{ "id": "nexus-sen-1-0034-1315849", "citation": "Res. 01199-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Condena parcial por usurpación de aguas y aprovechamiento forestal en propiedad privada", "title_en": "Partial conviction for water usurpation and illegal logging on private property", "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil resolvió un recurso contra una sentencia que condenó al imputado por dos delitos de usurpación de aguas y un delito de aprovechamiento forestal en propiedad privada, absolviéndolo por invasión de área protegida. Se discutió la correcta aplicación del concurso de delitos, la fundamentación de la pena, la valoración probatoria y la responsabilidad civil por daño ambiental. El tribunal acogió parcialmente el recurso, corrigiendo la pena de prisión de 10 a 4 meses por cada delito de usurpación, para un total de 8 meses, pero confirmó la condena por aprovechamiento forestal, la responsabilidad civil y las órdenes de demolición y restitución. Se reafirmó que la responsabilidad ambiental objetiva no exige dolo o culpa, bastando el vínculo causal entre la actividad riesgosa tolerada por el propietario y el daño.", "summary_en": "The Juvenile Criminal Appeals Court ruled on an appeal against a conviction for two counts of water usurpation and illegal logging on private property, acquitting the accused of protected area invasion. The appeal contested the concurrence of offenses, sentencing rationale, evidence assessment, and civil liability for environmental damage. The court partially granted the appeal, reducing the prison term from 10 to 4 months per water usurpation count (8 months total), but upheld the logging conviction, civil damages, and demolition orders. It reaffirmed that objective environmental liability does not require intent or negligence, as long as a causal link exists between the risky activity tolerated by the property owner and the damage.", "court_or_agency": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "date": "21/07/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "criminal-environmental" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "usurpación de aguas", "aprovechamiento forestal en propiedad privada", "responsabilidad objetiva ambiental", "acción civil resarcitoria", "concurso material", "in dubio pro reo", "área de protección", "bien de dominio público" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 58 inciso a", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "Art. 61 inciso a", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "", "law": "Ley de Aguas 276" }, { "article": "Art. 2", "law": "Ley Orgánica del Ambiente 7554" } ], "keywords_es": [ "usurpación de aguas", "aprovechamiento forestal en propiedad privada", "responsabilidad objetiva ambiental", "concurso material de delitos", "daño ambiental", "demolición", "restitución", "zona de protección", "agua termal", "quebrada Limonal", "tala ilegal", "acción civil resarcitoria", "prueba ilícita", "sana crítica", "principio de razón suficiente" ], "keywords_en": [ "water usurpation", "illegal logging on private property", "objective environmental liability", "material concurrence of offenses", "environmental damage", "demolition", "restitution", "protection zone", "thermal spring", "Limonal creek", "illegal felling", "civil damages action", "illegal evidence", "sound criticism", "principle of sufficient reason" ], "excerpt_es": "Contrario a lo que alega el señor defensor, de la sentencia sí se deriva la relación de causalidad existente entre el actuar o no del propietario del inmueble y el daño ambiental, aspecto que hace ver la señora jueza en su resolución y concretamente al indicar lo relacionado con la acción civil resarcitoria. Como bien lo apunta el recurrente, la responsabilidad objetiva es admitida en materia ambiental y para poderla aplicar se requiere de esta condición (el mínimo de acción del condenado), elemento descrito en sentencia, la que dispuso: “De igual manera se ha demostrado que con la tala y eliminación de árboles en ese mismo inmueble -sin contar con permiso alguno- el demandado civil [Nombre 011] afectó el entorno natural del sitio y provocó daños al suelo, por cuanto dejó expuesta la capa vegetal del mismo, facilitando el arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua a causa de la escorrentía, además de que afecta las especies silvestres que tienen a dichos árboles como su hábitat... Para la responsabilidad civil que se pretende, basta con que el imputado figurara como el propietario del fundo afectado y por lo tanto toleró que se realizaran tales afectaciones a esos recursos de dominio público y protección estatal.", "excerpt_en": "Contrary to the defense's claim, the judgment does establish the causal link between the property owner's actions or omissions and the environmental damage, as the trial judge noted when addressing the civil damages claim. As the appellant rightly points out, objective liability is recognized in environmental matters and requires this condition (a minimum of action by the convicted party), an element described in the judgment: “It has also been shown that by felling and removing trees on that property—without any permit—the civil defendant [Name 011] harmed the site's natural environment and caused soil damage, exposing the topsoil, facilitating sediment runoff into water bodies, and affecting wild species that depend on those trees as habitat... For the civil liability sought, it suffices that the accused was the owner of the affected property and therefore tolerated the damage to these public domain and state-protected resources.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The prison term for water usurpation was reduced to 4 months per count (8 months total), while the conviction for illegal logging, civil liability, and restitution orders were upheld.", "summary_es": "Se corrigió la pena de prisión por usurpación de aguas a 4 meses por cada delito (8 meses total) y se mantuvo la condena por aprovechamiento forestal, la responsabilidad civil y las órdenes de restitución." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "For the civil liability sought, it suffices that the accused was the owner of the affected property and therefore tolerated the damage to these public domain and state-protected resources.", "quote_es": "Para la responsabilidad civil que se pretende, basta con que el imputado figurara como el propietario del fundo afectado y por lo tanto toleró que se realizaran tales afectaciones a esos recursos de dominio público y protección estatal." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "In this type of crime, direct evidence of the person performing the felling is rarely available, so circumstances must be assessed to establish authorship, and in this case, the evidence demonstrates it.", "quote_es": "En este tipo de delitos difícilmente se puede contar con prueba directa de la persona realizando la corta, por lo que se debe optar por valorar circunstancias que permitan establecer la autoría y en este caso esas evidencias lo demuestran." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "Objective liability is recognized in environmental matters, and its application requires this condition (a minimum of action by the convicted party).", "quote_es": "La responsabilidad objetiva es admitida en materia ambiental y para poderla aplicar se requiere de esta condición (el mínimo de acción del condenado)." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Forestal 7575 Art. 58 inciso a" }, { "target_id": "norm-11950", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley de Aguas 276" }, { "target_id": "norm-27738", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Orgánica del Ambiente 7554 Art. 2" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1315849", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José\n\nResolución Nº 01199 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 21 de Julio del 2025 a las 15:20\n\nExpediente: 16-000003-0611-PE\n\nRedactado por: Rafael Segura Bonilla\n\nClase de asunto: Recurso de apelación penal\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n    \n\nPODER JUDICIAL\n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL\n\n \n\n \n\nResolución: 2025-1199\n\nExpediente: 16-000003-611-PE (2)\n\n \n\n TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL. Segundo Circuito Judicial de San José. (En funciones del T.A.S.P. del Segundo Circuito Judicial de San José) Goicoechea a las quince horas veinte minutos del veintiuno de julio de dos mil veinticinco.\n\n RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 011], mayor de edad, costarricense, cédula de identidad [Valor 001], nacido el 10 de mayo de 1967, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003]; por el delito de INVASIÓN DE UN ÁREA PROTEGIDA Y OTROS, en perjuicio de TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO Y OTROS. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Rafael Segura Bonilla, Erick Alonso Calvo Rojas y la jueza Helena Ulloa Ramírez. Se apersonaron en esta sede los licenciados Francisco Sánches Fallas en calidad de defensor particular del imputado y Randall Arias Alvarado representante del Ministerio Público.\n\nRESULTANDO:\n\n I.