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  "id": "nexus-sen-1-0034-1336755",
  "citation": "Res. 00939-2025 Tribunal Agrario",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Revocatoria de interdicto posesorio en asentamiento del INDER",
  "title_en": "Revocation of possessory interdict in INDER settlement",
  "summary_es": "El Tribunal Agrario revoca una sentencia que había concedido un interdicto de amparo de posesión a favor de César Carmona Alvarado sobre un lote en el Asentamiento Cámara de Ganaderos de Coyolar, Orotina. El actor alegaba posesión agraria sobre el inmueble, pero el Tribunal determinó que no existía una posesión real, estable y efectiva al momento en que los demandados ingresaron al terreno tras su adjudicación por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). La prueba, incluyendo testimonios y reconocimiento judicial, evidenció que el lote se encontraba en estado de abandono: cercas en mal estado o inexistentes, sin construcciones, cultivos ni vivienda rural. Los demandados, en cambio, tomaron posesión legítima en enero de 2021 tras ser seleccionados como adjudicatarios, limpiaron el terreno, repararon cercas y construyeron una vivienda rústica. El Tribunal acogió la excepción de falta de legitimación activa y declaró sin lugar la demanda, condenando al actor al pago de costas.",
  "summary_en": "The Agrarian Tribunal revokes a lower court ruling that had granted a possessory interdict in favor of César Carmona Alvarado over a plot in the Cámara de Ganaderos de Coyolar Settlement, Orotina. The plaintiff claimed agrarian possession of the property, but the Tribunal found that there was no real, stable, and effective possession at the time the defendants entered the land after its allocation by the Rural Development Institute (INDER). Evidence, including witness testimony and a judicial inspection, showed the lot was abandoned: fences in poor condition or missing, no buildings, crops, or rural housing. The defendants, instead, took legitimate possession in January 2021 after being selected as allottees, cleaned the land, repaired fences, and built a rustic dwelling. The Tribunal upheld the exception of lack of active standing and dismissed the claim, ordering the plaintiff to pay costs.",
  "court_or_agency": "Tribunal Agrario",
  "date": "29/09/2025",
  "year": "2025",
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    "property-and-titling"
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  "es_concept_hints": [
    "interdicto de amparo de posesión",
    "posesión agraria",
    "legitimación activa",
    "INDER",
    "asentamiento",
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    "vivienda rural"
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    "interdicto de amparo de posesión",
    "posesión agraria",
    "legitimación activa",
    "INDER",
    "asentamiento",
    "adjudicación de tierras",
    "Ley 9036",
    "vivienda rural",
    "revocatoria de sentencia",
    "Tribunal Agrario"
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  "keywords_en": [
    "possessory interdict",
    "agrarian possession",
    "active standing",
    "INDER",
    "settlement",
    "land allocation",
    "Law 9036",
    "rural housing",
    "reversal of judgment",
    "Agrarian Tribunal"
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  "excerpt_es": "En consecuencia, al no haber acreditado la parte actora los presupuestos de la acción interdictal, procede revocar la sentencia. En su lugar, se acoge la excepción de falta de legitimación activa al haberse demostrado que la parte actora no ejercía la posesión agraria actual y momentánea y por innecesario se omite pronunciamiento en cuanto a las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condena a la parte actora al pago de las costas procesales y personales.\n\nPOR TANTO\n\nSe revoca la sentencia. En su lugar se acoge la excepción de falta de legitimación activa y por innecesario se omite pronunciamiento en cuanto a las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condena a la parte actora al pago de las costas procesales y personales.",
  "excerpt_en": "Consequently, as the plaintiff has not proven the prerequisites of the interdictal action, the judgment must be reversed. In its place, the exception of lack of active standing is upheld, since it has been demonstrated that the plaintiff was not exercising current and momentary agrarian possession, and it is unnecessary to rule on the exceptions of lack of passive standing and lack of right. The claim is dismissed in its entirety, and the plaintiff is ordered to pay procedural and personal costs.\n\nTHEREFORE\n\nThe judgment is reversed. In its place, the exception of lack of active standing is upheld, and it is unnecessary to rule on the exceptions of lack of passive standing and lack of right. The claim is dismissed in its entirety, and the plaintiff is ordered to pay procedural and personal costs.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The lower court's judgment is reversed, and the possessory claim is dismissed, upholding the exception of lack of active standing.",
    "summary_es": "Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara sin lugar la demanda interdictal, acogiendo la excepción de falta de legitimación activa."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando VIII",
      "quote_en": "After evaluating the witness testimony and the judicial inspection, it is concluded that when the defendants took possession, the fences were in poor condition and even non-existent on the south side, the mango trees were old (not planted by the plaintiff), there were no constructions or usable buildings as rural housing, and there were no crops or evidence of an economically organized agrarian activity that would have provided at least subsistence for the plaintiff.",
      "quote_es": "Valorada la prueba testimonial y el reconocimiento judicial se concluye que cuando los demandados entran en posesión, las cercas estaban en mal estado e incluso en el sector sur era inexistente, los árboles de mango eran antiguos (no sembrados por el actor), no existían construcciones o edificación utilizable como vivienda rural, y no habían cultivos o prueba de una actividad agraria económicamente organizada que sirviera al menos de subsistencia al actor."
    },
    {
      "context": "Considerando VIII",
      "quote_en": "From these statements, it is inferred that on the date the defendants entered, there were no crops, animals, or buildings. Therefore, according to the rules of logic and experience, it is understood that if it was necessary to clean up trash and repair and complete fences, it was because the property was in a state of abandonment, without truly stable and effective agrarian possession, much less was it destined for rural housing.",
      "quote_es": "De tales declaraciones se infiere que a la fecha en que ingresan los demandados no había cultivos, animales ni construcciones. Por ende, de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia se entiende que si se debió limpiar la basura y arreglar y completar cercas es porque el fundo estaba en una especie de abandono, sin una posesión agraria realmente estable y efectiva, ni mucho menos era destinado a vivienda rural."
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  "references": {
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1336755",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00939 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 29 de Setiembre del 2025 a las 17:23\n\nExpediente: 21-000039-0815-AG\n\nRedactado por: María Vanessa Fisher González\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n21-000039-0815-AG - 7\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nSUMARIO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nCESAR ANDRES CARMONA ALVARADO\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nHENRY FRANCISCO SOLANO RUIZ\n\n \n\n   \n\nVOTO N°  N° 2025000939\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diecisiete horas veintitrés minutos del veintinueve de setiembre de dos mil veinticinco.-\n\nPROCESO SUMARIO INTERDICTAL establecido por CESAR ANDRÉS CARMONA ALVARADO, quien es mayor, soltero, agricultor, vecino de Alajuela, cédula seis-trescientos cincuenta y ocho-ciento setenta; contra HENRY FRANCISCO SOLANO RUIZ, mayor, casado, de oficio peluquero, vecino de  Alajuela, cédula uno- mil cuatrocientos cincuenta y seis - novecientos trece; y LAURA DANIELA JENKINS CARVAJAL, casada, del hogar, cédula uno- mil seiscientos uno- ciento ochenta y uno, vecina de Alajuela. Interviene en el proceso el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, representado por su apoderada María Lucrecia Soto Pérez. Actúan como apoderados especiales judiciales: del actor, el licenciado José Luis Ramos Castellón, de la parte demandada el licenciado Anthony Fernández Pacheco.  Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela.\n\n Redacta la jueza Fisher González; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- DE LAS PRETENSIONES: La parte actora solicita que en sentencia se declare: «...1) con lugar el presente proceso interdictal. 2) Que los demandados cesen en sus perturbaciones. 3) Que se ordene la restitución de dicho terreno. 4)Que se condene a los demandados al pago de ambas costas de esta acción» (ver demanda en expediente electrónico imágenes 1 a 5).\n\nII.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA: La parte demandada contesta de manera negativa e interpone las excepciones de: falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva (ver contestación en expediente electrónico imágenes 24 a 33).\n\n III.- La jueza Patricia Hidalgo Somarribas, del Juzgado Agrario del Primer  Circuito Judicial de Alajuela, en resolución N° 179-2022 de  las catorce  horas  cuarenta y un minutos  del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, resolvió:  «POR TANTO:  Con fundamento en lo expuesto, citas legales invocadas y artículos 106.1- 106-103.1 inciso3.106.5, 21- 73-61-62.1 Código procesal Civil, artículos: 308-309-370-Código Civil, se declara CON LUGAR, la presente demanda INTERDICTO DE AMPARO DE POSESIÓN Y RESTITUCIÓN establecida por CESAR CARMONA ALVARADO contra HENRY FRANCISCO SOLANO RUIZ Y LAURA DANIELA JENKlNS CARVAJAL. En consecuencia, se condena a la parte demandada al pago de ambas costas Procesales y personales, así como al pago de daños y perjuicios que se liquidarán en ejecución se sentencia. Se le ordena a la parte vencida sea HENRY FRANCISCO SOLANO RUIZ Y LAURA DANIELA JENKIS CARVAJAL de restituirle la posesión del lote 19 del Asentamiento Cámara de Ganaderos de Coyolar de Orotina al aquí actor CESAR CARMONA ALVARADO, en un plazo de ocho días hábiles, en caso de que hagan caso omiso a dicha orden judicial quedan advertidos de que incurrirán en el delito de Desobediencia a la autoridad, se ordena notificar personalmente a los demandados en el mismo domicilio señalado en la demanda, por mediar un apercibimiento legal. o en su defecto gestionar el actor la puesta en posesión en el sitio por parte del juzgado agrario de Alajuela mediante ejecución de sentencia. Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 67 del Código Procesal Civil y artículo 59 de la Ley de Jurisdicción Agraria, regula los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la presente resolución.» (sentencia en imágenes 124 a 133).\n\nIV.- El Tribunal avala el primer hecho tenido por probado por ser el resultado de las probanzas que constan en autos. En cuanto al segundo, el mismo presenta confusión en su redacción, de ahí que se reformula de la siguiente manera: Mediante Acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, artículo 35, sesión ordinaria No. 48 del 02 de noviembre del 2020, se adjudicó el lote en litis a los demandados, siendo que además, mediante Acuerdo de esa misma Junta artículo 26 sesión ordinaria No. 19 del 31 de mayo del 2021 se autorizó  a esos adjudicatarios para gestionar ante cualquier  entidad autorizada por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el trámite de bono de vivienda en ese lote (Acuerdos de Junta Directiva en imágenes 38 a 45, 47 y 48 certificación registral en imágenes 34 a 37).  El cuanto al  tercer hecho no se comparte, debido a la forma como se resolverá en esta instancia. En su lugar se tiene el siguiente: A partir del 07 de enero del 2021, los demandados tomaron posesión de dicha parcela, de forma tal que inician actos posesorios consistentes en remover basura y poda de ramas de árboles, luego repararon cercas que estaban en mal estado e hicieron una nueva en la colindancia sur, posteriormente construyeron una ranchita donde habitan (testimonial de Elizabeth Pérez Chinchilla, Sidey Chavarría Villalta y Javier Enrique Acuña Manzanares en audios vinculados al expediente electrónico).  El cuarto hecho no se aprueba en virtud de la forma como se resolverá la apelación. El quinto hecho tampoco se avala debido a que se trata de una situación que no es relevante para un proceso interdictal.\n\nV.- En lo atinente al hecho tenido por indemostrado el mismo no se aprueba debido a la forma como se resolverá en esta instancia. En su lugar se tiene el siguiente: El actor ejerciera posesión agraria estable y efectiva en el fundo de marras para el mes de enero del 2021 (la prueba es insuficiente pues las cercas estaban en mal estado y en el sector sur era inexistente, no existían construcciones, no se habitaba el bien, asimismo no habían cultivos o prueba de una actividad agraria económicamente organizada que sirviera al menos de subsistencia al actor).\n\nVI.- La parte demandada interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya, para refutar la tesis del juzgado de instancia. Lo anterior con base en los siguientes agravios: 1) En todo proceso interdictal de amparo de posesión, el juzgador de instancia deberá centrar el análisis fáctico del caso en particular en dos elementos fundamentales, los cuales son: primeramente, determinar si ha existido posesión del inmueble por parte del actor y las condiciones en que ésta se ha dado; y segundo, centrar su análisis en la determinación de si se han presentado actos perturbadores sobre dicha posesión. Primeramente, si se analiza la presunta posesión ejercida por el actor, la sentencia cae en el error de indicar que la misma ha sido: \"... de buena fe, pacífica, pública, a título de dueño, e ininterrumpida ...” lo cual no es cierto.  Lo anterior porque debe de tomarse en cuento que se produjo un proceso de revocatoria del derecho de adjudicación sobre el bien en litis por parte del INDER.  Así la funcionaria del INDER manifestó que una vez que se revocó se inició un proceso de escogencia de los nuevos adjudicatarios de forma tal que los demandados resultados ser los  beneficiarios. De igual modo, ella declaró que el INDER hizo una inspección en el inmueble, constatando que se encontraba libre de ocupantes y que en todo caso nunca le había sido adjudicado al actor. Por ende, el actor no ha poseído ni como dueño ni de buena fe. Bien lo indicaron los testigos aportados por los demandados, que nunca vieron al actor en el inmueble anteriormente, que el terreno estaba desocupado y abandonado hasta antes del ingreso de los demandados, que no existían cultivos, que no existían cercas en algunos de sus linderos, que la que existía estaba en claro deterioro. Por consiguiente, se ha dado una incorrecta valoración de la prueba.  La pertenencia del inmueble al INDER después de su revocatoria y hasta antes de su adjudicación a los demandados era un hecho notorio. 2) Respecto de los presuntos actos perturbadores realizados por los demandados, resulta de importancia señalar que al contestar la demanda se había dejado muy en claro que el ingreso al inmueble obedeció a su adjudicación por parte del INDER, lo que daba total derecho de ejercer todos los derechos reales que derivan de su propiedad. La toma de posesión se encontraba totalmente justificada no solo porque el inmueble había sido recuperado por el INDER y verificada su desocupación, sino porque se contaba con el aval de dicho Instituto al delegar un título de propiedad a los demandados. En todo caso, de la prueba evacuada se logró determinar que al momento del ingreso al terreno no había persona alguna que impidiera o se opusiera al ejercicio del derecho de propiedad.  El haberse eliminado un viejo candado que se encontraba en uno de los linderos del inmueble (que dicho sea de paso no se sabe quién lo puedo haber colocado) no es perturbador, dado que no se ejercía ninguna posesión. Extraña más que la misma juzgadora corroboró incluso la inexistencia de cultivos o labranzas, que las cercas existentes eran muy recientes y construidas por los  accionados, de su vivencia en una humilde vivienda, todo confirmado con la misma prueba recabada. Hace mal el juzgador de instancia al indicar que para ingresar al inmueble los apelantes hayan advertido previamente al actor y le solicitaran que saliera del mismo, lo cual resulta falso. Por el contrario, posterior a su ingreso fue que recibieron una amenaza de aquel, señalando que tomaría medidas violentas, lo cual quedó demostrado con la prueba documental aportada, al tener que interponer una denuncia penal por amenazas (ver escrito de apelación en expediente electrónico imágenes 137 a 143).\n\nVII.- Es menester indicar que para que un proceso de esta naturaleza tenga sustento legal, debe la parte demandante demostrar que ha ejercido posesión agraria real y efectiva, en un bien de naturaleza agraria o susceptible de ser destinado a la misma, por medio de una actividad entendida como el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, a través del trabajo humano, aprovechando racionalmente las fuerzas de la naturaleza, con la finalidad de obtener frutos para destinarlos al mercado o bien al autoconsumo (legitimación activa) y que la parte demandada ha perturbado con actos que inquietan el libre goce del bien o que manifiestan intención de despojo (legitimación pasiva). Este proceso se encuentra regulado en los artículos 1, 2 b) y h) y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 106.1 y 106.2 del Código Procesal Civil. Tal normativa resulta de aplicación al caso concreto en virtud de lo dispuesto en el Transitorio I del Código Procesal Agrario. Así las cosas, este Tribunal ha procedido a examinar los elementos probatorios evacuados de manera integral y con base en el principio de libre valoración contenido en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, así como las reglas de la psicología, la lógica y la experiencia humana.  De este modo, se tiene por acreditado que la materialidad objeto de este proceso corresponde a la finca de la provincia de Alajuela, matrícula 341594-001 y 002, inscrita a nombre de los demandados respectivamente, sita en el Asentamiento Cámara de Ganaderos de Coyolar de Orotina del Instituto de Desarrollo Rural, cantón de Orotina, distrito Coyolar, según plano A-497718-1998, dedicada a vivienda rural, con una medida de 796,71 metros cuadrados (ver certificación registral en imágenes 34 y 37 y reconocimiento judicial en audio vinculado al expediente).  Asimismo se probó, mediante Acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, artículo 35, sesión ordinaria No. 48 del 02 de noviembre del 2020, se adjudicó esa parcela a los demandados y que  además mediante Acuerdo de esa misma Junta artículo 26 sesión ordinaria No. 19 del 31 de mayo del 2021 se autorizó a esos adjudicatarios para gestionar ante cualquier  entidad autorizada por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el trámite de bono de vivienda en ese lote rural (Acuerdos de Junta Directiva en imágenes 38 a 45, 47 y 48 certificación registral en imágenes 34 a 37). Tal adjudicación se hizo con base en la Ley No. 9036, denominada “Ley que transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”, en la modalidad de asignación de tierras para dotación de vivienda rural, según artículo 45 y siguientesa. Lo anterior porque dentro de los objetivos del Desarrollo Rural que se consagran en esa normativa, propiamente en el artículo 5 inciso j) se estatuye: “Promover el arraigo e integración de la población habitante de los territorios rurales del país, reconociendo y respetando la diversidad rural en un enfoque con participación de todos los sectores, para contribuir, coordinando con las instituciones competentes, al desarrollo de sus capacidades y su inclusión en los procesos de desarrollo económico, social, ambiental e institucional, mediante la generación de opciones agroproductivas y el impulso de planes de desarrollo rural territorial y los servicios de vivienda, salud y educación” (el énfasis no es del original). En razón de lo anterior, los demandados, el 07 de enero del 2021 (ver hecho 6) de la demanda y su contestación, no siendo una fecha controvertida) tomaron posesión del lote No.19. A partir de ahí ejercen actos pososorios consistentes en remover basura que había en el lugar y poda de ramas. Luego, repararon cercas que estaban en mal estado e hicieron una nueva en la colindancia sur y ya posteriormente construyeron una ranchita donde habitan. Asimismo, conforme se expresó supra, a los pocos meses obtienen autorizacion del INDER para iniciar los trámites de Bono de Vivienda y así cumplir con los fines del contrato de adjudicación.  Sin embargo, el punto medular gira en torno al alegato del actor de que su persona ejercía la posesión al momento de esos hechos. Sobre el particular, estima este Tribunal no se demostró el actor ejerciera en ese momento posesión agraria estable y efectiva en el fundo de marras, el cual más bien estaba en condiciones de abandono. De ahí que lleva razón el apelante en su primer agravio que se analizará de seguido.\n\n VIII.- Valorada la prueba testimonial y el reconocimiento judicial se concluye que cuando los demandados entran en posesión, las cercas estaban en mal estado e incluso en el sector sur era inexistente, los árboles de mango eran antiguos (no sembrados por el actor), no existían construcciones o edificación utilizable como vivienda rural, y no habían cultivos o prueba de una actividad agraria económicamente organizada que sirviera al menos de subsistencia al actor. Así Javier Enrique Acuña Manzanares, expuso que vive al frente del lote en litis desde el año 2019, pues se lo entregó el INDER, explicando que cuando eso en el lote 19 en no habían cultivos ni personas viviendo, que se veía enmontado. Añadió que en cuanto a las cercas había unos postes caídos. Añadió que cuando Henry el demandado ingresó fue porque se lo entregó el INDER, que él veía a los demandados que llegaron a limpiar el terreno, repararon tramos de cercas caídas, hicieron una ranchita donde viven, pusieron medidor para luz eléctrica   e instalaron toda la cerca por el rumbo sur. Señaló que los que dan mantenimiento hoy día al lote son Henry y la esposa, chapeando, arreglando, y que lo hacen constantemente.  De igual modo, Sidey Chavarría Villalta, explicó que conoce el terreno porque vive al frente, en la casita del fondo, desde el año 2019.  Manifestó que no vio gente viviendo en el lote en litis cuando ella llegó, y que solamente como dos veces vio al actor que sembró “algo de frijolillo”. Añadió que cuando ingresaron Henry y la esposa, los vio arreglando cercas, arreglando patios, recortando ramas, instalando medidor para electricidad y haciendo la ranchita, quienes le dan mantenimiento al bien. Mencionó que los demandados llegan a dormir de noche y al día siguiente se van al trabajo, calcula que hace más de un año los ve que llegan a dormir. Reiteró que cuando ingresaron al terreno, los demandados barrieron basura, arreglaron cercas e hicieron otra nueva, pusieron portón. En el mismo sentido, María Eugenia Ruiz Pérez, madre de la demandada, explicó que le ayudó a los demandados a limpiarlo, que las cercas no estaban todas de ahí que éstos pusieron las de atrás. De igual modo expresó que se debieron de cortar ramas porque el frente estaba muy tupido.  De tales declaraciones se infiere que a la fecha en que ingresan los demandados no había cultivos, animales ni construcciones. Por ende, de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia se entiende que si se debió limpiar la basura y arreglar y completar cercas es porque el fundo estaba en una especie de abandono, sin una posesión agraria realmente estable y efectiva, ni mucho menos era destinado a vivienda rural. Aunque la deponente Chavarría Villalta mencionó que vio dos veces al actor sembrando un frijolillo, no se logra precisar su extensión, ni se observaron vestigios, ni si realmente era una actividad mínima de subsistencia o económicamente organizada. Más bien de sus manifestaciones se deriva que fue algo aislado y que no había una actividad agraria mínima o continua, cuyos productos se aprovechaban, ni mucho menos una vivienda rural.  Por otro lado, tocante a los otros testigos Elizabeth Pérez Chinchilla y Julio Carmona Robles no le merecen fe a este Tribunal. Aunque la primera señaló que todos los fines de semana el actor y su padre Julio visitaban el lugar, que sembraban y que siempre lo habían mantenido limpio con la ayuda de un vecino, se contradice en forma grosera con otros elementos probatorios, al indicar que los demandados no viven en el lugar y “que dan una vuelta y jalan”. Nótese en el reconocimiento judicial se constató que la edificación está habitada y los testigos Chavarría Villalta y Acuña Manzanares refirieron que los demandados efectivamente viven en la misma. Asimismo, llama la atención que indique que cortaron árboles pues lo que se probó que se hizo fue solamente desrame. Además, se contradice al decir que los demandados ingresaron a finales de enero cuando fue a inicios, según lo expresaron las mismas partes. Por su parte, Julio César Carmona Robles, padre del actor, tiene un evidente interés en el asunto, pues de su declaración se infiere que pretende se le otorgue el poder sobre el bien, dado que narra -según su versión- de que ejercía junto a su hijo la posesión, lo que lo equipara prácticamente en el mismo nivel de intereses del actor. Narró que le había cedido la posesión a su hijo pero que él “seguía acompañándolo” a visitar el bien y a sembrar. Ello evidencia que le beneficiaría que prospere la demanda. Aunque la testigo Pérez Chinchilla es la madre de la demandada, no está en la misma situación que el padre del actor, pues ella no tiene interés en el fundo ni alega un derecho de posesión y de hecho conoció el fundo hasta cuando fue a ayudar a limpiarlo en enero del 2021. En cuanto a Rafael Lobo Álvarez no aporta elementos fehacientes sobre la posesión real y efectiva del actor al momento de los hechos. Aunque señaló que él le ayudó a Julio -padre del actor- en ese lote, con cercas y siembrillas de frijolillo, ayote, maíz, es lo cierto que eso fue años atrás, antes del 2013, cuando el testigo tenía un lote cercano. De hecho, ante preguntas de la jueza el testigo admite que cuando él iba a ayudarle a Julio, César el actor andaba con su padre y que cuando eso estaba pequeño, de ahí que ese contexto que refiere no corresponde a los últimos años. A mayor abundamiento, debe de considerarse que el INDER adjudica el bien a los demandados en noviembre del 2021, después de todo un proceso de fiscalización del bien y selección de idoneidad, conforme a la ley citada y su reglamento; de ahí que resultan atendibles los argumentos del INDER -emitidos en forma oral en la etapa de conclusiones- de que en el proceso previo de fiscalización se verificó que el fundo no era objeto de posesión, y que no estaba destinado al fin de vivienda rural. Tales manifestaciones resultan coincidentes con las condiciones de abandono que se demostraron en este proceso. Por otro lado, el hecho de que los demandados hubiesen cortado una cadena o candado para entrar no es sinónimo de que el fundo realmente era poseído o utilizado, dados los argumentos ampliamente expuestos.      \n\nIX.- En consecuencia, al no haber acreditado la parte actora los presupuestos de la acción interdictal, procede revocar la sentencia. En su lugar, se acoge la excepción de falta de legitimación activa al haberse demostrado que la parte actora no ejercía la posesión agraria actual y momentánea y por innecesario se omite pronunciamiento en cuanto a las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condena a la parte actora al pago de las costas procesales y personales.\n\nPOR TANTO\n\nSe revoca la sentencia. En su lugar se acoge la excepción de falta de legitimación activa y por innecesario se omite pronunciamiento en cuanto a las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condena a la parte actora al pago de las costas procesales y personales.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\n\nMF8WWGRH2DS61\nMARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\nSYM8PJ9KUDK61\nCARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nD6ZPWBSDCV461\nENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 21-000039-0815-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:34:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "AGRICULTURAL TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.— At seventeen hours twenty-three minutes on the twenty-ninth of September, two thousand twenty-five.—\n\nSUMMARY INTERDICTAL PROCEEDING brought by CESAR ANDRÉS CARMONA ALVARADO, who is of legal age, single, farmer, resident of Alajuela, identification number six-three hundred fifty-eight-one hundred seventy; against HENRY FRANCISCO SOLANO RUIZ, of legal age, married, barber by trade, resident of Alajuela, identification number one- one thousand four hundred fifty-six - nine hundred thirteen; and LAURA DANIELA JENKINS CARVAJAL, married, homemaker, identification number one- one thousand six hundred one- one hundred eighty-one, resident of Alajuela. The INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL appears in the proceeding, represented by its attorney-in-fact María Lucrecia Soto Pérez. Acting as special judicial attorneys-in-fact: for the plaintiff, attorney José Luis Ramos Castellón, for the defendants, attorney Anthony Fernández Pacheco. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Alajuela.\n\nDrafted by Judge Fisher González; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.- OF THE CLAIMS: The plaintiff requests that the judgment declare: “...1) this interdictal proceeding is granted. 2) That the defendants cease their disturbances. 3) That the restitution of said land be ordered. 4) That the defendants be ordered to pay both sets of costs of this action” (see complaint in electronic case file images 1 through 5).\n\nII.- ANSWER TO THE COMPLAINT: The defendants answer negatively and assert the defenses of: lack of right, lack of standing to sue and standing to be sued (see answer in electronic case file images 24 through 33).\n\nIII.- Judge Patricia Hidalgo Somarribas, of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Alajuela, in resolution No. 179-2022 at fourteen hours forty-one minutes on the twenty-sixth of August, two thousand twenty-two, ruled: “THEREFORE: Based on the foregoing, cited legal provisions, and Articles 106.1- 106-103.1 subsection 3.106.5, 21- 73-61-62.1 of the Civil Procedure Code, Articles: 308-309-370 of the Civil Code, the present INTERDICT OF POSSESSORY PROTECTION AND RESTITUTION brought by CESAR CARMONA ALVARADO against HENRY FRANCISCO SOLANO RUIZ AND LAURA DANIELA JENKlNS CARVAJAL is declared GRANTED. Consequently, the defendants are ordered to pay both procedural and personal costs, as well as damages and losses to be liquidated during judgment enforcement. The losing party, HENRY FRANCISCO SOLANO RUIZ AND LAURA DANIELA JENKIS CARVAJAL, are ordered to restitute possession of lot 19 of the Asentamiento Cámara de Ganaderos de Coyolar de Orotina to the plaintiff herein, CESAR CARMONA ALVARADO, within a period of eight business days; should they disregard said judicial order, they are warned that they will incur the crime of Disobedience to authority; it is ordered to personally notify the defendants at the same address indicated in the complaint, as a legal warning is involved, or failing that, the plaintiff may seek to be placed in possession at the site by the Agrarian Court of Alajuela through judgment enforcement. The parties are advised of the provisions of Article 67 of the Civil Procedure Code and Article 59 of the Ley de Jurisdicción Agraria, which govern the remedies that may be filed against this resolution.” (judgment in images 124 through 133).\n\nIV.- The Tribunal endorses the first fact held as proven as it is the result of the evidence contained in the record. Regarding the second, its wording is confusing, hence it is reformulated as follows: By Agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, article 35, ordinary session No. 48 of November 2, 2020, the lot in dispute was adjudicated to the defendants, and furthermore, by Agreement of that same Board, article 26, ordinary session No. 19 of May 31, 2021, those adjudicatees (adjudicatarios) were authorized to process a housing bonus (bono de vivienda) on that lot before any entity authorized by the National Financial System for Housing (Board of Directors Agreements in images 38 through 45, 47 and 48; registry certification in images 34 through 37). The third fact is not shared, due to the manner in which this instance will resolve. In its place, the following is held: As of January 7, 2021, the defendants took possession of said parcel, thus they began possessory acts consisting of removing trash and pruning tree branches, later they repaired fences that were in poor condition and built a new one on the southern boundary, subsequently they built a small ranch (ranchita) where they reside (testimony of Elizabeth Pérez Chinchilla, Sidey Chavarría Villalta, and Javier Enrique Acuña Manzanares in audio files linked to the electronic case file). The fourth fact is not approved by virtue of the manner in which the appeal will be resolved. The fifth fact is also not endorsed because it involves a situation that is not relevant to an interdictal proceeding.\n\nV.- Regarding the fact held as unproven, it is not approved due to the manner in which this instance will resolve. In its place, the following is held: The plaintiff exercised stable and effective agrarian possession (posesión agraria) on the fund in question as of January 2021 (the evidence is insufficient because the fences were in poor condition and non-existent in the southern sector, there were no buildings, the property was not inhabited, likewise there were no crops or proof of an economically organized agrarian activity that could at least serve the plaintiff's subsistence).\n\nVI.- The defendants filed an appeal with an express indication of the reasons on which it relies to refute the lower court's thesis. This is based on the following grievances: 1) In any interdictal proceeding for possessory protection, the judge of the lower court must focus the factual analysis of the particular case on two fundamental elements, which are: first, determining whether there has been possession of the property by the plaintiff and the conditions under which it occurred; and second, focusing the analysis on determining whether acts of disturbance (actos perturbadores) have occurred against said possession. First, if the alleged possession exercised by the plaintiff is analyzed, the judgment errs in stating that it has been: “... in good faith, peaceful, public, in the capacity of owner, and uninterrupted ...” which is not true. This is because it must be taken into account that there was a process of revocation of the adjudication right over the property in dispute by INDER. Thus, the INDER official stated that once it was revoked, a process of selecting the new adjudicatees (adjudicatarios) began, resulting in the defendants being the beneficiaries. Similarly, she declared that INDER conducted an inspection of the property, confirming it was free of occupants and that, in any case, it had never been adjudicated to the plaintiff. Therefore, the plaintiff has not possessed either as owner or in good faith. The witnesses presented by the defendants clearly indicated that they had never previously seen the plaintiff on the property, that the land was unoccupied and abandoned before the defendants’ entry, that there were no crops, that there were no fences on some of its boundaries, and that the existing ones were clearly deteriorated. Consequently, there has been an incorrect assessment of the evidence. The ownership of the property by INDER after its revocation and until before its adjudication to the defendants was a notorious fact. 2) Regarding the alleged acts of disturbance (actos perturbadores) carried out by the defendants, it is important to note that upon answering the complaint, it had been made very clear that entry onto the property was due to its adjudication by INDER, which gave them every right to exercise all the property rights deriving from their ownership. The taking of possession was fully justified not only because the property had been recovered by INDER and its vacancy verified, but also because they had the endorsement of said Institute by delegating a property title to the defendants. In any case, from the evidence adduced it was determined that at the time of entry onto the land, there was no person who prevented or opposed the exercise of property rights. Removing an old padlock that was on one of the property's boundaries (which, by the way, no one knows who placed it) is not a disturbance, given that no possession was being exercised. It is even stranger that the same judge also confirmed the absence of crops or tillage, that the existing fences were very recent and built by the defendants, and their living in a humble dwelling, all confirmed by the same evidence gathered. The lower court judge is wrong to indicate that to enter the property, the appellants previously warned the plaintiff and asked him to leave it, which is false. On the contrary, after their entry, they received a threat from him, stating he would take violent measures, which was demonstrated by the documentary evidence provided, having had to file a criminal complaint for threats (see appeal brief in electronic case file images 137 through 143).\n\nVII.- It must be stated that for a proceeding of this nature to have legal support, the plaintiff must demonstrate that he has exercised real and effective agrarian possession (posesión agraria), on a property of an agrarian nature or susceptible to being used for such, through an activity understood as the development of a plant or animal biological cycle, through human labor, rationally using the forces of nature, with the aim of obtaining fruits to market or for self-consumption (standing to sue), and that the defendants have disturbed it with acts that disrupt the free enjoyment of the property or that manifest an intent to dispossess (standing to be sued). This proceeding is regulated in Articles 1, 2 b) and h) and 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria, and 106.1 and 106.2 of the Civil Procedure Code. Such regulations apply to the specific case by virtue of the provisions of the First Transitional Provision of the Código Procesal Agrario. Thus, this Tribunal has proceeded to examine the evidentiary elements adduced in an integral manner and based on the principle of free assessment contained in Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, as well as the rules of psychology, logic, and human experience. In this way, it is taken as accredited that the materiality object of this proceeding corresponds to the farm in the province of Alajuela, registration numbers 341594-001 and 002, registered in the name of the defendants respectively, located in the Asentamiento Cámara de Ganaderos de Coyolar de Orotina of the Instituto de Desarrollo Rural, canton of Orotina, Coyolar district, according to survey plan A-497718-1998, designated for rural housing, with an area of 796.71 square meters (see registry certification in images 34 and 37 and judicial inspection (reconocimiento judicial) in audio linked to the case file). It was also proven, by Agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, article 35, ordinary session No. 48 of November 2, 2020, that said parcel was adjudicated to the defendants and that, furthermore, by Agreement of that same Board, article 26, ordinary session No. 19 of May 31, 2021, those adjudicatees (adjudicatarios) were authorized to process a housing bonus (bono de vivienda) on that rural lot before any entity authorized by the National Financial System for Housing (Board of Directors Agreements in images 38 through 45, 47 and 48; registry certification in images 34 through 37). Said adjudication was made based on Law No. 9036, called the “Law that Transforms the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) into the Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”, in the modality of land allocation for rural housing provision, according to Article 45 et seq. The foregoing because within the objectives of Rural Development enshrined in said regulation, specifically in Article 5 subsection j), it is provided: “Promote the settlement and integration of the population inhabiting the rural territories of the country, recognizing and respecting rural diversity in an approach with the participation of all sectors, to contribute, coordinating with the competent institutions, to the development of their capacities and their inclusion in economic, social, environmental and institutional development processes, through the generation of agro-productive options and the promotion of territorial rural development plans and housing, health and education services” (emphasis not in the original). By reason of the foregoing, on January 7, 2021 (see fact 6) of the complaint and its answer, it being an uncontroversial date), the defendants took possession of Lot No. 19. From then on, they exercised possessory acts consisting of removing trash that was on the premises and pruning branches. Later, they repaired fences that were in poor condition and built a new one on the southern boundary, and later they built a small ranch (ranchita) where they reside. Likewise, as expressed supra, a few months later they obtained authorization from INDER to initiate the Housing Bonus (Bono de Vivienda) procedures and thus fulfill the purposes of the adjudication contract. However, the crucial point revolves around the plaintiff's allegation that he was exercising possession at the time of those events. In this regard, this Tribunal considers it was not demonstrated that the plaintiff exercised stable and effective agrarian possession (posesión agraria) on the fund in question at that time, which was, rather, in a state of abandonment. Hence, the appellant is correct in his first grievance, which will be analyzed next.\n\nVIII.- Having assessed the testimonial evidence and the judicial inspection (reconocimiento judicial), it is concluded that when the defendants entered into possession, the fences were in poor condition and even non-existent in the southern sector, the mango trees were old (not planted by the plaintiff), there were no buildings or habitable structures for rural housing, and there were no crops or proof of an economically organized agrarian activity that could at least serve the plaintiff's subsistence. Thus, Javier Enrique Acuña Manzanares testified that he has lived across from the lot in dispute since 2019, as INDER handed it over to him, explaining that at that time, on lot 19, there were no crops or people living there, and it looked overgrown (enmontado). He added that regarding the fences, some posts were fallen. He added that when Henry, the defendant, entered, it was because INDER handed it over to him, that he saw the defendants arrive to clean the land, repair sections of fallen fences, build a small ranch (ranchita) where they live, install a meter for electricity, and install the entire fence along the southern direction. He indicated that those who currently maintain the lot are Henry and his wife, weeding (chapeando), tidying up, and that they do it constantly. Similarly, Sidey Chavarría Villalta explained that she knows the land because she lives across from it, in the little house at the back, since 2019. She stated that she did not see people living on the lot in dispute when she arrived, and that she only saw the plaintiff about twice when he sowed “some little beans (frijolillo)”. She added that when Henry and his wife entered, she saw them fixing fences, fixing yards, trimming branches, installing an electricity meter, and building the small ranch (ranchita), and that they maintain the property. She mentioned that the defendants come to sleep at night and leave for work the next day; she estimates that she has seen them coming to sleep for over a year. She reiterated that when they entered the land, the defendants swept up trash, fixed fences and built a new one, and installed a gate. In the same sense, María Eugenia Ruiz Pérez, mother of the defendant, explained that she helped the defendants clean it, that the fences were not all there, so they installed the ones at the back. She also stated that branches had to be cut because the front was very dense. From these statements, it is inferred that on the date the defendants entered, there were no crops, animals, or buildings. Therefore, according to the rules of logic and experience, it is understood that if trash had to be cleaned and fences repaired and completed, it is because the fund was in a kind of abandonment, without truly stable and effective agrarian possession (posesión agraria), much less was it destined for rural housing. Although the deponent Chavarría Villalta mentioned that she saw the plaintiff sowing a little bean plant (frijolillo) twice, its extent cannot be specified, nor were vestiges observed, nor whether it was truly a minimal subsistence activity or an economically organized one. Rather, from her statements, it follows that it was something isolated and that there was no minimal or continuous agrarian activity whose products were being used, much less a rural dwelling. On the other hand, regarding the other witnesses, Elizabeth Pérez Chinchilla and Julio Carmona Robles, this Tribunal does not find them credible. Although the first stated that every weekend the plaintiff and his father Julio visited the place, that they sowed, and that they had always kept it clean with the help of a neighbor, she grossly contradicts other evidentiary elements by indicating that the defendants do not live on the premises and “circle around and take off (dan una vuelta y jalan)”. Note that during the judicial inspection (reconocimiento judicial) it was confirmed that the building is inhabited, and witnesses Chavarría Villalta and Acuña Manzanares stated that the defendants effectively live there. Likewise, it is striking that she indicates they cut down trees when what was proven is that only branch trimming (desrame) was done. Furthermore, she contradicts herself by saying that the defendants entered at the end of January when it was at the beginning, as stated by the parties themselves. For his part, Julio César Carmona Robles, the plaintiff’s father, has an evident interest in the matter, as it is inferred from his statement that he aims to be granted power over the property, given that he narrates —according to his version— that he exercised possession together with his son, which practically places him at the same level of interests as the plaintiff. He narrated that he had ceded possession to his son but that he “continued accompanying him” to visit the property and sow. This shows that it would benefit him if the complaint succeeded. Although the witness Pérez Chinchilla is the mother of the defendant, she is not in the same situation as the plaintiff's father, since she has no interest in the fund nor claims a right of possession, and in fact, she only knew the fund when she went to help clean it in January 2021. As for Rafael Lobo Álvarez, he does not provide reliable elements regarding the real and effective possession of the plaintiff at the time of the events. Although he stated that he helped Julio —the plaintiff's father— on that lot, with fences and sowing little beans (frijolillo), squash (ayote), and corn, the truth is that this was years ago, before 2013, when the witness had a nearby lot. In fact, when questioned by the judge, the witness admits that when he went to help Julio, César, the plaintiff, was with his father and was young then, so that context he refers to does not correspond to recent years. Furthermore, it must be considered that INDER adjudicated the property to the defendants in November 2021, after a whole process of oversight (fiscalización) of the property and suitability selection, in accordance with the cited law and its regulations; hence, INDER’s arguments —issued orally during the closing arguments stage— that during the prior oversight (fiscalización) process it was verified that the fund was not the object of possession, and that it was not destined for rural housing purposes, are credible. Such statements coincide with the conditions of abandonment that were demonstrated in this proceeding. On the other hand, the fact that the defendants cut a chain or padlock to enter is not synonymous with the fund actually being possessed or used, given the arguments extensively set forth.\n\nIX.- Consequently, as the plaintiff has not proven the requirements of the interdictal action, it is appropriate to reverse the judgment. Instead, the defense of lack of standing to sue is upheld, as it has been demonstrated that the plaintiff did not exercise current and momentary agrarian possession (posesión agraria), and as it is unnecessary, the court refrains from ruling on the defenses of lack of standing to be sued and lack of right. The complaint is dismissed in its entirety, and the plaintiff is ordered to pay the procedural and personal costs.\n\nTHEREFORE\n\nThe judgment is reversed. Instead, the defense of lack of standing to sue is upheld, and as it is unnecessary, the court refrains from ruling on the defenses of lack of standing to be sued and lack of right. The complaint is dismissed in its entirety, and the plaintiff is ordered to pay the procedural and personal costs."
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