2212459-2020, todos sobre la finca matrícula 1-615030-000, dejando la siguiente observación: “Plano SJ-2212467-2020 se encuentra con afectación de una naciente según se indica en el oficio GA-CA-464-2020 emitido por el Subproceso de Gestión Ambiental.” (Imágenes 419 a 422 del expediente judicial).\n\n \n\n40.- Que mediante orden de clausura número 351 del siete de agosto de 2020 expedida por la Municipalidad de Escazú y oficio DA-UHTPCOSJ-1767-2020 de la Dirección de Agua, del 10 de agosto de 2020, se ordena suspender movimientos de tierra y se comunica que: “Con relación al dictamen sobre cuerpos de agua pendiente de emitir en su propiedad en Escazú, gestiones 7986-2018, 2798-2019, 5165-2019, 6036-2019 y 470-2020, habiéndose recibido alerta de parte de la Municipalidad de Escazú en la que se informa de trabajos dentro de la propiedad, SE PREVIENE de hacer cese de obras hasta tanto este departamento haga inspección y emita dictamen.” (Imágenes 438 y 439 del expediente judicial)\n\n \n\n41.- Que el cuatro de setiembre de 2020, la señora Au Shum Tsang, apoderada de Implementos Deportivos CFS S.A. envió nota al Alcalde Municipal de Escazú, acusando que la actuación del Departamento de Gestión Ambiental de señalar que los inmuebles de su propiedad estaban afectados por la existencia de una naciente de agua, era una afirmación falsa, sin sustento y que les estaba causando daños y perjuicios, por lo que solicitó que se le indicara los números de las fincas situadas en un área de 100 metros de la supuesta naciente. (Imágenes 440 a 443 del expediente judicial).\n\n \n\n42.- Que el once de setiembre de 2020, la señora Au Shum Tsang, en su carácter de apoderada de la sociedad propietaria de las fincas del proyecto de desarrollo inmobiliario, solicitó ante la Dirección de Agua del MINAE una nueva inspección del sitio. La inspección se programó para el diecisiete de setiembre de 2020. (Imágenes 444 a 446 del expediente judicial).\n\n \n\n43.- Que mediante oficio GA-596-2020 del veintitrés de setiembre de 2020, el Alcalde Municipal de Escazú responde la solicitud planteada por la representante de Implementos Deportivos CFS S.A, indicándole los números de folio real de las fincas afectadas por el área de protección, junto con el nombre de sus propietarios, los números de planos catastrales y su georreferenciación. (Imágenes 453 a 458 del expediente judicial).\n\n \n\n44.- Que mediante oficio DA-UHTPCOSJ-2115-2020 del 25 de septiembre de 2020, la Dirección de Agua del MINAE dictamina lo siguiente: “REVISADO EL REGISTRO NACIONAL DE CONCESIONES DE APROVECHAMIENTO DE AGUA, EL REGISTRO DE DICTÁMENES DE CAUCES Y AGUAS, LA CARTOGRAFÍA, IMÁGENES AÉREAS, SNIT Y DEMÁS HERRAMIENTAS EXISTENTES, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN REALIZADAS EN FECHA 17/09/2020, SE DETERMINA QUE EL SITIO NO CORRESPONDE A UN CUERPO DE AGUA. EN LA INSPECCIÓN, SE OBSERVÓ QUE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS PERMITIÓ VERIFICAR CON CERTEZA QUE DEBAJO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO SE ENCONTRÓ UN APORTE DE AGUA SUBTERRÁNEA (FIGURA 1). EN LAS ZANJAS DESCUBIERTAS POR EL PROPIETARIO, AGUAS ARRIBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SE OBSERVÓ UN AFLORAMIENTO PROVOCADO, APROXIMADAMENTE A 4 M DESDE EL NIVEL DE LA SUPERFICIE (FIGURA 2), ESTO EVIDENCIA LA PROFUNDIDAD DEL NIVEL DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL SITIO. POR LO QUE EL SITIO EN ANÁLISIS NO CORRESPONDE CON UNA NACIENTE. ADEMÁS LAS ZANJAS DESCUBRIERON LA EXISTENCIA DE AL MENOS 2 ESTRUCTURAS DE REPRESAMIENTO A NIVEL DE SUBSUELO (FIGURA 3), QUE PERMITÍAN LA CAPTACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA Y QUE SE CONDUCÍAN MEDIANTE TUBERÍA PVC AL SITIO CON EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.” (Uso de mayúsculas coincide con el documento transcrito. Imágenes 459 a 463 del expediente judicial y folios 141 a 144 del expediente administrativo denominado “Naciente Calle Noé Marín”).\n\n \n\n45.- Que mediante oficios GA-CA-705-2020, GA-CA-710-2020, GA-CA-715-2020 y GA-CA-720-2020, del 12 de octubre de 2020 el primero y del 13 de octubre de 2020 los restantes, emitidos por María Isabel Sánchez Sánchez del sub proceso de Gestión Ambiental de la municipalidad demandada, se resuelven definitivamente las solicitudes de estudios de afectación de las propiedades descritas en los planos SJ-2172500-2019, SJ-2173989-2019, SJ-2206196-2020 y SJ-2204937-2020, respectivamente, disponiendo en todos ellos lo siguiente: “AVISO DE IMPORTANCIA PARA EL PROFESIONAL RESPONSABLE Y EL PROPIETARIO. 1. SE PREVIENE AL INTERESADO QUE EL CRITERIO EMITIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE BASA EN LA INFORMACIÓN OFICIAL EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE AGUA DEL MINAE A TRAVES (sic) DEL VISOR SINIGIRH AL DÍA DE HOY, ASÍ COMO A LOS DICTAMENES (sic) EMITIDOS POR ESTA DIRECCIÓN, PUEDE VARIAR SEGÚN LO DETERMINE LA DA. (sic) 2. Esta consulta ambiental forma parte de los requerimientos establecidos en el Manual de Requisitos y Presentación de Solicitudes para Permisos de Construcción Gaceta N°58 del 24/03/2009, en el punto 2.10.7 y con fundamento en los artículos 5.4. y 5.5. del Reglamento del Plan Regulador Gaceta N° 90 del 11/05/2006. Las consultas, seguimiento de subsanaciones o bien aclaraciones que deriven de las revisiones del presente trámite, deberán realizarse ÚNICAMENTE con el Sub-Proceso Gestión Ambiental. RESOLUCIÓN. En atención a su solicitud, ingresada al Sub- Proceso de Gestión Ambiental para la realización del estudio por afectación de nacientes, ríos, quebradas, pozos o sus correspondientes áreas de protección, le comunico que, una vez revisada la información oficializada a la fecha, y la información aportada por el solicitante oficio DA-UHTPCOSJ-2115-2020, se verificó que, según el registro de la Dirección de Aguas del MINAE no se registran cuerpos de agua natural en la propiedad o cercanos que afecten por áreas de protección.” (Uso de mayúsculas coincide con los documentos transcritos. Imágenes 503 a 518 del expediente judicial).\n\n \n\nCUARTO. HECHOS NO PROBADOS: No se ha aportado al proceso prueba que permita verificar el siguiente hecho relevante alegado:\n\n1.- Que la funcionaria María Isabel Sánchez Sánchez haya introducido información falsa no constante en el sistema SINIGIRH en los oficios de “Estudio de Afectación” solicitados por el actor.\n\n \n\nQUINTO. SÍNTESIS DE LA DEMANDA. Luego de una detallada exposición del contenido de los antecedentes fácticos relacionados con los distintos documentos en los que se ha hecho referencia al supuesto cuerpo de agua conocido como Fuente Juan Pablo, a los contratos que suscribió como desarrollador inmobiliario y a los trámites seguidos ante la Municipalidad de Escazú y la Dirección de Agua del MINAE, el actor elabora en la fundamentación jurídica del libelo de demanda lo que denomina como “elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual de la Municipalidad de Escazú”. El primero de tales elementos que desarrolla es el de nexo de causalidad. Relata que en algún momento de la década de los noventa e inicio de los años dos mil, en la finca madre indicada con plano SJ-776408-1988 existía una supuesta fuente de Agua llamada “Fuente Juan Pablo” pero lo cierto es que como se aprecia de las actas del libro del Comité de Desarrollo Comunal de cuesta grande, acueducto de Cuesta Grande, en realidad corresponde a un tanque de almacenamiento. Expone que es un desarrollador inmobiliario que en el año 2018 celebró un contrato con la empresa Implementos Deportivos CFS S.A. con el fin de realizar un desarrollo de ese tipo en la finca de la provincia de San José, folio real 104996, con número de plano SJ-776408-1988, y sus segregaciones y sub-segregaciones, para lo cual debía tramitar y hacer las diligencias pertinentes ante las respectivas instituciones de gobierno. Dentro de estas, presentó ante la Municipalidad de Escazú, solicitudes de estudio de afectación y de visados municipales a los cuales en un inicio no hubo problema alguno e inclusive se aprecia que en los oficios CA-893-2018, CA-894-2018, CA-895-2018, CA-896-2018 y CA-897-2018 emitidos por la funcionaria María Isabel Sánchez Sánchez, se indica que no se registran cuerpos de agua natural en la propiedad o cercanos que afecten por áreas de protección, y aporta capturas de pantalla del sistema SINIGIRH, con fecha del 9 de noviembre de 2018, donde se aprecia que la propiedad está limpia y no existen cuerpos de agua en ella, ni mucho menos una zona de protección, siendo que dicha funcionaria ya había tenido conocimiento de los criterios de la dirección de aguas AT-2013-2014, AT-2173-2015 y DA-UHTPCOSJ-1120-2016. Indica que producto de esto se pudo segregar y vender las fincas con los números de planos SJ-2072751-2018, SJ-2072750- 2018, SJ-2072749-2018 y SJ-2072746-2018, pero que, a partir de la fecha 13 de diciembre de 2018, mediante oficio GA-499-2018, emitido por la misma funcionaria Sánchez, y Jerson Calderón Valverde, deciden suspender el trámite de visado de planos para las fincas 615030-000, 615032-000, 615033-000, 615034-000, 615036-000 y 104996-000, basándose en la posibilidad de existencia de una naciente denominada “Juan Pablo” de acuerdo a los registros municipales, con fundamento en el principio precautorio “in dubio pro natura”, a pesar de que existían múltiples criterios de su conocimiento, emitidos por la Dirección de Aguas, lo que provocó que esta última tuviera que volver a re inspeccionar la supuesta naciente, lo cual, se sabe que en este país es un trámite que dura años. Acusa que además de esto, y a partir de este hecho en concreto, la funcionaria Sánchez Sánchez introdujo información falsa en múltiples oficios sobre estudios de afectación con relación a planos de la propiedad, haciendo ver como que del sistema SINIGIRH mostrara que existía una naciente en la finca madre y que por ende poseía un radio de protección de 100 metros. Destaca que llama la atención ver cómo la zona de protección abarca la del comercio y viviendas aledañas a la finca donde marca la zona de protección ilegítimamente introducidos. Sostiene enfáticamente que esta información fue insertada por la funcionaria y no constaba en los registros del SINIGIRH, por ende, tampoco del MINAE, lo que considera que queda evidenciado al contrastar los oficios GA-CA-654-2019, GA-CA- 658-2019 y GA-CA-657-2019, con los CA-893-2018, CA-894-2018, CA-895-2018, CA-896-2018 y CA-897-2018, en los cuales se aprecia que no contaban con dichas indicaciones en el sistema y fueron insertados. Resalta también que en fechas anteriores se emitieron los oficios CA-078-2016, CA-0081-2016, CA-077-2016, CA-0082-2016, CA-0080-2016, CA-0079-2016, todos con fecha 05-02-16, por el Macroproceso Ingeniería y Obras, Proceso Contraloría Ambiental, de la Municipalidad de Escazú, que dieron respuesta a Estudios de Afectación con relación a las fincas de la provincia de San José 615031-000, 615032-000, 615033-000, 615034-000, 615035-000 y 615036-000, en cuyos oficios todas las respuestas dicen que se encuentra vigente el criterio del dictamen AT-2173- 2015, en el cual se indicaba que en la propiedad no existía naciente. Resume su exposición indicando que el hecho generador de lo que denomina como responsabilidad civil extracontractual subjetiva de la administración, reside en dos actuaciones: primero, la paralización de manera ilegítima y sin fundamento y con criterios científicos previos que contradecían lo indicado en el oficio GA-499-2018, y segundo, la introducción falsa de información en un documento público como lo son los oficios GA-CA-654-2019, GA-CA-658-2019, GA-CA-657-2019, en los cuales se inserta un punto de referencia de una naciente y la circunferencia del radio de protección, información introducida por la funcionaria María Isabel Sánchez Sánchez. Como segundo elemento de dicha responsabilidad se refiere al daño causado. Expone que a raíz de los documentos referidos, se generó una paralización de las obras y el plazo de vencimiento del contrato suscrito para el desarrollo de las fincas continuó corriendo e incluso se cumplió, por lo que se generaron perjuicios consistentes en las sumas de dinero dejadas de percibir con relación a las ventas de los inmuebles. Explicó las condiciones de venta pactadas en el contrato de desarrollo inmobiliario, destacando el valor convenido por metro cuadrado y su margen de ganancia, concluyendo que por el primer contrato obtendría ganancias totales por un millón setecientos treinta y siete mil cuarenta y seis dólares con diez centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América; mientras que en el segundo contrato renegociado dicha estimación se redujo a quinientos cuarenta y nueve mil setecientos veinte dólares, por lo que habría experimentado una pérdida de ochocientos veintinueve mil ochocientos cincuenta dólares, suma que identificó como el perjuicio sufrido. También desglosó los gastos incurridos que calificó como innecesarios por un total de seis millones ciento treinta y nueve mil quinientos dieciocho colones con treinta y siete céntimos. Detalló el concepto doctrinal de daño y argumentó que en este caso no concurre ninguna causa de exclusión de la causalidad, en virtud de que entre la conducta productora de daños desplegada por la demandada y el resultado de la lesión grave al patrimonio del ofendido, así como la afectación anímica, física, moral, sicológica, de proyecto de vida del actor, era evitable si no se hubieran cuestionado los criterios de la Dirección de Agua, y también si no se hubiera insertado información falsa que resultara en una paralización de las labores del actor de manera injustificada, y se hubiera actuado acorde a derecho según los criterios técnicos de la Dirección de Agua que ya existían con relación a la supuesta naciente, máxime que corresponde a ese último órgano la determinación de los cuerpos de aguas y además se contaba con las actas del acueducto de Cuesta Grande donde en diferentes actas se menciona que lo que hay es un tanque de almacenamiento, y que ya existían criterios al respecto, los cuales fueron cuestionados en forma contraria a ley por parte de la funcionaria de la Municipalidad, María Isabel Sánchez Sánchez. Aduce que lo procedente a la luz de dichos informes era simplemente descartar la supuesta denuncia y continuar con los trámites del actor; por lo que niega que estemos en presencia de un caso de fuerza mayor; ni ante un “hecho” de la víctima; puesto que no hay responsabilidad alguna que se le puede imputar al actor, y finalmente, tampoco se trata de un caso fortuito, pues el resultado lesivo a los bienes jurídicos vulnerados era previsible. Colige y enfatiza que si se hubieran respetado y dado el valor que poseen los criterios profesionales de la Dirección de Aguas y no haber realizado paralizaciones, insertado información falsa y contradicho lo dictaminado por el órgano competente, no se hubieran generado los daños y perjuicios que aquí se peticionan. El tercer elemento que desarrolla es el de la antijuricidad. Al respecto, expone que la conducta ilegítima de la parte demandada consiste en la inserción de información falsa sin criterio profesional alguno en un documento público, señalando la existencia de una supuesta naciente de agua e incluso realizar una supuesta ubicación y un radio de protección como si esto fuera publicitado por el SINIGIRH; y en la contradicción de criterios profesionales de la institución legitimada para emitir criterios sobre si un cuerpo de agua es o no una naciente, que es la Dirección de Agua, dado que, a pesar que había una multiplicidad de criterios que indicaban que no existe cauce en la ubicación de la finca en cuestión, se cuestionan solicitando ampliaciones, y se paralizan los visados de los planos. Denuncia que lo anterior se dio en suplantación de potestades, dado que la funcionaria de la Municipalidad se atribuyó competencias que no eran de su cargo ni función, ocasionando paralización y entorpecimiento de las obras, generando que al actor se le venciera el contrato establecido con la propietaria de los inmuebles y tener que renegociar, lo cual culminó en un nuevo contrato con un margen menor de ganancias, comportamiento que incluso calificó como constitutivo de delito. El cuarto y último elemento que desarrolló respecto de la responsabilidad que reclama, es la culpabilidad. Sobre el tema, expuso que esta constituye la valoración jurídica que se efectúa respecto de la disposición personal de la parte demandada en relación con el hecho ilícito concreto que realizó, o sea, no acatar los criterios técnicos de la Dirección de Agua existentes AT-2013-2014, AT-2175-2015 y DA-UHTPCOSJ-1120-2016 y DA-UHTPCOSJ- 0779-2018, emitidos en diferentes fechas a lo largo de los años, siendo estos coincidentes de que en la propiedad no existía una naciente o no ser cauce, introduciendo información falsa haciendo referencia de que la misma constaba en los sistemas del MINAE, como lo fue la inserción de indicadores de naciente y radio de zona de protección haciendo aparentar que así se mostraba en el sistema SINIGIRH, no solo realizando una inserción falsa de información en documentos públicos, en perjuicio del accionante, sino atribuyéndose potestades que no le corresponden, que provocó la paralización del desarrollo del proyecto, comportamiento éste, que sirve de criterio de imputación del dañar culpable. Considera que tal conducta le es imputable a la institución demandada, pues debe de escoger a sus funcionarios con la diligencia de un buen padre de familia (culpa in eligiendo) ya que, en el caso concreto, con plena capacidad volitiva y cognoscitiva, el funcionario responsable omitió hacer una acción a la que por ley estaba obligado a cumplir. También calificó ese accionar como doloso, afirmando que la funcionaria no quiso de manera antojadiza, deliberada y sin fundamento acatar las disposiciones de la Dirección de Agua, además que deliberadamente introdujo información falsa en los documentos de índole pública. Luego expone un recuento del tratamiento doctrinal de la teoría del abuso del derecho, haciéndola encajar en la actuación concreta que se ha venido reiterando. A partir de lo anterior, colige que estamos en presencia desde el punto de vista del Derecho Civil, de lo que se conoce en doctrina como un caso típico de responsabilidad civil extracontractual, pues entre el actor y la institución demandada, a la fecha en que ocurrieron los hechos narrados, no existía relación jurídica civil y/o comercial contractual alguna entre ambas partes, y que esta surge precisamente a partir de la actualización de la conducta negligente y lesiva de la parte demandada. Continúa exponiendo que la extracontractualidad aludida es de tipo subjetiva, pues la misma es subsumible en el principio general contenido en el artículo 1045 del Código Civil, según el cual todo aquel que, por dolo, falta, negligencia o imprudencia, cause un daño a otro, está obligado a repararlo junto con los perjuicios, donde el elemento culpa, entendido en sentido amplio, es la base del sistema. Añade que, aunado a esto y como norma que faculta dicha responsabilidad esta vez por parte del Estado, el artículo 191 de la Ley de Administración Pública establece la obligación de la Administración de reparar los daños causados a los derechos subjetivos ajenos, causados por los servidores en el desempeño de los deberes de su cargo o en ocasión del mismo, e incluso incluye que esto sucede cuando se utilizan las oportunidades o medios que ofrece, y que el artículo 192 del mismo cuerpo normativo establece que también será responsable en las condiciones del 191 cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus potestades para ello. En otro apartado, citó las funciones propias de la Dirección de Agua del MINAE, concluyendo que le corresponde todo lo referente a la determinación de cuerpos de agua, y en general la administración del recurso hídrico a nivel nacional, así como resolver sobre el dominio, control, aprovechamiento y utilización de los cuerpos de agua y cauces. Destacó que estas facultades son únicas y exclusivas de la Dirección de Agua y ningún otro ente o institución puede atribuírselas, como lo hizo la funcionaria municipal Sánchez Sánchez. También detalló las funciones y competencias atribuidas a los entes municipales en general, así como al Proceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Escazú. De esa exposición colige que, si bien los objetivos de ese departamento van orientados a la prevención de daño ambiental, no posee facultades o no puede avocarse facultades que no le corresponden, como la determinación de cuerpos de agua, y que por este motivo es que en todos sus informes y bajo cualquier sospecha deben informar y solicitar criterio profesional y pertinente a la Dirección de Agua del MINAE, precisamente por no poseer ni los profesionales, ni la competencia, ni la indumentaria para realizar la labor de determinar cuerpos de agua. Enfatiza que dentro de las facultades de ese departamento están el monitoreo, fomento de buenas prácticas ambientales, conservación de parques, áreas públicas y áreas de protección, pero nunca se adscribe facultades para determinar la existencia, ubicación y condiciones de nacientes, ríos, pozos entre otros, precisamente porque estas facultades le corresponden a la Dirección de\nAgua del MINAE. En otro apartado aduce que el principio precautorio en su arista “in dubio pro natura” no aplica en este caso. Para ello, transcribe el numeral 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del siete de mayo de 1992, el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, extractos de jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional y por el Tribunal Contencioso Administrativo, así como de alguna doctrina, y extrae de todo ello que la aplicación de tal principio implica la existencia de los siguientes elementos fundamentales: una amenaza o riesgo; que los daños sean serios e irreversibles; incertidumbre científica sobre la naturaleza y la severidad de los resultados de dicha amenaza; una obligación para los tomadores de decisiones políticas; el compromiso de otorgar a la salud de las poblaciones y al medio ambiente el \"beneficio de la duda\" cuando nos encontramos ante potenciales daños, inciertos pero posibles: la participación pública informada en la determinación de las opciones a elegir; una formulación amplia de las alternativas posibles y la necesidad de transparencia al utilizar la información científica y tecnológica en el análisis de las alternativas disponibles. Alega que en el caso concreto no se cumplía con ninguno de estos, no existía ninguna amenaza de riesgo, ni la posibilidad de generar daños serios e irreversibles y ni tampoco incertidumbre científica. Al contrario, expone, lo que sí existían antes de la aplicación del principio precautorio eran múltiples dictámenes de la Dirección de Agua indicando que el punto en cuestión no era una naciente, que no era cauce, y que el almacenador se encontraba en desuso desde el año 2003 por mala potabilidad del agua, contaminación, reducida capacidad o caudal de producción y porque se secaba en época de verano. Abona que la supuesta necesidad de aplicar este principio nunca existió en el caso concreto, ya que existían criterios técnicos previos y la supuesta naciente fue insertada por la funcionaria de la institución como si así constaran en la Dirección de Agua, y en el SINIGIRH, hechos que indujeron a error, generaron incertidumbre y provocaron la paralización del proyecto por varios años hasta que se emitieron nuevos criterios, que arribaron a las mismas conclusiones de los ya existentes, sea que en el sitio en cuestión no hay una naciente, y que solamente era tanque de almacenamiento como se había emitido criterio por 20 años. A esto debía sumarse las actas del Comité de Desarrollo Comunal de Cuesta Grande, Acueducto Cuesta Grande, donde se expresa que lo que se conoce como Fuente Juan Pablo, corresponde a un tanque de almacenamiento. En otro apartado sostuvo la ilegalidad de la comisión creada para analizar su caso. Al respecto, cita los numerales 12, 13 y 34 del Código Municipal, y a partir de las funciones y competencias allí atribuidas al Concejo y al Alcalde Municipal, sostiene que la creación de la indicada comisión nunca siguió el procedimiento legal para su conformación, por lo que es ilegal. Más adelante, y a pesar del hilo conductor hasta ese momento seguido, pasa a exponer que estamos ante un caso de responsabilidad objetiva administrativa. Refiere la doctrina básica de ese instituto jurídico y señala que en este caso, el daño antijurídico fue el funcionamiento ilegítimo e ilegal de la Administración Pública, que violentó sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica, propiedad privada, legalidad, equidad y justicia, libre comercio, entre otros, a la tutela administrativa efectiva, y dicho actuar ilegítimo de la Administración le provocó graves daños y perjuicios, dado que afectó el negocio de desarrollo que estaba realizando, perdiendo una gran oportunidad. A partir de ello, sostiene que, de acuerdo a lo que establece el artículo 190 de la LGAP, la Administración es responsable por su funcionamiento legítimo o ilegitimo, normal o anormal, esto a tono de lo contenido en los numerales 9 y 49 de la Constitución Política, por lo que es evidente cómo la Municipalidad de Escazú, con su actuar negligente, le causó un gran daño, al imposibilitarle el cumplimiento del contrato de desarrollo inmobiliario que había suscrito, esto al atrasar todo el proceso de permisos municipales de forma arbitraria y abusiva. Sostiene que la conducta de parte de la Municipalidad fue de carácter anormal, ya que las acciones realizadas se apartan de la buena administración, concepto utilizado dentro de la misma LGAP en su artículo 102 inciso d), que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia, cuestión que claramente fue ajena al comportamiento de la Municipalidad de Escazú, manifestándose a través de un mal funcionamiento además de tardío. Añade que el nexo causal lo encontramos en que producto de la conducta anormal de la Municipalidad de Escazú, donde se procedió de forma ineficiente, arbitraria y negligente, se paralizó el desarrollo urbanístico perdiendo él así la posibilidad de cumplir con el contrato de ventas, no existiendo tampoco ninguna causal eximente. El libelo de demanda también dedica un apartado a exponer lo que el actor considera configura responsabilidad penal de la funcionaria, pues estima que sus conductas encuadran en el delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 367 del Código Penal. Por último, procedió a desglosar y pormenorizar los distintos daños y perjuicios que considera que se le infligieron, y que pide indemnizar. Como daño material alega los gastos calificados como innecesarios en que debió incurrir producto de la actuación municipal. Ellos incluyen cuatro días de draga, veinticinco vagonetas de piedra, cuatro días de back hoe, estudios de niveles freáticos, estudio geofísico del subsuelo, y la respectiva mano de obra, para un total de seis millones ciento treinta y nueve mil quinientos dieciocho colones con treinta y siete céntimos. Por concepto de perjuicios reclamó la diferencia de margen de ganancia entre los dos contratos suscritos, dada la disminución del terreno para la venta, así como el margen de ganancia disminuido por un monto total de un millón veintiocho mil quinientos tres dólares de los Estados Unidos de América. Por concepto de daño moral, reclamó reparación para la angustia y desesperación, los ataques de ansiedad y pánico al ver irse de sus manos una oportunidad tan valiosa de solucionar un tema financiero, el cual cada vez más hoy en día es difícil de encontrar oportunidades de superación y salir adelante, tener estabilidad económica y más soltura en este mismo sentido, situación a la fecha persistente y reprochable, para lo cual consideró que la suma adecuada y razonable sería diez millones de colones. Con base en tal argumentación, que ha sido expresada aquí de manera resumida, formuló como pretensión que se condene a la Municipalidad de Escazú al pago de los daños y perjuicios causados al por un actuar ilícito de la administración, que las sumas de dinero obtenidas sean indexadas al valor presente según el tipo cambio de las monedas involucradas; que se condene al pago de los respectivos intereses desde la firmeza de la sentencia hasta el efectivo pago, así como  al pago de las costas personales y procesales.