{ "id": "nexus-sen-1-0034-1342857", "citation": "Res. 09841-2025 Tribunal Contencioso Administrativo", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Demanda por supuesta acequia construida por la Municipalidad es rechazada al probarse que se trata de una quebrada natural", "title_en": "Claim for alleged municipal-built ditch dismissed: court finds natural stream, not man-made", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda de Ana Lucía Víquez Hidalgo y La Casita de Esmeralda S.A. contra la Municipalidad de Cartago. Las actoras reclamaban indemnización por daños y perjuicios y la reubicación de lo que calificaban como una acequia construida ilegalmente por la municipalidad en sus terrenos, alegando que afectaba su uso residencial y valor. El Tribunal, tras valorar prueba técnica de la Dirección de Aguas del MINAE y de la propia municipalidad, determina que no existe tal acequia artificial, sino que por los lotes discurre naturalmente la Quebrada María Antonieta, un cuerpo de agua de dominio público de carácter permanente, afluente del río Aguacaliente. Se acredita que la quebrada fue entubada y desviada ilegalmente por los anteriores propietarios, y que la intervención municipal en 2003 se limitó a cumplir una orden de la Sala Constitucional que obligaba a restaurarla a su cauce natural. La sentencia concluye que no hay nexo causal entre una conducta ilícita del municipio y los perjuicios reclamados, por lo que declara sin lugar la demanda y condena en costas a las accionantes.", "summary_en": "The Administrative Litigation Court dismissed the lawsuit filed by Ana Lucía Víquez Hidalgo and La Casita de Esmeralda S.A. against the Municipality of Cartago. The plaintiffs sought damages and the relocation of what they claimed was an illegally built ditch on their properties, arguing it impaired residential use and diminished value. Based on technical evidence from the Water Directorate (MINAE) and the municipality, the court found that no artificial ditch exists; instead, the Quebrada María Antonieta, a natural, permanent public-domain stream, flows through the lots. Evidence showed the stream had been illegally piped and diverted by previous owners, and that the municipality’s 2003 intervention merely executed a Constitutional Chamber order to restore the natural watercourse. The court held no causal link existed between any wrongful municipal conduct and the alleged harm, dismissed the claim, and ordered the plaintiffs to pay costs.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo", "date": "13/10/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "water-law" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "Tribunal Contencioso Administrativo", "acequia", "cuerpo de agua de dominio público", "quebrada", "responsabilidad objetiva de la Administración", "onus probandi", "nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet", "planos catastrados", "zona protectora" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 190-196", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 33-34", "law": "Ley de Aguas (Ley 276)" }, { "article": "Art. 33 y 35", "law": "Ley de Planificación Urbana" }, { "article": "Art. 39 inciso c)", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" }, { "article": "Art. 45", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "acequia", "Municipalidad de Cartago", "responsabilidad civil", "cuerpo de agua", "dominio público", "Quebrada María Antonieta", "daño moral", "daño patrimonial", "onus probandi", "sentencia contencioso administrativo" ], "keywords_en": [ "ditch", "Municipality of Cartago", "civil liability", "body of water", "public domain", "María Antonieta Stream", "moral damages", "pecuniary damages", "burden of proof", "administrative litigation ruling" ], "excerpt_es": "Los hechos tenidos por probados desacreditan lo afirmado por las partes actoras, así tenemos que en el año 1999, mucho antes de que la sociedad existiera y la actora física se hicieran propietarias de las fincas del Partido de Cartago números 173881-000, 173882-000, 173883-000, 173884-000 y 173885-000, conforme la prueba que consta en autos (hecho 1), éstas pertenecían al señor Juan Cancio Mata Ortega, quien las segrega y vende a la sociedad de responsabilidad limitada Inversiones Reales Penjamo, representada por el señor Alexis Rivera Gómez (hecho 5), éstas dos personas tuvieron una participación activa en los hechos que la Municipalidad en forma amplia explica y demuestra con el expediente de la Sala Constitucional admitido como prueba para mejor resolver y que, contrario a lo que afirma el representante de las partes actoras, tienen plena aplicación al caso concreto, en tanto relatan situaciones inmobiliarias en los antecedentes de dominio. [...] En autos se señala que en la escritura del año 1999, en la cual se segregan los lotes de las partes actoras, se indica que los planos catastrados de los mismos, no fueron visados por la Municipalidad porque no fue extendido el visado en el término de ley conforme el artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana y esto trajo como consecuencia que se logró inscribir en el Registro Público de la Propiedad planos y lotes que no correspondían a la realidad y al margen de la planificación de resorte municipal, violentando la normativa urbanística. [...] Ahora, ciertamente los planos que poseen los lotes de las actoras no señalan una quebrada o cuerpo de agua pero esta Cámara determina que esto se produjo por un actuar, como mínimo, negligente del profesional en topografía contratado para tal actividad, aunque ello no es un aspecto que se valore en este asunto, en tanto es claro que la existencia de esos planos catastrados que no se ajustan a la realidad, ocultan la existencia de una quebrada en los lotes indicados supra, empero, tal omisión en agrimensura no niega o impide el reconocimiento de la situación fáctica preexistente que es la presencia natural del cuerpo de agua, manipulada por los anteriores dueños del inmueble, sin que exista ninguna prueba que permita atribuir una responsabilidad a la Municipalidad demandada sino a terceros que alteraron la situación real de los terrenos y los planos catastrados asociados a los mismos para que no señalaran la existencia de una quebrada.", "excerpt_en": "The facts deemed proven discredit the claims of the plaintiffs. Thus, in 1999, long before the company existed and the individual plaintiff became the owner of the Cartago Party properties numbers 173881-000, 173882-000, 173883-000, 173884-000 and 173885-000, as per the evidence on record (fact 1), they belonged to Mr. Juan Cancio Mata Ortega, who segregated and sold them to the limited liability company Inversiones Reales Penjamo, represented by Mr. Alexis Rivera Gómez (fact 5). These two persons actively participated in the events that the Municipality extensively explains and proves with the Constitutional Chamber file admitted as evidence for better resolution, and which, contrary to what the plaintiffs’ representative asserts, fully apply to the specific case, as they recount property matters in the chain of title. [...] The record indicates that in the 1999 deed by which the plaintiffs’ lots were segregated, it is stated that the cadastral plans were not approved by the Municipality because the approval was not granted within the statutory period according to Article 33 of the Urban Planning Law, which resulted in the registration, in the Public Property Registry, of plans and lots that did not reflect reality and were outside municipal planning, violating urban planning regulations. [...] Now, it is true that the plans for the plaintiffs’ lots do not show a stream or body of water, but this Chamber determines that this was due to the conduct—at least negligent—of the surveying professional hired for that task, although this is not a matter to be assessed here, since it is clear that the existence of these cadastral plans, which do not match reality, conceal the presence of a stream on the aforementioned lots; however, such surveying omission does not negate or prevent the recognition of the pre-existing factual situation, namely the natural presence of the body of water, manipulated by the previous owners, without any evidence to attribute responsibility to the defendant Municipality but rather to third parties who altered the actual condition of the land and the associated cadastral plans so that they would not indicate the existence of a stream.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The claim for damages and relocation of an alleged ditch is dismissed, as the court finds the impact stems from a pre-existing natural stream and not from any illegal action by the Municipality of Cartago.", "summary_es": "Se declara sin lugar la demanda de indemnización y reubicación de una supuesta acequia, al determinarse que la afectación proviene de una quebrada natural preexistente, no de una actuación ilegal de la Municipalidad de Cartago." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VII.3", "quote_en": "there is no action or omission arising from the Local Government’s functions or conduct, whether omissive or active, formal or material, normal or abnormal, lawful or unlawful. It did not create the stream; the stream is a natural tributary of the Aguacaliente River and has been on the properties of the current owners and plaintiffs since before it was illegally piped by two private individuals, and while the Local Government did intervene on those lands, it did so by court order to reopen that body of water.", "quote_es": "no existe una actuación u omisión derivada de la función o conducta de la Administración Pública omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita por parte del Gobierno Local. Este no creo la quebrada, la misma es natural afluente del río Aguacaliente, la misma ha estado en las propiedades de las actuales propietarias y actoras desde antes de que la misma fuera entubada ilegalmente por dos particulares y el Gobierno Local si bien es cierto intervino en esos terrenos lo hizo por orden judicial y para volver a aperturar ese cuerpo de agua." }, { "context": "Considerando VII.2", "quote_en": "bodies of water of this nature themselves create the encumbrance that constitutes a real limitation on a property; the administrative activity does not create it. In other words, the administrative activity—whether by MINAE through the Water Directorate or by the municipality in urban control—is declaratory, not constitutive, of the impact resulting from the presence of a natural body of water. Therefore, the existence or absence of an administrative record in no way diminishes the limiting legal effect that the body of water produces under the Water Law.", "quote_es": "los cuerpos de agua de esta naturaleza son los que, en sí mismos, generan el gravamen que pesa como limitación real en un inmueble, no es la actividad administrativa la que lo genera, en otras palabras, la actividad administrativa, ya sea del MINAE a través de la Dirección de Aguas o del municipio en control urbano, son actividades declarativas no constitutivas de la afectación producto de la presencia de un cuerpo de agua natural, por lo que la existencia o no de un registro administrativo, en nada demerita el efecto jurídico limitante inmobiliario que la existencia del cuerpo de agua produce en los términos de la Ley de Aguas." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1342857", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 09841 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 13 de Octubre del 2025 a las 17:42\n\nExpediente: 24-003395-1027-CA\n\nRedactado por: Amy Lucía Miranda Alvarado\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n24-003395-1027-CA - 0\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nConocimiento\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nANA LUCÍA MAYELA VÍQUEZ HIDALGO\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nMUNICIPALIDAD DE CARTAGO\n\n \n\n N° 2025009841\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, EQUIPO I DE FONDO, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos del trece de Octubre del dos mil veinticinco.-\n\n \n\n Proceso de conocimiento declarado de PURO DERECHO interpuesto por la sociedad LA CASITA DE ESMERALDA SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante la sociedad) portadora de la cédula de persona jurídica 3-101-702991, representada por su Presidenta con facultades de apoderada generalísima y quien también demanda en forma personal, la señora ANA LUCÍA VÍQUEZ HIDALGO, (en adelante la actora), mayor, viuda, ama de casa, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número 4-0118-0545, interviene como apoderado especial judicial de las mismas el Lic. Fransúa Vásquez Rojas, mayor, abogado, portador del carnet de colegiado número 27120, en contra de la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, representada por la Licda. Luz Mery Brenes Calderón, mayor, abogada, y portadora del carnet de colegiada número 28931, en la condición de apoderada especial judicial.-\n\nRESULTANDO\n\n I.- En fecha 25 de mayo de 2024, la señora Víquez Hidalgo y la sociedad que representa, interponen proceso de conocimiento en contra de la Municipalidad de Cartago, formulando las siguientes pretensiones: \"1. Se de curso a la presente demanda. 2. Desistida. 3. Se condene a la Municipalidad de Cartago al pago de daño patrimonial que calcula quince millones setecientos setenta y tres mil seiscientos setenta y ocho colones, para la persona física nueve millones quinientos noventa y cinco mil sesenta y cuatro colones con nueve céntimos, daño moral subjetivo cuatro millones para la persona física, y perjuicios 10.000.000,00, cuatro millones para la sociedad y seis millones para la persona jurídica, ocasionados para un total de ¢29.773.678, 00. 4. Se aclara lo del daño moral subjetivo. (No se señala nada sobre la pretensión 4 original en cuanto a la reubicación de la acequia). 5. Se condene a la Municipalidad de Cartago al pago de costas personales y procesales\". (Ver demanda en imágenes 2 a 14, 212 y 213, y audiencia preliminar en imágenes 254 a 257 del expediente digital judicial).-\n\n II.- Otorgado el traslado de ley, la Municipalidad accionada se opone a la acción, solicitando se declare sin lugar la demanda y la condena al pago de ambas costas. Aunado a lo anterior, interpone las excepciones de fondo de falta de legitimación pasiva, falta de derecho y caducidad. Las excepciones previas de falta de agotamiento, falta de integración de litis, conducta no sujeta a impugnación y cosa juzgada fueron declaradas sin lugar en la audiencia preliminar. (Ver imágenes 111 a 130 del expediente digital judicial).-\n\n III.- La audiencia preliminar fue celebrada el día 13 de febrero de 2025, con la presencia de los representantes de todas las partes. En la misma se fijaron pretensiones, se admitió prueba documental y se declaró el asunto de puro derecho por lo que se rindieron conclusiones. (Ver audiencia preliminar y minuta en imágenes 254 a 257 del expediente digital judicial).-\n\n IV.- En fecha 24 de mayo de 2025, fue turnado el presente proceso al Equipo I de Fondo, y a la jueza ponente para ser resuelto en el mes de setiembre de 2025, conforme a los criterios de redistribución de expedientes en trámite del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, y en aplicación de los lineamientos establecidos conforme a los acuerdos N° 2.VI.2023, 11.VI.2023 y 12.VI.2023 adoptados en fecha 27 de julio de 2023, por parte de la Comisión de lo Contencioso del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, como parte del proceso de rediseño de la citada sede jurisdiccional aprobado por el Consejo Superior, y se resuelve según los varemos de prioridad de resolución establecidos por el Poder Judicial bajo el criterio de prioridad persona adulta mayor.-\n\n V.- Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, por unanimidad y previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.-\n\n Redacta la Juez Miranda Alvarado, con el voto afirmativo de los juzgadores Bolaños Salazar y Mejías Rodríguez.-\n\nCONSIDERANDO\n\n I.- SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: Al rendir conclusiones la parte demandada solicitó se admitiera como prueba para mejor resolver, el oficio UTGV-OF-145-2025 del 28 de febrero del 2025 y copia del expediente judicial 01-003674-0007-CO; de dicha prueba se concedió audiencia a la parte actora quien solicitó su rechazo. Recordemos que la prueba para mejor resolver es de resorte del Tribunal (art. 50.2 y 93.3 CPCA), y es la Cámara, una vez revisada la prueba obrante en autos, la que decide si la misma es de utilidad para la resolución del proceso y dispone entonces su admisión o rechazo. Ahora bien, una vez valorada esta prueba y siendo que la información aportada es útil y está relacionada a este proceso, se decide admitir la misma al contener elementos probatorios útiles para la resolución de esta litis.-\n\n II.- DE LOS HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente: 1) En el año 1999, se segregan de la finca del Partido de Cartago número 172775-000, se venden e inscriben las fincas del Partido de Cartago números 173881-000, con plano catastrado número C-0660438-2000, 173882-000, con plano catastrado número C-0660439-2000, 173883, con plano catastrado número C-0660437-2000, 173884-000, con plano catastrado número 0660441-2000, y 173885-000, con plano catastrado número C-660440-2000. (Ver imágenes 18, 19, 20, 31, 32, 33, 55 a 66, 81 a 87 del expediente digital judicial); 2) Los planos indicados supra no mencionan la existencia de una acequia o quebrada. (Ver Imágenes 17 a 20 del expediente digital judicial); 3) En la escritura del año 1999, en la cual se segregan los lotes que actualmente pertenecen a las partes actoras, se indica que los planos catastrados de las mismas no fueron visados por la Municipalidad porque no fue extendido el visado en el término de ley conforme el artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana. (Ver imágenes 74 a 93 del expediente digital); 4) En las citas de inscripción de las fincas del Partido de Cartago ya indicadas se menciona: la 173881-000, con plano catastrado número C-0660438-2000, la existencia de una compraventa con hipoteca (1999), la cancelación de la anotación (1999), una hipoteca (1999), cancelación parcial de la hipoteca (2000), hipoteca (2000), rectificación número de plano (2001), disminución de cabida (2001), hipoteca (2001), demanda ejecutiva hipotecaria (2002), compraventa (2002), adjudicación de finca por remate (2003), cancelaciones de hipotecas por orden judicial (2003) y adjudicación de finca procedimiento sucesorio (2021); la número 173882-000, con plano catastrado número C-0660439-2000, la existencia de una compraventa con hipoteca (1999), una hipoteca (1999), una hipoteca (2000), cancelación parcial de la hipoteca (2001), hipoteca (2001), rectificación número de plano (2001), disminución de cabida (2001), cancelada anotación (2002), demanda ejecutiva hipotecaria (2002), compraventa (2002), rectificación de nombre y cédula (2003), cancelación de hipotecas (2003), adjudicación de finca por remate (2003), cancelación total de gravamen por orden judicial (2003) y adjudicación de finca procedimiento sucesorio (2021); la finca 173883, con plano catastrado C-0660437-2000, la existencia de una compraventa con hipoteca (1999), dos hipotecas (1999), cancelación parcial de la hipoteca (2001), hipoteca (2001), disminución de cabida (2001), hipoteca (2001), demanda ejecutiva hipotecaria (2002), compraventa (2002), rectificación de nombre y cédula (2003), cancelación de hipoteca (2003), cancelada anotación (2005)  adjudicación de finca por remate (2005), cancelación total de gravamen por orden judicial (2005) y compraventa (2019); la finca 173884 con plano catastrado número C-0660441-2000, la existencia de una compraventa con hipoteca (1999), otra hipoteca (2000), cancelación parcial de las hipotecas (2001), hipoteca (2001), disminución de cabida (2001), hipoteca (2001), compraventa (2002), demanda ejecutiva hipotecaria (2002), cancelación anotación (2002), rectificación de nombre y cédula (2003), cancelación de gravamen (2003), inclusión de garantía (2003) cancelada hipoteca (2003), adjudicación de finca por remate (2005), cancelación total de gravámenes por orden judicial (2005) y compraventa (2019); la finca 173885-000, con plano catastrado número C-660440-2000, la existencia de una compraventa con hipoteca (1999), una hipoteca (2000), cancelación parcial de la hipotecas (2001), modificación de responsabilidad (2001), cancelación parcial de hipoteca (2001), hipoteca (2001), rectificación número de plano (2001), disminución de cabida (2001), hipoteca (2001), compraventa (2002), cancelación anotación (2002), demanda ejecutiva hipotecaria (2002), compraventa (2002), rectificación de nombre y cédula (2003), cancelación de hipotecas (2003), adjudicación de finca por remate (2003), cancelación de hipotecas (2003), cancelación total de gravamen por orden judicial (2003) y adjudicación de finca procedimiento sucesorio (2021). (Ver imágenes 50 a 54 del expediente digital judicial); 5) Los lotes segregados de la finca propiedad de Cartago número 172775-000 del señor Juan Cancio Mata Ortega, se vendieron a la sociedad Inversiones Reales Penjamo, S.R.L. y se hipotecaron todas en el año 1999 a favor de la empresa Agrinorte S.R.L, representadas las dos sociedades por Alexis Rivera Gómez. (Ver imágenes 81 a 87 del expediente administrativo); 6) En oficio AOP-143-00 de fecha 30 de agosto de 2000, el entonces Encargado del Área de Operaciones de la Municipalidad de Cartago, Ing. Jorge Araya Serrano, le indica al Arq. Juan Carlos Guzmán Víquez, Director de Urbanismo, que se habían recibido quejas de la Asociación de Desarrollo Integral de Lourdes, Distrito de San Francisco sobre las obras que se realizan en el cauce de la Quebrada María Antonieta, tramo ubicado 100 metros al este del Cementerio de la comunidad. Específicamente se entubó el cauce de dicha quebrada, sin contar con la autorización del Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía. Se agrega que se encontró un permiso de construcción para obras de infraestructura de un fraccionamiento en el cual no están incluidas las obras que se ejecutan cuando por el contrario los planos constructivos no contemplan en ningún momento el desvió de la quebrada María Antonieta. Indica que al hablar con el profesional encargado de la obra menciona que los estudios se hicieron en su momento para mantener el cauce natural y posteriormente mejorar su desfogue hacía el norte de la propiedad. Se le instruyó a paralizar cualquier trámite administrativo para otorgar los visados de segregación para los lotes que generara dicho fraccionamiento, hasta tanto no se resuelva el inconveniente presentado. (Ver 438 y 439 del expediente digital judicial); 7) En fecha 29 de agosto del 2000, se notifica al señor Alexis Rivera Gómez, la cédula de Notificaciones número 0423, para que proceda a recoger las aguas al cauce que había anteriormente y no desviarlas para echarlas a la vía pública de lo contrario se tomarían las medidas de acuerdo con la ley. (Ver imagen 440 del expediente digital judicial); 8) En oficio IMN-DA-2479-00 del 01 de diciembre de 2000, funcionarios del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional del Ministerio de Ambiente y Energía, le indican al Ingeniero José Miguel Zeledón Calderón como Jefe del Departamento de Aguas, en lo de interés que, el 30 de octubre de 2000, se había realizado una evaluación hidráulica de la capacidad de conducción del sistema de canalización utilizado con el realineamiento y entubamiento de la Quebrada María Antonieta. Que en la inspección realizada se detectó que se realizó una canalización lateral que conduce el agua hasta dos tuberías que corren bajo una acera y una cuneta paralela a la calle, y que esa desviación se realizó donde en propiedad de un tercero aparentemente hermano del propietario de la finca donde se entubo la Quebrada María Antonieta. Que por el cauce original de la Quebrada no corre agua debido a que taponeó con el objeto de desviar esta agua hacia el nuevo canal. Que por la dirección de las aguas se notó que en una reciente crecida el agua superó el nivel de taponamiento por lo que corrió agua tanto por el canal como por cauce natural de la Quebrada. Que con la obra se modificó totalmente la condición de zona protectora ya que en todo el entubamiento dicha zona protectora corresponden, en la margen derecha, a la calle pública del lugar. Que por haberse realizado una obra de entubamiento y desviación de un cauce de dominio público ilegal, se considera conveniente comunicar al señor Juan Cancio Mata Ortega, que debe devolver las cosas al estado original en el plazo de tres días. Lo anterior se traduce en la resolución IMN-DA-2513-2000 de las 10:00 horas del 7 de diciembre de 2000, del Ministerio de Ambiente y Energía. (Ver imágenes 619 a 622 del expediente digital judicial); 9) Por recurso de amparo número 01-003674-0007-CO, se tramitó denuncia del señor Julio Hernández Fonseca, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Lourdes de Aguacalientes, quien interpuso recurso de amparo contra Juan Cancio Mata Ortega, Alexis Rivera Gómez, el Presidente del Tribunal Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Cartago. (Ver imágenes 609 a 617 del expediente digital judicial); 10) Mediante sentencia 2001-07204 de las 15:43 horas del 24 de julio de 2001, de la Sala Constitucional se declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Desarrollo Integral de Lourdes, en el cual se ordenó a la Municipalidad de Cartago, solucionar el problema de la desviación de la quebrada María Antonieta en el plazo de un mes. (Ver imágenes 513 a 526 del expediente digital judicial); 11) Mediante escrito de fecha 25 de junio de 2023, se pone en conocimiento de la Sala Constitucional, lo dispuesto por el Concejo Municipal de Cantón Central de Cartago, artículo 3 del Acta No. 82 de la sesión del Concejo Municipal del 17 de junio de 2003. Este referido al problema de la Quebrada María Antonieta y el problema de la desviación de esta. Y que los días 15 y 22 de abril de 2003 de procedió por el Eje de Infraestructura y Gestión Ambiental, a realizar la apertura del cauce. (Ver imágenes 350 y 351 del expediente digital judicial); 12) La casita de Esmeralda S.A., se constituyó y registró en el año 2015, y su representante judicial y extrajudicial es la señora Ana Lucía Víquez Hidalgo. (Ver imágenes 15 y 16 del expediente digital judicial); 13) En el año 2019, las fincas del partido de Cartago números 173883-000, con plano catastrado C-0660437-2000 y 173884-000, con plano catastrado C-0660441-2000, son traspasadas por la señora Ana Lucía Víquez Hidalgo como Apoderada Generalísima del señor Carlos Hernández Vargas, propietario de estas fincas a la sociedad La Casita de Esmeralda, S.A. también representada por ella misma. (Ver imágenes 17, 29, 30, 67 y 68 del expediente digital judicial); 14) La señora Víquez Hidalgo es propietaria registral desde el año 2021, como heredera del otrora propietario, Carlos Hernández Vargas, su cónyuge, de las fincas del Partido de Cartago números 173881-000, con plano catastrado número C-0660438-2000, 173882-000, con plano catastrado número C-0660439-2000 y 173885-000, con plano catastrado número C-660440-2000. (Ver imágenes 18, 19, 20, 31, 32, 33, 55 a 66 del expediente digital judicial); 15) En fecha 24 de enero de 2023, la parte actora presentó en la Plataforma de servicios de la Municipalidad de Cartago, una solicitud para que se le informara el procedimiento empleado para la creación de una acequia en las propiedades 173881-000. 