-  Que mediante sentencia número 66-2025, de las quince horas quince minutos del seis de febrero del dos mil veinticinco, el Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, Desamparados, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 36, 39, 41 y 50 de la Constitución Política, artículo 1, 324, 326, 328, 330, 333, 334, 335, 336, 341ss, 360, 361, 362, 363 364, 365, 366, 367, 368 del Código Procesal Penal, artículos 1  a 3,41 11, 12, 16, 18, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 35, 45, 50, 53ss, 59 al 62, 71, 73, 74, 75, 76, 103, 227 inciso 1), 226 inciso 1) del Código Penal, artículo 5, 6, 58 inciso a) y 61 inciso a) de la Ley Forestal N°7575, artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 122, 123, 124 y 126 del Código Penal de 1941 Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil en relación al numeral 57 de la Ley Forestal número 7575, artículos 42 en relación con el 16 del Decreto Ejecutivo número 41930-J vigente (Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado), artículo 1048 del Código Civil, 1 a 3 de la Ley de Aguas N°276, artículos 1, 2 y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554, artículo 11 de la Ley de Biodiversidad N°7788, este Tribunal resuelve: 1. Declarar al imputado [Nombre 011] autor responsable de los siguientes delitos: -Un delito de USURPACIÓN DE AGUAS (referido a la naciente de agua termal), por el cual se le impone la pena de DIEZ MESES DE PRISION Y VEINTE DIAS MULTA a razón de cinco mil colones diarios. - Un delito de USURPACIÓN DE AGUAS (referido a la quebrada Limonal) por los cuales se le impone la pena de DIEZ MESES DE PRISION Y VEINTE DIAS MULTA a razón de cinco mil colones diarios. Estos delitos cometidos en perjuicio del agua como bien de dominio público, los cuales concurren materialmente con un delito de APROVECHAMIENTO FORESTAL EN PROPIEDAD PRIVADA por el cual se le imponen CUATRO MESES DE PRISION, para una PENA TOTAL a descontar conforme el concurso material de VEINTICUATRO MESES DE PRISION Y CUARENTA DIAS MULTA FIJADOS EN UN TOTAL DE DOSCIENTOS MIL COLONES, pena que deberá descontar en el lugar y forma que determinen los reglamentos penitenciarios previo abono de la preventiva que hubiere sufrido. Se otorga el Beneficio de Ejecución Condicional de la Pena por un período de TRES AÑOS, durante el cual el imputado no podrá cometer delito doloso sancionado con pena superior a seis meses porque le será revocado este beneficio y deberá cumplir la pena de prisión en los términos expuestos. La pena de multa deberá ser pagada por el imputado [Nombre 011] mediante depósito a favor del Patronato de Construcción, Instalación y Adquisición de Bienes de Adaptación Social. Dicha multa deberá cancelarla el imputado [Nombre 011] dentro los quince días siguientes posteriores a la firmeza de esta sentencia, en caso de no cancelar dicha multa la misma se convertirá en días de prisión que deberá descontar en el centro penal correspondiente a la orden de adaptación social. 2. Se absuelve de toda pena y responsabilidad en aplicación del principio de In dubio pro reo al imputado [Nombre 011] por dos delitos de INVASION DE AREA DE PROTECCIÓN y dos delitos de USURPACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO (referidos a los cauces de la naciente termal y la quebrada Limonal) en perjuicio de los Recursos Naturales y el medio ambiente. 3. SOBRE LA ACCION CIVIL RESARCITORIA: Se declara con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por el Estado costarricense representado por la Procuraduría General de la República en contra del demandado [Nombre 011] y por tal razón se le condena al demandado [Nombre 011] al pago por concepto de daño ambiental de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS COLONES EXACTOS (011.810.400). También, se condena al demandado civil a pagar las COSTAS PERSONALES Y PROCESALES de la Acción Civil Resarcitoria, los cuales se conceden en favor del Estado y se fijan en la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA COLONES EXACTOS (02.362.080). Finalmentel se condena a demandado civil a pagar las COSTAS PERSONALES de la Querella, los cuales se conceden en favor del Estado y se fijan en la suma de EXACTOS (0200.000) para un gran total de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA COLONES EXACTOS (014.362.480.). Además al pago de los intereses de estos montos hasta su efectivo pago. Los montos fijados deberá pagarlos el demandado civil dentro de los quince días hábiles posteriores a la firmeza de esta sentencia, bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se podrá acudir a la vía de ejecución de sentencia. 4. SE ORDENA LA RESTITUCION DE LAS COSAS: Conforme el Artículo 103 del Código Penal, y también como consecuencia de la pretensión civil declarada con lugar. se ordena que en la propiedad matrícula [Valor 002] del Partido de San José, propiedad de [Nombre 011] se deben demoler las obras de infraestructura construidas sobre el área de protección de la Quebrada Limonal y sobre el área de protección de la naciente termal, según se determinaron en el Dictamen Criminalístico número DCF 2017-4030-B10 y su ampliación (folios 185 a 196 y 267 a 283), igualmente se ordena la demolición del cualquier obra, construcción, embalse o entubamiento sobre los cauces de la Quebrada Limonal y de la naciente de agua termal, los cuales son bienes de dominio público y deben ser recuperados por el Estado, así como eliminar los desechos de las demoliciones ordenadas liberando el cauce de los dos cuerpos de agua para que esta fluya libremente y que la naturaleza pueda regenerarse. Esta demolición y la disposición de los restos, así como la recuperación posterior de la zona, deberá ser realizada conforme los criterios ambientales que externe la oficina ACOPAC sede Puriscal del Ministerio del Ambiente y Energía (o la oficina que corresponda del MINAE), para lo cual se le ordena emitir un informe técnico dentro de los dos meses calendario siguientes a la firmeza de la presente sentencia para que establezca la forma en que se deberá realizar la demolición con la menor afectación al medio ambiente además de las medidas que deberán tomarse para la recuperación de la zona afectada si la recuperación resultare procedente. Se otorga un plazo de tres meses calendario a partir de la firmeza de la presente sentencia para que se proceda con las demoliciones indicadas por parte del imputado [Nombre 011] y de no realizarlo el aquí imputado dentro del plazo concedido (de tres meses) deberá la Municipalidad de Acosta realizar tales demoliciones en los términos indicados durante los dos meses siguientes, siempre en resguardo del ambiente conforme el criterio técnico y con los costos a cargo del imputado [Nombre 011], incluyendo el costo para la recuperación de la zona. Debiendo [Nombre 011] o quien detente la propiedad del inmueble permitir el ingreso, ya que se trata de bienes de dominio público propiedad del Estado aunque en una propiedad privada. Se ordena notificar personalmente la presente sentencia al Alcalde de la Municipalidad de Acosta y al encargado de la oficina de ACOPAC del Mlnae en Puriscal (artículos 5 y 6 de la ley 7575), a fin de que se dé cumplimiento a lo aquí ordenado, con el menor impacto sobre el ambiente, bajo apercibimiento de la posibilidad de incurrir en un delito de DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD contemplado y sancionado conforme el artículo 307 del Código Penal en caso de no cumplir la orden, lo anterior de conformidad con los considerandos anteriores. La fiscalía ambiental del Ministerio Público deberá verificar el cumplimiento de lo aqui ordenado o tomar las medidas que correspondan para que se haga efectiva esta orden. NOTIFÍQUESE POR LECTURA a las dieciséis horas del trece de marzo del año dos mil veinticinco y notifíquese personalmente al Alcalde de la Municipalidad de Acosta, y al Director Regional del Area de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) del Ministerio del Ambiente y Energía, sede Puriscal. Firme el fallo inscríbase en el Registro Judicial y comuníquese Juzgado de Ejecución de la Pena, al Instituto Nacional de Crimino gía para lo de su cargo. Ana Patricia Mora Arias. Jueza de Juicio. (sic).\n\n II.-  Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de apelación  el licenciado Francisco Sánches Fallas en calidad de defensor particular del imputado.\n\n III.-  Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.\n\n IV.-  Qee en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta el Juez de Apelación Segura Bonilla; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- El señor defensor FRANCISCO SÁNCHEZ FALLAS, abogado defensor del acusado [Nombre 011], interpuso recurso de apelación contra la sentencia 66-2025 de las quince horas quince minutos del seis de marzo del presente año 2025, en la cual se le condena por dos delitos de usurpación de aguas en concurso material, con fundamento en los siguientes argumentos:\n\n II.- Primer motivo de apelación: Falta de aplicación de las reglas del concurso ideal de delitos, establecidas en el artículo 21 del Código Penal. En criterio del señor defensor, con base en los hechos acusados, en específico, en el hecho tres de la acusación se le imputó tomar aguas de dos lugares diferentes a efectos de aprovecharlas y hacer un balneario de aguas termales y que si bien es cierto se le condenó por dos delitos de usurpación de aguas en concurso material, estos son en concurso ideal. Luego de exponer una serie de citas doctrinales, refiere que en el caso que nos ocupa se está en; “… presencia tanto de un plan común que les da sentido unitario a las distintas tomas de agua realizadas por mi representado, como en presencia de ese factor normativo que les atribuye a ambas una unidad de desvalor. Tal y como se desprende del hecho probado número tres antes descrito, si bien es cierto mi representado habría tomado, por una parte, agua de una naciente termal y, por otra, de la quebrada conocida como Limonal, lo cierto es que estas conductas fueron realizadas con una única finalidad y bajo el contexto de un evidente y único plan, como lo fue desarrollar una actividad comercial de balneario de aguas termales. Es decir, existe un único plan de autor que les da sentido unitario a esas conductas diferenciadas -tomar agua de la naciente y tomar agua de la quebrada- ya que ambas fueron realizadas con una misma finalidad, como lo fue el desarrollar la actividad de comentario.” (ver folio 824 del expediente). Añade que también se configura el factor normativo, como elemento para favorecer la unidad de acción, el cual se da cuando se cometen ambas acciones que están en un mismo tipo penal y que tiene como un único fin el comercio, en este caso la explotación de un balneario. Refiere que, si bien la juzgadora expuso que el concurso era material, por cuanto se tomaba agua de dos sitios diferentes, con tal posición se deja de lado o desconoce el desarrollo dogmático del concurso ideal de delitos, el cual precisamente supone la realización de acciones que natural y físicamente son independientes, pero que están conectadas por factores que les dan sentido unitario. Finaliza indicando que al estar en presencia de acciones que concurren idealmente, una de ellas tomar agua de la naciente termal y la otra el tomar agua de la quebrada Limonal, solicita se declare con lugar el recurso y se recalifiquen los hechos como constitutivos de un concurso ideal entre dos delitos de usurpación de aguas, disponiéndose lo necesario para la fijación de pena correspondiente. EL MOTIVO SE DECLARA SIN LUGAR. Tal como se ha resuelto por parte del a quo, lo que ha ocurrido en este caso conforme con la descripción de los hechos probados es la comisión de dos delitos de usurpación