\n\n \n\nSEXTO. SÍNTESIS DE LA OPOSICIÓN. Luego de detallar cronológicamente los hechos que componen el argumento jurídico de la demanda, la Municipalidad de Escazú expresó que se evidencia que muchas de las actuaciones que el actor reseña han sido emitidas por la Dirección de Agua, en apego a la normativa vigente, ya que el objetivo principal de esa dirección es administrar el recurso hídrico a nivel nacional, y resolver sobre el dominio, control, aprovechamiento y utilización de los cuerpos de agua y cauces; mientras que la Municipalidad, como gobierno local, tiene la responsabilidad de salvaguardar los intereses de sus habitantes y del medio ambiente del cantón, y actuar conforme a lo establecido en el Plan Regulador, según el cual en el desarrollo sostenible en el territorio de su jurisdicción debe prevalecer la prevención y mitigación de los posibles daños ambientales, y promover la responsabilidad ambiental de los ciudadanos del cantón. Con base en ello, considera que no lleva razón el actor en querer señalar e imputar responsabilidad civil a la Municipalidad de Escazú, porque le corresponde a la Dirección de Agua la determinación de los cuerpos de agua y en general la administración del recurso hídrico a nivel nacional, resolver sobre el dominio, control, aprovechamiento y utilización de los cuerpos de agua y cauces, facultades que son únicas y exclusivas de dicha dirección, sin que ningún otro ente o institución puede adjudicárselas. Respecto de la argumentación de la existencia de responsabilidad civil subjetiva, citó los artículos 190 y 211 LGAP, y con base en lo allí dispuesto, negó tal posibilidad. Considera además que el actor intenta confundir al Tribunal afirmando la existencia de una conducta ilícita de la funcionaria María Sánchez Sánchez, siendo que, en su criterio, ella más bien cumplió con las funciones que le eran propias, procedió como corresponde y solicitó un estudio de afectación al momento en que el actor solicita los visados municipales para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto inmobiliario. Considera que esta actitud del actor resulta maliciosa, dado que es un reconocido desarrollador de proyectos inmobiliarios y conoce a la perfección los trámites que debe gestionar ante las municipalidades, así como también lo que éstas deben hacer ante una eventual afectación de nacientes en cumplimiento de la ley. Adujo que es cierto que existieron criterios emitidos por la Dirección de Aguas AT-2013-2014, AT-2173-2015 y DA-UHTPCOSJ-1120-2016, en los que se indica que la supuesta naciente \"Juan Pablo\" ubicada en coordenadas: Latitud 209422, Longitud: 519525 no es cauce, sin embargo, pide observar que las fechas datan desde los años 2013, 2014 y 2015, y es conocido por el actor que se deben hacer estudios sobre afectaciones en el momento en el que se hace la respectiva solicitud de visados municipales, por lo que es evidente que el proceder de la funcionaria María Sánchez Sánchez es en apego a la norma vigente y a las obligaciones que debe tener la municipalidad como responsable de salvaguardar los intereses de sus habitantes y del medio ambiente del cantón, con lo establecido en el Plan Regulador. También califica como temeraria la afirmación de que la señora Sánchez introdujo información falsa que no constaba en los registros del SINIGIRH ni del MINAE. Explica que las diferencias que se señalan en las imágenes aportadas en las resoluciones GA-CA-697-2018 y 858-2019, GA-CA-696-2018 y 857-2019, GA-CA-695-2018 y 854-2018 y GA-CA-694-2018, 694-2018 y 859-2019, son una captura de pantalla, que fue tomada del visor público SINIGIRH en las fechas indicadas y corresponde a los puntos de ubicación de los dictámenes que están siendo consultados mediante la gestión 7893-19, con el objetivo de brindar la ubicación en los dictámenes preexistentes, que si bien indicaban que no existía el cuerpo de agua, estaban siendo sometidos a revisión mediante la gestión solicitada por el actor, que de igual manera se incluyó el radio de protección de 100 metros como una precaución (in dubio pro natura) y evitar la posible contaminación del cuerpo de agua, en caso de que se determinara que efectivamente existía la naciente. Considera irresponsable por parte del actor llevar a cabo contratos de desarrollo, como él lo llama, sabiendo con su amplia experiencia en proyectos inmobiliarios los trámites que se deben cumplir, y que no es solo la municipalidad la que debe tramitar documentación, sino también que depende de estudios y dictámenes que debe emitir la Dirección de Agua, por lo que el señor Marín Castro, con su amplia experiencia, no debió haber firmado ningún contrato sabiendo que no había nada aprobado por parte de la municipalidad, así como el historial de la finca de la provincia de San José, folio real 104996, con número de plano SJ-776408-1988. Acusa que el actor pretende trasladar la responsabilidad a la Municipalidad de Escazú, la cual ha actuado bajo el marco de ley y debe esperar que la Dirección de Agua se pronuncie, dado que es la única que tiene la función de ejercer la rectoría en materia de recurso hídrico, por lo que no es una responsabilidad de la municipalidad. Con relación a los contratos que señala el señor Marín Castro haber suscrito, reitera que el actor pretende acreditar una responsabilidad que no es cierta, ya que es irresponsable por parte del actor haberlos firmado sin tener la certeza de una aprobación por parte de la municipalidad y de una aprobación que no solo debe ser otorgada por el ente local, sino que, en este caso, se trata de un proyecto inmobiliario que requiere de uso de suelo, visados municipales que requieren un criterio técnico y científico de que no existía ninguna afectación de naciente, y eso le corresponde a la Dirección de Agua. Con relación a los daños materiales liquidados, que el actor califica como gastos innecesarios, apunta que obedecen a una gestión propia del actor a una solicitud por parte de la Dirección de Agua, y que no aporta ninguna prueba, ni se observa algún oficio o resolución en donde la Municipalidad de Escazú le solicitara que hiciera algún tipo de drenaje, o excavación para demostrar que no había ningún tipo de afectación en la finca, sino que, todo lo contrario, el día 7 de agosto del 2020, procedió la municipalidad a clausurar los movimientos de tierra sin contar con permisos municipales para hacer movimientos de tierra, a pesar que estaba cumpliendo con una solicitud hecha por la Dirección de Aguas, por lo dicha clausura obedece a un incumplimiento de un permiso para tales movimientos de tierra. Refuta la atribución de responsabilidad que se le hace, afirmando que se evidencia que el actor tenía pleno conocimiento de que le competía a la Dirección de Agua la determinación de los cuerpos de aguas. Con relación al elemento culpabilidad, que el actor sostiene que consiste en la conducta de no acatar los criterios de la Dirección de Agua emitidos entre 2014 y 2016, refuta manifestando que aquellos no pueden ni deben ser valorados como invariables ya que como bien lo sabe el actor, estos tipos de criterios técnicos deben ser realizados al momento de solicitar los usos de suelo y los visados municipales, con el fin de llevar a cabo el respectivo procedimiento, según lo señala la Ley Forestal, La Ley de Aguas y el Plan Regulador del Cantón de Escazú. En cuanto a las facultades de la unidad encargada de la municipalidad, señala que los gobiernos locales cuentan con una autonomía que es otorgada por la Constitución Política en su artículo 170, y que ello la faculta a autorregularse y a autoorganizarse de manera funcional. Explicó que la Municipalidad de Escazú cuenta con el Proceso de Gestión Urbana que se organiza de manera funcional como los Subprocesos de Control Constructivo, Planificación Territorial y Gestión Ambiental, y es ahí donde de manera responsable y profesional se trabajó de acuerdo a los criterios emitidos por la Dirección de Agua. Rechazó, por tanto, que esa unidad administrativa se hubiera abocado competencias que no le corresponden. Con relación al argumento de improcedencia de la aplicación del Principio Precautorio en su arista \"in dubio pro natura\", sostuvo que este principio sí aplica, al existir diferentes criterios por parte de la Dirección de Agua y criterios que datan desde el año 2013, que como bien se sabía la naturaleza es cambiante, y que este principio lo que estipula es que cuando los riesgos ambientales que se corren por inacción regulatoria son de alguna manera inciertos pero no desatendibles, la falta de acción reguladora es injustificada. Argumentó que es preciso que este principio sea aplicado de manera responsable, como lo hizo la funcionaria del sub proceso de Gestión Ambiental, ya que se tenía duda sobre el comportamiento de la naturaleza en esa finca, por cuanto, con el fin de evitar un daño grave o irreversible y junto con la ausencia de información certera y científica, razón suficiente para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, es así que para impedir y paralizar el trámite de los visados, se utiliza este principio propio de derecho ambiental con el fin de evitar cualquier daño irreversible, y ante tanta duda generada por los diferentes dictámenes de la Dirección de Agua, y por ser la naturaleza cambiante, es obligación de la municipalidad pedir nuevamente en los años 2019, 2020 y 2021, dictámenes a ese órgano con el fin de tener certeza que se puede otorgar cualquier permiso o trámite referente a la finca en cuestión. Respecto del alegato de nulidad en el proceso de creación de la comisión municipal encargada de conocer el asunto, arguyó la demandada que el actor se equivoca en sus apreciaciones ya que la comisión que se instauró en su oportunidad a nivel interno de la Gerencia de Gestión Urbana, fue una comisión interdisciplinaria conformada por varios funcionarios municipales con diferentes experticias, ya que habían ingenieros, topógrafos, geólogos, arquitectos, todo ello con el fin de realizar mesas de trabajo para atender casos de resolución compleja que ingresan para trámite, por lo tanto estas comisiones se forman a lo interno de la Administración como parte de esa autonomía administrativa que goza esa Corporación Municipal con el fin de atender casos que llevan un análisis más exhaustivo, lo que dista mucho de las comisiones establecidas en el Código Municipal y que están conformadas por regidores que tienen funciones específicas establecidas por ley, por lo tanto para la conformación de esta comisión no debe seguirse ningún procedimiento establecido por ley toda vez que es una comisión de trabajo a lo interno de la Gerencia de Gestión Urbana que abarca el Proceso de Planificación y Control Constructivo, el Subproceso de Planificación Territorial, el Subproceso de Control Constructivo y el Subproceso de Gestión Ambiental. Afirmó que, en consecuencia, la conformación de una comisión de trabajo no afecta en nada la gestión o trámite que un administrado o este caso el actor tenía ante la Municipalidad, toda vez que al final el gestionante recibe la respuesta a sus solicitudes por parte del área encargada y no de ninguna comisión. Con relación al reclamo por responsabilidad objetiva administrativa, refutó que la parte actora solicita el resarcimiento de daño material afirmando que tuvo que invertir en una serie de estudios y utilización de maquinaria, no obstante, no se desprende que tales gastos obedecieran a trabajos que le pidiera realizar la municipalidad, sino que quedó claro que el actor los realizó para poder desvirtuar o demostrarle a la Dirección de Agua de MINAE que las propiedades no estaban afectadas por naciente alguna, por lo que no existe nexo causal con la municipalidad, por lo que este reclamo en su criterio debe ser rechazado por improcedente. Sobre la pretensión de reconocimiento de daño moral, citó extractos de jurisprudencia emanada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que explica los presupuestos para su reconocimiento, poniendo énfasis en la demostración del nexo causal. Rechazó las manifestaciones referidas a supuesta responsabilidad penal en el asunto, sustentado en que esta no es la sede para tal discusión. Por último, respecto de la liquidación por perjuicios, aseveró que no es posible imputarle a la administración municipal ninguna responsabilidad, dado que el motivo del retraso alegado por el actor que le impidió en apariencia obtener una ganancia determinada fue en razón de que existían situaciones relacionadas con una afectación de nacientes que impedían obtener los respectivos permisos de construcción, y que fueron las constantes consultas a la Dirección de Agua y los criterios emitidos por este órgano para determinar o no la existencia de una afectación los que afectaron la continuidad del trámite ante la municipalidad. Añadió que se pretende imputar responsabilidad por daños y perjuicios sobre un contrato cuya eficacia dependía de que se autorizaran una serie de permisos por parte de la administración municipal, lo que evidencia un actuar irresponsable del actor al querer obtener un eventual beneficio patrimonial cuando ni siquiera tenía certeza si iba a obtener los permisos necesarios para poder desarrollar el proyecto, por lo tanto fue el propio actor con su actuar el que se puso en esa situación al ver que una vez iniciados los trámites nunca contempló que se podían presentar atrasos o inconvenientes. Interpuso la excepción de indebida integración de la litis consorcio pasiva necesaria, la cual fue rechazada interlocutoriamente, y solicitó que la demanda fuera rechazada en su totalidad, condenando en costas al actor.\n\n \n\nSÉTIMO. OBJETO DEL PROCESO. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. El actor no ha formulado ninguna pretensión anulatoria de actividad formal administrativa, por ende, el presente constituye un proceso civil de Hacienda, que se caracteriza por ser el instrumento utilizado por y contra la Administración para dilucidar los aspectos estrictamente patrimoniales de ésta. El núcleo de la cuestión debatida consiste en determinar si la Municipalidad de Escazú se encuentra en la obligación de resarcir por concepto de daño, las sumas reclamadas por el señor Marín Castro, en atención de los preceptos de la responsabilidad administrativa. En este sentido, el actor ha realizado un considerable esfuerzo y una profunda argumentación de que en el caso concreto han operado todos los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual de tipo subjetiva por parte del ente demandado. Sin embargo, debe precisar este Tribunal como punto de partida y eje transversal de todo lo que será decidido, que el sistema de responsabilidad seguido por nuestro ordenamiento jurídico en la materia que nos ocupa, es de tipo objetivo, por contraposición al de tipo subjetivo, propio del derecho privado, donde, a diferencia de la responsabilidad que aquí será examinada, la obligación resarcitoria requiere la existencia de dolo o culpa del agente causante del daño. Contrario a ello, dentro de la dinámica del sistema de responsabilidad preeminentemente objetiva de la Administración, ésta es responsable frente a un particular que haya sufrido una lesión antijurídica que no tiene el deber de soportar y que haya sido provocada por un funcionamiento público; es decir, para este criterio de imputación no se requiere que el análisis de la conducta verse en si fue con dolo o culpa de quien causa la lesión. Siendo este tema ampliamente tratado en esta jurisdicción, valga recordar que la Constitución Política, en su artículo 41, garantiza el derecho individual a obtener, con arreglo a la ley, una reparación para las injurias o daños que alguien haya recibido en su persona, propiedad o intereses morales; deber del que no escapa la Administración Pública y respecto de la cual la Ley General de la Administración Pública desarrolla a partir de su numeral 190.1 que a la letra dice: \"Artículo 190.- 1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.\" Nótese que el mandato citado no alude a los actos, sino al funcionamiento, por lo que la responsabilidad podrá derivar no sólo de la conducta formal emanada por el ente público, sino que será también exigible cuando provenga de una conducta material o bien, de las omisiones administrativas, en su diversa tipología. Sobre el particular la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia explica que: “… la legitimidad o su antítesis, hace referencia básicamente a las conductas jurídicas de la Administración, mientras que lo normal o anormal, apunta, ante todo (pero no en exclusiva), a la conducta material de la Administración, representada entre otras, por la actividad prestacional que se atribuye al Estado como parte de la categoría social que también se le asigna en procura del bienestar general del colectivo”; al tiempo que define el concepto de anormalidad refiriendo que: “… atiende a aquellas conductas administrativas, que en sí mismas, se apartan de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la propia Ley General en el artículo 102 inciso d., que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organización, de las reglas técnicas o de la pericia y el prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones, con efecto lesivo para la persona. Esto permite señalar que la anormalidad puede manifestarse a través de un mal funcionamiento; un funcionamiento tardío, o una ausencia total de funcionamiento. Anormalidad e ilicitud, no deben por tanto adoptarse como conceptos equivalentes, ni siquiera en lo que corresponde a la hipótesis de aquel funcionamiento que siendo debido o conforme con las reglas antedichas, produce un resultado dañoso (denominado por algún sector doctrinal como “funcionamiento anormal por resultado”), pues en tal caso, lo que opera es una responsabilidad por funcionamiento normal con efecto o resultado lesivo, indemnizable, claro está, siempre que se cubran los requisitos preestablecidos expresamente por el propio Ordenamiento Jurídico.” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número 584 – 2005, de las diez horas cuarenta minutos del once de agosto de 2005). Nótese entonces que este criterio es incluso más favorable para los intereses del actor que el que ha invocado en su demanda, dado que elimina de la ecuación para justificar su derecho, a la demostración de culpa o dolo por parte del agente causante. Bastará entonces, en síntesis, acreditar tres elementos para que concurra el deber de indemnizarlo: la existencia de una conducta administrativa generadora de responsabilidad, la producción de un daño indemnizable, es decir, cierto, real y efectivo, y por último, la acreditación del nexo causal que vincule la específica actuación administrativa con el daño aludido. De previo, sin embargo, debe precisarse que no se dictaminará en esta sentencia, a pesar de formar parte de la argumentación que sostiene la demanda, si la actuación de la funcionaria involucrada implica responsabilidad de tipo penal, ni mucho si es constitutiva de delito, por no ser esta la sede ni la vía para ello, y fundamentalmente porque no hay ninguna pretensión concreta en ese sentido; y que tampoco se examinaran los alegatos relacionados con la nulidad de la conformación de la comisión municipal, habida cuenta que no se ha pedido una declaración en ese sentido, y que se trata de un hecho posterior y sin directa relación con las conductas administrativas que se acusan como criterio de imputabilidad de la responsabilidad reclamada. A tenor con estas precisiones, para resolver el litigio planteado deberá el Tribunal examinar primero si hay alguna conducta de la demandada que encaje en los preceptos generadores de responsabilidad. Con relación a ello, acusó el actor de manera consistente y reiterada, que “el hecho generador de la responsabilidad” (cómo él lo califica), reside en dos momentos: “1. La paralización de manera ilegítima y sin fundamento y con criterios científicos previos que contradecían lo indicado en el oficio GA-499-2018. 2. La introducción falsa de información en un documento público como lo son los oficios GA-CA-654-2019, GA-CA-658-2019, GA-CA-657-2019, en los cuales se inserta un punto de referencia de una naciente y la circunferencia del radio de protección, información introducida por la funcionaria María Isabel Sánchez Sánchez.” A pesar de la extensión del libelo de demanda, estos dos hechos son los que sirven de sustento a todo el alegato, y son reproducidos y reiterados en cada uno de los acápites que componen dicho documento, tanto para justificar la existencia de cada uno de los elementos de la responsabilidad subjetiva, como para sostener posteriormente la de tipo objetiva. El cuadro fáctico que ha quedado demostrado en este proceso, detallado en el segundo considerando de esta sentencia, y expresado aquí de manera sintetizada, refleja en lo que sustancial que ya en el dictamen AT-2013-2014, solicitado por el señor Daniel Peyer sobre el plano SJ-1414023-2010, se señala que el cuerpo de agua corresponde a \"otro\", sin especificar, el dictamen AT-2173-2015 solicitado por Adriana Carrillo Pacheco, para el plano SJ-776408-1988 que señala \"No hay Fuente\" y en el DA-UHTPCOSJ-1120-2016, solicitado por la funcionaria Roxana Bermúdez para el plano SJ-1414020-2010 se indica \"No hay Fuente\", por lo que para esas fechas se descarta la existencia de la naciente. En marzo del 2018 se emite el dictamen de la Dirección de Agua atendiendo consulta hecha mediante la gestión 8703-2017 en relación al pozo 2175, en el que se hace referencia a la naciente conocida como \"Juan Pablo\", se corrige ubicación de pozo y se señala que la naciente se secó, haciendo referencia a los dictámenes AT-2013-2017, AT-2173 y DA-UHTPCOSJ-1120-2016. El nueve de noviembre de 2018, se emitieron cinco consultas de afectación para los planos 12072746-2018,12072747-2018,12072749-2018,12072750-2018 y 12072751-2018, mediante resoluciones CA-897-2018, CA-896-2018, CA-895-2018, CA-894-2018 y CA-893-2018, respectivamente, señalando en todos que no estaban afectados, tomando en cuenta los dictámenes AT-2013-2017, AT-2173 y DA-UHTPCOSJ-1120-2016. Luego, en diciembre de 2018, la municipalidad recibió vía telefónica una denuncia anónima indicando que en la propiedad había un abrevadero y una naciente que era utilizada para riego, que sería afectada por los trabajos en el inmueble. Producto de ello, el diez de diciembre de 2018 la funcionaria municipal María Isabel Sánchez Sánchez dirigió a la Dirección de Agua del MINAE, formulario de “SOLICITUD DE DICTAMEN SOBRE CUERPOS DE AGUA” con relación a los planos catastrados SJ-1414020-2010 y SJ-1414023-2010, ambos con finca madre matrícula 1-104996-000, gestión a la que se le asignó el número 7893-19. Posteriormente, mediante oficio GA-499-2018 de fecha trece de diciembre de 2018, suscrito por María Isabel Sánchez Sánchez y por Jerson Calderón Valverde, coordinadores de los subprocesos de Gestión Ambiental y de Gestión Urbana, respectivamente, le informan al coordinador de Planificación Territorial que debido a la posible existencia de una naciente denominada “Juan Pablo” de acuerdo a los registros municipales, las consultas por afectación necesarias para el trámite de visado de planos para las fincas,1-615036-000, 1-615034-000, 1-615033-000, 1-104996-000, 1-615032-000, 1-615030, se suspenden basados en el principio precautorio “in dubio pro natura”, hasta que no sea atendida la solicitud de aclaración presentada ante la Dirección de Agua. Concomitantemente, los días siete, once y treinta de enero de 2019, funcionarios del sub proceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Escazú realizaron inspecciones a la propiedad, en las que determinaron gran cantidad de agua y material que aparentaba ser para obras de drenaje. Posteriormente, en oficio DA-UHTPCOSJ-1497-2019, del diecinueve de julio de 2019, la Dirección de Aguas del MINAE, resuelve trámites de solicitud de dictamen de cuerpo de agua 7986-18 y 2798-19, señalando que los análisis preliminares hasta entonces realizados, generaban dudas para emitir un criterio definitivo sobre el sitio en estudio, y prevenía al interesado realizar labores de descubrimiento y corte de las tuberías que vienen del exterior de la propiedad y aquellas que salen de la misma, para despejar cualquier duda, y que posterior a ello se programarían visitas en época seca para ver el comportamiento y dictaminar si existe o no fuente. Después de ello, es que la funcionaria María Isabel Sánchez Sánchez emite los oficios resolviendo las solicitudes planteadas respecto de los planos SJ-1414018-2010, SJ-141019-2010, SJ-141020, SJ-1414021-2010, SJ-1414022-2010, SJ-141023-2010, SJ-2072750-2018 y SJ-2072749-2018, indicando que, dado que a esa fecha la Dirección de Agua no había emitido criterio sobre la posible existencia de una naciente en el lugar y su carácter, se consideraría precautoriamente tal punto como una naciente permanente, sustentado en el principio in dubio pro natura, con el fin de garantizar el respeto a las áreas de protección mientras era emitido el dictamen final. En contra de esa decisión, el actor aduce que en el caso concreto no podían desconocerse los dictámenes previos referidos dado que no resulta aplicable el principio precautorio en su arista “in dubio pro natura”. Cita el numeral 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, destacando la frase: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse postergar la adopción de medidas eficaces”; a lo que contrapone su afirmación de que en el caso concreto se tenía evidencia científica emitida por la institución pertinente y capacitada para la determinación de los cuerpos de agua, lo cuales acusa que fueron ignorados, obviados y contradichos. En similar sentido, más adelante afirma que para este asunto no se poseía duda de ninguna clase, dado que en los criterios AT-2013-2014, AT-2175-2015 y DA-UHTPCOSJ-1120-2016, se indicaba que no existía cauce en la propiedad, y por ende, no existían ni la amenaza o riesgo, ni la posibilidad de generar daños serios y reversibles, ni tampoco incertidumbre científica, los cuales considera elementos indispensables para la procedencia del principio aplicado. El Tribunal no comparte la argumentación brindada por la parte accionante. En primer lugar, la exposición realizada desconoce por completo el carácter progresivo del principio que dice examinar, y la evolución que ha experimentado en nuestra jurisprudencia y legislación. Así, en una primera etapa la Sala Constitucional empieza a hacer referencia al “in dubio pro natura” en términos muy ajustados al tenor literal del indicado numeral 15 de la Convención de Río, en el sentido de entenderlo como una especie de cláusula general de protección, en concordancia también con la Ley Orgánica del Ambiente número 7554, entonces vigente. (véase al respecto el voto 5893-95). Sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley de Biodiversidad número 7788 de 1998, se incorporan, en su artículo 11, cuatro criterios de aplicación de la ley: preventivo, precautorio o in dubio pro natura, de interés público ambiental y de integración. En lo que aquí interesa, el tercer inciso de la norma citada expresa que: “Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. A partir de la incorporación de este instituto en la legislación patria, se aprecia un considerable desarrollo del mismo en la jurisprudencia, con especial énfasis en la constitucional, manifestándose una tendencia progresiva a hacer referencia al in dubio pro natura -en cuanto principio precautorio- cuando se realizaba una específica interpretación pro ambiente, que rebajaba el estándar exigible a la gravedad del peligro de afectación al medio ambiente, para que el in dubio pro natura/precaución sea jurídicamente relevante. Es decir, mientras el principio precautorio exige peligro de daño grave e irreversible, según su concepción original, cuando la máxima instancia constitucional hace mención al principio de “precaución o in dubio pro natura”, disminuye la gravedad e irreversibilidad exigible del daño (o el peligro de éste) para exigir medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la Sala Constitucional números 2988 de 1999, 2988 y 8234 del año 2000; 5048 de 2001; 2015 de 2002; 6312 de 2003; 1915 de 2004; 113 de 2005; 1917 de 2006; 1689 de 2007; 2521 de 2008; 262 de 2009; 6922 de 2010; 3114 de 2011; 1283 de 2012; 2520 de 2014 y 7934 de 2013. En esta última, por ejemplo, dictada a las nueve horas y cinco minutos del catorce de junio de 2013, se explicó que: “…A partir del  reconocimiento del derecho  a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,  receptado en el artículo 50 de la Constitución Política y el principio número  quince de la Declaración de Río  Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio  Ambiente y el Desarrollo-, jurisprudencia constitucional ha reconocido  el  denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio  pro  natura»,  cuya  observancia  implica  que  todas  las  actuaciones  de  la  administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo  adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles. En otras palabras, si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades. Es claro que este principio tiene aplicación igualmente tratándose de la protección de terrenos forestales y demás áreas de protección. Así, en la sentencia número 2013-004619 de las catorce horas treinta minutos del diez de abril de dos mil trece, estableció la Sala que: “3- El Principio precautorio en materia de derecho ambiental.  