173882-000, 173883-000 y 173884-000 de Cartago porque señala no se les informó sobre la intervención de sus propiedades. (Ver imágenes 151 a 155 del expediente digital judicial); 16) Mediante resolución de las 11:13 horas del 2 de febrero de 2023, de la Alcaldía de la Municipalidad de Cartago, se indicó que, revisados los expedientes en la Dirección de Urbanismo no constaba ningún inicio de procedimiento administrativo ni procedimiento a informar a la representante de la sociedad ni a la administrada en lo personal. En el Área de Operaciones se indica que tampoco se ha realizado ninguna intervención ni procedimiento asociado a lo referido. Señalan que entonces se rechaza la pretensión de indemnización sobre todo por no probar lo que ellos afirmaban. (Ver imagen 143 del expediente digital judicial); 17) Mediante la resolución de las 10:25 horas del 10 de febrero de 2023, de la Alcaldía Municipal de Cartago, se resuelve, rechazándose, recurso de revocatoria presentado por el abogado de la parte actora. (Ver imágenes 144 a 145 y 187 a 192 del expediente digital judicial); 18) En el oficio UTGV-OF-145-2025 del 28 de febrero de 2024, el Ingeniero Topógrafo Caminos y Calles, Ing. Oscar García Bravo, informa al Ing. Jorge Araya Serrano, del Área de Operaciones Municipales de la Municipalidad de Cartago, lo siguiente: \"De acuerdo con su solicitud realizada mediante el correo electrónico institucional, con fecha del 27 de febrero del 2025; sobre realizar el análisis de las propiedades identificadas con los números de Finca 3-173883-000 y 3-173884-000, 3-172881-00, 3-173882-000 y 3-173885-000, que están siendo afectadas por el Cuerpo de Agua, objeto de estudio del Oficio DA-UHCAROC-0153-2024, emitido por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, dirigido al funcionario Jorge Armando Jiménez Aguilar, me permito indicar que: Tomando en cuenta la información sobre la ubicación del Cuerpo del Agua objeto de estudio, del presente informa, se verificaron por medio del Sistema e Información Geográfica Municipal (GIS), las coordenadas de \"Punto de Inicio del Dictamen y Punto Final del Dictamen\", proporcionadas por el MINAE, contenidas en el Oficio DA-UHCAROC-0153-2024\". A partir de esa información se localizó en el sistema de información geográfica municipal punto inicio de dictamen y punto final del dictamen, también se localizó en la imagen del visor oficial WEB de Hidrografía de la Dirección de Aguas del MINAE el cuerpo de agua y a partir de ello se realizó un montaje de ortofoto, mapa catastral, oficial municipal y cuerpo de agua en estudio, donde se localiza el trayecto que trae la quebrada y como atraviesa no sólo las fincas objeto de la demanda sino todos los lotes que se encuentran en la trayectoria de la quebrada en las coordenadas en estudio. Con esto se identifica en el montaje las cinco fincas del proceso. Continua el oficio señalando: \"De acuerdo con el esquema anterior, se puede evidenciar como las Fincas inscritas bajo el Folios Real, 3-173883-000 y 3-173884-000, 3-173881-000, 3-173882-000 y 3-173885-000, según su Ubicación Geográfica, inscripción y derrotero de los planos de Catastro, se encuentran directamente afectadas por el Cuerpo de Agua, objeto de estudio del Informe que nos ocupa, Además, de acuerdo con la información oficial publicitadas en el Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI), se puede evidenciar que el Cuerpo de Agua, que se investiga se encuentra debidamente señalado en la Cartografía Oficial, en el Mosaico de Hojas Cartográficas Tapanti Escala 1:5000 y con relación al Mapa Catastral Oficial, las Fincas inscritas bajo el Folio Real, 3-173883-000 y 3-173884-000, 3-173881-000, 3-173882-000 y 3-173885-000, están directamente afectas por el curso del Cuerpo de Agua\". (Imagen del cuerpo de agua en SIRI). Conclusiones: 1. Se puede evidenciar que de acuerdo con la información del Oficio del MINAE; DA-UHCAROC-0153-2024, el Cuerpo de Agua en Estudio, se dictamina como: CUERPO DE AGUA DE DOMINIO PÚBLICO DE CARÁCTER PERMANENTE. 2. Este Cuerpo de Agua es conocido popularmente como la Quebrada María Antonieta. 3. Las fincas inscritas bajo el Folio Real 3-173883-000 y 3-173884-000, 3-173881-000, 3-173882-000 y 3-173885-000, se encuentra directamente afectadas por el trayecto oficial y natural de la Quebrada María Antonieta\". (Ver imágenes 220 a 225, 244 a 249 y 431 a 436 del expediente digital judicial); 19) Mediante oficio DA-UHCARROC-0153-2024 del 08 de marzo de 2024, la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, indica al Jefe de Aseo de Vías y Sitios Públicos de la Municipalidad de Cartago, en lo de interés: \"En atención a su solicitud de dictamen de cuerpo de agua mediante oficio LV-OF-035-2024 en el sector de Agua Caliente, Cartago, se informa de la inspección realizada lo siguiente: • Se realizó inspección con fecha del 07 de marzo del 2024. • Desde el punto de vista técnico, el dictamen sobre un cuerpo de agua es la actividad sobre la cual, un funcionario profesional de la Dirección de Agua con competencias suficientes, aplica la ciencia, la técnica y la tecnología para analizar las características presentes en un cuerpo de agua y sus cercanías. Como resultado del análisis, se obtiene un informe que describe las condiciones del cuerpo de agua analizado, su clasificación en información relevante, necesaria para servir de insumo en otros procesos técnicos o legales. El criterio lo emite el funcionario público por las responsabilidades y derechos que le otorga la Ley General de la Administración Pública. • Se observaron las condiciones físicas de los sitios y su entorno mediante un recorrido alrededor del mismo, también se levantaron los puntos de referencia con un dispositivo GPS, marca Garmin Montana 689 con un error de precisión de +- 3m, utilizando coordenadas planas con proyección Lambert Costa Rica Norte. (...) 2. Fundamento técnico: El presente dictamen se realiza conforme a la \"Guía Técnica para Realizar Dictámenes sobre Cuerpos de Agua\" código DA-GRH-0013 elaborada por la Dirección de Agua, la cual define lo siguiente: Quebrada: La quebrada se define como el curso de agua que corre por una hendidura de una montaña o terreno. También se puede definir como el flujo de agua permanente o intermitente que corre por las quiebras de las sierras o de la tierra llana. Cualquier agua a que corre de una barranca a un río. Abertura estrecha y áspera entre montañas, Valle relativamente estrecho entre dos cordones de montañas, Son de poco caudal si se compara con un río, y no apto para la navegación o la pesca significativa. En las quebradas por lo común, solo viven especies de peces sumamente pequeños, tienen poca profundidad. (...) NUMERO DE FUENTE: 1 REFERENCIA O PLANO LV-OF-035-2024 FECHA DE EVALUACIÓN: 07 -Marzo-2024 PROVINCIA CARTAGO CANTÓN CARTAGO DISTRITO AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO TIPO DE FUENTE: QUEBRADA NOMBRE: SIN NOMBRE CRITERIO SOBRE LA FUENTE: CUERPO DE AGUA DE DOMINIO PUBLICO DE CARÁCTER PERMANENTE  AFLUENTE DE: RÍO AGUACALIENTE HOJA CARTOGRÁFICA: TAPANTI CUENCA: (73-09) REVENTAZON PARISMINA (...) JUSTIFICACIÓN: En campo se realiza observación de una quebrada con características tales como presencia de flujo en recorrido de análisis, vegetación hidrófila asociada a medios acuáticos. Se observa un cauce con poca pendiente de fondo del cauce moderada y granulometría tipo canto rodado, la coloración de flujo es gris por el aporte de aguas residuales domesticas en el sitio. Según la consulta al Registro de Dictámenes de Cuerpos de Aguas, que lleva esta Dirección no se registran criterios previos en el sitio de análisis. Por lo anterior, consultado el Registro Nacional de Aprovechamientos de Agua y Cauces, Registro Nacional de Dictámenes de Cuerpos de Agua y la valoración de campo la coordenada de análisis corresponde a una quebrada sin nombre cauce de dominio público con tipo de flujo intermitente\". (Ver imágenes 106 a 110 del expediente digital judicial).- \n\n III.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: De interés es mencionar, que no se acreditaron por las partes los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad haya creado artificialmente una acequia en los terrenos de las actoras. (No hay elementos probatorios al respecto). 2) Que las actoras solicitasen licencias de construcción a la Municipalidad para las obras en los inmuebles objeto de litigio. (No hay elementos probatorios al respecto) 3) Que los terrenos de las actoras reunían las condiciones aptas y propias para desarrollar una actividad residencial. (No hay elementos probatorios al respecto). 4) Que las partes accionantes adquirieran con un afán urbanístico y al amparo registral, las fincas de Cartago que pertenecían al señor esposo de la acá actora y representante de la sociedad accionante. (No hay elementos probatorios al respecto).-\n\n IV.- SOBRE EL ARGUMENTO DE LAS ACCIONANTES En síntesis, la representación de la parte actora alega que: \"(...) SOBRE LA NO INSCRIPCIÓN DE LA ACEQUIA. Como responsabilidad del Gobierno Local, expresamente la Municipalidad de Cartago debe informar a los propietarios sobre su actuar y más aún tras creación de la acequia, debe encargarse de inscribir dicho gravamen en las propiedades, ya que, tal y como se constata de los estudios y planos de las propiedades actualmente no consta ningún gravamen ni muestra alguna de una acequia, siendo esto un elemento de gran importancia, por cuanto, si un tercero desea adquirir el bien, consulta en el Registro Nacional y aparece limpio pero que podría generar una consecuencia legal para la suscrita o su representada al conocer las propiedades y observar la acequia que transita por la mitad de dichas propiedades. SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN GENERAL La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se ha referido en cuanto a los daños y perjuicios: \"...IX.- En primer lugar, se analizará lo relativo a los daños y perjuicios. La jurisprudencia ha definido dichos conceptos así: \"IV. El daño constituye uno de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, por cuanto el deber de resarcir solamente se configura si ha mediado un hecho ilícito dañoso que lesione un interés jurídicamente relevante susceptible de ser tutelado por el ordenamiento jurídico. El daño, en sentido jurídico constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. El daño constituye la pérdida irrogada al damnificado (damnum emergens), el perjuicio está conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de percibir (lucro cesans), la cual era razonable y probablemente esperable si no se hubiese producido el hecho ilícito. V. No cualquier daño impone la obligación de resarcir. Para que sea indemnizable han de confluir básicamente, las siguientes características: A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturables. El daño no pierde ese carácter si su cuantificación resulta incierta, indeterminado o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero futuro; no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o perjuicio. En lo relativo a la magnitud o monto (seriedad) del daño, constituye un extremo de incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el derecho no puede ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes derivadas de una excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de indemnización. Así puede haber un damnificado directo y otro indirecto: el primero es la víctima del hecho dañoso y el segundo serán los sucesores de la víctima. C) Debe ser causado por un tercero y subsistente; esto es, que no haya sido reparado. D) Debe mediar una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño. VI. Dentro de las clases de daños, se encuentra en primer término el daño material y el corporal, siendo el primero el que incide sobre las cosas o bienes materiales que conforman el patrimonio de la persona, en tanto el segundo repercute sobre la integridad corporal y física. En doctrina, bajo la denominación genérica de daño material o patrimonial suelen comprenderse las específicas de daño corporal y de daño material, en sentido estricto. La segunda parece ser la expresión más feliz, pues el daño corporal suele afectar intereses patrimoniales del damnificado (pago de tratamiento médico, gastos de hospitalización, medicamentos, etc.), ganancias frustradas si el daño lo ha incapacitado para realizar sus ocupaciones habituales (perjuicios), etc.\" (Sala Primera de la Corte, No. 1 12 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992 y No. 714 de 16:20 horas del 18 de setiembre del 1002). En el caso que nos ocupa, se dio el ingreso injustificado por parte de la Municipalidad de Cartago a las propiedades de la suscrita y su representada, creando una acequia que a todas luces afecta en el aprovechamiento integral de las propiedades en cuestión, aunado a que no se realizó ningún tipo de proceso administrativo, solo sucedió un hecho totalmente ilícito, y unilateral, ya que no consta evidencia alguna de dicha acequia salvo la visita de las propiedades, lo cual, causó gran daño a los inmuebles y en las propietarias. DAÑO MORAL. Podemos apreciar el daño moral debido a que, posterior al impacto de observar las propiedades se ha afectado el sueño de la suscrita debido al gran estrés de la situación ya que, producto del daño a las propiedades no se pueden utilizar más estos inmuebles, las cuales perdieron totalmente su valor y funcionalidad, siendo así que la decisión de la adquisición de dichas propiedades atormente cotidianamente a la suscrita. Es decir, la situación genera gran incertidumbre, en cuanto se violentó la diligencia de la suscrita y su representada al procurar mantener su estabilidad al adquirir las propiedades mencionadas para su pleno disfrute, no obstante, debido al mal actuar de la Municipalidad de Cartago, esa tranquilidad en las decisiones tomadas al adquirir las propiedades se vieron plenamente afectadas, ya que, nunca se consideró que una entidad estatal o un Gobierno Local pudiese actuar en contra de los bienes antes señalados. Por este motivo, la suscrita decide instaurar el presente proceso judicial con la única finalidad de se nos indemnice tanto a mi representada como a la suscrita lo que es debido, ya que el desgaste mental, emocional y social que se deriva de esta situación es inmenso. DAÑO PATRIMONIAL. El daño patrimonial hace referencia a todos aquellos elementos que afectan directamente los bienes de la parte afectada y las consecuencias económicas derivadas del mal actuar del responsable. Más allá del abusivo actuar de la Municipalidad de Cartago que se ha desarrollado a lo largo del presente proceso, se deben indemnizar las afectaciones causadas en las tierras sus propietarias, quienes contaban con terrenos que reunían las condiciones aptas y propias para desarrollar la actividad residencial, pero por el descuido y el mal actuar del Gobierno Local, en la actualidad no se cuentan con las circunstancias idóneas para el desarrollo urbanístico de las propiedades, ni su libre disposición. La cantidad de esfuerzos y recursos para revertir el efecto de la acequia en las propiedades no solo es económica, sino que conllevará mucho tiempo y trabajo, sin tomar en consideración el detalle de los trámites administrativos que deben ser llevados a cabo para la movilización de la acequia y su protección a pesar de no ser adquirida la propiedad con esta condición. Con base en lo anterior, el permitir la permanencia de la acequia en las propiedades de mi representada daña la productividad de las mismas, mientras se mantenga dicha acequia en las propiedades, se produce una gran pérdida pecuniaria en el patrimonio de las actoras, quienes adquirieron las propiedades sin anotaciones, gravámenes ni evidencia catastral de alguna afectación o imposibilidad de utilizar los bienes, es decir, se adquirió con la con la finalidad de desarrollar dichos terrenos, lo cual no puede ocurrir en la actualidad debido a que, la acequia se encuentra en medio de las propiedades. Corolario a lo anterior, debido a la creación de la acequia en las propiedades supra mencionadas, estás perdieron totalmente su valor, ya que, es imposible usarlas, disfrutarlas plenamente, es imposible construir en las propiedades, por lo tanto, su naturaleza se afectó plenamente siendo que era el uso residencial, pero al crearse la acequia en medio de las propiedades es completamente absurdo la planificación de construcciones en dichos terrenos. En caso de realizar algún tipo de movilización de la acequia, se requiere de una tramitología excesiva sin mencionar el costo económico de las propietarias para realizar dicho movimiento adecuadamente, lo cual es totalmente irracional, considerando que dicha acequia no se hallaba en las propiedades cuando se adquirieron y debe ser un monto que debe cubrir el responsable, la Municipalidad de Cartago. Así mismo, al transitar la acequia por los inmuebles, la tierra de las propiedades no se encuentra en las condiciones adecuadas para construir y desarrollar la actividad propia de la naturaleza de los inmuebles, por lo que, se deberá incurrir en otro gasto adicional o en su defecto esperar por un plazo indeterminado hasta que las propiedades se encuentren en condiciones idóneas para configurar la naturaleza que les fue conferidas. Por todo lo anterior, en este caso es evidente la lesión de bienes jurídicos, respaldando presencia de daños, tanto el daño moral como el patrimonial, donde se lesionan derechos de la parte actora tanto en confianza estatal, como en el valor económico de sus inversiones. PERJUICIO. El perjuicio se ha catalogado como una lesión patrimonial, pero se diferencia del daño porque hace referencia a una expectativa, es decir, entre una situación presente y futura. En este caso, la parte actora adquirió los bienes inmuebles con la finalidad de utilizarlos, producir en ellos y generando la expectativa de no incurrir en gastos ni limitaciones innecesarias por tratarse de bienes totalmente libres a tanto a nivel catastral como registral. Además de lo establecido previamente, mi representada ha dejado de percibir ingresos económicos proyectados, ya que, el estado en que se encuentran las propiedades no permite realizar el uso que realmente amerita, es decir, está perdiendo su valor para el empleo de los mismos como residencias, naturaleza para la cual fue destinada. Adicionalmente, se están deteriorando las propiedades afectadas de la parte actora, afectando así las posibilidades actuales y futuras de la actora, quien actualmente ha sufrido pérdidas y se calculan que se mantendrán por un tiempo mientras recupera el estado de las fincas a un estado similar al que tenían previo a la creación de la acequia, así como el tiempo futuro que requerirá para mover la acequia. Todo proyectado a la posibilidad de dicha movilización y la pronta intervención en las áreas afectadas, ya que, de sobrepasarse la afectación podría ser mayor e incluso irreparable siendo el prejuicio un elemento permanente. Basado en lo comentado con anterioridad, se ha mantenido vigente en la jurisdicción costarricense que, para hablar de daños y perjuicios se deben de cumplir ciertos supuestos, siendo estos: que sean ciertos, actuales y que se afecte un derecho adquirido. En el caso que nos ocupa se han demostrado los tres supuestos, siendo que es una situación que se mantiene en la actualidad, lo cual causa gran temor a la actora por sus posibles efectos, son completamente ciertos para lo cual se cuenta con distintos elementos probatorios que son anexados al presente escrito e incluso se cuenta con la anuencia de realizar un reconocimiento judicial de la zona para que el juzgador pueda verificar los datos suministrados. Que todo lo acontecido proviene del mal actuar de la demandada debido a que previo las propiedades se encontraban en perfecto estado sin una acequia que las afectara, como se evidencian en las pruebas aportadas al presente escrito\".-\n\n V.- SOBRE EL ARGUMENTO DE LA DEMANDADA: En resumen, indica la representación de la Municipalidad de Cartago que: \"(...) I. FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: INEXISTENCIA DE SOLICITUD ANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Con respecto al agotamiento de la vía administrativa previo a la solicitud de la tutela judicial, es menester señalar que, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley n.° 8508, la regla es que esta es facultativa, empero, tratándose del régimen municipal del artículo 173 de la Constitución Política deriva la exigencia de un agotamiento preceptivo de la vía administrativa aspecto sin el que resulta imposible la habilitación de la vía judicial. Sobre esta el Tribunal Contencioso Administrativo, en resolución n.º 00459-2019, señaló: Ahora bien, para este Tribunal lleva razón el representante de la Municipalidad accionada en cuanto a la excepción planteada, resultando indispensable para este Despacho que la parte actora demuestre el agotamiento de la vía administrativa. Lo anterior está debidamente respaldado por el criterio externado por la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. . . al indicar que el agotamiento de la vía administrativa, en materia Municipal es un requisito exigido por Ley, como una actuación previa a acudir a esta Jurisdicción, ya que si no se ha agotado la vía administrativa, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no estaría habilitada para admitir y dirimir la procedencia de lo gestionado; precisamente por no constar el agotamiento de aquella vía y que es de carácter preceptivo, con fundamento en el artículo 31.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 173 de la Constitución Política... Por lo anterior, y al no haberse cumplido con ese requisito previo exigido por ley, esta Jurisdicción no estaría habilitada para resolver por el fondo la procedencia o no de lo aquí gestionado . . . precisamente por no constar de forma inequívoca o manifiesta el agotamiento de aquella vía y que es de carácter preceptivo, que es en definitiva lo que habilitaría para conocer del caso, con fundamento en el artículo 31.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 173 de la Constitución Política. (...) Como se extrae de la pretensión y la teoría del caso expuesta por la actora, la misma requiere la tutela judicial a efectos de que se ordene la reubicación de la acequia, realizada, a su juicio de forma ilegal por parte de la Municipalidad de Cartago, no obstante, tal  como se ha indicado, las fincas de las actoras se encuentran intervenidas por el cauce natural de la Quebrada María Antonieta, por tanto, no es cierto que la acequia fuera creada por funcionarios de la Municipalidad de Cartago. Por tanto, esta Representación presenta la excepción de falta de competencia de la vía administrativa, siendo que la parte actora, no solo no ha demostrado haber realizado un requerimiento formal a la Administración Municipal respecto del caso en cuestión, sino que además no ha aportado prueba que permita acreditar el agotamiento de la vía administrativa antes de recurrir a esta sede judicial para requerir la reubicación de la acequia. A la luz de lo anterior, el efecto de la falta de agotamiento de la vía administrativa en este caso es que el Tribunal Contencioso administrativo no está habilitado para resolver sobre la solicitud de reubicación de la acequia por parte de la actora. Por tanto, se solicita acoger la excepción planteada y en consecuencia declarar la inadmisibilidad de la demanda incoada. II. INEXISTENCIA DE HECHOS Y PRETENSIÓN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO: FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM PASIVA Y FALTA DE INTEGRACIÓN DE LA LITIS CONSORCIO NECESARIO. La parte actora requiere que se orden e a la Municipalidad de Cartago la reubicación de la acequia que atraviesa su propiedad, la cual en realidad tal como lo señala el oficio n.° DA-UHCAROC-0153-2024, corresponde al cauce natural de la Quebrada María Antonieta. Ahora bien, de acuerdo con la ley n.° 7152, Conversión del Ministerio de Industria, Energía y Minas en Ministerio de Ambiente y Energía, corresponde al MINAE realizar el inventario, así como la protección de los recursos naturales con los que cuenta el país. Adicional a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el agua es de dominio público, por lo que el único competente para reubicar el cauce de la Quebrada en los términos que solicita la actora es el Estado por medio del MINAE. Al respecto la Sala Constitucional, en resolución n.° 01923 – 2004 señaló: ... la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 13 de octubre de 1995 y sus reformas, en el numeral 50 -cuyo epígrafe es “Dominio público del agua”- reforzó esa declaratoria de demanialidad y preceptúo que “El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”, este instrumento legislativo supone una afectación expresa, de las aguas continentales (aguas superficiales y subterráneas -al no distinguirlas-) al demanio público del Estado y califica de interés social, con lo que se dejó expedito el camino para eventuales expropiaciones o limitaciones por razón de interés social (artículo 45 de la Constitución Política, su protección, preservación o conservación y uso sostenido o racional. Por tanto, siendo que en razón de que la Municipalidad de Cartago se encuentra imposibilitada para alterar cauce normal de la Quebrada María Antonieta, y considerando que la protección de este recurso natural corresponde al Estado, solicita esta representación se integre al presente proceso al MINAE y adicionalmente, se declare en sentencia la falta de legitimación pasiva de las actoras para demandar a mi representada. III. CONDUCTA ADMINISTRATIVA NO SUJETA A IMPUGNACIÓN. En la teoría del caso, la parte demandante argumenta que la Municipalidad llevó a cabo la construcción de una acequia que cruza su propiedad, empero, como se ha detallado la misma corresponde al cauce natural de la Quebrada María Antonieta. En suma, reclama por parte de la Administración la ejecución de una actuación material ilegitima, sea vía de hecho. Sin embargo, la actuación de la Municipalidad deriva del cumplimiento del mandato emitido pr la Sala Constitucional en la resolución N° 07201-2001 de las 15:43 horas del 24 de Julio del 2001, en el año 2000, en donde se ordena \"Al Alcalde de la Municipal de Cartago utilizar los mecanismos previstos en la ley para solucionar definitivamente el problema de la desviación de la quebrada María Antonieta en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la presente resolución\". En síntesis, esta resolución ordena restaurar la quebrada a su trayectoria original, por lo que las actuaciones de la Municipalidad corresponden a la ejecución material de lo ordenado en sentencia, siendo imposible la impugnación de dicha conducta en esta sede por derivar de una resolución con carácter de cosa juzgada y eficacia erga omnes. IV. COSA JUZGADA. En los términos infra expuestos puede apreciarse que en la resolución n.º 07204 - 2001 de las 15:43 horas del 24 de Julio del 2001, en el año 2000, la Sala Constitucional abordó lo relacionado al cause por el que naturalmente debía correr la Quebrada María Antonieta, ordenando a la Municipalidad intervenir las obras que habían originado su desvió por parte del señor Juan Cancio Mata. De esta forma, siendo abordado dicho extremo por la Sala Constitucional, deviene en imposible el conocimiento de la pretensión de la actora en esta sede. Al respecto de la cosa juzgada constitucional, la Sala Constitucional en resolución n.° 12825 – 2014 ha dispuesto: La cosa juzgada constitucional tiene singularidades propias y especiales que la distinguen de la cosa juzgada de legalidad, que son las siguientes: a) No cabe ningún recurso, ni siquiera el extraordinario de revisión contra una sentencia constitucional; b) la cosa juzgada constitucional se extiende a la parte dispositiva (por tanto) como a la parte considerativa o razonamientos de hecho y de derecho expuestos por la Sala Constitucional; c) la eficacia de la cosa juzgada constitucional no es relativa ±relatividad de la cosa juzgada de legalidad- sino absoluta y general, se extiende a cualquier sujeto de derecho, tanto los que intervinieron como partes principales  o accesorias como a los que no fueron parte en el proceso constitucional. (El subrayado no es del original).  En consecuencia, dado que la Sala Constitucional ya se ha pronunciado sobre la cuestión relacionada con el curso de la Quebrada María Antonieta y las responsabilidades municipalidades respecto a su desviación realizada por el señor Juan Cancio Mata no es posible volver a discutir este rema en sede judicial por cuanto reviste del carácter de cosa juzgada constitucional. V. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. Como ha podido apreciarse las actuaciones materiales de la Municipalidad derivan del cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional en la resolución n.º 07204-2001 de las 15:43 horas del 24 de Julio del 2001,en el año 2000, siendo que dichas actuaciones datan del año 2001, por tratarse de una actuación material al amparo del numeral 39, inciso c) del CPCA, sobradamente ha transcurrido el plazo de un año para impugnar tales actuaciones, en consecuencia se requiere la declaratoria de la caducidad de la presente acción. VI. IMPROCEDENCIA RECONOCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. La parte actora no aporta elemento alguno que permita acreditar la ilegalidad de las actuaciones de la Municipalidad por lo que no siendo ilegitima la conducta desplegada por la Administración es improcedente el daño material y moral reclamado. Tal como lo ha resuelto este Tribunal en sentencia n.° 49-2019 de las 16:25 horas del 30 de abril de 2019, en la vía contenciosa la parte actora debe aportar prueba para demostrar la ilegalidad de los actos, no basta con criticar el procedimiento: Olvida el funcionario que en materia de lo contencioso y tratándose el objeto del proceso acerca del control de legalidad de la función administrativa expresada mediante conducta administrativa formal, se yergue sobre los hombros del justiciable una carga procesal, no sólo de carácter argumentativa, respecto de los vicios que presentan los elementos del acto administrativo, sino además –cuando corresponda-, una de tipo probatorio, relativa a la necesidad de acreditar precisamente dichas irregularidades jurídicas. Esto obedece a los principios de conservación y de presunción de validez y legitimidad del acto administrativo, conforme dimana de los numerales 168, 169 y 176 de la Ley General de la Administración Pública, que junto con el artículo 41.1 del Código Procesal Civil (Ley N° 9342), (…) si bien es cierto que la relación entre las partes de este proceso, es eminentemente de empleo público, y por ende, tienen vigencia, con mayor o menor incidencia, algunos principios del derecho laboral, predominan los del derecho público y administrativo. Así las cosas, podemos afirmar jurídicamente que, aún tratándose de un proceso de empleo público, las cargas procesales y probatorias en un litigio contencioso administrativo en el que medie el control de legalidad de un acto administrativo, se corresponden con las reglas generales y por tanto, es el actor quien deberá acreditar plenamente la disconformidad sustancial del acto administrativo respecto del ordenamiento jurídico (Art. 158 LGAP). En el caso concreto, el actor ha fallado en la satisfacción de esta regla general, por cuanto no ha aportado ningún elemento distinto del mismo expediente administrativo que permita desvirtuar la conducta impugnada y como veremos seguidamente, ninguno de los elementos que obran allí permiten arribar a un resultado distinto al que concluyó la Administración demandada. Esto por cuanto la parte obvió en su teoría del caso, que el recurrir ante un Tribunal Contencioso Administrativo no es instancia más dentro de la vía administrativa y que una supuesta indebida valoración de la prueba en el procedimiento administrativo únicamente tiene relevancia en sede judicial, en el tanto concluya en la comprobación de un vicio o en la inexistencia del motivo de hecho del acto administrativo\". En lo que respecta al daño moral subjetivo reclamado, si bien, por su naturaleza misma, este no requiere de una prueba directa, a efectos de otorgar una cuantificación que permita resarcir el daño, cobra especial relevancia el análisis del material probatorio presentado. De esta forma, constituye una obligación de quien lo reclama presentar la prueba que permita valorar la intensidad del daño aducido. Adicionalmente, debe constatarse la existencia de un nexo causal entre la causa antecedente y el daño, aspectos determinantes para establecer una cuantificación adecuada del daño en observancia de la razonabilidad y proporcionalidad. Así ha sido enfatizado por este Tribunal en la resolución n.° 00080-2019, que en lo conducente se procede a citar: .... 1) Implicaciones de la máxima \"in re ipsa\" ... Lo abstracto e indeterminado del daño moral subjetivo, permite que quien lo reclama o bien, quien lo refuta, pueda ofrecer elementos de prueba dirigidos a establecer parámetros sobre el nivel de afectación concreta o la intensidad que ha generado determinada circunstancia lesiva en esa esfera emocional o interna de una persona física. Una cosa es que el daño como consecuencia pueda inferirse sobre la base de indicios y reglas de experiencia humana, y otra muy diversa es la intensidad de ese padecimiento.... 2) Deber de acreditación de la causa antecedente de la lesión interna. Como derivación de lo expuesto, si bien su otorgamiento no se encuentra condicionado o sujeto a factores probatorios, no sucede lo mismo cuando se trata de establecer el nexo causal que permite solicitarlo. Es decir, la relación de causalidad que permitiría entender por ocurrido el daño moral subjetivo, debe ser acreditada, al menos, con la vinculación de un proceder o inercia pública como fuente causante de la lesión interna. Esto supone que es deber de quien lo reclama, acreditar la causa dañosa, en tanto hechos que, en teoría, han dado como consecuencia, ese efecto lesivo. De ese modo, si la existencia del daño se puede inferir de indicios, es claro que tal inferencia debe sustentarse en la debida comprobación de las circunstancias a partir de las cuales se alega ese detrimento extrapatrimonial. Dentro del nexo causal, es evidente que no puede generarse esa relación causa-efecto, sino existe detalle y prueba debida de las circunstancias antecedentes que se han constituido en la causa adecuada de la lesión. La regla \"in re ipsa\" permite asumir el daño a partir de causas demostradas, más no posibilita colegir la ocurrencia efectiva de los hechos u omisiones que se constituyen en cada caso como causa productora de las lesiones reclamadas... 3) Consideración de circunstancias antecedentes como parámetro de tasación. Reglas de proporcionalidad. Ha sido regla aceptada que, pese a esta dispensa demostrativa aludida de la existencia del daño (que no de su causa), su fijación está sujeta a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad... 4) Deber de motivación de la cuantificación. Finalmente, como corolario de lo expuesto en los ítems previos, y como derivación del deber genérico de motivación de los fallos, que en esta sede impone el ordinal 57 del CPCA, es necesario que en cada caso, la tasación del daño moral subjetivo, sea precedida de la exposición clara y consistente de las razones por las cuales se llega a ese monto reparatorio. En orden aloque se viene exponiendo, ello implicaría que la sentencia respectiva refleje las razones por las cuales se tiene por acreditada la circunstancia antecedente que configura la causa adecuada de la lesión anímica. Además, caso que la lesión presente una particular intensidad, las razones (probatorias o de juicio de valor) por las cuales se colige, en ese caso concreto, tal nivel. De igual modo, frente a esos parámetros, junto con las cuestiones de entorno de la lesión y situaciones particulares, debe exponer la justificación debida del monto asignado a modo de reparación por equivalencia. Solamente frente a esa expresión motivacional, las partes pueden conocer realmente las razones de la tasación y de ese modo, emprender las acciones impugnatorias o de defensa que correspondan en cada caso, lo que a la postre, deriva de los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, y debido proceso. En suma, para el reconocimiento de daños y perjuicios debe concretarse en la demanda el motivo que los origina, en qué consisten, y la estimación específica de cada uno de ellos, probándose además el nexo de causalidad con la conducta administrativa que se cuestiona. Ante ese incumplimiento, lo pertinente es el rechazo de esos extremos (artículos58, párrafo 1°, incisos e) y f), 163.1), 122inciso m) de la Ley n.°8505, Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) y 220 en relación con el artículo 41.1, de la Ley n° 9342, Código Procesal Civil (CPC). En el mismo orden de ideas, tómese en consideración que la LGAP únicamente reconoce la responsabilidad civil de la Administración Pública cuando nos encontremos en presencia de ese nexo causal y ante un daño que sea efectivo, evaluable e individualizable (artículos 190 y 196). En el presente caso, la parte actora no logra acreditar los supuestos daños y perjuicios que alega sean consecuencia de actuación legítima o ilegítima, normal o anormal (artículo 190 LGAP), carecen de fundamentos sus pretensiones indemnizatorias también\".-\n\n VI.- SOBRE LA CADUCIDAD PLANTEADA: La parte demandada ha invocado la caducidad de este proceso señalando que las actuaciones materiales de la Municipalidad derivan del cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional en la resolución 70204-2001 de las 15:43 horas del 24 de julio del 2001. Señala que siendo que esas actuaciones son del año 2001, al amparo del numeral 39 inciso c) del CPCA, ha transcurrido sobradamente el plazo de un año para impugnar tales actuaciones en consecuencia solicita la caducidad de la acción. En lo que corresponde a la parte actora, la misma señala que no procede la caducidad de la acción por cuanto se hace mención de una orden que impuso la Sala Constitucional pero que no tiene relación con el presente asunto por cuanto  son dos situaciones diferentes. Criterio del Tribunal: Esta Cámara disiente del criterio del representante municipal en cuanto a la operación de la caducidad en los términos del artículo 39 inciso c) y pasa a explicar las razones. Para ello es necesario revisar el objeto de este proceso, si bien es cierto el fuerte de la demanda es la indemnización de daños y perjuicios (proceso civil de hacienda), lo cierto es que la demanda señala también que se solicitaba la reubicación de la acequia (pretensión real de hacer) y, no obstante, no se mencionó por parte del juez de trámite este punto que se considera era parte integral de las pretensiones. Por lo tanto, se solicitaba una restitución a las condiciones que consideran las partes actoras tenían antes las propiedades y una indemnización a cargo del Gobierno Local. La representación del Gobierno Local reclama lo que denomina una “acción material” del año 2003 y que por ello cualquier reclamo relacionado con el mismo estaría caduco, lo cierto es que más que una actuación material lo que la Municipalidad realizó fue el acatamiento de una orden emanada por el Tribunal Constitucional, es decir, la ejecución de una orden judicial, por ello, en primer término se descartaría la aplicación del numeral 39 inciso c). Pero lo cierto es que esta Cámara considera que la norma de caducidad del CPCA citada no es la figura procesal aplicable al presente asunto. Tenemos entonces que acá lo que se pretende es una acción de restitución (reubicación de una supuesta acequia) y subsidiaria a ella una indemnizatoria, en ese sentido, conforme el artículo 264 inciso 5 en relación con los numerales 316, 868 a 870 todos del Código Civil, mencionan los dos primeros en lo de interés: \"ARTÍCULO 264.- El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa, comprende los derechos: 1º.- (...). 2º.- (...). 3º.- (...) 4º.- (...); y 5º.- De restitución e indemnización\". \"ARTÍCULO 316.- Todo propietario tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad, y el libre goce de todos y cada uno de los derechos que ésta comprende\". Por su parte, los artículos 868 a 870 del mismo cuerpo normativo no establecen un plazo especial para prescripción del derecho de restitución de un inmueble, por ello se considera que a la parte actora no le corre ningún plazo prescriptivo -y mucho menos de caducidad como es el alegado-, para que planten la presente demanda, esto independientemente del derecho que les pueda corresponder. Hemos de tener en cuenta que, desde la perspectiva de los accionantes, el cuadro fáctico se enmarca en una perturbación de dominio que afecta el derecho real inmobiliario que poseen, y que se mantiene aún hoy al momento de emitir la sentencia, por lo que no es posible aplicarle los institutos prescriptivos negativos por la actualidad que mantiene la perturbación, eso sí, como se abordará infra, ello no significa que las demandantes tengan a su favor una imprescriptibilidad de sus acciones restitutorias e indemnizatorias, sino que se ponderarán infra, bajo el análisis de si la situación fáctica constituye o no, un gravamen que debe soportar el inmueble y ergo, una situación limitante de dominio que delimita la extensión de éste, pero eso se desarrollará más adelante en el fondo del asunto. Así, lo que corresponde es rechazar la caducidad en los términos planteados por la representación de la demandada.-\n\n VII.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Una vez revisados los escritos de demanda y contestación, así como la prueba que consta en autos, esta Cámara de Juzgadores considera que la presente demanda debe ser declarada sin lugar por las razones que se dirán. En resumen, las actoras reclaman la existencia de lo que ellas denominan una acequia en las propiedades del Partido de Cartago construida por la Municipalidad de Cartago. Plantean que dichas propiedades a nivel registral no cuentan con ningún tipo de gravamen o anotación asociada a esas propiedades y los planos que las describen tampoco lo indican. Señalan que al no contar con ningún gravamen o anotación a nivel registral fueron adquiridas por ellas. Agregan que por la ubicación de las propiedades y su potencial uso residencial, visitaron las propiedades y encontraron una acequia que cruza de lado a lado en forma completa dichas propiedades. Que a nivel de planos que se inscribieron en el año 2000, no se encuentra evidencia de esa acequia. Afirman que los terrenos son privados y que dicha acequia no surgió de forma natural y que vecinos -a los cuales no identifican- les señalaron que hubo actuaciones de funcionarios de la Municipalidad de Cartago y que ellas le consultaron a la misma y evadieron su responsabilidad, no obstante, la afectación que les causaron con su negligente y doloso actuar. Afirma que se pidieron los permisos de construcción a la Municipalidad de Cartago y ésta los denegó afirmando la existencia de esa acequia, lo cual confirma que la misma conoce sobre su existencia a pesar de no existir a nivel catastral. Que la creación de esa acequia en sus propiedades les ha traído un gran perjuicio, porque se hace prácticamente imposible utilizarlas, disfrutarlas o venderlas. Señalan que la Municipalidad nunca les informó sobre esa acequia ni sobre una gestión relacionada con la misma y que ahora, los compradores al visualizar esa acequia les provocara desinterés. 1) Inexistencia de una acequia realizada por la Municipalidad de Cartago. En las propiedades discurre naturalmente la Quebrada María Antonieta como un afluente natural del río Aguacaliente. Planos de los lotes de las actoras no reflejan la realidad topográfica.