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  "id": "nexus-sen-1-0034-1277520",
  "citation": "Res. 00160-2025 Tribunal Contencioso Administrativo",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Medida cautelar de relleno y aseguramiento en zona de protección del río Barranca",
  "title_en": "Precautionary measure for fill and securing works in Barranca River protection zone",
  "summary_es": "La empresa Jungle Park Investments solicitó una medida cautelar contra CONAVI y Puentes y Calzadas para que ejecutaran trabajos de relleno y aseguramiento en su propiedad, alegando que los trabajos de rehabilitación del puente sobre el río Barranca causaron daños a su inmueble. La propiedad se encuentra en la zona de protección del río, sin permiso de construcción, y ha sufrido erosión previa. El tribunal valoró los presupuestos cautelares: consideró que no existía apariencia de buen derecho pues la construcción invade dominio público y no es legal; sí verificó peligro en la demora por la situación de riesgo inminente; pero, en la ponderación de intereses, determinó que conceder la medida implicaría perpetuar el peligro a los habitantes y contrariaría el artículo 50 constitucional y la Ley Forestal, prevaleciendo el interés público sobre el patrimonial. Rechazó la medida sin condena en costas.",
  "summary_en": "Jungle Park Investments sought a precautionary measure against CONAVI and Puentes y Calzadas to carry out fill and securing works on its property, claiming that bridge rehabilitation works over the Barranca River caused damage. The property sits in the river's protection zone, lacked a construction permit, and had prior erosion. The court assessed the precautionary requirements: it found no fumus boni iuris since the building encroaches on public domain; it did find periculum in mora due to imminent risk; however, weighing interests, it held that granting the measure would perpetuate danger to occupants and contravene Article 50 of the Constitution and the Forestry Law, with public interest prevailing over private property. The measure was denied, without costs.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo",
  "date": "13/01/2025",
  "year": "2025",
  "topic_ids": [
    "water-law",
    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "medida cautelar",
    "zona de protección",
    "dominio público",
    "ponderación de intereses",
    "peligro en la demora",
    "fumus boni iuris"
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  "concept_anchors": [
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      "article": "Art. 33",
      "law": "Ley Forestal 7575"
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      "law": "Constitución Política"
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  "keywords_es": [
    "medida cautelar",
    "CONAVI",
    "Puentes y Calzadas",
    "zona de protección",
    "Río Barranca",
    "dominio público",
    "erosión",
    "peligro en la demora",
    "ponderación de intereses",
    "artículo 50 Constitución",
    "Ley Forestal 7575",
    "interés público",
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  "keywords_en": [
    "precautionary measure",
    "CONAVI",
    "Puentes y Calzadas",
    "protection zone",
    "Barranca River",
    "public domain",
    "erosion",
    "danger in delay",
    "balance of interests",
    "Article 50 Constitution",
    "Forestry Law 7575",
    "public interest",
    "fumus boni iuris"
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  "excerpt_es": "1. Apariencia de buen derecho del análisis de la solicitud cautelar, sin entrar en un juicio de valor sobre el fondo -lo cual, no es propio de este proceso cautelar- el promovente pretende, que se ordene al Consejo Nacional de Vialidad y a Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. ejecutar los trabajos de relleno y aseguramiento técnico en la propiedad de mi representada ... Sobre el particular es fundamental señalar en primera instancia, que las pretensiones no están dirigidas a un proceso cautelar con características de sumario cognitio, instrumentalidad y provisionalidad, ya que pretende que se realicen obras en el inmueble de su propiedad pero en el proceso de conocimiento se peticiona el reconocimiento de daños y perjuicios, aspectos netamente patrimoniales. Adicionalmente, de las pruebas aportadas: imágenes, fotografías, vídeos e informes se puede observar que la construcción se encuentra en el cauce y ribera del río, es decir, en zona pública y área de protección, todo lo cual permite arribar a la conclusión que no se cumple con este presupuesto. 2. Daño o perjuicio grave, actual o potencial en la situación jurídica del promovente. ... se constata que la infraestructura está expuesta a la acción del río y sus inclemencias, sin embargo, en esta instancia no se puede determinar si existe alguna relación de causalidad con las obras para la \"Rehabilitación del Puente sobre el Río Barranca, Ruta Nacional No. 23\". Ahora bien, es claro que la edificación e incluso los habitantes del inmueble corren peligro inminente, por ende se comprueba el daño o perjuicio grave del promovente de la tutela cautelar. ... 3. Ponderación de los intereses en juego, en la especie, se ha acreditado el daño o perjuicio grave alegado, el cual debe sopesarse frente al interés público. Debe indicarse al respecto que conceder la solicitud cautelar implicaría perpetuar la situación de peligro que corren quienes habitan el inmueble, toda vez que la edificación se encuentra en el río y su margen y, la realización de algunos trabajos de protección a la estructura y en el inmueble, no aseguran que no ocurra algún evento en razón de lo incierto del actuar de la naturaleza, colocando en riesgo la integridad física de sus habitantes (interés superior). Adicionalmente, el inmueble, se encuentra en dominio público, zona de protección del Río Barranca y de admitirse la cautelar, podría contravenir los dispuesto en el artículo 50 Constitucional y las leyes de protección ambiental. Por lo indicado, debe prevalecer el interés público y las vidas sobre el mero interés patrimonial-particular. En consecuencia, al no concurrir la totalidad de los presupuestos legales necesarios, se declara sin lugar la medida cautelar solicitada.",
  "excerpt_en": "1. Appearance of good right from the analysis of the precautionary request—without entering into a merits assessment, improper in this precautionary proceeding—the applicant seeks that the National Road Council and Puentes y Calzadas Infraestructuras be ordered to carry out fill and technical securing works on its representative's property ... On this point it is essential to note, first of all, that the claims are not directed at a precautionary proceeding with summary cognitio, instrumentality and provisionality characteristics, since they seek works on the real property but the main proceeding requests recognition of damages and losses, purely patrimonial aspects. Additionally, from the evidence submitted—images, photographs, videos and reports—it is clear that the construction is located in the river bed and bank, i.e., in public domain and protection area, which leads to the conclusion that this requirement is not met. 2. Grave, actual or potential damage or harm to the applicant's legal position. ... it is verified that the infrastructure is exposed to the river's action and inclemencies; however, at this stage it cannot be determined whether there is any causal link with the works for the 'Rehabilitation of the Barranca River Bridge, National Route No. 23'. That said, it is clear that the building and even its occupants face imminent danger; therefore, the grave damage or harm of the precautionary protection applicant is proven. ... 3. Balancing of competing interests: in this case, the grave damage or harm alleged has been proven, which must be weighed against the public interest. It must be stated that granting the precautionary request would perpetuate the dangerous situation faced by those occupying the property, given that the building sits on the river and its bank; carrying out some protective works on the structure and property does not ensure that some natural event will not occur, thus endangering the physical integrity of its occupants (superior interest). Additionally, the property lies in public domain, the protection zone of the Barranca River, and granting the measure could contravene Article 50 of the Constitution and environmental protection laws. Accordingly, the public interest and lives must prevail over the mere private patrimonial interest. Consequently, since not all necessary legal requirements are met, the requested precautionary measure is denied.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The court denied the precautionary measure due to lack of fumus boni iuris and because the balancing of interests favors public interest over private property, since the building is in the Barranca River protection zone and public domain.",
    "summary_es": "El tribunal rechazó la medida cautelar por falta de apariencia de buen derecho y porque la ponderación de intereses favorece el interés público sobre el patrimonial, al encontrarse el inmueble en zona de protección del río Barranca y dominio público."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "the property lies in public domain, the protection zone of the Barranca River, and granting the measure could contravene Article 50 of the Constitution and environmental protection laws. Accordingly, the public interest and lives must prevail over the mere private patrimonial interest.",
      "quote_es": "el inmueble, se encuentra en dominio público, zona de protección del Río Barranca y de admitirse la cautelar, podría contravenir los dispuesto en el artículo 50 Constitucional y las leyes de protección ambiental. Por lo indicado, debe prevalecer el interés público y las vidas sobre el mero interés patrimonial-particular."
    },
    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "granting the precautionary request would perpetuate the dangerous situation faced by those occupying the property, given that the building sits on the river and its bank",
      "quote_es": "conceder la solicitud cautelar implicaría perpetuar la situación de peligro que corren quienes habitan el inmueble, toda vez que la edificación se encuentra en el río y su margen"
    },
    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "the construction is located in the river bed and bank, i.e., in public domain and protection area, which leads to the conclusion that this requirement is not met.",
      "quote_es": "la construcción se encuentra en el cauce y ribera del río, es decir, en zona pública y área de protección, todo lo cual permite arribar a la conclusión que no se cumple con este presupuesto."
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  "references": {
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1277520",
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  "regulations_by_article": null,
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 00160 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 13 de Enero del 2025 a las 16:43\n\nExpediente: 24-005358-1027-CA\n\nRedactado por: Ana Katarina Apu Hidalgo\n\nClase de asunto: Medida cautelar\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n24-005358-1027-CA - 2\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nMEDIDA CAUTELAR\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nJUNGLE PARK INVESTMENTS & PROPERTY MANAGMENT S.A.\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nCONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD\n\n \n\n N° 2025000160\n\n \n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las dieciseis horas con cuarenta y tres minutos del trece de Enero del dos mil venticinco.-\n\n \n\nSe conoce solicitud de medida cautelar interpuesta por JUNGLE PARK INVESTMENTS & PROPERTY MANAGMENT S.A., cédula jurídica 3-101-255000 representada por suys apoderados especiales judiciales Walter Brenes Soto, cédula de identidad número 2-0645-0800, carné profesional No. 21747, vecino de Escazú y Gabriel González Mata, cédula de identidad número 1-1565-0665, carné profesional No. 33698, vecino de San José, ambos mayores, solteros, abogados contra el ESTADO representado por la procuradora Amanda Grosser Jiménez mayor, cédula de identidad 1-1256-0237, casada, vecina de Moravia, CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) representado por su apoderado especial judicial Óscar Eduardo Romero Aguilar, mayor, abogado, cédula de identidad 1-1013-0740, carné profesional 18889 y PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L.U. cédula jurídica 3-012-676757, representada por sus apoderados especiales judiciales Luis Alonso Ortiz Zamora, casado, cédula de identidad número 1-0923-0771, carné del Colegio de Abogados número 11858, vecino de San José y Francisco Obando León, casado una vez, vecino de Escazú, cédula de identidad número 1-1041-0390, carné del Colegio de Abogados número 14112, ambos mayores de edad, abogados.-\n\n \n\nRESULTANDO\n\n \n\n1- En fecha 07 de agosto de 2024 se promueve medida cautelar contra el Consejo Nacional de Vialidad y Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U.  (ver memorial en imágenes 2 a 24 del expediente de medida cautelar).-\n\n \n\n2- Mediante resolución de las siete horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, se rechazó la medida cautelar en su carácter provisionalísimo, se integró a la litis al Estado y se concedió audiencia (ver imagen 41 del expediente de medida cautelar).-\n\n \n\n3- La representación de CONAVI, se refiere a la medida cautelar (ver imágenes 51 a 169 del expediente de medida cautelar).-\n\n \n\n4- La representación del Estado contesta la medida cautelar incoada (ver imágenes 163 a 62 del expediente de medida cautelar).-\n\n \n\n5- La accionada Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. se manifiesta en cuanto a la medida cautelar (ver imágenes 289 a 299, 304 a 314, ratificación 323 y 324, 325 y 326, 335 del expediente judicial).-\n\n \n\n6- La gestionante aporta como prueba vídeos (ver imágenes 339 y 340 del expediente de medida cautelar).-\n\n \n\n7- En auto de las dieciséis horas dieciocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinticuatro, se concede audiencia de la prueba indicada (ver imagen 341 del expediente de medida cautelar).-\n\n \n\n8- El CONAVI, el Estado y la sociedad Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. se refieren de esta prueba (ver imágenes 344 y 345, 350 a 357 y 358 a 373 del expediente de medida cautelar).-\n\n \n\n9- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado.-\n\n \n\nCONSIDERANDO\n\n \n\nI. OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR.  La parte actora promueve medida cautelar a efectos de \"1) Se solicita que se declare con lugar la MEDIDA CAUTELAR PROVISIONALÍSIMA y se ordene al Consejo Nacional de Vialidad y a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. ejecutar los trabajos de relleno y aseguramiento técnico en la propiedad de mi representada. Esto con el fin de garantizar la seguridad de la estructura de la casa que queda en pie, hasta que se finalice la ejecución de la obra y el proceso de conocimiento. Lo anterior con fundamento en el artículo 23 y siguientes del CPCA. 2) Se ordene al Consejo Nacional de Vialidad y a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. abstenerse de realizar cualquier acción que comprometa la protección de la propiedad de la actora, incluyendo la interrupción o abandono de los trabajos sin su debida finalización\"  (ver imágenes 23 y 24 legajo de medida cautelar).-\n\n \n\nII. ARGUMENTOS DEL PROMOVENTE. Respecto a los presupuestos indica: a. Fumus Boni Juris:  debe tomarse como criterio para denegar la medida cautelar sólo en aquellos supuestos en los que no exista, de manera evidente y manifiesta, seriedad en la demanda, de modo que en el fuero interno del Juez exista el convencimiento de que aquella pretensión está dispuesta al fracaso y considera que se evidencia: a) El día 14 de diciembre del 2020, se adjudicó en firme a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U., la licitación pública 202OLN000002-0006000001, para la \"Rehabilitación del Puente sobre el Rio Barranca, Ruta nacional No. 23\" b) La empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. implementó una estrategia constructiva para la ejecución de la obra que involucró la construcción de rellenos que abarcan tanto el bastión como tres pilas del río. Estos rellenos se aplicaron de manera simultánea, reduciendo significativamente la sección hidráulica del río y, en consecuencia, aumentando la velocidad del flujo. c) La noche del 23 de junio de 2024, debido a una crecida del río y a la presencia de los rellenos instalados por la empresa, la velocidad de la corriente aumentó de manera inusual. Esto provocó un fuerte impacto en la propiedad de su representada, causando daños significativos. La corriente arrastró el muro de protección y afectó gravemente el sector sur de la casa de habitación, incluyendo la terraza, comedor, cocina, cuarto de televisión, lavandería, piscina techada y un área de rancho. El actuar de los demandados es tan grave y evidente que no requiere una revisión rigurosa para que este Tribunal aprecie la conducta anormal e ilegítima del Consejo Nacional de Vialidad y de la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U., según se discutirá en el proceso de conocimiento ambos son responsables de los daños ocasionados a su representada. Actualmente, la propiedad se encuentra comprometida, con una parte literal destruida y el Consejo Nacional de Vialidad ha ordenado a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. detener los trabajos de relleno que protegían la propiedad, esto deja a sus representados en una situación de peligro, ya que cualquier evento similar o peor al ocurrido podría poner en riesgo sus vidas. En este caso tiene un fundamento real, serio, debidamente fundamentado, de manera que, en un juicio hipotético de probabilidad o verosimilitud, es posible el éxito de la acción que se solicita en el proceso de fondo. b. Peligro en la demora: la doctrina ha definido como el \"peligro de la infructuosidad o inutilidad de la sentencia de mérito\" y que suele ser enfrentado a través de las medidas cautelares PREVENTIVAS como, por ejemplo, la orden de su Autoridad para corregir de forma momentánea la situación en la que se encuentra la vivienda, con el fin de impedir que la situación de hecho o de derecho sobre la que recaerá la sentencia principal se modifique durante la pendencia o mora del proceso. Es indudable que en el presente caso, si no se otorga la medida cautelar, continuará en peligro debido a la falta de protección adecuada de la propiedad en caso de otra avenida extraordinaria del río Barranca, esto podría impactar nuevamente la propiedad, ocasionándole más daños materiales y morales. Aún más importante, pondría en riesgo la vida de los adultos mayores que habitan la propiedad, lo cual sería irreparable. La empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. continúa realizando trabajos en el puente y mantiene los rellenos que abarcan el bastión y las tres pilas del río. En términos sencillos, la misma situación que provocó la avenida extraordinaria del río y los daños en la propiedad sigue presente. Cada día que pasa sin que se realicen los trabajos de relleno y aseguramiento técnico aumenta el riesgo de un daño aún mayor, de no otorgarse esta medida cautelar, sus representados permanecerían en peligro durante la duración del proceso de conocimiento, ya que no tienen los recursos necesarios para contratar a una empresa que realice los trabajos de aseguramiento y protección de la vivienda y que de todas formas no les corresponde asumir ya que los daños ocasionados son achacables a las demandadas. Por lo tanto, estarían en constante riesgo. Como se habrá notado, estamos pretendiendo una medida cautelar preventiva de las que evitan -según el numeral 20 del CPCA- que se mantenga una situación jurídica Iesiva al derecho que ostentan mis representados.  c.La ponderación de intereses: debe ponderarse si frente a ese interés o derecho privado de la parte actora, cuya tutela cautelar se pretende, existe o no un interés público contrapuesto que convierta en gravosa la petición esbozada, pues de ser así, sería difícil, cuando no imposible, acoger la medida requerida. En el presente caso, es evidente la inexistencia de un interés público superior que impida o se superponga a la medida cautelar requerida. No se da ninguna afectación a ningún grupo de interés de la colectividad, por las siguientes razones: No existe un daño al interés público, ya que la medida cautelar solicitada no busca la paralización de la obra. Más bien, se pretende que el CONAVI y la empresa demandada reanuden los trabajos de relleno y aseguramiento en la propiedad de la actora. Esto garantizaría la finalización adecuada del trabajo y permitiría que los propietarios permanezcan seguros en su hogar hasta la conclusión de la obra en curso y el proceso de conocimiento. Si se adopta la presente medida cautelar, no se Iesionará el interés público ni se afectará a terceros. Como se ha indicado, no se causará ningún daño a la población. En cambio, se permitirá que mi representada y su esposo puedan vivir en tranquilos durante el período prolongado del proceso de conocimiento.-\n\n \n\nIII. ARGUMENTOS DEL ESTADO. En la especie se opone a la medida cautelar. Apariencia de buen derecho, existe una evidente falta de apariencia de buen derecho y la misma es altamente temeraria, pues se basa en los daños causados a un inmueble el cual no posee permiso de construcción. La parte hace largos y extensos argumentos de como el río Barranca generó una serie de afectaciones sobre la propiedad en cuestión, cuando de la documentación aportada emitida por la Municipalidad de Puntarenas y por el INVU, demuestra que la propiedad de la empresa actora no posee permiso de construcción y por lo tanto, se encuentran de manera ilegal habitando en dicha propiedad. La propiedad se encuentra en el Zona de Protección que de acuerdo con el artículo 33 y artículo 34 de la Ley Forestal 7575 son zonas donde existe una total prohibición de construcción y de vivienda (véase oficio DU – UFIS – 103 – 2024). Esto hace que la presente medida cautelar que se basa en el derecho de los actores de  pedirle al Estado un resarcimiento o rehabilitación del inmueble que se encuentra en la propiedad no solo resulte temerario y carente de seriedad sino que se trata de una conducta de parte de la empresa actora abiertamente ilegal, contra del ordenamiento jurídico y que pone en riesgo la vida de aquellas personas que actualmente habitan la propiedad ilegal como de los demás habitantes de la zona quienes se ven afectados por propiedades y escombros de dichas propiedades de afectan el Río Barranca y ponen en riesgo la vida de quienes tienen un derecho a tener una zona de protección que permita una gestión del riesgo. Esta situación fáctica y jurídica demuestra que no existe el presupuesto ya que no existe derecho alguno del actor, solicitamos se declare sin lugar. No existe peligro en la demora: no existe afectación alguna del actor: la parte se basa en que las constantes lluvias y los arreglos que aún se dan en el puente Barranca, existe un riego de que la propiedad tenga mayores afectaciones y que la vida de los habitantes se vea afectada. Dicha premisa resulta improcedente: cómo se mencionó en el acápite anterior, el bien inmueble fue construido sin el respectivo permiso de construcción, por lo que se encuentra ilegal en la zona de protección del río Barranca y de acuerdo con el informe GCTR-47-24-2474, la propiedad, mucho tiempo antes de las obras realizadas por las codemandadas, ha sufrido una enorme erosión, la cual ha sido provocada según el LANAME por la influencia marítima que posee el río Barranca generando un alto oleaje. En específico la propiedad de la empresa actora en los últimos años -previo a las obras perdió más de 150m2 de la propiedad por erosión. Es decir, la urgencia con la que se plantea la medida cautelar resulta improcedente, ya que la parte actora conoce que por su condición ilegal en una zona de riesgo y en la zona de protección del río Barranca, su propiedad ya ha sufrido una perdida enorme de terreno, pero pretende injustificadamente achacar esto a los trabajos de mejoramiento del puente, buscando se realicen trabajos y se le indemnice una situación totalmente irregular. Es decir, no existe un peligro en la demora, ya que la propiedad que se menciona no debería poseer una construcción ni debería estar habitada, la propia empresa actora se ha puesto en una situación de peligro, siendo necesaria su inmediato desalojo de la propiedad pues desde la construcción ilegal de la misma en una zona de alto oleaje del río Barranca se ha generado una erosión de la propiedad generando -sin que sea achacable a las obras- la destrucción del inmueble. Inclusive, la empresa Puentes y Calzadas, en un acto de buena fe y con consciencia de que no existe responsabilidad e la empresa ni del Estado, les ofreció se alojaran en un hotel y la empresa correría con los gastos ante lo que los habitantes se negaron. Por lo que es claro, que el peligro en la demora alegado y el supuesto peligro que enfrentan los habitantes, se vive por la propia responsabilidad de los mismos al habitar una construcción irregular, en una zona de protección y ser ellos mismos quienes se han negado a salir de la misma aún y cuando se les han brindado opciones para garantizar su seguridad. Ponderación de intereses, la vivienda se encuentra en una zona de alto riesgo de inundación, que aún antes de los trabajos de reparación del puente ya se había dado una enorme erosión de la propiedad y que la construcción de dicha propiedad es ilegal pues carece de permisos de construcción. Permitir lo solicitado por los actores sería validar la permanencia ilegal de los habitantes de la propiedad en una zona de altísimo riesgo, poniendo sus vidas en peligro y la de los demás habitantes que requieren de una zona de protección a lo largo del río Barranca. Mediante esta ponderación y solicitud se pide que valide no solo una situación ilegal sino que además mantenga en riesgo a los habitantes de la propiedad. Por lo que pretender que se realice un relleno para que los habitantes puedan permanecer en la propiedad es solicitar se ponga en riesgo a los mismo. Por lo que se establece la necesidad de mantener las obras de reparación en funcionamiento si no que se opone a que se le ordene al Estado perpetuar una situación irregular que los propios actores han generado y que con su propio actuar han puesto su vida en riesgo. Ante dicha balanza y siendo claro que el interés público se encuentra por encima, solicitamos sea rechazada la medida cautelar.-\n\n \n\nIV. ARGUMENTOS DEL CONAVI. Señala que existe una evidente ausencia de instrumentalidad (toda vez que la parte actora pretende cautelarmente que se llevan a cabo obras en “su propiedad”, que en realidad es dominio público) en lo que respecta a la apariencia de buen derecho, no se aprecia un ejercicio argumentativo razonable que conceda a la petición, la seriedad que merece una acción civil de hacienda. Conforme a la prueba aportada se tiene que la propiedad en cuestión no posee permiso de construcción, invade áreas de dominio público y la zona en la que pretende que supuestamente se realicen trabajos de aseguramiento, corresponde a una zona de protección propiedad del Estado en la que la actora no debió -en primer término- realizar actividades de construcción o edificación que pretende proteger con la medida cautelar. La petición cautelar es abiertamente ilegal, toda vez que está pidiendo (con la intervención de un juez contencioso administrativo) que se realicen trabajos de aseguramiento en un sector que está expresamente prohibido por el artículo 58 de la Ley Forestal. En el caso del presupuesto peligro de demora, la acción pretendida tiene la misma suerte; partiendo del hecho demostrado, la propiedad del accionante invade el demanio estatal, las omisiones más trascendentales de la parte actora radican en que, conforme al presupuesto de peligro de la demora, no indicó en qué consisten los supuestos daños actuales, eventuales o potenciales que pueda causarles el rechazo de la medida cautelar en el dominio público; no señaló cuál es el riesgo o peligro de la tardanza de una sentencia en el proceso principal; tampoco indicó con claridad cuál es el supuesto daño que provoca en su esfera jurídica, la no realización de acciones en áreas de dominio público, pues de haber observado el retiro de ley, no estaría en esa situación. De igual manera, la actora no demostró algún grado de probabilidad respecto a la existencia de un daño actual o potencial privado que deba ser tutelado, toda vez que pretende medidas cautelares privativas del dominio estatal. En el presupuesto de ponderación de intereses, habida cuenta que la cautelar pretendida, al disminuir el dominio público a la apropiación particular, incide directamente en la privación de un área que -por definición expresa del legislador- propende a la protección del Río Barranca, en el contexto del Derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política, que evidentemente posee un interés superior, a aquel que intenta la parte actora a través de la tutela cautelar. En consecuencia, al no haberse acreditado el incumplimiento de los presupuestos procesales solicita declarar sin lugar la gestión pretendida.-\n\n \n\nV. PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L.U. Apunta que en este caso no se cumplen los tres presupuestos, como lo expone de seguido: Apariencia de buen derecho, el quid de la cuestión radica en determinar si existe o no una conducta imputable a alguno de los demandados. No media en la especie conducta reprochable de parte de PUENTES Y CALZADAS, ni tampoco un daño que haya podido demostrase que sea producto de algún proceder de su representada bajo criterios de dolo o culpa, no habiendo nexo causal alguno, y por ende tampoco responsabilidad que le pueda ser acusada. La parte promovente parece obviar o ignorar que respecto de PUENTES Y CALZADAS no puede acusarse una responsabilidad objetiva, ya que jurídicamente resulta imposible acusar una responsabilidad objetiva pues se trata de una empresa comercial, un sujeto privado y NO una Administración Pública, tratándose de una persona jurídica privada, estamos ante una relación sujeta al derecho privado y conforme al numeral 1045 del Código Civil, debe acreditarse una responsabilidad subjetiva, con ocasión de un proceder o conducta que derive de un actuar negligente, culposo, doloso o con falta al deber de cuidado, y nada de ello se acredita en la especie. En el oficio PYC-098-2024-CON-BA de 24 de junio de 2024, dirigido al CONAVI (Administración contratante), se señaló que la propiedad se encuentra sobre el cauce del río Barranca y estima que las edificaciones están invadiendo terrenos del Estado, y el propio cauce del río Barranca en la ruta 23. Por su parte, los trabajos desarrollados no tendrían influencia en el suceso, ya que la península desarrollada en virtud de las obras contratadas por el CONAVI estaría funcionando como una barrera que ha evitado que los daños fuesen mayores. No se demuestra el supuesto daño en condición de grave, la parte actora no hace referencia puntual a los daños graves actuales o potenciales que, según su mero dicho, le causaría el no desarrollo de alguna obra, que en todo caso parece, por la condición y ubicación de la edificación sobre la margen del río, que las obras peticionadas no se harían en el margen de su propiedad (aspecto nunca acreditado) sino dentro del margen del río, que son bienes demaniales del Estado, produciendo una invasión a terrenos del Estado (ver las fotografías oficio PYC-098-2024-CON-BA de 24 de junio de 2024). Para el caso particular, en la ponderación de intereses, prevalece el interés público. no es acertado decir que la parte promotora lo que quiere es que se reanuden las obras objeto de la licitación, sino que lo que pide, es que se le haga un trabajo particular en su beneficio, con dineros públicos.  El fallo 95-F-TC-2009 el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, se indica que el juicio de ponderación como tercer requisito “se reduce a establecer ¿qué pasa si se acoge la medida cautelar? y ¿qué pasa si no se acoge? En el caso en cuestión, no se ha demostrado que con acogerse la medida se evite un daño grave, pero sí es evidente que se obligaría a desarrollar una obra que parece resultar en beneficio del particular, sin que de momento haya razón jurídica o técnica incontrovertida que acredite que la misma es esencial. Concluye que el otorgamiento de la medida cautelar pedida compromete el interés público y solicitamos que se rechace la solicitud planteada y con ello se declare sin lugar la medida cautelar peticionada.-\n\n \n\nVI. EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. La jurisprudencia ha desarrollado ampliamente el objeto de la justicia cautelar, la cual responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. En este sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Partiendo de lo anterior, la persona juzgadora con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto, que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris.  La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave.  Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación de la persona juzgadora de realizar a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego entre la circunstancia del particular, por un lado y por el otro, el interés público, así como los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar.-\n\n \n\nVII. EL CASO CONCRETO. En este asunto se procede a realizar el estudio de los elementos requeridos por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo de la presente solicitud cautelar, considerando los argumentos de las partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación que constituye carga procesal de la parte interesada, al tenor del ordinal 41.1 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria con fundamento en el numeral 220 del mencionado CPCA, probar las afirmaciones en que apoya sus pretensiones.  En cuanto la prueba testimonial ofrecida por el CONAVI: \"Ingeniero Topógrafo Eduardo Coto Rodríguez, cédula N°03-0446-0621, Número de Registro ante CFIA IT-31730, quien se referirá a la invasión a áreas de dominio público. Ingeniero por parte de Contratista de Obra: Ing. Manuel Verdes Montero, cédula N°17-2400-348523, Número de Registro ante CFIA IC-39077, quien se referirá a las obras realizadas para la construcción del Río Barranca, y las obras de mitigación realizadas al efecto\", en virtud que en los autos constan elementos suficientes para resolver por el fondo la presente medida cautelar, se rechaza esta prueba. 1.Apariencia de buen derecho del análisis de la solicitud cautelar, sin entrar en un juicio de valor sobre el fondo -lo cual, no es propio de este proceso cautelar- el promovente pretende, que se ordene al Consejo Nacional de Vialidad y a Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. ejecutar los trabajos de relleno y aseguramiento técnico en la propiedad de mi representada y se ordene al Consejo Nacional de Vialidad y a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. abstenerse de realizar cualquier acción que comprometa la protección de la propiedad de la actora, incluyendo la interrupción o abandono de los trabajos sin su debida finalización. Sobre el particular es fundamental señalar en primera instancia, que las pretensiones no están dirigidas a un proceso cautelar con características de sumario cognitio, instrumentalidad y provisionalidad, ya que pretende que se realicen obras en el inmueble de su propiedad pero en el proceso de conocimiento se peticiona el reconocimiento de daños y perjuicios, aspectos netamente patrimoniales. Adicionalmente, de las pruebas aportadas: imágenes, fotografías, vídeos e informes se puede observar que la construcción se encuentra en el cauce y ribera del río, es decir, en zona pública y área de protección, todo lo cual permite arribar a la conclusión que no se cumple con este presupuesto. 2. Daño o perjuicio grave, actual o potencial en la situación jurídica del promovente. Los argumentos del gestionante se centran en que si no se otorga la medida cautelar, continuará en peligro debido a la falta de protección adecuada de la propiedad y en caso de otra avenida extraordinaria del río Barranca, podría impactar nuevamente la propiedad, ocasionándole más daños materiales y morales. Además puntualiza el riesgo de la vida de los adultos mayores que habitan la propiedad, lo cual sería irreparable, permanecerían en peligro durante la duración del proceso de conocimiento, ya que no tienen recursos necesarios para contratar a una empresa que realice los trabajos de aseguramiento y protección de la vivienda, que de todas formas no les corresponde asumir ya que los daños ocasionados son achacables a las demandadas. La prueba:  a) Informe registral de la propiedad de la actora. b) Publicación de la licitación pública 2020LN000002.0006000001 para la \"Rehabilitación del Puente sobre el Río Barranca, Ruta Nacional No. 23\" realizada en SICOP por parte del Consejo Nacional de Vialidad. c)Adjudicación en firme de la licitación pública 2020LN000002-0006000001 a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. d) Informe técnico emitido por el Geólogo Leonel Francisco Rojas Castro de la empresa Asesorías GEOTEC S.A. e)Fotografías y videos de la propiedad en donde se evidencian los daños ocasionados y como era la propiedad antes de lo sucedido. En escrito fechado 16 de agosto aporta imágenes (36 a 40 del legajo de medida cautelar) y en escrito presentado el 13 de noviembre de 2024 aporta vídeos (ver imágenes 339 a 340 del legajo de medida cautelar). Con relación al presupuesto en estudio en este apartado y de la prueba aportada, se constata que la infraestructura está expuesta a la acción del río y sus inclemencias, sin embargo, en esta instancia no se puede determinar si existe alguna relación de causalidad con las obras para la \"Rehabilitación del Puente sobre el Río Barranca, Ruta Nacional No. 23\". Ahora bien, es claro que la edificación e incluso los habitantes del inmueble corren peligro inminente, por ende se comprueba el daño o perjuicio grave del promovente de la tutela cautelar.  En virtud de lo anterior, se concluye que el presupuesto legal mencionado se verifica.  3.Ponderación de los intereses en juego, en la especie, se ha acreditado el daño o perjuicio grave alegado, el cual debe sopesarse frente al interés público. Debe indicarse al respecto que conceder la solicitud cautelar implicaría perpetuar la situación de peligro que corren quienes habitan el inmueble, toda vez que la edificación se encuentra en el río y su margen y, la realización de algunos trabajos de protección a la estructura y en el inmueble, no aseguran que no ocurra algún evento en razón de lo incierto del actuar de la naturaleza, colocando en riesgo la integridad física de sus habitantes (interés superior). Adicionalmente, el inmueble, se encuentra en dominio público, zona de protección del Río Barranca y de admitirse la cautelar, podría contravenir los dispuesto en el artículo 50 Constitucional y las leyes de protección ambiental. Por lo indicado, debe prevalecer el interés público y las vidas sobre el mero interés patrimonial-particular. En consecuencia, al no concurrir la totalidad de los presupuestos legales necesarios, se declara sin lugar la medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.-\n\n \n\nPOR TANTO\n\n \n\nSe declara SIN LUGAR la medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condena en costas.- Notifíquese. Ana Katarina Apú Hidalgo. Jueza.-\n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n\n056DN5L6ZUU61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nANA KATARINA APÚ HIDALGO, JUEZ/A TRAMITADOR/A\n\n \n\nEXP: 24-005358-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:13:25.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO\n\n**Resolución Nº 00160 - 2025**\n\n**Date of Resolution:** January 13, 2025, at 16:43\n\n**Case File:** 24-005358-1027-CA\n\n**Drafted by:** Ana Katarina Apu Hidalgo\n\n**Type of Matter:** Precautionary measure\n\n**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n**Text of the resolution**\n\n**CASE FILE:**\n\n24-005358-1027-CA - 2\n\n**PROCEEDING:**\n\nPRECAUTIONARY MEASURE\n\n**PLAINTIFF:**\n\nJUNGLE PARK INVESTMENTS & PROPERTY MANAGMENT S.A.\n\n**DEFENDANT:**\n\nCONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD\n\n**N° 2025000160**\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at sixteen hours and forty-three minutes on January thirteenth, two thousand twenty-five.-\n\nA petition for a precautionary measure filed by JUNGLE PARK INVESTMENTS & PROPERTY MANAGMENT S.A., corporate ID number 3-101-255000, represented by its special judicial attorneys-in-fact Walter Brenes Soto, identity card number 2-0645-0800, professional license No. 21747, resident of Escazú, and Gabriel González Mata, identity card number 1-1565-0665, professional license No. 33698, resident of San José, both of legal age, single, attorneys, against the ESTADO represented by Prosecutor Amanda Grosser Jiménez, of legal age, identity card 1-1256-0237, married, resident of Moravia, CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) represented by its special judicial attorney-in-fact Óscar Eduardo Romero Aguilar, of legal age, attorney, identity card 1-1013-0740, professional license 18889, and PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L.U., corporate ID 3-012-676757, represented by its special judicial attorneys-in-fact Luis Alonso Ortiz Zamora, married, identity card number 1-0923-0771, Costa Rican Bar Association license number 11858, resident of San José, and Francisco Obando León, married once, resident of Escazú, identity card number 1-1041-0390, Costa Rican Bar Association license number 14112, both of legal age, attorneys.-\n\n**WHEREAS**\n\n1- On August 7, 2024, a precautionary measure is filed against the Consejo Nacional de Vialidad and Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. (see brief in images 2 to 24 of the precautionary measure case file).-\n\n2- By resolution issued at seven hours fifty-five minutes on August nineteenth, two thousand twenty-four, the precautionary measure was rejected in its provisionalísimo character, the State was joined to the litis, and a hearing was granted (see image 41 of the precautionary measure case file).-\n\n3- The representation of CONAVI addresses the precautionary measure (see images 51 to 169 of the precautionary measure case file).-\n\n4- The representation of the State answers the precautionary measure filed (see images 163 to 62 of the precautionary measure case file).-\n\n5- The defendant Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. makes a statement regarding the precautionary measure (see images 289 to 299, 304 to 314, ratification 323 and 324, 325 and 326, 335 of the judicial case file).-\n\n6- The petitioner submits videos as evidence (see images 339 and 340 of the precautionary measure case file).-\n\n7- In an order issued at sixteen hours eighteen minutes on November thirteenth, two thousand twenty-four, a hearing is granted regarding the indicated evidence (see image 341 of the precautionary measure case file).-\n\n8- CONAVI, the State, and the company Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. address this evidence (see images 344 and 345, 350 to 357, and 358 to 373 of the precautionary measure case file).-\n\n9- That in the proceedings, the prescribed formalities have been observed, and no grounds for nullity capable of invalidating what has been acted upon are noted.-\n\n**WHEREAS**\n\nI. PURPOSE OF THE PRECAUTIONARY MEASURE. The plaintiff files a precautionary measure for the purpose of \"1) Requesting that the PRECAUTIONARY MEASURE PROVISIONALÍSIMA be granted and that the Consejo Nacional de Vialidad and the company Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. be ordered to execute the backfill and technical securing works on my represented party's property. This is to guarantee the safety of the structure of the house that remains standing, until the execution of the project and the plenary proceeding are finalized. The foregoing is based on Article 23 et seq. of the CPCA. 2) Ordering the Consejo Nacional de Vialidad and the company Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. to refrain from performing any action that compromises the protection of the plaintiff's property, including the interruption or abandonment of the works without their proper completion.\" (see images 23 and 24 of the precautionary measure file).-\n\nII. ARGUMENTS OF THE PETITIONER. Regarding the requirements, indicates: a. Fumus Boni Juris: the criterion for denying the precautionary measure should only be applied in those cases where there is no, in an evident and manifest manner, seriousness in the claim, such that in the judge's innermost conviction, there exists the certainty that said claim is destined to fail, and considers the following is evidenced: a) On December 14, 2020, the public tender 202OLN000002-0006000001 was definitively awarded to the company Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U., for the \"Rehabilitation of the Bridge over the Rio Barranca, Ruta Nacional No. 23\". b) The company Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. implemented a construction strategy for the execution of the project that involved the construction of fills covering both the bastion and three river piers. These fills were applied simultaneously, significantly reducing the hydraulic section of the river and, consequently, increasing the flow velocity. c) On the night of June 23, 2024, due to a river flood and the presence of the fills installed by the company, the current velocity increased unusually. This caused a strong impact on the property of its represented party, causing significant damage. The current swept away the protection wall and severely affected the southern sector of the dwelling house, including the terrace, dining room, kitchen, TV room, laundry room, covered pool, and a ranch area. The conduct of the defendants is so serious and evident that it does not require a rigorous review for this Court to appreciate the abnormal and illegitimate conduct of the Consejo Nacional de Vialidad and the company Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U., as will be discussed in the plenary proceeding; both are responsible for the damages caused to its represented party. Currently, the property is compromised, with a part literally destroyed, and the Consejo Nacional de Vialidad has ordered the company Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. to stop the backfill works that protected the property, leaving its represented parties in a dangerous situation, since any event similar to or worse than what occurred could put their lives at risk. In this case, it has a real, serious, duly substantiated basis, such that, in a hypothetical judgment of probability or plausibility, the success of the action requested in the main proceeding is possible. b. Periculum in mora: Legal doctrine has defined this as the \"danger of the fruitlessness or uselessness of the judgment on the merits,\" and it is usually addressed through PREVENTIVE precautionary measures such as, for example, the order from your Authority to momentarily correct the situation in which the dwelling is found, in order to prevent the factual or legal situation upon which the main judgment will fall from being modified during the pendency or delay of the proceeding. It is undeniable that in the present case, if the precautionary measure is not granted, danger will continue due to the lack of adequate protection of the property in the event of another extraordinary flood (avenida extraordinaria) of the Rio Barranca; this could impact the property again, causing more material and moral damages. Even more importantly, it would put at risk the lives of the elderly persons who inhabit the property, which would be irreparable. The company Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. continues performing works on the bridge and maintains the fills covering the bastion and the three river piers. In simple terms, the same situation that caused the extraordinary flood of the river and the damage to the property is still present. Every day that passes without completing the backfill and technical securing works increases the risk of even greater damage. If this precautionary measure is not granted, its represented parties would remain in danger during the duration of the plenary proceeding, since they do not have the necessary resources to hire a company to perform the securing and protection works on the dwelling, and in any case, it is not their responsibility to bear this since the damages caused are attributable to the defendants. Therefore, they would be in constant risk. As will have been noted, we are seeking a preventive precautionary measure, one of those that prevent —according to numeral 20 of the CPCA— the continuation of a legal situation harmful to the right held by my represented parties. c. Balancing of interests: it must be weighed whether, against that private interest or right of the plaintiff whose precautionary protection is sought, there exists or not a conflicting public interest that would render the requested petition burdensome, since if that were the case, it would be difficult, if not impossible, to grant the required measure. In the present case, the nonexistence of a superior public interest that prevents or supersedes the required precautionary measure is evident. There is no impact on any community interest group, for the following reasons: There is no damage to the public interest, since the requested precautionary measure does not seek the stoppage of the project. Rather, it is intended that CONAVI and the defendant company resume the backfill and securing works on the plaintiff's property. This would guarantee the proper completion of the work and allow the owners to remain safe in their home until the conclusion of the ongoing project and the plenary proceeding. If this precautionary measure is adopted, the public interest will not be harmed, nor will third parties be affected. As has been indicated, no harm will be caused to the population. Instead, it will allow my represented party and her husband to live peacefully during the prolonged period of the plenary proceeding.-\n\nIII. ARGUMENTS OF THE STATE. In the matter, it opposes the precautionary measure. Appearance of a sound right: there is an evident lack of appearance of a sound right, and it is highly reckless, since it is based on damages caused to a property that does not possess a construction permit. The party makes long and extensive arguments about how the Rio Barranca generated a series of impacts on the property in question, when the documentation provided, issued by the Municipalidad de Puntarenas and by INVU, demonstrates that the plaintiff company's property does not possess a construction permit, and therefore, they are illegally inhabiting said property. The property is located in the Protection Zone (Zona de Protección), which, in accordance with Article 33 and Article 34 of the Forest Law (Ley Forestal) 7575, are areas where there is a total prohibition of construction and housing (see official letter DU – UFIS – 103 – 2024). This means that the present precautionary measure, which is based on the plaintiffs' right to demand from the State a compensation or rehabilitation of the building located on the property, is not only reckless and lacking in seriousness, but also constitutes openly illegal conduct on the part of the plaintiff company, contrary to the legal system, and which puts at risk the lives of the persons currently inhabiting the illegal property as well as the other inhabitants of the area who are affected by properties and debris from said properties that affect the Rio Barranca and endanger the lives of those who have a right to a protection zone that allows for risk management. This factual and legal situation demonstrates that the requirement does not exist, since there is no right whatsoever of the plaintiff; we request it be declared without merit. No periculum in mora: there is no impact whatsoever on the plaintiff: the party bases its argument on the fact that the constant rains and the repairs still ongoing at the Barranca bridge create a risk that the property will suffer greater damage and that the lives of the inhabitants will be affected. This premise is improper: as mentioned in the previous section, the property was built without the respective construction permit, therefore it is illegally located in the protection zone of the Rio Barranca, and according to report GCTR-47-24-2474, the property, long before the works performed by the co-defendants, has suffered enormous erosion, which, according to LANAME, has been caused by the maritime influence that the Rio Barranca possesses, generating high swells. Specifically, the plaintiff company's property in recent years —prior to the works— lost more than 150m2 of property due to erosion. That is, the urgency with which the precautionary measure is filed is improper, since the plaintiff knows that due to its illegal condition in a risk zone and in the protection zone of the Rio Barranca, its property has already suffered an enormous loss of land, but unjustifiably seeks to attribute this to the bridge improvement works, seeking to have works performed and to be indemnified for an entirely irregular situation. That is, there is no periculum in mora, since the property mentioned should not have a construction, nor should it be inhabited; the plaintiff company itself has placed itself in a dangerous situation, its immediate eviction from the property being necessary since, from the illegal construction of the same in a high-swell zone of the Rio Barranca, erosion of the property has been generated, causing —without it being attributable to the works— the destruction of the building. In fact, the company Puentes y Calzadas, in an act of good faith and aware that there is no liability on the part of the company or the State, offered them lodging in a hotel, and the company would cover the expenses, to which the inhabitants refused. Thus, it is clear that the alleged periculum in mora and the supposed danger the inhabitants face are experienced due to their own responsibility in inhabiting an irregular construction, in a protection zone, and being themselves those who have refused to leave it even when options have been provided to guarantee their safety. Balancing of interests: the dwelling is located in a high flood-risk zone, where even before the bridge repair works, enormous erosion of the property had already occurred, and the construction of said property is illegal since it lacks construction permits. Allowing what the plaintiffs request would validate the illegal permanence of the property's inhabitants in an extremely high-risk zone, endangering their lives and those of the other inhabitants who require a protection zone along the Rio Barranca. Through this balancing and request, they ask that you validate not only an illegal situation but also keep the inhabitants of the property at risk. Therefore, to seek that a backfill be carried out so that the inhabitants can remain on the property is to request that they be placed at risk. Hence, the need to keep the repair works in operation is established, but it opposes ordering the State to perpetuate an irregular situation that the plaintiffs themselves have generated and with their own actions have put their lives at risk. Before such a balancing and it being clear that the public interest prevails, we request the precautionary measure be rejected.-\n\nIV. ARGUMENTS OF CONAVI. It points out that there is an evident absence of instrumentality (given that the plaintiff precautionarily seeks for works to be carried out on \"its property,\" which is in reality public domain). With respect to the appearance of a sound right, no reasonable argumentative exercise is observed that grants the petition the seriousness merited by a civil treasury action. According to the evidence provided, the property in question does not have a construction permit, it invades public domain areas, and the area in which it supposedly seeks securing works to be performed corresponds to a protection zone owned by the State, in which the plaintiff should not —in the first place— have carried out construction or building activities that it seeks to protect with the precautionary measure. The precautionary petition is openly illegal, given that it is requesting (with the intervention of an administrative litigation judge) that securing works be carried out in an area that is expressly prohibited by Article 58 of the Forest Law (Ley Forestal). In the case of the periculum in mora requirement, the intended action meets the same fate; starting from the proven fact that the plaintiff's property invades the state domain, the most significant omissions of the plaintiff lie in the fact that, in accordance with the periculum in mora requirement, it did not indicate what the supposed current, eventual, or potential damages consist of that the rejection of the precautionary measure on the public domain could cause them; it did not specify the risk or danger of the delay in obtaining a judgment in the main proceeding; nor did it clearly indicate the supposed damage caused in its legal sphere by the non-performance of actions in public domain areas, since if it had observed the legal setback, it would not be in that situation. Likewise, the plaintiff did not demonstrate any degree of probability regarding the existence of a current or potential private damage that must be protected, given that it seeks precautionary measures that deprive the state domain. Regarding the balancing of interests requirement, given that the precautionary measure sought, by diminishing the public domain to private appropriation, directly affects the deprivation of an area that —by express definition of the legislator— aims at the protection of the Rio Barranca, in the context of the Right to a healthy and ecologically balanced environment, protected in Article 50 of the Political Constitution, which evidently possesses a superior interest to that which the plaintiff attempts through the precautionary protection. Consequently, since compliance with the procedural requirements has not been accredited, it requests that the intended action be declared without merit.-\n\nV. PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L.U. Points out that in this case, the three requirements are not met, as set forth below: Appearance of a sound right: the crux of the matter lies in determining whether or not there is conduct attributable to any of the defendants. There is in the present matter no reprehensible conduct on the part of PUENTES Y CALZADAS, nor is there any damage that could have been demonstrated to be the product of any action by its represented party under criteria of malice (dolo) or fault (culpa), there being no causal link whatsoever, and therefore no liability that can be attributed to it. The petitioner party seems to overlook or ignore that regarding PUENTES Y CALZADAS, strict liability (responsabilidad objetiva) cannot be alleged, since it is legally impossible to allege strict liability because it is a commercial company, a private subject, and NOT a Public Administration. As this is a private legal entity, we are dealing with a relationship subject to private law, and pursuant to numeral 1045 of the Civil Code, subjective liability must be proven, on the occasion of an action or conduct that derives from negligent, careless, malicious, or breach of duty of care actions, and none of this is proven in the present matter. In official letter PYC-098-2024-CON-BA of June 24, 2024, addressed to CONAVI (Contracting Administration), it was noted that the property is located over the riverbed (cauce) of the Rio Barranca and it estimates that the buildings are invading State lands and the riverbed of the Rio Barranca itself on route 23. For its part, the works developed would not have any influence on the event, since the peninsula developed by virtue of the works contracted by CONAVI would be functioning as a barrier that has prevented the damage from being greater. The supposed damage in a serious condition is not demonstrated; the plaintiff party does not make specific reference to the serious current or potential damages that, according to its mere claim, would be caused by the non-development of some work, which in any case seems, due to the condition and location of the building on the riverbank, that the requested works would not be done on the margin of its property (an aspect never proven) but within the river margin, which are state-owned public domain assets (bienes demaniales), producing an invasion of State lands (see photographs in official letter PYC-098-2024-CON-BA of June 24, 2024). For this particular case, in the balancing of interests, the public interest prevails. It is not accurate to say that the petitioner party wants the works subject to the tender to be resumed, but rather that it requests a particular job be done for its benefit, with public funds. Ruling 95-F-TC-2009 of the Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo indicates that the balancing test as the third requirement \"is reduced to establishing what happens if the precautionary measure is granted? and what happens if it is not granted? In the case in question, it has not been demonstrated that granting the measure would avoid grave damage, but it is evident that it would compel the development of a project that appears to result in benefit to the private party, without there being at this moment any incontrovertible legal or technical reason proving that it is essential. It concludes that the granting of the requested precautionary measure compromises the public interest, and we request that the filed request be rejected, and thereby the requested precautionary measure be declared without merit.-\n\nVI. IN GENERAL REGARDING THE REQUIREMENTS NECESSARY FOR THE GRANTING OF A PRECAUTIONARY MEASURE. Jurisprudence has extensively developed the purpose of interim relief (justicia cautelar), which responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the indispensable real conditions for the issuance and execution of the judgment. In this sense, Article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is to protect and guarantee, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Based on the foregoing, the adjudicator, in observance of the provisions of Article 21 of the indicated procedural rule, must determine the admissibility of a request for a precautionary measure, verifying, to this effect, that the claim in the plenary proceeding is not reckless or, in a glaring manner, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine whether, in the case in question, what legal doctrine and jurisprudence have called appearance of a sound right (apariencia de buen derecho) or fumus boni iuris exists. The rule under analysis also establishes the admissibility of the precautionary measure when the execution or permanence of the conduct under process produces serious current or potential damages or losses, a situation that has been defined in legal doctrine as periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial proceeding, a current, real, and objective danger exists that serious damage will be generated to the petitioner party. Along the same line of thought, Article 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes the obligation of the adjudicator to carry out, in light of the principle of proportionality, a balancing of the interests at stake between the circumstance of the private party, on the one hand, and on the other, the public interest, as well as the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure.-\n\nVII. THE SPECIFIC CASE. In this matter, a study is conducted of the elements required by Articles 21 and 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo for this precautionary request, considering the arguments of the parties and the items of evidence provided to the case file, noting that it constitutes the procedural burden (carga procesal) of the interested party, pursuant to ordinal 41.1 of the Código Procesal Civil, applied supplementarily based on numeral 220 of the aforementioned CPCA, to prove the statements on which it supports its claims. Regarding the testimonial evidence offered by CONAVI: \"Surveying Engineer Eduardo Coto Rodríguez, ID No. 03-0446-0621, Registration Number before CFIA IT-31730, who will testify regarding the invasion of public domain areas. Engineer on behalf of the Project Contractor: Eng. Manuel Verdes Montero, ID No. 17-2400-348523, Registration Number before CFIA IC-39077, who will testify regarding the works carried out for the construction of the Rio Barranca, and the mitigation works performed to this effect\", by virtue of the fact that the case file contains sufficient elements to resolve this precautionary measure on the merits, this evidence is rejected. 1. Appearance of a sound right: from the analysis of the precautionary request, without entering into a value judgment on the merits —which is not appropriate for this precautionary proceeding— the petitioner seeks to order the Consejo Nacional de Vialidad and Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. to execute the backfill and technical securing works on my represented party's property, and to order the Consejo Nacional de Vialidad and the company Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. to refrain from performing any action that compromises the protection of the plaintiff's property, including the interruption or abandonment of the works without their proper completion. On this matter, it is essential to note, in the first instance, that the claims are not directed at a precautionary proceeding with characteristics of summary cognition (sumario cognitio), instrumentality, and provisionality, since it seeks for works to be carried out on its property, but in the plenary proceeding, it requests the recognition of damages and losses, purely pecuniary aspects. Additionally, from the evidence provided: images, photographs, videos, and reports, it can be observed that the construction is located in the riverbed (cauce) and the riverbank, that is, in a public zone and protection area, all of which allows the conclusion to be reached that this requirement is not met. 2. Serious, current or potential damage or loss to the petitioner's legal situation. The petitioner's arguments center on the idea that if the precautionary measure is not granted, danger will continue due to the lack of adequate protection of the property, and in the event of another extraordinary flood (avenida extraordinaria) of the Rio Barranca, it could again impact the property, causing it more material and moral damages. It also emphasizes the risk to the lives of the elderly persons who inhabit the property, which would be irreparable; they would remain in danger during the duration of the plenary proceeding, since they do not have the necessary resources to hire a company to perform the securing and protection works on the dwelling, which in any case they are not responsible for bearing since the damages caused are attributable to the defendants. The evidence: a) Registry report of the plaintiff's property. b) Publication of public tender 2020LN000002.0006000001 for the \"Rehabilitation of the Bridge over the Río Barranca, Ruta Nacional No. 23\" carried out in SICOP by the Consejo Nacional de Vialidad. c) Definitive award of public tender 2020LN000002-0006000001 to the company Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. d) Technical report issued by Geologist Leonel Francisco Rojas Castro of the company Asesorías GEOTEC S.A. e) Photographs and videos of the property showing the damages caused and what the property was like before the event. In a brief dated August 16, it provides images (36 to 40 of the precautionary measure file), and in a brief filed on November 13, 2024, it provides videos (see images 339 to 340 of the precautionary measure file). Regarding the requirement under study in this section and the evidence provided, it is verified that the infrastructure is exposed to the action of the river and its inclemencies; however, at this stage, it cannot be determined whether there is any causal relationship with the works for the \"Rehabilitation of the Bridge over the Río Barranca, Ruta Nacional No. 23\". Having said that, it is clear that the building and even the inhabitants of the property are in imminent danger; therefore, the serious damage or loss to the petitioner of the precautionary protection is proven. By virtue of the foregoing, it is concluded that the mentioned legal requirement is verified. 3. Balancing of the interests at stake: in the present matter, the alleged serious damage or loss has been accredited, which must be weighed against the public interest. It must be indicated in this regard that granting the precautionary request would imply perpetuating the dangerous situation faced by those who inhabit the property, given that the building is located in the river and its margin, and the performance of some protection works on the structure and on the property does not ensure that an event will not occur due to the uncertainty of nature's actions, placing the physical integrity of its inhabitants (superior interest) at risk.\n\nAdditionally, the property is located in the public domain, within the protection zone of the Río Barranca, and if the protective measure were granted, it could contravene the provisions of Article 50 of the Constitution and environmental protection laws. For the reasons stated, the public interest and human lives must prevail over the mere proprietary-private interest. Consequently, since the totality of the necessary legal requirements are not present, the requested protective measure is denied. No special ruling is made as to costs.-\n\n \n\nPOR TANTO\n\n \n\nThe requested protective measure is DENIED. No special ruling is made as to costs.- Notifíquese. Ana Katarina Apú Hidalgo. Jueza.-\n\n \n\n \n\n\n\n\n\n- Código Verificador -\n\n056DN5L6ZUU61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nANA KATARINA APÚ HIDALGO, JUEZ/A TRAMITADOR/A\n\n \n\nEXP: 24-005358-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:13:25.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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