Este principio está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, la cual dispone: \"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán    aplicar   ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente\". (En igual sentido ver artículo 11 de la Ley de Biodiversidad). Como ya indicó la Sala, el término prevención deriva del latín “praeventio\", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un  riesgo  o  ejecutar  una  cosa.  La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención, se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener, la posible afectación del ambiente o la salud de las personas.  De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, basada en estudios técnicos, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate.  Lo anterior, debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta  ineficaz,  por  cuanto  de  haberse  producido  el  daño,  las  consecuencias   biológicas   y   socialmente   nocivas   pueden   ser  irreparables, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero  difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente”. De tal forma, el principio precautorio encuentra aplicación en la medida que se carezca de certeza en cuanto al daño a producir y las medidas de mitigación o reparación que deben implementarse, pues al tenerse certeza sobre el tipo o magnitud del daño ambiental que puede producirse y de las medidas que deberán  adoptarse en cada momento, se elimina todo sesgo de duda y, por consiguiente,  resultaría impropio dar aplicación al principio precautorio. Dicho de otro modo, el  principio  precautorio  debe  ser  aplicado en supuestos de duda razonable o  incerteza, más no cuando se tiene certeza del tipo de daño y de las medidas que deban adoptarse, ya que por su propia naturaleza resulta inviable la aplicación de  este principio. En consecuencia, partiendo de que la propia Declaración de Río reconoce la existencia y correlación de los principios precautorio y de desarrollo humano sostenible, debe en todo momento asegurarse que se cumpla el adecuado juicio de ponderación que permita el debido respeto y aplicación de ambos  principios, de forma que las actividades sean valoradas de acuerdo tanto al  impacto ambiental como a su aporte al desarrollo humano sostenible.” De esta forma, puede indicarse que el in dubio pro natura recibe el tratamiento de principio precautorio especial, que reduce la intensidad de la gravedad exigida al peligro de degradación del medio ambiente, lo cual queda definitivamente revelado en la sentencia de la Sala Constitucional número 05994 del veintiséis de abril de 2017, donde se señala que: “Tal como lo ha examinado esta Sala en jurisprudencia anterior (véase la resolución número 2014/004243), se ha reconocido igualmente el denominado ‘principio precautorio en materia especial’ o ‘principio in dubio pro natura’, cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños de imposible o difícil reparación. De lo anterior, resulta que la administración debe contar con una certeza de carácter negativo de que no se afectará el ambiente bajo ningún supuesto, de donde resulta que ante la duda del acaecimiento de un riesgo, la administración tiene la obligación de no autorizar o efectuar actuaciones, o cesar de inmediato, la actividad administrativa que causa el peligro. En otras palabras, si carece de certeza científica sobre la inocuidad de la actividad, la administración debe abstenerse de realizar actividades con impacto ambiental negativo; ante la incertidumbre científica sobre la inocuidad o bondad”. Conforme con este desarrollo jurisprudencial, el principio precautorio tiene una doble dimensión. En primer lugar, como expresión del principio 15 de la Declaración de Río, que opera para situaciones en que haya riesgo de daño grave o irreversible del medio ambiente, aun a falta de certeza científica y; en segundo lugar, en su manifestación in dubio pro natura, como criterio de actuación para la Administración Pública ante situaciones cotidianas de su actividad, para optar por aquellas decisiones que impliquen una menor afectación al medio ambiente. En síntesis, aunque en primeras etapas la Sala Constitucional ha hecho referencia a ambos principios -precautorio e in dubio pro natura- como uno solo, al explicar su naturaleza, ha desprovisto de la exigencia de la gravedad del riesgo de daño ambiental requerido por el Principio 15 de la Declaración de Río para que opere el principio in dubio pro natura, situándolo como un criterio de actuación que obliga a la Administración a abstenerse de realizar actividades (entregar autorizaciones administrativas por ejemplo), cuando no existe certeza de que los impactos ambientales estarán dentro de los estándares admitidos por la legislación. Estima esta Cámara que la actuación de la Municipalidad de Escazú encaja plenamente dentro de este enfoque. A pesar de la existencia de informes emitidos en años anteriores en los que se descartaba la existencia de algún cuerpo de agua merecedor de protección en la zona, tal condición no puede ser tenida como definitiva y científicamente demostrada a futuro. Tales informes, si bien son documentos técnicamente válidos para su momento, enfrentan la limitación fundamental del carácter inherentemente cambiante del entorno, siendo que, variaciones climáticas, modificaciones en el terreno o cambios en el nivel freático, entre otras posibles causas, podrían con el transcurso del tiempo modificar las condiciones de la zona. De esta manera, los informes señalados certifican el estado y condición a la fecha de su emisión, pero no pueden tenerse como definitivos. Pueden seguir sirviendo de guía de actuación y como sustento de autorizaciones, siempre y cuando no aparezcan situaciones novedosas que motiven, al menos, su revisión. En este sentido, si la Municipalidad demandada recibió una denuncia de los vecinos indicando que en el terreno existía algún cuerpo de agua que podría haberse afectado, y más aún, si las inspecciones preliminares realizadas revelaban la presencia constante de agua en el terreno, lo esperable dentro de una gestión responsable y dinámica de protección al recurso hídrico, era que realizara la consulta ante la Dirección de Agua del MINAE, como efectivamente lo hizo el catorce de diciembre de 2018, y que así se lo comunicara al gestionante de las autorizaciones, indicándole, como también lo hizo oportunamente la demandada, que no sería emitido el criterio definitivo hasta que dicho órgano evacuara la consulta realizada. Tampoco son de recibo ninguna de las otras protestas por posible irregularidad o ilegalidad de tal conducta administrativa. No es cierto que exista invasión de competencias, ni tampoco que se haya resuelto en contradicción con lo dispuesto por la Dirección de Agua del MINAE. Ante la duda planteada por la denuncia recibida y por la verificación in situ de constante presencia de agua sobre el terreno, la acción municipal consistió, como se dijo, en elevar la consulta ante el órgano competente para dictaminar, y comunicarle al gestionante que el criterio definitivo sería emitido hasta que se cumplimentara el informe requerido, todo lo cual sucedió en el mes de diciembre de 2018. Luego, el diecinueve de julio de 2019, la Dirección de Agua emitió el oficio DA-UHTPCOSJ-1497-2019, donde se expresa que: “De acuerdo a toda la información revisada, testimonios de un vecino del sitio en inspección y a las visitas realizadas en campo se genera una duda razonable con respecto a la existencia, naturaleza, carácter de la supuesta fuente existente en el sitio y al lugar de procedencia de las tuberías que alimentan el supuesto tanque ubicado en la propiedad en estudio, pues se debe indicar que en la primera visita sí había presencia de flujo que ya en la segunda visita estaba con humedad y sin un flujo definido. (…) Por tanto, se concluye que el sitio inspeccionado no tiene relación vinculante con la información aportada pues en ninguna parte se aclara la relación entre la información escrita y las coordenadas de referencia. Se ha visitado la fuente en un par de veces durante la época más seca del año 2019, y se encontró diferencias que definen el estado e incluso modificación antrópica del lugar, es por esto que se genera la duda para emitir un criterio definitivo sobre el sitio de estudio. Y, se propone entonces en el sitio se haga el descubrimiento de la estructura de concreto descrita como tanque de almacenamiento, de manera que se aísle la posible intervención de las tuberías que se supone traen agua a este punto, en segundo orden se solicita que se haga un descubrimiento y corte de las tuberías que vienen del exterior de la propiedad y aquellas que salen de la misma, para despejar cualquier situación que genere duda. Se realizarán visitas programadas en lo que resta del año e incluso en la próxima época seca de ser necesario, para ver el comportamiento de la fuente en las condiciones opuestas y así dictaminar la fuente.” No es sino posterior a este oficio, y con base en lo allí indicado, que el sub proceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Escazú emitió los oficios GA-CA-651-2019, GA-CA-652-2019, GA-653-2019, GA-CA-654-2019, GA-655-2019, GA-CA-656-2019, GA-CA-657-2019 y GA-CA-658-2019, todos del cinco de agosto de 2019, mediante los que se resuelven las solicitudes planteadas con relación a las fincas 1-615031-000, 1-615032-000, 1-615033-000, 1-615034-000, 1-615035-000 y 1-104996-000, planos SJ-1414018-2010, SJ-141019-2010, SJ-141020, SJ-1414021-2010, SJ-1414022-2010, SJ-141023-2010, SJ-2072750-2018 y SJ-2072749-2018, respectivamente, en los siguientes términos: “RESOLUCIÓN. En atención a su solicitud, ingresada al Sub-Proceso de Gestión Ambiental para la realización del estudio por afectación de nacientes, ríos, quebradas, pozos o sus correspondientes áreas de protección, le comunico que, una vez revisada la información oficializada a la fecha, así como la información indicada en el plano sujeto de esta consulta, y la inspección de campo se determinó la posible existencia de una naciente captada localizada a (…) del plano sujeto de esta consulta, por lo que se realizó una nueva solicitud de dictamen, amparados en el principio precautorio “indubio pronatura”, a fin de descartar o no la existencia del cuerpo de agua, y así mismo verificar la condición de la posible toma. La gestión se realizó mediante la gestión Nº 7893-2019, y se está a la espera de respuesta. ANOTACIÓN. Por lo tanto, si bien la dirección de Agua (sic), no ha emitido criterio sobre la solicitud de dictamen de la posible naciente y su carácter, sustentados en el “PRINCIPIO INDUBIO PRONATURA”, se considerará precautoriamente de carácter permanente, a fin de garantizar el respeto de las áreas de protección, según lo estipula la Ley de Aguas Art. 148-149, jurisprudencia relacionada al recurso hídrico y áreas de protección, así mismo lo establecido en la Ley Forestal, artículo 33, se debe respetar un radio de 100 m medidos horizontalmente desde el punto de ubicación. Deben permanecer con cobertura vegetal, es decir reforestada. Se le aclara al interesado, que el criterio este (sic) sujeto al pronunciamiento de la Dirección de Agua.” Como puede verse, todos los oficios referidos reconocen la exclusiva competencia de la indicada Dirección para dirimir la duda presentada, y no hace más que emitir una resolución provisional de protección con base en el pronunciamiento interlocutorio emitido por aquella. Se destaca que fueron emitidos con posterioridad al oficio DA-UHTPCOSJ-1497-2019, donde la Dirección de Agua reconoce, con base en las diligencias hasta entonces realizadas, la existencia de duda razonable respecto de lo consultado, y la necesidad de realizar determinadas obras para poder despejarla; por lo que lo actuado por la Municipalidad no es antojadizo, y ni siquiera prematuro. La transcripción que se ha hecho del contenido de esos oficios sirve también de apoyo para descartar por completo lo que el actor calificó como el segundo elemento constitutivo de la anormalidad de la conducta administrativa, que sería la incorporación en ellos de información falsa. Lo cierto es que las fotografías e ilustraciones que acompañan dichos oficios deben ser entendidos conforme al contenido y dispositivo del documento del que forman parte, y aunque les son complementarios, están limitados y circunscritos a lo allí expresado. En ese sentido, como se citó supra, en los referidos documentos en ningún momento se certifica, y ni siquiera se afirma con grado de certeza, que en el lugar exista la naciente de agua. En la parte considerativa se explica que: “…una vez revisada la información oficializada a la fecha, así como la información indicada en el plano sujeto de esta consulta, y la inspección de campo se determinó la posible existencia de una naciente captada…” y que, producto de ello se procedió a realizar: “…una nueva solicitud de dictamen, amparados en el principio precautorio “indubio pronatura”, a fin de descartar o no la existencia del cuerpo de agua, y así mismo verificar la condición de la posible toma. La gestión se realizó mediante la gestión Nº 7893-2019, y se está a la espera de respuesta.” Luego, ya en la parte dispositiva, se estableció que: “….si bien la dirección de Agua (sic), no ha emitido criterio sobre la solicitud de dictamen de la posible naciente y su carácter, sustentados en el “PRINCIPIO INDUBIO PRONATURA” (sic), se considerará precautoriamente de carácter permanente, a fin de garantizar el respeto de las áreas de protección, según lo estipula la Ley de Aguas Art. 148-149, jurisprudencia relacionada al recurso hídrico y áreas de protección, así mismo lo establecido en la Ley Forestal, artículo 33, se debe respetar un radio de 100 m medidos horizontalmente desde el punto de ubicación.” En criterio de esta Cámara, de ninguna manera puede calificarse como falso lo allí afirmado, en el tanto se especifica que se trata de una presunción, que como tal, por antonomasia constituye una conjetura, es provisional y está sujeta a verificación. Dicho contenido sustancial se complementa con la explicación del motivo de la presunción (la inspección realizada que reveló la presencia de agua constante sobre el inmueble); la acción que se estaba adoptando (elevar la consulta ante la Dirección de Agua); la imposibilidad de emitir criterio definitivo a esa fecha, (hasta tanto el órgano competente emita el criterio definitivo), y el carácter cautelar de la medida adoptada. Por ende, la fotografía y la ilustración que formaban parte de tales actos administrativos, de manera inequívoca detallan el punto donde precautoria y provisionalmente se está estimando que estaría el cuerpo de agua y su radio de protección, mientras se está a la espera de que la Dirección de Agua rinda el dictamen correspondiente. Como puede verse, esta resolución poco añade a la comunicación que se le cursó al actor en diciembre de 2018, donde se le informó de la consulta planteada, el número de gestión y la suspensión de la resolución final hasta que fuera evacuada aquella. En la deposición testimonial, la funcionaria Sánchez Sánchez explicó además que estas situaciones se repetían con cierta frecuencia en la Municipalidad, y que antes de emitir las resoluciones, se le preguntaba al gestionante si quería que fuera emitido el oficio, o si preferían esperar la resolución de la Dirección de Agua. El Tribunal aprecia que los indicados oficios obedecen a la obligación legal de la Administración de resolver las gestiones planteadas por los usuarios en un plazo razonable, que su contenido se ajusta a la realidad de la situación al momento de su emisión, y es además, razonable, proporcionado y válido jurídicamente. En abono de todo lo anterior, quedó también acreditado que casi inmediatamente después de que la Dirección de Agua emitió el informe final a la consulta planteada, el sub proceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Escazú resolvió definitivamente las solicitudes de estudios de afectación de las propiedades hasta entonces anotadas provisionalmente, dejando advertencia de que: “Se previene al interesado que el criterio emitido en el presente documento, se basa en la información oficial emitida por la dirección de agua del MINAE a través del visor SINIGIRH al día de hoy, así como a los dictámenes emitidos por esta Dirección, puede variar según lo determine la DA”, para luego disponer que: “En atención a su solicitud, ingresada al Sub- Proceso de Gestión Ambiental para la realización del estudio por afectación de nacientes, ríos, quebradas, pozos o sus correspondientes áreas de protección, le comunico que, una vez revisada la información oficializada a la fecha, y la información aportada por el solicitante oficio DA-UHTPCOSJ-2115-2020, se verificó que, según el registro de la Dirección de Aguas del MINAE no se registran cuerpos de agua natural en la propiedad o cercanos que afecten por áreas de protección.”; lo cual confirma el carácter provisional, presuntivo y precautorio de lo dispuesto por la Corporación Municipal en los oficios que el actor ha acusado de tener contenido falso. Como corolario de lo expuesto, dictamina el Tribunal que, contrario a lo alegado por el accionante, no existe ningún criterio de anormalidad ni de ilegalidad en la conducta administrativa examinada. Cada una de las diferentes comunicaciones, inspecciones y resoluciones emanadas por la Municipalidad de Escazú durante el trámite de los formularios denominados “Consulta por afectación de nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus respectivas áreas de protección” presentados por el actor, fueron dictadas dentro del marco de sus competencias, separadas y con respeto y sujeción a las que son propias de la Dirección de Agua del MINAE, fueron además debidamente justificadas, razonables, proporcionadas, y conforme a las exigencias legales y constitucionales que le atañen en la protección del recurso hídrico cantonal. No se aprecia vicio alguno en los actos administrativos examinados, -cuya nulidad no fue siquiera requerida por el demandante-, ni mucho menos se constató la existencia de falsedades en su contenido. No existe por ende, conducta administrativa anormal ni ilegítima, que sirva como criterio de imputación de responsabilidad y que avale la posibilidad de recibir indemnización por ella. La inexistencia de este primer presupuesto, por sí sola torna improcedentes las pretensiones deducidas. Sin embargo, valga añadir de manera muy somera, que tampoco existe nexo causal entre los daños liquidados y cualquier actuación de la demandada. Dado que es el plazo transcurrido para resolver su gestión lo que se alega como agente causante de los perjuicios aducidos, debe dejarse fijado que cualquier atraso indebido o irrazonable en la emisión del informe definitivo de la Dirección de Agua del MINAE, es un aspecto ajeno a la actuación municipal, que se limitó a pedir, como corresponde, que se pronunciara respecto de la duda surgida, y por ende, no puede imputársele (aun en el caso que resulte acreditado) a la aquí demandada. Similar tesis debe decirse respecto del daño material, identificado en la demanda como “gastos innecesarios”, dado que los trabajos e informes que allí se detallan responden a solicitudes planteadas por la Dirección de Agua y no por la Municipalidad. Por último, la indemnización por daño moral subjetivo resulta improcedente dado el carácter normal y legítimo de la conducta de la accionada, sin que tampoco se constituyan en la especie, alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública, para considerar la posibilidad de indemnización por conducta lícita y funcionamiento normal. Todo ello conlleva a que las pretensiones deberán ser rechazadas en su totalidad y la demanda declarada sin lugar.\n\nOCTAVO. EXCEPCIONES. De manera expresa, la Municipalidad de Escazú únicamente interpuso la defensa previa de indebida integración de la litis, la cual fue rechazada interlocutoriamente. De oficio, por constituir uno de los presupuestos sustanciales o de fondo de cualquier sentencia estimatoria, y con base en lo expuesto en los considerandos precedentes, se declara la falta de derecho de la acción incoada.\n\nNOVENO. COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del CPCA, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal, no se percibe la existencia de ninguno de los supuestos procedentes para quebrar el postulado general de condena a cargo del vencido y por ello, se impone condenar a la parte actora y perdidosa, al pago de las costas generadas con este proceso, a liquidarse en etapa de ejecución de sentencia.\n\n \n\n \n\nPOR TANTO:\n\nSe rechaza la prueba complementaria ofrecida por el actor. De oficio se declara falta de derecho del actor respecto de la acción incoada. Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por el señor Pablo Marín Castro en contra de la Municipalidad de Escazú. Se condena al actor al pago de ambas costas de esta acción, a liquidarse en etapa de ejecución de sentencia. Gustavo Irías Obando, José Martín Conejo Cantillo, Francisco Hidalgo Rueda, Jueces.\n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n???????????????\nFKI4SMNSLHW61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nGUSTAVO IRIAS OBANDO, JUEZ/A DECISOR/A\nJOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, JUEZ/A DECISOR/A\nFRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 22-000465-1028-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:12:50.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Tribunal Contencioso Administrativo\n\nResolution No. 00094 - 2025\n\nResolution Date: January 10, 2025 at 07:53\n\nCase File: 22-000465-1028-CA\n\nDrafted by: Gustavo Octavio Irias Obando\n\nType of Matter: Proceso de conocimiento\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\nInternational Regulations: Convenio sobre diversidad biológica y anexos, Convención de Río de Janeiro de 1992\n\nRulings from the same case file International regulations\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nContent of Interest:\n\nStrategic Themes: Environmental\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Environmental Law\n\nTopic: Precautionary principle in environmental matters\n\nSubtopics:\n\nAnalysis of the progressive trend carried out by the Constitutional Chamber when referring to the in dubio pro natura Principle.\n\nTopic: Environmental damage\n\nSubtopics:\n\nAnalysis of the progressive trend carried out by the Constitutional Chamber when referring to the in dubio pro natura Principle.\n\n\"SEVENTH. [...] the Constitutional Chamber begins to refer to in dubio pro natura\" in terms very close to the literal wording of the indicated numeral 15 of the Río Convention, in the sense of understanding it as a kind of general protection clause, also in accordance with the Ley Orgánica del Ambiente number 7554, then in force. (see in this regard vote 5893-95). However, as of the promulgation of the Ley de Biodiversidad number 7788 of 1998, four criteria for the application of the law are incorporated in its Article 11: preventive, precautory or in dubio pro natura, of public environmental interest, and of integration. In what is relevant here, the third paragraph of the cited rule states that: \"When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures\". Since the incorporation of this institute into national legislation, a considerable development of the same is appreciated in jurisprudence, with special emphasis on constitutional jurisprudence, manifesting a progressive tendency to refer to in dubio pro natura -as a precautionary principle- when a specific pro-environment interpretation was carried out, which lowered the standard required for the severity of the danger of affecting the environment, so that the in dubio pro natura/precaution is legally relevant. That is, while the precautionary principle requires danger of serious and irreversible damage, according to its original conception, when the highest constitutional instance mentions the principle of \"precaution or in dubio pro natura\", it diminishes the severity and irreversibility required of the damage (or the danger thereof) to demand effective measures to prevent the degradation of the environment [...]\".\n\nIn this way, it can be indicated that in dubio pro natura receives the treatment of a special precautionary principle, which reduces the intensity of the severity required for the danger of environmental degradation, which is definitively revealed in the ruling of the Constitutional Chamber number 05994 of April twenty-sixth, two thousand seventeen, where it is stated that: \"As this Chamber has examined in previous jurisprudence (see resolution number 2014/004243), the so-called 'special precautionary principle' or 'in dubio pro natura principle' has also been recognized, the observance of which implies that all actions of the public administration on environmentally sensitive issues be carried out with due diligence to avoid risks and damages of impossible or difficult repair. From the foregoing, it results that the administration must have a certainty of a negative nature that the environment will not be affected under any circumstance, from which it follows that when in doubt of the occurrence of a risk, the administration has the obligation not to authorize or carry out actions, or to immediately cease the administrative activity causing the danger. In other words, if it lacks scientific certainty about the innocuousness of the activity, the administration must refrain from carrying out activities with a negative environmental impact; in the face of scientific uncertainty about innocuousness or benefit\". In accordance with this jurisprudential development, the precautionary principle has a dual dimension. Firstly, as an expression of Principle 15 of the Río Declaration, which operates for situations where there is a risk of serious or irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty and; secondly, in its manifestation in dubio pro natura, as a criterion for action for the Public Administration in everyday situations of its activity, to opt for those decisions that imply a lesser impact on the environment. In summary, although in early stages the Constitutional Chamber has referred to both principles -precautionary and in dubio pro natura- as one, in explaining its nature, it has divested the requirement of the severity of the risk of environmental damage required by Principle 15 of the Río Declaration for the in dubio pro natura principle to operate, situating it as a criterion of action that obliges the Administration to refrain from carrying out activities (issuing administrative authorizations for example), when there is no certainty that the environmental impacts will be within the standards admitted by the legislation [...]\".\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine Related Rulings\nText of the resolution\n\nEV Generating Template: F:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\Modelos\\Contencioso\\TCRESOL016.dpj\n\n\n\n????????????????\n\n\n\nCASE FILE:\n\n22-000465-1028-CA - 6\n\n\n\nPROCEEDING:\n\nPROCESO DE CONOCIMIENTO\n\n\n\nPLAINTIFF:\n\nPABLO FRANCISCO MARIN CASTRO\n\n\n\nDEFENDANT:\n\nMUNICIPALIDAD DE ESCAZU\n\n\nNo. 2025000094\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at seven hours and fifty-three minutes of January tenth, two thousand twenty-five.-\n\n\nProceso de conocimiento contencioso administrativo initiated by PABLO MARÍN CASTRO, identity card number 1-1099-0533; against the MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, represented by its Mayor, Arnoldo Barahona Cortés, identity card number 3-0274-0601. The legal professionals Luis Alonso Salazar Rodríguez, identity card number 1-0736-0761 and Carlos Herrera Fuentes, identity card number 1-1037-0786, have intervened in the proceeding in the capacity of special judicial representatives of the plaintiff and the defendant, respectively.\n\nCONSIDERING:\n\nFIRST. PROCEDURAL BACKGROUND:\n\n1.- Through a writ filed on March third, 2022, Mr. Pablo Marín Castro filed a proceso de conocimiento contencioso administrativo against the Municipalidad de Escazú, in which it is requested that the judgment declare the following: “- That this lawsuit be declared with merit. - That the Municipalidad de Escazú be ordered to pay the damages caused to the undersigned by an unlawful act of the administration. - That the Municipalidad de Escazú be ordered to pay the losses caused to the undersigned by an unlawful act of the administration. - That the Municipalidad de Escazú be ordered to pay the moral damages caused to the undersigned by an unlawful act of the administration. - That the sums of money obtained be indexed to present value according to the exchange rate of the currencies involved. - That the payment of the respective interest be ordered from the finality of the judgment until effective payment. - That the defendant be ordered to pay personal and procedural costs.” (Images 2 to 114 of the judicial file).\n\n2.- On August fourth, 2022, the Municipalidad de Escazú answered the lawsuit negatively and raised the exception of improper joinder of the necessary passive litis consortium, arguing that the Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía should also be considered a defendant, and the exception of lack of right. It requested that the action be declared without merit in all its aspects, imposing the costs thereof on the plaintiff. (Images 753 to 801 of the judicial file).\n\n3.- Through resolution number 1453-2022, of nine hours fifteen minutes of August thirtieth, 2022, the Tribunal rejected the exception of necessary passive litis consortium, a ruling that became final as it was not challenged. (Images 807 to 811 of the judicial file).\n\n4.- On February twenty-first, 2023, the preliminary hearing convened for that purpose began. In the stage of clarification and adjustment of claims, the plaintiff presented an expansion of the same. Given the length of the reformulation presented, the Procedural Judge in charge of said action ordered the plaintiff to present them in writing, and granted a period of ten business days to the defendant for its response. (Images 963 to 964 of the judicial file).\n\n5.- On February twenty-second, 2023, the plaintiff presented a writ expanding the lawsuit and claims. (Images 846 to 962 of the judicial file).\n\n6.- Through a resolution issued at eight hours forty-seven minutes on May fourth, 2023, the Tribunal rejected the expansion presented by the plaintiff and ordered the continuation of the preliminary hearing. (Images 968 and 969 of the judicial file).\n\n7.- On June fourteenth, 2023, the plaintiff offered and presented documentary evidence with the request that it be admitted as supplementary evidence (prueba complementaria). (Images 973 to 982 of the judicial file).\n\n8.- On December fifth, 2023, a new preliminary hearing was held with the attendance of all parties. In said proceeding, it was determined that there were no aspects to clean up, the claims were ratified and fixed in the terms transcribed supra, facts 10, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 41, 44 and 46 were determined as uncontested; the documentary evidence offered by the parties was admitted, rejecting the supplementary evidence (prueba complementaria) offered on June fourteenth, 2023; and the witness statement of María Sánchez Sánchez, an official of the Environmental Management sub-process, was admitted, ordering the referral of the file to the Seventh Section of this Tribunal for the convening of the trial. (Images 1014 to 1027 of the judicial file, and recording of the hearing incorporated into the electronic folder)\n\n9.- The oral and public trial was held on December sixth, 2024, with the attendance of the representatives of all parties. In said proceeding, once the corresponding audience was granted, none of the interveners protested defective procedural activity nor requested cleanup, and the plaintiff reiterated the offering of documentary evidence for better provision (para mejor resolver) presented on June fourteenth, 2023, regarding which the Tribunal stated that its admissibility would be determined in the judgment. The witness statement of María Sánchez Sánchez, identity card number 1-0880-0700, was taken, and the oral conclusions of the parties were rendered. At the close of the hearing, the Tribunal declared the matter as complex according to the rules of Article 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 47 of its Regulations. (The minutes are recorded in images 1054 to 1057 of the judicial file and the hearing was recorded in the Oral Hearing Recording System of the Poder Judicial and incorporated into the file).\n\n10.- This judgment is issued, after deliberation by the members of the Tribunal, within the period established in Article 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo in relation to numerals 173.15 and 81.2 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, without detecting defects or omissions susceptible to nullity or defenselessness of the parties. Judge Irías Obando drafts with the affirmative vote of Judges Conejo Cantillo and Hidalgo Rueda.\n\n\nSECOND. SUPPLEMENTARY EVIDENCE (PRUEBA COMPLEMENTARIA). In the oral trial hearing, the plaintiff's representative offered, as evidence for better provision (prueba para mejor resolver) or supplementary evidence (prueba complementaria), documents that are broken down as follows: request for criteria presented by the plaintiff before the Dirección de Aguas of MINAE dated March 1, 2023, official letter DH-0032-2023, dated March 27, 2023, issued by the indicated body, request for expansion of the indicated official letter, presented by the plaintiff and dated March 29, 2023, and official letter DH-0050-2023, dated April 20, 2023, issued by the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía. On the particular topic, it must be remembered that the admission of supplementary evidence or evidence for better provision (prueba complementaria o para mejor resolver) is reserved to the degree of influence it has on the decision of the ruling, and in this sense, it is a judge's evidence, as the First Chamber of the Supreme Court of Justice has pointed out since old data. Thus, for example, in ruling number 29-95, of 15:30 hours of February 22, 1995, it outlined that: “(...) Within the instructive and ordering faculties of the judge, is that of ordering evidence for better provision (prueba para mejor proveer) (Article 97, subsection 2, and 331 of the Código Procesal Civil), when the evidence to be practiced has a decisive influence on the outcome of the proceeding (…) The core aspect of evidence for better provision (prueba para mejor proveer) is its optional or discretionary nature, not being able to be demanded by the parties; its ordering depends, entirely, on the prudent initiative and criteria of the jurisdictional body, consequently its denial does not cause any defenselessness”. For its part, in vote number 547-F-2002 of 16:00 hours of July 12, 2002, the cited Chamber indicated in the same sense: “IV.- Multiple precedents of this Chamber, referring to evidence for better provision (prueba para mejor resolver), have pointed out that this is the judge's evidence, and not that of the parties. Consequently, the decision to gather it is optional for the jurisdictional body, and it can be dispensed with without the need for any resolution (...)”; while it has also added that: “…one cannot ignore that with this “it is not about correcting the omissions, negligence or carelessness of the parties regarding the evidentiary burden incumbent upon them or remedying deficiencies in defense techniques, given that in this hypothesis, equality between the litigants would be seriously injured and would compromise the impartiality of the judge. Hence, when ordering it, the guarantee of defense in trial of each of those involved in the litigation must be respected. Thus, on the contrary, it must be introduced with the sole purpose of clarifying points of uncertainty or doubt that may arise after weighing the elements contributed by the litigants.” (Sala I of the Supreme Court of Justice, number 213-F-S1-2008 of 8 hours 20 minutes of March 25, 2008, reiterated in votes 000118-F-TC-2018 of 9 hours of September 20, 2018 and 76-A-TC-2023 of 08:12 hours of May 24, 2023). In this matter, the evidence requested to be incorporated had been presented by the plaintiff with the same request to be held in the character being examined, through a writing presented on June twenty-second, 2023, when the litis was already joined, and was rejected in the preliminary hearing held on December fifth of that year. Based on this situation, the representation of the Municipalidad de Escazú requested in the trial hearing that the petition be rejected due to procedural preclusion. The Tribunal finds that it is indeed an offering rejected at the opportune procedural moment, regarding documentation produced after the presentation and answer of the lawsuit without any difficulty having been alleged or proven, much less impossibility, of being obtained before presenting the lawsuit; and that it does not provide new elements that modify the factual picture of the administrative legal relationship established between the parties, regarding which compensation is requested. Consequently, the evidence for better provision (prueba para mejor resolver) offered is not admitted.\n\n\nTHIRD. PROVEN FACTS. In what is relevant due to the way in which it is resolved, the review of the allegations and documents contributed by the parties allow the following facts to be considered as accredited:\n\n\n1.- That in official letter OFDA-412-2001 of December 13, 2001, the then Mayor of Escazú indicated that since July 1999, the municipality has not administered the aqueduct of that canton, as it was transferred to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. (Image 547 of the judicial file).\n\n\n2.- That in official letter SUB-G-SGAM-UEN-OS-2010-173 of September twenty-fourth, 2010, engineer Isidro Solís Blanco, from the UEN Optimización de Sistemas GAM of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, stated the following: \"For whatever it may correspond or be of interest, and at the request of Mrs. Isabel Agüero, I inform you that on the property of cadastral map SJ-776408-88, the spring (manantial) or water source known as Fuente Juan Pablo is located, which at some time was used for water supply by the Municipalidad de Escazú and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), in the sector of Calle Naranjo east of Bebedero. It is clarified that this spring stopped being used, for seven years now, for water supply, due to the poor potability characteristics of the water, due to contamination, due to the reduced capacity or production flow (caudal) and because it dried up in the summer season.\" (Image 553 of the judicial file).\n\n\n3.- That through official opinion AT-2013-2014 of May 20, 2014, the Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, Dirección de Agua, issued a criterion on the supposed spring (naciente) located in map SJ-1414023-2010, for which the technician Andrés Phillips Ureña indicated the following: \"Source type: OTHER, source Name: WITHOUT NAME, Cartographic Sheet: Salitral- 3345-I-12, Tributary: NOT APPLICABLE, BASIN: 84-24 Río Grande de Tárcoles, Initial Latitude: 209427, Final Latitude: 209427, Init. Long.: 519506, Fin. Long.: 519506, criterion: IT IS NOT A WATERCOURSE (CAUCE). Justification: THE CARTOGRAPHY AND THE NATIONAL REGISTER OF WATERCOURSE CONCESSIONS WERE REVIEWED, THE SITE WAS INSPECTED. AT THE SITE NO SOURCE COULD BE DETERMINED AND THERE IS NO EVIDENCE OF ANY WATERCOURSE. ACCORDING TO THE REGISTER OF THE MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ THERE IS NO SOURCE AT THE SITE.\" (Use of capital letters and bold highlighting coincides with the transcribed document. Image 123 of the judicial file).\n\n\n4.- That through official opinion AT-2173-2015 of June 15, 2015, the Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, Dirección de Agua, issued a criterion on the supposed spring (naciente) located in map SJ-776408-1988, for which the technician Jesús Monge Mejía indicated: \"Source type: NOT APPLICABLE, source Name: WITHOUT NAME, Cartographic Sheet: Salitral-3345-I-12, Tributary: NOT APPLICABLE, BASIN: 84-24 Río Grande de Tárcoles, Initial Latitude: 209422, Final Latitude: 209422, Init. Long.: 519525, Fin. Long.: 519525, criterion: IT IS NOT A WATERCOURSE (CAUCE). Justification: ONCE THE VISIT WAS CARRIED OUT AND THE NATIONAL REGISTER OF CONCESSIONS AND OPINIONS OF WATER BODIES WAS VERIFIED, ALSO ANALYZING THE INFORMATION PROVIDED BY THE OWNER AND NEIGHBORS OF THE AREA, IT IS VERIFIED THAT THE SUPPOSED SPRING (NACIENTE) CORRESPONDS TO A STORAGE TANK WHICH WAS USED BY THE COMMUNITY, HOWEVER, ON THE DAY OF THE VISIT IT DOES NOT SHOW FLOW AND FLOW RATE (CAUDAL) AND ONLY PIPING THAT ENTERED AND LEFT THE SITE UNDER STUDY IS LOCATED.\" (Use of capital letters coincides with the transcribed document. Image 220 of the judicial file and folio 027 of the administrative file called “Naciente Calle Noé Marín”)\n\n\n5.- That through official letter 801-2015 of November twenty-sixth, 2015, engineers Roxana Bermúdez, from the Proceso Contraloría Ambiental and Sandra Blanco, Directora of the Macroproceso Ingeniería y Obras of the Municipalidad de Escazú, requested from the Área Técnica of the Dirección de Aguas of MINAE: “…to provide us with a copy of the technical study carried out on which the change of criterion regarding the water body known as Naciente Juan Pablo, located in Bebedero, to a criterion of it is not a watercourse (cauce) is based, according to official opinion AT-2173-2015 dated Monday June 15, 2015, issued by you. The foregoing in order to support the inquiries that have been generated by some owners of nearby lands, who state that they have used the water resource for agricultural use, from the point where apparently it is registered by AyA and MINAE that the Juan Pablo spring (naciente) is located. We appreciate the understanding and prompt response to said inquiry, since the Municipality must provide responses with legal and technical backing to the different inquiries as well as, to the interested parties of properties requesting\n\nprocedures for construction permits where they must be indicated whether or not they must respect any protection area according to what the Ley de Aguas and Ley Forestal indicate, based on the official documents generated by the Dirección de Aguas of MINAE.\" (Image 125 of the judicial file).\n\n\n6.- That through official letters CA-078-2016, CA-0081-2016, CA-077-2016, CA-0082-2016, CA-0080-2016, CA-0079-2016, all dated February fifth, 2016, issued by the Macroproceso Ingeniería y Obras, Proceso Contraloría Ambiental of the Municipalidad de Escazú, they give response to Estudios de Afectación in relation to the properties of the province of San José: 615031-000, 615032-000, 615033-000, 615034-000, 615035-000, 615036-000, indicating in all the following: \"In response to your request, entered into this Proceso de Contraloría Ambiental for carrying out the study for affectation by springs (nacientes), rivers, streams (quebradas), wells (pozos) or their corresponding protection areas, I inform you that, once the information made official to date in this Contraloría was reviewed, it was verified that official opinion AT-2173-2015 issued by the Dirección de Aguas of MINAE is in force, in which it indicates that the supposed Juan Pablo spring (naciente) corresponds to a storage tank. However, through official letter 801-2015, this Municipality requested a clarification from the Dirección de Aguas, in relation to official opinion AT-2173-2015. To date the response is still pending. Document is attached.\" (Images 126, 127, 128, 129, 130 and 131 of the judicial file).\n\n\n7.- That in Technical Report IAR-INF-0088-2016, issued in the year 2016 without the exact date being recorded, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo, a visual risk assessment was carried out for property map number SJ-1860948-2015 for a construction procedure, determining that the property is free of risk regarding natural hazards. (Images 115 to 118 of the judicial file).\n\n\n8.- That through official letter DA-UHTPCOSJ-1120-2016 of May 25, 2016, the Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Agua, issues “Official Opinion on a Water Body”, at the request of Eng. Roxana Bermúdez from the Contraloría Ambiental of the Municipalidad de Escazú, indicating regarding Source Number 3, with coordinates Initial Latitude: 209422, Final Latitude: 209422, Init. Long.: 519525, Fin. Long.: 519525, that \"THE CRITERION ON THE SOURCE: IT IS NOT A WATERCOURSE (CAUCE).\" (Use of capital letter coincides with the transcribed document. Image 119 of the judicial file).\n\n\n9.- That through official opinion DA-UHTPCOSJ-0779-2018 of March 22, 2018, the Dirección de Agua of MINAE responds to the request posed by Geog. María Sánchez Sánchez, informing her in what matters to this case the following: \"Spring (Naciente) \\\"Juan Pablo\\\", Files 6507 and 602-R. The Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de Aguas (database of the Dirección de Agua), contains a \\\"Juan Pablo\\\" spring (naciente) at coordinates latitude 209.650 longitude 519.400 under file 6507 in the name of the Municipalidad de Escazú, and file 602-R in the name of AyA. In official opinions AT-2013-2014, AT-2175-2015 and Source 3 of DA-UHTPCOSJ-1120-2016 (copy attached) it locates the \\\"Juan Pablo\\\" spring (naciente) on property SJ-1414023-2010 (original property SJ-776408-88 that was segregated into 8 maps. A copy of both maps is also attached), specifically at Lambert North coordinates latitude 209.422 longitude 519.525 (figure 4). Official letter SUB-G-SGAM-UEN-OS-2010-173 (copy attached) points out that this source stopped being used several years ago due to the poor potability characteristics of the water, due to contamination, due to the reduced capacity or production flow (caudal) and because it dried up in the summer season. Other documents attached to these official opinions indicate that the spring (naciente) dried up. For this reason, official opinions AT-2013-2014, AT-2175-2015 and DA-UHTPCOSJ-1120-2016 indicate that it is not a watercourse (cauce).\" (Folios 029 to 030 of the administrative file called “Naciente Calle Noé Marín”)\n\n\n10.- That through official letters CA-0735-2018, CA-0736-2018, CA-0737-2018 and CA-738-2018, all of September seventeenth, 2018, issued by the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipalidad de Escazú, a response is given to requests made by Mr. Francisco Gamboa Galera in relation to the properties located in the San Antonio district, locality of Bebedero, Calle Noé Marín, belonging to registered folio 1-615305-000, maps SJ-207247-18, SJ-2072749-18, SJ-2072750-18 and SJ-2072751-18, respectively, indicating in all the following: \"In response to your request, entered into the Sub-Proceso de Gestión Ambiental for carrying out the study for affectation by springs (nacientes), rivers, streams (quebradas), wells (pozos) or their corresponding protection areas, I inform you that, once the information made official to date was reviewed, and according to the cadastral map of the property, it was verified that the property is affected by the protection area of well AB-2454, located at (…) . Therefore, it is necessary to respect the protection area of the well, corresponding to a horizontal radius of 40 m according to the Ley de Aguas in its Article 8, or to request from the Dirección de Aguas a clarification regarding the location or current conditions of the well, such condition must correspond to cancelled and sealed in order to eliminate the radius of protection of the east.\" In the part not transcribed because it is different in each official letter, it was indicated for the property of the first of the referred maps, that it was located 20.02 meters east of vertex 4; for the second, 20.02 meters from vertex 6; for the third, 21.26 meters from vertex 5 and for the last, 25.07 meters from vertex 11. (Images 159, 160, 161 and 162 of the judicial file).\n\n\n11.- That on October first, 2018, Mr. Pablo Marín Castro, ID 1-1099-0533, who appeared as “Real Estate Project Developer”, signed a document called “REAL ESTATE DEVELOPMENT CONTRACT FOR REAL ESTATE PROPERTIES (SIC) AIMED AT THE SEGREGATION AND SALE OF LOTS” with the company Implementos Deportivos CFS Sociedad Anónima, legal ID: 3-101-420228, agreeing that the company would deliver to the developer the properties of the province of San José identified with registered folio numbers 615030-000, 615031-000, 615032-000, 615033-000, 615034-000, 615035-000, 615036-000, 104996-000, “…for the purpose of carrying out on them a strategic approach aimed at them being developed (sic) under the system of lotification (lotificación) facing a public street, with an access alley, with the constitution of easements (servidumbres), or by any other legal means or form, determined and decided by “THE DEVELOPER” in order to achieve the intended purpose of lotification and subsequent sale”. In the sixth clause it was stipulated that: “THE PARTIES (sic) expressly and by mutual agreement agree that this contract will have a term of one year, which will run as of the moment the Municipalidad de Escazú grants the respective and corresponding municipal approval for the last of the lots of the seven properties subject to this agreement to be segregated in head own, so it must be understood that the term of one year will not run as of the granting by the Municipalidad de Escazú of the first approval for segregation, but rather the term of one year will begin to run as of the granting of the approval for segregation corresponding to the last lot of the last property developed.\n\nTHE PARTIES (LAS PARTES) (sic) expressly state that the approval (visado) of the plans for all lots to be segregated must be carried out within a maximum period of ONE YEAR (UN AÑO) (sic), counted from the signing of this contract.\" The eighth clause stipulated the economic remuneration to the developer, indicating that the latter: “… shall have the exclusive right, during the period of the first year of marketing lots under this agreement, that is, from the end of the approval (visado) period for the lot plans indicated in clause six of this marketing and sales agreement, to market and sell them, and may do so with complete and total freedom provided that \"THE OWNER\" (LA PROPIETARIA) (sic) is recognized a minimum of SEVENTY-FIVE UNITED STATES DOLLARS (SETENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS) (sic) for each square meter of land sold, with \"THE DEVELOPER\" (EL DESARROLLADOR) (sic) obtaining, as indicated, the difference between the price per square meter agreed upon between \"THE PARTIES\" (LAS PARTES) (sic) and the sale price per square meter.” (Images 165 to 175 of the judicial file).\n\n12.- That between February 8, 2018, and January 4, 2022, Implementos Deportivos CFS S.A. entered into a total of ten purchase option contracts, as follows: on February 8, 2018, a contract signed with Dafne Quintero Castro, for the property registered under real folio number six hundred ninety-seven thousand seven hundred ninety-seven-zero zero zero, at a price of fifty thousand dollars; a contract signed on November 8, 2018, with Merlin Quintero Sánchez, for the property registered under real folio number six hundred ninety-seven thousand seven hundred ninety-eight - zero zero zero, at a price of fifty thousand dollars; on February 9, 2019, a contract signed with Kyria Loría Sánchez, for the property registered under real folio number six hundred ninety-seven thousand seven hundred ninety-six – zero zero zero, at an agreed price of fifty thousand dollars; a contract signed on February 16, 2019, with José Daniel Rojas Ulate, for the property registered under real folio number six hundred ninety-seven thousand seven hundred ninety-nine -zero zero zero, at a price of fifty thousand dollars; a contract signed on November 20, 2020, with Joshua Hernández Fuentes, for the property registered under real folio number seven hundred twelve thousand two hundred seventy-one – zero zero zero, at a price of seventy-five thousand dollars; a contract signed on January 21, 2021, with Jorge Andrés Contreras Mena, for the property registered under real folio number seven hundred twelve thousand five hundred five - zero zero zero, at a price of fifty thousand dollars; a contract signed on August 1, 2021, with Katherine Martínez Torres, for the property under real folio number seven hundred twenty thousand sixty-eight – zero zero zero, at a price of fifty-three thousand dollars; a contract signed on July 17, 2021, with Andrey Rojas Serrano, for the property registered under real folio number seven hundred twenty thousand one hundred eighteen – zero zero zero, at a price of fifty-five thousand dollars;; a contract signed on October 1, 2021, with Grettel Campos Landergrim and Francisco Leonel Ulloa Porras, for the property under real folio number six hundred fifteen thousand thirty-one – zero zero zero, at a price of sixty thousand dollars, and a contract signed on January 4, 2022, with Jennifer Hurtado González, for the property registered under real folio number seven hundred twenty thousand zero seventy – zero zero zero, at a price of sixty-one thousand dollars; all the referenced prices corresponding to legal tender of the United States of America. (Images 312 to 406 of the judicial file).\n\n13.- That on October 24, 2018, Mr. Pablo Marín Castro filed with the Environmental Management Sub-Process (Sub Proceso de Gestión Ambiental) of the Municipality of Escazú, the form “Consulta por afectación de nacientes, ríos, quebradas, pozos y sus respectivas áreas de protección” (Inquiry regarding the affectation of springs, rivers, streams, wells, and their respective protection areas), in relation to the properties described in cadastral plans numbers SJ-2072751-2018, SJ-2072750-2018, SJ-2072749-2018, SJ-2072747-2018, and SJ-2072746-2018, all of which are part of the property under real folio number 1-615036-000, indicating in all of them that the purpose of the inquiry was for construction and that he needed the plans to be delivered without an affectation stamp. (Folios 003, 004, 007, 008, 011, 012, 015, 016, 019, and 020, of the administrative file called “Naciente Calle Noé Marín”)\n\n14.- That in official communication DA-UHTPCOSJ-3028-2018 of October 22, 2018, the Directorate of Water (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) informs Implementos Deportivos CFS S.A. of the following: “In response to your request to verify the location of well AB-2454, report DA-UHTPCOSJ-3006-2018 signed by geologist Mariel González is attached. It is concluded that the operational well setback (retiro operacional) does not affect the properties with plan SJ-2072747-2018, SJ-2072750-2018, SJ-2072746-2018, SJ-2072751-2018, and SJ-2072749-2018.” The report referenced therein indicates the following: “The well being consulted is AB-2454, documented in digital file 1377 P. It has a concession in effect until November 21, 2022 (R-0993-2012-AGUAS-MlNAE) to utilize 0.10 l/s for domestic use. The drilling was authorized through official communication IMN-DA 0079-2009 for coordinates longitude 519,550 and latitude 209,500. Through a telephone call, Mr. Eugenio Vargas, legal representative of VAROLIT de SAN JOSÉ S.A., authorized entry to the property with cadastre plan SJ-1683827-2013. The property has a warehouse and vegetable and corn crops. In the field inspection, it was verified that well AB-2454 (figure 1) is located at coordinates longitude 519,699 and latitude 209,597 (Lambert North Coordinate System for Costa Rica, taken with a GPS GARMIN MONTANA 650). These coordinates are offset 178 m from the coordinates authorized in the drilling permit, so an analysis of the coordinate change must be carried out. Furthermore, the distance from well AB-2454 to the nearest boundary of the property is 4.6 m (figure 2). Given that it is a well drilled before 2010, in accordance with official communication DA-0583 2018, it is recommended to establish a ROP of 4.6 m. In such a way that the properties with cadastre plan No. SJ-2072747-2018, SJ-2072750-2018, 3-2072746-2018, SJ-2072751-2018, and SJ-2072749 2018 are not affected by the ROP of well AB-2454.” (Images 183 to 187 of the judicial file and folios 022 to 026 of the administrative file called “Naciente Calle Noé Marín”)\n\n15.- That through official communications numbers CA-893-2018, CA-894-2018, CA-895-2018, CA-896-2018, and CA-897-2018, all dated November 9, 2018, referring respectively to the properties with plans numbers SJ-2072751-2018, SJ-2072750-2018, SJ-2072749-2018, SJ-2072747-2018, and SJ-2072746-2018, all of which are part of the property under real folio number 1-615036-000, the geographer María Sánchez Sánchez, head of the Environmental Management Sub-Process of the Municipality of Escazú, ordered for each one of them the following: “In response to your request, filed with the Environmental Management Sub-Process to conduct the study for the affectation of springs (nacientes), rivers, streams, wells, or their corresponding protection areas, I inform you that, after reviewing the information made official to date, as well as the information provided by the interested party DA-UHTPCOSJ-3028-2018 and DA-UHTPCOSJ-3006-2018, it was determined that the coordinates for SENARA well AB-5424 do not correspond to the coordinates indicated in the drilling permit, and likewise that the well operational radius (radio operacional) does not affect the plan subject to this inquiry. NOTE. Therefore, no natural water bodies are registered on the property or nearby that would affect it through protection areas.” (Folios 001, 002, 005, 006, 009, 010, 013, 014, 017, and 018 of the administrative file called “Naciente Calle Noé Marín”)\n\n16.- That on November 15, 2018, the surveyor Alexander Mora Piedra requested from the Municipality of Escazú the approval (visado) of the segregation for cadastre of the property under registration 1-615034-000. (Image 204 of the judicial file).\n\n17.- That without indicating an exact date, but in the month of December 2018, the Municipality of Escazú received an anonymous complaint via telephone, indicating that work was being carried out in the area affecting a spring (naciente), where there was a structure that served as a watering hole and was used by neighbors for irrigation. (Testimonial statement of María Isabel Sánchez Sánchez).\n\n18.- That as a result of the complaint indicated in the previous fact, on December 10, 2018, municipal official María Isabel Sánchez Sánchez sent to the Directorate of Water (Dirección de Agua) of MINAE, the form “SOLICITUD DE DICTAMEN SOBRE CUERPOS DE AGUA” (REQUEST FOR RULING ON WATER BODIES) in relation to cadastral plans SJ-1414020-2010 and SJ-1414023-2010, both with mother lot registration 1-104996-000. This procedure was assigned number 7893-19. (Folios 031 to 033 of the administrative file called “Naciente Calle Noé Marín” and testimonial statement of María Isabel Sánchez Sánchez).\n\n19.- That through official communication GA-499-2018 dated December 13, 2018, signed by María Isabel Sánchez Sánchez and Jerson Calderón Valverde, coordinators of the Environmental Management and Urban Management sub-processes, respectively, they inform the Territorial Planning coordinator of the following: “Through this means, the Environmental Management Sub-Process of the Municipality of Escazú informs you that due to the possible existence of a spring (naciente) called \"Juan Pablo\" according to municipal records, the inquiries regarding affectation necessary for the plan approval (visado de planos) process for properties 1-615036-000, 1-615034-000, 1-615033-000, 1-104996-000, 1-615032-000, 1-615030, are suspended based on the precautionary principle \"indubio pronatura\" (sic), until the request for clarification filed with the Directorate of Water (Dirección de Agua) is addressed. We must state that the principle \"indubio pronatura\" (sic) aims to guarantee the protection and adequate management of the water resource of the Canton.” (Image 205 of the judicial file).\n\n20.- That on December 19, 2018, the Municipality of Escazú filed with the Directorate of Water (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), the form “Solicitud de Dictamen sobre cuerpos de Agua” (Request for Ruling on Water Bodies), regarding cadastral plans SJ-2072751-2018, SJ-2072750-2018, SJ-2472749-2018, SJ 2472747-2018, SJ-2072746-2018, SJ-14T4020-2010, SJ-1414019-2010, SJ-1414022-2010, SJ-T4T402L-2010, SJ-R414018-2010, SJ-1414017-2010, all located on Calle Noe Marín, Bebedero, San Antonio district. It was indicated that the request was to rule on “Whether the water body is in the public domain and its characterization.” (Images 206 and 207 of the judicial file).\n\n21.- That on January 7, 11, and 30, 2019, officials from the Environmental Management sub-process of the Municipality of Escazú conducted inspections of the property, in which they determined a large amount of water and material that appeared to be for drainage works. (Folios 204 to 211 of the administrative file called “Naciente Calle Noé Marín”).\n\n22.- That via email sent on April 8, 2019, engineer Francisco Gamboa, Head of Cadastre of the Municipality of Escazú, informed Mr. Pablo Marín of the following: “Regarding the request for approval for cadastre purposes filed for the subdivision (fraccionamiento) of property 1615031-000; you are informed that we will proceed to review it through a (sic) collegial body composed of members of the Urban Planning and Control Process, under three areas of interest for our municipality (Environmental Management, Construction Control, and Territorial Planning). The objective of this analysis (in an integral manner by our municipality), is to assure the owner or future buyer that the asset under study is totally suitable not only for subdivision (fraccionar) but also that any type of construction development can be carried out on it, and thereby not generate false expectations for the future. Not only is the proposal evaluated at the subdivision (fraccionamiento) level so that it is not subsequently impossible to carry out any type of construction due to some affectation situation from water bodies or because the area is not suitable for construction; but at a global level across the three areas indicated in the previous paragraph. Therefore, this request will be elevated to the collegial body and a definitive response will be given once analyzed by it.” (Images 210 and 211 of the judicial file)\n\n23.- That on May 8, 2019, Mrs. Au Shum Tsang sent a note to engineer Alberth Calvo Chacón, from the Directorate of Waters (Dirección de Aguas) of MINAE, requesting that it be attached to procedure number 7986-18, to take into consideration a certified copy of the minute book of the community development committee of Cuesta Grande, Acueducto de Cuesta Grande, which determines that what exists on the property since approximately 1991 is a storage tank, and it is further supported by the ruling made by Ing. Monge Mejía number AT-2173-2015, from the water department of MINAE. (Image 214 of the judicial file).\n\n24.- That on May 28, 2019, the commission formed for this purpose met, and the following was recorded in the minutes regarding property 1-615031-000: “Meet internally to assess subdivision (fraccionamiento). Pending resolution from water authorities, Directorate of Waters (Dirección de Aguas), to resolve.” (Images 212 and 213 of the judicial file).\n\n25.- That in official communication DA-UHTPCOSJ-1497-2019, dated July 19, 2019, the Directorate of Waters (Dirección de Aguas) of MINAE resolves procedures for the request for a ruling on a water body 7986-18 and 2798-19, stating the following: “Data collection was carried out with a GPS Garmin Montana 680 instrument (± 3m), managed in the Lambert North Costa Rica (LNCR) Projection, located on sheets SALITRAL 3345-1-12 (1: 10,000) and ABRA 3345-1 (1: 50,000) in San Antonio, Escazú, San José, in two field inspections carried out, the first on January 30 and a second inspection of the site during the dry season carried out on April 12, 2019, accompanied by official César Sánchez Vega from the Directorate of Water (Dirección de Agua) and municipal official Carlos Chamorro. A request is made to carry out \"a ruling on a water body\" based on the field visit for the site under study, located at the point with Lambert North Costa Rica coordinates 519514 E and 209425 N, for which a review is made of the information recorded in digital records. It must be mentioned that a consultation is made with the National Registry of Rulings on Water Bodies (Registro Nacional de Dictámenes sobre Cuerpos de Agua), as well as other existing records, and using technological tools for information management available at the Directorate of Water (Dirección de Agua) of MINAE, two previously ruled points are found for the site of interest and are described below: 1. In official communication AT-2173-2015, a Ruling is registered indicating that there is no source or it does not apply, plan number SJ-776408-1988, with a criterion of absence of a watercourse, located at the point with Lambert North Costa Rica coordinates 519525 E and 209422 N, a copy of the ruling prepared is attached. 2. DA-UHTPCOSJ-1120-2016, a Ruling is registered indicating that there is no source, with a criterion of absence of a watercourse, without information on the reference plan, located at the point with Lambert North Costa Rica coordinates 519525 E and 209422 N, a copy of the ruling prepared is attached. Information provided under identification number 2798-2019 is reviewed, which among its important points: 1. Refers to the existence of the Cuesta Grande Aqueduct of San Antonio, Escazú in San José. 2. Broadly discusses the work for the construction of a storage tank apparently called \"Fuente Juan Pablo\" and its diversions to other populations or directions. 3. Describes structural problems concerning insufficient diameters, an increase in the population served, waste in usage, problems with nearby boreholes, tanks used by large neighboring residences, etc. 4. Describes problems with unprotected springs (nacientes desprotegidas) and deforestation already suffered at the time. 5. Describes that, in what was provided for its study, no georeferencing data for the mentioned spring (naciente) or storage tank appears, and are not binding. According to all the information reviewed, testimonies from a neighbor at the inspection site, and the field visits conducted, a reasonable doubt is generated regarding the existence, nature, and character of the supposed source existing at the site and the place of origin of the pipes feeding the supposed tank located on the property under study, since it must be indicated that in the first visit there was flow present, which by the second visit appeared with humidity and without a defined flow. See photographs of the inspection site. Therefore, it is concluded that the inspected site has no binding relationship with the information provided because the relationship between the written information and the reference coordinates is nowhere clarified. The source has been visited a couple of times during the driest period of 2019, and differences were found that define the state and even anthropogenic modification of the place, which is why the doubt arises to issue a definitive criterion on the study site. And, it is proposed then that the concrete structure described as a storage tank be uncovered at the site, so as to isolate the possible intervention of the pipes that supposedly bring water to this point; secondly, it is requested that an uncovering and cutting of the pipes coming from outside the property and those leaving it be carried out, to clear up any situation that generates doubt. Scheduled visits will be made throughout the rest of the year and even in the next dry season if necessary, to observe the behavior of the source under opposing conditions and thus rule on the source.” (Images 216 to 219 of the judicial file and 052 to 053 of the administrative file called “Naciente Calle Noé Marín”).\n\n26.- That through official communications GA-CA-651-2019, GA-CA-652-2019, GA-CA-653-2019, GA-CA-654-2019, GA-CA-655-2019, GA-CA-656-2019, GA-CA-657-2019, and GA-CA-658-2019, all dated August 5, 2019, the requests filed in relation to properties 1-615031-000, 1-615032-000, 1-615033-000, 1-615034-000, 1-615035-000 and 1-104996-000, plans SJ-1414018-2010, SJ-141019-2010, SJ-141020, SJ-1414021-2010, SJ-1414022-2010, SJ-141023-2010, SJ-2072750-2018 and SJ-2072749-2018, respectively, are resolved in the following terms: “RESOLUCIÓN. In response to your request, filed with the Environmental Management Sub-Process for the study regarding the affectation of springs (nacientes), rivers, streams, wells, or their corresponding protection areas, I inform you that, after reviewing the information made official to date, as well as the information indicated in the plan subject to this inquiry, and from the field inspection, the possible existence of a captured spring (naciente captada) was determined, located at (…) from the plan subject to this inquiry, for which reason a new request for a ruling was made, under the protection of the precautionary principle \"indubio pronatura\", in order to rule out or not the existence of the water body, and likewise verify the condition of the possible intake. The procedure was carried out through procedure No. 7893-2019, and a response is awaited. NOTE. Therefore, although the Directorate of Water (Dirección de Agua) (sic) has not issued a criterion on the request for a ruling on the possible spring (naciente) and its character, supported by the \"PRINCIPIO INDUBIO PRONATURA\" (INDUBIO PRONATURA PRINCIPLE), it shall be considered, as a precaution, to be of a permanent nature, in order to guarantee respect for the protection areas, as stipulated in the Water Law (Ley de Aguas) Art. 148-149, jurisprudence related to water resources and protection areas, and likewise as established in the Forest Law (Ley Forestal), article 33, a radius of 100 m measured horizontally from the location point must be respected. They must remain with vegetative cover, i.e., reforested. The interested party is informed that this criterion is subject to the pronouncement of the Directorate of Water (Dirección de Agua).” In the part not transcribed, as it differs in each official communication, it was noted that the spring (naciente) was located 23.98 meters northwest of vertex 16 of plan SJ-1414018-2010 (first communication cited), 48.37 meters northwest of vertex 2 of plan SJ-141019-2010 (second communication cited), 17.63 meters northeast of vertex 3 of plan SJ-141020 (third communication cited), 32.66 meters southeast of vertex 2 of plan SJ-1414021-2010 (fourth communication cited), 59.35 meters southwest of vertex 4 of plan SJ-1414022-2010 (third communication cited), 18.48 meters southwest of vertex 20 of plan SJ-141023-2010 (fourth communication cited), 81 meters southwest of vertex 1 of plan SJ-2072750-2018 (second communication), and 66.48 meters southeast of vertex 1 of plan SJ-2072749-2018 (third communication). (Images 226 to 237 of the judicial file, folios 037 to 045 and 057 to 124 of the administrative file called “Naciente Calle Noé Marín”).\n\n27.- That through official communication VB-129-19 of August 6, 2019, the Municipality of Escazú approved the referenced plans for property 1-615034, solely for purposes of registration before the National Cadastre (Catastro Nacional), and with the observation that said property “… is affected by a spring (naciente) as indicated in official communication GA-CA-654-2019 issued by the Environmental Management Sub-Process”. (Images 238 to 241 of the judicial file).\n\n28.- That on August 19, 2019, Mr. Pablo Marín Castro sent a written communication to the Directorate of Waters (Dirección de Aguas) of MINAE, related to procedure number 7986-18, in which he provided the document called “Estudio Geológico e Hidrogeológico, con énfasis en la evaluación de la existencia o no de una naciente dentro de la propiedad plano catastrado No. SJ-776408-1988” (Geological and Hydrogeological Study, with emphasis on the evaluation of the existence or not of a spring on the property with cadastral plan No. SJ-776408-1988), conducted in August 2019 (exact date not indicated), by geologists Raysie Miller Hernández (CGCR-412) and Eduardo Rojas Solano (CGCR-333). In that document, the following conclusions, among others, are presented: “It has been categorically demonstrated, from a technical and scientific point of view, that on the AP or its most immediate surroundings there is no spring (naciente) or water source of any type, neither permanent nor intermittent. Under no circumstances should a protection radius be established with respect to the manhole, since as this is neither a spring (naciente) nor a well, there is no regulation in this regard. Similarly, we consider that the existence of a water source on the property under investigation should be eliminated, both from the database of the Directorate of Waters (Dirección de Aguas) and from the Municipality of Escazú.” (Images 134 to 152 of the judicial file).\n\n29.- That on September 3, 2019, Mrs. Au Shum Tsang, representative of Implementos Deportivos CFS S.A., sent a note to the Municipality of Escazú requesting that it take into consideration the study referenced in the previous fact. (Images 157 and 158 of the judicial file).\n\n30.- That in September 2019, without an exact date indicated, at the request of Pablo Marín Castro, geologist Francisco Sánchez prepared a document called “Estudio Geofísico mediante tomografía de Resistividad Eléctrica, Dispositivo Schlumberger, sobre plano No. SJ- 776408-1988” (Geophysical Study using Electrical Resistivity Tomography, Schlumberger Array, on plan No. SJ- 776408-1988), in which the following conclusions and recommendations are presented: “-A sandy-clayey soil with interspersed colluvium blocks with a sandy-clayey matrix is present on the surface. With resistivities ranging from 24 to 55 Ohm-m. -This sequence of colluviums is present along the entire length and depth of the tomographic profile, with the exception between the distance of 1 to 45 meters and from the elevation of 1465 meters down to 1435 meters elevation where we find a brecciated lava with resistivities between 60 and 86 Ohm-m. The same situation occurs between distances 185 and 200 meters and at the same elevation levels. Possibly the Pacacua Formation. -The water table (nivel freáctico) is highly variable and ranges from three meters up to 15 meters deep.” (Images 558 to 568 of the judicial file).\n\n31.- That in official communication DA-UHTPCOSJ-2441-2019 of November 7, 2019, the Directorate of Water (Dirección de Agua) of MINAE responds to Mr. Pablo Marín Castro as follows: “In response to procedure 5165-2019 (received on 08/19/2019) for the review of the \"Estudio Geológico-Hidrogeológico con énfasis en la evaluación de la existencia o no de una naciente dentro de la propiedad, Plano Catastro N° SJ-776408-1988, Bebedero, San Antonio, Escazú, San José, Costa Rica\" (Geological-Hydrogeological Study with emphasis on evaluating the existence or not of a spring within the property, Cadastre Plan No. SJ-776408-1988, Bebedero, San Antonio, Escazú, San José, Costa Rica), I am writing to inform you of the following. In order to verify what was indicated in said study, an inspection was carried out on September 17, 2019. You were present, as well as Geol. Eduardo Rojas and Geol. Raysie Miller, responsible for the study provided. Also present were personnel from the Municipality of Escazú and Ing. Alberth Calvo Chacón and the undersigned, on behalf of the Directorate of Water (Dirección de Agua). During the inspection, it was observed (figure 1) that at the site under analysis there was a constant contribution of water from several pipes, the origin of which is unknown. Since the site was flooded, it was not possible to make the required observations. For this reason, it was agreed that before resolving the procedure, an inspection would be carried out after the accumulated water was released, the pipes were exposed up to the property boundaries, and the analysis point was found without the contribution of water from any pipe. Given that, as of today's date, compliance with the agreement or any progress has not been reported, you are granted a period of 30 business days to carry out the mentioned tasks and coordinate the inspection via email [...]. Otherwise, the procedure will be archived without further processing.” (Images 413 and 414 of the judicial file and folio 097 of the administrative file called “Naciente Calle Noé Marín”).\n\n32.- That on December 13, 2019, Pablo Marín Castro filed with the Directorate of Waters (Dirección de Aguas) of MINAE a request for a change of criterion on the ruling issued for the water body, for which he submitted a geological and hydrological study conducted at the site under analysis, by geologist John Gutiérrez Rojas, a document called “Análisis de niveles freáticos Evaluación de cuerpo de agua Propiedad SJ-776408-1988” (Analysis of water table levels Evaluation of water body Property SJ-776408-1988), prepared in December 2019 (exact date not indicated), in which the following conclusions are presented: “-Neither the property nor its surroundings have lithological changes that could generate the outflow of water from the underlying aquifer. -In the evaluated sector, there is no structural control that allows water to rise from the aquifer. -Topographically, the terrain has low-moderate slopes of less than 15°, and furthermore, these slopes present good homogeneity with some undulations typical of the surface, which means that in the sector there are no strong slope changes that could cause the surface to intersect the underlying aquifer. -Hydrogeologically, the shallowest aquifer is at an estimated depth of 10 meters, according to electrical tomography. Taking into account the described statements, it can be categorically concluded that the evaluated point does not correspond to a spring (naciente). The outflow of water at this point is the product of water channeling carried out years ago by neighbors, coming from springs (nacientes) located in the mountainous area found in the southwestern sector of the property.” (Images 647 to 661 of the judicial file).\n\n33.- That in official communication DA-UHTPCOSJ-0127-2020, dated January 13, 2020, the Directorate of Waters (Dirección de Aguas) of MINAE refers to the change of criterion procedure filed by Pablo Marín, indicating to him that “…for a better resolution, you are requested to attend to the attached official warning (prevención), the deadline is in effect from the present notification”. The attached official communication was number DA-UTHTPCOSJ-2441-2019. (Image 603 of the judicial file).\n\n34.- That through official communication VM-080-2020 of March 2, 2020, the Territorial Planning Sub-Process of the Municipality of Escazú approves the municipal approval (visado) request filed by Implementos Deportivos CFS S.A. on December 17, 2019, in relation to cadastral plans 1-2172500-2019, 1-2172501-2019, 1-2172502-2019, 1-2172503-2019, and 1-2172505-2019, all for the property registered under 1-615034-000, leaving the observation that said property: “… is affected by a spring (naciente) as indicated in official communications GA-CA-190-2020, GA-CA-191-2020, GA-CA-192-2020, GA-CA-193-2020, and GA-CA-194-2020 issued by the Environmental Management Sub-Process.” (Images 577 and 578 of the judicial file).\n\n35.- That through official communication VM-090-2020 of March 9, 2020, the Territorial Planning Sub-Process of the Municipality of Escazú approves the municipal approval (visado) request filed by Implementos Deportivos CFS S.A.\n\non that same date, regarding cadastral plans 1-2173987-2019, 1-2173988-2019, 1-2173989-2019, 1-2173991-2019, and 1-2173992-2019, all for property registration number 1-615031-000, leaving the note that said property: “…is affected by a permanent spring (naciente permanente) as indicated in official letters GA-CA-223-2020, GA-CA-224-2020, GA-CA-225-2020, GA-CA-226-2020, and GA-CA-227-2020 issued by the Subproceso de Gestión Ambiental.” (Images 579 and 580 of the judicial file).\n\n\n36.- That by official letter VM-191-2020 of June eleventh, two thousand twenty, the Subproceso de Planificación Territorial of the Municipality of Escazú approved the request for municipal approval (visado municipal) submitted by Implementos Deportivos CFS S.A. on June sixth of that same year, regarding cadastral plans 1-2204936-2020, 1-2204937-2020, 1-2204938-2020, 1-2204939-2020, and 1-2204940-2020, all for property registration number 1-615035-000, leaving the note that said property: “…is affected by a spring (naciente) as indicated in official letter GA-CA-834-2019 issued by the Subproceso de Gestión Ambiental.” (Images 581 to 584 of the judicial file).\n\n\n37.- That on July seventh, two thousand twenty, Implementos Deportivos CFS S.A. and Pablo Marín Castro filed an amparo appeal against the Dirección de Agua of MINAE, since as of that date the requests submitted since the year 2018 remained unresolved. The appeal was processed under file number 20-12195-0007-CO, and by resolution number 2020014339 of nine hours twenty minutes of July thirty-first, two thousand twenty, the Constitutional Chamber ordered the following: “V.- REGARDING THE FAILURE TO RESOLVE THE PETITION FILED ON DECEMBER 19, 2018. The appellants state that on December 19, 2018, they requested from the respondent authority an expert report on water bodies on their property; however, as of the date of filing this appeal, their petition has not been resolved. This Tribunal considers that the appellants' claims are unfounded (sic), given that from the facts recorded in the case file, as well as from the reports rendered under oath by the respondent authorities, it is proven that (sic) on December 19, 2018, the petitioner requested for municipal purposes an expert report on a water body located in cadastral plans: SJ-2072751-2018; SJ-2072750-2018; SJ-2072749-2018; SJ-2072748-2018; SJ-2072747-2018; SJ-2072746-2018; SJ-414020-2010; SJ-1414019-2010; SJ-1414022-2010; SJ-1414021-2010; SJ-1414018-2010; SJ-1414017-2010; a petition which was assigned tracking number 7986-2018. In response to the above, on January 30, 2019, and April 12, 2019, the respondent authority conducted inspections on the property in question. Likewise, on May 8, 2019, the appellant party submitted a series of documents and requested a review of the expert report issued through report AT-2173-2015 prepared by Eng. Jesús Monge, an official (sic) of the respondent Directorate, which is located at the same site. Accordingly, on July 19, 2019, the respondent authority generated technical report No. UHPTPCOSJ-1497-2019, which included the findings of the inspections conducted and the analysis of the arguments presented by the interested party. Furthermore, the petitioner was cautioned to uncover the concrete structure described as a storage tank, as well as to uncover and cut the pipes coming from outside the property, to resolve any situation generating doubt; this document was communicated by mail to the address [...] and [...]. In this regard, on August 19, 2019, the appellant party filed petition No. 5165-2019 responding to official letter No. UHPTPCOSJ-1497-2019 and including a geological and hydrogeological study prepared by private geologists. Continuing with the processing of the petition, on September 17, 2019, an on-site inspection was carried out at the site in question by officials of the Dirección de Agua, Eng. Alberth Calvo and Geologist Mariel Celeste González, accompanied by the Geologists contracted by the appellants who prepared the cited technical report, and an official from the Municipality of Escazú, for the purpose of verifying the (sic) findings indicated in said study. Finally, on November 7, 2019, through official letter DA-UHTPCOSJ-2441, the respondent authority responded to petition No. 5165-2019, indicating the results obtained in the inspection conducted on September 17, 2019, and granted the petitioner party a 30-day period to remove the structure that prevents conducting the study properly, under warning that the petition would be archived without further processing; this document was notified on January 16, 2020. Despite the foregoing, there is no evidence that the petitioner, after January 16, 2020, complied with the warning issued by the respondent authority through official letter DAUHTPCOSJ-2441. Thus, it is determined that the respondent authority has processed the request that is claimed to be unresolved, as on-site inspections are observed and the respective reports were issued; actions and documents that were also communicated to the appellants at the indicated addresses. However, note that on January 16, 2020, the respondent authority granted 30 days to the appellants to remove the structure that makes it impossible to conduct the study of their interest, a warning that was also being issued for the second time; the foregoing, under warning of archiving the petition without further processing. In this regard, and given that there is no evidence that after that date, the petitioners heeded such warning, the failure to resolve the claimed petition is not attributable to the respondent authority. Therefore, regarding this point, the appeal must be dismissed. V.- REGARDING THE LACK OF RESPONSE TO THE PETITION OF SEPTEMBER 20, 2019. As a second point, the appellants claim that on September 20, 2019, they requested from the Dirección de Aguas of the respondent Ministry a complete copy of the file corresponding to water application No. 7986-18, as well as a copy of the inspection record made on September 17 of that year; a petition for which they have received no response. In this regard, it is established that the respondent authority -in a report rendered under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction- admits the accused fact; however, they state that these types (sic) of requests are called, within the Directorate of Water's own procedural handling, \"Gestiones\", which is why they do not generate the preparation or creation of any administrative file. Likewise, they state that the request formulated on September 20, 2019, was not addressed because all petitions related to water application No. 7986-18 have been notified to the petitioners, hence they have copies of all the documentation. Now, this Chamber considers that the arguments of the respondent authority are not acceptable, because even though, for its own internal reasons, the requests submitted by users are called gestiones and do not generate administrative files, this did not prevent such processing method from being explained to the petitioners, as it was done in the report rendered before this Tribunal to justify the non-response to the request. Therefore, it is appropriate to grant the appeal on these specific grounds as indicated in the operative part. VI.- REGARDING THE OTHER CLAIM. Finally, the petitioners seek for this Chamber to consider as proven the non-existence of a spring (naciente) or aquifers on their property; the foregoing, based on the scientific studies submitted to the respondent. On this matter, it is necessary to warn that such claim falls outside the competence of this Tribunal, as it concerns matters of mere legality, which must be raised before the same respondent authority or before the competent judicial channel. Therefore, regarding this point, the appeal must be dismissed. (...) THEREFORE: The appeal is partially granted, solely regarding the lack of response to the request dated September 20, 2019. José Miguel Zeledón Calderón, Director de Agua of the Ministry of Environment and Energy, or whoever holds that position, is ordered to issue the necessary orders within the scope of his powers, so that a response is provided to what was requested by the petitioners on September 20, 2019, and the requested documents are delivered if no other objective cause prevents it, all within a period of THREE DAYS counted from the notification of this ruling.” (Images 595 to 602 and 423 to 437 of the judicial file).\n\n\n38.- That by official letter VM-231-2020 of July twenty-first, two thousand twenty, the Subproceso de Planificación Territorial of the Municipality of Escazú approved the request for municipal approval (visado municipal) submitted by Implementos Deportivos CFS S.A. on July tenth of that same year, regarding cadastral plans 1-2206196-2020, 1-2206198-2020, 1-2206199-2020, 1-2206200-2020, and 1-2106201-202, all for property registration number 1-615032-000, leaving the note that said property: “…is affected by a spring (naciente) as indicated in official letter GA-CA-834-2019 issued by the Subproceso de Gestión Ambiental.” (Images 415 to 418 of the judicial file).\n\n\n39.- That by official letter VM-232-2020 of July twenty-first, two thousand twenty, the Subproceso de Planificación Territorial of the Municipality of Escazú approved the request for municipal approval (visado municipal) submitted by Implementos Deportivos CFS S.A. on July tenth of that same year, regarding cadastral plans 1-2212467-2020, 1-2212465-2020, 1-2212463-2020, 1-2212461-2020, 1-2212460-2020, and 1-2212459-2020, all for property registration number 1-615030-000, leaving the following note: “Plan SJ-2212467-2020 is affected by a spring (naciente) as indicated in official letter GA-CA-464-2020 issued by the Subproceso de Gestión Ambiental.” (Images 419 to 422 of the judicial file).\n\n\n40.- That by closure order number 351 of August seventh, two thousand twenty, issued by the Municipality of Escazú and official letter DA-UHTPCOSJ-1767-2020 from the Dirección de Agua, dated August 10, 2020, it is ordered to suspend earthworks (movimientos de tierra) and it is communicated that: “Regarding the pending expert report on water bodies to be issued for your property in Escazú, petitions 7986-2018, 2798-2019, 5165-2019, 6036-2019, and 470-2020, having received an alert from the Municipality of Escazú reporting works within the property, YOU ARE CAUTIONED to cease works until this department conducts an inspection and issues an expert report.” (Images 438 and 439 of the judicial file)\n\n\n41.- That on September fourth, two thousand twenty, Mrs. Au Shum Tsang, legal representative of Implementos Deportivos CFS S.A., sent a note to the Municipal Mayor of Escazú, accusing that the action of the Department of Environmental Management of indicating that her properties were affected by the existence of a water spring (naciente de agua), was a false assertion, without basis, and was causing them damages and losses, for which she requested to be informed of the numbers of the properties located within a 100-meter area of the supposed spring (naciente). (Images 440 to 443 of the judicial file).\n\n\n42.- That on September eleventh, two thousand twenty, Mrs. Au Shum Tsang, in her capacity as legal representative of the company that owns the properties of the real estate development project, requested a new site inspection before the Dirección de Agua of MINAE. The inspection was scheduled for September seventeenth, two thousand twenty. (Images 444 to 446 of the judicial file).\n\n\n43.- That by official letter GA-596-2020 of September twenty-third, two thousand twenty, the Municipal Mayor of Escazú responds to the request made by the representative of Implementos Deportivos CFS S.A., indicating the real folio numbers of the properties affected by the protection area, along with the names of their owners, the cadastral plan numbers, and their georeferencing. (Images 453 to 458 of the judicial file).\n\n\n44.- That by official letter DA-UHTPCOSJ-2115-2020 of September 25, 2020, the Dirección de Agua of MINAE issued the following expert report: “HAVING REVIEWED THE NATIONAL REGISTER OF WATER USE CONCESSIONS, THE REGISTER OF WATERCOURSE AND WATER BODY EXPERT REPORTS, CARTOGRAPHY, AERIAL IMAGES, SNIT AND OTHER EXISTING TOOLS, AS WELL AS THE INSPECTIONS CONDUCTED ON 09/17/2020, IT IS DETERMINED THAT THE SITE DOES NOT CORRESPOND TO A WATER BODY. DURING THE INSPECTION, IT WAS OBSERVED THAT THE EARTHWORKS (MOVIMIENTO DE TIERRAS) ALLOWED VERIFYING WITH CERTAINTY THAT BENEATH THE STORAGE TANK NO GROUNDWATER INPUT WAS FOUND (FIGURE 1). IN THE TRENCHES UNCOVERED BY THE OWNER, UPSTREAM OF THE STORAGE TANK, AN INDUCED OUTCROP WAS OBSERVED, APPROXIMATELY 4 M FROM THE SURFACE LEVEL (FIGURE 2), THIS EVIDENCES THE DEPTH OF THE GROUNDWATER LEVEL AT THE SITE. THEREFORE, THE SITE UNDER ANALYSIS DOES NOT CORRESPOND TO A SPRING (NACIENTE). IN ADDITION, THE TRENCHES REVEALED THE EXISTENCE OF AT LEAST 2 IMPOUNDMENT STRUCTURES AT THE SUBSURFACE LEVEL (FIGURE 3), WHICH ALLOWED THE COLLECTION OF GROUNDWATER AND WHICH WAS CONVEYED VIA PVC PIPING TO THE SITE WITH THE STORAGE TANK.” (Use of capital letters matches the transcribed document. Images 459 to 463 of the judicial file and folios 141 to 144 of the administrative file called “Naciente Calle Noé Marín”).\n\n\n45.- That by official letters GA-CA-705-2020, GA-CA-710-2020, GA-CA-715-2020, and GA-CA-720-2020, the first dated October 12, 2020, and the remaining dated October 13, 2020, issued by María Isabel Sánchez Sánchez of the Subproceso de Gestión Ambiental of the respondent municipality, the requests for affectation studies of the properties described in plans SJ-2172500-2019, SJ-2173989-2019, SJ-2206196-2020, and SJ-2204937-2020, respectively, are definitively resolved, all of them ordering the following: “IMPORTANT NOTICE FOR THE RESPONSIBLE PROFESSIONAL AND THE OWNER. 1. THE INTERESTED PARTY IS CAUTIONED THAT THE OPINION ISSUED IN THIS DOCUMENT IS BASED ON THE OFFICIAL INFORMATION ISSUED BY THE DIRECCIÓN DE AGUA OF MINAE THROUGH (sic) THE SINIGIRH VIEWER AS OF TODAY, AS WELL AS THE EXPERT REPORTS (sic) ISSUED BY THIS DIRECTORATE, WHICH MAY VARY ACCORDING TO WHAT THE DA (sic) DETERMINES. 2. This environmental consultation is part of the requirements established in the Manual de Requisitos y Presentación de Solicitudes para Permisos de Construcción Gazette No. 58 of 03/24/2009, in point 2.10.7 and based on articles 5.4. and 5.5. of the Reglamento del Plan Regulador Gazette No. 90 of 05/11/2006. Consultations, follow-up of corrections, or clarifications derived from the reviews of this procedure must be carried out ONLY with the Subproceso Gestión Ambiental. RESOLUTION. In response to your request, filed with the Subproceso de Gestión Ambiental to conduct the study for affectation of springs (nacientes), rivers, streams, wells, or their corresponding protection areas, I inform you that, having reviewed the information officialized to date, and the information provided by the applicant through official letter DA-UHTPCOSJ-2115-2020, it was verified that, according to the registry of the Dirección de Aguas of MINAE, no natural water bodies are registered on the property or nearby that would affect it by protection areas.” (Use of capital letters matches the transcribed documents. Images 503 to 518 of the judicial file).\n\n\nFOURTH. UNPROVEN FACTS: Evidence has not been provided in the process to verify the following relevant alleged fact:\n\n1.- That the official María Isabel Sánchez Sánchez introduced false information not contained in the SINIGIRH system in the official letters for the “Estudio de Afectación” requested by the plaintiff.\n\n\nFIFTH. SUMMARY OF THE LAWSUIT. After a detailed exposition of the factual background related to the different documents that have referred to the supposed water body known as Fuente Juan Pablo, the contracts he signed as a real estate developer, and the procedures followed before the Municipality of Escazú and the Dirección de Agua of MINAE, the plaintiff elaborates, in the legal grounds of the complaint, what he calls the “constituent elements of the extracontractual civil liability of the Municipality of Escazú”. The first of these elements he develops is that of causal link. He relates that at some point in the 1990s and early 2000s, on the parent property indicated by plan SJ-776408-1988, there existed a supposed water source called “Fuente Juan Pablo,” but the truth is, as can be seen from the minutes of the book of the Comité de Desarrollo Comunal de Cuesta Grande, Cuesta Grande aqueduct, it actually corresponds to a storage tank. He explains that he is a real estate developer who, in 2018, entered into a contract with the company Implementos Deportivos CFS S.A. to carry out such a development on the property of the province of San José, real folio 104996, with plan number SJ-776408-1988, and its segregations and sub-segregations, for which he had to process and carry out the pertinent steps before the respective government institutions. Among these, he submitted requests for affectation studies and municipal approvals (visados municipales) before the Municipality of Escazú, which initially posed no problem and it is even noted that in official letters CA-893-2018, CA-894-2018, CA-895-2018, CA-896-2018, and CA-897-2018 issued by the official María Isabel Sánchez Sánchez, it is indicated that no natural water bodies are registered on the property or nearby that would affect it by protection areas, and he provides screenshots of the SINIGIRH system, dated November 9, 2018, where it can be seen that the property is clear and no water bodies exist on it, much less a protection zone, and that said official had already been aware of the opinions of the Dirección de Aguas AT-2013-2014, AT-2173-2015, and DA-UHTPCOSJ-1120-2016. He indicates that as a result of this, he was able to segregate and sell the properties with plan numbers SJ-2072751-2018, SJ-2072750-2018, SJ-2072749-2018, and SJ-2072746-2018, but that, as of December 13, 2018, through official letter GA-499-2018, issued by the same official Sánchez and Jerson Calderón Valverde, they decided to suspend the plan approval (visado) process for properties 615030-000, 615032-000, 615033-000, 615034-000, 615036-000, and 104996-000, based on the possibility of the existence of a spring (naciente) called “Juan Pablo” according to municipal records, grounded in the precautionary principle “in dubio pro natura”, despite the existence of multiple opinions within their knowledge, issued by the Dirección de Aguas, which caused the latter to have to re-inspect the supposed spring (naciente), a process that, it is known in this country, takes years. He accuses that in addition to this, and starting from this specific event, the official Sánchez Sánchez introduced false information in multiple official letters regarding affectation studies related to the property's plans, making it appear as if the SINIGIRH system showed that a spring (naciente) existed on the parent property and that it therefore had a protection radius of 100 meters. He highlights that it is striking to see how the protection zone encompasses the area of commerce and neighboring homes adjacent to the property, where the illegitimately introduced protection zone is marked. He emphatically maintains that this information was inserted by the official and was not recorded in the SINIGIRH registries, nor therefore in those of MINAE, which he considers is evidenced by contrasting official letters GA-CA-654-2019, GA-CA-658-2019, and GA-CA-657-2019, with CA-893-2018, CA-894-2018, CA-895-2018, CA-896-2018, and CA-897-2018, in which it can be seen that they did not have such indications in the system and they were inserted. He also highlights that on previous dates, official letters CA-078-2016, CA-0081-2016, CA-077-2016, CA-0082-2016, CA-0080-2016, CA-0079-2016, all dated 02-05-16, were issued by the Macroproceso Ingeniería y Obras, Proceso Contraloría Ambiental, of the Municipality of Escazú, which responded to Affectation Studies related to the properties of the province of San José 615031-000, 615032-000, 615033-000, 615034-000, 615035-000, and 615036-000, in which all responses state that the opinion of expert report AT-2173-2015 is current, in which it was indicated that no spring (naciente) existed on the property. He summarizes his exposition indicating that the generating event of what he calls the subjective extracontractual civil liability of the administration lies in two actions: first, the illegitimate and unfounded stoppage, with prior scientific opinions contradicting what was stated in official letter GA-499-2018; and second, the false introduction of information into a public document such as official letters GA-CA-654-2019, GA-CA-658-2019, GA-CA-657-2019, in which a reference point for a spring (naciente) and the circumference of the protection radius are inserted, information introduced by the official María Isabel Sánchez Sánchez. As the second element of said liability, he refers to the damage caused. He explains that as a result of the referenced documents, a stoppage of the works was generated, and the expiration term of the signed contract for the development of the properties continued to run and was even completed, thus generating losses consisting of the sums of money not received in relation to the sales of the properties. He explained the sale conditions agreed upon in the real estate development contract, highlighting the agreed value per square meter and his profit margin, concluding that under the first contract he would obtain total profits of one million seven hundred thirty-seven thousand forty-six dollars and ten cents, legal tender of the United States of America; while under the second, renegotiated contract, said estimate was reduced to five hundred forty-nine thousand seven hundred twenty dollars, thereby experiencing a loss of eight hundred twenty-nine thousand eight hundred fifty dollars, a sum he identified as the damage suffered. He also broke down the expenses incurred, which he classified as unnecessary, totaling six million one hundred thirty-nine thousand five hundred eighteen colones and thirty-seven cents. He detailed the doctrinal concept of damage and argued that in this case no cause for exclusion of causality exists, by virtue of the fact that between the damage-producing conduct exhibited by the defendant and the result of the serious injury to the offended party's assets, as well as the emotional, physical, moral, psychological impact, and the plaintiff's life project, it was avoidable if the opinions of the Dirección de Agua had not been questioned, and also if false information had not been inserted that resulted in an unjustified stoppage of the plaintiff's work, and had they acted in accordance with the law according to the technical opinions of the Dirección de Agua that already existed regarding the supposed spring (naciente), especially since the determination of water bodies corresponds to that latter body and also available were the minutes of the Cuesta Grande aqueduct where different records mention that what exists is a storage tank, and that opinions on the matter already existed, which were questioned in a manner contrary to law by the Municipality official, María Isabel Sánchez Sánchez. He argues that, in light of those reports, the appropriate course was simply to dismiss the supposed complaint and continue with the plaintiff's procedures; thus he denies that we are in the presence of a force majeure case; nor a “fault” of the victim; since there is no liability that can be attributed to the plaintiff, and finally, it is not a fortuitous event either, because the harmful result to the injured legal rights was foreseeable. He concludes and emphasizes that if the professional opinions of the Dirección de Aguas had been respected and given the value they possess, and had they not carried out stoppages, inserted false information, and contradicted what was ruled by the competent body, the damages and losses claimed here would not have been generated. The third element he develops is that of unlawfulness. In this regard, he states that the illegitimate conduct of the defendant consists of the insertion of false information without any professional opinion into a public document, indicating the existence of a supposed water spring (naciente de agua) and even creating a supposed location and a protection radius as if this were publicized by the SINIGIRH; and in the contradiction of professional opinions from the institution legitimately empowered to issue opinions on whether or not a water body is a spring (naciente), which is the Dirección de Agua, given that, despite a multiplicity of opinions indicating that no watercourse exists at the location of the property in question, they are questioned by requesting clarifications, and the plan approvals (visados) are halted. He denounces that the foregoing occurred in usurpation of powers, given that the Municipality official attributed to herself competencies that were not part of her position or function, causing the stoppage and obstruction of the works, leading to the expiration of the contract established with the owner of the properties and the need to renegotiate, which culminated in a new contract with a lower profit margin, behavior that he even described as constituting a crime. The fourth and last element he developed regarding the liability he claims is fault. On the subject, he stated that this constitutes the legal assessment made regarding the personal disposition of the defendant in relation to the specific illicit act committed, that is, not complying with the existing technical opinions of the Dirección de Agua AT-2013-2014, AT-2175-2015, and DA-UHTPCOSJ-1120-2016 and DA-UHTPCOSJ-0779-2018, issued on different dates over the years, which were coincident in stating that no spring (naciente) existed on the property or that it was not a watercourse, by introducing false information referencing that it appeared in the MINAE systems, such as the insertion of spring (naciente) indicators and protection zone radius, making it appear that this was shown in the SINIGIRH system, not only making a false insertion of information in public documents, to the detriment of the plaintiff, but also attributing to herself powers that did not correspond to her, which caused the stoppage of the project's development, this behavior serving as the criterion for attributing culpable damage. He considers that such conduct is attributable to the respondent institution, since it must choose its officials with the diligence of a good father of a family (culpa in eligiendo) given that, in the specific case, with full volitional and cognitive capacity, the responsible official omitted to perform an action she was legally obligated to fulfill. He also qualified this behavior as intentional, affirming that the official willfully, deliberately, and without basis, refused to comply with the provisions of the Dirección de Agua, and also deliberately introduced false information into documents of a public nature. He then presents an account of the doctrinal treatment of the theory of abuse of rights, fitting it into the specific actions that have been reiterated. From the foregoing, he deduces that we are in the presence, from the point of view of Civil Law, of what is known in doctrine as a typical case of extracontractual civil liability, since between the plaintiff and the respondent institution, at the time the narrated events occurred, no civil and/or commercial contractual legal relationship existed between both parties, and that this arises precisely from the materialization of the negligent and harmful conduct of the defendant. He continues explaining that the referred extracontractual nature is of a subjective type, as it is subsumable under the general principle contained in Article 1045 of the Civil Code, according to which anyone who, by fraud, fault, negligence, or imprudence, causes damage to another, is obliged to repair it along with the losses, where the element of fault, understood in a broad sense, is the basis of the system. He adds that, coupled with this and as a norm that empowers such liability, this time on the part of the State, Article 191 of the Public Administration Law establishes the Administration's obligation to repair damages caused to others' subjective rights, caused by its servants in the performance of their duties or on occasion thereof, and even includes that this occurs when the opportunities or means it offers are used, and that Article 192 of the same regulatory body establishes that it will also be liable under the conditions of 191 when it suppresses or limits subjective rights by illegally using its powers to do so. In another section, he cited the specific functions of the Dirección de Agua of MINAE, concluding that it is responsible for everything related to the determination of water bodies, and in general the administration of water resources at the national level, as well as resolving on the domain, control, use, and utilization of water bodies and watercourses.\n\nHe emphasized that these powers are unique and exclusive to the Water Directorate (Dirección de Agua) and no other entity or institution can claim them, as municipal official Sánchez Sánchez did. He also detailed the functions and powers attributed to municipal entities in general, as well as to the Environmental Management Process (Proceso de Gestión Ambiental) of the Municipality of Escazú. From that presentation, it can be inferred that, although the objectives of that department are aimed at preventing environmental damage, it does not possess the powers or cannot assume powers that do not correspond to it, such as the determination of bodies of water (cuerpos de agua), and for this reason, in all its reports and under any suspicion, it must inform and request professional and pertinent criteria from the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE, precisely because it lacks the professionals, the competence, or the equipment to carry out the task of determining bodies of water (cuerpos de agua). He emphasized that within the powers of that department are monitoring, promoting good environmental practices, conservation of parks, public areas, and protection areas, but it never assumes powers to determine the existence, location, and conditions of springs (nacientes), rivers, wells, among others, precisely because these powers correspond to the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE. In another section, he argued that the precautionary principle (principio precautorio) in its facet of \"in dubio pro natura\" does not apply in this case. To this end, he transcribed numeral 15 of the Rio Declaration on Environment and Development of May 7, 1992, Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), excerpts from jurisprudence issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and by the Contentious Administrative Court (Tribunal Contencioso Administrativo), as well as some doctrine, and extracts from all this that the application of such a principle implies the existence of the following fundamental elements: a threat or risk; that the damages be serious and irreversible; scientific uncertainty about the nature and severity of the results of said threat; an obligation for political decision-makers; the commitment to give the health of populations and the environment the \"benefit of the doubt\" when we face potential damages, uncertain but possible; informed public participation in determining the options to choose; a broad formulation of possible alternatives and the need for transparency when using scientific and technological information in the analysis of available alternatives. He alleged that in the specific case, none of these were met; there was no threat of risk, nor the possibility of generating serious and irreversible damages, nor scientific uncertainty. On the contrary, he stated, what did exist before the application of the precautionary principle (principio precautorio) were multiple opinions from the Water Directorate (Dirección de Agua) indicating that the point in question was not a spring (naciente), that it was not a watercourse (cauce), and that the storage tank (almacenador) had been out of use since 2003 due to poor water potability, contamination, reduced capacity or production flow, and because it dried up in the summer season. He added that the supposed need to apply this principle never existed in the specific case, since prior technical criteria existed, and the supposed spring (naciente) was inserted by the institution's official as if it appeared that way in the Water Directorate (Dirección de Agua) and in the SINIGIRH, facts that induced error, generated uncertainty, and caused the project's paralysis for several years until new criteria were issued, which arrived at the same conclusions as the existing ones, that is, that at the site in question there is no spring (naciente), and that it was only a storage tank (tanque de almacenamiento) as had been opined for 20 years. To this must be added the minutes of the Cuesta Grande Community Development Committee (Comité de Desarrollo Comunal de Cuesta Grande), Cuesta Grande Aqueduct (Acueducto Cuesta Grande), which expressed that what is known as Juan Pablo Source (Fuente Juan Pablo) corresponds to a storage tank (tanque de almacenamiento). In another section, he maintained the illegality of the commission created to analyze his case. In this regard, he cited numerals 12, 13, and 34 of the Municipal Code (Código Municipal), and based on the functions and powers attributed there to the Council (Concejo) and the Municipal Mayor (Alcalde Municipal), he maintained that the creation of the indicated commission never followed the legal procedure for its formation, therefore it is illegal. Subsequently, and despite the common thread followed up to that point, he proceeded to argue that we are facing a case of objective administrative liability. He referred to the basic doctrine of that legal institute and noted that in this case, the unlawful damage was the illegitimate and illegal operation of the Public Administration, which violated his fundamental rights to legal certainty, private property, legality, equity and justice, free trade, among others, to effective administrative protection, and said illegitimate action of the Administration caused him serious damages and losses, given that it affected the development business he was carrying out, losing a great opportunity. Based on this, he argues that, according to what is established in Article 190 of the LGAP, the Administration is responsible for its legitimate or illegitimate, normal or abnormal operation, consistent with the content of numerals 9 and 49 of the Political Constitution (Constitución Política), so it is evident how the Municipality of Escazú, with its negligent action, caused him great damage, by making it impossible for him to fulfill the real estate development contract he had signed, by arbitrarily and abusively delaying the entire municipal permit process. He maintains that the conduct of the Municipality was of an abnormal nature, since the actions taken deviate from good administration (buena administración), a concept used within the same LGAP in its article 102 subparagraph d), which among other things includes effectiveness and efficiency, an issue that was clearly alien to the behavior of the Municipality of Escazú, manifesting itself through malfunctioning, also tardy. He adds that we find the causal link in that as a result of the abnormal conduct of the Municipality of Escazú, where it proceeded inefficiently, arbitrarily, and negligently, the urban development was paralyzed, thus losing the possibility of fulfilling the sales contract, with no exonerating cause existing either. The statement of claim also dedicates a section to setting forth what the plaintiff considers constitutes criminal liability of the official, as he believes her conduct fits the crime of ideological falsehood (falsedad ideológica), typified in Article 367 of the Penal Code (Código Penal). Finally, he proceeded to break down and detail the various damages and losses that he considers were inflicted upon him, and for which he seeks compensation. As material damage (daño material), he alleges the expenses classified as unnecessary that he had to incur as a result of the municipal action. These include four days of dredging, twenty-five wagons of stone, four days of backhoe work, phreatic level studies, geophysical study of the subsoil, and the respective labor, for a total of six million one hundred thirty-nine thousand five hundred eighteen colones and thirty-seven cents. For losses (perjuicios), he claimed the difference in profit margin between the two signed contracts, given the reduction of the land for sale, as well as the diminished profit margin for a total amount of one million twenty-eight thousand five hundred three United States dollars. For moral damage (daño moral), he claimed compensation for the anguish and despair, the anxiety and panic attacks upon seeing such a valuable opportunity to solve a financial issue slip from his hands, which is increasingly difficult today to find opportunities for advancement and to get ahead, to have economic stability and more ease in this very sense, a situation that is persistent and reprehensible to date, for which he considered that the adequate and reasonable sum would be ten million colones. Based on such arguments, which have been expressed here in summary form, he formulated as a claim that the Municipality of Escazú be ordered to pay the damages and losses caused to him by an illicit act of the administration, that the sums of money obtained be indexed to present value according to the exchange rate of the involved currencies; that it be ordered to pay the respective interest from the finality of the judgment until effective payment, as well as the payment of personal and procedural costs.\n\nSIXTH. SYNTHESIS OF THE OPPOSITION. After chronologically detailing the facts that make up the legal argument of the lawsuit, the Municipality of Escazú stated that it is evident that many of the actions the plaintiff recounts have been issued by the Water Directorate (Dirección de Agua), in compliance with current regulations, since the main objective of that directorate is to administer the water resource nationwide, and to decide on the dominion, control, exploitation, and use of bodies of water (cuerpos de agua) and watercourses (cauces); while the Municipality, as local government, has the responsibility to safeguard the interests of its inhabitants and the environment of the canton, and act in accordance with what is established in the Regulatory Plan (Plan Regulador), according to which, in the sustainable development in the territory of its jurisdiction, the prevention and mitigation of possible environmental damages must prevail, and promote the environmental responsibility of the citizens of the canton. Based on this, it considers that the plaintiff is not correct in wanting to point out and impute civil liability to the Municipality of Escazú, because the determination of bodies of water (cuerpos de agua) and, in general, the administration of the water resource nationwide, deciding on the dominion, control, exploitation, and use of bodies of water (cuerpos de agua) and watercourses (cauces) corresponds to the Water Directorate (Dirección de Agua), powers that are unique and exclusive to said directorate, without any other entity or institution being able to claim them. Regarding the argument of the existence of subjective civil liability, it cited Articles 190 and 211 of the LGAP, and based on what is stipulated there, denied such a possibility. It further considers that the plaintiff tries to confuse the Court by affirming the existence of illicit conduct by official María Sánchez Sánchez, given that, in its opinion, she rather fulfilled the functions that were inherent to her, proceeded as appropriate, and requested an impact study at the time the plaintiff requested the municipal approvals (visados municipales) to carry out the real estate project development. It considers this attitude of the plaintiff malicious, given that he is a recognized developer of real estate projects and knows perfectly the procedures he must manage before the municipalities, as well as what they must do in the event of a possible impact on springs (nacientes) in compliance with the law. It argued that it is true that there were criteria issued by the Water Directorate (Dirección de Aguas) AT-2013-2014, AT-2173-2015, and DA-UHTPCOSJ-1120-2016, which indicate that the supposed spring (naciente) \"Juan Pablo\" located at coordinates: Latitude 209422, Longitude: 519525 is not a watercourse (cauce), however, it asks to observe that the dates date back to the years 2013, 2014, and 2015, and it is known by the plaintiff that impact studies must be carried out at the time the respective application for municipal approvals (visados municipales) is made, so it is evident that the procedure of official María Sánchez Sánchez is in compliance with the current norm and the obligations that the municipality must have as responsible for safeguarding the interests of its inhabitants and the environment of the canton, with what is established in the Regulatory Plan (Plan Regulador). It also qualifies as reckless the affirmation that Mrs. Sánchez introduced false information that did not appear in the registers of SINIGIRH or MINAE. It explains that the differences noted in the images provided in resolutions GA-CA-697-2018 and 858-2019, GA-CA-696-2018 and 857-2019, GA-CA-695-2018 and 854-2018 and GA-CA-694-2018, 694-2018 and 859-2019, are a screenshot, which was taken from the SINIGIRH public viewer on the indicated dates and corresponds to the location points of the opinions that are being consulted through file 7893-19, with the aim of providing the location in the pre-existing opinions, which, although they indicated that the body of water did not exist, were being subjected to review through the procedure requested by the plaintiff, and that likewise, the protection radius of 100 meters was included as a precaution (in dubio pro natura) and to avoid possible contamination of the body of water, in case it was determined that the spring (naciente) did indeed exist. It considers it irresponsible on the part of the plaintiff to enter into development contracts, as he calls them, knowing, with his extensive experience in real estate projects, the procedures that must be fulfilled, and that it is not only the municipality that must process documentation, but also that it depends on studies and opinions that must be issued by the Water Directorate (Dirección de Agua), so Mr. Marín Castro, with his extensive experience, should not have signed any contract knowing that nothing had been approved by the municipality, as well as the history of the property in the province of San José, real property folio 104996, with plan number SJ-776408-1988. It accuses the plaintiff of attempting to transfer liability to the Municipality of Escazú, which has acted under the legal framework and must wait for the Water Directorate (Dirección de Agua) to pronounce, given that it is the only one that has the function of exercising stewardship in matters of water resources, so it is not a responsibility of the municipality. In relation to the contracts that Mr. Marín Castro claims to have signed, it reiterates that the plaintiff seeks to prove a liability that is not true, as it was irresponsible on the part of the plaintiff to sign them without being certain of approval by the municipality and an approval that must not only be granted by the local entity, but, in this case, it is a real estate project that requires land use, municipal approvals (visados municipales) that require a technical and scientific criterion that there was no impact on a spring (naciente), and that corresponds to the Water Directorate (Dirección de Agua). Regarding the liquidated material damages (daños materiales), which the plaintiff qualifies as unnecessary expenses, it points out that they are due to the plaintiff's own management in response to a request from the Water Directorate (Dirección de Agua), and that he provides no proof, nor is any official letter or resolution observed where the Municipality of Escazú requested him to do any type of drainage or excavation to demonstrate that there was no type of impact on the property, but rather, on the contrary, on August 7, 2020, the municipality proceeded to shut down the earthworks (movimientos de tierra) for not having municipal permits to carry out earthworks (movimientos de tierra), despite complying with a request made by the Water Directorate (Dirección de Aguas), therefore said shutdown is due to non-compliance with a permit for such earthworks (movimientos de tierra). It refutes the attribution of liability made against it, affirming that it is evident that the plaintiff had full knowledge that the determination of bodies of water (cuerpos de aguas) fell to the Water Directorate (Dirección de Agua). Regarding the element of culpability, which the plaintiff maintains consists of the conduct of not complying with the criteria of the Water Directorate (Dirección de Agua) issued between 2014 and 2016, it refutes by stating that those cannot and should not be valued as invariable since, as the plaintiff well knows, these types of technical criteria must be carried out at the time of requesting land uses and municipal approvals (visados municipales), in order to carry out the respective procedure, as indicated by the Forestry Law (Ley Forestal), the Water Law (Ley de Aguas), and the Regulatory Plan of the Canton of Escazú (Plan Regulador del Cantón de Escazú). Regarding the powers of the unit in charge of the municipality, it notes that local governments have autonomy that is granted by the Political Constitution (Constitución Política) in its Article 170, and that this empowers it to self-regulate and self-organize functionally. It explained that the Municipality of Escazú has the Urban Management Process (Proceso de Gestión Urbana) which is functionally organized into the Sub-processes of Constructive Control (Control Constructivo), Territorial Planning (Planificación Territorial), and Environmental Management (Gestión Ambiental), and it is there where work was done responsibly and professionally according to the criteria emitted by the Water Directorate (Dirección de Agua). It therefore rejected that this administrative unit had assumed powers that do not correspond to it. In relation to the argument of the impropriety of applying the Precautionary Principle (Principio Precautorio) in its \"in dubio pro natura\" facet, it maintained that this principle does apply, as there were different criteria from the Water Directorate (Dirección de Agua) and criteria dating back to 2013, that as was well known nature is changeable, and that this principle stipulates that when the environmental risks run due to regulatory inaction are in some way uncertain but not negligible, the lack of regulatory action is unjustified. It argued that it is necessary for this principle to be applied responsibly, as the official from the Environmental Management (Gestión Ambiental) sub-process did, since there was doubt about the behavior of nature on that property, because, in order to avoid serious or irreversible damage and together with the absence of certain and scientific information, sufficient reason to postpone the adoption of effective measures based on costs, it is thus that to prevent and paralyze the processing of approvals (visados), this principle proper to environmental law is used in order to avoid any irreversible damage, and given so much doubt generated by the different opinions of the Water Directorate (Dirección de Agua), and because nature is changeable, it is the municipality's obligation to again request, in the years 2019, 2020, and 2021, opinions from that body in order to have certainty that any permit or procedure regarding the property in question can be granted. Regarding the allegation of nullity in the process of creating the municipal commission tasked with hearing the matter, the defendant argued that the plaintiff is mistaken in his assessments since the commission that was established in due course internally within the Urban Management Department (Gerencia de Gestión Urbana) was an interdisciplinary commission formed by various municipal officials with different expertises, as there were engineers, surveyors, geologists, architects, all with the aim of holding working groups to address complex resolution cases that enter for processing, therefore these commissions are formed internally within the Administration as part of that administrative autonomy that this Municipal Corporation enjoys in order to attend to cases that require more exhaustive analysis, which is far from the commissions established in the Municipal Code (Código Municipal) that are made up of council members who have specific functions established by law, therefore, for the formation of this commission, no procedure established by law must be followed since it is an internal working commission of the Urban Management Department (Gerencia de Gestión Urbana) that encompasses the Planning and Constructive Control Process (Proceso de Planificación y Control Constructivo), the Territorial Planning Sub-process (Subproceso de Planificación Territorial), the Constructive Control Sub-process (Subproceso de Control Constructivo), and the Environmental Management Sub-process (Subproceso de Gestión Ambiental). It affirmed that, consequently, the formation of a working commission does not affect in any way the management or procedure that an administered party or, in this case, the plaintiff had before the Municipality, since in the end the applicant receives the response to their requests from the area in charge and not from any commission. In relation to the claim for objective administrative liability, it refuted that the plaintiff seeks compensation for material damage (daño material) affirming that he had to invest in a series of studies and use of machinery, however, it does not follow that such expenses were due to work the municipality asked him to carry out, but rather it was clear that the plaintiff carried them out to be able to refute or demonstrate to the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE that the properties were not affected by any spring (naciente), therefore there is no causal link with the municipality, so this claim, in its opinion, must be dismissed as improper. Regarding the claim for recognition of moral damage (daño moral), it cited excerpts from jurisprudence issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) explaining the preconditions for its recognition, emphasizing the demonstration of the causal link. It rejected the statements referring to alleged criminal liability in the matter, supported by the fact that this is not the venue for such discussion. Lastly, regarding the liquidation for losses (perjuicios), it asserted that it is not possible to impute any liability to the municipal administration, given that the reason for the delay alleged by the plaintiff that apparently prevented him from obtaining a specific profit was due to the existence of situations related to an impact on springs (nacientes) that prevented obtaining the respective construction permits, and that it was the constant consultations with the Water Directorate (Dirección de Agua) and the criteria issued by this body to determine or not the existence of an impact that affected the continuity of the procedure before the municipality. It added that liability for damages and losses is sought to be imputed for a contract whose effectiveness depended on a series of permits being authorized by the municipal administration, which evidences irresponsible action on the part of the plaintiff in wanting to obtain a potential patrimonial benefit when he was not even certain if he would obtain the necessary permits to be able to develop the project, therefore it was the plaintiff himself, through his actions, who put himself in that situation upon seeing that once the procedures began, he never contemplated that delays or inconveniences could arise. It filed the exception of improper joinder of the necessary passive litis consortium, which was rejected interlocutorily, and requested that the lawsuit be rejected in its entirety, condemning the plaintiff to pay costs.\n\nSEVENTH. PURPOSE OF THE PROCEEDING. IMPROPRIETY OF THE ACTION. The plaintiff has not formulated any annulment claim against formal administrative activity, therefore, the present constitutes a civil Public Treasury (Hacienda) proceeding, which is characterized as being the instrument used by and against the Administration to elucidate its strictly patrimonial aspects. The core of the debated issue consists of determining if the Municipality of Escazú is under the obligation to compensate, as damages, the sums claimed by Mr. Marín Castro, pursuant to the precepts of administrative liability. In this sense, the plaintiff has made a considerable effort and a profound argument that, in the specific case, all the constitutive elements of subjective-type extracontractual civil liability on the part of the defendant entity have materialized. However, this Court must specify, as a starting point and transversal axis of everything that will be decided, that the liability system followed by our legal system in the matter at hand is of an objective type, as opposed to the subjective type, typical of private law, where, unlike the liability that will be examined here, the obligation to compensate requires the existence of malice or fault of the agent causing the damage. Contrary to this, within the dynamics of the Administration's preeminently objective liability system, it is liable to an individual who has suffered an unlawful injury that they do not have the duty to bear and that has been caused by a public operation; that is, for this criterion of imputation, it is not required that the analysis of the conduct focus on whether it was with malice or fault of the one causing the injury. As this topic has been widely addressed in this jurisdiction, it is worth recalling that the Political Constitution (Constitución Política), in its Article 41, guarantees the individual right to obtain, in accordance with the law, compensation for injuries or damages that someone has received to their person, property, or moral interests; a duty from which the Public Administration does not escape and regarding which the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) develops from its numeral 190.1, which literally says: \"Article 190.- 1. The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal operation, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party.\" Note that the cited mandate does not allude to acts, but to operation, so liability may derive not only from the formal conduct emanating from the public entity, but will also be demandable when it comes from material conduct or, from administrative omissions, in their diverse typology. On this matter, the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) explains that: “… legitimacy or its antithesis, refers basically to the legal conduct of the Administration, while normal or abnormal points, above all (but not exclusively), to the material conduct of the Administration, represented, among others, by the service-providing activity attributed to the State as part of the social category also assigned to it in pursuit of the general welfare of the collective”; while defining the concept of abnormality by stating that: “… it addresses those administrative conducts, which in themselves, deviate from good administration (buena administración) (according to the concept used by the General Law itself in Article 102 subparagraph d., which among other things includes effectiveness and efficiency) or from the organization, technical rules, or expertise and prudent endeavor in the deployment of its actions, with a harmful effect for the person. This allows pointing out that abnormality can manifest through malfunctioning; tardy functioning, or a total absence of functioning. Abnormality and illegality, therefore, should not be adopted as equivalent concepts, not even in what corresponds to the hypothesis of that functioning which, being due or in accordance with the aforementioned rules, produces a harmful result (called “abnormal functioning by result” by some doctrinal sector), since in such a case, what operates is a liability for normal functioning with a harmful effect or result, indemnifiable, of course, provided that the requirements pre-established expressly by the Legal System itself are met.” (First Chamber of the Supreme Court of Justice, number 584 – 2005, at ten hours forty minutes on August eleventh, two thousand five). Note then that this criterion is even more favorable for the plaintiff's interests than the one he has invoked in his lawsuit, since it eliminates from the equation to justify his right, the demonstration of fault or malice on the part of the causing agent. It will be enough then, in synthesis, to prove three elements for the duty to indemnify him to concur: the existence of administrative conduct generating liability, the production of compensable damage, that is, certain, real, and effective, and finally, the proof of the causal link that connects the specific administrative action with the damage alluded to. Beforehand, however, it must be specified that it will not be ruled upon in this judgment, despite forming part of the argument that supports the lawsuit, whether the action of the involved official implies criminal-type liability, nor much less if it constitutes a crime, as this is not the venue nor the channel for it, and fundamentally because there is no specific claim in that sense; and that the allegations related to the nullity of the formation of the municipal commission will not be examined either, given that a declaration in that sense has not been requested, and that it concerns a subsequent event without a direct relationship with the administrative conducts accused as a criterion of imputability for the claimed liability. In accordance with these precisions, to resolve the litigation raised, the Court must first examine if there is any conduct of the defendant that fits into the precepts generating liability. In relation to this, the plaintiff consistently and repeatedly accused that \"the generating event of liability\" (as he qualifies it), resides in two moments: “1. The illegitimate and unfounded paralysis of the process, with prior scientific criteria that contradicted what was indicated in official letter GA-499-2018. 2. The false introduction of information into a public document such as official letters GA-CA-654-2019, GA-CA-658-2019, GA-CA-657-2019, in which a reference point for a spring (naciente) and the circumference of the protection radius are inserted, information introduced by official María Isabel Sánchez Sánchez.” Despite the length of the statement of claim, these two facts are what sustain the entire allegation, and they are reproduced and reiterated in each of the sections that make up said document, both to justify the existence of each of the elements of subjective liability, and to subsequently support that of an objective type.\n\nThe factual tableau that has been demonstrated in this proceeding, detailed in the second whereas clause of this judgment, and set forth here in summarized form, reflects in substance that already in the AT-2013-2014 determination, requested by Mr. Daniel Peyer regarding plan SJ-1414023-2010, it is noted that the water body corresponds to \"other,\" unspecified; the AT-2173-2015 determination requested by Adriana Carrillo Pacheco, for plan SJ-776408-1988, notes \"No Source\"; and in DA-UHTPCOSJ-1120-2016, requested by official Roxana Bermúdez for plan SJ-1414020-2010, it states \"No Source,\" such that by those dates the existence of the spring (naciente) is ruled out. In March 2018, the determination of the Dirección de Agua was issued in response to an inquiry made through filing 8703-2017 regarding well 2175, in which reference is made to the spring known as \"Juan Pablo,\" the well location is corrected, and it is noted that the spring dried up, referencing determinations AT-2013-2017, AT-2173, and DA-UHTPCOSJ-1120-2016. On November 9, 2018, five impact consultations were issued for plans 12072746-2018, 12072747-2018, 12072749-2018, 12072750-2018, and 12072751-2018, through resolutions CA-897-2018, CA-896-2018, CA-895-2018, CA-894-2018, and CA-893-2018, respectively, all indicating that they were not affected, taking into account determinations AT-2013-2017, AT-2173, and DA-UHTPCOSJ-1120-2016. Then, in December 2018, the municipality received an anonymous telephone report indicating that on the property there was a watering trough (abrevadero) and a spring that was used for irrigation, which would be affected by the works on the property. As a result, on December 10, 2018, municipal official María Isabel Sánchez Sánchez sent to the Dirección de Agua of MINAE a \"REQUEST FOR DETERMINATION ON WATER BODIES\" form regarding cadastral plans SJ-1414020-2010 and SJ-1414023-2010, both with parent property registration number 1-104996-000, a procedure to which number 7893-19 was assigned. Subsequently, through official memorandum GA-499-2018 dated December 13, 2018, signed by María Isabel Sánchez Sánchez and by Jerson Calderón Valverde, coordinators of the Environmental Management and Urban Management sub-processes, respectively, they informed the Territorial Planning coordinator that due to the possible existence of a spring called \"Juan Pablo\" according to municipal records, the impact consultations necessary for the plan approval process for properties 1-615036-000, 1-615034-000, 1-615033-000, 1-104996-000, 1-615032-000, 1-615030 were suspended based on the precautionary principle \"in dubio pro natura,\" until the request for clarification filed with the Dirección de Agua is addressed. Concomitantly, on January 7, 11, and 30, 2019, officials from the Environmental Management sub-process of the Municipality of Escazú conducted inspections of the property, in which they determined a large amount of water and material that appeared to be for drainage works. Subsequently, in official memorandum DA-UHTPCOSJ-1497-2019, of July 19, 2019, the Dirección de Aguas of MINAE resolved the water body determination request procedures 7986-18 and 2798-19, noting that the preliminary analyses carried out up to that point raised doubts about issuing a definitive opinion on the site under study, and required the interested party to perform uncovering and cutting of the pipes coming from outside the property and those leaving it, to clear up any doubt, and that thereafter visits would be scheduled in the dry season to observe the behavior and determine whether or not a source exists. After that, official María Isabel Sánchez Sánchez issued the memoranda resolving the requests made regarding plans SJ-1414018-2010, SJ-141019-2010, SJ-141020, SJ-1414021-2010, SJ-1414022-2010, SJ-141023-2010, SJ-2072750-2018, and SJ-2072749-2018, indicating that, since as of that date the Dirección de Agua had not issued an opinion on the possible existence of a spring at the site and its character, such point would be provisionally considered a permanent spring, based on the principle in dubio pro natura, in order to guarantee respect for protection areas while the final determination was being issued.\n\nAgainst that decision, the plaintiff argues that in the specific case the prior determinations referred to could not be disregarded, since the precautionary principle in its \"in dubio pro natura\" aspect is not applicable. He cites Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, highlighting the phrase: \"Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation\"; to which he contrasts his assertion that in the specific case there was scientific evidence issued by the pertinent and qualified institution for the determination of water bodies, which he accuses were ignored, disregarded, and contradicted. In a similar vein, he later states that in this matter there was no doubt of any kind, since in opinions AT-2013-2014, AT-2175-2015, and DA-UHTPCOSJ-1120-2016, it was indicated that there was no watercourse (cauce) on the property, and therefore, there existed neither the threat or risk, nor the possibility of generating serious and reversible damage, nor scientific uncertainty, which he considers indispensable elements for the applicability of the principle applied.\n\nThe Court does not share the reasoning provided by the plaintiff. First, the exposition made completely disregards the progressive nature of the principle it claims to examine, and the evolution it has undergone in our case law and legislation. Thus, in an initial stage, the Constitutional Chamber began to refer to \"in dubio pro natura\" in terms very closely aligned with the literal wording of the aforementioned Principle 15 of the Rio Convention, in the sense of understanding it as a kind of general protection clause, also in accordance with the Organic Environmental Law number 7554, then in force. (See, in this regard, vote 5893-95). However, following the enactment of the Biodiversity Law number 7788 of 1998, four criteria for the application of the law were incorporated in its Article 11: preventive, precautionary or in dubio pro natura, public environmental interest, and integration. For what is relevant here, the third paragraph of the cited norm states that: \"When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures.\" Following the incorporation of this principle into domestic legislation, considerable development of it is observed in case law, with special emphasis on constitutional case law, manifesting a progressive tendency to refer to in dubio pro natura—as a precautionary principle—when a specific pro-environment interpretation was made, which lowered the standard required for the seriousness of the danger of environmental impact, so that in dubio pro natura/precaution becomes legally relevant. That is, while the precautionary principle requires danger of serious and irreversible damage, according to its original conception, when the highest constitutional instance mentions the principle of \"precaution or in dubio pro natura,\" it reduces the seriousness and irreversibility required of the damage (or the danger thereof) to demand effective measures to prevent environmental degradation. On this point, see, among others, Constitutional Chamber judgments numbers 2988 of 1999, 2988 and 8234 of the year 2000; 5048 of 2001; 2015 of 2002; 6312 of 2003; 1915 of 2004; 113 of 2005; 1917 of 2006; 1689 of 2007; 2521 of 2008; 262 of 2009; 6922 of 2010; 3114 of 2011; 1283 of 2012; 2520 of 2014, and 7934 of 2013. In this last one, for example, issued at nine hours and five minutes on June 14, 2013, it was explained that: \"…From the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution and Principle 15 of the Rio Declaration—United Nations Conference on Environment and Development—, constitutional case law has recognized the so-called 'precautionary principle in environmental matters' or 'principle in dubio pro natura,' whose observance implies that all actions of the public administration on environmentally sensitive matters be carried out with the appropriate zeal to avoid risks and serious and irreversible damages. In other words, if there is a lack of certainty about the innocuousness of the activity in terms of causing serious and irreparable damage, the administration must refrain from carrying out such activities. It is clear that this principle is also applicable in the case of the protection of forest lands and other protection areas. Thus, in judgment number 2013-004619 at fourteen hours and thirty minutes on April 10, two thousand thirteen, the Chamber established that: '3- The Precautionary Principle in environmental law matters. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which states: \"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.\" (In the same sense see Article 11 of the Biodiversity Law). As the Chamber has already indicated, the term prevention derives from the Latin \"praeventio,\" which alludes to the action and effect of preventing, to those preparations and dispositions made in advance to avoid a risk or execute something. Prevention seeks to anticipate negative effects, and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. In this way, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt regarding it—, based on technical studies, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing, because in environmental matters, after-the-fact coercion is ineffective, since, if the damage has occurred, the biological and socially harmful consequences may be irreparable; repression may have moral transcendence, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment.' In such a way, the precautionary principle finds application insofar as there is a lack of certainty regarding the damage to be produced and the mitigation or reparation measures that must be implemented, since when there is certainty about the type or magnitude of the environmental damage that may occur and the measures that must be adopted at each moment, any bias of doubt is eliminated and, consequently, it would be inappropriate to apply the precautionary principle. Stated otherwise, the precautionary principle must be applied in cases of reasonable doubt or uncertainty, but not when there is certainty about the type of damage and the measures that must be adopted, since by its very nature the application of this principle is unfeasible. Consequently, starting from the premise that the Rio Declaration itself recognizes the existence and correlation of the precautionary and sustainable human development principles, the adequate balancing test must at all times be ensured to allow due respect for and application of both principles, such that activities are evaluated according to both their environmental impact and their contribution to sustainable human development.\"\n\nThus, it can be stated that in dubio pro natura receives the treatment of a special precautionary principle, which reduces the intensity of the seriousness required of the danger of environmental degradation, a point that is definitively revealed in Constitutional Chamber judgment number 05994 of April 26, 2017, where it is noted that: \"As this Chamber has examined in prior case law (see resolution number 2014/004243), the so-called 'special precautionary principle' or 'principle in dubio pro natura' has also been recognized, whose observance implies that all actions of the public administration on environmentally sensitive matters be carried out with the appropriate zeal to avoid risks and damages that are impossible or difficult to repair. From the foregoing, it follows that the administration must have negative certainty that the environment will not be affected under any circumstance, from which it results that when there is doubt about the occurrence of a risk, the administration has the obligation not to authorize or carry out actions, or to immediately cease the administrative activity causing the danger. In other words, if it lacks scientific certainty about the innocuousness of the activity, the administration must refrain from carrying out activities with a negative environmental impact; in the face of scientific uncertainty about innocuousness or benefit.\" In accordance with this jurisprudential development, the precautionary principle has a dual dimension. First, as an expression of Principle 15 of the Rio Declaration, which operates for situations where there is a risk of serious or irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty; and, second, in its manifestation in dubio pro natura, as a criterion of action for the Public Administration in everyday situations of its activity, to opt for those decisions that imply a lesser impact on the environment.\n\nIn summary, although in early stages the Constitutional Chamber has referred to both principles—precautionary and in dubio pro natura—as a single one, in explaining their nature, it has dispensed with the requirement of the seriousness of the risk of environmental damage required by Principle 15 of the Rio Declaration for the principle in dubio pro natura to operate, placing it as a criterion of action that obliges the Administration to refrain from carrying out activities (granting administrative authorizations, for example) when there is no certainty that the environmental impacts will be within the standards permitted by legislation. This Chamber considers that the actions of the Municipality of Escazú fit fully within this approach. Despite the existence of reports issued in prior years in which the existence of any water body deserving protection in the area was ruled out, such a condition cannot be taken as definitively and scientifically demonstrated for the future. Such reports, while technically valid documents for their time, face the fundamental limitation of the inherently changing nature of the environment, given that climatic variations, modifications to the terrain, or changes in the water table, among other possible causes, could over time modify the conditions of the area. In this way, the indicated reports certify the state and condition at the date of their issuance, but cannot be taken as definitive. They can continue to serve as a guide for action and as support for authorizations, as long as no new situations arise that at least warrant their review. In this regard, if the defendant Municipality received a report from neighbors indicating that there was some water body on the land that could have been affected, and further, if the preliminary inspections conducted revealed the constant presence of water on the land, what was expected within responsible and dynamic management for water resource protection was that it would submit the consultation to the Dirección de Agua of MINAE, as it effectively did on December 14, 2018, and that it would so inform the person processing the authorizations, indicating to him, as the defendant also opportunely did, that the definitive opinion would not be issued until said body had completed the consultation made. None of the other protests regarding possible irregularity or illegality of such administrative conduct are receivable either. It is not true that there was an encroachment of competences, nor that a resolution was issued in contradiction with what was ordered by the Dirección de Agua of MINAE. In the face of the doubt raised by the report received and by the on-site verification of the constant presence of water on the land, the municipal action consisted, as stated, in submitting the consultation to the competent body for a determination, and informing the person processing the matter that the definitive opinion would be issued once the requested report was completed, all of which occurred in the month of December 2018. Then, on July 19, 2019, the Dirección de Agua issued official memorandum DA-UHTPCOSJ-1497-2019, which states that: \"Based on all the information reviewed, testimony from a neighbor of the site under inspection, and the field visits conducted, a reasonable doubt arises regarding the existence, nature, and character of the alleged source existing at the site and the place of origin of the pipes that feed the alleged tank located on the property under study, since it must be noted that in the first visit there was indeed flow, while in the second visit it was damp and without a defined flow. (…) Therefore, it is concluded that the inspected site has no binding relationship with the information provided, since nowhere is the relationship between the written information and the reference coordinates clarified. The source was visited a couple of times during the driest season of the year 2019, and differences were found that define the condition and even anthropogenic modification of the place; it is for this reason that doubt arises about issuing a definitive opinion on the site under study. And, it is proposed then that at the site the concrete structure described as a storage tank be uncovered, so as to isolate the possible intervention of the pipes that supposedly bring water to this point; second, it is requested that the pipes coming from outside the property and those leaving it be uncovered and cut, to clear up any situation that generates doubt. Scheduled visits will be made during the remainder of the year and even in the next dry season if necessary, to observe the behavior of the source under opposite conditions and thus determine the source.\" It is not until after this official memorandum, and based on what was indicated therein, that the Environmental Management sub-process of the Municipality of Escazú issued official memoranda GA-CA-651-2019, GA-CA-652-2019, GA-653-2019, GA-CA-654-2019, GA-655-2019, GA-CA-656-2019, GA-CA-657-2019, and GA-CA-658-2019, all dated August 5, 2019, through which the requests made in relation to properties 1-615031-000, 1-615032-000, 1-615033-000, 1-615034-000, 1-615035-000, and 1-104996-000, plans SJ-1414018-2010, SJ-141019-2010, SJ-141020, SJ-1414021-2010, SJ-1414022-2010, SJ-141023-2010, SJ-2072750-2018, and SJ-2072749-2018, respectively, were resolved, in the following terms: \"RESOLUTION. In response to your request, submitted to the Environmental Management Sub-Process for the completion of the impact study for springs (nacientes), rivers, streams (quebradas), wells (pozos), or their corresponding protection areas, I inform you that, after reviewing the information made official to date, as well as the information indicated on the plan subject to this consultation, and the field inspection, the possible existence of a captured spring (naciente captada) located at (…) from the plan subject to this consultation was determined, for which reason a new request for a determination was made, under the precautionary principle \"indubio pronatura,\" in order to rule out or confirm the existence of the water body, and likewise verify the condition of the possible intake (toma). The procedure was carried out through procedure No. 7893-2019, and we are awaiting a response. ANNOTATION. Therefore, although the Dirección de Agua (sic) has not issued an opinion on the request for a determination of the possible spring and its character, based on the \"PRINCIPLE INDUBIO PRONATURA,\" it will be provisionally considered of a permanent character, in order to guarantee respect for the protection areas, as stipulated in the Water Law Art. 148-149, case law related to water resources and protection areas, as well as that established in the Ley Forestal, Article 33, a 100 m radius measured horizontally from the location point must be respected. They must remain with vegetative cover, that is, reforested. It is clarified to the interested party that this opinion is (sic) subject to the pronouncement of the Dirección de Agua.\"\n\nAs can be seen, all the referenced official memoranda recognize the exclusive competence of the indicated Directorate to resolve the doubt presented, and do no more than issue a provisional protective resolution based on the interlocutory pronouncement issued by that body. It is highlighted that they were issued after official memorandum DA-UHTPCOSJ-1497-2019, where the Dirección de Agua acknowledges, based on the proceedings carried out up to that point, the existence of reasonable doubt regarding the matter consulted, and the need to perform certain works to be able to clear it up; therefore, the actions taken by the Municipality are neither capricious nor even premature. The transcription made of the content of these official memoranda also serves as support to completely rule out what the plaintiff characterized as the second constitutive element of the abnormality of the administrative conduct, which would be the inclusion of false information therein. The truth is that the photographs and illustrations that accompany said official memoranda must be understood in accordance with the content and operative part of the document of which they form part, and although they are complementary to them, they are limited and circumscribed to what is expressed therein. In that sense, as cited supra, in the referred documents it is at no time certified, nor even affirmed with any degree of certainty, that the water spring exists at the site. In the recitals section it is explained that: \"…after reviewing the information made official to date, as well as the information indicated on the plan subject to this consultation, and the field inspection, the possible existence of a captured spring was determined…\" and that, as a result, a \"…new request for a determination was made, under the precautionary principle \"indubio pronatura,\" in order to rule out or confirm the existence of the water body, and likewise verify the condition of the possible intake. The procedure was carried out through procedure No. 7893-2019, and we are awaiting a response.\" Then, in the operative part, it was established that: \"….although the Dirección de Agua (sic) has not issued an opinion on the request for a determination of the possible spring and its character, based on the \"PRINCIPLE INDUBIO PRONATURA\" (sic), it will be provisionally considered of a permanent character, in order to guarantee respect for the protection areas, as stipulated in the Water Law Art. 148-149, case law related to water resources and protection areas, as well as that established in the Ley Forestal, Article 33, a 100 m radius measured horizontally from the location point must be respected.\" In the opinion of this Chamber, what is stated therein can in no way be classified as false, insofar as it specifies that it is a presumption, which, as such, by definition constitutes a conjecture, is provisional, and is subject to verification. Said substantial content is complemented by the explanation of the reason for the presumption (the inspection carried out that revealed the constant presence of water on the property); the action being taken (submitting the consultation to the Dirección de Agua); the impossibility of issuing a definitive opinion as of that date (until the competent body issues the definitive opinion), and the precautionary nature of the measure adopted. Consequently, the photograph and illustration that formed part of such administrative acts unequivocally detail the point where, as a precaution and provisionally, the water body and its protection radius are being estimated to be, while awaiting the Dirección de Agua to render the corresponding determination. As can be seen, this resolution adds little to the communication that was sent to the plaintiff in December 2018, in which he was informed of the consultation made, the procedure number, and the suspension of the final resolution until it was completed. In the testimonial deposition, official Sánchez Sánchez further explained that these situations recurred with some frequency in the Municipality, and that before issuing the resolutions, the person processing the matter was asked whether they wanted the memorandum to be issued, or whether they preferred to wait for the resolution from the Dirección de Agua. The Court appreciates that the indicated official memoranda comply with the Administration's legal obligation to resolve the requests made by users within a reasonable time, that their content conforms to the reality of the situation at the time of their issuance, and is, moreover, reasonable, proportionate, and legally valid. In support of all the foregoing, it was also proven that almost immediately after the Dirección de Agua issued the final report to the consultation made, the Environmental Management sub-process of the Municipality of Escazú definitively resolved the requests for impact studies of the properties that had been provisionally noted up to that point, leaving the warning that: \"The interested party is warned that the opinion issued in this document is based on the official information issued by the Dirección de Agua of MINAE through the SINIGIRH viewer as of today, as well as on the determinations issued by this Directorate; it may vary as determined by the DA,\" and then ordering that: \"In response to your request, submitted to the Environmental Management Sub-Process for the completion of the impact study for springs, rivers, streams, wells, or their corresponding protection areas, I inform you that, after reviewing the information made official to date, and the information provided by the applicant in official memorandum DA-UHTPCOSJ-2115-2020, it was verified that, according to the registry of the Dirección de Aguas of MINAE, no natural water bodies are registered on or near the property that would affect it by protection areas.\"; which confirms the provisional, presumptive, and precautionary nature of what was ordered by the Municipal Corporation in the official memoranda that the plaintiff has accused of containing false content. As a corollary of the foregoing, the Court finds that, contrary to what was alleged by the plaintiff, there is no criterion of abnormality or illegality in the administrative conduct examined. Each one of the different communications, inspections, and resolutions issued by the Municipality of Escazú during the processing of the forms called \"Consultation on impact by springs, rivers, streams, wells, and their respective protection areas\" submitted by the plaintiff, were issued within the framework of its competences, separate from and with respect for and subjection to those of the Dirección de Agua of MINAE, were also duly justified, reasonable, proportionate, and in accordance with the legal and constitutional requirements that concern it in the protection of the cantonal water resource. No defect is appreciated in the administrative acts examined—the nullity of which was not even requested by the plaintiff—, much less was the existence of falsehoods in their content verified. Therefore, there is no abnormal or illegitimate administrative conduct that can serve as a criterion for the imputation of liability and that supports the possibility of receiving compensation for it. The nonexistence of this first prerequisite, by itself, renders the claims asserted inadmissible. However, it is worth adding very briefly that there is also no causal nexus between the damages quantified and any action of the defendant. Given that it is the time elapsed to resolve his request that is alleged as the causative agent of the asserted damages, it must be established that any undue or unreasonable delay in the issuance of the definitive report by the Dirección de Agua of MINAE is an aspect extraneous to the municipal action, which was limited to asking, as appropriate, for a pronouncement regarding the doubt that arose, and therefore, cannot be imputed (even if it were proven) to the defendant here. A similar thesis must be stated regarding the material damage, identified in the complaint as \"unnecessary expenses,\" given that the works and reports detailed therein correspond to requests made by the Dirección de Agua and not by the Municipality. Finally, compensation for subjective moral damage is inadmissible given the normal and legitimate nature of the defendant's conduct, and none of the hypotheses established in Article 194 of the Ley General de la Administración Pública are constituted in this case, to consider the possibility of compensation for lawful conduct and normal functioning.\n\nAll of this leads to the conclusion that the claims must be rejected in their entirety and the lawsuit declared without merit.\n\nEIGHTH. DEFENSES. Expressly, the Municipality of Escazú only raised the preliminary defense of improper joinder of parties, which was rejected in an interlocutory ruling. On the Court’s own motion, as this constitutes one of the substantial or merits-based prerequisites of any favorable judgment, and based on the foregoing recitals, the lack of right of the action brought is declared.\n\nNINTH. COSTS: In accordance with numeral 193 of the CPCA, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Relief from this award is only viable when, in the Court’s judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this Court finds no existence of any of the applicable circumstances to break the general rule of awarding costs against the losing party, and therefore, the plaintiff and losing party is ordered to pay the costs generated by this proceeding, to be settled in the judgment enforcement stage.\n\n \n\n \n\nTHEREFORE:\n\nThe supplementary evidence offered by the plaintiff is rejected. On the Court’s own motion, the plaintiff’s lack of right regarding the action brought is declared. The lawsuit filed by Mr. Pablo Marín Castro against the Municipality of Escazú is declared without merit in all its aspects. The plaintiff is ordered to pay both costs of this action, to be settled in the judgment enforcement stage. Gustavo Irías Obando, José Martín Conejo Cantillo, Francisco Hidalgo Rueda, Judges.\n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n- Verification Code -\n???????????????\nFKI4SMNSLHW61\n\n\n\n \n\nDocument signed by:\n\nGUSTAVO IRIAS OBANDO, TRIAL JUDGE\nJOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, TRIAL JUDGE\nFRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, TRIAL JUDGE\n\n \n\nEXP: 22-000465-1028-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nClassification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in an onerous manner is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:12:50.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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