- Los hechos tenidos por probados desacreditan lo afirmado por las partes actoras, así tenemos que en el año 1999, mucho antes de que la sociedad existiera y la actora física se hicieran propietarias de las fincas del Partido de Cartago números 173881-000, 173882-000, 173883-000, 173884-000 y 173885-000, conforme la prueba que consta en autos (hecho 1), éstas pertenecían al señor Juan Cancio Mata Ortega, quien las segrega y vende a la sociedad de responsabilidad limitada Inversiones Reales Penjamo, representada por el señor Alexis Rivera Gómez (hecho 5), éstas dos personas tuvieron una participación activa en los hechos que la Municipalidad en forma amplia explica y demuestra con el expediente de la Sala Constitucional admitido como prueba para mejor resolver y que, contrario a lo que afirma el representante de las partes actoras, tienen plena aplicación al caso concreto, en tanto relatan situaciones inmobiliarias en los antecedentes de dominio. En autos se señala que en la escritura del año 1999, en la cual se segregan los lotes de las partes actoras, se indica que los planos catastrados de los mismos, no fueron visados por la Municipalidad porque no fue extendido el visado en el término de ley conforme el artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana y esto trajo como consecuencia que se logró inscribir en el Registro Público de la Propiedad planos y lotes que no correspondían a la realidad y al margen de la planificación de resorte municipal, violentando la normativa urbanística. Estos lotes segregados se hipotecaron en el año 1999, a favor de la empresa Agrinorte S.R.L., también representada por el señor Alexis Rivera Gómez. Las dos personas mencionadas supra son las que tanto vecinos de la zona, como el Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Cartago, en los oficios de los hechos probados 6 a 9, señalan como autores de un daño ambiental en el expediente ante la Sala Constitucional, consistente en el entubamiento y desvió de la Quebrada María Antonieta que es lo que las actoras denominan “acequia” artificial. En efecto, en el oficio AOP-143-00 de fecha 30 de agosto de 2000, del entonces Encargado del Área de Operaciones de la Municipalidad de Cartago indica que se había recibido quejas de la Asociación de Desarrollo Integral de Lourdes, distrito de San Francisco, sobre las obras que se realizan en el cauce de la Quebrada María Antonieta, tramo ubicado 100 metros al este del cementerio de la comunidad. Específicamente se entubó el cauce de dicha quebrada, sin contar con la autorización del Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía. Se agrega que se encontró un permiso de construcción para obras de infraestructura de un fraccionamiento en el cual no están incluidas las obras que se ejecutaron cuando, por el contrario, los planos constructivos no contemplan en ningún momento el desvío de la quebrada María Antonieta. Indica que al hablar con el profesional encargado de la obra menciona que los estudios se hicieron en su momento para mantener el cauce natural y posteriormente mejorar su desfogue hacía el norte de la propiedad. En fecha 29 de agosto del 2000, se notifica al señor Alexis Rivera Gómez, la cédula de Notificaciones número 0423, para que proceda a recoger las aguas al cauce que había anteriormente y no desviarlas para echarlas a la vía pública de lo contrario se tomarían las medidas de acuerdo con la ley. En el oficio IMN-DA-2479-00 del 01 de diciembre de 2000, funcionarios del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional del Ministerio de Ambiente y Energía, le indican al Ingeniero José Miguel Zeledón Calderón, como Jefe del Departamento de Aguas, en lo de interés, que, el 30 de octubre de 2000, se había realizado una evaluación hidráulica de la capacidad de conducción del sistema de canalización utilizado con el realineamiento y entubamiento de la Quebrada María Antonieta. Que en la inspección realizada se detectó que se realizó una canalización lateral que conduce el agua hasta dos tuberías que corren bajo una acera y una cuneta paralela a la calle, y que esa desviación se realizó donde en propiedad de un tercero aparentemente hermano del propietario de la finca donde se entubo la Quebrada María Antonieta. Que por el cauce original de la Quebrada no corre agua debido a que taponeó con el objeto de desviar esta agua hacia el nuevo canal. Que por la dirección de las aguas se notó que en una reciente crecida el agua superó el nivel de taponamiento por lo que corrió agua tanto por el canal como por cauce natural de la Quebrada. Que con la obra se modificó totalmente la condición de zona protectora ya que en todo el entubamiento dicha zona protectora corresponden, en la margen derecha, a la calle pública del lugar. Que por haberse realizado una obra de entubamiento y desviación de un cauce de dominio público ilegal, se considera conveniente comunicar al señor Juan Cancio Mata Ortega, que debía devolver las cosas al estado original en el plazo de tres días. Lo anterior se traduce en la resolución IMN-DA-2513-2000 de las 10:00 horas del 7 de diciembre de 2000 el Ministerio de Ambiente y Energía. Y por recurso de amparo número 01-003674-0007-CO, se tramitó denuncia del señor Julio Hernández Fonseca, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Lourdes de Agua Caliente, quien interpuso recurso de amparo contra Juan Cancio Mata Ortega, Alexis Rivera Gómez, el Presidente del Tribunal Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Cartago. Ahora, ciertamente los planos que poseen los lotes de las actoras no señalan una quebrada o cuerpo de agua pero esta Cámara determina que esto se produjo por un actuar, como mínimo, negligente del profesional en topografía contratado para tal actividad, aunque ello no es un aspecto que se valore en este asunto, en tanto es claro que la existencia de esos planos catastrados que no se ajustan a la realidad, ocultan la existencia de una quebrada en los lotes indicados supra, empero, tal omisión en agrimensura no niega o impide el reconocimiento de la situación fáctica preexistente que es la presencia natural del cuerpo de agua, manipulada por los anteriores dueños del inmueble, sin que exista ninguna prueba que permita atribuir una responsabilidad a la Municipalidad demandada sino a terceros que alteraron la situación real de los terrenos y los planos catastrados asociados a los mismos para que no señalaran la existencia de una quebrada. Por otra parte, la Municipalidad de Cartago no ha negado una actuación en la quebrada ya mencionada, lo que ha defendido es que se hizo al amparo de lo resuelto en el recurso de amparo ya citado y que mediante el voto 2001-07204 de las 15:43 horas del 24 de julio de 2001 de la Sala Constitucional, se ordenó al Gobierno Local a solucionar el problema de la desviación de la quebrada María Antonieta en el plazo de un mes, lo cual se cumplió los días 15 y 22 de abril del año 2003, cuando se procedió a aperturar el cauce. (hecho 11), siendo así una conducta lícita en cumplimiento de un deber legal. Ahora, tampoco se puede tener por cierto que las partes actoras adquirieran con un afán urbanístico y al amparo registral. En autos está demostrado que las fincas de Cartago pertenecían al señor esposo de la acá actora y quien también es representante de la sociedad accionante; todo indica que el hoy occiso obtuvo las fincas en remate judicial conforme el hecho 4 de esta sentencia, puesto que el posterior acto registral en dichas fincas, después del remate y adjudicación, es la compraventa de las fincas 173883-000, 173884-000 a la sociedad actora, en el año 2019, y en el año 2021 en el caso de las fincas 173881-000, 173882-000 y 173885-000, cuando la actora física las inscribe como adjudicación de herencia de su cónyuge. (hechos 12 a 14), con esto no se puede considerar que las acá actoras hayan \"adquirido\" con el afán de realizar un proyecto urbanístico. Esto en parte explicaría si conforme su dicho, ellos visitan por primera vez las fincas en el año 2022, y se “asombraran” con la existencia de un cuerpo de agua que fluye naturalmente por esas propiedades, puesto que era el esposo de la actora física quien las había adquirido y no las actuales actoras. Ahora tampoco queda duda en cuanto a que hay coincidencia con lo que las partes actoras denominan \"acequia supuestamente fabricada por la Municipalidad de Cartago\" y que es en realidad la quebrada natural denominada popularmente como María Antonieta, de esto dan fe los oficios, UTGV-OF-145-2025 del 28 de febrero de 2024, del Ingeniero Topógrafo Caminos y Calles de la Municipalidad de Cartago y DA-UHCARROC-0153-2024 del 08 de marzo de 2024, de la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, estos se analizaran en el siguiente apartado (hechos 18 y 19), sin existir prueba técnica en contrario. Por ello, no es posible determinar que la Municipalidad de Cartago alteró las propiedades de las actora para construir una acequia en los términos que las accionantes plantearon.-  2) Prueba técnica -no desvirtuada- emanada por las autoridades en materia de agua que demuestra la existencia de una quebrada natural en los terrenos de las actoras. Las accionantes mencionan que la acequia no fue inscrita y era responsabilidad del Gobierno Local, de la Municipalidad de Cartago informar a los propietarios sobre su actuar y más aún tras creación de la acequia, y debía encargarse de inscribir dicho gravamen en las propiedades. Que en los estudios y planos de las propiedades actualmente no consta ningún gravamen ni muestra una acequia, ya que si un tercero desea adquirir el bien, consulta en el Registro Nacional y aparece limpio pero que podría generar una consecuencia legal para la actora o su representada al conocer las propiedades y observar la acequia que transita por la mitad de dichas propiedades. Criterio del Tribunal: Como se mencionó supra, existen dos oficios que son prueba técnica emitida no solo por profesionales de la Municipalidad de Cartago, esto es, el oficio UTGV-OF-145-2025 del 28 de febrero de 2024, del Ingeniero Topógrafo Caminos y Calles, sino que también por el área rectora en la materia, quien emitió el oficio DA-UHCARROC-0153-2024 del 08 de marzo de 2024, de la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía. Esta última prueba no sólo se emite por el ente encargado del inventario de las aguas en el país, sino que en forma muy detallada explica la ubicación y nacimiento de este cuerpo de agua. El oficio UTGV-OF-145-2025 del 28 de febrero de 2024 emitido por el Ingeniero Topógrafo Caminos y Calles de la Municipalidad de Cartago, procedió a realizar un análisis de las propiedades identificadas con los números de Finca 3-173883-000, 3-173884-000, 3-172881-00, 3-173882-000 y 3-173885-000, afectadas por el Cuerpo de Agua que estudió el Oficio DA-UHCAROC-0153-2024, emitido por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, y a través del Sistema de Información Geográfica Municipal (GIS), y las coordenadas de \"Punto de Inicio del Dictamen y Punto Final del Dictamen\", proporcionadas por el MINAE, se localizó en el sistema de información geográfica municipal, el punto inicio de dictamen y punto final del dictamen, y también se localizó en la imagen del visor oficial WEB de Hidrografía de la Dirección de Aguas del MINAE, el cuerpo de agua y a partir de ello se realizó un montaje de ortofoto, mapa catastral, oficial municipal y cuerpo de agua en estudio, donde se localiza el trayecto que trae la quebrada y como atraviesa no sólo las fincas objeto de la demanda sino todos los lotes que se encuentran en la trayectoria de la quebrada en las coordenadas en estudio. Con esto se identifica en el montaje las cinco fincas del proceso. Por ello concluye que las fincas inscritas bajo el Folio Real, 3-173883-000 y 3-173884-000, 3-173881-000, 3-173882-000 y 3-173885-000, según su Ubicación Geográfica, inscripción y derrotero de los planos de Catastro, se encuentran directamente afectadas por el Cuerpo de Agua, objeto de estudio del Informe que nos ocupa, Que además, de acuerdo con la información oficial publicitadas en el Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI), se puede evidenciar que el Cuerpo de Agua, que se investiga se encuentra debidamente señalado en la Cartografía Oficial, en el Mosaico de Hojas Cartográficas Tapanti Escala 1:5000 y con relación al Mapa Catastral Oficial, y esas fincas están directamente afectadas por el curso del Cuerpo de Agua. Que de acuerdo con la información del Oficio del MINAE, DA-UHCAROC-0153-2024, el Cuerpo de Agua en Estudio, se dictamina como: CUERPO DE AGUA DE DOMINIO PÚBLICO DE CARÁCTER PERMANENTE. Este Cuerpo de Agua es conocido popularmente como la Quebrada María Antonieta. Y las fincas inscritas bajo el Folio Real 3-173883-000 y 3-173884-000, 3-173881-000, 3-173882-000 y 3-173885-000, se encuentra directamente afectadas por el trayecto oficial y natural de la Quebrada María Antonieta. Por su parte el oficio de la Dirección de Aguas, el número DA-UHCARROC-0153-2024 del 08 de marzo de 2024, la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, indica al Jefe de Aseo de Vías y Sitios Públicos de la Municipalidad de Cartago, en lo de interés: \"En atención a su solicitud de dictamen de cuerpo de agua mediante oficio LV-OF-035-2024 en el sector de Agua Caliente, Cartago, se informa de la inspección realizada lo siguiente: • Se realizó inspección con fecha del 07 de marzo del 2024. • Desde el punto de vista técnico, el dictamen sobre un cuerpo de agua es la actividad sobre la cual, un funcionario profesional de la Dirección de Agua con competencias suficientes, aplica la ciencia, la técnica y la tecnología para analizar las características presentes en un cuerpo de agua y sus cercanías. Como resultado del análisis, se obtiene un informe que describe las condiciones del cuerpo de agua analizado, su clasificación en información relevante, necesaria para servir de insumo en otros procesos técnicos o legales. El criterio lo emite el funcionario público por las responsabilidades y derechos que le otorga la Ley General de la Administración Pública. • Se observaron las condiciones físicas de los sitios y su entorno mediante un recorrido alrededor del mismo, también se levantaron los puntos de referencia con un dispositivo GPS, marca Garmin Montana 689 con un error de precisión de +- 3m, utilizando coordenadas planas con proyección Lambert Costa Rica Norte. (...) 2. Fundamento técnico: El presente dictamen se realiza conforme a la \"Guía Técnica para Realizar Dictámenes sobre Cuerpos de Agua\" código DA-GRH-0013 elaborada por la Dirección de Agua, la cual define lo siguiente: Quebrada: La quebrada se define como el curso de agua que corre por una hendidura de una montaña o terreno. También se puede definir como el flujo de agua permanente o intermitente que corre por las quiebras de las sierras o de la tierra llana. Cualquier agua a que corre de una barranca a un río. Abertura estrecha y áspera entre montañas, Valle relativamente estrecho entre dos cordones de montañas, Son de poco caudal si se compara con un río, y no apto para la navegación o la pesca significativa. En las quebradas por lo común, solo viven especies de peces sumamente pequeños, tienen poca profundidad. (...) NUMERO DE FUENTE: 1 REFERENCIA O PLANO LV-OF-035-2024 FECHA DE EVALUACIÓN: 07 -Marzo-2024 PROVINCIA CARTAGO CANTÓN CARTAGO DISTRITO AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO TIPO DE FUENTE: QUEBRADA NOMBRE: SIN NOMBRE CRITERIO SOBRE LA FUENTE: CUERPO DE AGUA DE DOMINIO PUBLICO DE CARÁCTER PERMANENTE  AFLUENTE DE: RÍO AGUACALIENTE HOJA CARTOGRÁFICA: TAPANTI CUENCA: (73-09) REVENTAZON PARISMINA (...) JUSTIFICACIÓN: En campo se realiza observación de una quebrada con características tales como presencia de flujo en recorrido de análisis, vegetación hidrófila asociada a medios acuáticos. Se observa un cauce con poca pendiente de fondo del cauce moderada y granulometría tipo canto rodado, la coloración de flujo es gris por el aporte de aguas residuales domesticas en el sitio. Según la consulta al Registro de Dictámenes de Cuerpos de Aguas, que lleva esta Dirección no se registran criterios previos en el sitio de análisis. Por lo anterior, consultado el Registro Nacional de Aprovechamientos de Agua y Cauces, Registro Nacional de Dictámenes de Cuerpos de Agua y la valoración de campo la coordenada de análisis corresponde a una quebrada sin nombre cauce de dominio público con tipo de flujo intermitente\". Esta prueba que fue puesta en conocimiento de las partes accionantes, las mismas se limitan a señalar que no es la acequia a la que ellas hacen referencia y no ha sido desvirtuada con una prueba técnica por su parte que demuestre sus afirmaciones, y con ello se violenta el principio onus probandi (artículo 41.1 del Código Procesal Civil), al contrario, un órgano municipal y uno ministerial y encargado del manejo del agua a nivel nacional, afirman no sólo con programas informáticos especiales, geolocalización y montaje, que lo que las partes accionantes denominan acequia no es sino la quebrada natural denominada María Antonieta afluente del río Aguacaliente. Entonces, la prueba documental -planos catastrados- que las partes actoras pretenden oponer a esta prueba técnica no puede desvirtuar lo que en los oficios se demuestra y es que la quebrada ha estado siempre en los lotes de las acá actoras y que ha sido por la existencia de los planos catastrados inscritos en los años 2000, los que no reflejan la realidad topográfica de los terrenos y que los mismos fueron inscritos irregularmente, al no reflejar en sus segregaciones los linderos y las limitaciones que los mismos contenían. Debemos de recordar que los cuerpos de agua de esta naturaleza son los que, en sí mismos, generan el gravamen que pesa como limitación real en un inmueble, no es la actividad administrativa la que lo genera, en otras palabras, la actividad administrativa, ya sea del MINAE a través de la Dirección de Aguas o del municipio en control urbano, son actividades declarativas no constitutivas de la afectación producto de la presencia de un cuerpo de agua natural, por lo que la existencia o no de un registro administrativo, en nada demerita el efecto jurídico limitante inmobiliario que la existencia del cuerpo de agua produce en los términos de la Ley de Aguas. En igual sentido, se debe recalcar que la publicidad registral inmobiliaria que da el Registro Nacional no es la única publicidad registral que existe, ya que ello ignoraría la existencia de los demás registros administrativos especializados que existen en manos de Administraciones Públicas. Con ello, la limitación que pesa sobre el inmueble es previa a la adquisición de dominio de las actoras, las cuales adquirieron no de forma originaria, sino de manera derivada de anteriores dueños. De ahí la aplicación del adagio jurídico nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (nadie puede alegar más derecho del que recibe de su transmitente) por lo que no pueden pretender las actoras ignorar la limitación que ya preexistía al momento de adquirir las fincas en referencia. Ahora bien, como se dijo supra, si las actoras consideran que fue “sorpresiva” la existencia de la limitación de dominio, la cual es amparable y no indemnizable conforme el párrafo segundo del art. 45 Constitucional, se constituiría, eventualmente, en un vicio oculto que lo que permitiría sería la aplicación del art. 35 de la Ley de Planificación Urbana, mas esta situación no sería exigible al municipio, sino al transmitente de dominio de las accionantes, aspecto que no se conoce en este asunto. Por ello nuevamente no se puede tener por cierto lo planteado por las partes accionantes.- 3) Improcedencia de la reubicación de la acequia y los daños y perjuicios peticionados, no hay nexo causal con una actuación irregular, ilícita o ilegitimas del Gobierno Local. Las partes actoras reclaman reubicación de la acequia y daños y perjuicios para ello hacen referencia a un extracto de las sentencias 112 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992 y No. 714 de 16:20 horas del 18 de setiembre del 2002, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, referidas a los daños y perjuicios. Específicamente atribuyen que el ingreso injustificado por parte de la Municipalidad de Cartago de sus propiedades, creando una acequia afecta el aprovechamiento integral de las propiedades en cuestión y que como no se realizó ningún tipo de proceso administrativo, todo sucedió por un hecho totalmente ilícito y unilateral y esto causó gran daño a los inmuebles y en las propietarias. En relación al daño moral mencionan que, después del impacto de observar las propiedades se ha afectado el sueño de la actora física debido al gran estrés de la situación ya que, producto del daño a las propiedades no se pueden utilizar más estos inmuebles, las cuales perdieron totalmente su valor y funcionalidad y que entonces la decisión de la adquisición de dichas propiedades atormente cotidianamente a la misma. Que esa situación le genera gran incertidumbre, que se violentó su estabilidad al adquirir las propiedades mencionadas para su pleno disfrute, no obstante, debido al mal actuar de la Municipalidad de Cartago, esa tranquilidad en las decisiones tomadas al adquirir las propiedades se vio plenamente afectadas, ya que, nunca se consideró que una entidad estatal o un Gobierno Local pudiese actuar en contra de los bienes antes señalados. En relación al daño patrimonial mencionan que, este hace referencia a todos aquellos elementos que afectan directamente los bienes de la parte afectada y las consecuencias económicas derivadas del mal actuar del responsable. Que más allá del abusivo actuar de la Municipalidad de Cartago que se ha desarrollado, se deben indemnizar las afectaciones causadas en las tierras a sus propietarias, quienes contaban con terrenos que reunían las condiciones aptas y propias para desarrollar la actividad residencial, pero por el descuido y el mal actuar del Gobierno Local, en la actualidad no se cuentan con las circunstancias idóneas para el desarrollo urbanístico de las propiedades, ni su libre disposición. Que la cantidad de esfuerzos y recursos para revertir el efecto de la acequia en las propiedades no solo es económica, sino que conllevará mucho tiempo y trabajo, sin tomar en consideración el detalle de los trámites administrativos que deben ser llevados a cabo para la movilización de la acequia y su protección a pesar de no ser adquirida la propiedad con esta condición. Que permitir la permanencia de la acequia en las propiedades daña la productividad de las mismas y se produce una gran pérdida pecuniaria en el patrimonio de las actoras, quienes adquirieron las propiedades sin anotaciones, gravámenes ni evidencia catastral de alguna afectación o imposibilidad de utilizar los bienes, se adquirió con la finalidad de desarrollar dichos terrenos, lo cual no puede ocurrir en la actualidad debido a que, la acequia se encuentra en medio de las propiedades. Que la Municipalidad de Cartago debe cubrir el costo de reintegrar a las propiedades a su estado sin acequia. Referente al perjuicio las partes actoras señalan que, adquirieron los bienes inmuebles con la finalidad de utilizarlos, producir en ellos y generando la expectativa de no incurrir en gastos ni limitaciones innecesarias por tratarse de bienes totalmente libres a tanto a nivel catastral como registral. Que tanto la sociedad como la persona física han dejado de percibir ingresos económicos proyectados, ya que por el estado en que se encuentran las propiedades no se permite realizar el uso y su valor para el empleo como residencias, naturaleza para la cual fue destinada. Que además se están deteriorando las propiedades, afectando las posibilidades actuales y futuras de las actoras quienes han sufrido pérdidas y se calculan que se mantendrán por un tiempo mientras recupera el estado de las fincas a un estado similar al que tenían previo a la creación de la acequia. Agrega que en el caso concreto se ha demostrado el cumplimiento de los supuestos de los daños, que sean ciertos, actuales y que se afecte un derecho adquirido, que es una situación que se mantiene en la actualidad, lo cual causa gran temor a la actora por sus posibles efectos, son completamente ciertos para lo cual se cuenta con distintos elementos probatorios. Que todo lo acontecido proviene del mal actuar de la demandada debido a que previo las propiedades se encontraban en perfecto estado sin una acequia que las afectara, como se evidencian en las pruebas aportadas. Criterio del Tribunal: Nuevamente la prueba documental desacredita lo afirmado por la parte actora, no se ha encontrado la existencia de un acto por parte del Gobierno Local que amerite la declaración de una responsabilidad objetiva a cargo del mismo. Recordemos que para que se configure la responsabilidad administrativa objetiva (En este sentido las sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 252-F-01 de las 16: 15 horas del 28 de marzo del 2001, No.584-2005 de las 10:40 horas del 11 de agosto del 2005 y No. 00308 de las 10:30 horas del 25 de mayo del 2006 entre otras muchas), es necesario el cumplimiento de tres requisitos: 1) Actuación u omisión derivada de la función o conducta de la Administración Pública omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita. 2) Lesión o existencia de un daño antijurídico, una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico, de modo que cuando un ente público le causa a un administrado una lesión antijurídica que no tiene la obligación de soportar, surge a su cargo una obligación de repararle los daños y perjuicios, y 3) El Nexo causal, es decir que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. Estas eximentes de responsabilidad las establece el numeral 190 de la Ley General de la Administración Pública: a) fuerza mayor (hecho imprevisible, inevitable, de la naturaleza, extraño y exterior); b) hecho de un tercero (el daño es producido por la acción u omisión de un sujeto totalmente ajeno a la relación triangular entre administración-funcionario-afectado) y c) culpa de la víctima (es el propio sujeto pasivo del daño, quién se auto produce por negligencia o imprudencia inexcusable, la lesión o se coloca en posición para ello). A la luz de los autos y hechos tenidos por probados tenemos que en el presente asunto no se cumplen los requisitos de la responsabilidad administrativa objetiva: Primero, como ya se ha dicho supra, no existe una actuación u omisión derivada de la función o conducta de la Administración Pública omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita por parte del Gobierno Local. Este no creo la quebrada, la misma es natural afluente del río Aguacaliente, la misma ha estado en las propiedades de las actuales propietarias y actoras desde antes de que la misma fuera entubada ilegalmente por dos particulares y el Gobierno Local si bien es cierto intervino en esos terrenos lo hizo por orden judicial y para volver a aperturar ese cuerpo de agua. Por ello el primer requisito se incumple. Segundo, no existe un daño o perjuicio antijurídico al no existir una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico, por ello la demanda no tiene la obligación de resarcir una lesión antijurídica ni le surge una obligación de reparar a las actoras los daños y perjuicios que estas reclaman. Y tercero, no existe nexo causal, las actoras no logran establecer la relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa a la demandada y los daños y perjuicio que se reclaman. Al contrario, toda la prueba demuestra que fue el hecho de un tercero -eximente de responsabilidad- el que las ubicó en la situación actual que hoy reclaman al Gobierno Local. Como se indicó en el primer apartado de este considerando, esta Cámara ha tenido por demostrado que fueron Juan Cancio Mata Ortega y Alexis Rivera, quienes a sabiendas de la existencia de una quebrada, entubaron la misma y falsearon la información de planos catastrales y los datos de segregaciones para inscribir lotes que no contuvieran dicha información y lograr ventajas económicas a través de hipotecas las cuales no honraron y fueron rematadas las propiedades que hoy nos ocupan, en ello no hubo participación del Gobierno Local. Aunado a lo anterior, las actoras afirman -pero se ha tenido por parte de esta Cámara que no es cierto- que las propiedades se adquirieron para construir, sin embargo, muchos años antes de que las actoras adquirieran las propiedades -en los términos ya dichos supra-, ya la quebrada había sido restaurada a sus condiciones naturales y era visible para cualquiera que las inspeccionara, por lo que si las actoras adquirieron solo a la luz de la fe registral y no inspeccionaron los terrenos de previo, se suma otra eximente, la de la culpa de la víctima esto conforme el mismo dicho de las accionantes, el cual como se reitera, no se ha tenido por cierto. Igual camino al daño patrimonial y perjuicio peticionados corre el daño moral subjetivo pretendido para la actora física por cuanto como se ha explicado supra, la adquisición no se ha demostrado fue hecha como un afán urbanístico sino la consecuencia de un haber sucesorio y un traspaso de bienes del esposo de la actora Víquez Hidalgo a una sociedad representada por la señora Víquez Hidalgo. Por ello es que se considera que las indemnizaciones pretendidas son improcedentes y así se declaran. Igual rumbo lleva la solicitud de reubicación de lo que se denominó acequia, pero la prueba técnica demostró es una quebrada natural y que es conocida por la localidad como María Antonieta, lo cual hace imposible afectar una limitación que era ya existente a pesar de que los planos actuales la hayan omitido. De todo lo anterior, lo que se debe concluir es el rechazo de la demanda en los términos ya referidos.-\n\n VIII.- SOBRE LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS: El demandado interpone la excepción de falta de derecho y la falta de legitimación pasiva. A la luz de los autos la excepción de falta de legitimación pasiva debe ser rechazada por cuanto las pretensiones bajo los cuales se sustentan la acción de las demandantes giran en torno a una supuesta conducta administrativa del gobierno local y bajo la cual sustentaron su teoría del caso. En cuanto a la falta de derecho, por las razones mencionadas en el considerando anterior y a la luz de los autos, la misma debe ser acogida por las razones ya mencionadas supra.-\n\n IX.- DE LA CONDENATORIA EN COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, por cuanto como se dijo supra, la parte actora ha perdido esta demanda al no asistirle el derecho; por ende, se condena a las partes vencidas al pago de ambas costas del proceso.-\n\nPOR TANTO\n\n Se rechazan las defensas de caducidad y falta de legitimación pasiva, opuestas por la parte demandada. Se acoge la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara SIN LUGAR la demanda interpuesta por LA CASITA DE ESMERALDA S.A. y ANA LUCÍA VÍQUEZ HIDALGO contra la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO. Son las costas a cargo de las partes actoras, las cuales se fijarán en la etapa de ejecución de sentencia. Notifíquese.-\n\nAmy Miranda Alvarado\n\nClaudia Bolaños Salazar                     Carlos José Mejías Rodríguez \n\n \n\n\t\n\n\n\nYKTI477GEL3U61\nAMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\n43FQDUA43BBU461\nCLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nOJT1MCRV75461\nCARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 24-003395-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:35:50.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Hechos Probados: (...)RESULTANDO\n\nI.- On May 25, 2024, Mrs. Víquez Hidalgo and the company she represents filed a proceeding of pure law (proceso de conocimiento) against the Municipality of Cartago, formulating the following claims: \"1. That the present claim be admitted. 2. Waived. 3. That the Municipality of Cartago be ordered to pay the patrimonial damage calculated at fifteen million seven hundred seventy-three thousand six hundred seventy-eight colones, for the individual nine million five hundred ninety-five thousand sixty-four colones and nine cents, subjective moral damages of four million for the individual, and lost profits (perjuicios) of 10,000,000.00, four million for the company and six million for the legal entity, caused for a total of ¢29,773,678.00. 4. That the matter of subjective moral damages be clarified. (Nothing is indicated regarding the original claim 4 about the relocation of the irrigation ditch (acequia)). 5. That the Municipality of Cartago be ordered to pay personal and procedural costs.\" (See complaint in images 2 to 14, 212 and 213, and preliminary hearing in images 254 to 257 of the digital judicial file).-\n\nII.- Once the statutory notice was granted, the defendant Municipality opposed the action, requesting the claim be dismissed and that the plaintiff be ordered to pay both costs. In addition, it filed the substantive defenses of lack of passive standing, lack of right, and statute of limitations (caducidad). The preliminary defenses of failure to exhaust administrative remedies, failure to join necessary parties, conduct not subject to challenge, and res judicata were dismissed at the preliminary hearing. (See images 111 to 130 of the digital judicial file).-\n\nIII.- The preliminary hearing was held on February 13, 2025, with the presence of the representatives of all parties. At that hearing, the claims were defined, documentary evidence was admitted, and the matter was declared one of pure law, and therefore closing arguments were presented. (See preliminary hearing and minutes in images 254 to 257 of the digital judicial file).-\n\nIV.- On May 24, 2025, this proceeding was assigned to the Background Team I, and to the reporting judge to be resolved in the month of September 2025, in accordance with the criteria for redistribution of cases in process at the Administrative and Civil Treasury Court, and in application of the guidelines established by Agreements No. 2.VI.2023, 11.VI.2023, and 12.VI.2023 adopted on July 27, 2023, by the Administrative Litigation Commission of the Administrative and Civil Treasury Court, as part of the redesign process of the said jurisdictional venue approved by the Consejo Superior, and it is resolved according to the resolution priority criteria established by the Judicial Branch under the criterion of priority for older adults.-\n\nV.- This judgment is issued within the legal timeframe, unanimously and following prior deliberation by the members of the Court, without observing any grounds capable of invalidating the proceedings.-\n\nJudge Miranda Alvarado writes the opinion, with the affirmative vote of judges Bolaños Salazar and Mejías Rodríguez.-\n\nCONSIDERANDO\n\nI.- REGARDING THE EVIDENCE FOR BETTER DECISION (PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER): When presenting closing arguments, the defendant requested the admission as evidence for better decision of official communication UTGV-OF-145-2025 dated February 28, 2025, and a copy of judicial file 01-003674-0007-CO; regarding this evidence, the plaintiff was granted a hearing, and she requested its rejection. Let us recall that evidence for better decision is at the discretion of the Court (arts. 50.2 and 93.3 CPCA), and it is the Chamber, upon reviewing the evidence in the case file, which decides whether it is useful for the resolution of the proceeding and then orders its admission or rejection. Now then, having assessed this evidence and finding that the information provided is useful and related to this proceeding, it is decided to admit it as it contains evidentiary elements useful for the resolution of this dispute.-\n\nII.- OF THE PROVEN FACTS.- Of importance for the resolution of this matter, the following is considered duly accredited: 1) In 1999, properties from the Cartago Registry section numbers 173881-000, with cadastral map number C-0660438-2000, 173882-000, with cadastral map number C-0660439-2000, 173883, with cadastral map number C-0660437-2000, 173884-000, with cadastral map number 0660441-2000, and 173885-000, with cadastral map number C-660440-2000, were segregated from property number 172775-000 of the Cartago Registry section, sold, and registered. (See images 18, 19, 20, 31, 32, 33, 55 to 66, 81 to 87 of the digital judicial file); 2) The maps indicated supra do not mention the existence of an irrigation ditch (acequia) or stream (quebrada). (See Images 17 to 20 of the digital judicial file); 3) In the 1999 deed, in which the lots currently belonging to the plaintiffs were segregated, it is indicated that the cadastral maps thereof were not approved (visados) by the Municipality because the approval was not granted within the legal term pursuant to Article 33 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). (See images 74 to 93 of the digital file); 4) In the registration entries for the aforementioned Cartago Registry section properties, the following is mentioned: for property 173881-000, with cadastral map number C-0660438-2000, the existence of a sale with mortgage (1999), cancellation of the entry (1999), a mortgage (1999), partial cancellation of the mortgage (2000), mortgage (2000), rectification of map number (2001), reduction in area (2001), mortgage (2001), mortgage foreclosure lawsuit (2002), sale (2002), award of property by auction (2003), cancellations of mortgages by court order (2003), and award of property in probate proceeding (2021); for property number 173882-000, with cadastral map number C-0660439-2000, the existence of a sale with mortgage (1999), a mortgage (1999), a mortgage (2000), partial cancellation of the mortgage (2001), mortgage (2001), rectification of map number (2001), reduction in area (2001), cancelled entry (2002), mortgage foreclosure lawsuit (2002), sale (2002), rectification of name and ID number (2003), cancellation of mortgages (2003), award of property by auction (2003), total cancellation of lien by court order (2003), and award of property in probate proceeding (2021); property 173883, with cadastral map C-0660437-2000, the existence of a sale with mortgage (1999), two mortgages (1999), partial cancellation of the mortgage (2001), mortgage (2001), reduction in area (2001), mortgage (2001), mortgage foreclosure lawsuit (2002), sale (2002), rectification of name and ID number (2003), cancellation of mortgage (2003), cancelled entry (2005), award of property by auction (2005), total cancellation of lien by court order (2005), and sale (2019); property 173884 with cadastral map number C-0660441-2000, the existence of a sale with mortgage (1999), another mortgage (2000), partial cancellation of the mortgages (2001), mortgage (2001), reduction in area (2001), mortgage (2001), sale (2002), mortgage foreclosure lawsuit (2002), cancellation of entry (2002), rectification of name and ID number (2003), cancellation of lien (2003), inclusion of guarantee (2003), cancelled mortgage (2003), award of property by auction (2005), total cancellation of liens by court order (2005), and sale (2019); property 173885-000, with cadastral map number C-660440-2000, the existence of a sale with mortgage (1999), a mortgage (2000), partial cancellation of the mortgages (2001), modification of liability (2001), partial cancellation of mortgage (2001), mortgage (2001), rectification of map number (2001), reduction in area (2001), mortgage (2001), sale (2002), cancellation of entry (2002), mortgage foreclosure lawsuit (2002), sale (2002), rectification of name and ID number (2003), cancellation of mortgages (2003), award of property by auction (2003), cancellation of mortgages (2003), total cancellation of lien by court order (2003), and award of property in probate proceeding (2021). (See images 50 to 54 of the digital judicial file); 5) The lots segregated from Cartago property number 172775-000, owned by Mr. Juan Cancio Mata Ortega, were sold to the company Inversiones Reales Penjamo, S.R.L., and all were mortgaged in 1999 in favor of the company Agrinorte S.R.L, both companies represented by Alexis Rivera Gómez. (See images 81 to 87 of the administrative file); 6) In official communication AOP-143-00 dated August 30, 2000, the then Head of the Operations Area of the Municipality of Cartago, Eng. Jorge Araya Serrano, informed Arch. Juan Carlos Guzmán Víquez, Director of Urbanism, that complaints had been received from the Asociación de Desarrollo Integral de Lourdes, District of San Francisco, regarding the works being carried out in the channel of the Quebrada María Antonieta, a section located 100 meters east of the community cemetery. Specifically, the channel of said stream (quebrada) was piped without authorization from the Department of Waters of the Ministry of Environment and Energy. It is added that a construction permit was found for infrastructure works for a subdivision (fraccionamiento) in which the works being executed are not included, when on the contrary the construction plans do not contemplate at any time the diversion of the Quebrada María Antonieta. He indicates that when speaking with the professional in charge of the work, he mentioned that the studies were carried out at the time to maintain the natural channel and subsequently improve its drainage towards the north of the property. He was instructed to halt any administrative procedure to grant the segregation approvals (visados de segregación) for the lots generated by said subdivision (fraccionamiento), until the presented inconvenience is resolved. (See 438 and 439 of the digital judicial file); 7) On August 29, 2000, Mr. Alexis Rivera Gómez was notified by notification certificate number 0423, to proceed to return the waters to the previous channel and not divert them to throw them onto the public road, otherwise measures would be taken in accordance with the law. (See image 440 of the digital judicial file); 8) In official communication IMN-DA-2479-00 of December 1, 2000, officials from the Department of Waters of the National Meteorological Institute of the Ministry of Environment and Energy, indicated to Engineer José Miguel Zeledón Calderón, as Head of the Department of Waters, in what is of interest, that on October 30, 2000, a hydraulic evaluation of the conveyance capacity of the channeling system used with the realignment and piping of the Quebrada María Antonieta had been carried out. That the inspection detected that a lateral channeling was built that carries the water to two pipes that run under a sidewalk and a gutter parallel to the street, and that this diversion was made on the property of a third party, apparently the brother of the owner of the property where the Quebrada María Antonieta was piped. That water does not run through the original channel of the stream because it was plugged to divert this water towards the new canal. That based on the direction of the waters, it was noted that in a recent flood the water exceeded the plugging level, causing water to run both through the canal and through the natural channel of the stream. That the work completely modified the condition of the protected zone (zona protectora) since throughout the piped area, said protected zone corresponds, on the right bank, to the local public street. That because an illegal piping and diversion work of a public domain watercourse was carried out, it is considered advisable to notify Mr. Juan Cancio Mata Ortega that he must return things to their original state within three days. The above results in resolution IMN-DA-2513-2000 at 10:00 a.m. on December 7, 2000, from the Ministry of Environment and Energy. (See images 619 to 622 of the digital judicial file); 9) Through amparo appeal number 01-003674-0007-CO, a complaint was processed by Mr. Julio Hernández Fonseca, President of the Asociación de Desarrollo Integral Lourdes de Aguacalientes, who filed an amparo appeal against Juan Cancio Mata Ortega, Alexis Rivera Gómez, the President of the Environmental Tribunal of the Ministry of Environment and Energy, and the Municipality of Cartago. (See images 609 to 617 of the digital judicial file); 10) By judgment 2001-07204 at 3:43 p.m. on July 24, 2001, of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), the amparo appeal filed by the Asociación de Desarrollo Integral de Lourdes was granted, in which the Municipality of Cartago was ordered to solve the problem of the diversion of the Quebrada María Antonieta within one month. (See images 513 to 526 of the digital judicial file); 11) Through a document dated June 25, 2023, the Constitutional Chamber was informed of what was ordered by the Municipal Council of the Central Canton of Cartago, article 3 of Minute No. 82 of the session of the Municipal Council of June 17, 2003. This refers to the problem of the Quebrada María Antonieta and the problem of its diversion. And that on April 15 and 22, 2003, the Infrastructure and Environmental Management Axis proceeded to open the channel. (See images 350 and 351 of the digital judicial file); 12) La Casita de Esmeralda S.A. was incorporated and registered in 2015, and its judicial and extrajudicial representative is Mrs. Ana Lucía Víquez Hidalgo. (See images 15 and 16 of the digital judicial file); 13) In 2019, Cartago registry section properties numbers 173883-000, with cadastral map C-0660437-2000, and 173884-000, with cadastral map C-0660441-2000, were transferred by Mrs. Ana Lucía Víquez Hidalgo, as General Power of Attorney for Mr. Carlos Hernández Vargas, owner of these properties, to the company La Casita de Esmeralda, S.A., also represented by herself. (See images 17, 29, 30, 67 and 68 of the digital judicial file); 14) Mrs. Víquez Hidalgo has been the registered owner since 2021, as heir of the former owner, Carlos Hernández Vargas, her spouse, of Cartago registry section properties numbers 173881-000, with cadastral map number C-0660438-2000, 173882-000, with cadastral map number C-0660439-2000, and 173885-000, with cadastral map number C-660440-2000. (See images 18, 19, 20, 31, 32, 33, 55 to 66 of the digital judicial file); 15) On January 24, 2023, the plaintiff filed a request in the Services Platform of the Municipality of Cartago, requesting information about the procedure used for the creation of an irrigation ditch (acequia) on properties 173881-000, 173882-000, 173883-000, and 173884-000 of Cartago because she stated they were not informed about the intervention on their properties. (See images 151 to 155 of the digital judicial file); 16) By resolution at 11:13 a.m. on February 2, 2023, from the Office of the Mayor of the Municipality of Cartago, it was indicated that, having reviewed the files at the Urbanism Directorate, there was no record of any initiation of an administrative procedure or procedure to inform the company's representative or the administrated party personally. The Operations Area indicates that no intervention or procedure associated with what was referred to has been carried out either. They state that the claim for compensation is therefore rejected, especially because they failed to prove what they asserted. (See image 143 of the digital judicial file); 17) By resolution at 10:25 a.m. on February 10, 2023, from the Municipal Office of the Mayor of Cartago, an appeal for revocation filed by the plaintiff's attorney was resolved and rejected. (See images 144 to 145 and 187 to 192 of the digital judicial file); 18) In official communication UTGV-OF-145-2025 of February 28, 2024, Topographical Engineer of Roads and Streets, Eng. Oscar García Bravo, informed Eng. Jorge Araya Serrano, of the Municipal Operations Area of the Municipality of Cartago, of the following: \"According to your request made through institutional email, dated February 27, 2025; regarding conducting the analysis of the properties identified with Property numbers 3-173883-000 and 3-173884-000, 3-172881-00, 3-173882-000 and 3-173885-000, which are being affected by the Water Body, subject of the study of Official Communication DA-UHCAROC-0153-2024, issued by the Directorate of Waters of the Ministry of Environment and Energy, addressed to official Jorge Armando Jiménez Aguilar, I am pleased to indicate that: Taking into account the information on the location of the Water Body subject of study, of the present report, the coordinates of the 'Start Point of the Report and End Point of the Report' provided by MINAE, contained in Official Communication DA-UHCAROC-0153-2024, were verified through the Municipal Geographic Information System (GIS)\". Based on that information, the start point of the report and the end point of the report were located in the municipal geographic information system. The water body was also located in the image of the official WEB viewer of Hydrography of the Directorate of Waters of MINAE, and based on that, an orthophoto, official municipal cadastral map, and water body under study montage was carried out, where the trajectory of the stream (quebrada) and how it crosses not only the properties subject to the claim but all the lots that are in the trajectory of the stream at the coordinates under study are located. With this, the five properties of the proceeding are identified in the montage. The communication continues stating: \"In accordance with the previous diagram, it can be evidenced that the Properties registered under the Real Folios, 3-173883-000 and 3-173884-000, 3-173881-000, 3-173882-000 and 3-173885-000, according to their Geographic Location, registration, and directions of the Cadastre maps, are directly affected by the Water Body subject of the study of the Report that concerns us. Furthermore, according to the official information published in the Real Estate Registry Information System (SIRI), it can be evidenced that the Water Body under investigation is duly indicated in the Official Cartography, in the Mosaic of Cartographic Sheets Tapanti Scale 1:5000, and in relation to the Official Cadastral Map, the Properties registered under Real Folio, 3-173883-000 and 3-173884-000, 3-173881-000, 3-173882-000 and 3-173885-000, are directly affected by the course of the Water Body\". (Image of the water body in SIRI). Conclusions: 1. It can be evidenced that according to the information from the MINAE Official Communication; DA-UHCAROC-0153-2024, the Water Body under Study is classified as: PUBLIC DOMAIN WATER BODY OF A PERMANENT NATURE (CUERPO DE AGUA DE DOMINIO PÚBLICO DE CARÁCTER PERMANENTE). 2. This Water Body is popularly known as the Quebrada María Antonieta. 3. The properties registered under Real Folio 3-173883-000 and 3-173884-000, 3-173881-000, 3-173882-000 and 3-173885-000, are directly affected by the official and natural trajectory of the Quebrada María Antonieta\". (See images 220 to 225, 244 to 249, and 431 to 436 of the digital judicial file); 19) Through official communication DA-UHCARROC-0153-2024 of March 8, 2024, the Directorate of Waters of the Ministry of Environment and Energy, indicated to the Head of Sanitation of Roads and Public Sites of the Municipality of Cartago, in what is of interest: \"In response to your request for a report on a water body through official communication LV-OF-035-2024 in the sector of Agua Caliente, Cartago, the following is reported from the inspection carried out: • An inspection was carried out on March 7, 2024. • From a technical point of view, the report (dictamen) on a water body is the activity through which a professional official of the Directorate of Water with sufficient competencies applies science, technique, and technology to analyze the characteristics present in a water body and its surroundings. As a result of the analysis, a report is obtained that describes the conditions of the analyzed water body, its classification, and relevant information, necessary to serve as input in other technical or legal processes. The criterion is issued by the public official based on the responsibilities and rights granted by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). • The physical conditions of the sites and their surroundings were observed through a walk around the same, reference points were also surveyed with a GPS device, brand Garmin Montana 689 with a precision error of +- 3m, using flat coordinates with Lambert Costa Rica Norte projection. (...) 2. Technical basis: The present report (dictamen) is carried out in accordance with the \"Technical Guide for Performing Reports on Water Bodies\" code DA-GRH-0013 prepared by the Directorate of Water, which defines the following: Stream (quebrada): A stream is defined as the water course that runs through a cleft in a mountain or terrain. It can also be defined as the permanent or intermittent flow of water that runs through the breaks of mountains or flat land. Any water that runs from a ravine to a river. A narrow and rough opening between mountains, a relatively narrow valley between two mountain ranges. They have little flow compared to a river, and are not suitable for navigation or significant fishing. In streams, generally, only very small species of fish live, and they have little depth. (...) SOURCE NUMBER: 1 REFERENCE OR PLAN LV-OF-035-2024 EVALUATION DATE: 07-March-2024 PROVINCE CARTAGO CANTON CARTAGO DISTRICT AGUACALIENTE OR SAN FRANCISCO SOURCE TYPE: STREAM (QUEBRADA) NAME: UNNAMED CRITERION ON THE SOURCE: PUBLIC DOMAIN WATER BODY OF A PERMANENT NATURE TRIBUTARY OF: RÍO AGUACALIENTE CARTOGRAPHIC SHEET: TAPANTI BASIN: (73-09) REVENTAZON PARISMINA (...) JUSTIFICATION: In the field, observation was made of a stream (quebrada) with characteristics such as the presence of flow in the analysis route, hydrophilic vegetation associated with aquatic environments. A channel with a gentle bottom slope of the moderate bed and rounded stone-type granulometry is observed, the color of the flow is gray due to the contribution of domestic wastewater at the site. According to the consultation of the Registry of Water Body Reports, kept by this Directorate, no previous criteria are recorded at the analysis site. Therefore, having consulted the National Registry of Water and Watercourse Uses, the National Registry of Water Body Reports, and the field assessment, the analysis coordinate corresponds to an unnamed stream (quebrada), a public domain watercourse with an intermittent flow type\". (See images 106 to 110 of the digital judicial file).-\n\nIII.- REGARDING THE UNPROVEN FACTS: It is of interest to mention that the following relevant facts were not proven by the parties: 1) That the Municipality artificially created an irrigation ditch (acequia) on the plaintiffs' lands. (There are no evidentiary elements in this regard). 2) That the plaintiffs requested construction permits from the Municipality for the works on the properties subject to litigation. (There are no evidentiary elements in this regard) 3) That the plaintiffs' lands had the conditions suitable and proper for developing a residential activity. (There are no evidentiary elements in this regard). 4) That the plaintiff parties acquired the Cartago properties that belonged to the husband of the plaintiff herein and representative of the plaintiff company, with a development purpose and under the protection of the registry. (There are no evidentiary elements in this regard).-\n\nIV.- REGARDING THE ARGUMENT OF THE PLAINTIFFS: In summary, the plaintiff's representative alleges that: \"(...) REGARDING THE NON-REGISTRATION OF THE IRRIGATION DITCH (ACEQUIA). As a responsibility of the Local Government, the Municipality of Cartago expressly must inform the owners about its actions and, even more so after the creation of the irrigation ditch (acequia), must ensure the registration of said lien on the properties, since, as verified from the studies and plans of the properties, there is currently no lien or any indication of an irrigation ditch (acequia), this being an element of great importance, because, if a third party wishes to acquire the property, they consult the National Registry and it appears clean, but this could generate a legal consequence for the undersigned or her represented company upon knowing the properties and observing the irrigation ditch (acequia) that runs through the middle of said properties. ON DAMAGES AND LOST PROFITS (DAÑOS Y PERJUICIOS) IN GENERAL: The First Chamber of the Supreme Court of Justice has referred to damages and lost profits (daños y perjuicios) as follows: \"...IX.- First, the matter of damages and lost profits (daños y perjuicios) will be analyzed. The jurisprudence has defined these concepts as follows: \"IV. Damage (daño) constitutes one of the prerequisites of extracontractual civil liability, since the duty to compensate is only configured if an unlawful damaging act has occurred that harms a legally relevant interest, susceptible to protection by the legal system. Damage (daño), in a legal sense, constitutes any impairment, loss, or detriment to the patrimonial or extra-patrimonial legal sphere of the person (injured party), which causes the deprivation of a legal good, regarding which its conservation was objectively expectable had the damaging event not occurred. Damage (daño) constitutes the loss caused to the injured party (damnum emergens), lost profits (perjuicio) is made up of the frustrated gain or profit left unperceived (lucro cessans), which was reasonably and probably expectable if the unlawful act had not occurred. V. Not any damage imposes the obligation to compensate. For it to be compensable, the following characteristics must generally concur: A) It must be certain; real and effective, and not merely eventual or hypothetical, it cannot be based on supposed or conjectural realizations. The damage does not lose this character if its quantification is uncertain, indeterminate, or difficult to assess or prove; nor should certainty be confused with actuality, as the repair of certain but future damage is admissible; future damage should not be confused with lost earnings (lucro cesante) or lost profits (perjuicio). Regarding the magnitude or amount (seriousness) of the damage, it constitutes an extreme of exclusive subjective interest to the injured party, however the law cannot deal with claims based on insignificant damages derived from excessive susceptibility. B) There must be harm to a legally relevant interest worthy of compensation. Thus, there can be a direct injured party and an indirect one: the first is the victim of the damaging event, and the second will be the successors of the victim. C) It must be caused by a third party and subsisting; that is, that it has not been repaired. D) There must be a causal relationship between the unlawful act and the damage. VI. Within the classes of damages, material and bodily damage are found in first place, the former being that which affects the things or material goods that make up a person's patrimony, while the latter affects bodily and physical integrity. In doctrine, under the generic denomination of material or patrimonial damage, the specific categories of bodily damage and material damage in the strict sense are usually included. The second seems to be the most accurate expression, as bodily damage often affects the injured party's patrimonial interests (payment of medical treatment, hospitalization expenses, medications, etc.), frustrated earnings if the damage has incapacitated them from performing their usual occupations (lost profits (perjuicios)), etc.\" (First Chamber of the Court, No. 112 at 2:15 p.m. on July 15, 1992, and No. 714 at 4:20 p.m. on September 18, 1992).\n\nIn the case before us, there was an unjustified entry by the Municipality of Cartago onto the properties of the undersigned and her represented party, creating a ditch (acequia) that clearly affects the full use of the properties in question, compounded by the fact that no administrative proceeding of any kind was carried out; only a completely unlawful and unilateral act occurred, since there is no evidence whatsoever of said ditch (acequia) except for the visit to the properties, which caused great damage to the real estate and to the owners. MORAL DAMAGES. We can observe the moral damages because, following the impact of observing the properties, the undersigned's sleep has been affected due to the great stress of the situation, since, as a result of the damage to the properties, these real estate assets can no longer be used, having totally lost their value and functionality, such that the decision to acquire said properties torments the undersigned daily. That is, the situation generates great uncertainty, insofar as the diligence of the undersigned and her represented party in seeking to maintain their stability by acquiring the aforementioned properties for their full enjoyment was violated; however, due to the misconduct of the Municipality of Cartago, that peace of mind in the decisions made when acquiring the properties was fully affected, since it was never considered that a state entity or a Local Government could act against the aforementioned assets. For this reason, the undersigned decides to initiate the present judicial proceeding with the sole purpose of obtaining compensation, both for my represented party and for the undersigned, for what is due, since the mental, emotional, and social strain derived from this situation is immense. PECUNIARY DAMAGES. Pecuniary damages refer to all those elements that directly affect the assets of the affected party and the economic consequences derived from the responsible party's misconduct. Beyond the abusive conduct of the Municipality of Cartago that has unfolded throughout this proceeding, compensation must be provided for the harm caused to the lands of their owners, who possessed land that met the suitable and proper conditions for developing residential activity, but due to the neglect and misconduct of the Local Government, the ideal circumstances for the urban development of the properties, nor their free disposition, currently do not exist. The amount of effort and resources to reverse the effect of the ditch (acequia) on the properties is not only economic but will also entail a great deal of time and work, without considering the detail of the administrative procedures that must be carried out for the relocation of the ditch (acequia) and its protection, despite the property not having been acquired with this condition. Based on the foregoing, allowing the permanence of the ditch (acequia) on my represented party's properties damages their productivity; as long as said ditch (acequia) remains on the properties, a great pecuniary loss is produced in the plaintiffs' estate, who acquired the properties without annotations, liens, or cadastral evidence of any encumbrance or impossibility of using the assets; that is, they were acquired with the purpose of developing said lands, which cannot currently occur because the ditch (acequia) is located in the middle of the properties. As a corollary to the above, due to the creation of the ditch (acequia) on the abovementioned properties, they totally lost their value, since it is impossible to use them, to fully enjoy them, it is impossible to build on the properties; therefore, their nature was fully affected, being that it was residential use, but with the creation of the ditch (acequia) in the middle of the properties, the planning of constructions on said lands is completely absurd. In the event of carrying out any type of relocation of the ditch (acequia), excessive bureaucratic procedures are required, not to mention the economic cost to the owners to perform said movement properly, which is totally irrational, considering that said ditch (acequia) was not on the properties when they were acquired and this amount must be covered by the responsible party, the Municipality of Cartago. Likewise, as the ditch (acequia) transits through the real estate, the land of the properties is not in the appropriate conditions to build and develop the activity proper to the nature of the real estate; therefore, another additional expense will have to be incurred or, failing that, wait for an indeterminate period until the properties are in suitable conditions to configure the nature that was conferred upon them. For all the above, in this case, the injury to legal rights is evident, supporting the presence of damages, both moral and pecuniary, where the rights of the plaintiff are injured both in terms of state trust and the economic value of their investments. DAMAGES (Perjuicio). Damage (perjuicio) has been classified as a pecuniary injury, but it differs from damage (daño) because it refers to an expectation, that is, between a present and future situation. In this case, the plaintiff acquired the real estate with the purpose of using it, producing on it, and generating the expectation of not incurring unnecessary expenses or limitations because they were assets completely free at both the cadastral and registry level. In addition to what was previously established, my represented party has ceased to receive projected economic income, since the condition in which the properties are found does not allow the use that is truly warranted; that is, it is losing its value for use as residences, the nature for which it was intended. Additionally, the affected properties of the plaintiff are deteriorating, thus affecting the current and future possibilities of the plaintiff, who has currently suffered losses and it is calculated that they will continue for some time while she recovers the state of the properties to a state similar to what they had prior to the creation of the ditch (acequia), as well as the future time required to move the ditch (acequia). All projected on the possibility of said relocation and the prompt intervention in the affected areas, since, if exceeded, the impact could be greater and even irreparable, making the damage (perjuicio) a permanent element. Based on what was previously commented, it has remained in force in the Costa Rican jurisdiction that, to speak of damages (daños y perjuicios), certain assumptions must be met, these being: that they are certain, current, and that an acquired right is affected. In the case before us, the three assumptions have been demonstrated, being that it is a situation that continues currently, which causes great fear to the plaintiff for its possible effects; they are completely certain, for which there are various evidentiary elements that are annexed to this brief, and we even have the consent to carry out a judicial inspection of the area so that the judge can verify the supplied data. That everything that happened stems from the defendant's misconduct because previously the properties were in perfect condition without a ditch (acequia) affecting them, as evidenced in the evidence provided with this brief\".\n\nV.- ON THE DEFENDANT'S ARGUMENT: In summary, the representative of the Municipality of Cartago indicates that: \"(...) I. FAILURE TO EXHAUST ADMINISTRATIVE REMEDIES: NON-EXISTENCE OF A REQUEST BEFORE THE MUNICIPAL ADMINISTRATION. Regarding the exhaustion of administrative remedies prior to the request for judicial protection, it is necessary to point out that, from the entry into force of the Code of Administrative Contentious Proceedings, Law No. 8508, the rule is that this is optional; however, in the case of the municipal regime of Article 173 of the Political Constitution, the requirement for mandatory exhaustion of administrative remedies derives from it, an aspect without which the enablement of the judicial route is impossible. On this, the Administrative Contentious Tribunal, in resolution No. 00459-2019, stated: Now, for this Tribunal, the representative of the sued Municipality is correct regarding the raised exception, it being indispensable for this Court that the plaintiff demonstrates the exhaustion of administrative remedies. The foregoing is duly supported by the criteria expressed by the Second Section of the Administrative Contentious Court of Appeals. . . when indicating that the exhaustion of administrative remedies, in Municipal matters, is a requirement required by Law, as a prior action before resorting to this Jurisdiction, since if the administrative remedies have not been exhausted, the Administrative Contentious Jurisdiction would not be enabled to admit and settle the appropriateness of what was petitioned; precisely because the exhaustion of that route, which is mandatory in nature, is not recorded, based on Article 31.1 of the Code of Administrative Contentious Proceedings and Article 173 of the Political Constitution... Therefore, and since this prior requirement required by law has not been fulfilled, this Jurisdiction would not be enabled to resolve on the merits the appropriateness or not of what has been petitioned here . . . precisely because the exhaustion of that route, which is mandatory in nature, is not unequivocally or manifestly recorded, which is ultimately what would enable the hearing of the case, based on Article 31.1 of the Code of Administrative Contentious Proceedings and Article 173 of the Political Constitution. (...) As extracted from the claim and the theory of the case presented by the plaintiff, she requires judicial protection in order to order the relocation of the ditch (acequia), carried out, in her opinion, illegally by the Municipality of Cartago; however, as has been indicated, the plaintiffs' properties are traversed by the natural watercourse of the Quebrada María Antonieta; therefore, it is not true that the ditch (acequia) was created by officials of the Municipality of Cartago. Therefore, this Representation presents the exception of lack of competence due to failure to exhaust administrative remedies, given that the plaintiff has not only failed to demonstrate having made a formal requirement to the Municipal Administration regarding the case in question but has also not provided evidence that allows accrediting the exhaustion of administrative remedies before resorting to this judicial venue to request the relocation of the ditch (acequia). In light of the foregoing, the effect of the failure to exhaust administrative remedies in this case is that the Administrative Contentious Tribunal is not enabled to resolve the plaintiff's request for relocation of the ditch (acequia). Therefore, it is requested that the raised exception be accepted and consequently declare the inadmissibility of the filed lawsuit. II. NON-EXISTENCE OF FACTS AND CLAIM AGAINST THE MUNICIPALITY OF CARTAGO: LACK OF PASSIVE LEGITIMATION AD CAUSAM AND FAILURE TO JOIN A NECESSARY LITISCONSORTIUM. The plaintiff requests that the Municipality of Cartago be ordered to relocate the ditch (acequia) that crosses her property, which in reality, as stated in official letter No. DA-UHCAROC-0153-2024, corresponds to the natural watercourse of the Quebrada María Antonieta. Now, in accordance with Law No. 7152, Conversion of the Ministry of Industry, Energy and Mines into the Ministry of Environment and Energy, it is the responsibility of MINAE to carry out the inventory, as well as the protection, of the natural resources that the country has. In addition to the above, constitutional jurisprudence has indicated that water is public domain, so the only entity competent to relocate the course of the stream (Quebrada) under the terms requested by the plaintiff is the State through MINAE. In this regard, the Constitutional Chamber, in resolution No. 01923 – 2004, stated: ... the Organic Law of the Environment, No. 7554 of October 13, 1995, and its amendments, in numeral 50—whose heading is \"Public Domain of Water\"—reinforced that declaration of public domain status (demanialidad) and prescribed that \"Water is in the public domain, its conservation and sustainable use are of social interest.\" This legislative instrument implies an express affectation of continental waters (surface and underground waters—since it does not distinguish them—) to the public domain of the State and qualifies them as of social interest, which cleared the way for eventual expropriations or limitations for reasons of social interest (Article 45 of the Political Constitution, its protection, preservation, or conservation and sustained or rational use. Therefore, given that the Municipality of Cartago is unable to alter the normal course of the Quebrada María Antonieta, and considering that the protection of this natural resource corresponds to the State, this representation requests that MINAE be joined to the present proceeding and additionally, that the lack of passive legitimation of the plaintiffs to sue my represented party be declared in the judgment. III. ADMINISTRATIVE CONDUCT NOT SUBJECT TO CHALLENGE. In the theory of the case, the plaintiff argues that the Municipality carried out the construction of a ditch (acequia) that crosses her property; however, as has been detailed, it corresponds to the natural watercourse of the Quebrada María Antonieta. In short, she claims from the Administration the execution of an illegitimate material action, that is, a de facto action (vía de hecho). However, the Municipality's action derives from compliance with the mandate issued by the Constitutional Chamber in resolution No. 07201-2001 at 15:43 on July 24, 2001, in the year 2000, in which it is ordered: 'To the Mayor of the Municipality of Cartago to use the mechanisms provided for in the law to definitively solve the problem of the diversion of the Quebrada María Antonieta within one month from the notification of this resolution.' In summary, this resolution orders restoring the stream (quebrada) to its original trajectory, so the Municipality's actions correspond to the material execution of what was ordered in a judgment, making it impossible to challenge said conduct in this venue because it derives from a resolution with the character of res judicata and erga omnes effectiveness. IV. RES JUDICATA. In the terms set forth below, it can be seen that in resolution No. 07204 - 2001 at 15:43 on July 24, 2001, in the year 2000, the Constitutional Chamber addressed the matter related to the course through which the Quebrada María Antonieta should naturally run, ordering the Municipality to intervene in the works that had caused its diversion by Mr. Juan Cancio Mata. Thus, given that this point was addressed by the Constitutional Chamber, it becomes impossible to hear the plaintiff's claim in this venue. Regarding constitutional res judicata, the Constitutional Chamber in resolution No. 12825 – 2014 has provided: Constitutional res judicata has its own special singularities that distinguish it from legality res judicata, which are the following: a) No appeal is permitted, not even the extraordinary review against a constitutional judgment; b) constitutional res judicata extends to the operative part (Therefore [Por tanto]) as well as to the recitals part or reasonings of fact and law set forth by the Constitutional Chamber; c) the effectiveness of constitutional res judicata is not relative—relativity of legality res judicata— but absolute and general; it extends to any subject of law, both those who participated as main or accessory parties and those who were not parties in the constitutional proceeding. (The underlining is not from the original). Consequently, given that the Constitutional Chamber has already ruled on the question related to the course of the Quebrada María Antonieta and the municipal responsibilities regarding its diversion carried out by Mr. Juan Cancio Mata, it is not possible to discuss this matter again in a judicial venue because it bears the character of constitutional res judicata. V. LAPSE OF THE ACTION. As has been seen, the material actions of the Municipality derive from compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber in resolution No. 07204-2001 at 15:43 on July 24, 2001, in the year 2000, given that said actions date back to the year 2001; since it is a material action under numeral 39, subsection c) of the CPCA, the one-year period to challenge such actions has amply elapsed; consequently, the declaration of the lapse of the present action is requested. VI. IMPROPRIETY OF RECOGNITION OF DAMAGES. The plaintiff does not provide any element that allows accrediting the illegality of the Municipality's actions; therefore, since the conduct deployed by the Administration is not illegitimate, the claimed material and moral damages are improper. As this Tribunal has resolved in judgment No. 49-2019 at 16:25 on April 30, 2019, in the contentious-administrative venue, the plaintiff must provide evidence to demonstrate the illegality of the acts; it is not enough to criticize the procedure: The official forgets that in contentious-administrative matters and dealing with the object of the process being the legality control of the administrative function expressed through formal administrative conduct, a procedural burden rises on the shoulders of the justiciable, not only of an argumentative nature regarding the vices present in the elements of the administrative act but also—when applicable—an evidentiary one, related to the need to prove precisely said legal irregularities. This obeys the principles of conservation and presumption of validity and legitimacy of the administrative act, as emanates from numerals 168, 169, and 176 of the General Law of Public Administration, which together with Article 41.1 of the Code of Civil Procedure (Law No. 9342), (...) although it is true that the relationship between the parties in this process is eminently one of public employment, and therefore, some principles of labor law are in force, with greater or lesser incidence, those of public and administrative law predominate. Thus, we can legally affirm that, even in a public employment process, the procedural and evidentiary burdens in an administrative contentious litigation in which the legality control of an administrative act is involved correspond to the general rules, and therefore, it is the plaintiff who must fully prove the substantial nonconformity of the administrative act with respect to the legal system (Art. 158 LGAP). In the specific case, the plaintiff has failed to satisfy this general rule, as he has not provided any element other than the administrative file itself that allows refuting the challenged conduct, and as we will see below, none of the elements contained therein allow reaching a result different from that concluded by the sued Administration. This is because the party omitted in her theory of the case that appealing before an Administrative Contentious Tribunal is not one more instance within the administrative route and that an alleged improper weighing of evidence in the administrative procedure only has relevance in a judicial venue insofar as it concludes in the verification of a vice or the non-existence of the factual basis of the administrative act\". Regarding the claimed subjective moral damages, although, by its very nature, this does not require direct evidence, for the purpose of granting a quantification that allows compensating the damage, the analysis of the presented evidentiary material takes on special relevance. Thus, it constitutes an obligation of the claimant to present the evidence that allows assessing the intensity of the alleged damage. Additionally, the existence of a causal link between the antecedent cause and the damage must be verified, which are determining aspects for establishing an adequate quantification of the damage in observance of reasonableness and proportionality. This has been emphasized by this Tribunal in resolution No. 00080-2019, which is cited in its relevant part: .... 1) Implications of the maxim \"in re ipsa\" ... The abstract and indeterminate nature of subjective moral damages allows whoever claims it, or whoever refutes it, to offer evidentiary elements aimed at establishing parameters on the level of concrete affectation or the intensity that a particular harmful circumstance has generated in that emotional or internal sphere of a natural person. One thing is that the damage as a consequence can be inferred based on indicia and rules of human experience, and quite another is the intensity of that suffering.... 2) Duty to prove the antecedent cause of the internal injury. As a derivation of the foregoing, although its granting is not conditioned or subject to evidentiary factors, the same is not true when it comes to establishing the causal link that allows requesting it. That is, the causal relationship that would allow understanding the subjective moral damage as having occurred must be proved, at least, with the linking of a public action or inaction as the causing source of the internal injury. This means that it is the duty of the claimant to prove the harmful cause, as the facts that, in theory, have resulted in that harmful effect. In this way, if the existence of the damage can be inferred from indicia, it is clear that such inference must be based on the proper verification of the circumstances from which that non-pecuniary detriment is alleged. Within the causal link, it is evident that this cause-effect relationship cannot be generated if there is no detail and proper evidence of the antecedent circumstances that have constituted the adequate cause of the injury. The rule \"in re ipsa\" allows assuming the damage based on proven causes but does not make it possible to deduce the effective occurrence of the facts or omissions that constitute, in each case, the producing cause of the claimed injuries... 3) Consideration of antecedent circumstances as a parameter for assessment. Proportionality rules. It has been an accepted rule that, despite this alluded evidentiary dispensation regarding the existence of the damage (not of its cause), its determination is subject to the principles of reasonableness and proportionality... 4) Duty to state reasons for the quantification. Finally, as a corollary of what was stated in the previous items, and as a derivation of the generic duty to state reasons for judgments, which in this venue is imposed by numeral 57 of the CPCA, it is necessary that in each case, the assessment of subjective moral damage be preceded by a clear and consistent exposition of the reasons why that compensatory amount is reached. In accordance with what is being presented, this would imply that the respective judgment reflects the reasons why the antecedent circumstance that configures the adequate cause of the emotional injury is considered proven. Furthermore, if the injury presents a particular intensity, the reasons (evidentiary or value judgment) for which such a level is deduced in that specific case. Likewise, in view of those parameters, along with the circumstances surrounding the injury and particular situations, the due justification for the amount assigned as compensation by equivalence must be set forth. Only in the face of that reasoned expression can the parties truly know the reasons for the assessment and thereby undertake the corresponding challenge or defense actions, which ultimately derives from the constitutional principles of effective judicial protection and due process. In summary, for the recognition of damages, the cause that originates them, what they consist of, and the specific estimation of each must be specified in the lawsuit, also proving the causal link with the administrative conduct being questioned. Faced with such non-compliance, the pertinent action is the rejection of those claims (Articles 58, paragraph 1, subsections e) and f), 163.1), 122, subsection m) of Law No. 8505, Code of Administrative Contentious Proceedings (CPCA) and 220 in relation to Article 41.1, of Law No. 9342, Code of Civil Procedure (CPC). In the same vein, it must be considered that the LGAP only recognizes the civil liability of the Public Administration when we are in the presence of that causal link and a damage that is effective, assessable, and identifiable (Articles 190 and 196). In the present case, the plaintiff fails to prove the alleged damages that she claims are a consequence of legitimate or illegitimate, normal or abnormal action (Article 190 LGAP); her compensation claims also lack basis\".-\n\nVI.- ON THE LAPSE RAISED: The defendant has invoked the lapse of this proceeding, noting that the material actions of the Municipality derive from compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber in resolution 70204-2001 at 15:43 on July 24, 2001. It states that, given that those actions are from the year 2001, under numeral 39, subsection c) of the CPCA, the period of one year to challenge such actions has amply elapsed; consequently, it requests the lapse of the action. As regards the plaintiff, she states that the lapse of the action is not appropriate because mention is made of an order imposed by the Constitutional Chamber that is not related to the present matter because they are two different situations. Tribunal's Criterion: This Chamber disagrees with the criterion of the municipal representative regarding the operation of the lapse under the terms of Article 39, subsection c) and proceeds to explain the reasons. To do so, it is necessary to review the object of this proceeding. Although it is true that the core of the lawsuit is the compensation for damages (civil treasury proceeding), the truth is that the lawsuit also states that the relocation of the ditch (acequia) was requested (a substantive claim to do something) and, nevertheless, this point, which was considered an integral part of the claims, was not mentioned by the procedural judge. Therefore, a restitution to the conditions that the plaintiffs consider the properties had before was requested, along with compensation from the Local Government. The representation of the Local Government claims what it calls a \"material action\" from the year 2003 and that, therefore, any claim related to it would be lapsed. The truth is that, more than a material action, what the Municipality carried out was compliance with an order issued by the Constitutional Tribunal, that is, the execution of a judicial order; therefore, in the first place, the application of numeral 39, subsection c) would be ruled out. But the truth is that this Chamber considers that the lapse rule of the CPCA cited is not the applicable procedural figure for the present matter. We have, then, that what is sought here is an action for restitution (relocation of an alleged ditch [acequia]) and, subsidiary to it, a compensatory action. In that sense, according to Article 264, subsection 5, in relation to numerals 316, 868 to 870, all of the Civil Code, the first two mention, in what is of interest: \"ARTICLE 264.- The dominion or absolute property over a thing includes the rights: 1st.- (...). 2nd.- (...). 3rd.- (...) 4th.- (...); and 5th.- Of restitution and indemnification\". \"ARTICLE 316.- Every owner has the power to claim in court the thing that is the object of their property, and the free enjoyment of each and every one of the rights that it comprises\". For their part, Articles 868 to 870 of the same normative body do not establish a special period for the prescription of the right of restitution of real estate; therefore, it is considered that no prescriptive period—much less a lapse period as alleged—runs against the plaintiff for filing the present lawsuit, independently of the right that may correspond to them. We must bear in mind that, from the perspective of the claimants, the factual framework is framed within a disturbance of domain that affects the real property right they possess and which continues today, at the moment of issuing this judgment. Therefore, it is not possible to apply the negative prescriptive institutions due to the ongoing nature of the disturbance; however, as will be addressed infra, this does not mean that the plaintiffs have an imprescriptibility of their restitutory and compensatory actions in their favor; rather, they will be weighed infra, under the analysis of whether the factual situation constitutes or not an encumbrance that the real estate must bear and, ergo, a situation limiting domain that delimits its extent, but that will be developed further on regarding the merits of the matter. Thus, what is appropriate is to reject the lapse in the terms proposed by the defendant's representation.-\n\nVII.- ON THE MERITS OF THE MATTER: After reviewing the lawsuit and answer briefs, as well as the evidence contained in the case file, this Chamber of Judges considers that the present lawsuit must be declared without merit for the reasons that will be stated. In summary, the plaintiffs claim the existence of what they call a ditch (acequia) on the properties of the Partido de Cartago built by the Municipality of Cartago. They argue that said properties, at the registry level, do not have any type of lien or annotation associated with them, and the maps describing them do not indicate it either. They point out that, having no lien or annotation at the registry level, they were acquired by them.\n\nThey add that due to the location of the properties and their potential residential use, they visited the properties and found a ditch (acequia) that completely crosses said properties from side to side. That at the level of the plans that were registered in the year 2000, there is no evidence of that ditch. They state that the lands are private and that said ditch did not arise naturally and that neighbors—whom they do not identify—pointed out to them that there were actions by officials of the Municipality of Cartago and that they consulted said Municipality and it evaded its responsibility, notwithstanding the harm caused to them by its negligent and malicious conduct. They state that construction permits were requested from the Municipality of Cartago and it denied them, affirming the existence of that ditch, which confirms that the Municipality knows about its existence despite it not existing at the cadastral level. That the creation of that ditch on their properties has caused them great harm, because it becomes practically impossible to use, enjoy, or sell them. They point out that the Municipality never informed them about that ditch or about any proceeding related to it and that now, when buyers see that ditch, it causes them to lose interest.\n\n1) Non-existence of a ditch made by the Municipality of Cartago. The Quebrada María Antonieta runs naturally through the properties as a natural tributary of the Aguacaliente River. The plaintiffs' lot plans do not reflect the topographical reality. The facts taken as proven discredit what the plaintiffs have stated. Thus, we have that in the year 1999, long before the corporation existed and the individual plaintiff became owners of the properties of the Partido de Cartago numbers 173881-000, 173882-000, 173883-000, 173884-000, and 173885-000, as per the evidence in the case file (fact 1), these belonged to Mr. Juan Cancio Mata Ortega, who segregated and sold them to the limited liability company Inversiones Reales Penjamo, represented by Mr. Alexis Rivera Gómez (fact 5). These two persons had an active participation in the facts that the Municipality broadly explains and demonstrates with the case file of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) admitted as evidence for better resolution and which, contrary to what the plaintiffs' representative states, are fully applicable to the specific case, insofar as they relate real estate situations in the chain of title. The case file indicates that in the 1999 deed, in which the plaintiffs' lots are segregated, it is stated that the cadastral plans for same were not approved (visados) by the Municipality because the approval was not issued within the legal term per Article 33 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), and this had the consequence that plans and lots that did not correspond to reality and were outside municipal planning were able to be registered in the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad), violating urban planning regulations. These segregated lots were mortgaged in 1999, in favor of the company Agrinorte S.R.L., also represented by Mr. Alexis Rivera Gómez. The two persons mentioned above are those who both neighbors of the area, the Ministry of Environment and Energy (MINAE), and the Municipality of Cartago, in the official letters of proven facts 6 to 9, identify as the perpetrators of environmental damage in the case file before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), consisting of the channeling (entubamiento) and diversion of the Quebrada María Antonieta, which is what the plaintiffs call an artificial \"ditch\" (acequia). In effect, in official letter AOP-143-00 dated August 30, 2000, from the then Head of the Operations Area of the Municipality of Cartago, he indicates that complaints had been received from the Asociación de Desarrollo Integral de Lourdes, district of San Francisco, about the works being carried out in the channel of the Quebrada María Antonieta, a section located 100 meters east of the community cemetery. Specifically, the channel of said quebrada was piped (entubó) without the authorization of the Department of Water (Departamento de Aguas) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). It is added that a construction permit was found for infrastructure works for a subdivision (fraccionamiento) in which the works that were executed are not included, whereas, on the contrary, the construction plans do not at any time contemplate the diversion of the Quebrada María Antonieta. It indicates that when speaking with the professional in charge of the work, he mentions that the studies were done at the time to maintain the natural channel and later improve its outfall towards the north of the property. On August 29, 2000, Mr. Alexis Rivera Gómez was notified by Notification Summons (cédula de Notificaciones) number 0423, to proceed to return the waters to the channel that existed previously and not divert them to discharge them onto the public road; otherwise, measures would be taken in accordance with the law. In official letter IMN-DA-2479-00 of December 1, 2000, officials of the Department of Water (Departamento de Aguas) of the National Meteorological Institute (IMN) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), indicate to Engineer José Miguel Zeledón Calderón, as Head of the Department of Water (Departamento de Aguas), of interest, that on October 30, 2000, a hydraulic evaluation had been carried out on the conveyance capacity of the channeling system used for the realignment and piping (entubamiento) of the Quebrada María Antonieta. That in the inspection carried out, it was detected that a lateral channel was constructed that conveys the water to two pipes that run under a sidewalk and a ditch parallel to the street, and that this diversion was made where on a third party's property, apparently a brother of the owner of the property where the Quebrada María Antonieta was piped. That no water runs through the original channel of the Quebrada because it was plugged in order to divert this water toward the new channel. That from the direction of the waters, it was noted that in a recent flood the water exceeded the plugging level, causing water to run both through the channel and through the natural channel of the Quebrada. That the work totally modified the condition of the protection zone (zona protectora) since, in the entire piping area, said protection zone corresponds, on the right bank, to the local public road. That because an illegal work of piping and diverting a public domain channel has been carried out, it is considered appropriate to notify Mr. Juan Cancio Mata Ortega that he must return things to their original state within three days. The foregoing is translated into resolution IMN-DA-2513-2000 at 10:00 a.m. on December 7, 2000, of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). And through amparo action (recurso de amparo) number 01-003674-0007-CO, the complaint of Mr. Julio Hernández Fonseca, President of the Asociación de Desarrollo Integral Lourdes de Agua Caliente, was processed, who filed an amparo action against Juan Cancio Mata Ortega, Alexis Rivera Gómez, the President of the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), and the Municipality of Cartago. Now, certainly the plans held for the plaintiffs' lots do not indicate a quebrada or body of water, but this Chamber determines that this was produced by an act, at minimum, negligent on the part of the surveying professional contracted for such activity, although this is not an aspect to be assessed in this matter, insofar as it is clear that the existence of those cadastral plans that do not conform to reality hides the existence of a quebrada in the lots indicated above; however, such omission in surveying does not deny or prevent the recognition of the pre-existing factual situation, which is the natural presence of the body of water, manipulated by the previous owners of the property, without there being any evidence allowing attribution of responsibility to the defendant Municipality, but rather to third parties who altered the real situation of the lands and the cadastral plans associated with them so that they did not indicate the existence of a quebrada. On the other hand, the Municipality of Cartago has not denied an action in the aforementioned quebrada; what it has defended is that it was done under the protection of what was resolved in the aforementioned amparo action and that through vote 2001-07204 at 3:43 p.m. on July 24, 2001, of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), the Local Government was ordered to solve the problem of the diversion of the Quebrada María Antonieta within one month, which was complied with on April 15 and 22, 2003, when the channel was reopened. (fact 11), this being lawful conduct in compliance with a legal duty. Now, it cannot be taken as certain that the plaintiffs acquired with an urban development purpose and under registry protection. It is demonstrated in the case file that the Cartago properties belonged to the husband of the plaintiff herein, who is also the representative of the plaintiff corporation; everything indicates that the now deceased obtained the properties at a judicial auction per fact 4 of this judgment, since the subsequent registry act on said properties, after the auction and award, is the sale of properties 173883-000, 173884-000 to the plaintiff corporation, in the year 2019, and in the year 2021 in the case of properties 173881-000, 173882-000, and 173885-000, when the individual plaintiff registered them as an inheritance award from her spouse. (facts 12 to 14). With this, it cannot be considered that the plaintiffs herein \"acquired\" with the eagerness to carry out an urban development project. This would partly explain, according to their statement, why they visit the properties for the first time in the year 2022 and are \"astonished\" by the existence of a body of water that flows naturally through those properties, since it was the husband of the individual plaintiff who had acquired them, not the current plaintiffs. Now, there is also no doubt that there is a coincidence with what the plaintiffs call a \"ditch supposedly fabricated by the Municipality of Cartago\" and which is in reality the natural quebrada popularly known as María Antonieta. Official letters UTGV-OF-145-2025 of February 28, 2024, from the Roads and Streets Surveying Engineer of the Municipality of Cartago, and DA-UHCARROC-0153-2024 of March 8, 2024, from the Dirección de Aguas of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), attest to this; these will be analyzed in the following section (facts 18 and 19), without any technical evidence to the contrary existing. Therefore, it is not possible to determine that the Municipality of Cartago altered the plaintiffs' properties to build a ditch in the terms the plaintiffs raised.\n\n2) Technical evidence—not rebutted—issued by the water authorities demonstrating the existence of a natural quebrada on the plaintiffs' lands. The plaintiffs mention that the ditch was not registered and it was the responsibility of the Local Government, of the Municipality of Cartago, to inform the owners of its actions and even more so after the creation of the ditch, and it had to take charge of registering said encumbrance on the properties. That in the studies and plans of the properties, no encumbrance currently appears nor do they show a ditch, since if a third party wishes to acquire the property, they consult the National Registry (Registro Nacional) and it appears clear, but this could generate a legal consequence for the plaintiff or her represented party upon knowing the properties and observing the ditch that runs through the middle of said properties.\n\nCourt's Criteria: As mentioned above, there are two official letters that are technical evidence issued not only by professionals of the Municipality of Cartago, that is, official letter UTGV-OF-145-2025 of February 28, 2024, from the Roads and Streets Surveying Engineer, but also by the governing area in the matter, which issued official letter DA-UHCARROC-0153-2024 of March 8, 2024, from the Dirección de Aguas of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). This latter piece of evidence is not only issued by the entity in charge of the inventory of waters in the country, but it also explains in a very detailed manner the location and source (nacimiento) of this body of water. Official letter UTGV-OF-145-2025 of February 28, 2024, issued by the Roads and Streets Surveying Engineer of the Municipality of Cartago, proceeded to conduct an analysis of the properties identified with Property numbers 3-173883-000, 3-173884-000, 3-172881-00, 3-173882-000, and 3-173885-000, affected by the Body of Water studied in Official Letter DA-UHCAROC-0153-2024, issued by the Dirección de Aguas of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), and through the Municipal Geographic Information System (GIS), and the coordinates of the \"Starting Point of the Expert Opinion (Dictamen) and Final Point of the Expert Opinion (Dictamen)\", provided by MINAE, the starting point of the expert opinion and the final point of the expert opinion were located in the municipal geographic information system, and the body of water was also located in the image of the official WEB Hydrography viewer of the Dirección de Aguas of MINAE, and from this, an orthophoto, cadastral map, official municipal map, and the body of water under study were overlaid, where the path that the quebrada takes is located and how it crosses not only the properties subject to the lawsuit but all the lots found in the trajectory of the quebrada at the coordinates under study. With this, the five properties of the process are identified in the overlay. Therefore, it concludes that the properties registered under Folio Real 3-173883-000 and 3-173884-000, 3-173881-000, 3-173882-000, and 3-173885-000, according to their Geographic Location, registration, and boundary description of the Cadastre plans, are directly affected by the Body of Water, the object of study of the Report at hand. Furthermore, according to the official information published in the Real Estate Registry Information System (SIRI), it can be evidenced that the Body of Water under investigation is duly indicated in the Official Cartography, in the Mosaic of Cartographic Sheets Tapanti Scale 1:5000 and in relation to the Official Cadastral Map, and those properties are directly affected by the course of the Body of Water. That according to the information from the Official Letter of MINAE, DA-UHCAROC-0153-2024, the Body of Water under Study is classified as: PERMANENT PUBLIC DOMAIN BODY OF WATER. This Body of Water is popularly known as the Quebrada María Antonieta. And the properties registered under Folio Real 3-173883-000 and 3-173884-000, 3-173881-000, 3-173882-000, and 3-173885-000, are directly affected by the official and natural path of the Quebrada María Antonieta.\n\nFor its part, the official letter from the Dirección de Aguas, number DA-UHCARROC-0153-2024 of March 8, 2024, from the Dirección de Aguas of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), indicates to the Head of Road and Public Site Cleaning of the Municipality of Cartago, as relevant: \"In response to your request for an expert opinion (dictamen) on a body of water through official letter LV-OF-035-2024 in the sector of Agua Caliente, Cartago, the following is reported regarding the inspection conducted: • An inspection was conducted on March 7, 2024. • From a technical point of view, the expert opinion (dictamen) on a body of water is the activity through which a professional official of the Dirección de Agua with sufficient competencies applies science, technique, and technology to analyze the characteristics present in a body of water and its surroundings. As a result of the analysis, a report is obtained that describes the conditions of the analyzed body of water, its classification, and relevant information, necessary to serve as input in other technical or legal processes. The criterion is issued by the public official due to the responsibilities and rights granted by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). • The physical conditions of the sites and their surroundings were observed through a walk-around, reference points were also taken with a GPS device, brand Garmin Montana 689 with an accuracy error of +- 3m, using plane coordinates with Lambert Costa Rica Norte projection. (...) 2. Technical basis: This expert opinion (dictamen) is carried out in accordance with the 'Technical Guide for Conducting Expert Opinions on Bodies of Water' code DA-GRH-0013 prepared by the Dirección de Agua, which defines the following: Quebrada: A quebrada is defined as the watercourse that runs through a cleft in a mountain or terrain. It can also be defined as the permanent or intermittent flow of water that runs through the breaks in the sierras or flat land. Any water that runs from a ravine to a river. Narrow and rough opening between mountains, relatively narrow valley between two mountain ranges. They have little flow compared to a river, and are not suitable for navigation or significant fishing. In quebradas, commonly, only very small fish species live; they have little depth. (...) SOURCE NUMBER: 1 REFERENCE OR PLAN LV-OF-035-2024 EVALUATION DATE: March 7, 2024 PROVINCE: CARTAGO CANTON: CARTAGO DISTRICT: AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO SOURCE TYPE: QUEBRADA NAME: UNNAMED CRITERION ON THE SOURCE: PERMANENT PUBLIC DOMAIN BODY OF WATER TRIBUTARY OF: RÍO AGUACALIENTE CARTOGRAPHIC SHEET: TAPANTI BASIN: (73-09) REVENTAZON PARISMINA (...) JUSTIFICATION: In the field, observation is made of a quebrada with characteristics such as the presence of flow in the analysis route, hydrophilic vegetation associated with aquatic environments. A channel is observed with a slight bottom slope, moderate, and granulometry of the cobblestone type; the flow coloration is gray due to the contribution of domestic wastewater at the site. According to the consultation of the Registry of Expert Opinions on Bodies of Water kept by this Dirección, no previous criteria at the analysis site are recorded. Therefore, having consulted the National Registry of Water and Channel Uses (Registro Nacional de Aprovechamientos de Agua y Cauces), the National Registry of Expert Opinions on Bodies of Water (Registro Nacional de Dictámenes de Cuerpos de Agua), and the field assessment, the analysis coordinate corresponds to an unnamed quebrada, public domain channel with intermittent flow type.\"\n\nThis evidence, which was brought to the attention of the plaintiffs, is limitedly addressed by them by pointing out that it is not the ditch to which they refer, and it has not been rebutted with technical evidence on their part that demonstrates their claims, and with this the principle of onus probandi (Article 41.1 of the Civil Procedure Code - Código Procesal Civil) is violated. On the contrary, a municipal body and a ministerial body in charge of water management at the national level affirm, not only with special computer programs, geolocation, and overlays, that what the plaintiffs call a ditch is nothing other than the natural quebrada named María Antonieta, a tributary of the Aguacaliente River. So, the documentary evidence—cadastral plans—that the plaintiffs attempt to set against this technical evidence cannot disprove what is demonstrated in the official letters, which is that the quebrada has always been on the lots of the plaintiffs herein and that it is due to the existence of the cadastral plans registered in the years 2000, which do not reflect the topographical reality of the lands, that these were irregularly registered, by not reflecting in their segregations the boundaries and the limitations that they contained. We must remember that bodies of water of this nature are those that, in themselves, generate the encumbrance that weighs as a real limitation on a property; it is not the administrative activity that generates it. In other words, the administrative activity, whether by MINAE through the Dirección de Aguas or by the municipality in urban control, are declarative activities, not constitutive of the affectation produced by the presence of a natural body of water. Therefore, the existence or not of an administrative record in no way diminishes the limiting legal effect on the property that the existence of the body of water produces under the terms of the Water Law (Ley de Aguas). In the same sense, it must be emphasized that the real estate registry publicity provided by the National Registry (Registro Nacional) is not the only registry publicity that exists, as that would ignore the existence of other specialized administrative registries held by Public Administrations. With this, the limitation weighing on the property predates the acquisition of ownership by the plaintiffs, who acquired not in an original manner, but in a derivative manner from previous owners. Hence the application of the legal maxim nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (no one can transfer more rights than they themselves have), so the plaintiffs cannot claim to ignore the limitation that already pre-existed at the time of acquiring the referenced properties. Now, as stated above, if the plaintiffs consider that the existence of the ownership limitation was \"surprising\", which is subject to protection (amparable) and not compensation (indemnizable) under the second paragraph of Article 45 of the Constitution, it would, eventually, constitute a hidden defect (vicio oculto) that would allow the application of Article 35 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), but this situation would not be enforceable against the municipality, but rather against the transferor of ownership to the plaintiffs, an aspect not known in this matter. Therefore, again, what the plaintiffs have raised cannot be taken as certain.\n\n3) Inappropriateness of the relocation of the ditch and the damages (daños y perjuicios) claimed; there is no causal link with an irregular, illegal, or illegitimate action by the Local Government. The plaintiffs claim relocation of the ditch and damages (daños y perjuicios); for this, they reference an extract from judgments 112 at 2:15 p.m. on July 15, 1992, and No. 714 at 4:20 p.m. on September 18, 2002, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, referring to damages. Specifically, they attribute that the unjustified entry by the Municipality of Cartago onto their properties, creating a ditch, affects the full use of the properties in question and that, since no type of administrative process was carried out, everything happened through a completely illegal and unilateral act, and this caused great damage to the properties and to the owners. In relation to moral damages, they mention that after the impact of observing the properties, the individual plaintiff's sleep has been affected due to the great stress of the situation, since, because of the damage to the properties, these properties can no longer be used, which completely lost their value and functionality, and that the decision to acquire said properties therefore torments her daily. That this situation generates great uncertainty for her, that her stability was violated upon acquiring the mentioned properties for their full enjoyment; however, due to the wrongful conduct of the Municipality of Cartago, that tranquility in the decisions made when acquiring the properties was fully affected, since it was never considered that a state entity or a Local Government could act against the aforementioned properties. In relation to pecuniary damages, they mention that this refers to all those elements that directly affect the assets of the affected party and the economic consequences derived from the responsible party's wrongful conduct. That beyond the abusive conduct of the Municipality of Cartago that has unfolded, the harm caused to the lands must be compensated to their owners, who had lands that met the suitable and proper conditions for developing residential activity, but due to the negligence and wrongful conduct of the Local Government, the ideal circumstances for the urban development of the properties, or their free disposition, currently do not exist. That the amount of effort and resources to reverse the effect of the ditch on the properties is not only economic but will also entail much time and work, without considering the detail of the administrative procedures that must be carried out for the relocation of the ditch and its protection, despite the property not having been acquired with this condition. That allowing the permanence of the ditch on the properties damages their productivity, and a great pecuniary loss is produced in the plaintiffs' estate, who acquired the properties without annotations, encumbrances, or cadastral evidence of any affectation or impossibility of using the properties; they were acquired for the purpose of developing said lands, which cannot currently occur because the ditch is located in the middle of the properties. That the Municipality of Cartago must cover the cost of restoring the properties to their state without the ditch.\n\nRegarding the consequential damages (perjuicio), the plaintiffs point out that they acquired the real estate for the purpose of using them, producing on them, and generating the expectation of not incurring unnecessary expenses or limitations because they were properties completely free at both the cadastral and registry level. That both the corporation and the individual have ceased to receive projected economic income, since the state in which the properties are found does not allow their use and value for use as residences, the nature for which they were intended. That, in addition, the properties are deteriorating, affecting the current and future possibilities of the plaintiffs, who have suffered losses, and it is calculated that these will continue for some time while the state of the properties is recovered to a state similar to what they had prior to the creation of the ditch. It adds that in this specific case, the fulfillment of the assumptions for damages has been demonstrated: that they are certain, current, and affect an acquired right, a situation that persists today, which causes great fear to the plaintiff due to its possible effects; they are completely certain, for which various evidentiary elements are available. That everything that has happened comes from the wrongful conduct of the defendant because previously the properties were in perfect condition without a ditch affecting them, as evidenced in the evidence provided.\n\nCourt's Criteria: Again, the documentary evidence discredits what the plaintiff has stated; the existence of an act by the Local Government that warrants the declaration of objective responsibility on its part has not been found. Let us remember that for objective administrative responsibility to be configured (In this sense, judgments of the First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 252-F-01 at 4:15 p.m. on March 28, 2001, No. 584-2005 at 10:40 a.m. on August 11, 2005, and No. 00308 at 10:30 a.m. on May 25, 2006, among many others), three requirements must be met: 1) Action or omission derived from the function or conduct of the Public Administration, whether omissive or active, formal or material, normal or abnormal, licit or illicit. 2) Injury or existence of unlawful damage (daño antijurídico), conduct by action or omission that infringes the legal system, so that when a public entity causes an administered party an unlawful injury that they are not obligated to bear, an obligation arises on its part to repair the damages and losses (daños y perjuicios), and 3) The Causal Link (Nexo causal), that is, that a direct relationship of cause and effect exists between the fact imputed and the damage produced, which legitimizes the harm caused, without grounds for exclusion of the causal link, such as the occurrence of an exonerating situation like force majeure, the fault of the victim, and the act of a third party. These exonerations from responsibility are established by numeral 190 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública): a) force majeure (an unforeseeable, unavoidable event, of nature, foreign and external); b) act of a third party (the damage is produced by the action or omission of a subject completely external to the triangular relationship between administration-official-affected party); and c) fault of the victim (it is the passive subject of the damage themselves who, through inexcusable negligence or imprudence, causes the injury upon themselves or places themselves in a position for it). In light of the case file and facts taken as proven, we have that in the present matter the requirements of objective administrative responsibility are not met: First, as already stated above, there is no action or omission derived from the function or conduct of the Public Administration, whether omissive or active, formal or material, normal or abnormal, licit or illicit, on the part of the Local Government. It did not create the quebrada; it is a natural tributary of the Aguacaliente River. It has been on the properties of the current owners and plaintiffs since before it was illegally piped (entubada) by two private individuals. And although the Local Government did intervene on those lands, it did so by judicial order and to reopen (aperturar) that body of water. Therefore, the first requirement is not met. Second, there is no unlawful damage or loss (daño o perjuicio antijurídico) as there is no conduct by action or omission that infringes the legal system; therefore, the defendant has no obligation to compensate for an unlawful injury, nor does an obligation arise on its part to repair the plaintiffs the damages and losses (daños y perjuicios) they claim. And third, there is no causal link (nexo causal); the plaintiffs fail to establish the direct relationship of cause and effect between the fact imputed to the defendant and the damages and losses (daños y perjuicio) claimed. On the contrary, all the evidence shows that it was the act of a third party—an exoneration from responsibility—that placed them in the current situation they now claim against the Local Government.\n\nAs indicated in the first section of this considerando, this Chamber has held it to be proven that Juan Cancio Mata Ortega and Alexis Rivera, knowing of the existence of a stream (quebrada), piped it and falsified cadastral plan information and segregation data in order to register lots that did not contain such information and to obtain economic advantages through mortgages which they did not honour, and the properties at issue here were auctioned; there was no participation by the Local Government in this. In addition to the foregoing, the plaintiffs assert—but this Chamber has held it not to be true—that the properties were acquired for construction; however, many years before the plaintiffs acquired the properties—under the terms already set forth supra—the stream (quebrada) had already been restored to its natural conditions and was visible to anyone who inspected them. Therefore, if the plaintiffs acquired them solely by relying on the public registry and did not inspect the lands beforehand, another defence applies, that of the victim’s fault, in accordance with the plaintiffs’ own statements, which, as reiterated, have not been held to be true. The claimed patrimonial damage and loss run the same course as the subjective moral damage sought for the individual plaintiff, since, as explained supra, the acquisition has not been shown to have been made for urban development purposes but was the consequence of an inheritance estate and a transfer of assets from the plaintiff Víquez Hidalgo’s spouse to a company represented by Mrs. Víquez Hidalgo. For this reason, the requested indemnifications are considered improper, and they are so declared. The same course is taken by the request for relocation of what was called a canal (acequia), but the technical evidence showed it is a natural stream (quebrada natural) known locally as María Antonieta, which makes it impossible to affect a limitation that already existed even though the current plans may have omitted it. From all of the foregoing, what must be concluded is the dismissal of the claim on the terms already stated.\n\nVIII.— ON THE DEFENCES RAISED: The defendant raises the defence of lack of right and lack of standing to be sued. In light of the case record, the defence of lack of standing to be sued must be rejected, since the claims on which the plaintiffs’ action is based revolve around an alleged administrative conduct of the local government upon which they supported their theory of the case. As for lack of right, for the reasons mentioned in the preceding considerando and in light of the case record, it must be upheld for the reasons already mentioned supra.\n\nIX.— COSTS ORDER: In accordance with Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Relief from this order is only viable when, in the Tribunal’s judgment, there is sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this Collegiate Body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable norm, since, as stated supra, the plaintiff party has lost this claim because the right does not assist them; therefore, the losing parties are ordered to pay both costs of the proceeding.\n\nPOR TANTO\n\nThe defences of expiry (caducidad) and lack of standing to be sued, raised by the defendant party, are rejected. The defence of lack of right is upheld. Consequently, the claim filed by LA CASITA DE ESMERALDA S.A. and ANA LUCÍA VÍQUEZ HIDALGO against the MUNICIPALIDAD DE CARTAGO is declared WITHOUT MERIT. Costs are borne by the plaintiff parties and shall be determined in the judgment enforcement stage. Let it be notified.\n\nAmy Miranda Alvarado\n\nClaudia Bolaños Salazar Carlos José Mejías Rodríguez\n\n \n\n| | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |\n| Y | K | T | I | 4 | 7 | 7 | G | E | L | 3 | U | 6 | 1 | | | |\n| A | M | Y | | M | I | R | A | N | D | A | | A | L | V | A | R |\n| A | D | O | | - | | J | U | E | Z | / | A | | D | E | C | I |\n| S | O | R | / | A | | | | | | | | | | | | |\n\n \n\n| | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |\n| 4 | 3 | F | Q | D | U | A | 4 | 3 | B | B | U | 4 | 6 | 1 | | |\n| C | L | A | U | D | I | A | | B | O | L | A | Ñ | O | S | | S |\n| A | L | A | Z | A | R | | - | | J | U | E | Z | / | A | | D |\n| E | C | I | S | O | R | / | A | | | | | | | | | |\n\n \n\n| | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |\n| O | J | T | 1 | M | C | R | V | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | | | | |\n| C | A | R | L | O | S | | J | O | S | E | | M | E | J | I | A |\n| S | | R | O | D | R | I | G | U | E | Z | | - | | J | U | E |\n| Z | / | A | | D | E | C | I | S | O | R | / | A | | | | |\n\n \n\nEXP: 24-003395-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:35:50.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }