{ "id": "nexus-sen-1-0034-1336667", "citation": "Res. 00869-2025 Tribunal Agrario", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Nulidad por preterición de prueba en mejor derecho de posesión", "title_en": "Nullity for Omission of Evidence in Better Right of Possession", "summary_es": "El Tribunal Agrario de San José anula la sentencia del Juzgado Agrario de Upala que había declarado con lugar la demanda de mejor derecho de posesión de Marta Montano Hernández sobre un terreno de 2 hectáreas. El tribunal detecta múltiples vicios procesales: preterición de prueba, ya que el fallo impugnado no valoró la prueba testimonial de los demandados (calificándola genéricamente de complaciente sin análisis detallado) ni la documental (sentencias de procesos previos por interdicto y violencia doméstica); incongruencia y falta de fundamentación, porque concedió daños y perjuicios sin razonamiento alguno y omitió pronunciarse sobre el daño moral reclamado. En cambio, rechaza el agravio sobre la no convocatoria del perito a la audiencia de juicio, al considerar que la Ley de Jurisdicción Agraria no exige su presencia obligatoria y las partes no la solicitaron. Ordena al juzgado dictar una nueva sentencia con valoración integral de la prueba y resolución completa de todos los extremos de la demanda.", "summary_en": "The Agrarian Court of San José annuls the ruling of the Agrarian Court of Upala that had upheld Marta Montano Hernández's claim for better right of possession over a 2-hectare plot. The court identifies multiple procedural defects: omission of evidence, as the appealed ruling neither assessed the defendants' testimonial evidence (generically labeling it as complacent without detailed analysis) nor the documentary evidence (judgments from prior possessory and domestic violence proceedings); inconsistency and lack of reasoning, because it awarded damages without any analysis and failed to address the claimed moral damages. It rejects the grievance regarding the expert not being summoned to the trial hearing, considering that the Agrarian Jurisdiction Law does not require mandatory presence and the parties did not request it. It orders the lower court to issue a new, fully reasoned judgment assessing all evidence and completely resolving all claims.", "court_or_agency": "Tribunal Agrario", "date": "11/09/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "preterición de prueba", "incongruencia", "falta de fundamentación", "mejor derecho de posesión", "daño moral", "Ley de Jurisdicción Agraria", "recurso de apelación" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 54", "law": "Ley de Jurisdicción Agraria" }, { "article": "Art. 48", "law": "Ley de Jurisdicción Agraria" }, { "article": "Art. 60", "law": "Ley de Jurisdicción Agraria" }, { "article": "Art. 474", "law": "Código de Trabajo" } ], "keywords_es": [ "nulidad", "preterición de prueba", "incongruencia", "falta de fundamentación", "mejor derecho de posesión", "daño moral", "Tribunal Agrario", "prueba testimonial", "Ley de Jurisdicción Agraria", "recurso de apelación" ], "keywords_en": [ "nullity", "omission of evidence", "incongruence", "lack of reasoning", "better right of possession", "moral damages", "Agrarian Court", "testimonial evidence", "Agrarian Jurisdiction Law", "appeal" ], "excerpt_es": "Como se puede observar, la sentencia arriba a la conclusión de que dichos testigos son complacientes, basándose únicamente en datos genéricos de relación laboral y vecindad con el demandado Eliomar Alfaro López, sin razonar en qué parte de sus declaraciones se evidencia tal complacencia. La omisión de un análisis adecuado de las pruebas testimoniales y documentales existentes en el expediente coloca a los demandados en un estado de indefensión, al impedirles impugnar debidamente la valoración de dichas probanzas mediante el recurso de apelación. [...] La omisión de análisis sobre estas pretensiones, así como la falta de resolución expresa en el por tanto respecto del daño moral, conlleva a que la sentencia sea nula por incurrir en vicios de incongruencia y falta de fundamentación, lesionando el artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria.", "excerpt_en": "As can be seen, the judgment concludes that said witnesses are complacent, based solely on generic data regarding their employment relationship and proximity to the defendant Eliomar Alfaro López, without reasoning which part of their statements reveals such complacency. The omission of an adequate analysis of the testimonial and documentary evidence in the file places the defendants in a state of defenselessness, preventing them from properly challenging the assessment of said evidence through the appeal. [...] The omission of analysis regarding these claims, as well as the lack of an express ruling in the operative part regarding moral damages, renders the judgment null due to defects of inconsistency and lack of reasoning, violating Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law.", "outcome": { "label_en": "Annulment", "label_es": "Anulada", "summary_en": "The Agrarian Court annuls the first-instance judgment and orders a new decision assessing all evidence and resolving all claims.", "summary_es": "El Tribunal Agrario anula la sentencia de primera instancia y ordena dictar un nuevo fallo que valore toda la prueba y resuelva todos los extremos de la demanda." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI", "quote_en": "The omission of an adequate analysis of the testimonial and documentary evidence in the file places the defendants in a state of defenselessness, preventing them from properly challenging the assessment of said evidence through the appeal.", "quote_es": "La omisión de un análisis adecuado de las pruebas testimoniales y documentales existentes en el expediente coloca a los demandados en un estado de indefensión, al impedirles impugnar debidamente la valoración de dichas probanzas mediante el recurso de apelación." }, { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "The omission of analysis regarding these claims, as well as the lack of an express ruling in the operative part regarding moral damages, renders the judgment null due to defects of inconsistency and lack of reasoning, violating Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law.", "quote_es": "La omisión de análisis sobre estas pretensiones, así como la falta de resolución expresa en el por tanto respecto del daño moral, conlleva a que la sentencia sea nula por incurrir en vicios de incongruencia y falta de fundamentación, lesionando el artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria." }, { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "The judge simply grants them without specifying the assessments that led to upholding said claim.", "quote_es": "El juzgador simplemente los concede sin precisar cuáles fueron las valoraciones que lo llevaron a declarar con lugar dicha pretensión." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1336667", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00869 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 11 de Setiembre del 2025 a las 13:44\n\nExpediente: 20-000059-1520-AG\n\nRedactado por: Magda Díaz Bolaños\n\nClase de asunto: ordinario\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n20-000059-1520-AG - 8\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nORDINARIO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nMARTA MONTANO HERNANDEZ\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nELIOMAR ALFARO  LOPEZ\n\n \n\n   \n\nVOTO N°  N° 2025000869\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las trece horas cuarenta y cuatro minutos del once de setiembre de dos mil veinticinco.\n\n PROCESO ORDINARIO interpuesto por MARTA MONTANO HERNÁNDEZ, mayor, casada, ama de casa y agricultora, cédula de identidad dos - doscientos cuarenta y seis - ochocientos cincuenta y uno, vecina de San José de Upala; contra ELIOMAR ALFARO LÓPEZ, mayor, casado, ganadero, cédula de identidad dos - doscientos cincuenta y cinco - ciento treinta y uno, vecino de La Unión de San José de Upala, de forma personal y como representante de MADERERA ELIOMAR ALFARO LÓPEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres - ciento uno cuarenta y seis mil veintitrés. Se tiene como parte al INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, representado por su apoderada general judicial la licenciada Grace Ávila Calvo, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad dos - cuatrocientos veintisiete - trescientos trece. Actúa como defensora pública agraria de la actora, la licenciada Kembly Mora Salas, plaza cuatrocientos dieciocho y como apoderados especiales judiciales de los codemandados, el licenciado Miguel Ángel Orozco Velásquez, colegiado dieciocho mil seiscientos setenta y tres y Edwin Gerardo Martínez Rodríguez, colegiado cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete. Tramitado ante el Juzgado Civil, Trabajo, Agrario, Familia, Penal Juvenil y Contra La Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala (Agrario).\n\n Redacta el juez López Barrantes; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- De las pretensiones: La parte actora estima la presente demanda en dos millones quinientos mil colones y solicita se declare: «1- Se declare con lugar la presente demanda en todos sus extremos acogiendo este proceso ordinario de mejor derecho de posesión, rechazando cualquier excepción presentada por los demandados. 2) Se declare que el área de terreno reclamada por la actora descrito como \"terreno sin inscribir que se ubica en Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, de la iglesia católica 200 metros norte y 300 al este, que mide dos hectáreas dos mil doscientos ochenta y seis metros con setenta y tres decímetros cuadrados, que guarda relación con el plano inscrito en Catastro Nacional 2-1113026-2006\", no forma parte de la finca 2-00181359-000 inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad demandada cuya área se describe en el plano A-0018213- 1975. 3) Se declare que la actora tiene mejor derecho de posesión sobre el terreno objeto de este litigio que se describe como \"terreno sin inscribir que se ubica en Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, de la iglesia católica 200 metros norte y 300 al este, que mide dos hectáreas dos mil doscientos ochenta y seis metros con setenta y tres decímetros cuadrados, que guarda relación con el plano inscrito en Catastro Nacional 2-1113026-2006\", por lo tanto deberán la sociedad demandada y el accionado en su carácter personal, abstenerse de ingresar, efectuar daños, cortar árboles, mover cercas, manifestar que este les pertenece y en general, efectuar cualquier despojo concreto o potencial sobre este terreno de la actora, caso contrario, se haga la advertencia, que se podría iniciar una causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad. 4) Se declare que el demandado ALFARO LÓPEZ sin tener mejor derecho de posesión sobre el terreno objeto de este proceso, ha afectado la posesión de la actora sobre este bien, manifestando que le pertenece, realizando cortas de árboles. impidiendo la producción de cultivos y en general perturbando la posesión de la actora, por lo cual se le ordene a este pagar los daños y perjuicios ocasionados con estas conductas reprochables, los cuales se detallan de la siguiente forma: A) Daños 1: Descripción: Corta y tala de aproximadamente 8 árboles maderables y protegidos, que se ubicaban sembrados dentro de la finca de la actora. Origen: Acción del demandado de enviar peones para cortar dichos árboles. Estimación: Este daño se estima en la suma de ochocientos mil colones (800.000,00), estimando cada árbol en la suma de cien mil colones. B) Perjuicios 1: Descripción: Dejar de aprovechar la madera y el recurso natural de 8 árboles que se ubicaban sembrados dentro de la finca de la actora. Origen: Acción del demandado de enviar peones para cortar dichos árboles. Estimación: Este daño se estima en la suma de doscientos mil colones (200.000,00). Perjuicios 2: Descripción: Indisponibilidad del uso de la finca desde mediados del año 2016 (cuando se agravó el conflicto) a la actualidad. Origen: Acción del demandado de enviar peones para cortar árboles. amenazar a la actora y a su familia y en general perturbar la posesión. con lo que les impide el aprovechamiento del fundo. Estimación: Este perjuicio se estima en la suma de un millón quinientos mil colones (1.500.000,00), estimando cada año productivo en la suma de quinientos mil colones. D) Daño Moral: Descripción: angustias. tristezas y preocupaciones acaecidas en perjuicio de la actora. Origen: Acción del demandado de enviar peones para cortar árboles, amenazar a la actora y a su familia y en general perturbar la posesión, con lo que le impide el aprovechamiento del fundo, perturbando su posesión y agudizando la situación económica precaria de la actora. Estimación: Se estima este daño prudencialmente en a la suma de quinientos mil colones (500.000,00). Las sumas mencionadas se hacen por medio de una estimación prudencial, en todo caso si se consideran no acordes con la realidad, se estará a lo que un perito experto en el ramo determine en fase de ejecución de sentencia. 5) Se decrete que en caso de oposición a la presente acción, se imponga la obligación a la sociedad demandada y al accionado en forma solidaria, de pagar ambas costas del proceso, las cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: Solicito que de manera subsidiaria a las pretensiones principales que se indicarán, se acojan en sentencia las siguientes pretensiones: PRETENSIÓN SUBSIDIARIA #1: En caso de determinarse no procedente lo indicado en la \"Pretensión Principal en el punto 2\" (Se declare que el área de terreno reclamada por la actora descrito como \"terreno sin inscribir que en ubica en Alajuela, Upala San José. Pueblo Nuevo, de la iglesia católica 200 metros norte y 300 al este, que mide dos hectáreas dos mil doscientos ochenta y seis metros con setenta y tres decímetros cuadrados, que guarda relación con el plano inscrito en Catastro Nacional 2-4113026-2006\" no forma parte de la finca 2-00181359-000 inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad demandada cuya área se describe en el plano A-0018213-1975) y en la \"Pretensión Principal en el punto 3\" (Se declare que la actora tiene mejor derecho de posesión sobre el terreno objeto de este litigio que se describe como \"terreno sin inscribir que se ubica en Alajuela, Upala. San José. Pueblo Nuevo, de la iglesia católica 200 metros norte y 300 al este, que mide dos hectáreas dos mil doscientos ochenta y seis metros con setenta y tres decímetros cuadrados, que guarda relación con el plano inscrito en Catastro Nacional 2-1113026-2006, debido a que por medio de la prueba pericial se determine que el terreno en posesión de la actora si se encuentra dentro del área que comprende la finca 2-00181359-000, solicito que de manera subsidiaria, se acojan las siguientes pretensiones: 1- Se declare que la actora ha ejercido posesión agraria efectiva a título de dueña, con ánimo de dominio cumpliendo con la función social, económica y ambiental de la tierra desde el año 1985 aproximadamente, hasta la fecha de interposición de la presente demanda, sobre parte del terreno de la finca inscrita en el Registro de la propiedad bajo la matrícula folio real 2-00181359 del  partido de Alajuela, parte que se individualiza como \"terreno que que mide dos hectáreas dos mil doscientos ochenta y seis metros con setenta y tres decímetros cuadrados, que guarda relación con el plano inscrito en Catastro Nacional 2-1113026-2006\". 2- Se declare que el ingreso de la actora a la finca que se describe como \"terreno que que mide dos hectáreas dos mil doscientos ochenta y seis metros con setenta y tres decímetros cuadrados, que guarda relación con el plano inscrito en Catastro Nacional 2-1113026-2006\" y que forma parte de la finca 2- 00181359-000 inscrita a nombre de la sociedad demandada, fue de buena fe, de manera originaria al creer que dicho fundo carecía de dueño, con lo cual le asiste un justo título. 3- Se declare que la actora posee legitimación activa para demandar la prescripción positiva sobre la porción de terreno a que se refiere este proceso y que la actora ha adquirido el derecho de propiedad sobre el área de terreno objeto de este proceso. que se describen como \"terreno que mide dos hectáreas dos mil doscientos ochenta y seis metros con setenta y tres decímetros cuadrados, que guarda relación con el plano inscrito en Catastro Nacional 2-1113026-2006\" y  que forma parte de la finca 2-00181359-000 inscrita a nombre de la sociedad demandada, al amparo de la prescripción positiva según lo dispuesto en el Código Civil interpretado bajo los principios de la jurisdicción agraria, al tener un justo título acompañado de la posesión ejercida de manera pública, pacífica y continua. 4- Se ordene al Registro Nacional anular o bien modificar el asiento registral de la fincas (sic) 2- 00181359-000, para que se constituya asiento nuevo, o bien se segregue a favor de la actora, el terreno descrito, en base al derecho correspondiente de Usucapión, para lo cual se autorice a la actora a utilizar para esta segregación el plano catastrado 2-1113026-2006 o bien a crear inscribir plano ante Catastro Nacional y con él, titular en el Registro de la Propiedad, este terreno poseído. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA #2: En caso de determinarse no procedente lo indicado en la \"Pretensión Principal en el punto 2\" (Se declare que el área de terreno reclamada por la actora descrito como \"terreno sin inscribir que se ubica en Alajuela, Upala, San José. Pueblo Nuevo, de la iglesia católica 200 metros norte y 300 al este, que mide dos hectáreas dos mil doscientos ochenta y seis metros con setenta y tres decímetros cuadrados, que guarda relación con el plano inscrito en Catastro Nacional 2-1113026-2006, no forma parte de la finca 2-00181359-000 inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad demandada cuya área se describe en el plano 4-0018213-1975), en la \"Pretensión Principal en el punto 3\" (Se declare que la actora tiene mejor derecho de posesión sobre el terreno objeto de este litigio que se describe como \"terreno sin inscribir que se ubica en Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, de la iglesia católica 200 metros norte y 300 al este, que mide dos hectáreas dos mil doscientos ochenta y seis metros con setenta y tres decímetros cuadrados, que guarda relación con el plano inscrito en Catastro Nacional 2-1113026-2006\") y en la \"Pretensión Subsidiaria #1\", debido a que por medio de la prueba pericial se determine que el terreno en posesión de la actora si se encuentra dentro del área que comprende la finca 2-00181359-000 y que la actora no cumple con los requisitos para usucapir en contra de la sociedad demandada, solicito que de manera subsidiaria, se acojan las siguientes pretensiones: 1- Que la actora ingresó al terreno en disputa desde aproximadamente el año de 1985, haciéndolo (sic) de buena fe. 2- Que (sic) en base a esa posesión, la actora tiene el derecho de retención con base al pago de todas las mejoras y accesiones realizadas sobre el terreno objeto de este proceso en los aproximadamente 35 años de posesión (desde el año 1985), las cuales consisten en: a) chapias. fumigación y mantenimiento de la totalidad del terreno y de los cultivos, lo cual se estima prudencialmente en la suma de dos millones de colones (2.000.000,00). b) construcción, colocación y mantenimiento de postes y cercas de alambres de púas a lo largo del área del terreno poseído, estimado prudencialmente en la suma de un millón de colones (1.000.000,00). Todo lo anterior suma un total de tres millones colones (3.000.000,00). pero en todo caso, si se considera desajustada la valoración prudencial que se hace de estos montos. se estará al valor definitivo que se fije en ejecución de sentencia, conforme a los costos y precios de un peritaje que para tales efectos se realice, considerando este los trabajos y acciones realizadas desde el año de 1985, hasta la fecha de presentación del informe pericial. 3- Que la anterior indemnización por concepto de pago de mejoras y accesiones deben de pagarla de manera solidaria los demandados. 4- Que la actora tiene derecho de retención sobre el terreno en cuestión, hasta tanto no se produzca el pago efectivo de tales mejoras y accesiones y que (sic) sobre el monto fijado en sentencia en firme correspondiente a estos rubros, que se fije en ejecución del fallo, deberá el demandado pagar intereses al tipo de la tasa pasiva más baja del Banco Central. por no aplicarse el interés legal al no tratarse de una obligación derivada de un préstamo conforme lo ha reconocido así nuestra jurisprudencia, hasta el efectivo pago de la suma principal en un solo tracto\" (Ver en el expediente descargado Juzgado Mixto de Upala imágenes 02 a 19).               \n\n II.- Debidamente notificado Eliomar Alfaro López en su calidad personal y como representante de Maderera Eliomar Alfaro López S.A., contestó en tiempo y en forma negativa la acción interpuesta en su contra, oponiendo las excepciones: falta de derecho para usucapir, falta de mejor derecho de posesión, excepción de derecho falta de derecho de propiedad de mejor y posesión de la parte demandada, excepción de falta de legitimación activa y pasiva, excepción de prescripción y demanda improponible. En resolución 2020000172 de las once horas treinta y tres minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, se declara sin lugar la excepción de demanda improponible y la excepción de prescripción se reserva para ser conocida en sentencia. (Ver expediente descargado Juzgado Mixto de Upala notificación imagen 212, contestación de demanda imágenes 252 a 278, resolución de excepciones 340 a 344).\n\n III. – SENTENCIA APELADA: El licenciado José Armando Gómez Castillo, juez del Juzgado Civil, Trabajo, Agrario, Familia, Penal Juvenil y Contra La Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala (agrario), mediante sentencia 2023000246, de las diez horas con cincuenta y dos minutos del dieciocho de setiembre de dos mil veintitrés, resolvió: POR TANTO: «De conformidad con la jurisprudencia mencionada y los artículos 41, 50, 74 de la Constitución Política; 6, 26, 38, 44, 54, 55, 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria; 37.3 del Código Procesal Civil; 277, 279.2, 281, 282, 284, 285, 286, 868 del Código Civil, procedo a declarar sin lugar las excepciones de falta de derecho, prescripción, falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva, rechazo de plano la excepción de derecho de propiedad y posesión de la parte demandada, y, DECLARO CON LUGAR únicamente las pretensiones principales de ésta demanda, concediendo como consecuencia las siguientes peticiones: 1) Se declara que el área de terreno reclamada por la actora descrito como \"terreno sin inscribir que se ubica en Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, de la iglesia católica 200 metros norte y 300 al este, que mide dos hectáreas dos mil doscientos ochenta y seis metros con setenta y tres decímetros cuadrados, que guarda relación con el plano inscrito en Catastro Nacional 2-1113026-2006\", no forma parte de la finca 2-181359-000 inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad demandada cuya área se describe en el plano A-18213-1975. 2) Se declara que la actora tiene mejor derecho de posesión sobre el terreno objeto de este litigio que se describe como \"terreno sin inscribir que se ubica en Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, de la iglesia católica 200 metros norte y 300 al este, que mide dos hectáreas dos mil doscientos ochenta y seis metros con setenta y tres decímetros cuadrados, que guarda relación con el plano inscrito en Catastro Nacional 2-1113026-2006\", por lo tanto deberá la sociedad demandada y el accionado en su carácter personal, abstenerse de ingresar, efectuar daños, cortar árboles, mover cercas, manifestar que este les pertenece y en general, efectuar cualquier despojo concreto o potencial sobre este terreno de la actora, caso contrario, se haga la advertencia, que se podría iniciar una causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad. 3) Se declara que el demandado ALFARO LÓPEZ sin tener mejor derecho de posesión sobre el terreno objeto de este proceso, ha afectado la posesión de la actora sobre este bien, manifestando que le pertenece, realizando cortas de árboles. impidiendo la producción de cultivos y en general perturbando la posesión de la actora, por lo cual se le ordena pagar los daños y perjuicios ocasionados con estas conductas reprochables, los cuales serán liquidados en el proceso de ejecución de sentencia. 4) Se condena a las partes codemandadas vencidas al pago de ambas costas del proceso. Al ser comprensible de lo anterior, entiéndase por no otorgadas las pretensiones subsidiarias de la presente demanda. Se les hace saber a las partes el derecho que les asiste de recurrir este fallo en caso de inconformidad.» (Ver en el expediente descargado Juzgado Mixto de Upala imágenes 460 a 478).               \n\n IV. – RECURSO DE APELACIÓN: La Sociedad demandada por medio de su abogado el licenciado Edwin Martínez, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya, para refutar la tesis del juzgado de instancia (ver en el expediente descargado Juzgado Mixto de Upala imágenes 482 a 496). 1- Alega que no existe la identidad del bien. Sostiene que, en la ampliación del informe pericial rendido por el ingeniero Abraham Paniagua Chaves, se indicó que el plano de la actora A-1113026-2006, mediante el cual sustenta la demanda, se encuentra cancelado. Afirma que la accionante aportó dicho plano con el fin de determinar si el terreno graficado en este se encontraba o no dentro de la finca inscrita bajo la matrícula A-181359-000. Por ese motivo, señala que, al estar cancelado dicho plano, no era posible determinar si el fundo que reclama se encontraba dentro de la finca inscrita a nombre de la parte accionada. En consecuencia, considera que la acción de mejor derecho de posesión alegada no podía prosperar, dado que el terreno en disputa está inscrito a nombre de la mercantil demandada. Expone que existía una obligación procesal por parte de la accionante de demostrar que el terreno que reclama no está inscrito. Ante ese escenario, objeta que la sentencia haya acogido la acción real incoada en la demanda, al considerar que el terreno descrito en el plano A-1113026-2006 no está asociado a la finca A-181359-000, y sostiene que se cometió un error al otorgarle efectos jurídicos a un plano que no existe jurídicamente. En relación con la identidad del bien, reitera que la accionante debía demostrar que el bien objeto de la litis es el mismo que ilegítimamente poseía su representada, y que dicha inscripción presentaba vicios de nulidad. Sin embargo, insiste en que, al estar cancelado el plano, no era factible que la actora acreditara la identidad del bien, y, por ende, no podía otorgársele un mejor derecho de posesión. 2- El plano aportado inicialmente por la actora está desplazado del lote de su materialidad. En este apartado expone lo siguiente: “… La actora aportó inicialmente el plano catastrado número A- 1113026-2006, el cual indica que es parte de la finca del Partido de Alajuela, Matrícula 215217-000, propiedad del IDA. Evidentemente el plano aportado inicialmente no está asociado a la finca de mi representada y de conformidad con el perito, Abraham Paniagua Chaves, el plano de la actora en su representación gráfica catastral, está separado del terreno de mi representada, lo que significa que esa área en discusión está ubicada en otro lugar, lejos del terreno en su materialidad, de la finca de mi representada, siendo por lo tanto una área totalmente distinta de la que forma parte de dicho fundo y que ni por asomo se puede considerar o entender que el conflicto versa sobre un mismo terreno o al menos en parte de éste, lo que es confirmado por el propio perito ofrecido por la actora…” (Lo resaltado, corresponde a su original). Con base en lo anterior, considera que la sentencia erró al considerar que el terreno en litis no es parte de la finca de su defendida, cuando afirma que el perito indicó que el plano de la actora está ubicado en otro lugar, separado de la finca de la accionada. No obstante, sostiene que en la materialidad si están continuos. Insiste en que el plano en su representación gráfica es parte de otra finca y está desplazada del terreno en disputa. Expone que con la prueba de reconocimiento judicial se verifica el inmueble en conflicto, es decir, materialmente, por lo que, dice colinda con la finca de su defendida, mientras que el plano está ubicado en otro sector separado. Cuestiona que la sentencia no haya valorado el hecho de que el plano de la actora se encuentra cancelado. Por esas razones, protesta que el perito al hacer el estudio del plano de la accionante concluyó que está en otro lugar, pero, indica al igual que los reconocimientos judiciales que el área en disputa está contiguo a la propiedad de la demandada; y que ambos fundos se comunican por medio de un portón. Insiste que el plano de la accionante no corresponde a la realidad material y por ese motivo no podía acogerse la demanda de mejor derecho de posesión. 3- La actora carece de legitimación activa. Estima que la sociedad demandada es quien ha poseído el terreno desde su adquisición en el año de 1991. Expresa que la actora en confesión de parte reconoció en el hecho sexto de la demanda que su hijo Gilbert a título personal, con el consentimiento de ella, interpuso una demanda interdictal en el año 2017, y en contra de esta mercantil demandada, tramitada en el expediente 17-000057-1520-AG. Explica que en ese asunto don Gilbert presentó el mismo plano hoy objeto de cuestionamiento. Asimismo, refiere a que la accionante en el año 2019 presentó un proceso de violencia doméstica en contra de don Eliomar Alfaro López, representante de la sociedad accionada, tramitado en el expediente 19-000281-1519-VD. Expone que en ese asunto la actora reconoció que los dueños del terreno en conflicto lo eran sus hijos Gilbert y Lesbia. En igual sentido, expresa que doña Martha en la declaración de hechos propios y ajenos, reconoció que hace unos cuatro o cinco años les traspasó a sus hijos la propiedad en disputa, hecho que dice no fue valorado en la sentencia. Cuestiona que la accionante por un lado alega tener un mejor derecho de posesión, pero, por otro reconoce que sus hijos son los dueños de ese inmueble. En esa línea, expone que le testigo José Guzmán Espinoza fue claro en indicar que durante los últimos cinco años solo ha ido una vez al terreno con ocasión a un incendio. Sin embargo, no supo quien sembró el pasto, quien reparaba las cercas, ni quien cultivaba el terreno. La otra testigo, sea su hija Lesbia Cruz Montano, demostró tener un interés en el proceso dadas las afirmaciones que dice realizó en su ponencia, existiendo además una contradicción con lo declarado y lo sostenido por su madre en los otros procesos judiciales citados. Contrario a esa situación, afirma que su patrocinada si acreditó los actos posesorios sobre el fundo de manera efectiva, conforme lo declararon Guadalupe Montano Sevilla y Roman Montano Corea, quienes dijeron que Maderera Eliomar Alfaro López S.A, es quien ejercía actos posesorios en el terreno en litis, tales como siembra de pastos, pastoreo de ganado y reparación de cercas. Incluso, indica que la misma accionante declaró que los postes y cercas fueron colocados por el demandado. 4- Prescripción del derecho de poseer. Expone que, la sociedad demandada posee un título de propiedad sobre la finca A-181359-000, la cual dice adquirió desde 1991. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 267 y 278 del Código Civil, el derecho de posesión se adquiere junto con el de propiedad y se hace efectivo con la ocupación y tradición de la cosa. En ese sentido, explica que desde 1991, año en que adquirió el fundo, ha ejercido los atributos del dominio, tales como cerramiento de la finca, desarrollo de pastos mejorados y ganadería. Invoca los artículos 279 y 860 del Código Civil. En esa línea de ideas, indica que la accionante narra en su demanda que desde el 2016 y hasta la actualidad el demandado comenzó a manifestar que el terreno le pertenecía a la finca de la sociedad y comenzó a introducir ganado en el terreno en litis. Asimismo, que en el año 2017 si hijo Gilbert estableció un interdicto para reclamar como propios los mismos terrenos que se disputan hoy, proceso que fue declarado sin lugar. De esos hechos, expone, está claro que desde el 2016 la actora saber que dejó de tener bajo su poder y voluntad el lote en litis, dándose un abandono de la supuesta posesión. Ante esa situación y la aceptación a través del proceso de violencia doméstica en cuanto a que el terreno les pertenece a los hijos de la actora, acusa le prescribió el derecho ante la falta de tenencia del terreno conforme lo estipula el artículo 282 del Código Civil, esto desde el año 2016. 5- Falta de valoración de la prueba y lesión al derecho de defensa. Expone que en la sentencia no se valoró toda la prueba ofrecida en el proceso. Explica que de su parte se evacuaron los testimonios de Guadalupe Montano Sevilla, Román Montano Corea y Aldo Chavarría Meza, quienes dice rindieron una amplia declaración que acredita la posesión que ejerce sobre el terreno en conflicto. Menciona que no se analizó ni valoró esa prueba, pues la sentencia solo consignó: “ “(…) por ello, para el suscrito, los testimonios de los señores Ronald Montano Corea y Guadalupe Montano Sevilla, resultan complacientes, máxime, que se evidencia una relación de dependencia laboral respecto al señor Alfaro López, y, en cuanto al señor Aldo Javier Chavarría Villarreal, éste se ve beneficiado con el derecho de paso que le brindó el señor Eliomar sobre el terreno en litis, por lo que, he ahí el motivo de su complacencia y el eventual interés con el resultado del proceso”. Menciona que en el fallo recurrido no hay ninguna referencia a la declaración de sus testigos, no se sabe que dijo cada testigo, dice desconocer porque en el fallo se consideró eran complacientes. Refuta que la sentencia califica a esos testigos como complacientes por ser sus trabajadores, sin embargo, desconoce que son personas que menciona durante años ejercen labores en el sitio en conflicto. En ese sentido, dice que afirmar que son complacientes por sus colaboradores, conlleva a que ningún patrono pueda ofrecer testimonial de un trabajador. Alega que tampoco se valoró la prueba documental, a saber, la sentencia de primera instancia dictada en el expediente 17-000057-1520-AG, la emitida por el Juzgado de Violencia Doméstica en el proceso 19-000281-1519-VD, así como la dictada por el Tribunal de Familia. Expresa que estas piezas no fueron valoradas y le coloca en un estado de indefensión. 6- El informe pericial no fue evacuado en audiencia. Reza que conforme el artículo 44.4 del Código Procesal Civil, debía de evacuarse la prueba pericial en la audiencia de juicio. Se señala que, aunque inicialmente se convocó al perito Paniagua Chaves para la audiencia de pruebas programada en diciembre de 2021, esta fue reprogramada para septiembre de 2022 sin incluir su citación. Como resultado, el perito no estuvo presente, lo que impidió interrogarlo, solicitar aclaraciones o ampliar aspectos del informe pericial, el cual se considera escueto y omiso. Acusa que, era fundamental consultarle si realizó un levantamiento topográfico completo de la finca, si el terreno en disputa coincidía con la información gráfica-catastral, y si se había verificado su ubicación material. Al no poder evacuar estas dudas ni impugnar el peritaje adecuadamente, se argumenta que el informe carece de sustento técnico suficiente. Por lo tanto, se solicita la nulidad de la sentencia impugnada, dado que el peritaje no fue evacuado en audiencia, afectando el derecho de defensa y el debido proceso. Finaliza su recurso solicitando se revoque la sentencia o en su defecto se anule.\n\nV. – Por la forma en que se resolverá, se omite pronunciamiento sobre el elenco de hechos probados consignados en la sentencia apelada.\n\nVI. – DECISIÓN DEL TRIBUNAL: La parte recurrente formula agravios de forma y fondo. Esta Cámara de Apelación iniciará resolviendo los primeros en donde se solicita la nulidad de la sentencia impugnada. Las protestas radican en lo siguiente: preterición de la prueba, al acusar que la sentencia no valoró los testimonios y documentales ofrecidos en el proceso; y, por otro lado, acusa lesión al debido proceso al no convocarse al perito a la audiencia de juicio. Con respecto al primero -preterición de la prueba- la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 771-F-S1-2011, del 30 de junio de 2011, indicó lo siguiente: “… XI. Esta Sala ha expresado que la preterición de prueba ocurre: “[…] cuando los jueces dejan de considerar, total o parcialmente, las probanzas aportadas a los autos. Ello implica el desconocimiento del valor que la ley les otorga, y como tal, constituye un error de derecho. De lo anterior se coligue que, desconocer un elemento demostrativo, aportado en forma debida y con incidente en la lite, configurará ese yerro. Esto, por cuando puede apreciarse una representación inexacta del cuadro fáctico de lo sucedido y debatido en el proceso, con el mediato quebranto que ello implica sobre el derecho sustantivo aplicado al caso en concreto …”. En el caso bajo estudio, al realizar este Tribunal una lectura y análisis de la sentencia recurrida (imágenes 459 a 477), se observa que en los considerandos de fondo enumerados como III, IV y V no se analizaron las documentales aportadas por la parte demandada. Estas incluyen: copia de la sentencia interdictal emitida en el expediente 17-000057-1520-AG (cuadros 228 a 235); la sentencia dictada por el Juzgado Civil y Trabajo de Upala en materia de Violencia Doméstica, proceso 19-000281-1519-VD (imágenes 236 a 245); y la emitida por el Tribunal de Familia en esa misma causa (cuadros 246 a 250). Dichos documentales fueron ofrecidos en tiempo por las personas demandadas, pero no fueron analizadas conforme a los reclamos planteados por los intervinientes en torno a esa prueba y al caso concreto. Otro aspecto impugnado, respecto del cual la parte recurrente lleva razón, se relaciona con la prueba testimonial y su valoración. En este punto, la sentencia analizó las declaraciones de José Luis Guzmán Espinoza y Lesvia Cruz Montano para efectos del cuadro fáctico objeto de debate. Sin embargo, en relación con los testimonios de Ronald Montano Corea, Guadalupe Montano Sevilla y Aldo Javier Chavarría Villarreal, se estableció lo siguiente: “… por ello, para el suscrito, los testimonios de los señores Ronald Montano Corea y Guadalupe Montano Sevilla resultan complacientes, máxime que se evidencia una relación de dependencia laboral respecto al señor Alfaro López; y, en cuanto al señor Aldo Javier Chavarría Villarreal, éste se ve beneficiado con el derecho de paso que le brindó el señor Eliomar sobre el terreno en litis, por lo que, he ahí el motivo de su complacencia y el eventual interés con el resultado del proceso…” (considerando IV, página 472). Como se puede observar, la sentencia arriba a la conclusión de que dichos testigos son complacientes, basándose únicamente en datos genéricos de relación laboral y vecindad con el demandado Eliomar Alfaro López, sin razonar en qué parte de sus declaraciones se evidencia tal complacencia. La omisión de un análisis adecuado de las pruebas testimoniales y documentales existentes en el expediente coloca a los demandados en un estado de indefensión, al impedirles impugnar debidamente la valoración de dichas probanzas mediante el recurso de apelación. Debe tomarse en cuenta que el artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria consagra el principio de libre valoración de la prueba: “… Ello exige que quien juzga debe estudiar y seleccionar las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. También implica que debe expresar los principios de equidad o de derecho sobre los cuales basa su criterio…” (Voto 727-F-2022, emitido por este Tribunal). Por las razones expuestas, deberá acogerse el agravio de nulidad, con el fin de que el Juzgado dicte una nueva sentencia en la que se realice una valoración integral de todas las probanzas existentes en el expediente, conforme al cardinal 54 supra citado.\n\nVII. – El segundo motivo de nulidad invocado por la parte apelante se refiere a una supuesta vulneración al debido proceso en relación con el trámite de la prueba pericial. Señala que el Despacho no convocó al perito a la audiencia de juicio, conforme a lo establecido en el artículo 44.2 del Código Procesal Civil. Sin embargo, sobre este extremo no le asiste razón a la parte recurrente. Del estudio del expediente se desprende que la prueba pericial fue ofrecida por la parte actora (ver demanda en imágenes 1 a 17). En consecuencia, el Juzgado procedió a nombrar al perito mediante resolución de fecha 3 de agosto de 2025 (cuadro 300), y dicho profesional aceptó el cargo (imagen 315). El perito rindió su informe, según consta en el escrito de los cuadros 320 a 337, el cual fue puesto en audiencia a las partes mediante resolución del 4 de noviembre de 2020 (imagen 350). Ninguna de las partes formuló objeción respecto de dicha prueba. Posteriormente, el perito adicionó su informe, conforme se observa en el escrito de los cuadros 420 a 421. Este complemento fue igualmente puesto en audiencia (imagen 422), y el accionado se pronunció al respecto mediante memorial obrante en el cuadro 427, sin solicitar al Juzgado la comparecencia del perito a la audiencia de juicio. En este punto, resulta fundamental recordar que el proceso agrario se rige principalmente por la Ley de la Jurisdicción Agraria, y supletoriamente por otros cuerpos procesales cuando dicha legislación no contemple algún supuesto específico. En cuanto a la presencia del perito en audiencia, el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Agraria faculta su comparecencia, con el fin de que la persona juzgadora, o bien las partes, puedan aprovechar su asesoramiento y asegurarse de que la pericia haya sido ejecutada a cabalidad. No obstante, dicha convocatoria no es obligatoria, sino facultativa tanto para las partes como para el Juzgado. Conforme a lo anterior, al no haber sido solicitada dicha comparecencia por ninguna de las partes, ni considerado necesario por el Despacho de Instancia, no se configura la lesión al debido proceso alegada por la parte apelante. Por tales motivos, su reclamo deberá ser desestimado.\n\nVIII. – Por parte de este Tribunal, además del vicio de nulidad por preterición de la prueba, se observa otro: el de incongruencia y falta de fundamentación en la sentencia apelada. Es cierto que la pretensión principal del proceso gira en torno a la declaratoria de un mejor derecho de posesión. Sin embargo, la parte actora solicitó de forma accesoria el pago de daños y perjuicios. De hecho, realizó un desglose detallado en los siguientes términos: En primer lugar, se reclamó la corta y tala de aproximadamente ocho árboles maderables y protegidos, ubicados dentro de la finca de la actora. Se atribuye como origen la acción del demandado al enviar peones para cortar dichos árboles, estimando el daño en ochocientos mil colones (₡800.000,00), calculando cien mil colones por cada árbol. En segundo término, se alegó la pérdida del aprovechamiento de la madera y el recurso natural de los árboles mencionados, con origen en la misma conducta del demandado. Este perjuicio se estimó en doscientos mil colones (₡200.000,00). En tercer lugar, se reclamó la indisponibilidad del uso de la finca desde mediados del año 2016 hasta la actualidad, como consecuencia de las acciones del demandado, incluyendo amenazas a la actora y su familia, así como perturbaciones a la posesión. Este perjuicio se estimó en un millón quinientos mil colones (₡1.500.000,00), calculando quinientos mil colones por cada año productivo. Finalmente, se solicitó la indemnización por daño moral, derivado de las angustias, tristezas y preocupaciones sufridas por la actora, producto de las acciones del demandado. Este daño se estimó prudencialmente en quinientos mil colones (₡500.000,00), indicando que, en caso de considerarse no acorde con la realidad, se estaría a lo que determine un perito experto en la fase de ejecución de sentencia (ver imágenes 5 y 6 del expediente). La sentencia apelada no resolvió en su parte considerativa estos extremos, omitiendo el análisis de la prueba, el derecho aplicable y lo expresamente peticionado por la parte actora. Es en el considerando V, titulado “SOBRE EXCEPCIONES OPUESTAS A LA DEMANDA”, donde se consigna lo siguiente: “… Por todo lo anterior, a la luz de los motivos antes expuestos y por las probanzas obtenidas, con la finalidad de no redundar más en este asunto, sin más preámbulo, DECLARO CON LUGAR únicamente las pretensiones principales de esta demanda, concediendo como consecuencia las siguientes peticiones: … 3) Se declara que el demandado ALFARO LÓPEZ, sin tener mejor derecho de posesión sobre el terreno objeto de este proceso, ha afectado la posesión de la actora sobre este bien, manifestando que le pertenece, realizando cortas de árboles, impidiendo la producción de cultivos y, en general, perturbando la posesión de la actora, por lo cual se le ordena pagar los daños y perjuicios ocasionados con estas conductas reprochables, los cuales serán liquidados en el proceso de ejecución de sentencia…” Como se puede observar, no existe razonamiento alguno en el fallo impugnado respecto de los daños y perjuicios reclamados. El juzgador simplemente los concede sin precisar cuáles fueron las valoraciones que lo llevaron a declarar con lugar dicha pretensión. Además, se solicitó expresamente la indemnización por daño moral, sin que la sentencia determinara si procedía o no su pago, ni lo consignó en la parte dispositiva del fallo. La omisión de análisis sobre estas pretensiones, así como la falta de resolución expresa en el por tanto respecto del daño moral, conlleva a que la sentencia sea nula por incurrir en vicios de incongruencia y falta de fundamentación, lesionando el artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria. Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento sobre los agravios de fondo.\n\nIX. – De conformidad con lo expuesto, y con base en los artículos 48, 54 y 60 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, así como el artículo 474 del Código de Trabajo, se acoge el agravio de nulidad por preterición de la prueba, aunado a la falta de fundamentación e incongruencia detectadas por este Tribunal. En consecuencia, se anula la sentencia número 2023000246, dictada el 18 de septiembre de 2023. El Juzgado deberá emitir un nuevo fallo debidamente fundamentado, en el cual se analicen todas las pruebas aportadas al expediente y se resuelvan de manera expresa y completa todos los extremos de la demanda. En virtud de la nulidad que ha de decretarse se deberá tomar en consideración  el trámite preferente contenido en la circular 207-2015 sobre la Política institucional para garantizar el acceso a la justicia para personas adultas mayores, así como la circular 06-2025 en cuanto a la reducción de plazos de asuntos en trámite.\n\n \n\nPOR TANTO:\n\nSe acoge el agravio de nulidad. En consecuencia, se anula la sentencia número 2023000246, dictada el 18 de septiembre de 2023. El Juzgado deberá emitir un nuevo fallo debidamente fundamentado, en el cual se analicen todas las pruebas aportadas al expediente y se resuelvan de manera expresa y completa todos los extremos de la demanda. Deberá tomarse en consideración para tramitar el asunto la Política institucional para garantizar el acceso a la justicia para personas adultas mayores circular 207-2015, así como la circular 06-2025 en cuanto a la reducción de plazos de asuntos en trámite. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\n\nM0G47MMKKBEM61\nGEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\n5P2HYIUZ7P461\nMARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nCASMZKVZDR861\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 20-000059-1520-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:34:15.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "EXPEDIENTE:\n\n20-000059-1520-AG - 8\n\nPROCESO:\n\nORDINARIO\n\nACTOR/A:\n\nMARTA MONTANO HERNANDEZ\n\nDEMANDADO/A:\n\nELIOMAR ALFARO LOPEZ\n\nVOTO N° 2025000869\n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At thirteen hours forty-four minutes on the eleventh of September two thousand twenty-five.\n\nORDINARY PROCEEDING filed by MARTA MONTANO HERNÁNDEZ, of legal age, married, homemaker and farmer, identity card number two - two hundred forty-six - eight hundred fifty-one, resident of San José de Upala; against ELIOMAR ALFARO LÓPEZ, of legal age, married, cattle rancher, identity card number two - two hundred fifty-five - one hundred thirty-one, resident of La Unión de San José de Upala, personally and as representative of MADERERA ELIOMAR ALFARO LÓPEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number three - one hundred one - forty-six thousand twenty-three. The INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL appears as a party, represented by its general judicial attorney, Licenciada Grace Ávila Calvo, of legal age, single, attorney, identity card number two - four hundred twenty-seven - three hundred thirteen. Acting as the plaintiff's agrarian public defender is Licenciada Kembly Mora Salas, position four hundred eighteen, and as special judicial attorneys for the co-defendants, Licenciado Miguel Ángel Orozco Velásquez, bar number eighteen thousand six hundred seventy-three, and Edwin Gerardo Martínez Rodríguez, bar number four thousand four hundred sixty-seven. Processed before the Civil, Labor, Agrarian, Family, Juvenile Criminal and Domestic Violence Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, Upala venue (Agrarian).\n\nJudge López Barrantes writes; and,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- Regarding the claims: The plaintiff estimates this lawsuit at two million five hundred thousand colones and requests that it be declared: «1- To declare with merit this lawsuit in all its aspects, accepting this ordinary proceeding for better right of possession (mejor derecho de posesión), rejecting any exception presented by the defendants. 2) To declare that the area of land claimed by the plaintiff, described as \"unregistered land located in Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, 200 meters north and 300 meters east of the Catholic church, measuring two hectares two thousand two hundred eighty-six square meters and seventy-three square decimeters, which relates to the plan recorded in Catastro Nacional 2-1113026-2006\", is not part of property 2-00181359-000 registered in the Registro de la Propiedad in the name of the defendant corporation, whose area is described in plan A-0018213-1975. 3) To declare that the plaintiff has a better right of possession (mejor derecho de posesión) over the land subject to this litigation described as \"unregistered land located in Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, 200 meters north and 300 meters east of the Catholic church, measuring two hectares two thousand two hundred eighty-six square meters and seventy-three square decimeters, which relates to the plan recorded in Catastro Nacional 2-1113026-2006\", therefore the defendant corporation and the defendant in his personal capacity must refrain from entering, causing damage, cutting trees, moving fences, claiming that this belongs to them, and in general, carrying out any concrete or potential dispossession (despojo) of the plaintiff's land; otherwise, let a warning be made that a criminal case for the crime of disobedience to authority could be initiated. 4) To declare that the defendant ALFARO LÓPEZ, without having a better right of possession (mejor derecho de posesión) over the land subject to this proceeding, has affected the plaintiff's possession of this property by claiming it belongs to him, cutting down trees, preventing crop production, and generally disturbing the plaintiff's possession, for which he is ordered to pay the damages and losses (daños y perjuicios) caused by these reprehensible conducts, which are detailed as follows: A) Damages 1: Description: Cutting and felling of approximately 8 timber and protected trees, which were planted within the plaintiff's property. Origin: Action by the defendant of sending laborers to cut said trees. Estimation: This damage is estimated at the sum of eight hundred thousand colones (800,000.00), estimating each tree at the sum of one hundred thousand colones. B) Losses (Perjuicios) 1: Description: Loss of the use of the timber and natural resource of 8 trees that were planted within the plaintiff's property. Origin: Action by the defendant of sending laborers to cut said trees. Estimation: This loss is estimated at the sum of two hundred thousand colones (200,000.00). Losses (Perjuicios) 2: Description: Unavailability of the use of the property from mid-2016 (when the conflict worsened) to the present. Origin: Action by the defendant of sending laborers to cut trees, threaten the plaintiff and her family, and generally disturb possession, thereby preventing the use of the property. Estimation: This loss is estimated at the sum of one million five hundred thousand colones (1,500,000.00), estimating each productive year at the sum of five hundred thousand colones. D) Moral Damage (Daño Moral): Description: anguish, sorrows, and worries suffered to the detriment of the plaintiff. Origin: Action by the defendant of sending laborers to cut trees, threatening the plaintiff and her family, and generally disturbing possession, thereby preventing the use of the property, disturbing her possession, and worsening the plaintiff's precarious economic situation. Estimation: This damage is prudentially estimated at the sum of five hundred thousand colones (500,000.00). The aforementioned sums are made by way of a prudential estimation; in any case, if they are considered not in accordance with reality, the determination made by an expert in the field during the sentence execution phase shall be followed. 5) To order that in case of opposition to this action, the obligation be imposed on the defendant corporation and the defendant jointly and severally to pay both sets of costs of the proceeding, which shall be settled in the execution of sentence. SUBSIDIARY CLAIM (PRETENSIÓN SUBSIDIARIA): I request that, on a subsidiary basis to the main claims to be indicated, the following claims be granted in the judgment: SUBSIDIARY CLAIM #1: In the event that what is indicated in \"Main Claim point 2\" is determined not to be admissible (To declare that the area of land claimed by the plaintiff, described as \"unregistered land located in Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, 200 meters north and 300 meters east of the Catholic church, measuring two hectares two thousand two hundred eighty-six square meters and seventy-three square decimeters, which relates to the plan recorded in Catastro Nacional 2-4113026-2006\" is not part of property 2-00181359-000 registered in the Registro de la Propiedad in the name of the defendant corporation, whose area is described in plan A-0018213-1975) and in \"Main Claim point 3\" (To declare that the plaintiff has a better right of possession (mejor derecho de posesión) over the land subject to this litigation described as \"unregistered land located in Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, 200 meters north and 300 meters east of the Catholic church, measuring two hectares two thousand two hundred eighty-six square meters and seventy-three square decimeters, which relates to the plan recorded in Catastro Nacional 2-1113026-2006\"), because through expert evidence it is determined that the land in the plaintiff's possession is indeed located within the area comprising property 2-00181359-000, I request that, on a subsidiary basis, the following claims be granted: 1- To declare that the plaintiff has exercised effective agrarian possession (posesión agraria) as owner, with intent to own (ánimo de dominio), fulfilling the social, economic, and environmental function of the land from approximately the year 1985 until the date of filing this lawsuit, over part of the land of the property registered in the Registro de la Propiedad under the folio real registration number 2-00181359 of the party of Alajuela, a part that is identified as \"land measuring two hectares two thousand two hundred eighty-six square meters and seventy-three square decimeters, which relates to the plan recorded in Catastro Nacional 2-1113026-2006\". 2- To declare that the plaintiff's entry onto the property described as \"land measuring two hectares two thousand two hundred eighty-six square meters and seventy-three square decimeters, which relates to the plan recorded in Catastro Nacional 2-1113026-2006\" and which forms part of property 2-00181359-000 registered in the name of the defendant corporation, was in good faith, in an original manner, believing that said property had no owner, for which she possesses a just title (justo título). 3- To declare that the plaintiff has active standing (legitimación activa) to claim positive prescription (prescripción positiva) over the portion of land referred to in this proceeding and that the plaintiff has acquired the right of ownership over the area of land subject to this proceeding, described as \"land measuring two hectares two thousand two hundred eighty-six square meters and seventy-three square decimeters, which relates to the plan recorded in Catastro Nacional 2-1113026-2006\" and which forms part of property 2-00181359-000 registered in the name of the defendant corporation, under positive prescription (prescripción positiva) as provided in the Civil Code interpreted under the principles of the agrarian jurisdiction, having a just title (justo título) accompanied by possession exercised publicly, peacefully, and continuously. 4- To order the Registro Nacional to cancel or modify the registration entry for property (sic) 2-00181359-000, to create a new entry, or to segregate in favor of the plaintiff the described land, based on the corresponding right of Adverse Possession (Usucapión), for which the plaintiff is authorized to use for this segregation the cadastral plan 2-1113026-2006 or to create and register a plan with Catastro Nacional and, with it, title this possessed land in the Registro de la Propiedad. SUBSIDIARY CLAIM #2: In the event that what is indicated in \"Main Claim point 2\" is determined not to be admissible (To declare that the area of land claimed by the plaintiff, described as \"unregistered land located in Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, 200 meters north and 300 meters east of the Catholic church, measuring two hectares two thousand two hundred eighty-six square meters and seventy-three square decimeters, which relates to the plan recorded in Catastro Nacional 2-1113026-2006\", is not part of property 2-00181359-000 registered in the Registro de la Propiedad in the name of the defendant corporation, whose area is described in plan 4-0018213-1975), in \"Main Claim point 3\" (To declare that the plaintiff has a better right of possession (mejor derecho de posesión) over the land subject to this litigation described as \"unregistered land located in Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, 200 meters north and 300 meters east of the Catholic church, measuring two hectares two thousand two hundred eighty-six square meters and seventy-three square decimeters, which relates to the plan recorded in Catastro Nacional 2-1113026-2006\") and in \"Subsidiary Claim #1\", because through expert evidence it is determined that the land in the plaintiff's possession is indeed located within the area comprising property 2-00181359-000 and that the plaintiff does not meet the requirements to usucapt against the defendant corporation, I request that, on a subsidiary basis, the following claims be granted: 1- That the plaintiff entered the land in dispute around approximately the year 1985, doing so (sic) in good faith. 2- That (sic) based on that possession, the plaintiff has the right of retention (derecho de retención) based on the payment of all improvements (mejoras) and accessions (accesiones) made on the land subject to this proceeding over the approximately 35 years of possession (since 1985), which consist of: a) clearing (chapias), fumigation, and maintenance of the entire land and crops, which is prudentially estimated at the sum of two million colones (2,000,000.00). b) construction, placement, and maintenance of posts and barbed wire fences along the entire area of the possessed land, prudentially estimated at the sum of one million colones (1,000,000.00). All the above totals three million colones (3,000,000.00), but in any case, if the prudential valuation of these amounts is considered misaligned, the final value determined in the execution of sentence shall be followed, according to the costs and prices of an expert appraisal carried out for such purposes, considering the works and actions performed from 1985 until the date of submission of the expert's report. 3- That the aforementioned compensation for payment of improvements (mejoras) and accessions (accesiones) must be paid jointly and severally by the defendants. 4- That the plaintiff has a right of retention (derecho de retención) over the land in question, until the effective payment of such improvements (mejoras) and accessions (accesiones) is made, and that (sic) on the final judgment amount corresponding to these items, fixed in the execution of the ruling, the defendant must pay interest at the lowest passive rate of the Central Bank, as the legal interest does not apply since it is not an obligation derived from a loan as recognized by our case law, until the effective payment of the principal sum in a single tract» (See in the downloaded file of the Juzgado Mixto de Upala images 02 to 19).\n\nII.- Having been duly notified, Eliomar Alfaro López in his personal capacity and as representative of Maderera Eliomar Alfaro López S.A., timely and formally answered negatively the action filed against him, raising the exceptions: lack of right to usucapt, lack of a better right of possession (mejor derecho de posesión), exception of lack of right of ownership and better right and possession of the defendant party, exception of lack of active and passive standing (legitimación), exception of statute of limitations (prescripción), and unstateable claim. In resolution 2020000172 at eleven hours thirty-three minutes on October thirty, two thousand twenty, the exception of unstateable claim is declared without merit, and the exception of statute of limitations (prescripción) is reserved to be decided in the judgment. (See downloaded file of the Juzgado Mixto de Upala, notification image 212, answer to the lawsuit images 252 to 278, resolution on exceptions 340 to 344).\n\nIII. – APPEALED JUDGMENT: Licenciado José Armando Gómez Castillo, judge of the Civil, Labor, Agrarian, Family, Juvenile Criminal and Domestic Violence Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, Upala venue (agrarian), through judgment 2023000246, at ten hours fifty-two minutes on September eighteen, two thousand twenty-three, resolved: POR TANTO: «In accordance with the case law cited and articles 41, 50, 74 of the Political Constitution; 6, 26, 38, 44, 54, 55, 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria; 37.3 of the Civil Procedure Code; 277, 279.2, 281, 282, 284, 285, 286, 868 of the Civil Code, I proceed to declare without merit the exceptions of lack of right, statute of limitations (prescripción), lack of active standing (legitimación activa), and lack of passive standing (legitimación pasiva), I dismiss outright the exception of right of ownership and possession of the defendant party, and, I DECLARE WITH MERIT only the main claims of this lawsuit, consequently granting the following petitions: 1) It is declared that the area of land claimed by the plaintiff, described as \"unregistered land located in Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, 200 meters north and 300 meters east of the Catholic church, measuring two hectares two thousand two hundred eighty-six square meters and seventy-three square decimeters, which relates to the plan recorded in Catastro Nacional 2-1113026-2006\", is not part of property 2-181359-000 registered in the Registro de la Propiedad in the name of the defendant corporation, whose area is described in plan A-18213-1975. 2) It is declared that the plaintiff has a better right of possession (mejor derecho de posesión) over the land subject to this litigation described as \"unregistered land located in Alajuela, Upala, San José, Pueblo Nuevo, 200 meters north and 300 meters east of the Catholic church, measuring two hectares two thousand two hundred eighty-six square meters and seventy-three square decimeters, which relates to the plan recorded in Catastro Nacional 2-1113026-2006\", therefore the defendant corporation and the defendant in his personal capacity must refrain from entering, causing damage, cutting trees, moving fences, claiming that this belongs to them, and in general, carrying out any concrete or potential dispossession (despojo) of the plaintiff's land; otherwise, let a warning be made that a criminal case for the crime of disobedience to authority could be initiated. 3) It is declared that the defendant ALFARO LÓPEZ, without having a better right of possession (mejor derecho de posesión) over the land subject to this proceeding, has affected the plaintiff's possession of this property by claiming it belongs to him, cutting down trees, preventing crop production, and generally disturbing the plaintiff's possession, for which he is ordered to pay the damages and losses (daños y perjuicios) caused by these reprehensible conducts, which shall be settled in the sentence execution proceeding. 4) The losing co-defendants are ordered to pay both sets of costs of the proceeding. As the foregoing is understood, the subsidiary claims of this lawsuit are deemed not granted. The parties are advised of the right they hold to appeal this ruling in case of disagreement.» (See in the downloaded file of the Juzgado Mixto de Upala images 460 to 478).\n\nIV. – APPEAL: The defendant Corporation, through its attorney Licenciado Edwin Martínez, filed an appeal with an express indication of the reasons upon which it is based, to refute the thesis of the lower court (see in the downloaded file of the Juzgado Mixto de Upala images 482 to 496). 1- It alleges that the identity of the property does not exist. It maintains that, in the extension of the expert report issued by engineer Abraham Paniagua Chaves, it was indicated that the plaintiff's plan A-1113026-2006, through which she supports the lawsuit, is canceled. It affirms that the plaintiff provided said plan in order to determine whether the land graphed therein was or was not within the property registered under registration number A-181359-000. For this reason, it notes that, as said plan was canceled, it was not possible to determine if the property she claims was located within the property registered in the name of the defendant party. Consequently, it considers that the claimed action for better right of possession (mejor derecho de posesión) could not prosper, given that the land in dispute is registered in the name of the defendant company. It sets forth that the plaintiff had a procedural obligation to demonstrate that the land she claims is not registered. Faced with this scenario, it objects that the judgment granted the real action brought in the lawsuit, by considering that the land described in plan A-1113026-2006 is not associated with property A-181359-000, and it maintains that an error was committed by granting legal effects to a plan that does not legally exist. In relation to the identity of the property, it reiterates that the plaintiff had to demonstrate that the property subject to the litigation is the same one her represented party was allegedly illegally possessing, and that said registration had nullity defects. However, it insists that, as the plan was canceled, it was not feasible for the plaintiff to prove the identity of the property, and, therefore, a better right of possession (mejor derecho de posesión) could not be granted to her. 2- The plan initially provided by the plaintiff is displaced from the lot in its materiality. In this section, it sets forth the following: \"… The plaintiff initially provided cadastral plan number A-1113026-2006, which she indicates is part of the property of the Party of Alajuela, Registration Number 215217-000, property of the IDA. Evidently, the plan initially provided is not associated with my represented party's property, and according to the expert, Abraham Paniagua Chaves, the plaintiff's plan, in its cadastral graphic representation, is separated from my represented party's land, which means that this area in discussion is located in another place, far from the land in its materiality, from my represented party's property, thus being a totally different area from the one that forms part of said property, and it cannot under any circumstances be considered or understood that the conflict concerns the same land or at least part of it, which is confirmed by the expert offered by the plaintiff himself…\" (The highlighting corresponds to its original). Based on the foregoing, it considers that the judgment erred in considering that the land in litigation is not part of its defendant's property, when it states that the expert indicated that the plaintiff's plan is located in another place, separated from the defendant's property. However, it maintains that materially they are contiguous. It insists that the plan, in its graphic representation, is part of another property and is displaced from the land in dispute. It sets forth that with the judicial inspection evidence (reconocimiento judicial), the property in conflict is verified, that is, materially, so, it says, it borders on its defendant's property, while the plan is located in another separate sector. It questions that the judgment did not assess the fact that the plaintiff's plan is canceled. For these reasons, it protests that the expert, when studying the plaintiff's plan, concluded that it is in another place, but indicates, just as the judicial inspections (reconocimientos judiciales) do, that the area in dispute is contiguous to the defendant's property; and that both properties are connected by means of a gate. It insists that the plaintiff's plan does not correspond to the material reality, and for that reason, the lawsuit for better right of possession (mejor derecho de posesión) could not be granted. 3- The plaintiff lacks active standing (legitimación activa). It estimates that the defendant corporation is the one that has possessed the land since its acquisition in 1991. It states that the plaintiff, in party testimony (confesión de parte), acknowledged in the sixth fact of the lawsuit that her son Gilbert, personally, with her consent, filed an interdictal lawsuit in 2017, against this defendant company, processed under case file 17-000057-1520-AG. It explains that in that matter, Mr. Gilbert presented the same plan that is the subject of questioning today. Likewise, it refers to the fact that the plaintiff in 2019 filed a domestic violence proceeding against Mr. Eliomar Alfaro López, representative of the defendant company, processed under case file 19-000281-1519-VD. It sets forth that in that matter, the plaintiff acknowledged that the owners of the land in conflict were her children Gilbert and Lesbia. In the same sense, it states that Mrs. Martha, in her statement of own and others' facts (declaración de hechos propios y ajenos), acknowledged that about four or five years ago she transferred the property in dispute to her children, a fact it says was not assessed in the judgment. It questions that the plaintiff, on one hand, claims to have a better right of possession (mejor derecho de posesión), but, on the other, acknowledges that her children are the owners of that property. Along these lines, it sets forth that witness José Guzmán Espinoza was clear in indicating that during the last five years he has only gone to the land once on the occasion of a fire. However, he did not know who planted the pasture, who repaired the fences, or who cultivated the land. The other witness, namely her daughter Lesbia Cruz Montano, demonstrated an interest in the proceeding given the statements it says she made in her testimony, there also being a contradiction between what she declared and what her mother maintained in the other cited judicial proceedings. Contrary to that situation, it affirms that its represented party did prove the possessory acts on the property effectively, as declared by Guadalupe Montano Sevilla and Roman Montano Corea, who said that Maderera Eliomar Alfaro López S.A. is the one who exercised possessory acts on the land in litigation, such as planting pasture, grazing cattle, and repairing fences. It even indicates that the plaintiff herself declared that the posts and fences were placed by the defendant. 4- Statute of limitations (prescripción) of the right to possess. It sets forth that the defendant corporation possesses a title of ownership over property A-181359-000, which it says it acquired in 1991. Therefore, in accordance with articles 267 and 278 of the Civil Code, the right of possession is acquired together with the right of ownership and becomes effective with the occupation and tradition of the thing. In this sense, it explains that since 1991, the year it acquired the property, it has exercised the attributes of ownership, such as enclosing the property, developing improved pastures, and cattle ranching. It invokes articles 279 and 860 of the Civil Code. Along this line of ideas, it indicates that the plaintiff narrates in her lawsuit that since 2016 and up to the present, the defendant began to claim that the land belonged to the corporation's property and began to introduce cattle onto the land in litigation. Likewise, that in 2017, her son Gilbert filed an interdict to claim as his own the same lands that are disputed today, a proceeding that was declared without merit. From these facts, it sets forth, it is clear that since 2016 the plaintiff knows that the lot in litigation ceased to be under her power and will, resulting in an abandonment of the supposed possession. Faced with this situation and the acceptance through the domestic violence proceeding that the land belongs to the plaintiff's children, it accuses that her right prescribed (prescribió) due to the lack of possession of the land as stipulated in article 282 of the Civil Code, this since 2016. 5- Lack of assessment of evidence and injury to the right of defense. It sets forth that the judgment did not assess all the evidence offered in the proceeding. It explains that on its part, the testimonies of Guadalupe Montano Sevilla, Román Montano Corea, and Aldo Chavarría Meza were examined, who it says gave an extensive statement that proves the possession it exercises over the land in conflict. It mentions that this evidence was not analyzed or assessed, as the judgment only recorded: \" \"(… ) therefore, for the undersigned, the testimonies of Mr. Ronald Montano Corea and Guadalupe Montano Sevilla are complacent, especially since evidence of a labor dependency relationship with respect to Mr. Alfaro López is shown, and, regarding Mr. Aldo Javier Chavarría Villarreal, he benefits from the right of way granted by Mr. Eliomar over the land in litigation, therefore, there lies the reason for his complacency and the possible interest in the outcome of the proceeding.\" It mentions that in the appealed ruling there is no reference to the statement of its witnesses; what each witness said is not known; it says it does not know why the ruling considered they were complacent. It refutes that the judgment qualifies these witnesses as complacent because they are its workers, however, it is unaware that they are people who, it mentions, have been working for years on the site in conflict. In this sense, it says that affirming they are complacent because they are its collaborators leads to the conclusion that no employer can offer the testimony of a worker. It alleges that the documentary evidence was also not assessed, namely, the first-instance judgment issued in case file 17-000057-1520-AG, the one issued by the Domestic Violence Court in proceeding 19-000281-1519-VD, as well as the one issued by the Family Court. It states that these pieces were not assessed and that this places it in a state of defenselessness. 6- The expert report was not examined in a hearing. It states that according to article 44.4 of the Civil Procedure Code, the expert evidence should have been examined in the trial hearing. It notes that, although expert Paniagua Chaves was initially summoned for the evidence hearing scheduled in December 2021, this was rescheduled for September 2022 without including his summons. As a result, the expert was not present, which prevented questioning him, requesting clarifications, or expanding on aspects of the expert report, which is considered scant and lacking. It accuses that it was essential to ask him if he conducted a complete topographic survey of the property, if the land in dispute coincided with the graphic-cadastral information, and if its material location had been verified. By not being able to resolve these doubts or properly challenge the expert opinion, it is argued that the report lacks sufficient technical support. Therefore, the nullity of the contested judgment is requested, given that the expert opinion was not examined in a hearing, affecting the right of defense and due process. It concludes its appeal requesting that the judgment be revoked or, alternatively, annulled.\n\nV. – Due to the manner in which it will be resolved, a ruling on the list of proven facts recorded in the appealed judgment is omitted.\n\nVI. – DECISION OF THE TRIBUNAL: The appellant formulates grievances of form and substance. This Appellate Chamber will begin by resolving the former, where the nullity of the contested judgment is requested.\n\nThe appeals are based on the following: pretermission of evidence, alleging that the judgment failed to assess the testimonial and documentary evidence offered in the proceeding; and, on the other hand, it alleges a violation of due process because the expert was not summoned to the trial hearing. Regarding the first —pretermission of evidence— the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in judgment 771-F-S1-2011 of June 30, 2011, stated the following: “… XI. This Chamber has expressed that pretermission of evidence occurs: “[…] when the judges fail to consider, totally or partially, the evidence submitted to the record. This implies a disregard of the value that the law grants them, and as such, constitutes an error of law. From the foregoing, it follows that ignoring a piece of evidence, duly submitted and relevant to the dispute, will constitute that error. This is because an inaccurate representation of the factual framework of what occurred and was debated in the proceeding can be perceived, with the consequent detriment that this implies for the substantive right applied to the specific case …”. In the case under study, upon this Court’s reading and analysis of the appealed judgment (images 459 to 477), it is observed that the substantive recitals numbered III, IV, and V did not analyze the documentary evidence submitted by the defendant party. These include: a copy of the possessory judgment issued in case file 17-000057-1520-AG (frames 228 to 235); the judgment issued by the Civil and Labor Court of Upala in Domestic Violence matters, proceeding 19-000281-1519-VD (images 236 to 245); and the one issued by the Family Court in that same matter (frames 246 to 250). These documentary evidence pieces were timely offered by the defendants, but were not analyzed in accordance with the claims raised by the intervenors regarding that evidence and the specific case. Another challenged aspect, on which the appellant party is correct, relates to the testimonial evidence and its assessment. On this point, the judgment analyzed the statements of José Luis Guzmán Espinoza and Lesvia Cruz Montano for the purposes of the factual framework under debate. However, regarding the testimonies of Ronald Montano Corea, Guadalupe Montano Sevilla, and Aldo Javier Chavarría Villarreal, the following was established: “… therefore, for the undersigned, the testimonies of Mr. Ronald Montano Corea and Ms. Guadalupe Montano Sevilla are complacent, especially since an employment dependency relationship with Mr. Alfaro López is evident; and, regarding Mr. Aldo Javier Chavarría Villarreal, he benefits from the right of way that Mr. Eliomar provided him over the land in litis, so there is the reason for his complacency and potential interest in the outcome of the proceeding…” (recital IV, page 472). As can be observed, the judgment reaches the conclusion that these witnesses are complacent, based solely on generic data of an employment relationship and proximity to the defendant Eliomar Alfaro López, without reasoning in which part of their statements such complacency is evident. The omission of an adequate analysis of the testimonial and documentary evidence existing in the file places the defendants in a state of defenselessness, by preventing them from properly challenging the assessment of said evidence through an appeal. It must be taken into account that Article 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria enshrines the principle of free assessment of evidence: “… This requires that the adjudicator must study and select the sources of evidence obtained, in order to establish their efficacy for resolving the conflict submitted to their knowledge, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. It also implies that they must express the principles of equity or law on which they base their criterion…” (Voto 727-F-2022, issued by this Court). For the reasons stated, the nullity claim must be upheld, so that the Court issues a new judgment in which a comprehensive assessment of all the evidence existing in the file is carried out, in accordance with the aforementioned cardinal 54.\n\nVII. – The second ground for nullity invoked by the appellant party refers to an alleged violation of due process in relation to the handling of the expert evidence (prueba pericial). It indicates that the Court did not summon the expert to the trial hearing, in accordance with Article 44.2 of the Código Procesal Civil. However, on this point, the appellant party is not correct. From the study of the file, it is clear that the expert evidence (prueba pericial) was offered by the plaintiff (see complaint in images 1 to 17). Consequently, the Court proceeded to appoint the expert by resolution dated August 3, 2025 (frame 300), and said professional accepted the appointment (image 315). The expert rendered their report, as recorded in the brief from frames 320 to 337, which was set for hearing for the parties by resolution of November 4, 2020 (image 350). None of the parties formulated an objection regarding said evidence. Subsequently, the expert supplemented their report, as observed in the brief from frames 420 to 421. This supplement was equally set for hearing (image 422), and the defendant commented on it through the brief found in frame 427, without requesting the Court for the expert's appearance at the trial hearing. On this point, it is essential to remember that the agrarian procedure is primarily governed by the Ley de la Jurisdicción Agraria, and supplementarily by other procedural bodies when said legislation does not contemplate a specific situation. Regarding the presence of the expert at the hearing, Article 48 of the Ley de la Jurisdicción Agraria authorizes their appearance, so that the adjudicating person, or the parties, can utilize their advice and ensure that the opinion has been fully executed. However, such a summons is not mandatory, but rather optional for both the parties and the Court. In accordance with the foregoing, since said appearance was not requested by any of the parties, nor deemed necessary by the Lower Court, the violation of due process alleged by the appellant party is not configured. For these reasons, their claim must be dismissed.\n\nVIII. – By this Court, in addition to the defect of nullity due to pretermission of evidence, another is observed: that of incongruity and lack of reasoning in the appealed judgment. It is true that the main claim of the proceeding revolves around the declaration of a better right of possession. However, the plaintiff accessorily requested payment of damages (daños y perjuicios). In fact, they made a detailed breakdown in the following terms: First, the cutting and felling of approximately eight timber and protected trees, located within the plaintiff's farm, was claimed. The origin is attributed to the defendant's action in sending laborers to cut said trees, estimating the damage at eight hundred thousand colones (₡800,000.00), calculating one hundred thousand colones per tree. Second, the loss of use of the timber and natural resource of the mentioned trees was alleged, originating from the same conduct of the defendant. This injury was estimated at two hundred thousand colones (₡200,000.00). Third, the unavailability of the use of the farm from mid-2016 to the present was claimed, as a consequence of the defendant's actions, including threats to the plaintiff and her family, as well as disturbances to possession. This injury was estimated at one million five hundred thousand colones (₡1,500,000.00), calculating five hundred thousand colones for each productive year. Finally, compensation for moral damages (daño moral) was requested, derived from the anguish, sadness, and worries suffered by the plaintiff as a result of the defendant's actions. This damage was prudentially estimated at five hundred thousand colones (₡500,000.00), indicating that, if it were considered not in accordance with reality, they would abide by what an expert determines in the judgment execution phase (see images 5 and 6 of the file). The appealed judgment did not resolve these points in its reasoning part, omitting the analysis of the evidence, the applicable law, and what was expressly requested by the plaintiff. It is in recital V, titled “SOBRE EXCEPCIONES OPUESTAS A LA DEMANDA” (ON DEFENSES OPPOSED TO THE COMPLAINT), where the following is stated: “… For all of the foregoing, in light of the reasons stated above and due to the evidence obtained, with the purpose of not expounding further on this matter, without further preamble, I DECLARE WITH MERIT only the main claims of this complaint, consequently granting the following petitions: … 3) It is declared that the defendant ALFARO LÓPEZ, without having a better right of possession over the land subject to this proceeding, has affected the plaintiff's possession of this property, claiming it belongs to him, cutting down trees, preventing crop production, and, in general, disturbing the plaintiff's possession, for which he is ordered to pay the damages (daños y perjuicios) caused by these reprehensible conducts, which will be liquidated in the judgment execution proceeding…” As can be observed, there is no reasoning whatsoever in the challenged ruling regarding the damages (daños y perjuicios) claimed. The adjudicator simply grants them without specifying what assessments led them to declare that claim with merit. Furthermore, compensation for moral damages (daño moral) was expressly requested, without the judgment determining whether its payment was appropriate or not, nor recording it in the operative part of the ruling. The omission of analysis regarding these claims, as well as the lack of express resolution in the por tanto regarding the moral damages (daño moral), leads to the judgment being null for incurring defects of incongruity and lack of reasoning, violating Article 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria. Due to the way it is resolved, a ruling on the substantive claims is omitted.\n\nIX. – In accordance with the foregoing, and based on Articles 48, 54, and 60 of the Ley de la Jurisdicción Agraria, as well as Article 474 of the Código de Trabajo, the nullity claim for pretermission of evidence is upheld, together with the lack of reasoning and incongruity detected by this Court. Consequently, judgment number 2023000246, issued on September 18, 2023, is annulled. The Court must issue a new, duly reasoned ruling, in which all the evidence submitted to the file is analyzed and all aspects of the complaint are resolved expressly and completely. By virtue of the nullity to be decreed, the preferential processing contained in circular 207-2015 on the Institutional Policy to guarantee access to justice for elderly persons must be taken into consideration, as well as circular 06-2025 regarding the reduction of time periods for matters in process.\n\n \n\nPOR TANTO:\n\nThe nullity claim is upheld. Consequently, judgment number 2023000246, issued on September 18, 2023, is annulled. The Court must issue a new, duly reasoned ruling, in which all the evidence submitted to the file is analyzed and all aspects of the complaint are resolved expressly and completely. The Institutional Policy to guarantee access to justice for elderly persons, circular 207-2015, as well as circular 06-2025 regarding the reduction of time periods for matters in process, must be taken into consideration for processing the matter.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\nM0G47MMKKBEM61\nGEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\n5P2HYIUZ7P461\nMARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nCASMZKVZDR861\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 20-000059-1520-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:34:15." }