de aguas en concurso material, siendo que el alegato de la defensa es simplemente la posición doctrinal que él quiere sustentar, pero que de acuerdo con la sentencia y a los hechos que se tuvieron como probados refieren sustancialmente a un concurso material. Véase que la juzgadora en la resolución expone: “Declarar al imputado [Nombre 011] autor responsable de los siguientes delitos: - Un delito de USURPACIÓN DE AGUAS (referido a la naciente de agua termal), por el cual se le impone la pena de DIEZ MESES DE PRISION Y VEINTE DIAS MULTA a razón de cinco mil colones diarios. - Un delito de USURPACIÓN DE AGUAS (referido a la quebrada Limonal) por los cuales se le impone la pena de DIEZ MESES DE PRISION Y VEINTE DIAS MULTA a razón de cinco mil colones diarios.” (la negrita es del original), distinguiendo dos tomas de agua por parte del imputado, una de la naciente de aguas termales y otra de la quebrada Limonal, que confluyen en cuanto al objetivo del acusado la explotación ilegítima de ambas tomas, bastando esta explicación para determinar que se trata de un concurso material, el cual se puede derivar de la lectura integral de la sentencia. A folio 795 y en relación con la valoración de la prueba, la señor jueza hace mención a la declaración del perito Adrián Ureña Quesada, quien fue claro en advertir la existencia de dos tomas de dos cuerpos de agua distintos, uno es de agua termal y el otro se toma de un río, es decir, aunque ilegalmente dirigidas a la explotación de un negocio, configuran en sí mismas, lesiones independientes a los bienes jurídicos de la misma naturaleza, lo que por sí mismo no es indicativo de unidad de acción, sino de una pluralidad de acciones. Tal aspecto, según se desprende del mismo análisis de prueba se deriva de la declaración del testigo [Nombre 004], quien también refiere a los dos cuerpos de agua, siendo que para la utilización de estos debía de tenerse igualmente dos permisos. (ver folios 796 vuelto y 797 frente). Así las cosas queda claro que la sustanciación de la resolución en cuanto al primero de los reclamos del apelante son insuficientes, ya que la comisión del delito en concurso material sí es la correcta y por ello se declara sin lugar el mismo.\n\n III.- Segundo motivo de apelación. Errónea fundamentación de la pena. Indica el recurrente que en el caso que se declarase sin lugar el primero de los motivos, se debe de corregir la pena impuesta, esto por cuanto en la parte dispositiva se indicó la juzgadora que se iba a separar del mínimo de lo establecido en la ley y a ello se le sumarían tres meses y siendo que el mínimo es un mes, más los tres meses serían cuatro meses y no cinco como se estableció, Solicita se declare con lugar el motivo y se establezca la pena a cumplir por los delitos de usurpación de aguas en cuatro meses y no en diez como se dispuso. SE ACOGE EL RECLAMO. De la lectura integral de la sentencia, se puede denotar que lo que ha ocurrido es un error material por parte de la juzgadora, pues en la fundamentación de la misma refirió que se iba a a apartar de los mínimos de la pena, subiendo en cada uno de los delitos de usurpación de aguas del mínmo de un mes, tres meses más, siendo que la operación aritmética que debió de considerarse y aplicarse es la de 4 meses por cada uno de los eventos, para de esta forma y al ser una condena en concurso material, sumar 8 meses de prisión, a razón de 4 meses por cada uno de los delitos. Así las cosas, se declara con lugar este reclamo, debiendo estimarse que la pena por el delito de Usurpación de aguas es de 8 meses de prisión, cuatro meses por cada uno de los delitos y no 10 como se consignó en la parte dispositiva de la sentencia.\n\n IV.- Tercer motivo de apelación. Violación de las reglas de la sana crítica: violación a los principios de no contradicción y de razón suficiente. Uso de prueba ilegal. Todo ello en cuanto a la fundamentación de la condena por el delito de Aprovechamiento Forestal en Propiedad Privada. Luego de transcribir parte de la sentencia que recurre, en especial en donde se establece lo relacionado con el delito aprovechamiento forestal, divide su reclamo en lo que el recurrente titula como submotivos: a- violación al principio de no contradicción. Indica que este principio consiste en que el juez no puede hacer una afirmación que resulte contraria a otra afirmación en la misma resolución y expone que en el caso concreto eso sucede cuando la juzgadora en la resolución señala que para demostrar la responsabilidad penal del imputado [Nombre 011] no era necesario tomar en cuenta las manifestaciones que él realizó, pero más adelante sí se le da valor probatorio y por ello es por lo que solicita se declare con lugar este submotivo de apelación. b- Utilización de prueba ilícita, por violación a los artículos de la Constitución Política y del Código Procesal Penal. Explica que desde el debate se solicitó que no se utilizaran como prueba válida las manifestaciones espontáneas de su representado, cosa que se hizo y con lo cual se violentó el derecho de defensa y los derechos que tiene cualquier persona, sobre todo tratándose de un imputado, concepto que es amplio y debe de tutelarse, aspecto que no se hizo, pues no se le informó desde el inicio del acto de investigación y más bien se esperó a que realizar manifestaciones espontáneas. Refiere que los hechos que se presentaron ese día ni siquiera correspondían a investigaciones propias de este caso, sino que obedecía una denuncia del Tribunal Ambiental, las cuales representan ser actos administrativos previos a la imputación de cargos y el propio testigo [Nombre 008], admitió en debate que sospechaba que el imputado era el dueño de la propiedad y por ello para el momento que se da la inspección ya era imputado y se le debió de hacer informar acerca de los derechos que le correspondían, entre ellos el contar con un defensor y no dar declaraciones. Cita el señor defensor una jurisprudencia de la Sala Tercera en la que se da validez a las declaraciones espontáneas, pero que sin embargo deben de cumplir dos condiciones, siendo que una de ellas no se da en este caso, como lo es que su representado tuviera la condición de sospechoso, de ahí que deba entonces declarase la prueba como ilícita, solicitando se declare ineficaz la sentencia condenatoria recaída por el delito de Aprovechamiento Forestal en Propiedad Privada. c- Tercer submotivo: Violación al principio de derivación o razón suficiente. Expone que se ha dado una violación a tal principio pues la jueza llega a la conclusión de que el imputado es el que comete el delito, por ser el dueño o propietario de la finca y por tanto era el que ordenaba todo lo que se realizaba en el inmueble y: “El propietario de un inmueble, por la sola condición de serlo, no es autor inmediato o mediato, de forma automática, de todo lo que ocurra en el sitio. En ese sentido, lo que se propone en la sentencia es una forma de responsabilidad objetiva, que es inadmisible en derecho penal y que no se condice con el principio de razón suficiente Por otra parte, si bien es cierto, como se hace ver en el hilo argumentativo antes expuesto, a partir del ario (sic) 2015 mi representado gestionó algunos permisos para la operación del balneario y restaurante en el inmueble que interesa, de ello no se deriva razonablemente, que mi representado haya sido la persona que cortó, o encargó cortar, los árboles que interesan para construir una cabaña. Una cosa es el funcionamiento de un balneario y la operación de un restaurante, y otro diferente la tala de árboles para construir una cabaña: no existe vínculo alguno entre ambas actividades. De forma tal que la circunstancia de que él haya gestionado tales permisos no constituye razón suficiente para concluir en su responsabilidad penal por el delito de aprovechamiento forestal acusado. (…) Es criterio de esta defensa que la inferencia que hace la jueza a quo en el sentido de que, dado que era necesario que mi representado se presentara al sitio para el ingreso de los funcionarios, entonces ello implica que mi representado es la persona que taló u ordenó talar los árboles que interesan es también violatoria del principio de razón suficiente. (…) No existe en este caso una sola prueba directa que vincule a mi representado con la tala de árboles que interesa, y, no obstante, con fundamento en las ideas antes expuestas, que vulneran el principio de razón suficiente, se concluye en la sentencia que mi representado es autor responsable del delito de Aprovechamiento Forestal en Propiedad Privada.” (ver folios 830 vuelto y 831 frente) Solicita se declare con lugar este motivo de apelación, se declare la ineficacia de la condenatoria y se absuelva de toda pena y responsabilidad al imputado. LOS RECLAMOS SE DECLARAN SIN LUGAR. Si bien el recurrente hace una subdivisión de reclamos, a lo que el titula “subprincipios”, al estar orientados a un mismo fin (la declaratoria de nulidad de la sentencia) y correlacionados se resuelven en forma conjunta. En primer término, no existe tal violación al principio de contradicción, siendo que más bien el impugnante lo que hace es descontextualizar lo que expone la jueza a quo en el análisis de la prueba, puesto que de la lectura integral de la sentencia se puede observar que más bien lo que ella afirma, es que el imputado en varias ocasiones admite en forma espontánea haber cometido el delito que se investiga e incluso propiamente en la declaración del debate él mismo admite haber cometido los hechos. Por otra parte se exponen otra serie de pruebas que incluso, suprimiendo hipotéticamente estas declaración espontánea, hacen que la responsabilidad del señor [Nombre 011] se mantenga, lo que se puede denotar en el texto de la sentencia que se transcribe: “En el debate se discutió por la defensa del encartado la utilización de las manifestaciones espontáneas el día de la inspección cuando el imputado William aceptó ser el responsable de ese aprovechamiento de madera para la construcción de la cabaña, ello en razón de que no se le apercibió por los funcionarios que realizaron la inspección de sus derechos como posible imputado o la posibilidad de contar con un abogado, concluyendo la defensa que se deben excluir esas manifestaciones y por lo tanto no se demuestra la autoría de su defendido en estos hechos de aprovechamiento ilegal de la madera. En primera instancia sobre el tema de la autoría del imputado [Nombre 011] respecto al aprovechamiento de árboles sin permiso detectado en la inspección del 28 de enero del 2016 a su propiedad, se comprueba certeramente sin necesidad de tomar en consideración esas manifestaciones del encartado. Véase que el imputado [Nombre 011] en su declaración en el debate aceptó haberse hecho cargo directamente de esa propiedad y del \"negocio\" que allí funcionaba desde abril del año 2015 aproximadamente, por lo que como propietario a cargo ordenaba o hacía de propia mano, todas obras que a partir de ese momento se realizaran en su propiedad incluyéndose ese aprovechamiento de madera detectado en la inspección. No sólo lo aceptó así el imputado en el debate, sino que la prueba documental comprueba que el imputado [Nombre 011] estaba directamente a cargo de su finca y tenía el dominio de su fundo. El oficio N'ARSA-REG-038-2016 suscrito por la Mg. Adriana Flores Calvo en la página 02 del informe hace constar que en el expediente ante el Ministerio de Salud en fecha 2 de marzo del 2015 el señor [Nombre 010] manifiesta \"que no va a continuar mas con la actividad, ya que el dueño de la propiedad se va a hacer cargo de/negocio\" y que a partir del 7 de abril del año 2015 se otorga por primera vez el permiso para balneario al señor [Nombre 011], el cual siguió gestionándolo hasta el 20 de enero del año 2016, fecha en la que -el imputado [Nombre 011]- solicitó una prórroga de tres meses para cumplir con unos puntos faltantes de una orden sanitaria que se le había emitido. También en el folio 157, la Municipalidad de Acosta suscribe un documento donde se informa que para 9 de junio del año 2015, el gestor ambiental de la Municipalidad de Acosta realizó una inspección a la propiedad del imputado [Nombre 011], por una cerca que había puesto en una área pública, la cual, según se indica en ese informe por el gestor ambiental Felipe Moreno Monge el imputado [Nombre 011] eliminó la cerca indicando que se trataba de un error de linderos. Aunado a estas probanzas documentales respecto a que el imputado se encontraba a cargo directo de su propiedad tramitando patentes, permisos sanitarios, y acataba lo dispuesto por la municipalidad de Acosta, se tiene que el día de la inspección del 28 de enero del 2016, día del hallazgo del aprovechamiento ilegal de la madera, de previo al ingreso a la propiedad el guarda no permitió desde un primer momento la entrada, sino que dijo que iba a llamar al dueño y es cuando se apersona el imputado [Nombre 011], que permiten a ingresar los funcionarios, poniéndose nuevamente en evidencia que éste dominaba lo que ocurría en la finca y estaba bajo su control. También se identificó como el dueño de la finca y los acompañó en casi toda la inspección. Incluso los funcionarios del Tribunal ambiental dijeron en el debate y así lo consignaron en el informe, que ese día cuando ingresaron observaron un backhop, maquinaria muy utilizada para movimientos de tierra y desraizar los árboles, el cual en horas de la tarde no se vio más, lo anterior también se consignó en el informe, señalando que el imputado también tenía conocimiento de esa maquinaria en su propiedad. Todos estas probanzas, señalan sin duda alguna al imputado [Nombre 011] como el autor del aprovechamiento ilegal de la madera ubicada en su propiedad y precisamente cerca de una cabaña que estaba en construcción con madera similar a las especies nativas de las trozas. El imputado muestra tener el dominio del hecho respecto a lo que sucede en su finca antes del 28 de enero del 2016 y ese día y por lo tanto se le puede atribuir el aprovechamiento ilegal de esa madera que además indicaron los técnicos evidenciaba ser de reciente corta aunque en el momento de la inspección no observaran a nadie aserrando o construyendo con ella, pero sí la cabaña en construcción con el imputado presente. En este tipo de delitos difícilmente se puede contar con prueba directa de la persona realizando la corta, por lo que se debe optar por valorar circunstancias que permitan establecer la autoría y en este caso esas evidencias lo demuestran. La aceptación realizada espontáneamente por el imputado [Nombre 011] el día de la inspección, al momento en que las autoridades descubren el aprovechamiento de la madera sobre que \"lo agarraron con las manos en la masa porque estaba aprovechando esa madera para la construcción de la cabaña\" sólo ratifica lo que se ha demostrado certeramente por otros elementos de prueba. Se debe acotar que se considera por este Tribunal que yerra la defensa al establecer que el imputado debía ser apercibido, ya que no se le entrevistó ni se le sometió a un interrogatorio, más bien, el imputado es quien les pregunta a los funcionarios si ellos van a bajar ahí, refiriéndose al lugar donde estaba la madera y la cabaña, y cuando éstos le responden que sí, él espontáneamente realiza la manifestación aceptando la autoría.” (sic) (ver folios 805 y 806 del expediente). De esta forma se puede ver que no existe razón en el reclamo, por cuanto incluso sin las manifestaciones espontáneas la conclusión de que el acusado es responsable de tal aprovechamiento encuentra sólido sustento. En cuanto a los que respecta a la utilización de prueba ilícita, queda también resuelto el hecho de que al considerarse la espontaneidad de la declaración del imputado como legal, no hay tal ilicitud, pero a mayor abundamiento, lo cierto es que tal cual se ha dicho, aun suprimiendo sus manifestaciones espontáneas y su relato en juicio, existe suficiente prueba para tener por demostrado el ilícito acusado. Por último, en este mismo motivo, se protestó por la supuesta violación al principio de razón suficiente, la considerar el gestionante que la juzgadora concluye que el imputado es el autor del hecho, simplemente por ser el dueño del inmueble, aspecto que no pasa de ser una simple apreciación subjetiva, pues la juzgadora fundamenta este delito en los siguientes elementos: a- la declaración del testigo [Nombre 009], quien señala que observa corta reciente de árboles de especies nativas, los que coincidían con la cabaña en construcción y que el mismo imputado reconoció ser él el que la utilizaba, b- el testigo [Nombre 008], respaldó en un todo lo manifestado tanto por el imputado como por el otro testigo, pues andaban juntos realizando la inspección, c- declaración de otros testigos como lo fueron Adriana Flores Calvo y Luis Felipe Moreno Monge quienes procedieron a realizar informes en ese mismo sentido, d- “La carencia del permiso requerido para el aprovechamiento de esa madera por parte del imputado [Nombre 011] se acredita fehacientemente por el Área de conservación Pacífico central, Oficina de Puriscal del MINAE, en el informe ACOPAC-1498-2016 (folios 97 a 99) donde se hace constar que el imputado [Nombre 011] no ha tramitado ninguna solicitud ni permiso de corta y aprovechamiento forestal ante esa dependencia de MINAE ni tampoco declaratoria de conveniencia de corta de árboles en áreas de protección. Ratifica la constancia anterior el oficio número 1497-2017 (folio 147) donde el técnico Alex Méndez también de la oficina Subregional de Puriscal hace constar que el imputado [Nombre 011] no ha solicitado ni tiene permiso para el aprovechamiento de la madera.” (ver folio 804 del expediente). De esta manera quedan descartados cada uno de los reclamos realizados por la defensa técnica en este motivo de apelación y por ello se declara sin lugar el motivo de apelación.\n\n V.- Cuarto motivo de apelación. Fundamentación errónea en cuando al monto de la indemnización civil que debe pagar mi representado. Luego de transcribir lo que expuso el Tribunal en relación con la indemnización civil, refiere que la misma no es procedente pues según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente para poder ser responsable civilmente hay que haber generado algún mínimo de acción en la contaminación lo mismo que la Ley de Conservación y Uso de Suelos, en su artículo 52 y en este caso no se le puede atribuir tal participación al acusado. Transcribe gran parte de la resolución número 437-2022 de la Sala Tercera en la que se detallan las máximas ambientales, en las que se concluye que: “… la responsabilidad objetiva es admisible, siempre y cuando la legislación expresamente lo prevea, de lo contrario la regla a aplicar es la responsabilidad subjetiva. Vale la pena destacar, que si bien en este tipo de responsabilidad, se prescinde de la exigencia de la culpa, a fin de que nazca la obligación de indemnizar o reparar el daño, debe de existir algún factor de atribución de responsabilidad objetiva entre la acción u omisión y la causación del daño. Vemos entonces que existen tres condiciones para su aplicación: 1. El factor de imputación de la conducta. 2. La existencia de un daño y, 3. La relación de causalidad entre ambos.”. Indica que si bien es cierto existe responsabilidad objetiva en materia ambiental, deben existir algunos factores relevantes para hacerla efectiva, por lo menos una acción u omisión que tenga relación causal con el daño ambiental, aun y cuando no sea a título de dolo o culpa y según el segundo hecho probado (el cual transcribe), no hace que se dé ese vínculo entre su representado con una acción u omisión que esté causalmente conectada con los daños ambientales que se reclaman en este proceso, en concreto lo que concierne a la invasión de las zonas de protección de la naciente termal y de la quebrada Limonal, siendo otras personas las que realizaron tales obras, las aprovecharon y por tanto deben responder por el daño causado. Aunado a lo anterior, refiere que el imputado no fue el que creó los riesgos ambientales para su provecho ni permitió las acciones riesgosas, pues de la prueba recibida en el proceso se tiene que fue el señor [Nombre 010] quien hizo las obras y pidió los permisos respectivos. En relación con los montos establecidos a pagar en la sentencia, recalca que su defendido no tiene por qué pagarlos pues se ha demostrado que no es el responsable de ello, siendo que el tal informe refiere a los daños ambientales por el delito de invasión a la zona protegida y el señor [Nombre 011], se le atribuyó la responsabilidad por la tala de árboles y el uso de aguas, siendo que esta valoración del daño ambiental relacionado con esas conductas no está contenida en el informe del ingeniero Monge Hernández, por lo que, en el peor de los casos si hubiese una condena civil sería en abstracto. Solicita se declare con lugar el recurso, se revoque la sentencia en cuanto al pago del daño ambiental y sus intereses. EL MOTIVO SE DECLARA SIN LUGAR. Contrario a lo que alega el señor defensor, de la sentencia sí se deriva la relación de causalidad existente entre el actuar o no del propietario del inmueble y el daño ambiental, aspecto que hace ver la señora jueza en su resolución y concretamente al indicar lo relacionado con la acción civil resarcitoria. Como bien lo apunta el recurrente, la responsabilidad objetiva es admitida en materia ambiental y para poderla aplicar se requiere de esta condición (el mínimo de acción del condenado), elemento descrito en sentencia, la que dispuso: “De igual manera se ha demostrado que con la tala y eliminación de árboles en ese mismo inmueble -sin contar con permiso alguno- el demandado civil [Nombre 011] afectó el entorno natural del sitio y provocó daños al suelo, por cuanto dejó expuesta la capa vegetal del mismo, facilitando el arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua a causa de la escorrentía, además de que afecta las especies silvestres que tienen a dichos árboles como su hábitat. Además, la eliminación de árboles afecta la fijación de carbono a través de la biomasa, la belleza escénica natural y la función de protección contra la radiación solar, que ayudan a mantener la temperatura del aire, del suelo y del agua. (,,,) Si bien, a nivel penal no fue posible establecer la autoría directa del imputado [Nombre 011] respecto a las obras construidas invadiendo los cauces y zonas de protección de ambos cuerpos de agua, ya que no fue posible establecer bajo cuáles condiciones se construyeron, para la responsabilidad civil que se pretende, basta con que el imputado figurara como el propietario del fundo afectado y por lo tanto toleró que se realizaran tales afectaciones a esos recursos de dominio público y protección estatal. Resultando que es ese vínculo objetivo fundamentado en nuestra legislación, lo que permite realizarle el reclamo pretendido civilmente por el Estado Costarricense al demandado civil [Nombre 011], quien debe responder por la actividad riesgosa que permitió en su propiedad propiamente como balneario, restaurante, hospedaje, etc.” (ver folios 812 y 813 del expediente). En cuanto a la ausencia de actividades que pudiesen derivar en una responsabilidad objetiva, queda demostrado que la sentencia sí hace ver cuáles son y las justifica a efectos de atribuirle la misma al imputado y por ello no lleva razón el recurrente. Ahora, el reclamo relacionado con el monto de la acción civil, tampoco puede prosperar, ya que tal y como lo hace ver la resolución consta en el expediente bajo el oficio ACC-OSRP-1518-2018, que es el Dictamen Pericial con la estimación económica del daño ambiental, visible a folios 302 al 321, en el que el Ingeniero Forestal Efraín Monge Hernández detalla en forma concreta los montos por el daño ambiental causado, así como la indemnización, aspectos de los cuales no se aparta y más bien justifica la sentenciadora a la hora de emitir la resolución, montos que el apelante no alcanza a desmerecer ni a demostrar que no correspondan, sean desproporcionados o irrazonables, nada de lo cual aprecia en todo caso esta Cámara. Así las cosas, se declaran sin lugar los reclamos.\n\n \n\nPOR TANTO\n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el representante de la defensa técnica del imputado [Nombre 011], únicamente en cuanto a la pena que se le impuso por los delitos de Usurpación de Aguas en concurso material, la que debe entenderse en cuatro meses por cada uno de ellos, para un total de 8 meses de prisión. En lo demás queda incólume la sentencia. Notifíquese.\n\n     \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRafael Segura Bonilla\n\n \n\nHelena Ulloa Ramírez                                            Erick Alonso Calvo Rojas                                                                                                                                                                    \n\n \n\n                                                                                                             \n\nJueces y Jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil\n\n(En funciones del T.A.S.P. del Segundo Circuito Judicial de San José)\n\n \n\n \n\nExpediente : 16-000003-0611-PE (2)  \n\nImputado    : [Nombre 011]\n\nOfendido    : Tribunal Ambiental Administrativo\n\nDelito         :Invasión de un Área Protegida y otros                          \n\nCsolanog\n\n  II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Calle Blancos, Edificio Tribunales, Cuarto Piso, Teléfonos: 2247-9238 ó 2247-9098. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tapelacionespj-sgdoc@poder-judicial.co.cr\n\n1\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 04-03-2026 11:29:22.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "PODER JUDICIAL\n\nJUVENILE CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT\n\n \n\nResolution: 2025-1199\n\nCase File: 16-000003-611-PE (2)\n\n \n\nJUVENILE CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. (Acting as the Criminal Sentence Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José) Goicoechea at fifteen hours twenty minutes on the twenty-first of July, two thousand twenty-five.\n\nAPPEAL filed in the present cause against [Name 011], of legal age, Costa Rican, identification card number [Value 001], born on May 10, 1967, son of [Name 002] and [Name 003]; for the crime of INVASION OF A PROTECTED AREA AND OTHERS, to the detriment of the ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL COURT AND OTHERS. Judges Rafael Segura Bonilla, Erick Alonso Calvo Rojas, and Judge Helena Ulloa Ramírez participate in the decision of the appeal. Attorneys Francisco Sánches Fallas, as private defense counsel for the accused, and Randall Arias Alvarado, representing the Public Prosecutor's Office, appeared in this court.\n\nWHEREAS:\n\nI.- That by judgment number 66-2025, at fifteen hours fifteen minutes on February sixth, two thousand twenty-five, the Criminal Trial Court of the Third Judicial Circuit of San José, Desamparados, resolved: \"THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 36, 39, 41, and 50 of the Political Constitution, Articles 1, 324, 326, 328, 330, 333, 334, 335, 336, 341 et seq., 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 of the Criminal Procedure Code, Articles 1 to 3, 41, 11, 12, 16, 18, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 35, 45, 50, 53 et seq., 59 to 62, 71, 73, 74, 75, 76, 103, 227 subsection 1), 226 subsection 1) of the Criminal Code, Articles 5, 6, 58 subsection a) and 61 subsection a) of the Forestry Law No. 7575, Article 3 of the Organic Law of the Attorney General's Office, 122, 123, 124, and 126 of the 1941 Criminal Code, Rules in Force on Civil Liability in relation to Article 57 of Forestry Law number 7575, Article 42 in relation to Article 16 of the current Executive Decree number 41930-J (Fee Schedule for Professional Legal and Notary Services), Article 1048 of the Civil Code, Articles 1 to 3 of the Water Law No. 276, Articles 1, 2, and 50 of the Organic Law of the Environment No. 7554, Article 11 of the Biodiversity Law No. 7788, this Court resolves: 1. To declare the accused [Name 011] the responsible author of the following crimes: - One crime of USURPATION OF WATERS (referring to the thermal water spring (naciente)), for which a sentence of TEN MONTHS OF IMPRISONMENT AND TWENTY DAYS FINE is imposed at a rate of five thousand colones per day. - One crime of USURPATION OF WATERS (referring to the Limonal stream) for which a sentence of TEN MONTHS OF IMPRISONMENT AND TWENTY DAYS FINE is imposed at a rate of five thousand colones per day. These crimes committed to the detriment of water as a public domain asset, which concur materially with a crime of FOREST EXPLOITATION ON PRIVATE PROPERTY for which FOUR MONTHS OF IMPRISONMENT are imposed, for a TOTAL SENTENCE to be served according to the material concurrence of TWENTY-FOUR MONTHS OF IMPRISONMENT AND FORTY DAYS FINE SET AT A TOTAL OF TWO HUNDRED THOUSAND COLONES, a sentence to be served in the place and manner determined by penitentiary regulations, after crediting any pretrial detention suffered. The Benefit of Conditional Suspension of the Sentence is granted for a period of THREE YEARS, during which the accused may not commit a willful crime punishable by a sentence greater than six months, or this benefit will be revoked and he must serve the prison sentence under the terms stated. The fine must be paid by the accused [Name 011] by deposit in favor of the Board of Construction, Installation, and Acquisition of Social Adaptation Assets. Said fine must be paid by the accused [Name 011] within fifteen days following the finality of this judgment; if said fine is not paid, it will be converted into days of imprisonment to be served in the corresponding correctional facility pursuant to the order of social adaptation. 2. The accused [Name 011] is acquitted of all punishment and liability in application of the In dubio pro reo principle for two crimes of INVASION OF A PROTECTION AREA and two crimes of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN ASSETS (referring to the waterways (cauces) of the thermal spring and the Limonal stream) to the detriment of Natural Resources and the environment. 3. ON THE RESTITUTORY CIVIL ACTION: The restitutory civil action filed by the Costa Rican State represented by the Attorney General's Office against the defendant [Name 011] is granted, and for that reason, the defendant [Name 011] is ordered to pay for environmental damage the sum of ELEVEN MILLION EIGHT HUNDRED TEN THOUSAND FOUR HUNDRED EXACT COLONES (011,810,400). Also, the civil defendant is ordered to pay the PERSONAL AND PROCEDURAL COSTS of the Restitutory Civil Action, which are granted in favor of the State and are set at the sum of TWO MILLION THREE HUNDRED SIXTY-TWO THOUSAND EIGHTY EXACT COLONES (02,362,080). Finally, the civil defendant is ordered to pay the PERSONAL COSTS of the Private Prosecution, which are granted in favor of the State and are set at the sum of EXACT (0200,000) for a grand total of FOURTEEN MILLION THREE HUNDRED SEVENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY EXACT COLONES (014,362,480). In addition to the payment of interest on these amounts until their effective payment. The set amounts must be paid by the civil defendant within fifteen business days following the finality of this judgment, with the warning that, should he fail to do so, the judgment execution process may be pursued. 4. RESTITUTION OF THINGS IS ORDERED: Pursuant to Article 103 of the Criminal Code, and also as a consequence of the civil claim granted, it is ordered that on property registration number [Value 002] of the San José Registry, owned by [Name 011], the infrastructure works built on the protection area of the Limonal Stream and on the protection area of the thermal spring (naciente), as determined in Criminalistic Report number DCF 2017-4030-B10 and its addendum (folios 185 to 196 and 267 to 283), must be demolished. Likewise, the demolition of any work, construction, reservoir (embalse), or piping of the waterways (cauces) of the Limonal Stream and the thermal water spring (naciente) is ordered, which are public domain assets and must be recovered by the State, as well as removing the debris from the ordered demolitions, freeing the waterway of the two bodies of water so that it flows freely and nature can regenerate. This demolition and the disposal of the remains, as well as the subsequent recovery of the area, must be carried out in accordance with the environmental criteria issued by the ACOPAC office, Puriscal branch, of the Ministry of Environment and Energy (or the corresponding MINAE office), for which it is ordered to issue a technical report within two calendar months following the finality of this judgment to establish the manner in which the demolition should be carried out with the least impact on the environment, in addition to the measures to be taken for the recovery of the affected area if recovery is feasible. A period of three calendar months from the finality of this judgment is granted for the indicated demolitions to be carried out by the accused [Name 011], and if the accused here does not carry them out within the granted period (of three months), the Municipality of Acosta must carry out such demolitions under the stated terms during the following two months, always protecting the environment according to the technical criteria and with the costs borne by the accused [Name 011], including the cost for the recovery of the area. [Name 011] or whoever holds the property must allow entry, since it involves public domain assets owned by the State although on private property. It is ordered to personally notify this judgment to the Mayor of the Municipality of Acosta and to the head of the ACOPAC office of MINAE in Puriscal (Articles 5 and 6 of Law 7575), so that compliance with what is ordered herein is carried out with the least impact on the environment, under warning of the possibility of committing a crime of DISOBEDIENCE TO AUTHORITY contemplated and sanctioned under Article 307 of the Criminal Code in case of failing to comply with the order, in accordance with the preceding recitals. The environmental prosecutor's office of the Public Prosecutor's Office must verify compliance with what is ordered herein or take the corresponding measures to make this order effective. NOTIFY BY READING at sixteen hours on March thirteenth, two thousand twenty-five, and personally notify the Mayor of the Municipality of Acosta and the Regional Director of the Central Pacific Conservation Area (ACOPAC) of the Ministry of Environment and Energy, Puriscal branch. Once the judgment is final, register it in the Judicial Registry and notify the Sentence Enforcement Court, the National Institute of Criminology for their respective duties. Ana Patricia Mora Arias. Trial Judge. (sic).\n\n \n\nII.- That against the preceding pronouncement, attorney Francisco Sánches Fallas, as private defense counsel for the accused, filed an appeal.\n\n \n\nIII.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court raised the issues formulated in the appeal.\n\n \n\nIV.- That in the proceedings, the pertinent legal requirements have been observed.\n\n \n\nDrafted by Appeals Judge Segura Bonilla; and,\n\n \n\nCONSIDERING:\n\n \n\nI.- Defense counsel Mr. FRANCISCO SÁNCHEZ FALLAS, attorney for accused [Name 011], filed an appeal against judgment 66-2025 of fifteen hours fifteen minutes on March sixth of this year 2025, in which he is convicted of two crimes of usurpation of waters in material concurrence, based on the following arguments:\n\n \n\nII.- First ground of appeal: Failure to apply the rules of ideal concurrence of crimes, established in Article 21 of the Criminal Code. In the opinion of the defense counsel, based on the charged facts, specifically, in fact three of the accusation, he was charged with taking waters from two different places for the purpose of exploiting them and creating a thermal water spa, and even though it is true he was convicted of two crimes of usurpation of waters in material concurrence, these are in ideal concurrence. After citing a series of doctrinal sources, he states that in the case at hand, we are in “… the presence of both a common plan that gives unitary meaning to the different water takings carried out by my client, and the presence of that normative factor that attributes to both a unity of wrongfulness. As is evident from proven fact number three described above, while it is true my client would have taken water, on one hand, from a thermal spring (naciente) and, on the other, from the stream known as Limonal, the fact is that these acts were carried out with a single purpose and under the context of an obvious and single plan, which was to develop a commercial thermal water spa activity. That is, there is a single authorial plan that gives unitary meaning to those differentiated acts—taking water from the spring (naciente) and taking water from the stream—since both were carried out with the same purpose, which was to develop the commercial activity.” (see folio 824 of the case file). He adds that the normative factor is also present, as an element favoring the unity of action, which occurs when both actions are committed within the same criminal type and have a single commercial purpose, in this case the operation of a spa. He states that, although the judge stated that the concurrence was material, because water was taken from two different sites, such a position ignores or disregards the dogmatic development of ideal concurrence of crimes, which precisely presupposes the performance of actions that are naturally and physically independent but connected by factors that give them unitary meaning. He concludes by indicating that being in the presence of actions that concur ideally, one of them taking water from the thermal spring (naciente) and the other taking water from the Limonal stream, he requests that the appeal be granted and the facts be reclassified as constituting an ideal concurrence between two crimes of usurpation of waters, making the necessary provisions for determining the corresponding sentence. THE GROUND IS DECLARED WITHOUT MERIT. As resolved by the trial court, what has occurred in this case according to the description of the proven facts is the commission of two crimes of usurpation of waters in material concurrence, the defense's argument being simply the doctrinal position he wishes to support, but which, according to the judgment and the facts accepted as proven, substantially refer to a material concurrence. See that the judge in the resolution states: “To declare the accused [Name 011] the responsible author of the following crimes: - One crime of USURPATION OF WATERS (referring to the thermal water spring (naciente)), for which a sentence of TEN MONTHS OF IMPRISONMENT AND TWENTY DAYS FINE is imposed at a rate of five thousand colones per day. - One crime of USURPATION OF WATERS (referring to the Limonal stream) for which a sentence of TEN MONTHS OF IMPRISONMENT AND TWENTY DAYS FINE is imposed at a rate of five thousand colones per day.” (bold type from the original), distinguishing two water takings by the accused, one from the thermal water spring (naciente) and another from the Limonal stream, which converge regarding the accused's objective of the illegitimate exploitation of both takings, this explanation being sufficient to determine that it is a material concurrence, which can be derived from a comprehensive reading of the judgment. At folio 795 and in relation to the assessment of evidence, the judge mentions the statement of the expert witness Adrián Ureña Quesada, who was clear in warning of the existence of two takings from two different bodies of water, one being thermal water and the other taken from a river; that is, although illegally directed towards the operation of a business, they constitute in themselves independent injuries to the legal interests of the same nature, which by itself is not indicative of unity of action, but of a plurality of actions. Such aspect, as evident from the same analysis of evidence, derives from the statement of witness [Name 004], who also refers to the two bodies of water, with two permits also being needed for their use (see folios 796 verso and 797 recto). Thus, it is clear that the substance of the resolution regarding the first of the appellant's claims is insufficient, since the commission of the crime in material concurrence is indeed correct and therefore this ground is declared without merit.\n\n \n\nIII.- Second ground of appeal. Erroneous reasoning of the sentence. The appellant indicates that in the event the first ground is declared without merit, the imposed sentence must be corrected, this because in the dispositive part the judge indicated that she would depart from the minimum established by law and add three months, and since the minimum is one month, plus three months would be four months and not five as established. He requests that the ground be granted and the sentence to be served for the crimes of usurpation of waters be set at four months and not ten as ordered. THE CLAIM IS UPHELD. From the comprehensive reading of the judgment, it can be denoted that what occurred is a material error on the part of the judge, since in the reasoning thereof she stated that she would depart from the minimum penalties, increasing each of the crimes of usurpation of waters by three months from the minimum of one month, with the arithmetic operation that should have been considered and applied being 4 months for each of the events, to thus, and being a material concurrence conviction, add up to 8 months of imprisonment, at a rate of 4 months for each of the crimes. Therefore, this claim is granted, and it must be estimated that the sentence for the crime of Usurpation of waters is 8 months of imprisonment, four months for each crime, and not 10 as stated in the dispositive part of the judgment.\n\n \n\nIV.- Third ground of appeal. Violation of the rules of sound judgment: violation of the principles of non-contradiction and sufficient reason. Use of illegal evidence. All regarding the reasoning for the conviction for the crime of Forest Exploitation on Private Property. After transcribing part of the appealed judgment, especially where the matter related to the forest exploitation crime is established, he divides his claim into what the appellant titles as sub-grounds: a- violation of the principle of non-contradiction. He indicates that this principle consists of the judge not being able to make a statement that is contrary to another statement in the same resolution, and he states that in this specific case that occurs when the judge in the resolution points out that to demonstrate the criminal liability of the accused [Name 011] it was not necessary to take into account the statements he made, but later on, probative value is given to them, and therefore he requests that this sub-ground of appeal be granted. b- Use of illicit evidence, due to violation of articles of the Political Constitution and the Criminal Procedure Code. He explains that during the trial, it was requested that the spontaneous statements of his client not be used as valid evidence, which occurred, thereby violating the right of defense and the rights that any person has, especially when it concerns an accused, a concept that is broad and must be protected, an aspect that was not done, as he was not informed from the beginning of the investigative act and instead the authorities waited for him to make spontaneous statements. He states that the events that occurred that day did not even correspond to investigations specific to this case, but rather resulted from a complaint by the Environmental Administrative Court, which represent administrative acts prior to the imputation of charges, and witness [Name 008] himself admitted during the trial that he suspected the accused was the owner of the property, and therefore, at the time the inspection took place, he was already an accused and should have been informed of his corresponding rights, among them the right to have a defense attorney and not to make statements. The defense counsel cites case law from the Third Chamber that gives validity to spontaneous statements, but which however must meet two conditions, one of which does not apply in this case, namely that his client had the status of a suspect, hence the evidence must then be declared illicit, requesting that the conviction for the crime of Forest Exploitation on Private Property be declared ineffective. c- Third sub-ground: Violation of the principle of derivation or sufficient reason. He argues that a violation of this principle has occurred because the judge reaches the conclusion that the accused is the one who commits the crime, because he is the owner of the farm and therefore he was the one who ordered everything that was done on the property, and: “The owner of a property, by the mere condition of being so, is not the immediate or mediate perpetrator, automatically, of everything that occurs on the site. In that sense, what is proposed in the judgment is a form of strict liability (responsabilidad objetiva), which is inadmissible in criminal law and does not align with the principle of sufficient reason. Moreover, while it is true, as noted in the argumentative thread set out above, that from the year (sic) 2015 my client processed some permits for the operation of the spa and restaurant on the property at issue, it does not reasonably follow that my client was the person who cut, or ordered the cutting of, the trees at issue for building a cabin. One thing is the operation of a spa and the running of a restaurant, and quite another is the felling of trees to build a cabin: there is no link between the two activities. Consequently, the circumstance that he processed such permits does not constitute sufficient reason to conclude his criminal liability for the crime of forest exploitation charged. (…) It is this defense's view that the inference made by the trial judge that, given that my client's presence at the site was necessary for the entry of the officials, then this implies that my client is the person who felled or ordered the felling of the trees at issue, also violates the principle of sufficient reason. (…) There is no direct evidence in this case whatsoever linking my client to the felling of the trees at issue, and, yet, based on the ideas set out above, which violate the principle of sufficient reason, the judgment concludes that my client is the responsible author of the crime of Forest Exploitation on Private Property.” (see folios 830 verso and 831 recto). He requests that this ground of appeal be granted, the conviction be declared ineffective, and the accused be acquitted of all punishment and liability. THE CLAIMS ARE DECLARED WITHOUT MERIT. Although the appellant makes a subdivision of claims, which he titles “sub-principles,” as they are oriented towards the same end (a declaration of nullity of the judgment) and are interrelated, they are resolved jointly. In the first place, no such violation of the principle of contradiction exists, since rather, the appellant decontextualizes what the trial judge expounds in the analysis of the evidence, given that from a comprehensive reading of the judgment it can be observed that what she actually affirms is that the accused on several occasions spontaneously admits to having committed the crime under investigation and even, specifically in his statement during the trial, he himself admits to having committed the acts. On the other hand, another series of evidence is presented that even, hypothetically suppressing these spontaneous statements, maintains the liability of Mr. [Name 011], which can be denoted in the text of the judgment transcribed: “During the trial, the defense of the accused discussed the use of the spontaneous statements on the day of the inspection when the accused William accepted being responsible for that wood exploitation for the construction of the cabin, this because the officials who conducted the inspection did not warn him of his rights as a potential accused or the possibility of having a lawyer, the defense concluding that those statements must be excluded and therefore the authorship of his defendant in these events of illegal wood exploitation is not proven. In the first instance, on the issue of the authorship of the accused [Name 011] regarding the exploitation of trees without a permit detected in the inspection of January 28, 2016, on his property, it is conclusively proven without the need to take those statements of the accused into consideration. See that the accused [Name 011] in his statement during the trial accepted that he had personally taken charge of that property and the 'business' operating there since approximately April 2015, so that as the owner in charge he ordered or carried out with his own hands all works that from that moment on were carried out on his property, including that wood exploitation detected in the inspection. Not only did the accused accept this during the trial, but the documentary evidence proves that the accused [Name 011] was directly in charge of his farm and had control of his estate. Official document N'ARSA-REG-038-2016 signed by Mg. Adriana Flores Calvo on page 02 of the report states that in the file before the Ministry of Health on March 2, 2015, Mr. [Name 010] declares 'that he will no longer continue with the activity, since the property owner will take charge of the business' and that as of April 7, 2015, the spa permit is granted for the first time to Mr. [Name 011], who continued processing it until January 20, 2016, a date on which -the accused [Name 011]- requested a three-month extension to comply with some outstanding items from a sanitary order that had been issued to him. Also at folio 157, the Municipality of Acosta signs a document informing that on June 9, 2015, the environmental manager of the Municipality of Acosta conducted an inspection of the property of the accused [Name 011], due to a fence he had placed in a public area, which, as stated in that report by the environmental manager Felipe Moreno Monge, the accused [Name 011] removed the fence indicating it was a boundary error. In addition to this documentary evidence showing that the accused was in direct charge of his property processing permits, sanitary licenses, and complied with what was ordered by the Municipality of Acosta, it is known that on the day of the inspection of January 28, 2016, the day of the discovery of the illegal wood exploitation, prior to entering the property the guard did not allow entry initially, but said he was going to call the owner, and that is when the accused [Name 011] appears, who allows the officials to enter, again making it evident that he controlled what happened on the farm and it was under his control. He also identified himself as the owner of the farm and accompanied them throughout almost the entire inspection. Even the officials from the Administrative Environmental Court said during the trial and thus recorded it in the report, that that day when they entered they observed a backhoe, machinery widely used for earthworks (movimientos de tierra) and uprooting trees, which later in the afternoon was no longer seen, this was also recorded in the report, noting that the accused also had knowledge of that machinery on his property. All this evidence undoubtedly points to the accused [Name 011] as the author of the illegal exploitation of wood located on his property and precisely near a cabin that was under construction with wood similar to the native species of the logs. The accused shows control over the event regarding what happens on his farm before January 28, 2016, and on that day, and therefore the illegal exploitation of that wood can be attributed to him, which the technicians indicated showed evidence of being recently cut, although at the time of the inspection they did not observe anyone sawing or building with it, but the cabin under construction was there with the accused present. In this type of crime, direct evidence of the person carrying out the cutting is difficult to obtain, so it is necessary to assess circumstances that allow establishing authorship, and in this case that evidence proves it. The acceptance spontaneously made by the accused [Name 011] on the day of the inspection, at the moment when the authorities discover the wood exploitation, that 'they caught him red-handed because he was exploiting that wood for the construction of the cabin' only ratifies what has been conclusively proven by other evidentiary elements. It must be noted that this Court considers that the defense errs in asserting that the accused had to be warned of his rights, since he was not interviewed nor subjected to interrogation; rather, it is the accused who asks the officials if they are going down there, referring to the place where the wood and the cabin were, and when they answer yes, he spontaneously makes the statement accepting authorship.” (sic) (see folios 805 and 806 of the case file). In this way, it can be seen that the claim is unfounded, since even without the spontaneous statements, the conclusion that the accused is responsible for such exploitation finds solid support. As to what concerns the use of illicit evidence, the fact that the spontaneity of the accused's statement is considered legal also resolves the lack of any such illicitness, but for greater abundance, the fact is that as has been said, even suppressing his spontaneous statements and his account at trial, there is sufficient evidence to deem the charged crime proven.\n\nFinally, in this same ground, a violation of the principle of sufficient reason was alleged, the applicant considering that the judge concluded that the accused is the perpetrator of the act simply because he is the owner of the property, an aspect that is nothing more than a mere subjective assessment, since the judge bases this crime on the following elements: a- the statement of witness [Name 009], who indicates that he observed recent cutting of native species trees, which coincided with the cabin under construction and that the accused himself admitted that he was the one using it, b- witness [Name 008], fully supported what was stated by both the accused and the other witness, since they were together conducting the inspection, c- statements of other witnesses such as Adriana Flores Calvo and Luis Felipe Moreno Monge who proceeded to prepare reports to that same effect, d- “The lack of the required permit for the use of that timber by the accused [Name 011] is reliably accredited by the Central Pacific Conservation Area, Puriscal Office of MINAE, in report ACOPAC-1498-2016 (folios 97 to 99) where it is recorded that the accused [Name 011] has not processed any application or permit for logging and forest use before that MINAE office, nor any declaration of convenience for cutting trees in protection areas. The previous certification is ratified by official letter number 1497-2017 (folio 147) where technician Alex Méndez, also from the Puriscal Subregional office, certifies that the accused [Name 011] has not requested nor does he have a permit for the use of the timber.” (see folio 804 of the case file). In this manner, each of the claims made by the technical defense in this ground of appeal are discarded, and therefore the ground of appeal is declared without merit.\n\nV.- Fourth ground of appeal. Erroneous reasoning regarding the amount of civil compensation that my client must pay. After transcribing what the Court stated in relation to civil compensation, he asserts that it is not appropriate since according to Article 2 of the Organic Law of the Environment, to be civilly liable one must have generated some minimum action in the pollution, the same as the Law of Conservation and Use of Soils, in its Article 52, and in this case such participation cannot be attributed to the accused. He transcribes a large part of resolution number 437-2022 of the Third Chamber which details the environmental maxims, in which it is concluded that: “… objective liability is admissible, provided that the legislation expressly provides for it, otherwise the rule to apply is subjective liability. It is worth noting that although in this type of liability, the requirement of fault is dispensed with in order for the obligation to compensate or repair the damage to arise, there must exist some objective liability attribution factor between the action or omission and the causing of the damage. We see then that there are three conditions for its application: 1. The factor of imputation of the conduct. 2. The existence of damage, and 3. The causal relationship between both.” He indicates that while it is true there is objective liability in environmental matters, some relevant factors must exist to make it effective, at least an action or omission that has a causal relationship with the environmental damage, even if not by way of intent or fault, and according to the second proven fact (which he transcribes), it does not create that link between his client and an action or omission that is causally connected to the environmental damages claimed in this proceeding, specifically regarding the invasion of the protection zones of the thermal spring (naciente termal) and the Limonal stream (quebrada Limonal), it being other persons who carried out such works, used them, and therefore must answer for the damage caused. In addition to the foregoing, he states that the accused was not the one who created the environmental risks for his benefit nor did he permit the risky actions, since from the evidence received in the proceeding it is established that it was Mr. [Name 010] who did the works and requested the respective permits. In relation to the amounts established to be paid in the judgment, he emphasizes that his defendant has no reason to pay them since it has been demonstrated that he is not responsible for it, given that the aforementioned report refers to environmental damages for the crime of invasion of a protected area and Mr. [Name 011] was attributed responsibility for tree felling and water use, and this assessment of environmental damage related to those conducts is not contained in the report of engineer Monge Hernández, so, in the worst-case scenario, if there were a civil judgment, it would be in the abstract. He requests that the appeal be granted, that the judgment be revoked regarding the payment of environmental damage and its interest. THE GROUND IS DECLARED WITHOUT MERIT. Contrary to what the defense attorney alleges, the judgment does derive the causal relationship existing between the action or inaction of the property owner and the environmental damage, an aspect that the judge makes clear in her resolution and specifically when indicating matters related to the civil compensatory action. As the appellant rightly points out, objective liability is admitted in environmental matters and to apply it, this condition (the minimum action of the convicted party) is required, an element described in the judgment, which ordered: “Likewise, it has been demonstrated that with the felling and elimination of trees on that same property -without having any permit- the civil defendant [Name 011] affected the natural environment of the site and caused damage to the soil, since it left the topsoil exposed, facilitating the dragging of sediments to the bodies of water due to runoff, in addition to affecting the wild species that have said trees as their habitat. Furthermore, the elimination of trees affects carbon fixation through biomass, the natural scenic beauty, and the protective function against solar radiation, which help maintain the temperature of the air, soil, and water. (…) Although at the criminal level it was not possible to establish the direct authorship of the accused [Name 011] regarding the works constructed invading the channels and protection zones of both bodies of water, since it was not possible to establish under what conditions they were constructed, for the civil liability sought, it is sufficient that the accused figured as the owner of the affected property and therefore tolerated that such affectations to those resources of public domain and state protection be carried out. Resulting that it is this objective link based on our legislation that allows the claim sought civilly by the Costa Rican State against the civil defendant [Name 011], who must answer for the risky activity that he permitted on his property, specifically as a spa, restaurant, lodging, etc.” (see folios 812 and 813 of the case file). Regarding the absence of activities that could result in objective liability, it is demonstrated that the judgment does indicate what they are and justifies them for purposes of attributing the same to the accused, and therefore the appellant is not correct. Now, the claim related to the amount of the civil action cannot succeed either, since, as the resolution makes clear, it is recorded in the case file under official letter ACC-OSRP-1518-2018, which is the Expert Opinion with the economic estimation of the environmental damage, visible on folios 302 to 321, in which Forestry Engineer Efraín Monge Hernández details in concrete form the amounts for the environmental damage caused, as well as the compensation, aspects from which she does not depart and which the sentencing judge rather justifies when issuing the resolution, amounts that the appellant does not manage to discredit or demonstrate are incorrect, disproportionate, or unreasonable, none of which is observed by this Chamber in any case. Therefore, the claims are declared without merit.\n\nPOR TANTO\n\nThe appeal filed by the representative of the technical defense of the accused [Name 011] is partially granted, solely regarding the penalty imposed for the crimes of Water Usurpation in material concurrence, which must be understood as four months for each of them, for a total of 8 months of imprisonment. In all other respects, the judgment remains intact. Notify.\n\nRafael Segura Bonilla\n\nHelena Ulloa Ramírez Erick Alonso Calvo Rojas\n\nJudges of the Criminal Juvenile Sentencing Appeals Court\n(Acting in the functions of the T.A.S.P. of the Second Judicial Circuit of San José)\n\nCase File: 16-000003-0611-PE (2)\nAccused: [Name 011]\nVictim: Environmental Administrative Tribunal\nCrime: Invasion of a Protected Area and others\nCsolanog\n\nII Judicial Circuit of San José, Goicoechea, Calle Blancos, Courts Building, Fourth Floor, Telephones: 2247-9238 or 2247-9098. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: tapelacionespj-sgdoc@poder-judicial.co.cr\n\n1\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 04-03-2026 11:29:22.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }